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Los últimos herederos del franquismo

Artículo publicado en Economía Digital el 31 de julio de 2017

Franco aclamado en Barcelona en 1970

Va para cuarenta y dos años que murió en la cama el general Franco, militar golpista, generalísimo victorioso de la cruenta Guerra Civil (1936-1939) y dictador implacable hasta sus últimos días. Este año hemos festejado un doble cuadragésimo aniversario: la legalización del PCE y la conversión de Carrillo en demócrata, y la celebración de las primeras elecciones auténticamente democráticas realizadas en España. Y el año próximo le tocará el turno a la hoy cuestionada Constitución de 1978 que estableció el marco jurídico donde todos los españoles, con independencia de nuestras creencias religiosas e inclinaciones políticas, hemos podido convivir en libertad, concordia y prosperidad, sobreponiéndonos a los crímenes terribles con que ETA intentó desestabilizar nuestra recién estrenada democracia.

Etarras y cuperos confraternizando.

No hace falta ser un historiador concienzudo ni un sociólogo o politólogo reputado para entender la trascendencia de estos logros. Basta con tener cierto conocimiento elemental de la historia contemporánea de España, y, como dicen con cierta rudeza en mi tierra, tener algo de cabeza. Cualquier hijo de esta tierra con un ápice de sensatez daría gracias por haber vivido cuatro décadas sin que ninguno de los españolitos venidos a este mundo haya tenido que verse en el brete de ver como una de las dos Españas, a las que se refirió Machado en un poemilla popularizado por Serrat, le helaba el corazón. Hace pocos días, traté este asunto en un artículo titulado “La culpa no es del PP”, en el que exponía y comentaba las opiniones recogidas en otro artículo, algo inexactamente titulado “Escritores y artistas catalanes rechazan el referéndum ilegal”, publicado en El País el 24 de julio de 2017.

Gas una de las víctimas masacradas por el PP.

Al lado de los razonables aunque no del todo coincidentes comentarios de Marsé y Mendoza, y la nota cínica del profesor Rico que al parecer está pasándoselo en grande a costa del proceso secesionista, llamaba la atención sobre las acusaciones de Mariscal, Serrat, Gas y Herralde contra el Partido Popular (PP), al que todos ellos coinciden en calificar de “heredero del franquismo”, y al que Gas responsabilizaba  de estar al frente de “un Gobierno que masacra a España y, por tanto también a Cataluña”. Resultaría indecoroso, por mi parte, repetir aquí citas, argumentos y contraargumentos, ya publicados, así que intentaré completarlos con unas reflexiones sobre la pesada herencia del franquismo y las limitaciones de nuestra democracia.

Nadie puede negar que todos quienes vivimos bajo el régimen franquista somos en algún sentido, por acción o inacción, “herederos del franquismo”, como resulta también innegable que los rusos lo son del totalitarismo de Lenin y Stalin, los alemanes del nacionalsocialismo, los italianos del fascismo, o los rumanos del régimen del dictador Ceacescu, valedor sombrío de Carrillo. ¿Quiere esto decir que todo lo que hagan sus herederos queda invalidado o sujeto a sospecha a causa del legado recibido? ¿Que Suárez proviniera de las filas del Movimiento Nacional empequeñece acaso su logro de transformar un régimen dictatorial en una democracia representativa? ¿Puede el pasado poco edificante de Carrillo invalidar el papel constructivo que desempeñó el líder del PCE durante la transición en España? Hace  falta ser un papanatas o un mentecato, o ambas cosas a la vez, para intentar empañarlas con el sambenito de la herencia recibida.

El PP, con independencia de las diversas herencias recibidas por cada uno de sus militantes, es un partido político que ha obtenido el mayor número de escaños en tres elecciones libres y rigurosamente democráticas consecutivas, y sólo por eso, no por su “herencia fraquista”, está al frente del poder ejecutivo de un Estado de la Unión Europea donde existe una Constitución democráticamente acordada que los españoles, catalanes incluidos, refrendamos el 6 de diciembre de 1978. Ante un marco jurídico que reconoce la división de poderes y competencias y la independencia del poder  judicial, ¿cómo puede afirmarse que el Gobierno de España “masacra a España y, por tanto, a Cataluña”? ¿Acaso quien lo dice no es libre de expresar sus opiniones y votar al partido que más le gusta? Y, ¿cómo pueden acusarlo de insensibilidad “hacia la cuestión catalana” y propiciar “un deterioro tremendo, erigiendo como un todo inamovible una Constitución”, cuando Rajoy ha reiterado la disposición a tratar todos los contenciosos existentes (o inventados) salvo el plan de realizar un referéndum de autodeterminación?

Rajoy recibiendo a Mas en La Moncloa.

 

Las constituciones no son inamovibles pero todos los Estados democráticos exigen mayorías cualificadas para reformarlas, una cautela introducida no por malicia sino para librarnos precisamente a los ciudadanos de las mayorías tiránicas. Quienes hoy pretenden desde el gobierno de la Generalitat y el Parlament de Cataluña subvertir el orden constitucional, apelando paradójicamente a la democracia, cuentan con respaldo insuficiente para reformar no ya la Constitución sino incluso el Estatut de Cataluña. Seamos serios: Puigdemont, Junqueras y Gabriel no son demócratas sino golpistas que pretenden imponernos por la vía de los hechos consumados la república de PuigCupqueras. Resulta incomprensible que ante tan bochornoso espectáculo haya todavía escritores y artistas que tachen al Gobierno de España de inmovilista y coercitivo, por defender la legalidad constitucional que ampara los derechos individuales y colectivos de todos, y vean en cambio como el no va más de la democracia que el gobierno de la Generalitat incumpla leyes, legisle sobre asuntos ajenos a sus competencias y desacate las sentencias de los Tribunales.

Puigdemont arropando a Mas antes de declarar ante el TSJC.

Puigdemont y Gabriel celebrando su acuerdo para constituir una república independiente.

Si algo hoy nos recuerda el régimen franquista a quienes lo vivimos y soportamos con la mayor dignidad posible, no es precisamente la defensa de la legalidad democrática por parte del Gobierno de España sino los planes del gobierno de la Generalitat y de los 72 diputados de Junts pel Sí y CUP para acabar con los contrapesos y procedimientos garantistas esenciales en cualquier democracia. A los escritores y artistas tan quisquillosos con la herencia franquista de los demás, les propondría que contestaran esta sencilla pregunta: ¿son partidarios de que todos los ciudadanos españoles tengamos los mismos derechos y obligaciones, con independencia de la Comunidad Autónoma donde estemos empadronados, tal y como recoge nuestra Constitución? Confío en que estén a favor de la igualdad constitucional de los españoles, y no alineados, tal vez sin saberlo, con los últimos herederos del franquismo Een Cataluña.

Los diputados de la CUP en el Parlament de Cataluña.

En el centro, junto a Forcadell, Pí i Sunyer, ex-vicepresidente del Tribunal Constitucional y presidente del “consejo asesor nacional de transición a la independencia”, al que se atribuye la redacción de la ‘ley de transitoriedad jurídica’.

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De parlamentarios a okupas

Artículo publicado en el diario Expansión el 19 de julio de 2017

Diputados de Junts pel Sí y Cup presentando el borrador de la “ley del referéndum de autodeterminación” en el Parlament.

Tanto el acto que protagonizaron en la mañana del 4 de julio ocho diputados de los grupos parlamentarios CUP y Junts pel Sí (JxS) en el auditorio del Parlament –fuera del hemiciclo donde se debaten y se votan las iniciativas legislativas– para explicar la llamada “ley del referéndum de autodeterminación” a sus propios diputados, como la subsiguiente puesta en escena que realizaron esa misma tarde el presidente y el vicepresidente del gobierno de la Generalitat en el Teatro Nacional de Cataluña para presentar en sociedad el engendro jurídico, permitió constatar su profundo desprecio por los tres principios claves de la democracia representativa: división de poderes, división de competencias e imperio de la Ley. Que luego no se rasguen las vestiduras si algunos acaban, como Mas y Homs, sentados en el banquillo por aprobar un texto que deroga nada menos que la Constitución y desacata las sentencias de los Tribunales. Ningún pretendido “mandato popular” exime a quienes delinquen, gobernantes y diputados autonómicos incluidos, de responder de sus actos en un Estado de Derecho.

Puigdemont, prima dona de la compañía nacional república catalana, ensayando la obra “Butifarréndum o Muerte”en el Teatro Nacional de Cataluña el 4 de julio de 2017.

 “Régimen jurídico excepcional” en Cataluña

En la sesión matutina, cuatro dirigentes de la CUP (Gabriel, Garriga, Salellas y Serra) presentaron junto a cuatro diputados de la coalición JxS (Corominas y Turull por CDC-PDE-Cat y Orobitg y Rovira por ERC) las primicias de la “ley” que pretende establecer un “régimen jurídico excepcional” en Cataluña para cobijar un referéndum inconstitucional y antiestatutario, y, por tanto, palmariamente ilegal. Hay dos circunstancias destacables. Primera: que la coalición antisistema, anticapitalista y manifiesta vocación imperialista, CUP, que sólo obtuvo el 8,2 % de los votos válidos en las elecciones autonómicas del 27 de septiembre de 2015, tuviera los mismos representantes en la mesa presidencial que la coalición JxS, que logró el 39,5% de los votos, demuestra quién maneja en realidad los hilos del gobierno de Puigdemont. Segunda: que sólo un reducidísimo número de diputados y miembros del gobierno, según confesó el cesado consejero Baiget, estén al tanto de lo que se cocina en la canonjía del Palau, confirma la naturaleza totalitaria del proyecto que impulsan los conspiradores.

Salellas, Gabriel, Turull y Rovira en la mesa del Parlament: Dios los cría y ellos se juntan.

No hay duda alguna de que estamos ante un complot urdido por un pequeño grupo de diputados y miembros del gobierno de la Generalitat que, aprovechando su circunstancial mayoría en el Parlament de Cataluña –72 diputados que representan al 47,7% de los votantes y al 36,8% del censo–, insuficiente incluso para reformar el Estatut de Cataluña, pretenden aprobar una “ley suprema” que “prevalece jerárquicamente sobre todas aquellas normas con las que pueda entrar en conflicto”, incluidas la Constitución, el Estatut, la Ley Orgánica del Régimen Electoral General y el resto del ordenamiento jurídico. Con este audaz golpe de mano, los secesionistas pretenden liquidar el Estado democrático social de Derecho en Cataluña,  y suspender los derechos constitucionales de los españoles allí empadronados.

Puigdemont conversando con Juncker y Merkel  en su última visita al Parlament europeo.

A falta de mejores argumentos, la “ley” apela, en primera instancia, al derecho a la autodeterminación de los pueblos reconocido por la Asamblea de la ONU. Como nunca Cataluña ha sido una colonia y los catalanes tienen los mismos derechos que el resto de españoles, recurrir a semejante subterfugio produce hilaridad. En el fondo, a los conspiradores les trae sin cuidado lo que piensen o digan los organismos internacionales –el Consejo de Europa manifestó recientemente que un referéndum sólo puede hacerse respetando la legalidad constitucional– porque su insustancial alegato se dirige a convencer a sus votantes más ingenuos de que una legalidad internacional superior a la española avala su, jurídicamente hablando, monstruosa criatura.

Sede de la Comisión de Venecia.

En segunda instancia, los proponentes de la ley aducen la negativa del Gobierno de España a acordar la celebración del referéndum, una excusa tan cómica y cínica como la anterior. ¿Alguien en su sano juicio puede pretender que un Gobierno democrático incumpla la Constitución que refrendaron el 87,1% de los españoles y el 90,4% de los catalanes? Nuestra Constitución, como el Estatut y el resto de normas vigentes, puede reformarse siguiendo los procedimientos y mayorías previstos en el ordenamiento jurídico, y sólo los enemigos de la democracia y los dictadores solapados se consideran legitimados para saltárselas con subterfugios tan pueriles.

Sáenz de Santamaría, vicepresidenta del Gobierno de España, ofreciendo a Junqueras, vicepresidente del gobierno de la Generalitat, diálogo sobre todas las demandas presentadas, a excepción del referéndum.

 Preparativos del “butifarréndum”

Puigdemont anunciando la pregunta y la fecha del referéndum el 9 de junio de 2017.

Puigdemont, Junqueras y el selecto grupito de diputados que están en el ajo han despejado pocas de las muchas dudas que suscita el referéndum anunciado para el próximo 1 de octubre. A la espera de un futuro “decreto de normas complementarias”, la “ley” establece que podrán participar los ciudadanos que “tienen derecho a voto en las elecciones al Parlament” y que corresponde al gobierno de la  Generalitat elaborar el censo, nombrar el número y límites de las secciones electorales y nombrar a los integrantes de las mesas que se dispondrán en locales municipales “que se utilizan habitualmente como centros de votación”. Las papeletas incluirán la pregunta “¿Queréis que Cataluña sea un estado independiente en forma de república?”, en catalán y castellano. En cuanto al resultado, la “ley” contempla que si el “sí” ganara por un solo voto, aunque sólo votaran Puigdemont y Junqueras, el Parlament proclamará la independencia en el plazo de 48 horas y se iniciará el “proceso constituyente”.

Puigdemont y Gabriel celebrando su acuerdo para constituir una república independiente.

Otegui recibido con todos los honores por Forcadell, presidenta del Parlament.

La “ley” contempla también crear un organismo denominado “sindicatura electoral de Catalunya”, con sede en el Parlament, que sustituiría a la Junta Electoral Central y a las Juntas Electorales Provinciales de Cataluña, los organismos legítimos encargados de velar para que “las decisiones políticas en las que se refleja el derecho de sufragio se realicen en plena libertad”. A este nuevo organismo le correspondería designar las “sindicaturas de demarcación”, validar el censo y las papeletas, proporcionar acreditaciones, supervisar las mesas electorales, etc. Puesto que el gobierno de la Generalitat carece de competencias para elaborar el censo electoral y sustituir a la Junta Electoral Central, el plan esbozado constituye otro despropósito jurídico. En caso de que el gobierno de la Generalitat y los diputados de JxS y CUP en el Parlament sigan adelante con los planes para hacer el referéndum, tendrán que hacer frente a las denuncias que presenten los ciudadanos en cuanto se les comunique su inclusión en un censo ilegal puesto a disposición de un organismo ilegal.

 ¿Diputados u okupas?

Que una decena de diputados con Puigdemont, Junqueras y Gabriel a la cabeza pretendan saltarse la Constitución y el Estatuto de Cataluña y doblegar al resto de instituciones del Estado constituye un auténtico delirio sin parangón en ninguna democracia occidental. El plan de marcado cariz totalitario carece de respaldo alguno en el Derecho Internacional y contraviene nuestro ordenamiento jurídico, incluido el propio Estatut donde se establece que “Cataluña tiene en el Estado español y la UE su espacio político y geográfico de referencia e incorpora los valores, los principios y las obligaciones que se deriven de formar parte de ellos”.

Puigdemont con su gobierno de los peores. Los consejeros Baiget,Jané, Munté y Ruiz han sido cesados por su tibieza.

Confieso tener curiosidad por ver cuántos diputados, además de Puigdemont, Junqueras y los diez “cuperos”, se atreven a aprobar la “ley suprema” y arriesgarse a pasar de diputados autonómicos a okupas del Parlament. El gobierno de la Generalitat ha tenido que cesar a Baiget y a otros tres consejeros tibios, y forzar la dimisión “por razones políticas” de Batlle, director de los Mossos. Sustituidos todos por secesionistas fanáticos, me temo que no serán las últimas víctimas de la nonata república de PuigCupqueras.

Tardà, Llach y líderes de la CUP con su buen amigo Otegui.

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Tres compromisos

Puigdemont, prima dona de la Cia Nacional de la república catalana, en el ensayo general de la obra “Butifarréndum o Muerte”. Teatro Nacional de Cataluña 4 de julo de 2017.

Texto en el que basé mi conferencia en el Centro Cívico Can Cabanyes de Badalona el 13 de julio de 2017.

  • Muchas gracias a todos ustedes por haber venido a escucharnos en esta calurosa tarde de julio. Soy Clemente Polo, profesor de Economía de la UAB, presidente de la asociación Regeneración Democrática y Vicepresidente del MCEC, una asociación con la que colaboro desde 2014.
  • A la vuelta del verano tenemos tres citas importantes con la historia y quiero empezar recordándolas para que las apuntéis en vuestra agenda. Con independencia de lo que ocurra de aquí al 1 de octubre, las asociaciones que defendemos los valores que inspiran la Constitución de 1978, libertad y justicia, igualdad y pluralismo político, vamos a llamar a los ciudadanos que los comparten a manifestar su rechazo al proceso de secesión que impulsan Puigdemont y Junqueras desde el gobierno de la Generalidad con apoyo de dos grupos parlamentarios, Junts pel Sí (JxS=CDC+ERC) y CUP.
  • Manifestacón en Vía Layetana, 6 de diciembre de 2016.

    Empezaré por la cita más lejana, el 6 de diciembre, también la más trascendente desde un punto de vista político; a continuación, me referiré a la más popular de las tres, la Fiesta Nacional del 12-O; y finalmente, dedicaré la mayor parte de mi intervención a hablar sobre la más cercana y excepcional: el 1-O. El orden que he elegido no es casual sino que pretende subrayar que, con independencia de lo que suceda de aquí al 1-O, nosotros vamos a mantener nuestra propia agenda.

 

  • El próximo 6 de diciembre conmemoraremos el refrendo de la Constitución de 1978 por todos los ciudadanos españoles. Las asociaciones constitucionalistas convocaremos de nuevo la manifestación que recorrerá la Vía Layetana desde la Plaza Urquinaona y finalizará en la Plaza de San Jaime, frente al palacio del gobierno de la Generalidad, tal y como hemos venido haciendo desde 2012.
    • En estos días inciertos en que vemos a tantos políticos ansiosos por reformar la Constitución, queremos reafirmar nuestro compromiso con el marco político que refrendaron el 87,9% de los votantes españoles y el 90,5% de los votantes catalanes y ha convertido en realidad el sueño de los españoles de vivir en libertad, concordia y prosperidad durante cuatro décadas. A quienes este logro les parezca pequeño, les recomendaría que echen una ojeada a la historia moderna y contemporánea de España.
    • Sabemos que la Constitución de 1978 es perfectible pero mucho me temo que las reformas que hoy se propugnan, incluso desde partidos pretendidamente de izquierdas, sólo servirán para blindar o reforzar las actuales asimetrías y desigualdades. Precisamente porque estas reformas apuntan hacia regímenes federales asimétricos (o incluso confederales) ponen, en nuestra opinión, en riesgo la igualdad de todos los españoles que proclama la Constitución. ¿Por qué antes de reformar la Constitución no se ocupan algunos partidos de cumplirla y velar para que se cumpla? Pase lo que pase el 1-O, les aseguro que nosotros celebraremos este año el trigésimo noveno aniversario de la Constitución de 1978.

      Plaza de San Jaime, 6 de diciembre.

      12 de octubre 2016 en Plaza de Cataluña.

  • La segunda cita que tenemos que apuntar en nuestra agenda es el 12 de octubre. Algunas asociaciones (Convivencia Cívica, Movimiento Cívico Espanya i Catalans, Regeneración Democrática, Sociedad Civil Catalana, Somatemps y 12-O) hemos mantenido ya reuniones para organizar la manifestación que, como en años anteriores, recorrerá Paseo de Gracia y finalizará en la Plaza de Cataluña, donde tendrá lugar, como el año pasado, dos actos: uno cívico y con marcado carácter político para celebrar la Fiesta Nacional de España; y otro más festivo con el que queremos destacar los lazos fraternales que unen a los españoles con los países hispanoamericanos del otro lado del Atlántico.
    • La celebración se producirá este año sólo once días después del anunciado referéndum de autodeterminación. Convendría, por ello, que hagamos una celebración unitaria (como siempre hemos intentado que lo fuera), sin contraprogramaciones, con presencia de los líderes de los partidos constitucionalistas que quieran sumarse, y con un objetivo claro: congregar una multitud que empequeñezca la Plaza de Cataluña.
    • Pero sabemos que no es fácil movilizar a los ciudadanos cuando, como es nuestro caso, no se dispone de recursos ni se cuenta con el apoyo de los medios de comunicación públicos y subvencionados, algo con lo que sí cuentan las asociaciones secesionistas (AMI y AMC, ANC y Omnium Cultural) para organizar las manifestaciones multitudinarias el 11-S.

      La pancarta con el lema España en el corazón / Espanya al cor.

    • A diferencia de ellos, nosotros hemos organizado el 6-D y el 12-O sin ayuda de partidos políticos y hasta enfrentándonos a los obstáculos que se nos han puesto para tratar de desanimarnos. Tenemos pocos aliados y además bastante tacaños. El año pasado, ningún medio de comunicación “amigo” acudió a la conferencia de prensa que ofrecimos para anunciar el 12-O en el Colegio de Periodistas. Carlos Herrera (COPE), un potencial aliado nuestro, me entrevistó durante 5 minutos dos días antes del 12-O después de emitir algunas cuñas (pagadas) en su cadena. Fuera de los limitados canales de Facebook en los que anunciamos los actos, nuestros blogs y muros personales y cuentas de Twitter, poco más podemos hacer para movilizar a los españoles residentes en Cataluña.
    • Cualquier acto, incluso nuestras austeras celebraciones del 12-O y 6-D, requiere contar con algo de dinero para montar el escenario, contratar la megafonía, abonar los seguros, imprimir la pancarta y algunos carteles, etc. Y nuestras asociaciones son pobres de solemnidad hasta el punto de que el dinero para costearlos ha salido en ocasiones de nuestros bolsillos.
    • Este año queremos esmerarnos para que el 12-O de 2017 sea mejor que el de años pasados. Son muchas las acciones que queremos realizar durante el mes de septiembre y vuestra ayuda resulta imprescindible para llevarlas a cab Os necesitamos para movilizar a las personas que en Badalona piensan como nosotros pero hoy no están aquí, necesitamos vuestra ayuda para estar presentes con carpas en la calle a partir del 1 de septiembre, para organizar actos como éste en otras localidades del cinturón de Barcelona, etc. Tenemos que ponernos manos a la obra y desentumecer a los cientos de miles de catalanes que quieren seguir siendo españoles y europeos y desean que el Barcelona, el Español y el Gerona sigan jugando en la primera división de la Liga Española.
    • Por eso quiero invitaros a todos los que estáis hoy aquí a que no os marchéis a casa sin darnos vuestro nombre, dirección de correo electrónico y teléfono, para ponernos en contacto y haceros copartícipes de la organización de nuestros actos. Tenéis que ser protagonistas. Para ganar esta batalla tenemos que empezar por crear organizaciones locales tan potentes como las que tienen las asociaciones secesionistas y estar presentes en todos los rincones de Cataluña. Sólo así podremos difundir nuestro mensaje a favor de una sociedad abierta, esperanzada y solidaria y contraponerlo al discurso tribal, victimista y egoísta que, con marcado carácter xenófobo y hasta racista, ha calado en amplios sectores de la sociedad catalana.
  • Puigdemont en el momento de anunciar la convocatoria y la pregunta del referéndum el 6 de junio. Munté, Forcadell y Junqueras aplaudiendo.

    Aunque nuestro interés primordial sea organizar y promocionar los actos del 12-O y 6-D, las asociaciones constitucionalistas no podemos ignorar la amenaza que supone la celebración del referéndum el 1 de octubre, nuestra cita excepcional de este año. Como sabéis, Puigdemont anunció el pasado 9 de junio la pregunta que quiere plantearnos a los españoles empadronados en esta Comunidad Autónoma:

 “¿Queréis que Cataluña sea un estado independiente en forma de república”?

  • Hemos sabido hace pocos días que si ganara el “sí”, aunque sólo votaran Puigdemont, Junqueras y Colau y el resultado fuera 2 “síes” y 1 voto en blanco, el Parlament de Cataluña proclamaría la república en un plazo no superior a dos días contados a partir del momento en que se oficialicen los resultados. Quizá pretendan hacerlo el 6 de octubre para emular la “gesta” que protagonizó Companys ese mismo día en 1934, cuando proclamó desde el balcón de la entonces Plaza de la República (ahora Plaza de San Jaime) el Estado Catalán de la inexistente República Federal española. Horas después fue detenido, juzgado y encarcelado por sublevarse contra el gobierno legítimo de la II República.

    Placa que retiró el alcalde Trias (CDC) de la actual Plaza de San Jaime. Así se llamó desde 1843 hasta 1931 en que pasó a llamarse Plaza de la República.

  • Como sabéis 8 diputados del Parlament de Cataluña, 4 de la coalición CUP (Gabriel, Garriga, Salellas y Serra) y 4 de la coalición JxS (Corominas, Turull, Orobitg y Rovira), presentaron el pasado 4 de julio la llamada “ley del referéndum de autodeterminación” en un patio del Parlament de Cataluña. Puigdemont, alias “Peluquín Airado”, y Junqueras, alias “Ojo Extraviado”, se encargaron de presentar el engendro jurídico en sociedad esa misma tarde en el Teatro Nacional de Cataluña.
  • Por cierto, que hoy mismo la Guardia Civil se ha personado en el Teatro Nacional de Cataluña, en calidad de policía judicial, para averiguar quién abonó los 17.600€ a que ascendió el alquiler del local donde Puigdemont y Junqueras presentaron la “ley del referéndum de autodeterminación” el pasado 4 d julio. Al parecer la pagó el grupo parlamentario de JxS con el dinero de todos los ciudadanos. Esperemos que se decanten las responsabilidades de los presuntos malversadores de caudales públicos.
  • De momento, se trata del borrador oficioso de un proyecto de ley cuyos

    Presentación de la “ley del referendumde autodeterminación” en el Teatro Nacional de Cataluña. Importe de la factura: 17.600 €. Y se extrañan de que se investigue quién la pagó.

    promotores no se han atrevido a registrarlo y tramitarlo en el Parlament, ni a debatirlo y votarlo en el hemiciclo. Cuenta con el apoyo entusiasta de los 10 diputados de la CUP y con el apoyo de Puigdemont y Junqueras y buena parte del rebaño de 60 diputados que pastorean los dirigentes de CDC y ERC. Se oponen al proyecto los 25 diputados de Ciudadanos, los 16 del PSC y los 11 del PP. Por su parte, los 11 diputados de Colau (CatSíqueesPot) lo apoyan con reservas: quieren a toda costa evitar aparecer en la foto junto a quienes se oponen al referéndum, para robarle votos al PSC, si bien su deseo oculto es que Puigdemont naufrague y convoque elecciones anticipadas. Esta es la situación política en el Parlament de Cataluña.

  • Diputados de Junts pel Sí y Cup presentando el borrador de la “ley suprema”.

    ¿Qué podemos decir sobre esta pretendida “ley suprema” elaborada en secreto por una decena de diputados? El objetivo principal de la ley es proporcionar cobertura legal a un ilegal referéndum de autodeterminación y a todas las personas e instituciones que participen en su organización. Para ello, el Art. 3.2 establece “un régimen jurídico excepcional” que “prevalece jerárquicamente sobre todas aquellas normas con las que pueda entrar en conflicto”, como la Constitución y el Estatut, la Ley Orgánica del Régimen Electoral General y el resto del ordenamiento jurídico español.

  • Está claro que el gobierno de Puigdemont y Junqueras pretende aprovechar la circunstancial mayoría que tiene en el Parlament de Cataluña para tramitar y aprobar la “ley” por sorpresa este verano, con el aval de 72 diputados autonómicos que obtuvieron el 47,7% de los votos válidos y 36,8% del censo en las elecciones del 27-S, un número insuficiente incluso para reformar el Estatut de Cataluña. Se trata de una “ley” manifiestamente inconstitucional que ignora la división de poderes, invade las competencias de otras instancias del Estado y se sitúa por encima de la Constitución y el propio Estatut de Cataluña.
  • Puigdemont presentando la “ley suprema” en el Teatro Nacional de Cataluña.

    Con este audaz golpe de mano Puigdemont y Junqueras pretenden liquidar el Estado democrático social de Derecho y suspender los derechos constitucionales de los españoles empadronados en Cataluña. Constituye un despropósito jurídico sin parangón en ningún Estado democrático que intenta finiquitar en 48 horas con la democracia en Cataluña y dejarnos a los catalanes en una situación de indefensión ante la acumulación en manos de los 72 diputados secesionistas del poder ejecutivo, legislativo y judicial. La situación recuerda aquella famosa consigna que hizo celebre la revolución bolchevique: “Todo el poder para los soviets”.

  • El Parlament tras aprobar la resolución de inicio del proceso constituyente.

    ¿Cómo debemos responder los demócratas al órdago del gobierno de la Generalitat y del Parlament de Cataluña? Voy a suponer (aunque no está claro que vayan o puedan hacerlo) que el gobierno de la Generalidad y la banda de los 72 presentan y aprueban en 24 horas la llamada “ley del referéndum de autodeterminación” durante el mes de agosto. A continuación voy a sugerir algunas pautas para afrontar los acontecimientos que pueden presentarse hasta el 1-O:

  • Primero: en cuanto la “ley del referéndum” sea aprobada en el Parlament este verano, la Abogacía del Estado interpondrá en nombre del Gobierno de España el correspondiente recurso ante el Tribunal Constitucional (TC). Tal y como ha ocurrido con otras resoluciones del Parlament –inicio del proceso constituyente, conclusiones finales de la comisión de estudio de proceso constituyente, etc.- el recurso será admitido a trámite por el TC y la “ley” quedará inmediatamente suspendida: no existirá ninguna “ley suprema” que ampare las conductas delictivas.
  • Sede del Tribunal Constitucional.

    A partir de ese momento, todos los miembros del gobierno de la Generalitat y los diputados del Parlament que la hayan aprobado, así como aquellos que pretendan implementarla, habrán incurrido o incurrirán en delitos por los que tendrán que responder ante los Tribunales, como ha ocurrido en los casos del presidente Mas, los consejeros Homs, Ortega y Rigau, los diputados Forcadell, Nuet, Corominas y Simó y la consejera Borràs.Esperamos que a todos los que decidan seguir adelante y organizar el referéndum se les imputen, además de los delitos de desobediencia grave, usurpación de funciones y prevaricación, el delito de malversación de caudales públicos. En situación similar se hallarán también los funcionarios del gobierno de la Generalitat que elaboren el censo y los miembros de la “sindicatura electoral de Cataluña” que usurpen las funciones de la Junta Electoral Central y de las Juntas Electorales Provinciales de Cataluña, los organismos facultados por Ley Orgánica del Régimen Electoral General para garantizar la libre participación y la limpieza de los procesos electorales. Tampoco escaparán de la Justicia los cargos electos de los Ayuntamientos que pongan a disposición del gobierno de la Generalitat centros públicos para realizar el referéndum.

    Artur Mas junto a las exconselleras Joana Ortega e Irene Rigau en el banquillo.

  • Segundo: aunque es al Estado a quien corresponde enfrentarse al gobierno de la Generalitat y detener en seco la “ley del referéndum“, las asociaciones cívicas tenemos que estar junto al Gobierno, el TC y Las Cortes en este trance, y respaldar todas las medidas y autos que adopten para impedir la celebración del referéndum.
  • Tercero: las asociaciones cívicas tenemos además que estar preparadas para acosar con denuncias al gobierno de la Generalitat. La “ley del referéndum” deja en manos de la administración electoral del gobierno de la Generalitat, bajo supervisión de la “sindicatura electoral de Catalunya”, la elaboración del censo electoral y la designación de los presidentes y vocales de las mesas electorales. Se sigue de lo anterior que estos dos organismos tendrán que enviarnos nuestra tarjeta censal, e indicarnos, la sección y la mesa donde podemos votar, e incluso comunicarnos, en su caso, que hemos sido nombrados presidentes o vocales de mesa.
  • Puesto que el gobierno de la Generalitat carece de competencias para elaborar el censo electoral, una tarea que la Junta Electoral Central encomienda al Instituto Nacional de Estadística, los ciudadanos podremos presentar una denuncia en cuanto se nos comunique que nuestros datos personales figuran en un “censo” ilegal elaborado por el gobierno de la Generalitat. Ningún organismo administrativo puede obtener o disponer de nuestros datos personales, mucho menos la “sindicatura electoral de Catalunya” constituida al amparo de una “ley” suspendida por el TC. Tenemos que empapelar con denuncias el edificio del gobierno de la Generalitat en la Plaza de San Jaime el 6-D.
  • Así entienden la democracaia las diputados de la CUP rompiendo fotos del Rey en el Parlament de Cataluña.

    Cuarto: convendría pone en marcha campañas para denunciar el carácter antidemocrático del referéndum. Hay bastantes ciudadanos a los que se les ha convencido con atractivos eslóganes, como “derecho a decidir”, que estamos ante un legítimo ejercicio democrático avalado por el Derecho Internacional, la Constitución y hasta el Estatut. Hay que convencerlos de que los argumentos de los partidos y asociaciones secesionistas son falsos y que no deben participar en un referéndum que se salta las tres reglas básicas de la democracia: división de poderes, división de competencias e imperio de la Ley. La “ley del referéndum de autodeterminación” viola los tres. Todo un record.

  • Quinto: No estoy seguro que el referéndum llegue a realizarse el 1-O, como dan por hecho incluso personas tan poco sospechosas de connivencia con el secesionismo como (Arcadi) Espada. Sáenz de Santamaría y el propio Rajoy han reiterado que el referéndum no se hará y confío en que así sea. Sería un éxito importante del Gobierno de España, tanto a nivel nacional como internacional, impedirlo. Para ello, el Gobierno ,además de recurrir al TC la “ley del referéndum”, debería permanecer invigilando y seguir muy de cerca todos los movimientos de consejeros y diputados para impedir que compren las urnas, que editen las papeletas, que hagan campañas institucionales en favor de la participación, que cedan espacios públicos, etc. Junqueras, vicepresidente del gobierno de la Generalitat, y Romeva, consejero de asuntos exteriores y relaciones institucionales, han manifestado su dispoción a responsabilizarse de la adquisición de las urnas; y Colau, la alcaldesa de Barcelona, ha indicado que el Ayuntamiento de Barcelona colaborará para que el 1-O sea un éxito. Pues bien, convendría que advertirles a los tres que si hacen lo que anuncian incurrirán en varios delitos.

    Mas burlánose del gobierno español y del Tribunal Constitucional el 9 de noviembre de 2014 ante la embelesada mirada de su esposa.

  • Sexto: ¿qué debemos hacer los ciudadanos el día 1? No hace falta deciros que no hay que ir a votar. En el hipotético caso de que llegaran a abrirse algunos centros de votación en nuestra ciudad, aconsejo acercarnos al centro que se nos haya asignado en la tarjeta censal para constatar si nuestro nombre figura en el censo. En ese caso, podemos dirigirnos a la comisaría más próxima y denunciar al presidente de la mesa.
  • Concentración de alcaldes de la AMI ante el Parlament de Cataluña para respaldar a los encausados.

    Séptimo: si el referéndum no se celebra, como esperamos y seria deseable, no puede descartarse que Puigdemont se encierre junto con los dirigentes de la CUP y los líderes de las asociaciones secesionistas en el Parlament de Cataluña para escenificar su protesta por la falta de democracia. Podrían incluso convocar a las huestes juveniles de los partidos  (JERC, Arran, etc.) a rodear el edificio en la Ciudadela para defender a sus corajudos líderes. No creo que aguanten mucho tiempo y la estrategia más inteligente, si llegamos a esta situación, tal vez sea dejarles que se conviertan en okupas del Parlament (sin sueldo) durante unos días para que se despedacen entre ellos.

Los diputados de C’s y PP abandonan el pleno del pleno del Parlament antes de votarse las conclusiones de la Comisión para el inicio de el 27 de julio de 2016.

Amigos, el día 1 pasará a mejor vida pero lo que no pasará es el odio y la ponzoña que han sembrado en contra del esperanzador proyecto de una España democrática en la que, por fin, cabemos todos los ciudadanos y todos, con independencia de nuestras creencias religiosas e ideología política, somos libres e iguales ante la ley. Para superar  esta gravísima situación, necesitamos contar con un gobierno al frente de la Generalidad que devuelva a la educación y los medios de comunicación la independencia que nunca debieron perder y utilice el dinero de todos para proporcionar mejores servicios. Antes de que proclamen su república monstruosa, tenemos que desalojarlos de la antigua plaza de la Republica.

Muchas gracias por su atención.

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EiC denuncia una nueva irresponsabilidad de Puigdemont

¿Dónde estaban Otegui, Carod-Rovira,Forcadell, Barrufet, Fernández y Tardà?

El 19 de junio de 1987 la banda terrorista ETA perpetró uno de sus atentados más sangrientos en el aparcamiento del supermercado Hipercor, situado en la Avda. Meridiana de Barcelona. Fallecieron 21 ciudadanos españoles, otros 45 sufrieron heridas de diversa consideración y se truncó para siempre la vida de decenas de familias. Dos de los terroristas que formaban el comando Barcelona, Domingo Trotino y Josefa Ernaga salieron de prisión tras cumplir 26 y 27 años de condena, respectivamente; Rafael Caride, arrepentido, abandonará la prisión en breve tras cumplir 30 años; y Santiago Arróspide, jefe del comando, continúa preso. Las víctimas que sobrevivieron y todos los familiares siguen sufriendo (y sufrirán de por vida) las consecuencias irreparables de los crímenes de estos cuatro sicarios.

Otegui con Barufet y Fernández (CUP), Tardà (ERC) y Lluis Llach.

Puigdemont durante su intervención en el acto de homenaje a las víctimas de Hipercor.

Con motivo del XXX aniversario del atentado, el gobierno de España, el gobierno de la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona han querido honrar a las víctimas organizando y sumándose a diversos actos conmemorativos que se han celebrado en Barcelona estos días. En uno de ellos, Puigdemont, el Nada Honorable (N. H.) presidente de los secesionistas catalanes, llamó al ‘pueblo catalán’ a resistir a quienes se oponen a la secesión de Cataluña como la misma determinación que la sociedad resistió los embates criminales de ETA. El movimiento cívico EiC condena esta irresponsable y ofensiva comparación que ha suscitado, lógicamente, el rechazo unánime de los partidos de la oposición, del gobierno de España y de casi todos los ciudadanos decentes y con sentido común.

Otegui con Forcadell (ERC), presidenta del Parlament de Cataluña.

Maragall (PSC) y Carod-Rovira (ERC) haciendo turismo en Israel durante el primer tripartito-

A los catalanes que venimos denunciando desde hace años las políticas sectarias y anticonstitucionales del gobierno de la Generalitat, la ‘salida de tono’ de Puigdemont no nos ha pillado por sorpresa. El N.H. vicepresidente de la Generalitat Carod-Rovira (ERC) ya tuvo la desfachatez de reunirse con terroristas de ETA en Francia para pedirles que mataran fuera de Cataluña. Hace un par de meses vimos a un terrorista de Terra Lliure, Carles Sastre i Benlliure, condenado por el asesinato del industrial José María Moltó Marqués, junto a Puigdemont, Junqueras y Colau –y al lado del ex-juez Vidal – en la foto de familia que reunió a los integrantes del llamado pacto por el derecho a decidir’ en el Parlament de Cataluña. Y la CUP-CC, apoyo indispensable del gobierno de Puigdemont-Junqueras, mantiene excelentes relaciones con Otegui, condenado por pertenecer a ETA. Los mismos perros con distintos collares.

Puigdemont y Gabriel celebrando alguno de sus pactos golpistas.

Fernández (CUP) con Otegui: “que grandes somos”.

 

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Concordia Cívica te llama

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Queridos ciudadanos:

Concordia Cívica inició su andadura el pasado 19 de enero con unos objetivos muy claros: defender la libertad, la concordia y la prosperidad que los españoles hemos alcanzado gracias a una Constitución que reconoce los derechos fundamentales de todos los españoles, los derechos colectivos y establece una razonable división de competencias y poderes entre las instituciones del Estado. Los partidos (CDC-PDE-Cat, ERC y CUP) y las asociaciones (ANC, Omium Cultural y AMI) secesionistas en Cataluña, con la connivencia de los líderes de Podemos y sus divergencias (pablistas, echeniquitas, errejonistas, colauitas, mareasitas, anticapitalistas, etc.), pretenden acabar con el período más largo de convivencia civilizada de nuestra historia.

Puigdemont y Gabriel celebrando alguno de sus pactos golpistas.

Puigdemont y Gabriel celebrando alguno de sus pactos golpistas.

Foto de familia del 'pacto nacional por el derecho a decidir'. Enmarcado en un círculo aparece el rostro Carles Sastre, terrorista convicto que asesinó al empresario Bultó.

Foto de familia del ‘pacto nacional por el derecho a decidir’. Enmarcado en un círculo aparece el rostro Carles Sastre, terrorista convicto por el asesinato del empresario Bultó, junto al ex-juez Vidal.

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Teresa Freixes y Clemente Polo en el acto de presentación de Concordia Cívica el 19 de enero en Hospitalet.

No podemos permitirlo y tenemos que reaccionar ante la amenaza inminente de que estos partidos y asociaciones den un golpe de Estado que impondría una república sectaria y opresiva en Cataluña, un ‘país tan nuevo’ como las viejas dictaduras donde sólo los ciudadanos que comparten el proyecto secesionista tendrían garantizados sus derechos en tanto no discreparan de las minorías que los controlan. Ha llegado la hora de respaldar nuestro Estado social y democrático de Derecho y rechazar los intentos de devolvernos a una historia de enfrentamientos civiles que habíamos dejado atrás en 1978. La democracia está amenazada.

Junqueras y Rovira anunciando su nuevo país para todos (los que piensan como ellos)

Junqueras y Rovira anunciando su nuevo país para todos (los que piensan como ellos)

Por todo ello, os pido que leáis este texto de Concordia Cívica y lo firméis si estáis de acuerdo con su contenido:

Vienen tiempos difíciles. El secesionismo va tensar la cuerda. En sus medios y redes están anunciando que van a precipitarse los acontecimientos. Podemos vernos, en pocas semanas, ante una declaración unilateral de independencia, la convocatoria del referéndum sí o sí, o la convocatoria de elecciones autonómicas que ellos van a pretender “constituyentes”. Hoy más que nunca hemos de estar pendientes de los acontecimientos, actuar con responsabilidad y firmeza y no dejar que nos avasallen. Porque somos mayoría y tenemos la razón, la democracia y la ley con nosotros.
Por todo eso Concordia Cívica pide tu apoyo, para defender la democracia y el Estado de Derecho.concordia-civica

 

 

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La república monstruosa de ‘PuigCupqueras’

Artículo publicado en el diario Expansión el 1 de febrero de 2017

Algunos menores entre las comparsas que abarrotaron la sala del Parlamento europeo.

Algunos menores entre las comparsas que abarrotaron la sala del Parlamento europeo.

La visita de Puigdemont y Junqueras al Parlamento de la UE  el 24 de enero fue un acto más de autobombo y propaganda a los que nos tiene acostumbrados el gobierno de la Generalitat, con un coste en esta ocasión para los contribuyentes españoles de 127.000 €. (Apúntenlo a la cuenta del FLA, gracias.) Entre las fotos inolvidables que dejó la velada, sobresale la instantánea donde aparece un ciudadano con atuendo oriental y tez algo oscura que bien podría ser el mismísimo Rey Baltasar –en realidad, se trataba del portavoz del Movimiento Nacional de Liberación de Azawad, una región que declaró la independencia de Mali en 2012 y ningún Estado ha reconocido todavía–.  Que hayan buscado tan esperpéntica compañía para reclamar el apoyo de las instituciones europeas a su plan de realizar un referéndum ilegal en 2017 constituye una clara indicación de que, a pesar de su edad, Puigdemont y Junqueras siguen creyendo en los Reyes Magos.

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Ciudadanos de Calafell en Bruselas con el rey Baltasar mostrando cartelitos a favor de la  independencia con la bandera estrellada.

Una república…

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Puigdemont departiendo en Bruselas con el representante del movimiento nacional de liberación de Azawad. Tiene asegurada ya el reconocimieno de su república por el citado MNLA.

Dejando a un lado la perplejidad natural que suscita ver al presidente de la CA de Cataluña plantarse con sus comparsas en Bruselas para reafirmar su inquebrantable voluntad de incumplir las normas que lo legitiman en su cargo, quería aprovechar las reacciones que ha producido el viaje de Puigdemont y Junqueras para dilucidar si detrás de la resolución I/XI que “declara solemnemente el inicio del proceso de constitución de un estado catalán independiente en forma de república”, presentada por los grupos parlamentarios Junts pel Sí y CUP  y aprobada con sus 72 votos en el Parlament el 9 de noviembre de 2015, hay un acuerdo serio entre las tres fuerzas políticas para ejecutarlo, o estamos, una vez más, ante una estratagema electoralista de CDC y ERC.

urull CDC), Baños (CUP) y Romeva presentando las enmiendas a la resolución del inicio de la independencia, 6 de noviembre 2015

Turull (CDC), Baños (CUP) y Romeva presentando las enmiendas a la resolución I/XI de inicio del proceso de independencia el 6 de noviembre 2015.

Las reacciones de sus socios al discurso de Puigdemont en Bruselas demuestran que no hay ningún proyecto político de calado detrás de la famosa resolución parlamentaria. Aunque el todavía ‘president’ reiteró ante la claque congregada para tan solemne ocasión que su gobierno realizará el referéndum de independencia en 2017, dejó también bastante claro que su plan de secesión contempla “poder actuar como un país independiente integrado en la Unión Europea y la comunidad internacional desde el primer día” y advirtió que el plan sólo podrá culminarse con éxito si cuenta con el apoyo de las instituciones europeas a las que reclamó con insistencia no mirar hacia otra parte.

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Por cierto, ¿dónde está la bandera estrellada? La europea creo que no la llevaron ellos sino que preside la sala del Parlamento europeo.

Las declaraciones de Puigdemont no sólo provocaron el desprecio lógico de los ‘cuperos’, un amasijo de células locales que aspiran a que la nueva república no forme parte de la UE ni del euro, sino incluso entre los dirigentes de ERC que por razones tácticas y estratégicas consideran inaceptable supeditar la independencia de los catalanes al visto bueno de Bruselas. Para ellos, Cataluña debe seguir adelante con el proceso,  proclamar sin más dilaciones la república y buscar luego el reconocimiento de las instituciones europeas que –piensan– acabarán aceptando los hechos consumados.

Puigdemont durante su presidencia de la Asociación de Municipios Indepedencia.

Puigdemont durante su presidencia de la Asociación de Municipios por la Indepedencia.

Estamos ante diferencias esenciales en la concepción del proceso secesionista entre las tres formaciones cuyas consecuencias sociales, políticas, y económicas serían también muy distintas para los catalanes: Puigdemont y CDC consideran inviable constituir una república independiente a menos que esté en la UE desde el primer día; Junqueras y ERC están dispuestos a correr el riesgo de que Cataluña quede fuera de la UE durante años, sin importarles la fractura social y la ruina económica que resultaría; y la formación anticapitalista y antisistema CUP quiere una república popular fuera de la UE y la eurozona. Los catalanes que avalaron con sus votos a la coalición JxS en las últimas elecciones autonómicas y todos aquellos que respaldan todavía el proceso ignoran estas diferencias cruciales y sus implicaciones. Es hora de que sepan que no hay un único proyecto de república catalana sino tres proyectos incompatibles entre sí.

para los ‘Països Catalans’…

Territorio de los inexistentes Països Catalans donde la CUP y ERC desarrollan su actividad política.

Territorio de los inexistentes Països Catalans donde la CUP y ERC desarrollan su actividad política y para los que reclaman el derecho de autodeterminación.

Las diferencias entre las repúblicas de CDC, ERC y CUP no se circunscriben exclusivamente a su inserción en la UE sino que afectan incluso a su definición territorial. Puesto que la CA de Cataluña incluye, según el Estatuto, las provincias de Barcelona, Gerona, Lérida y Tarragona, podría pensarse que las fronteras de la república se corresponderían con los límites de las cuatro provincias. Pues no es así. El proyecto político de ERC considera que “los ‘Països Catalans’ son una de las muchas naciones sin estado en una Europa donde las fronteras no responden a la realidad nacional que la integra.” y advierte que “la obtención de la independencia de los ‘Països Catalans’ en la Europa Unida constituye un objetivo irrenunciable.” En la cuestión territorial, Junqueras y ERC se encuentra también más cerca de la CUP que de CDC, y ambos contemplan una república que iría desde Fraga (Aragón) a Mahón (Menorca) y desde Salses (Francia) a Guardamar (Alicante), e incluiría varias provincias españolas y algunos departamentos franceses para los que ERC y la CUP “reclaman el derecho de autodeterminación”.

Diputados de la CUP rompiendo fotos del Rey en el Parlament de Cataluña.

Diputados de la CUP rompiendo fotos del Rey en el Parlament de Cataluña.

En esta coalición franquesteiniana, los desacuerdos afectan incluso al procedimiento a seguir para redactar la constitución de la república. Tras anunciar el gobierno de la Generalitat que se había alcanzado un acuerdo para redactarla, a la CUP le faltó tiempo para emitir un comunicado el 27 de enero en el que niega que “la CUP-CC haya llegado a acuerdo alguno con el gobierno para que un grupo de expertos redacte la constitución” y exige  que “se apueste por un proceso constituyente popular, en el que las directrices de la futura constitución surjan del debate y la participación de la gente.” Así que no sabemos si la constitución está ya en Palau, custodiada por el ex–juez y ex–senador Vidal, o está siendo esculpida a la luz de las antorchas en las canteras de la CUP.

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Aquelarre de la CUP en Barcelona el 11 de septiembre de 2016 para quemar imágeners del Rey y ejemplares de la Constitución.

 Golpe de estado

Foto de familia del 'pacto nacional por el derecho a decidir'. Enmarcado en un círculo aparece el rostro Carles Sastre, terrorista convicto que asesinó al empresario Bultó.

Foto de familia del ‘pacto nacional por el derecho a decidir’. Enmarcado en un círculo aparece el rostro Carles Sastre, terrorista convicto por el asesinato del empresario Bultó. A su lado, el ex-juez y ex-senador Vidal.

Constatada la incapacidad de los partidos secesionistas para acordar las características y las fronteras de la futura república catalana,  al gobierno catalán y a los partidos que lo apoyan sólo les une la voluntad de continuar su huida hacia delante y culminar el proceso dando un golpe de estado en los próximos meses. En cuanto se hayan tramitado en el Parlamento regional las dos leyes que regulan el funcionamiento de las agencias catalanas de hacienda y protección social, el gobierno de la Generalitat aprobará inmediatamente la ‘ley de transitoriedad jurídica’ cuyo primer artículo contendrá la declaración unilateral de independencia con que se pretende otorgar visos de legitimidad a la convocatoria del referéndum.

Pí i Sunyer, ex-vicepresidente del Tribunal Constitucional y presidente del consejo asesor nacional de transición a la independencia, al qeu se atribuye la redacción de la 'ley de transitoriedad jurídica'.

Viver Pí i Sunyer, ex-vicepresidente del Tribunal Constitucional y actual comisionado del ‘consejo asesor para la transición nacional’ al que se atribuye la redacción de la ‘ley de transitoriedad jurídica’.

Puigdemont y Gabriel celebrando alguno de sus pactos golpistas.

Puigdemont y Gabriel, dirigente de la CUP, celebrando alguno de sus pactos golpistas.

 

La estrategia de confrontación del gobierno de la Generalitat y la exigua mayoría que lo apoya en el Parlament está condenada al fracaso: la república no llegará a nacer o durará sobre el papel unas horas y pasará a la historia con más pena que gloria. No se puede constituir un estado vulnerando la Constitución que democráticamente aprobamos todos los españoles ni esperar que el golpe de estado lo respalden las instituciones europeas y la comunidad internacional. España es desde 1978 una democracia perfectamente homologada y nuestra Constitución es la mejor garantía de la libertad y la igualdad de todos los españoles, catalanes incluidos. Porque respetamos la legalidad democrática, porque amamos la libertad y la justicia, la igualdad y la pluralidad, la mayoría de los catalanes queremos seguir siendo españoles y europeos y no vamos a dejarnos engullir por la monstruosa república de Puigcupqueras.

Junqueras con Gabriel, dirigente de la CUP.

Junqueras con Gabriel, dirigente de la CUP.

puigdemont-con-gabriel-y-boya-dirigentes-de-la-cup-en-el-palau-de-la-generalitat

Puigdemont con Gabriel y Boyá, dirigentes de la CUP, en la sede del gobierno de la Generalidad.

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Cataluña 2017: igualdad o secesión

Artículo publicado en el diario Expansión el 6 de enero de 2017

Congreso

Congreso de los Diputados, sede de la soberanía nacional.

2017 va a ser un año decisivo para el futuro del Estado social y democrático de Derecho que lograron hilvanar los principales líderes políticos tras la muerte de Franco y la inmensa mayoría de los ciudadanos españoles ratificó con entusiasmo el 6 de diciembre de 1978. De todas las amenazas a la arquitectura de nuestra joven democracia, la más inmediata y grave es, sin duda, el proceso secesionista que impulsan ERC, los restos del naufragio de CDC y la Coordinadora d’Unitat Popular (CUP) desde el gobierno y el Parlament de Cataluña. No está de más repasar cómo hemos llegado hasta aquí.

Viaje a la ilegalidad

Mas firmando la convocatoria de la consulta del 9-N.

Mas firmando la convocatoria de la consulta del 9-N con su gobierno antes de romper CiU.

A la consulta que organizó y financió el gobierno de Mas en dependencias públicas, con la colaboración de organizaciones secesionistas, el 9 de noviembre de 2014, siguió el acuerdo que Mas y Junqueras alcanzaron en enero de 2015 para adelantar las elecciones autonómicas al 27 de septiembre de 2015 con intención expresa de convertirlas en un plebiscito sobre la independencia que pondría en marcha el proceso de constitución de la república independiente de Cataluña catalana a completar en18 meses. Para asegurarse el control del Parlament y el gobierno que presidiría de nuevo Mas, ERC y CDC decidieron en julio de 2015 crear Junts pel Sí (JxS) para concurrir coaligados a las elecciones del 27-S.

Mas y Jonqueras firmando el acuerdo de convocar elecciones plebiscitarias.

Mas y Junqueras firmando el acuerdo para convocar elecciones plebiscitarias.

REFILE - ADDING INFORMATION TO CAPTION(L-R) Candidates Carme Forcadell, Catalonia's President Artur Mas, Raul Romeva and Oriol Junqueras put their hands together during a rally presenting the candidates of coalition of Catalan Pro-independence parties and civil societies "Junts pel si" in Barcelona, Spain, August 28, 2015. REUTERS/Albert Gea

Mas ‘celebrando’ los resultados del 27-S con Romeva, Forcadell y Junqueras. La verdad es que tenían poco que celebrar al haber obtenido peores resultados que en 2010 y 2012.

JxS, con el 39,5% de los votos y 62 diputados, fue la fuerza más votada pero no logró la mayoría absoluta y quedó a merced de la CUP (8,2% de los votos y 10 diputados). Forcadell (ERC y ex-presidenta de la ANC) fue elegida presidenta del Parlament el 26 de octubre con el voto a favor de 77 diputados y el 9 de noviembre JxS y CUP aprobaron la resolución conjunta I/XI que “proclamaba solemnemente el inicio del proceso de creación de un estado catalán independiente en forma de república” y fijaba al gobierno, todavía por constituir, plazos para aprobar las leyes de hacienda y protección social propias y la ‘ley de transitoriedad jurídica’, los tres pilares que garantizarían a la república catalana el control de los ingresos públicos y las prestaciones sociales y la preeminencia de las normas aprobadas en el Parlament sobre las leyes del Estado. El Tribunal Constitucional (TC) declaró nula la resolución I/XI por su palmaria inconstitucionalidad el 2 de diciembre de 2015.

Mas con Junqueras y Romeva al final del debate de investidura el 9 de noviembre de 2015.

Mas con Junqueras y Romeva al final del fallido debate de investidura el 9 de noviembre de 2015.

Tras la fallida investidura de Mas, el 10 de enero de 2016 se constituyó el gobierno presidido por Puigdemont quien en su discurso de investidura ratificó su determinación de “caminar a la luz de declaración del 9N para iniciar el proceso de constitución de un estados independiente.” El 28 de enero, el Parlament constituyó la ‘comisión de estudio del proceso constituyente’ (CEPC) para desarrollar la resolución I/XI anulada por el TC. En sus conclusiones finales, la Comisión propone encomendar al ‘foro social constituyente’ y a la ‘asamblea constituyente’, dos organismos cuyas decisiones serían inapelables y vinculantes, la redacción de la constitución que luego refrendarían los catalanes. Pese a las advertencias del TC, Forcadell decidió llevar las conclusiones al pleno del Parlament que las aprobó el 27 de julio con los votos de JxS (62) y CUP (10), después de que los diputados de Ciutadans y el Partido Popular abandonaran el hemiciclo. El TC comunicó asimismo a Puigdemont y Forcadell la nulidad de esta resolución.

urull CDC), Baños (CUP) y Romeva presentando las enmiendas a la resolución del inicio de la independencia, 6 de noviembre 2015

Turull CDC), Baños (CUP) y Romeva (independiente) registrando las enmiendas a la resolución del inicio del proceso hacia el estado independiente en forma de república en el Parlamente el 6  de noviembre 2015.

Forcadell afirma que "volvería a hacer lo mismo porque el Estado tiene miedo a la democracia". Ahora resulta que la democracia es saltarse las leyes que a uno le interesa no cumplir. ¿Qué le parecería si los catalanes nos saltamos las normas aprobadas en el Parlament de Cataluña?

Forcadell afirma que “volvería a hacer lo mismo porque el Estado tiene miedo a la democracia”. Ahora resulta que la democracia consiste en saltarse las leyes que a uno le interesa incumplir. ¿Qué le parecería a esta demócrata de pacotilla que los catalanes nos saltáramos las normas aprobadas en el Parlament de Cataluña?

Sede del Tribunal Constitucional.

Sede del Tribunal Constitucional.

La decisión del gobierno de Cataluña de realizar la consulta del 9-N y la aprobación en el Parlament tanto de la resolución I/XI como de las conclusiones de la CEPC, ignorando las advertencias y contraviniendo las sentencias del TC, son las razones por las que Mas, Homs, Ortega, Rigau y Forcadell han sido investigados y van a ser juzgados. A ninguno de ellos se le juzga por ser independentista sino por ignorar la división de poderes y competencias de un Estado escrupulosamente democrático e intentar situarse por encima de la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico.

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El Parlament aprueba la resolución de inicio del proceso de un estado catalán independiente en forma de república.

Más leña al fuego

Llanos de Luna en el acto de toma de posesión de Millo.

La vicepresidenta Sáenz de Santamaría en el acto de toma de posesión de Millo, nuevo delegado del Gobierno en Cataluña.

Las dos últimas bofetadas del gobierno de la Generalitat y el discurso de Puigdemont de fin de año ponen de manifiesto que a la estrategia de apaciguamiento y diálogo que patrocina la vicepresidenta Sáenz de Santamaría le queda poco recorrido. A la mano tendida del Gobierno de España, Puigdemont respondió convocando el ‘pacto nacional por el derecho a decidir’ que se reunió el 23 de diciembre con el único fin de transmutarlo en ‘pacto nacional por el referéndum’ para atraer a las coaliciones Barcelona en Comú, Catalunya Sí que es Pot y En Comú Podem-Guanyem el Canvi que cuentan con 11 concejales en la ciudad de Barcelona, 11 diputados en el Parlament, 12 diputados en el Congreso y 3 senadores.

 

Foto de los representantes de los partidos y las organizaciones secesionistas que acudieron a la reunión el 23 de diciembre de 2016. En la segunda fila en el ángulo superior derecho aparece Carles Sastre, asesino convicto del empresario José María Bultó.

Foto de los representantes de los partidos políticos y las organizaciones secesionistas que acudieron a la reunión el 23 de diciembre de 2016. En la segunda fila en el ángulo superior derecho aparece Carles Sastre, asesino convicto del empresario José María Bultó. Al parecer, a Puigdemont, Mas, Junqueras, Colau, etc. no les supone un problema posar con Sastre.

Turull, Homs y (Oriol) Pujol arropando a Osácar en dependencias del Parlament. Osácar fue consejero personal de Mas entre 2000 y 2005 y Tesorero de CDC desde 2005 a 2011.

Turull, Homs y (Oriol) Pujol arropando a Osácar en dependencias del Parlament. Osácar, consejero personal de Mas entre 2000 y 2005 y Tesorero de CDC desde 2005 a 2011, está imputado por cobrar comisiones con las que se financió CDC y sus fundaciones.

La segunda bofetada la propinó Turull, portavoz de JxS, la al anunciar el 26 de diciembre que JXS y la CUP tienen lista la Ley de Transitoriedad Jurídica cuyo contenido “se guardará bajo llave” para evitar sea impugnada –“ya se sabe como las gasta el Gobierno español”– y el TC la declare nula. Lo sorprendente es que el propio Turull hiciera dos afirmaciones contradictorias: primera, que sus promotores “están estudiando la mejor manera de entrar la ley en el registro”, aunque “la norma no iniciará su trámite ‘hasta que convenga’” para evitar que deje huella parlamentaria; y, segunda, que su contenido “se explicará dentro de unos días.” La pregunta que uno se hace es cómo van a explicarla y registrarla sin dejar huella. Y, en todo caso, ¿qué más les da a quienes han decidido constituir su república que el Gobierno y el TC la anulen? Mi impresión es que estas declaraciones de Turull, diputado que prometió respetar la Constitución al recoger el acta por la que cobra 7.763€ mensuales que pagamos los españoles, merecerían ser investigadas por la Fiscalía.

Turull 'pasándole' la ley de transitoriedad jurídica a Puigdemont.

Turull ‘pasándole’ la ley de transitoriedad jurídica a Puigdemont.

Puigdemont en su mensaje de fin de año ofreciendo al Gobierno pactar el referéndum.

Puigdemont en su mensaje de fin de año ofreciendo al Gobierno pactar el referéndum.

La faena la remató Puidgdemont en su discurso de fin de año en el que ofreció “su mano tendida” al Gobierno español para negociar la fecha, la pregunta y las reglas del referéndum. No hay forma de que los secesionistas se enteren que no es posible hacer una consulta para separarse de España sin reformar la Constitución española, como no lo es convocarla en Barcelona para separarse de Cataluña. Ni tampoco que comprendan que la mayoría de españoles respaldamos el Estado de ciudadanos libres e iguales que proclama nuestra Constitución, donde todos contribuyen “al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica”, con independencia del lugar donde residan.

Callejón sin salida

puigdemont-caganerLos secesionistas de JxS han ido ya muy lejos en su apuesta por la ruptura con España –llevan ocho años, los cuatro últimos a tiempo completo, dedicados a impulsar la secesión– como para plantearse ahora retroceder más allá de proponer pactar el referéndum con el Gobierno de España, algo que saben ningún Estado serio puede aceptar. Puigdemont se ha convertido en la marioneta cuyos hilos manejan la CUP, un amasijo de agitadores-vividores que pretenden acabar con el capitalismo y sacar a Cataluña de España y la UE, y ERC, un partido cuyo líder espera su momento de gloria efímera agazapado en las sombras que proyectan las figuras de Maciá y Companys.

Junqueras y Rovira anunciando su nuevo país para todos (los que piensan como ellos)

Junqueras y Rovira anunciando su nuevo país para todos (los que piensan como ellos).

Los diputados de la CUP en el Parlament de Cataluña.

Los diputados de la CUP en el Parlament de Cataluña.

Sabedores de que ni persiguen los mismos fines ni cuentan con una mayoría social amplia para ganarse la atención en foros internacionales, los secesionistas buscan aupar a su caravana a la nueva y vieja izquierda que representan Colau, Domenech, Rabell y Coscubiela. En los próximos meses, estos políticos con vocación igualitaria tendrán que decidir si se mantienen fieles a sus principios o apoyan a la seudoizquierda secesionista (ERC+CUP) que promete a los residentes en Cataluña, una Comunidad con una elevada renta per cápita y donde lógicamente se recaudan más impuestos, que la independencia les permitirá disponer de mejores servicios públicos y pensiones más altas que el resto de españoles. Igualdad o secesión: éste es su dilema.

Colau y Domenech con los líderes de Podemos Iglesias y Errejón.

Colau y Domenech con los líderes de Podemos Iglesias y Errejón.

 

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