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El problema de Cataluña se llama insurrección

Artículo publicado en el diario Expansión el 22 de diciembre de 2018.

Sánchez y Torra intercambiando libros en La Moncloa.

¿Hay algún Estado democrático cuyo gobierno permita a los políticos que lo representan en una parte del territorio y a los empleados públicos que allí prestan sus servicios exhibir símbolos cuyo significado, implícita o explícitamente, es que la policía y los jueces encarcelan arbitrariamente a ciudadanos inocentes? Conozco uno, España, y una Comunidad Autónoma, Cataluña, donde este tipo de falsedades y humillaciones son moneda corriente. Digo falsedades, porque la mera exhibición de esos símbolos contradice la pretendida falta de libertad y ausencia de las garantías democráticas reclamadas. Y digo humillaciones, porque quienes no compartimos tales falsedades hemos de soportar estoicamente la falta de neutralidad y respeto exigibles a

Parlament de Cataluña decorado con lazos amarillos.

representantes políticos y empleados públicos. Hace pocos días, me atendió un anestesista (de cuyo nombre prefiero no acordarme) en un hospital público con un lazo amarillo prendido en la solapa, y mientras me hacía preguntas rutinarias y me explicaba los pros y contras de cada tipo de anestesia, me debatía entre llamarle la atención o dejar correr el asunto. Al final callé consciente de la pérdida de tiempo y energía que me supondría reclamar neutralidad a un médico anónimo, cuando el presidente del gobierno español recibe en La Moncloa y se reúne en Barcelona con el enlazado y apretado president Torra.

¿Reunión o concesión?

Sánchez conversando con Torra que lucía su lacito amarillo y tenía detrás dos jarrones con flores amarillas.

Hay que ver lo distraídos que nos han tenido los últimos días preparando una reunión de apenas una hora, cuyo único resultado tangible ha sido un comunicado descafeinado de tres parrafitos. Torra recibió a Sánchez en Pedralbes con su sempiterno lazo, mientras un centenar de miembros de los ‘comités de defensa de la república’ (CDR), grupos parafascistas que han protagonizado enfrentamientos violentos con los Mozos en Barcelona, Gerona y Tarrasa recientemente, coreaban consignas fraternales: “independencia”, “derribemos el régimen del 78” y “fuera las fuerzas de ocupación”. Desconozco si en esta ocasión Torra les había pedido que apretaran, pero lo cierto es que lograron sin gran esfuerzo cortar la Diagonal, no sé si por impotencia del formidable dispositivo de los Mozos o porque sus mandos, como en otras ocasiones, les ordenaron apretar poco.

El Congreso aprueba el 20 de diciembre la senda de déficit de los PGE con apoyo de los diputados secesionistas de ERC y PDeCAT.

Sí o sí, estaban condenados a reunirse. Sánchez necesitaba los votos de los diputados secesionistas de ERC y PDeCAT para aprobar el techo de gasto en el Congreso y trasladar a la opinión pública la sensación de que todavía hay partido y puede aprobar los PGE 2019, aunque sea con varios meses de retraso. Torra, por su parte, necesitaba mostrar a los suyos que podía sentar a Sánchez en la mesa de negociación. El objetivo del presidente hasta las próximas elecciones generales no es tanto gobernar como simular que lo hace y aprobar medidas populistas (subidas de pensiones y SMI, aumento de los sueldos de los empleados públicos, etc.) que le congracien con colectivos de votantes. Lamentable la reivindicación de la memoria de Companys, el presidente de la Generalitat que firmó docenas y docenas de sentencias de muerte.

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Puigdemont y Junqueras celebrando la constitución de la república independiente de Cataluña en el Parlament el 27 de octubre de 2017.

El objetivo de Torra-Puigdemont y Junqueras, conscientes de que la independencia es hoy por hoy una hoguera que se apaga en cuanto proclaman la república, es retener a toda costa las competencias de la Generalitat para controlar el aparato administrativo-mediático-asociativo que sostiene el proceso insurreccional, sin despreciar arrancar alguna concesión siquiera simbólica. Que el comunicado conjunto de ambos gobiernos reconozca “la existencia de un conflicto sobre el futuro de Cataluña” y apueste “por un diálogo efectivo que vehicule una respuesta política que cuente con un amplio apoyo de la sociedad catalana”, suena a música celestial que recuerda el  “apoyaré la reforma del Estatuto que apruebe el Parlamento catalán” de Zapatero. La situación es delicada porque los sucesivos gobiernos de Mas, Puigdemont y Torra nos acercan más y más al precipicio político y debilitan la confianza de las empresas y los inversores en Cataluña y en España.

Comunicado conjunto del Gobierno de España y del gobierno de la CA de Cataluña.

21-D: mucho ruido y nueces huecas

El 21-D amaneció según estaba previsto en el guión con cortes en la AP-7 en Gerona y L’Atmella de Mar, la A-2 y N-340, y las Rondas Litoral y de Dalt. Normalidad en los aeropuertos, puertos y estaciones ferroviarias y hasta normalidad en colegios e institutos en vísperas de vacaciones. Quizá el número de liberados que trabajan por la causa no daba para tanta huelga y cortes anunciados. En Barcelona, los CDR se han enfrentado a los Mozos  Drassanes y Vía Layetana con un saldo de 50 heridos,más de 30 Mozos y un periodista de Intereconomía brutalmente agredido, y una decena de detenidos. Entretanto, Sánchez dejaba para la historia una foto de familia en las escalinatas de la Lonja del Mar y aprobaba subir a 900€ el SMI y el 2,75% los sueldos de los empleados públicos.

Sánchez posa con sus ministros antes de iniciar el Consejo de Ministros en la Lonja del Mar.

La ANC y Òmnium se contentaron con celebrar su particular ‘consejo popular de ministros’ al que le sobraron ‘ministros’ (políticos y expolíticos secesionistas de todos los pelajes y el senador Iñarritu de EH-Bildu) y le faltó precisamente ‘pueblo’. Palazuí, presidenta de la ANC, se congratuló de que “se haya paralizado el país [de Alicia] por efecto de la huelga general”, y Mauri, vicepresidente de Òmnium, acusó a Sánchez de humillarles celebrando el Consejo en la efeméride de unas elecciones impuestas (en las que participaron libremente) y de que “su única propuesta sea que el aeropuerto se llame Josep Tarradellas”, algo que molestó también a santa Rovira, la dirigente de ERC ‘exiliada’ en Suiza. La manifestación convocada en Barcelona en Paseo de Gracia a las 18:00 por ANC, Ómnium, los CDR y todos los partidos secesionistas con el lema “Derribemos el régimen” ha movilizado tan sólo unos  miles de personas: un sonado pinchazo. Una multitud comparada con las docenas que han secundado la convocatoria en Gerona.

Aspecto del ‘consejo popular de ministros’ celebrado frente a la estación de Francia en Barcelona.

A modo de conclusión

El problema de Cataluña no es la pretendida falta de libertad y democracia en España sino precisamente que las instituciones de autogobierno empleen su ámbito de libertad para alentar, promover y financiar el proceso insurreccional. Por ello, la solución no pasa por abrir un espacio de diálogo con Torra y demás líderes secesionistas sino por

Los CDR en acción en la madrugada del 21 de diciembre.

desmantelar el entramado administrativo-mediático-asociativo que lo sostiene. La hoguera, como se ha podido constatar el 21-D está medio apagada, pero si se les permite seguir acumulando material inflamable acabaremos pagándolo muy caro mañana.

Y cuando se hizo la luz, pudo constatarse la cruda realidad: cuatro gatos que los Mozos  podrían haber reducido en un santiamén.

 

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Sánchez negocia con Torra en vísperas de otra insurrección

Artículo publicado en Economía Digital, Catalunya Press y otros diarios el 19 de diciembre de 2018.

Sánchez y Torra intercambiando estampitas en La Moncloa.

Mientras Sánchez continúa negociando con Torra reunirse en Barcelona el jueves 20 y Ábalos pone sobre la mesa 200 millones en inversiones en carreteras para endulzar el cónclave, Cataluña vive inmersa en un proceso insurreccional cuyo plato fuerte será la manifestación unitaria convocada para el viernes 21 a las 18:00 con el significativo lema “21-D Derribemos el régimen del 78” (“21-D Tombem el regim del 78”) que está previsto que finalice con una concentración en la Plaza de Cataluña. La convocatoria de lucha cuenta con el aval de las asociaciones secesionistas ANC y Òmnium Cultural, cuyos respectivos presidentes, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, están encarcelados a la espera de ser juzgados por rebelión en el Tribunal Supremo. Ambas asociaciones llevan meses desarrollando campañas de desinformación por todos los rincones de Cataluña para exigir  “la liberación de los presos, exiliados y represaliados”, y trasladando a los ciudadanos la falsedad de que nuestro Estado es un Estado represivo que, con frecuencia, asimilan a la dictadura de Franco.

Éste es el mensaje: Franco sigue vivo.

Entre las organizaciones que apoyan la convocatoria están los grupos parafascistas autodenominados Comités de Defensa de la República (CDR) que han protagonizado acciones violentas desde la consulta ilegal del 1-O de 2017 y se han enfrentado a los Mozos de Escuadra en Barcelona, Gerona y Tarrasa en las últimas semanas. Asimismo, se han sumado la CUP y sus cachorrros de Arran que han realizado también acciones violentas contra varias sedes del PP en Cataluña y contra las viviendas del juez Llarena en Sant Cugat del Vallés y la Cerdaña. Por último, conviene no olvidar a la Intersindical CSC que ha convocado un paro entre las 12:30 y 14:30 el día 21 para conseguir “un mundo laboral digno y un sistema de protección social justo’”. Quiero recordar que su secretario general, Carles Sastre, miembro de las organizaciones terroristas Exercit de Lliberació Popular y Terra Lliure, fue condenado por el asesinato del empresario Josep María Moltó al explotarle una bomba que le había adosado en el pecho.

Además del plato fuerte, hay diversos aperitivos previstos para completar el menú insurreccional del 21-D. Los CDR planean desconectar Cataluña de España y librar la batalla urbana en Barcelona. En concreto, han anunciado en las redes sociales su intención de tomar el control de puntos estratégicos en las fronteras de La Junquera, Vinaroz y Aragón, los puertos de Tarragona y Barcelona, los aeropuertos de Barcelona y Reus, la autopista AP-7 en Gerona y las vías de circunvalación Ronda de Dalt y Ronda Litoral en Barcelona. Con el lema “Ingobernables” animan a sus comandos (“quien no comparta la batalla, compartirá la derrota”) en Barcelona a realizar acciones de protesta desde muy temprano el viernes 21 por la mañana en las inmediaciones de la Lonja del Mar, el lugar elegido por el Gobierno de España para celebrar el Consejo de Ministros. La Forja, organización juvenil que se autodenomina “juventud revolucionaria”, propone acciones similares a las del movimiento de los ‘chalecos amarillos’ en Francia para parar Barcelona.

La ANC ha llamado a sus socios en Instagram a salir de buena mañana hacia Barcelona para realizar una concentración a las 9:00 en la Ciudad de la Justicia y a las 11.00 horas ha convocado un ‘consejo popular de ministros’ en la estación de Francia, lugar muy próximo a la Lonja del Mar. Universitats per la Republica, organización a cuyo frente estaba Elisenda Palazui antes de ser elegida presidenta de la ANC, ha convocado un paro en las Universidades catalanas entre las 10:00 y las 14:00 horas para “parar el Consejo y mostrar una vez más que los estudiantes son la vanguardia de la lucha para garantizar los derechos civiles y políticos”.

Que con este panorama, Sánchez esté negociando reunirse con quienes alientan y financian el proceso insurreccional, con el descarado propósito de mantenerse en La Moncloa unos meses más, constituye un despropósito que, lejos de amainar los ánimos, aumentará su sensación de impunidad y dará alas a las fieras. Ni los 80.000 millones del FLA ni la aplicación timorata del 155 permitieron siquiera frenar el proceso insurreccional en Cataluña, ni tampoco poner coto a las falsedades que lo alimentan y lo mantienen vivo gracias a los formidables presupuestos que manejan las asociaciones (ANC, Òmnium y AMI) y los partidos secesionistas (ERC, PDeCAT y CUP). Mientras no se desmantele el entramado administrativo-mediático-asociativo que lo mantiene vivo, el proceso continuará ganando terreno.

Torra posando satisfecho con el lazo amarillo que va a ofrecer a Sánchez para que lo coloque en La Moncloa.

Hace falta aplicar el artículo 155 para hacer lo que no se hizo cuando se aplicó timoratamente hace unos meses: asegurar que todas las Administraciones Públicas catalanas, desde el gobierno de la Generalitat, las Diputaciones y los Ayuntamientos, los partidos políticos y las asociaciones cumplen el orden constitucional y acatan las sentencias de los Tribunales. No queda mucho tiempo para restablecer la neutralidad de lasinstituciones públicas y subvencionadas y si el Gobierno de España no se pone manos a la obra de inmediato, los demócratas y constitucionalistas nos veremos en la tesitura de seguir los pasos de Boadella y de tantas otras personas y empresas que,  abandonadas a su suerte por el Estado español, se han visto obligadas a dejar Cataluña en las dos últimas décadas.

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Riesgo extremo de incendios en Cataluña

Artículo publicado en el diario Expansión el 12 de octubre de 2018.

Torra el animador de los Comités de Defensa de la República el 20 de septiembre de 2018.

Desde que comenzó este curso en Cataluña el 12 de septiembre, hay profesores que aprovechan cada ocasión que les brindan sus asignaturas, incluso las más insospechadas, para reivindicar la consulta del 1-O y la república proclamada el 27-O. Baste un ejemplo como botón de muestra. Me cuentan que un profesor de Biología comparó el carácter incontrolado de las erupciones volcánicas con la intervención de la Policía Nacional y la Guardia Civil el 1-O. Después de las recientes palabras de Torra, pronto podrán también los profesores de Matemáticas al explicar los puntos de inflexión aludir a que “una condena [de los procesados por el juez Llarena] sería un punto de inflexión y no retorno”. Si no fuera porque cada día hay más republicanos dispuestos a partirte el tabique nasal o ponerte un lazo corredizo en el cuello, estas bobadas pueriles sólo provocarían sonoras carcajadas.

CUP noche de las antorchas y cristales rotos.

La nube tóxica

Desde hace bastantes años, los catalanes respiramos un ambiente cargado de vapores tóxicos cuyos efectos han alterado la capacidad de raciocinio y dado alas a grupos organizados (Arran-CUP, los CDR, la Intersindical-CSC, etc.) dispuestos a enarbolar la antorcha de la violencia republicana. No, no se trata de los chuscos delirios de grandeza propagados por agentes de la ANC que atribuyen al genio ‘catalán’ la democracia, el descubrimiento de América, el libro Don Quijote de la ‘Taca’ o cualquier invento realizado desde al menos los fenicios. Lo verdaderamente preocupante es constatar que haya tantos ciudadanos, algunos con apellidos (Fernández, Gabriel, González, Sánchez, etc.) de dudoso origen carolingio, convencidos de que los ‘catalanes’ han sido expoliados por los ‘españoles’ durante siglos –¡cuando en realidad fueron los grandes beneficiarios de la unidad administrativa y política forjada a partir de 1714!–, y padecen ahora una insoportable opresión política –pese a que nuestra Constitución reconoce y ampara la libertad e igualdad de todos los españoles–.

Gabriel y Fernández celebrando la historia de asesinatos de ETA con los batasunos en Bilbao.

¿Cómo hemos llegado hasta aquí y qué podemos hacer para revertir la situación? Son dos preguntas clave para empezar a desandar el peligroso camino del odio y el enfrentamiento. Aunque la realidad siempre es compleja, la causa principal de la creciente desafección y la consiguiente fractura social abierta en la sociedad catalana son el fruto de la estrategia de los dirigentes políticos de instrumentalizar las instituciones de autogobierno (incluido el sistema educativo), los medios de comunicación públicos y subvencionados y algunas asociaciones para propagar una visión deformada de la realidad política, social y económica de Cataluña y para deslegitimar instituciones claves del Estado (Cortes, Gobierno de España y Administración Central y Tribunales).

‘Escola’ y medios contaminados

Font, dirigente del sindicato USTEC-STE, dirigiéndose a los congregados en la Plaza de la Catedral el 8-N de 2017: “No donarem classes en castellà, i a més no renunciem a parlar de política a les aules”.
“No daremos clase en castellano y además no renunciaremos a hablar de política en las aulas”.

La anécdota del profesor que aprovecha la clase de Biología para denigrar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, lejos de constituir una salida de tono excepcional es nuestro pan de cada día. El 2 de octubre de 2017, las clases se interrumpieron en los centros escolares y se congregó a los alumnos en los patios con pancartas que equiparaban la democracia española con la dictadura franquista. El aquelarre acabó con profesores y alumnos entonando ‘els segadors’. En la huelga general del pasado 8 de noviembre, Font, dirigente del sindicato (asambleario) USTEC-STEs mayoritario entre docentes de Primaria y Secundaria, advirtió “que no daremos clase en castellano y, además, no renunciaremos a hablar de política en las aulas”. Ni el consejero ni el ministro del ramo vieron motivo alguno para recordarle que las sentencias se han de cumplir. USTEC, en cambio, sí cumplió su palabra y convocó concentraciones ‘laziamarillas’ en las puertas de los centros de enseñanza para conmemorar el 1-O, y para reafirmar su compromiso con “el derecho de autodeterminación que entendemos es un derecho irrenunciable del pueblo catalán”. Además, USTEC, junto con la ANC y los CDR, han iniciado una campaña para promocionar “l’escola republicana” y “apoyar a los docentes frente a la represión”.

USTEC construimos la escuela republicana.

El adoctrinamiento (formación del espíritu nacional, se denominaba durante el franquismo) en la escuela catalana procede siguiendo el principio homeopático: pequeñas dosis que van calando poco a poco en niños y adolescentes hasta convencerlos de que Cataluña es un ‘pueblo’ oprimido que, como tal, merece determinar libremente su futuro. Además del granito aportado por los profesores republicanos, es a través del contenido de los libros de texto, de las lecturas y charlas programadas, de las directrices lingüísticas de la Consejería, de la atmósfera sectaria presente en las fiestas escolares (¡recuerden la ‘fiesta de otoño’ organizada para ocupar los centros donde se votó el 1-O!), etc., como se moldea a los alumnos y familias transmitiéndoles una visión distorsionada y engañosa de las realidades política, social y económica de Cataluña y España. En La España Raptada: la formación del espíritu nacionalista (2012), el profesor Heras examina el papel de los libros de texto como herramienta al servicio de la ‘construcción de la identidad nacional’. La eurodiputada Pagazaurtúndua presentó un informe  (noviembre, 2017) ante la Agencia Europea de Derechos Humanos para denunciar la vulneración de los derechos de los niños en la escuela catalana. Recientemente, se ha conocido la existencia de un Informe elaborado por la Alta Inspección que Méndez de Vigo guardó en un cajón del Ministerio de Educación y el gobierno Sánchez se niega a publicar aduciendo “falta de rigor”.

 

A ninguna familia razonable se le puede exigir la heroicidad de enfrentarse a la Generalitat y al conglomerado “somescola.cat’, y soportar por sí sola las penosas consecuencias que puede acarrearle reclamar para sus hijos el derecho constitucional, reconocido en numerosas sentencias judiciales firmes, a recibir al menos el 25% de la enseñanza en castellano. La presión ambiental suele bastar para acallar ese deseo y tragarse en silencio los sapos ante la terrorífica perspectiva de exponer a sus hijos al brutal acoso de compañeros,

Torra al llegar al IES Palau de Sant Andreu de la Barcal para reconfortar al profesorado el 29 septiembre de 2018

familias y asociaciones respaldadas por las instituciones locales, como ocurrió a una familia en Balaguer. Mención aparte merecen los profesores que vejaron a los hijos de guardias civiles tras el 1-O en el instituto IES Palau de Sant Andreu de la Barca, el mismo donde Torra fue abucheado cuando acudió recientemente para confortar a los inquisidores.

La notable autonomía de la Generalitat y el control omnímodo que ejerce sobre los medios de

Puigdemont, presidente del gobierno de la Generalitat y prófugo de la Justicia) con Sánchez (presidente de la ANC) y Cuixart (presidente de Omnium Cultural), ambos encarcelados, y Lloveras imputada por el TSJC,  reunidos  en el palacio de la Generalitat para preparar el 11 de septiembre de 2016.

comunicación (públicos y subvencionados) y el movimiento asociacionista (ANC, Òmnium, AMI, organizaciones sindicales, etc.) han posibilitado convencer también a muchísimos ciudadanos adultos de que están políticamente oprimidos y económicamente expoliados. Aunque resulta imposible resumir en dos líneas lo sucedido, quiero destacar dos momentos decisivos: el editorial único publicado en la prensa del régimen el 26 de noviembre de 2009 y la llamada del indignado president Montilla a manifestarse en contra del Tribunal Constitucional el 28 de junio de 2010. Fue entonces cuando la Generalitat, los medios de comunicación y Òmnium decidieron cruzar la línea roja, al cuestionar abiertamente la división de poderes y competencias y apostar por la desobediencia insurreccional. El órdago de la Generalitat al

Montilla llama a los catalanes a manifestarse contra el Tribunal Constitucional el 28 de junio de 2010.

Estado iniciado el 9-N culminó con la aprobación de las leyes de desconexión (6-8 de septiembre de 2017), la celebración de la consulta ilegal el 1-O y la declaración de independencia aprobada en el Parlament el 27-O. Y si bien la aplicación del artículo 155 permitió destituir al gobierno golpista, las exigencias del PSOE (no intervenir los medios de comunicación) y Ciudadanos (convocar elecciones inmediatamente) impidieron desmontar el entramado administrativo-mediático-asociativo y restablecer la neutralidad institucional. La elección de Torra nos ha devuelto al clima de insurrección latente bajo cuya amenaza los constitucionalistas celebraremos en Barcelona el 12-O, para reclamar libertad, concordia y prosperidad.

Clemente Polo el 12-O en la Plaza de Cataluña.

 

 

Arcadi Espada y siete ‘bichos’ más detenidos por los Mozos en L’Atmella de Mar. Propongo convocar una concentración allí el próximo 1-O.

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Nada que hablar con los golpistas

Artículo publicado en el diario Expansión el 12 de abril de 2018

Puigdemont El Prófugo dirigiéndose a sus seguidores desde Bélgica antes de las elecciones del 21-D.

La decisión del tribunal de Sleschwig-Holstein de poner en libertad condicional a Puigdemont El Prófugo, sumada a la posterior declaración de la ministra de Justicia alemana adviertiendo que podría quedar en libertad en un país libre como Alemania, en caso de no sustanciarse adecuadamente la acusación de malversación de caudales públicos que sobre él pesa, debería hacernos reflexionar acerca de cómo ha gestionado el Estado español el ataque más grave que ha sufrido nuestra joven democracia. Comparado con lo ocurrido en Cataluña durante los dos últimos años, el golpe del 23-F fue un juego de niños y buena prueba de ello es que la intentona militar de Armada, Bosch y Tejero se desmanteló en unas horas mientras que el entramado político, asociativo y mediático que protagonizó el golpe de Estado en Cataluña sigue intacto cinco meses después.

Josep Antolí (ANC) y David Hereu (CSC), durante la asamblea celebrada en al Departament de Interior del gobierno de la Generalitata para preparar el 1-O.

Hechos incontestables

Pocas dudas hay sobre la naturaleza de los hechos que se han producido en Cataluña durante los últimos meses y que el editorial publicado por El País el 6 de abril califica como “un proceso presidido por la coacción” que “violó la ley de forma sistemática para intentar imponer a la ciudadanía, desde la calle y desde las instituciones, una secesión unilateral, ilegal y obligatoria”. Entre los gravísimos hechos que enumera el diario figuran “derogar la Constitución y el Estatut; elevar unas leyes sediciosas votadas por medio Parlament a sustitutos de esas normas supremas; y hacerlo desobedeciendo a los tribunales y sin la concurrencia de mayoría cualificada, y por métodos que privaron a la oposición (que representa a más de la mitad de los catalanes) de sus funciones representativas y de control”.

Forcadell la guardiana de la urna procediendo al recuento del resultado de la votación que se celebró en el Parlmante el 27 de octubre de 2017 para proclamar la república catalana.

Con independencia de su “calificación judicial”, el diario subraya el carácter violento de la intentona golpista que hizo “usos indebidos y exorbitantes de la fuerza”, mencionando expresamente “obstrucción física de la Justicia; destrucción de vehículos policiales; ocupación ilegal de carreteras; obstaculización de vías férreas con peligro para la integridad de los propios actuantes; intimidaciones y escraches contra personas, partidos y asociaciones considerados rivales o enemigos; violencia sobre objetos callejeros; y actuaciones del Govern y de la policía autonómica tendentes a facilitar algunos de esos abusos”.

Efectivos de la Guardia Civil abandonando los hoteles entre abucheos de grupos organizados por los propios consistorios y los partidos polìticos secesionistas.

Estado débil

Aunque comparto la conclusión de que “ni el tribunal alemán ni la propaganda independentistas pueden cambiar esos hechos, que son ya parte de la historia de los españoles y su lucha por mantener la democracia”, tengo más dudas de que nuestro “Estado de derecho y sus instituciones judiciales” hayan respondido adecuadamente. El golpe de Estado que se desarrolló en Cataluña entre el 6 de septiembre y el 27 de octubre de 2017 fue la culminación de un proceso de insurrección pregonado, cuidadosamente planificado y financiado con dinero público desde las instituciones de autogobierno de la Comunidad Autónoma de Cataluña que se puso en marcha tras las elecciones del 27-S sin que el Estado actuara con la firmeza y contundencia necesarias para atajarlo.

Turull (CDC), Baños (CUP) y Romeva (ERC) presentando las enmiendas a la Resolución I/XI del inicio de la independencia, el 6 de noviembre 2015.

El Parlament, desde la elección de Forcadell como presidenta el 26 de octubre de 2015, y el gobierno de la Generalitat, desde que Puigdemont fue investido el 10 de enero de 2016, se convirtieron en dos instituciones dedicadas a tiempo completo a crear estructuras de Estado, a internacionalizar el conflicto y a consumar la anunciada desconexión. En coordinación casi perfecta, Sánchez, presidente de la ANC, Cuixart, presidente de Òmnium, y Lloveras, presidenta de la Asociación de de Municipios por la Independencia (AMI), se encargaron, con el apoyo de los medios de comunicación de la Generalitat, de sumar efectivos por todos los rincones de Cataluña. A las tres asociaciones se sumaron en los últimos meses los llamados ‘comités de defensa del referéndum’ que protagonizaron los enfrentamientos violentos con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado el 1-O, y ahora se han reconvertido en ‘comités de defensa de la república’ (CDR).

Manifestantes convocados por la ANC, los CDR, la CUP y Arran rompen el cordón policial y entran el parque de la Ciudadela.

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Puigdemont y Junqueras celebrando el golpe de estado en el Parlament el 27 de octubre. El todavía president se fugó pocas horas despu´s a Bélgica.

Frente a la firme voluntad expresada pública y reiteradamente por Puigdemont, Junqueras, Forcadell, Sánchez, Cuixart, Lloveras y demás líderes secesionistas de saltarse leyes y sentencias, las instituciones del Estado y los Tribunales se limitaron a advertirles de los riesgos en que incurrían, y sólo intervinieron cuando la situación devino crítica y el 27-O se proclamó en el Parlament, por segunda vez, la república independiente de Cataluña. Fue sólo entonces cuando el Gobierno pidió autorización al Senado para aplicar el artículo 155, cesar el gobierno de la Generalitat y convocar nuevas elecciones al Parlament. A pesar de la gravedad de los delitos en que habían incurrido, los presuntos delincuentes pudieron escapar con toda tranquilidad a Bélgica y montar el circo mediático que estamos padeciendo desde entonces. Como el resto de la puesta en escena, la huida al extranjero formaba también parte de su estrategia para internacionalizar el ‘conflicto’ una vez proclamada la república.

Sáenz de Santamaría, vicepresidenta del Gobierno de España, ofreciendo a Junqueras, vicepresidente del gobierno de la Generalitat, abrir un diálogo sobre todas las demandas presentadas, a excepción del referéndum.

A la vista de lo ocurrido desde el 27-S, se puede afirmar que el gobierno de Rajoy no ha logrado poner fin al proceso insurreccional en Cataluña. Primero, fracasó su estrategia de aproximación y apaciguamiento seguida en 2016, pues ni consiguió que los partidos secesionistas abandonaran sus planes de iniciar el proceso constituyente ni que aprobaran las leyes de desconexión (referéndum y transitoriedad jurídica) a principios de septiembre de 2017. Segundo, el Gobierno tampoco logró impedir que se celebrara la consulta el 1-O y envió a las

Trapero, Mayor de los Mozos, con Puigdemont y Forn, consejero de Interior. Trapero está siendo investigado como pieza fundamental en la inacción de los Mozos en el asedio a la Consejería de Economía y el 1-O.

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado desplazadas a Cataluña a realizar, en condiciones muy precarias, acciones que deberían haber realizado los Mozos. Tercero, los titubeos y la tardanza del Gobierno en actuar para atajar la insurrección permitió a Puigdemont y a otros golpistas escapar al extranjero y continuar desde el ‘exilio’ denigrando y desacreditando la democracia española, y alentando las esperanzas de sus seguidores.

 

Artadi y Pujol, diputados de JxC, con Torrent (ERC) preparando una de las cuatro investiduras fallidas de candidatos fugados de la justicia (Puigdemont), encarcelados (Sánchez) o investigados (Turull).

Se equivocan quienes creen que Cataluña está hoy mejor que el 27-O. Los secesionistas siguen controlando el Parlament y muy probablemente volverán a controlar el gobierno de la Generalitat en pocas semanas. Centenares de Ayuntamientos catalanes adscritos a la AMI ondean banderas estrelladas en sus balcones y han colocado pancartas en las fachadas reclamando la libertad de los ‘presos políticos’. Las asociaciones secesionistas que han abonado las fianzas de los presuntos delincuentes continúan desarrollando su

Carlos Sastre, asesino convicto del industrial Josep María Moltó, y presidente del sindicato secesionista presentado como un patriota en en TV3.

labor propagandística con total impunidad, y los CDR están más activos que nunca. Los medios de comunicación públicos más los subvencionados por la Genealitat, desde TV3 hasta la radio y el diario local más humildes, siguen actuando como altavoces del secesionismo. Salvo dos centenares de asesores cesados tras aplicarse el 155, todo el aparato administrativo del gobierno de la Generalitat

La cosa viene de lejos: Álvarez (UGT Catalunya), Casals (Òmnium Cultural) y Gallego (CCOO Catalunya) a favor del derecho a decidir y la consultadel 9-N.

permanece intacto y siguen vigentes las normas que impiden a los ciudadanos españoles ejercer en igualdad de condiciones sus derechos constitucionales en Cataluña.

Ante la última exhibición de cinismo de Puigdemont a la salida de la cárcel alemana, exigiendo al Gobierno la excarcelación de los ‘presos políticos’ y el inicio de un diálogo ‘político’ con los golpistas, he recordado las palabras que escribió Javier Marías cuando el

Gaseni, nuevo presidente interino de la AMI, con Torrent, nuevo presidente del Parlament, junto al vicepresidente de la ANC,  en la manifestación del 16 de febrero de 2018.

diario Gara publicó “Ortega Lara vuelve a la cárcel”, después de que el funcionario de prisiones fuera liberado por la Guardia Civil tras haber permanecido secuestrado por ETA en una celda infame durante 532 días. “Cuando el cinismo, la vileza y el escarnio  llegan a tales extremos, se sabe que no hay nada que hablar. Pero entonces, ¿qué queda?”, se preguntaba Marías. Ante las vilezas de Puigdemont y demás líderes secesionistas, a los demócratas sólo nos queda exigir al Gobierno y a la escurridiza oposición más firmeza a la hora de

Casa consistorial del Ayuntamiento Vilobí del Penedés el 23 de febrero de 2018, luciendo la bandera estrellada.

defender nuestra democracia porque con los golpistas “no hay nada que hablar”.

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