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En manos de ‘arranitas’ y ‘cuperas’

Artículo publicado en el diario Expansión el 15 de septiembre de 2017

Noche de las antorchas y buen rollito: CUP, Arran, Endavant, el Sindicat d’estudiants del ‘països catalans’, y otras ‘famiglias’ antisistema quemando ejemplares de la Constitución e imágenes del Rey a las puertas del Born el 16 de septiembre de 2016.

Los ciudadanos hemos asistido perplejos este verano a los actos vandálicos y autopropagandísticos que perpetraron y reivindicaron las hordas de Arran, la organización juvenil de la Coordinadora d’Unitat Popular (CUP), contra intereses turísticos en Barcelona y Mallorca, sin que el gobierno de la Generalitat en Cataluña ni el Balear hayan interpusieran denuncias contra la organización donde militan las autoras de los hechos, calificados benévolamente por la CUP como ‘actos simbólicos’ contra un modelo de turismo al que culpan de la destrucción del territorio y la precarización del empleo.

Reacción de la CUP al atentado yihadista  en Barcelona: “las guerras vuestras, los muertos nuestros”. Todo un ejemplo de de empatía y solidaridad internacionalista.

La tibia reacción del  gobierno Puigdemont-Junqueras en Cataluña, el único territorio donde la CUP cuenta con cierta implantación, tiene una explicación muy sencilla: los 10 diputados antisistema resultaban imprescindibles para aprobar la “ley del referéndum de autodeterminación” y la denominadaley de transitoriedad jurídica y fundacional de la república”, registradas en el Parlament el 31 de julio y 27 de agosto, respectivamente.

Votando la ley del referéndum de autodeterminación con el Parlament semivacío.

Ambas leyes fueron aprobadas co los votos de los 71 diputados secesionistas, tras forzar su inclusión en el orden del día del pleno celebrado los días 6-7 de septiembre, pese a no contar con los preceptivos informes jurídicos solicitados por los diputados de la oposición que abandonaron el hemiciclo antes de la votación. Estas dos ‘leyes’, anuladas ya por el Tribunal Constitucional, pretenden suspender la Constitución, el Estatut y el resto del ordenamiento jurídico e instaurar un estado de “excepción en Cataluña” para realizar el anunciado referéndum de autodeterminación el 1-O e iniciar inmediatamente el proceso constituyente de la república con todos los poderes detentados por los dirigentes de ERC-CUP y la cabellera de Puigdemont flotando entre los restos del naufragio de Convergencia.

Violencia totalitaria

Miembros de Arran y Cup quemando las banderas de España, Francia y la UE el 11 de septiembre de 2017. y Junqueras va diciendo a los catalanes que su república catalana estaría en la UE. No con estos socios… y no tiene otros. Bueno, sí el flequillos.

Arran, como la CUP, su matriarcal placenta, son organizaciones cuya acción revolucionaria se articula en torno a tres objetivos. Primero, lograr “la independencia de los “Países Catalanes” para defendernos de los ataques de los Estados español y francés que desde hace más de trescientos años pretenden borrar la identidad del pueblo trabajador catalán”. Segundo, “acabar con el sistema capitalista” y apostar “por la construcción del socialismo, el cual nos ha de conducir a una sociedad sin clases ni opresiones de ningún tipo”. Y, tercero, “la lucha personal y colectiva que supone para todas las personas el sistema patriarcal basado en el dominio del hombre sobre la mujer y de los valores preconcebidos como masculinos por encima de todos los demás”.

Territorio de los inexistentes ‘països catalans’ donde la CUP y ERC desarrollan su actividad política.

No busquen apreciaciones analíticas más finas ni coherencia lógica en los argumentos de las hechiceras que establecen la agenda de sus procaces guerreras porque sus matriarcales afirmaciones, como las verdades reveladas, son indiscutibles. Nada les importa que no exista rastro alguno en los atlas históricos de sus “países catalanes” cuya independencia propugnan ni evidencia alguna de que sus cambiantes habitantes –hoy descendientes mayoritariamente de ciudadanos llegados de otras partes de España–, hayan padecido la opresión de los Estados español y francés durante centurias, más allá de las propias de cada época y sus circunstancias. Sus otras dos prioridades son igualmente paradójicas: pretenden acabar con el detestable sistema capitalista gracias al cual la CUP ingresa varios millones anuales con los disparatados sueldos de sus diputadas y concejalas que pueden dedicarse a tiempo completo a elaborar ‘leyes’ inconstitucionales y a intimidar con amenazas a quienes no comparten su credo.

La brigada de la muerte cuyo cabecilla fue Pascual Fresquet.

En línea con la tradición anarquista revolucionaria de tan funesto recuerdo en Cataluña, la CUP se define como una organización asamblearia y socialista que propugna la “democracia participativa” y menosprecia la democracia constitucional y el Estado de Derecho, la seguridad jurídica, la empresa privada, la religión, el matrimonio, la escuela concertada, etc., considerados instrumentos de explotación social y ejercicio de la violencia patriarcal. Aunque prefieren presentarse como meras defensoras del sector público y el cooperativismo, rechazan frontalmente la propiedad privada de los medios de producción. Su “papel histórico… es tomar el poder” para construir “un Estado Socialista y Feminista en los Países Catalanes que podrá conducir al conjunto de la humanidad hacia la libertad”, y responsabilizan de sus actos violentos a la violencia del sistema capitalista.

Anarquistas de la brigada Ferrer-Carod en pleno acto de heroísmo en el Bajo Aragón.

Gabriel y Fernández celebrando los asesinatos de ETA con sus amigos batasunos en Bilbao.

Dar pocas pistas sobre cómo se desarrollaría el proceso de transición hacia su futurible Arcadia socialista-feminista resulta esencial para enmascarar su indigencia intelectual y vocación totalitaria. Pero como botones de muestra, ahí están su exigencia de imponer “la socialización forzosa y urgente” de la catedral de Barcelona para convertirla en economato y centro musical; su aparatosa campaña “¡Parir es un derecho, no una imposición! Derecho al aborto libre y gratuito”, que presentan como una “vindicación de clase, una declaración de guerra contra la derecha ultracatólica y la ofensiva conservadora”; su radical propuesta de convertir “los centros de trabajo en espacios de intervención política” donde los trabajadores decidirían en asamblea qué y cómo producen; y, en fin, su patrocinio de las ocupaciones de viviendas y la realización de escraches contra sus enemigos políticos a quienes amenazan con barrerlos de Cataluña.

Gabriel con la portavoz de Arran presentando los carteles del Sí barrámoslos.

Gabriel y Fernández dirigiendo el escrache de Arran contra la sede del PP en Barcelona en marzo 2017.

 

Trabajar menos, cobrar más

Gabriel en el escrache a la Guardia Civil 31 julio 2017.

Todo un programa político y social cuya mezcla de ingenuidad, ignorancia y vaciedad producirían sonrojo si no fuera por el ánimo guerrero que alienta a las jóvenes ‘arranitas’ y a sus más maduritas mentoras ‘cuperas’, y la determinación totalitaria con que pretenden imponerlo. Lo cierto es que cuando se separa la hojarasca de su tupida verborrea, entretejida con apelaciones vacías a la conciencia de clase y la solidaridad de los pueblos, el discurso que emerge resulta decepcionante, no ya para cualquier socialdemócrata, sino incluso para los ciudadanos comprometidos con los ideales ilustrados de libertad e igualdad.

Diputadas de la CUP quemando fotos del Rey. Menudas socias que se han echado los representantes de la sociedad catalana.

‘Arranitas’ y ‘cuperas’ sostienen que “en un contexto donde ya disponemos prácticamente de todos los bienes materiales necesarios para desarrollar nuestras vidas”, todo lo que queda por hacer es “repartir el trabajo y la riqueza. Trabajar menos horas y aumentar nuestros salarios para que los ricos paguen su estafa”. Ésta es, en esencia, la fórmula maestra que las diputadas Boya, Gabriel, Reguant, Vohí, y Cia proponen para mejorar el nivel de vida de los trabajadores. Pero quizá el aspecto más contradictorio de su programa ‘revolucionario’ sea la asunción por sus lideresas de la ideología nacionalista, pequeño-burguesa, que les lleva a anteponer la independencia de los ‘países catalanes’ a la emancipación de los trabajadores. Levantar muros y crear nuevos estados para dividir a los “estafados” resulta incongruente con su objetivo de “conducir al conjunto de la humanidad hacia la libertad”.

Cúpula de la CUP en la campaña de las elecciones autonómicas del 27-S.

Inseguridad jurídica: deslocalización y fuga de capitales

Mas con Junqueras y Romeva al final del debate de investidura el 9 de noviembre de 2015 con cara de circunstancias.

Que todas las decisiones importantes adoptadas por el gobierno de la Generalitat y el Parlament de Cataluña en los últimos años –la caída del president Mas, el inicio del proceso constituyente, las purgas de consejeros, la pugna mantenida para aprobar la ‘ley’ de transitoriedad jurídica antes del 1-O– hayan sido dictadas por una pandilla de activistas contrarios a los ideales ilustrados y al proceso de integración europea, da una idea de la irresponsabilidad de los líderes políticos al frente de la Generalitat. Cuando el ex-presidente Mas llama a “desprecintar colegios electorales” y el hombre fuerte del gobierno, Junqueras, declara socio “prioritario” y “absolutamente fiable” a la CUP, nadie debería sorprenderse que algunas empresas hayan trasladado sus sedes y algunos ciudadanos se hayan llevado sus activos fuera de Cataluña. Se trata todavía de movimientos tímidos que anticipan la avalancha de deslocalizaciones empresariales y salida masiva de capitales que se producirían si el gobierno de la Generalitat y los diputados de JxS lograran, como pretende la CUP, sacar a Cataluña de España, de la UE y del euro, un escenario que el Gobierno español ni puede permitirse ni espero permita.

Gabriel con Junqueras y Dante Fanchín (Podem) en Sant Boi de Llobregat el 9 de septiembre de 2016.

Puigdemont con Gabriel y Boya, dirigentes de la CUP en el Palau de la Generalitat.

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Okupas toman el Parlament de Cataluña

A continuación incluyo el texto en el que basé mi intervencion en el programa “El Salero”, dirigido por el periodista Toni Guerrero, en Gestiona Radio el 10 de septiembre de 2017.

Hay infinidad de palabras que se me ocurren para describir lo vivido en los últimos días pero he elegido cuatro adjetivos: esperpéntico, grotesco, doloroso y peligroso.

Junqueras, Puigdemont (con manguitos) y Forn, consejero de Interior, celebrando la aprobación de la ‘ley’ del referéndum de autodeterminación el 6 de septiembre.

Esperpéntico: porque esperpéntica fue la actuación del gobierno de la Generalitat y los 71 diputados secesionistas en el Parlament de Cataluña, que con una mayoría tan ajustada que resulta insuficiente siquiera reformar el Estatut de Cataluña, se empeñaron en aprobar dos leyes que sobrepasan sus competencias e imponen un estado de excepción que deja en suspenso la Constitución, el propio Estatut y el resto del ordenamiento jurídico, para poder realizar el próximo 1-O un referéndum ilegal, en el que sólo participarán los secesionistas, y proclamar ta renglón seguido la república de Catalunya.

Forcadell, mordaza de la oposición, saltándose la ley, en el Parlament de Cataluña.

Grotesco: porque grotesco fue el espectáculo vivido los días 6 y 7 en el pleno del Parlament de Cataluña. Forcadell, la presidenta de la Cámara, dio la verdadera medida de su talla como dictadora: aceptando modificar el orden del día para debatir dos leyes cuyo contenido desconocían los diputados; desoyendo los informes jurídicos de los Letrados de la propia Cámara que advertían de la la ilegalidad de las normas; rechazando destempladamente la petición de los diputados de la imposición de solicitar el preceptivo informe al Consejo de Garantías Estatutaria; y, en fin,  limitando a su mínima expresión los turnos de palabras con el solo propósito de  aprobar en dos sesiones maratonianas las dos leyes de desconexión: la ‘ley’ del referéndum de autodeterminación y la ‘ley’ de transitoriedad jurídica y fundacional de la república.

Doloroso: porque la marcha de la mayoría de los diputados de la oposición, Ciudadanos, PSC y PP permitió visualizar hasta qué punto las políticas sectarias seguidas por el gobierno de la Generalitat, con apoyo de los grupos parlamentarios Junts pel Sí (ERC+CDC) y CUP, han dividido en dos partes a la sociedad catalana. Y cómo uno de esos bandos, el secesionista, pretende barrer al constitucionalista y echar a sus representantes fuera de Cataluña. Gracias a la Constitución de 1978, los españoles hemos podido vivir en libertad, concordia y prosperidad en nuestra historia. El enfrentamiento en Cataluña abre de nuevo una fractura social en la sociedad catalana que tardará años en cerrarse.

La matriarca Gabriel, diputada de la CUP, presentando el cartel de la campaña de su partido a favor del Sí. En el cartel pueden verse las caricaturas de sus adversarios políticos a los que amenaza con barrrelos.

Y peligroso: porque me temo que la CUP y su organización juvenil Arran, junto con el resto de partidos (ERC, CDC-PDE-Cat) y asociaciones (ANC, Omnium Cultural y AMI) que patrocinan la secesión de Cataluña están dispuestos a llevar su desafío a la calle. Además de generar inestabilidad política que está ya afectando a la actividad económica y a la recuperación económica, no puede descartarse que se produzcan enfrentamientos con los cuerpos y fuerzas de seguridad que tendrán que defender los derechos constitucionales de todos los españoles, incluidos los catalanes. Naturalmente, esta situación afectará negativamente a la imagen internacional de España.

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Una república sin derecho a réplica

Artículo publicado en el diario Expansión el 8 de septiembre de 2017

Forcadell, ejerciendo de mordaza de la oposición, se saltó todos los principios democráticos. 

Bochorno es la palabra que cualquier demócrata sintió al escuchar a los portavoces de los grupos parlamentarios de Ciudadanos, PSC, PP y CSQEP en el Parlament protestar inútilmente contra los reiterados intentos de la presidenta Forcadell de silenciarlos para sacar adelante el cambio en el orden del día, propiciado por los grupos parlamentarios Junts pel Sí (JxS) y CUP, y aprobar, por vía de urgencia, la denominada “ley del referéndum de autodeterminación” en el Parlament de Cataluña. El áspero debate permitió constatar el nulo respeto a los procedimientos democráticos de los líderes de ERC, PDE-Cat y CUP en su alocada huida hacia el 1-O.

Junqueras, Puigdemont y Forn, consejero de interior, celebrando la aprobación de la ‘ley’ del referéndum de autodeterminación con el hemiciclo semivacío.

Verlos en acción dinamitar el Estado de Derecho en el hemiciclo, vulnerando sin inmutarse en su escaño los derechos más elementales de los diputados –tales como conocer los proyectos de ley con 48 horas de antelación, disponer de plazos razonables para presentar enmiendas o solicitar informes jurídicos a los Letrados de la Cámara y dictámenes al Consejo Estatutario– habrá servido para despejar las dudas que todavía albergaban algunos políticos y ciudadanos sobre la naturaleza del  prometido “nuevo país para todos”. Gracias por aclararnos que en su república no hay derecho a réplica.

“Anem a votar, anem a votar”

El diputado Coscubiela denunciando la quiebra de los procedimientos democráticos auspicidada por el gobierno de Puigdemont-Junqueras el 6 de septiembre de 2017.

Esta es la frase que repitió Forcadell mientras intentaba acallar las protestas de todos los portavoces de la oposición que, con independencia de sus posiciones políticas, pedían la palabra para denunciar el atropello a la democracia que los diputados de JxS y CUP estaban perpetrando. Como les recriminó Coscubiela (CSQEP), “esto no es un cambio del orden del día” sino más bien la aplicación del principio dictatorial de “a todo aquel que no me gusta le tapo la boca”. Dicho y hecho: Forcadell le cerró el micrófono mientras el diputado gesticulaba con voz ya inaudible ante las cámaras. Tras el intento del vicepresidente Espejo (Ciudadanos) de intervenir en el pleno, cortado con voz alterada por Forcadell, la que fuera primera presidenta de la ANC llamó a un primer receso para que la mesa de portavoces pudiera reunirse, como exigían los diputados de la oposición, a tratar el trascendental cambio en el orden del día.

Arrimadas, lideresa de Ciudadanos, y Espejo, diputado y vicepresidente del Parlament.

Gabriel, diputada de la CUP, presentando el cartel de su coalición a favor del sí en el ilegal referéndum del próximo 1 de octubre. En él pueden verse, junto a las caricaturas de políticos y diputados constitucionalistas, el mandato “barrámoslos” adobado con las palabras “autodeteminación, desobediencia y paises catalanes”.

La llamada ‘ley del referéndum de autodeterminación’ establece en su Art. 3.2 un “estado de excepción” que deja en suspenso la Constitución, el Estatut de Cataluña, la Ley Orgánica del Régimen Electoral General y cualquier norma o sentencia que entre en conflicto con ella. No hace falta ser un experto constitucionalista para darse cuenta del dislate jurídico y los riesgos que entraña para la salvaguarda de los derechos de los ciudadanos y la libertad de empresa que un grupo de diputados iluminados se arroguen todos los poderes y violen todas las reglas básicas de la democracia constitucional, la única que garantiza los derechos individuales y colectivos, y proporciona a las minorías seguridad jurídica frente a la arbitrariedad de las mayorías. Cuando a ello se añade la vulneración reiterada por los grupos de JxS y CUP de los principios y salvaguardas establecidos para tramitar con garantías los proyectos legislativos, ignorando las leyes y los reglamentos de las cámaras, el escenario que emerge en Cataluña es de una gravedad extrema.

 No es tiempo de peros

Votación con el hemiciclo semivacío tras abandonarlo los diputados de Ciudadanos, PSC y PP. Al fondo, se ve a la diputada Àngels Martínez de Podemos retirar las banderas españolas que habían dejado en sus escaños, junto a las banderas de Cataluña, los diputados del PP.

Como era previsible, las quejas y apelaciones al reglamento y al sentido común de la oposición cayeron en saco roto y el gobierno de Puigdemont-Junqueras acabó modificando el orden del día y Forcadell concedió un par de horas a la oposición para presentar enmiendas, sin aclarar el procedimiento a seguir ni aceptar que la mesa se reuniera para establecerlas. Algunos grupos de la oposición anunciaron que pedirán amparo al Tribunal Constitucional (TC) mientras la Fiscalía anticipab que presentará ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña una querella contra Forcadell y los miembros de la mesa que votaron a favor de tramitar la ‘ley’. A esta hora, el pleno, cuyo final está cantado, retoma la sesión tras dos horas de interrupción mientras la oposición sigue pidiendo explicaciones a Forcadell que sólo está interesada en proceder a votar las enmiendas.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría,durante su comparecencia ante los medios, en el Palacio de La Moncloa el 6 de septiembre de 2017.

En su comparecencia ante los medios de comunicación, la vicepresidenta Sáenz de Santamaría, informó que el presidente del Gobierno ha ordenado a la Abogacía del Estado interponer un incidente de ejecución de sentencia ante el TC para paralizar las decisiones adoptadas en el Parlament y decantar las responsabilidades penales en que pudieran haber incurrido Forcadell y los miembros de la mesa que llevaron la ‘ley’ al pleno. Sáenz de Santamaría aseguró que el Gobierno está preparado para defender los derechos de los catalanes y la democracia en Cataluña, y aprobará el recurso al TC en el Consejo de Ministros extraordinario convocado para hoy mismo.

Rivera, Sánchez e Iglesias al inicio de un debate electoral.

Celebro el apoyo sin matices que Rivera, presidente de Ciudadanos, trasladó al Gobierno un día antes del aquelarre secesionista en el Parlament, y comparto la petición que le hizo a Rajoy de que el próximo 1 de octubre no vuelva a repetirse el bochornoso espectáculo vivido el 9-N, con la utilización partidista de las instituciones de autogobierno y los medios de comunicación, la ocupación de espacios públicos y la malversación de caudales. Más preocupante resulta la ambigua posición de Sánchez, secretario general del PSOE, que ese mismo día se reunía con el nada fiable Iglesias, líder de la sección madrileña de Podemos, y asumía en rueda de prensa las aspiraciones de Cataluña, El País Vasco y Galicia (al menos) a ser reconocidas como nación. En alguna ocasión he manifestado mi oposición, no tanto a la desfasada pretensión de reconocer como nación a un territorio sino a que ello conlleve privilegios para sus habitantes, y quiebre la igualdad de todos los españoles que proclama nuestra Constitución. Pero hasta donde sé, el proyecto federalista que abanderan el PSC-PSOE supone, además del reconocimiento de la nación catalana, el blindaje de la inmersión lingüística y la concesión de privilegios fiscales inadmisibles para cualquier socialdemócrata tibio. Hoy, Sr. Sánchez, no es día para poner palos en la rueda sino para pensar en el interés de todos los españoles y apoyar las medidas que adopte el Gobierno para preservar nuestro Estado social y democrático de Derecho.

Rajoy con Sánchez en La Moncloa el 7 de septiembre de 2017.

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Los últimos herederos del franquismo

Artículo publicado en Economía Digital el 31 de julio de 2017

Franco aclamado en Barcelona en 1970

Va para cuarenta y dos años que murió en la cama el general Franco, militar golpista, generalísimo victorioso de la cruenta Guerra Civil (1936-1939) y dictador implacable hasta sus últimos días. Este año hemos festejado un doble cuadragésimo aniversario: la legalización del PCE y la conversión de Carrillo en demócrata, y la celebración de las primeras elecciones auténticamente democráticas realizadas en España. Y el año próximo le tocará el turno a la hoy cuestionada Constitución de 1978 que estableció el marco jurídico donde todos los españoles, con independencia de nuestras creencias religiosas e inclinaciones políticas, hemos podido convivir en libertad, concordia y prosperidad, sobreponiéndonos a los crímenes terribles con que ETA intentó desestabilizar nuestra recién estrenada democracia.

Etarras y cuperos confraternizando.

No hace falta ser un historiador concienzudo ni un sociólogo o politólogo reputado para entender la trascendencia de estos logros. Basta con tener cierto conocimiento elemental de la historia contemporánea de España, y, como dicen con cierta rudeza en mi tierra, tener algo de cabeza. Cualquier hijo de esta tierra con un ápice de sensatez daría gracias por haber vivido cuatro décadas sin que ninguno de los españolitos venidos a este mundo haya tenido que verse en el brete de ver como una de las dos Españas, a las que se refirió Machado en un poemilla popularizado por Serrat, le helaba el corazón. Hace pocos días, traté este asunto en un artículo titulado “La culpa no es del PP”, en el que exponía y comentaba las opiniones recogidas en otro artículo, algo inexactamente titulado “Escritores y artistas catalanes rechazan el referéndum ilegal”, publicado en El País el 24 de julio de 2017.

Gas una de las víctimas masacradas por el PP.

Al lado de los razonables aunque no del todo coincidentes comentarios de Marsé y Mendoza, y la nota cínica del profesor Rico que al parecer está pasándoselo en grande a costa del proceso secesionista, llamaba la atención sobre las acusaciones de Mariscal, Serrat, Gas y Herralde contra el Partido Popular (PP), al que todos ellos coinciden en calificar de “heredero del franquismo”, y al que Gas responsabilizaba  de estar al frente de “un Gobierno que masacra a España y, por tanto también a Cataluña”. Resultaría indecoroso, por mi parte, repetir aquí citas, argumentos y contraargumentos, ya publicados, así que intentaré completarlos con unas reflexiones sobre la pesada herencia del franquismo y las limitaciones de nuestra democracia.

Nadie puede negar que todos quienes vivimos bajo el régimen franquista somos en algún sentido, por acción o inacción, “herederos del franquismo”, como resulta también innegable que los rusos lo son del totalitarismo de Lenin y Stalin, los alemanes del nacionalsocialismo, los italianos del fascismo, o los rumanos del régimen del dictador Ceacescu, valedor sombrío de Carrillo. ¿Quiere esto decir que todo lo que hagan sus herederos queda invalidado o sujeto a sospecha a causa del legado recibido? ¿Que Suárez proviniera de las filas del Movimiento Nacional empequeñece acaso su logro de transformar un régimen dictatorial en una democracia representativa? ¿Puede el pasado poco edificante de Carrillo invalidar el papel constructivo que desempeñó el líder del PCE durante la transición en España? Hace  falta ser un papanatas o un mentecato, o ambas cosas a la vez, para intentar empañarlas con el sambenito de la herencia recibida.

El PP, con independencia de las diversas herencias recibidas por cada uno de sus militantes, es un partido político que ha obtenido el mayor número de escaños en tres elecciones libres y rigurosamente democráticas consecutivas, y sólo por eso, no por su “herencia fraquista”, está al frente del poder ejecutivo de un Estado de la Unión Europea donde existe una Constitución democráticamente acordada que los españoles, catalanes incluidos, refrendamos el 6 de diciembre de 1978. Ante un marco jurídico que reconoce la división de poderes y competencias y la independencia del poder  judicial, ¿cómo puede afirmarse que el Gobierno de España “masacra a España y, por tanto, a Cataluña”? ¿Acaso quien lo dice no es libre de expresar sus opiniones y votar al partido que más le gusta? Y, ¿cómo pueden acusarlo de insensibilidad “hacia la cuestión catalana” y propiciar “un deterioro tremendo, erigiendo como un todo inamovible una Constitución”, cuando Rajoy ha reiterado la disposición a tratar todos los contenciosos existentes (o inventados) salvo el plan de realizar un referéndum de autodeterminación?

Rajoy recibiendo a Mas en La Moncloa.

 

Las constituciones no son inamovibles pero todos los Estados democráticos exigen mayorías cualificadas para reformarlas, una cautela introducida no por malicia sino para librarnos precisamente a los ciudadanos de las mayorías tiránicas. Quienes hoy pretenden desde el gobierno de la Generalitat y el Parlament de Cataluña subvertir el orden constitucional, apelando paradójicamente a la democracia, cuentan con respaldo insuficiente para reformar no ya la Constitución sino incluso el Estatut de Cataluña. Seamos serios: Puigdemont, Junqueras y Gabriel no son demócratas sino golpistas que pretenden imponernos por la vía de los hechos consumados la república de PuigCupqueras. Resulta incomprensible que ante tan bochornoso espectáculo haya todavía escritores y artistas que tachen al Gobierno de España de inmovilista y coercitivo, por defender la legalidad constitucional que ampara los derechos individuales y colectivos de todos, y vean en cambio como el no va más de la democracia que el gobierno de la Generalitat incumpla leyes, legisle sobre asuntos ajenos a sus competencias y desacate las sentencias de los Tribunales.

Puigdemont arropando a Mas antes de declarar ante el TSJC.

Puigdemont y Gabriel celebrando su acuerdo para constituir una república independiente.

Si algo hoy nos recuerda el régimen franquista a quienes lo vivimos y soportamos con la mayor dignidad posible, no es precisamente la defensa de la legalidad democrática por parte del Gobierno de España sino los planes del gobierno de la Generalitat y de los 72 diputados de Junts pel Sí y CUP para acabar con los contrapesos y procedimientos garantistas esenciales en cualquier democracia. A los escritores y artistas tan quisquillosos con la herencia franquista de los demás, les propondría que contestaran esta sencilla pregunta: ¿son partidarios de que todos los ciudadanos españoles tengamos los mismos derechos y obligaciones, con independencia de la Comunidad Autónoma donde estemos empadronados, tal y como recoge nuestra Constitución? Confío en que estén a favor de la igualdad constitucional de los españoles, y no alineados, tal vez sin saberlo, con los últimos herederos del franquismo Een Cataluña.

Los diputados de la CUP en el Parlament de Cataluña.

En el centro, junto a Forcadell, Pí i Sunyer, ex-vicepresidente del Tribunal Constitucional y presidente del “consejo asesor nacional de transición a la independencia”, al que se atribuye la redacción de la ‘ley de transitoriedad jurídica’.

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De parlamentarios a okupas

Artículo publicado en el diario Expansión el 19 de julio de 2017

Diputados de Junts pel Sí y Cup presentando el borrador de la “ley del referéndum de autodeterminación” en el Parlament.

Tanto el acto que protagonizaron en la mañana del 4 de julio ocho diputados de los grupos parlamentarios CUP y Junts pel Sí (JxS) en el auditorio del Parlament –fuera del hemiciclo donde se debaten y se votan las iniciativas legislativas– para explicar la llamada “ley del referéndum de autodeterminación” a sus propios diputados, como la subsiguiente puesta en escena que realizaron esa misma tarde el presidente y el vicepresidente del gobierno de la Generalitat en el Teatro Nacional de Cataluña para presentar en sociedad el engendro jurídico, permitió constatar su profundo desprecio por los tres principios claves de la democracia representativa: división de poderes, división de competencias e imperio de la Ley. Que luego no se rasguen las vestiduras si algunos acaban, como Mas y Homs, sentados en el banquillo por aprobar un texto que deroga nada menos que la Constitución y desacata las sentencias de los Tribunales. Ningún pretendido “mandato popular” exime a quienes delinquen, gobernantes y diputados autonómicos incluidos, de responder de sus actos en un Estado de Derecho.

Puigdemont, prima dona de la compañía nacional república catalana, ensayando la obra “Butifarréndum o Muerte”en el Teatro Nacional de Cataluña el 4 de julio de 2017.

 “Régimen jurídico excepcional” en Cataluña

En la sesión matutina, cuatro dirigentes de la CUP (Gabriel, Garriga, Salellas y Serra) presentaron junto a cuatro diputados de la coalición JxS (Corominas y Turull por CDC-PDE-Cat y Orobitg y Rovira por ERC) las primicias de la “ley” que pretende establecer un “régimen jurídico excepcional” en Cataluña para cobijar un referéndum inconstitucional y antiestatutario, y, por tanto, palmariamente ilegal. Hay dos circunstancias destacables. Primera: que la coalición antisistema, anticapitalista y manifiesta vocación imperialista, CUP, que sólo obtuvo el 8,2 % de los votos válidos en las elecciones autonómicas del 27 de septiembre de 2015, tuviera los mismos representantes en la mesa presidencial que la coalición JxS, que logró el 39,5% de los votos, demuestra quién maneja en realidad los hilos del gobierno de Puigdemont. Segunda: que sólo un reducidísimo número de diputados y miembros del gobierno, según confesó el cesado consejero Baiget, estén al tanto de lo que se cocina en la canonjía del Palau, confirma la naturaleza totalitaria del proyecto que impulsan los conspiradores.

Salellas, Gabriel, Turull y Rovira en la mesa del Parlament: Dios los cría y ellos se juntan.

No hay duda alguna de que estamos ante un complot urdido por un pequeño grupo de diputados y miembros del gobierno de la Generalitat que, aprovechando su circunstancial mayoría en el Parlament de Cataluña –72 diputados que representan al 47,7% de los votantes y al 36,8% del censo–, insuficiente incluso para reformar el Estatut de Cataluña, pretenden aprobar una “ley suprema” que “prevalece jerárquicamente sobre todas aquellas normas con las que pueda entrar en conflicto”, incluidas la Constitución, el Estatut, la Ley Orgánica del Régimen Electoral General y el resto del ordenamiento jurídico. Con este audaz golpe de mano, los secesionistas pretenden liquidar el Estado democrático social de Derecho en Cataluña,  y suspender los derechos constitucionales de los españoles allí empadronados.

Puigdemont conversando con Juncker y Merkel  en su última visita al Parlament europeo.

A falta de mejores argumentos, la “ley” apela, en primera instancia, al derecho a la autodeterminación de los pueblos reconocido por la Asamblea de la ONU. Como nunca Cataluña ha sido una colonia y los catalanes tienen los mismos derechos que el resto de españoles, recurrir a semejante subterfugio produce hilaridad. En el fondo, a los conspiradores les trae sin cuidado lo que piensen o digan los organismos internacionales –el Consejo de Europa manifestó recientemente que un referéndum sólo puede hacerse respetando la legalidad constitucional– porque su insustancial alegato se dirige a convencer a sus votantes más ingenuos de que una legalidad internacional superior a la española avala su, jurídicamente hablando, monstruosa criatura.

Sede de la Comisión de Venecia.

En segunda instancia, los proponentes de la ley aducen la negativa del Gobierno de España a acordar la celebración del referéndum, una excusa tan cómica y cínica como la anterior. ¿Alguien en su sano juicio puede pretender que un Gobierno democrático incumpla la Constitución que refrendaron el 87,1% de los españoles y el 90,4% de los catalanes? Nuestra Constitución, como el Estatut y el resto de normas vigentes, puede reformarse siguiendo los procedimientos y mayorías previstos en el ordenamiento jurídico, y sólo los enemigos de la democracia y los dictadores solapados se consideran legitimados para saltárselas con subterfugios tan pueriles.

Sáenz de Santamaría, vicepresidenta del Gobierno de España, ofreciendo a Junqueras, vicepresidente del gobierno de la Generalitat, diálogo sobre todas las demandas presentadas, a excepción del referéndum.

 Preparativos del “butifarréndum”

Puigdemont anunciando la pregunta y la fecha del referéndum el 9 de junio de 2017.

Puigdemont, Junqueras y el selecto grupito de diputados que están en el ajo han despejado pocas de las muchas dudas que suscita el referéndum anunciado para el próximo 1 de octubre. A la espera de un futuro “decreto de normas complementarias”, la “ley” establece que podrán participar los ciudadanos que “tienen derecho a voto en las elecciones al Parlament” y que corresponde al gobierno de la  Generalitat elaborar el censo, nombrar el número y límites de las secciones electorales y nombrar a los integrantes de las mesas que se dispondrán en locales municipales “que se utilizan habitualmente como centros de votación”. Las papeletas incluirán la pregunta “¿Queréis que Cataluña sea un estado independiente en forma de república?”, en catalán y castellano. En cuanto al resultado, la “ley” contempla que si el “sí” ganara por un solo voto, aunque sólo votaran Puigdemont y Junqueras, el Parlament proclamará la independencia en el plazo de 48 horas y se iniciará el “proceso constituyente”.

Puigdemont y Gabriel celebrando su acuerdo para constituir una república independiente.

Otegui recibido con todos los honores por Forcadell, presidenta del Parlament.

La “ley” contempla también crear un organismo denominado “sindicatura electoral de Catalunya”, con sede en el Parlament, que sustituiría a la Junta Electoral Central y a las Juntas Electorales Provinciales de Cataluña, los organismos legítimos encargados de velar para que “las decisiones políticas en las que se refleja el derecho de sufragio se realicen en plena libertad”. A este nuevo organismo le correspondería designar las “sindicaturas de demarcación”, validar el censo y las papeletas, proporcionar acreditaciones, supervisar las mesas electorales, etc. Puesto que el gobierno de la Generalitat carece de competencias para elaborar el censo electoral y sustituir a la Junta Electoral Central, el plan esbozado constituye otro despropósito jurídico. En caso de que el gobierno de la Generalitat y los diputados de JxS y CUP en el Parlament sigan adelante con los planes para hacer el referéndum, tendrán que hacer frente a las denuncias que presenten los ciudadanos en cuanto se les comunique su inclusión en un censo ilegal puesto a disposición de un organismo ilegal.

 ¿Diputados u okupas?

Que una decena de diputados con Puigdemont, Junqueras y Gabriel a la cabeza pretendan saltarse la Constitución y el Estatuto de Cataluña y doblegar al resto de instituciones del Estado constituye un auténtico delirio sin parangón en ninguna democracia occidental. El plan de marcado cariz totalitario carece de respaldo alguno en el Derecho Internacional y contraviene nuestro ordenamiento jurídico, incluido el propio Estatut donde se establece que “Cataluña tiene en el Estado español y la UE su espacio político y geográfico de referencia e incorpora los valores, los principios y las obligaciones que se deriven de formar parte de ellos”.

Puigdemont con su gobierno de los peores. Los consejeros Baiget,Jané, Munté y Ruiz han sido cesados por su tibieza.

Confieso tener curiosidad por ver cuántos diputados, además de Puigdemont, Junqueras y los diez “cuperos”, se atreven a aprobar la “ley suprema” y arriesgarse a pasar de diputados autonómicos a okupas del Parlament. El gobierno de la Generalitat ha tenido que cesar a Baiget y a otros tres consejeros tibios, y forzar la dimisión “por razones políticas” de Batlle, director de los Mossos. Sustituidos todos por secesionistas fanáticos, me temo que no serán las últimas víctimas de la nonata república de PuigCupqueras.

Tardà, Llach y líderes de la CUP con su buen amigo Otegui.

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Tres compromisos

Puigdemont, prima dona de la Cia Nacional de la república catalana, en el ensayo general de la obra “Butifarréndum o Muerte”. Teatro Nacional de Cataluña 4 de julo de 2017.

Texto en el que basé mi conferencia en el Centro Cívico Can Cabanyes de Badalona el 13 de julio de 2017.

  • Muchas gracias a todos ustedes por haber venido a escucharnos en esta calurosa tarde de julio. Soy Clemente Polo, profesor de Economía de la UAB, presidente de la asociación Regeneración Democrática y Vicepresidente del MCEC, una asociación con la que colaboro desde 2014.
  • A la vuelta del verano tenemos tres citas importantes con la historia y quiero empezar recordándolas para que las apuntéis en vuestra agenda. Con independencia de lo que ocurra de aquí al 1 de octubre, las asociaciones que defendemos los valores que inspiran la Constitución de 1978, libertad y justicia, igualdad y pluralismo político, vamos a llamar a los ciudadanos que los comparten a manifestar su rechazo al proceso de secesión que impulsan Puigdemont y Junqueras desde el gobierno de la Generalidad con apoyo de dos grupos parlamentarios, Junts pel Sí (JxS=CDC+ERC) y CUP.
  • Manifestacón en Vía Layetana, 6 de diciembre de 2016.

    Empezaré por la cita más lejana, el 6 de diciembre, también la más trascendente desde un punto de vista político; a continuación, me referiré a la más popular de las tres, la Fiesta Nacional del 12-O; y finalmente, dedicaré la mayor parte de mi intervención a hablar sobre la más cercana y excepcional: el 1-O. El orden que he elegido no es casual sino que pretende subrayar que, con independencia de lo que suceda de aquí al 1-O, nosotros vamos a mantener nuestra propia agenda.

 

  • El próximo 6 de diciembre conmemoraremos el refrendo de la Constitución de 1978 por todos los ciudadanos españoles. Las asociaciones constitucionalistas convocaremos de nuevo la manifestación que recorrerá la Vía Layetana desde la Plaza Urquinaona y finalizará en la Plaza de San Jaime, frente al palacio del gobierno de la Generalidad, tal y como hemos venido haciendo desde 2012.
    • En estos días inciertos en que vemos a tantos políticos ansiosos por reformar la Constitución, queremos reafirmar nuestro compromiso con el marco político que refrendaron el 87,9% de los votantes españoles y el 90,5% de los votantes catalanes y ha convertido en realidad el sueño de los españoles de vivir en libertad, concordia y prosperidad durante cuatro décadas. A quienes este logro les parezca pequeño, les recomendaría que echen una ojeada a la historia moderna y contemporánea de España.
    • Sabemos que la Constitución de 1978 es perfectible pero mucho me temo que las reformas que hoy se propugnan, incluso desde partidos pretendidamente de izquierdas, sólo servirán para blindar o reforzar las actuales asimetrías y desigualdades. Precisamente porque estas reformas apuntan hacia regímenes federales asimétricos (o incluso confederales) ponen, en nuestra opinión, en riesgo la igualdad de todos los españoles que proclama la Constitución. ¿Por qué antes de reformar la Constitución no se ocupan algunos partidos de cumplirla y velar para que se cumpla? Pase lo que pase el 1-O, les aseguro que nosotros celebraremos este año el trigésimo noveno aniversario de la Constitución de 1978.

      Plaza de San Jaime, 6 de diciembre.

      12 de octubre 2016 en Plaza de Cataluña.

  • La segunda cita que tenemos que apuntar en nuestra agenda es el 12 de octubre. Algunas asociaciones (Convivencia Cívica, Movimiento Cívico Espanya i Catalans, Regeneración Democrática, Sociedad Civil Catalana, Somatemps y 12-O) hemos mantenido ya reuniones para organizar la manifestación que, como en años anteriores, recorrerá Paseo de Gracia y finalizará en la Plaza de Cataluña, donde tendrá lugar, como el año pasado, dos actos: uno cívico y con marcado carácter político para celebrar la Fiesta Nacional de España; y otro más festivo con el que queremos destacar los lazos fraternales que unen a los españoles con los países hispanoamericanos del otro lado del Atlántico.
    • La celebración se producirá este año sólo once días después del anunciado referéndum de autodeterminación. Convendría, por ello, que hagamos una celebración unitaria (como siempre hemos intentado que lo fuera), sin contraprogramaciones, con presencia de los líderes de los partidos constitucionalistas que quieran sumarse, y con un objetivo claro: congregar una multitud que empequeñezca la Plaza de Cataluña.
    • Pero sabemos que no es fácil movilizar a los ciudadanos cuando, como es nuestro caso, no se dispone de recursos ni se cuenta con el apoyo de los medios de comunicación públicos y subvencionados, algo con lo que sí cuentan las asociaciones secesionistas (AMI y AMC, ANC y Omnium Cultural) para organizar las manifestaciones multitudinarias el 11-S.

      La pancarta con el lema España en el corazón / Espanya al cor.

    • A diferencia de ellos, nosotros hemos organizado el 6-D y el 12-O sin ayuda de partidos políticos y hasta enfrentándonos a los obstáculos que se nos han puesto para tratar de desanimarnos. Tenemos pocos aliados y además bastante tacaños. El año pasado, ningún medio de comunicación “amigo” acudió a la conferencia de prensa que ofrecimos para anunciar el 12-O en el Colegio de Periodistas. Carlos Herrera (COPE), un potencial aliado nuestro, me entrevistó durante 5 minutos dos días antes del 12-O después de emitir algunas cuñas (pagadas) en su cadena. Fuera de los limitados canales de Facebook en los que anunciamos los actos, nuestros blogs y muros personales y cuentas de Twitter, poco más podemos hacer para movilizar a los españoles residentes en Cataluña.
    • Cualquier acto, incluso nuestras austeras celebraciones del 12-O y 6-D, requiere contar con algo de dinero para montar el escenario, contratar la megafonía, abonar los seguros, imprimir la pancarta y algunos carteles, etc. Y nuestras asociaciones son pobres de solemnidad hasta el punto de que el dinero para costearlos ha salido en ocasiones de nuestros bolsillos.
    • Este año queremos esmerarnos para que el 12-O de 2017 sea mejor que el de años pasados. Son muchas las acciones que queremos realizar durante el mes de septiembre y vuestra ayuda resulta imprescindible para llevarlas a cab Os necesitamos para movilizar a las personas que en Badalona piensan como nosotros pero hoy no están aquí, necesitamos vuestra ayuda para estar presentes con carpas en la calle a partir del 1 de septiembre, para organizar actos como éste en otras localidades del cinturón de Barcelona, etc. Tenemos que ponernos manos a la obra y desentumecer a los cientos de miles de catalanes que quieren seguir siendo españoles y europeos y desean que el Barcelona, el Español y el Gerona sigan jugando en la primera división de la Liga Española.
    • Por eso quiero invitaros a todos los que estáis hoy aquí a que no os marchéis a casa sin darnos vuestro nombre, dirección de correo electrónico y teléfono, para ponernos en contacto y haceros copartícipes de la organización de nuestros actos. Tenéis que ser protagonistas. Para ganar esta batalla tenemos que empezar por crear organizaciones locales tan potentes como las que tienen las asociaciones secesionistas y estar presentes en todos los rincones de Cataluña. Sólo así podremos difundir nuestro mensaje a favor de una sociedad abierta, esperanzada y solidaria y contraponerlo al discurso tribal, victimista y egoísta que, con marcado carácter xenófobo y hasta racista, ha calado en amplios sectores de la sociedad catalana.
  • Puigdemont en el momento de anunciar la convocatoria y la pregunta del referéndum el 6 de junio. Munté, Forcadell y Junqueras aplaudiendo.

    Aunque nuestro interés primordial sea organizar y promocionar los actos del 12-O y 6-D, las asociaciones constitucionalistas no podemos ignorar la amenaza que supone la celebración del referéndum el 1 de octubre, nuestra cita excepcional de este año. Como sabéis, Puigdemont anunció el pasado 9 de junio la pregunta que quiere plantearnos a los españoles empadronados en esta Comunidad Autónoma:

 “¿Queréis que Cataluña sea un estado independiente en forma de república”?

  • Hemos sabido hace pocos días que si ganara el “sí”, aunque sólo votaran Puigdemont, Junqueras y Colau y el resultado fuera 2 “síes” y 1 voto en blanco, el Parlament de Cataluña proclamaría la república en un plazo no superior a dos días contados a partir del momento en que se oficialicen los resultados. Quizá pretendan hacerlo el 6 de octubre para emular la “gesta” que protagonizó Companys ese mismo día en 1934, cuando proclamó desde el balcón de la entonces Plaza de la República (ahora Plaza de San Jaime) el Estado Catalán de la inexistente República Federal española. Horas después fue detenido, juzgado y encarcelado por sublevarse contra el gobierno legítimo de la II República.

    Placa que retiró el alcalde Trias (CDC) de la actual Plaza de San Jaime. Así se llamó desde 1843 hasta 1931 en que pasó a llamarse Plaza de la República.

  • Como sabéis 8 diputados del Parlament de Cataluña, 4 de la coalición CUP (Gabriel, Garriga, Salellas y Serra) y 4 de la coalición JxS (Corominas, Turull, Orobitg y Rovira), presentaron el pasado 4 de julio la llamada “ley del referéndum de autodeterminación” en un patio del Parlament de Cataluña. Puigdemont, alias “Peluquín Airado”, y Junqueras, alias “Ojo Extraviado”, se encargaron de presentar el engendro jurídico en sociedad esa misma tarde en el Teatro Nacional de Cataluña.
  • Por cierto, que hoy mismo la Guardia Civil se ha personado en el Teatro Nacional de Cataluña, en calidad de policía judicial, para averiguar quién abonó los 17.600€ a que ascendió el alquiler del local donde Puigdemont y Junqueras presentaron la “ley del referéndum de autodeterminación” el pasado 4 d julio. Al parecer la pagó el grupo parlamentario de JxS con el dinero de todos los ciudadanos. Esperemos que se decanten las responsabilidades de los presuntos malversadores de caudales públicos.
  • De momento, se trata del borrador oficioso de un proyecto de ley cuyos

    Presentación de la “ley del referendumde autodeterminación” en el Teatro Nacional de Cataluña. Importe de la factura: 17.600 €. Y se extrañan de que se investigue quién la pagó.

    promotores no se han atrevido a registrarlo y tramitarlo en el Parlament, ni a debatirlo y votarlo en el hemiciclo. Cuenta con el apoyo entusiasta de los 10 diputados de la CUP y con el apoyo de Puigdemont y Junqueras y buena parte del rebaño de 60 diputados que pastorean los dirigentes de CDC y ERC. Se oponen al proyecto los 25 diputados de Ciudadanos, los 16 del PSC y los 11 del PP. Por su parte, los 11 diputados de Colau (CatSíqueesPot) lo apoyan con reservas: quieren a toda costa evitar aparecer en la foto junto a quienes se oponen al referéndum, para robarle votos al PSC, si bien su deseo oculto es que Puigdemont naufrague y convoque elecciones anticipadas. Esta es la situación política en el Parlament de Cataluña.

  • Diputados de Junts pel Sí y Cup presentando el borrador de la “ley suprema”.

    ¿Qué podemos decir sobre esta pretendida “ley suprema” elaborada en secreto por una decena de diputados? El objetivo principal de la ley es proporcionar cobertura legal a un ilegal referéndum de autodeterminación y a todas las personas e instituciones que participen en su organización. Para ello, el Art. 3.2 establece “un régimen jurídico excepcional” que “prevalece jerárquicamente sobre todas aquellas normas con las que pueda entrar en conflicto”, como la Constitución y el Estatut, la Ley Orgánica del Régimen Electoral General y el resto del ordenamiento jurídico español.

  • Está claro que el gobierno de Puigdemont y Junqueras pretende aprovechar la circunstancial mayoría que tiene en el Parlament de Cataluña para tramitar y aprobar la “ley” por sorpresa este verano, con el aval de 72 diputados autonómicos que obtuvieron el 47,7% de los votos válidos y 36,8% del censo en las elecciones del 27-S, un número insuficiente incluso para reformar el Estatut de Cataluña. Se trata de una “ley” manifiestamente inconstitucional que ignora la división de poderes, invade las competencias de otras instancias del Estado y se sitúa por encima de la Constitución y el propio Estatut de Cataluña.
  • Puigdemont presentando la “ley suprema” en el Teatro Nacional de Cataluña.

    Con este audaz golpe de mano Puigdemont y Junqueras pretenden liquidar el Estado democrático social de Derecho y suspender los derechos constitucionales de los españoles empadronados en Cataluña. Constituye un despropósito jurídico sin parangón en ningún Estado democrático que intenta finiquitar en 48 horas con la democracia en Cataluña y dejarnos a los catalanes en una situación de indefensión ante la acumulación en manos de los 72 diputados secesionistas del poder ejecutivo, legislativo y judicial. La situación recuerda aquella famosa consigna que hizo celebre la revolución bolchevique: “Todo el poder para los soviets”.

  • El Parlament tras aprobar la resolución de inicio del proceso constituyente.

    ¿Cómo debemos responder los demócratas al órdago del gobierno de la Generalitat y del Parlament de Cataluña? Voy a suponer (aunque no está claro que vayan o puedan hacerlo) que el gobierno de la Generalidad y la banda de los 72 presentan y aprueban en 24 horas la llamada “ley del referéndum de autodeterminación” durante el mes de agosto. A continuación voy a sugerir algunas pautas para afrontar los acontecimientos que pueden presentarse hasta el 1-O:

  • Primero: en cuanto la “ley del referéndum” sea aprobada en el Parlament este verano, la Abogacía del Estado interpondrá en nombre del Gobierno de España el correspondiente recurso ante el Tribunal Constitucional (TC). Tal y como ha ocurrido con otras resoluciones del Parlament –inicio del proceso constituyente, conclusiones finales de la comisión de estudio de proceso constituyente, etc.- el recurso será admitido a trámite por el TC y la “ley” quedará inmediatamente suspendida: no existirá ninguna “ley suprema” que ampare las conductas delictivas.
  • Sede del Tribunal Constitucional.

    A partir de ese momento, todos los miembros del gobierno de la Generalitat y los diputados del Parlament que la hayan aprobado, así como aquellos que pretendan implementarla, habrán incurrido o incurrirán en delitos por los que tendrán que responder ante los Tribunales, como ha ocurrido en los casos del presidente Mas, los consejeros Homs, Ortega y Rigau, los diputados Forcadell, Nuet, Corominas y Simó y la consejera Borràs.Esperamos que a todos los que decidan seguir adelante y organizar el referéndum se les imputen, además de los delitos de desobediencia grave, usurpación de funciones y prevaricación, el delito de malversación de caudales públicos. En situación similar se hallarán también los funcionarios del gobierno de la Generalitat que elaboren el censo y los miembros de la “sindicatura electoral de Cataluña” que usurpen las funciones de la Junta Electoral Central y de las Juntas Electorales Provinciales de Cataluña, los organismos facultados por Ley Orgánica del Régimen Electoral General para garantizar la libre participación y la limpieza de los procesos electorales. Tampoco escaparán de la Justicia los cargos electos de los Ayuntamientos que pongan a disposición del gobierno de la Generalitat centros públicos para realizar el referéndum.

    Artur Mas junto a las exconselleras Joana Ortega e Irene Rigau en el banquillo.

  • Segundo: aunque es al Estado a quien corresponde enfrentarse al gobierno de la Generalitat y detener en seco la “ley del referéndum“, las asociaciones cívicas tenemos que estar junto al Gobierno, el TC y Las Cortes en este trance, y respaldar todas las medidas y autos que adopten para impedir la celebración del referéndum.
  • Tercero: las asociaciones cívicas tenemos además que estar preparadas para acosar con denuncias al gobierno de la Generalitat. La “ley del referéndum” deja en manos de la administración electoral del gobierno de la Generalitat, bajo supervisión de la “sindicatura electoral de Catalunya”, la elaboración del censo electoral y la designación de los presidentes y vocales de las mesas electorales. Se sigue de lo anterior que estos dos organismos tendrán que enviarnos nuestra tarjeta censal, e indicarnos, la sección y la mesa donde podemos votar, e incluso comunicarnos, en su caso, que hemos sido nombrados presidentes o vocales de mesa.
  • Puesto que el gobierno de la Generalitat carece de competencias para elaborar el censo electoral, una tarea que la Junta Electoral Central encomienda al Instituto Nacional de Estadística, los ciudadanos podremos presentar una denuncia en cuanto se nos comunique que nuestros datos personales figuran en un “censo” ilegal elaborado por el gobierno de la Generalitat. Ningún organismo administrativo puede obtener o disponer de nuestros datos personales, mucho menos la “sindicatura electoral de Catalunya” constituida al amparo de una “ley” suspendida por el TC. Tenemos que empapelar con denuncias el edificio del gobierno de la Generalitat en la Plaza de San Jaime el 6-D.
  • Así entienden la democracaia las diputados de la CUP rompiendo fotos del Rey en el Parlament de Cataluña.

    Cuarto: convendría pone en marcha campañas para denunciar el carácter antidemocrático del referéndum. Hay bastantes ciudadanos a los que se les ha convencido con atractivos eslóganes, como “derecho a decidir”, que estamos ante un legítimo ejercicio democrático avalado por el Derecho Internacional, la Constitución y hasta el Estatut. Hay que convencerlos de que los argumentos de los partidos y asociaciones secesionistas son falsos y que no deben participar en un referéndum que se salta las tres reglas básicas de la democracia: división de poderes, división de competencias e imperio de la Ley. La “ley del referéndum de autodeterminación” viola los tres. Todo un record.

  • Quinto: No estoy seguro que el referéndum llegue a realizarse el 1-O, como dan por hecho incluso personas tan poco sospechosas de connivencia con el secesionismo como (Arcadi) Espada. Sáenz de Santamaría y el propio Rajoy han reiterado que el referéndum no se hará y confío en que así sea. Sería un éxito importante del Gobierno de España, tanto a nivel nacional como internacional, impedirlo. Para ello, el Gobierno ,además de recurrir al TC la “ley del referéndum”, debería permanecer invigilando y seguir muy de cerca todos los movimientos de consejeros y diputados para impedir que compren las urnas, que editen las papeletas, que hagan campañas institucionales en favor de la participación, que cedan espacios públicos, etc. Junqueras, vicepresidente del gobierno de la Generalitat, y Romeva, consejero de asuntos exteriores y relaciones institucionales, han manifestado su dispoción a responsabilizarse de la adquisición de las urnas; y Colau, la alcaldesa de Barcelona, ha indicado que el Ayuntamiento de Barcelona colaborará para que el 1-O sea un éxito. Pues bien, convendría que advertirles a los tres que si hacen lo que anuncian incurrirán en varios delitos.

    Mas burlánose del gobierno español y del Tribunal Constitucional el 9 de noviembre de 2014 ante la embelesada mirada de su esposa.

  • Sexto: ¿qué debemos hacer los ciudadanos el día 1? No hace falta deciros que no hay que ir a votar. En el hipotético caso de que llegaran a abrirse algunos centros de votación en nuestra ciudad, aconsejo acercarnos al centro que se nos haya asignado en la tarjeta censal para constatar si nuestro nombre figura en el censo. En ese caso, podemos dirigirnos a la comisaría más próxima y denunciar al presidente de la mesa.
  • Concentración de alcaldes de la AMI ante el Parlament de Cataluña para respaldar a los encausados.

    Séptimo: si el referéndum no se celebra, como esperamos y seria deseable, no puede descartarse que Puigdemont se encierre junto con los dirigentes de la CUP y los líderes de las asociaciones secesionistas en el Parlament de Cataluña para escenificar su protesta por la falta de democracia. Podrían incluso convocar a las huestes juveniles de los partidos  (JERC, Arran, etc.) a rodear el edificio en la Ciudadela para defender a sus corajudos líderes. No creo que aguanten mucho tiempo y la estrategia más inteligente, si llegamos a esta situación, tal vez sea dejarles que se conviertan en okupas del Parlament (sin sueldo) durante unos días para que se despedacen entre ellos.

Los diputados de C’s y PP abandonan el pleno del pleno del Parlament antes de votarse las conclusiones de la Comisión para el inicio de el 27 de julio de 2016.

Amigos, el día 1 pasará a mejor vida pero lo que no pasará es el odio y la ponzoña que han sembrado en contra del esperanzador proyecto de una España democrática en la que, por fin, cabemos todos los ciudadanos y todos, con independencia de nuestras creencias religiosas e ideología política, somos libres e iguales ante la ley. Para superar  esta gravísima situación, necesitamos contar con un gobierno al frente de la Generalidad que devuelva a la educación y los medios de comunicación la independencia que nunca debieron perder y utilice el dinero de todos para proporcionar mejores servicios. Antes de que proclamen su república monstruosa, tenemos que desalojarlos de la antigua plaza de la Republica.

Muchas gracias por su atención.

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EiC denuncia una nueva irresponsabilidad de Puigdemont

¿Dónde estaban Otegui, Carod-Rovira,Forcadell, Barrufet, Fernández y Tardà?

El 19 de junio de 1987 la banda terrorista ETA perpetró uno de sus atentados más sangrientos en el aparcamiento del supermercado Hipercor, situado en la Avda. Meridiana de Barcelona. Fallecieron 21 ciudadanos españoles, otros 45 sufrieron heridas de diversa consideración y se truncó para siempre la vida de decenas de familias. Dos de los terroristas que formaban el comando Barcelona, Domingo Trotino y Josefa Ernaga salieron de prisión tras cumplir 26 y 27 años de condena, respectivamente; Rafael Caride, arrepentido, abandonará la prisión en breve tras cumplir 30 años; y Santiago Arróspide, jefe del comando, continúa preso. Las víctimas que sobrevivieron y todos los familiares siguen sufriendo (y sufrirán de por vida) las consecuencias irreparables de los crímenes de estos cuatro sicarios.

Otegui con Barufet y Fernández (CUP), Tardà (ERC) y Lluis Llach.

Puigdemont durante su intervención en el acto de homenaje a las víctimas de Hipercor.

Con motivo del XXX aniversario del atentado, el gobierno de España, el gobierno de la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona han querido honrar a las víctimas organizando y sumándose a diversos actos conmemorativos que se han celebrado en Barcelona estos días. En uno de ellos, Puigdemont, el Nada Honorable (N. H.) presidente de los secesionistas catalanes, llamó al ‘pueblo catalán’ a resistir a quienes se oponen a la secesión de Cataluña como la misma determinación que la sociedad resistió los embates criminales de ETA. El movimiento cívico EiC condena esta irresponsable y ofensiva comparación que ha suscitado, lógicamente, el rechazo unánime de los partidos de la oposición, del gobierno de España y de casi todos los ciudadanos decentes y con sentido común.

Otegui con Forcadell (ERC), presidenta del Parlament de Cataluña.

Maragall (PSC) y Carod-Rovira (ERC) haciendo turismo en Israel durante el primer tripartito-

A los catalanes que venimos denunciando desde hace años las políticas sectarias y anticonstitucionales del gobierno de la Generalitat, la ‘salida de tono’ de Puigdemont no nos ha pillado por sorpresa. El N.H. vicepresidente de la Generalitat Carod-Rovira (ERC) ya tuvo la desfachatez de reunirse con terroristas de ETA en Francia para pedirles que mataran fuera de Cataluña. Hace un par de meses vimos a un terrorista de Terra Lliure, Carles Sastre i Benlliure, condenado por el asesinato del industrial José María Moltó Marqués, junto a Puigdemont, Junqueras y Colau –y al lado del ex-juez Vidal – en la foto de familia que reunió a los integrantes del llamado pacto por el derecho a decidir’ en el Parlament de Cataluña. Y la CUP-CC, apoyo indispensable del gobierno de Puigdemont-Junqueras, mantiene excelentes relaciones con Otegui, condenado por pertenecer a ETA. Los mismos perros con distintos collares.

Puigdemont y Gabriel celebrando alguno de sus pactos golpistas.

Fernández (CUP) con Otegui: “que grandes somos”.

 

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