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Torra: incoherente usurpador

Artículo publicado en el diario Expansión el 23 de mayo de 2018.

Torra en el acto de toma de posesión reducido a su mínima expresión y con ausencia de representantes de las instituciones centrales del Estado. Torre prometió fidelidad únicamente al ‘pueblo’ y al Parlament de Cataluña.

Las primeras declaraciones, decisiones y actos protagonizados por Torra tras su elección como presidente del gobierno de la Generalidad han confirmado su inequívoca voluntad de elevar la tensión social en Cataluña y reavivar la confrontación de la Generalidad con las instituciones centrales del Estado que caracterizó la presidencia de Puigdemont. Tal y como avanzó en sus discursos de investidura, los objetivos de su gobierno ‘provisional’ son restablecer las leyes de desconexión anuladas por el Tribunal Constitucional, movilizar a las bases de los partidos y asociaciones secesionistas y animarlas a tomar la calle (empoderar a la ciudadanía, fue el ampuloso término empleado), y retomar el proceso constituyente allí donde lo dejó su mentor el 27 de octubre, cuando después de proclamar la república y aplicarse el artículo 155 se dio a la fuga. No me cabe duda que éste (o Estremera) será también el destino de Torra, si insiste en mantener su desafío al Estado.

Puigdemont, Torra, Artadi en Berlín el 10 mayo de 2018 en la reunión en que se decidió investir a Torra.

Coherencia incoherente  

Varios gestos coherentes con ese plan de restitución han marcado los primeros días del mandato que el propio Torra ha calificado de ‘excepcional’. El primero, fue viajar a Berlín para reunirse con el cesado Puigdemont y dejar muy claro a Rajoy y a las autoridades de la UE quién es el ‘legítimo’ presidente de la Generalidad y quién su fiel secretario. El segundo, aprovechar el acto de toma de posesión de su cargo, reducido intencionadamente a su mínima expresión formal, para avisar que su única obligación de fidelidad es con el  ‘pueblo’ de Cataluña y el Parlament que lo representa, evitando hacer cualquier referencia de acatamiento a la Constitución y al Estatut. Por último, Torra se inclinó por desafiar a Rajoy incluyendo en su gobierno a dos exconsejeros de Puigdemont encarcelados (Rull y Turull) y a otros dos exconsejeros prófugos (Comín y Puig), a fin de disipar cualquier duda sobre su intención de restituir el gobierno ‘legítimo’ cesado el 27-O. Y para demostrar su compromiso inequívoco con su designación, Torra se desplazó a la cárcel de Estremera para entrevistarse con Rull y Turull.

Torra ejerciendo de president tras tomar posesión del cargo, nombra consejeros a dos exconsejeros prófugos y a dos exconsejeros encarcelados.

Estamos ante una política de aspavientos para la galería cuya pretendida coherencia esconde una incoherencia de partida que desactiva su pretendida radicalidad: el haber aceptado participar en unas elecciones que ellos mismos consideran ilegítimas. Si hubieran sido realmente coherentes con su propio relato, los líderes secesionistas se habrían negado a participar en las elecciones autonómicas convocadas por el Gobierno de España y habrían exigido la restitución del gobierno de Puigdemont. Incluso la fiera CUP cuyos líderes alardean de rechazar cualquier tentación autonomista y apostar por la desobediencia, se concurrió a las elecciones autonómicas del 21-D para preservar su principal fuente de ingresos: los sueldos de sus diputados en el Parlament. Tan cínicos como el mismo Torra, quien al aceptar concurrir a unas elecciones ilegítimas y prestarse luego a ser investido se convirtió en usurpador del ‘legítimo’ president en el ‘exilio’.

Efectos contraproducentes

Torra y Borrás fueron los negociadores designados por Puigdemont para asegurarse la abstención de la CUP.

Si Torra leyera estas líneas, quizá sonriera con ese aire de superioridad impostada del que hace gala al escuchar a sus adversarios en el Parlament, mientras decide donde encuadrarlos en su singular bestiario. Más allá de actitudes personales y poses tribales, hay un hecho objetivo incontestable: el ceremonial de confusión al que estamos asistiendo no busca restituir el gobierno de Puigdemont, una empresa imposible, sino meramente trasladar esa impresión a sus desconcertados votantes. Estamos ante una compleja operación de márquetin cuya verdadera finalidad es recuperar lo antes posible el control del presupuesto de la Generalitat para seguir inyectando desde las Consejerías, las Diputaciones y los Ayuntamientos la gasolina que sostiene el entramado administrativo-mediático-asociativo secesionista. Los puestos de trabajo y la adhesión fervorosa de decenas de miles de militantes e interesados afectos al régimen están en juego.

Torra departiendo amablemente con Riera, portavoz de la CUP, al finalizar la sesión de investidura.

Desconozco si Torra, recién llegado a la alta política, es plenamente consciente del terremoto que ha provocado pero no tengo ninguna duda de que los líderes de ERC y de lo que queda de CDC (PDeCAT), más duchos en lidiar con ingresos y gastos, saben que de prolongarse el 155 resultará imposible mantener la ficción del gobierno en el exilio, continuar financiando el hipertrofiado aparato mediático de la Generalidad y las costosas campañas de propaganda y proselitismo que la ANC, Òmnium Cultural, la AMI y la AMC, y las organizaciones sindicales (CCOO, UGT,

Los dirigentes sindicales Pacheco (CCOO) y Ros (UGT)encabezando la manifestación a favor de los golpistas el 15 de abril de 2018.

USTEC, Intersindical-CSC, etc.) vienen desarrollando por todos los rincones de Cataluña desde hace una década. Los saldos de las cajas de resistencia han debido quedar algo tocados tras abonar las costosas facturas de abogados y las fianzas de los encausados, y el castillo de arena podría deshacerse en pocos meses si se interrumpe el flujo de dinero público. La elección de Torra como décimo (o séptimo) presidente de la Generalidad y la exacerbación de la política gestual quizá hayan confortado a los votantes más amarillos pero puede resultar perjudicial para la financiación del proceso.

Torra, investido ya como president, posa con lazo amarillo tamaño de bolsillo para reclamar la libertad de los políticos encarcelado y fugados.

Después del agitado período que acabó con la destitución del gobierno de Puigdemont y la disolución del Parlament, el movimiento nacional-secesionista necesitaba una pausa. Lo inteligente habría sido aceptar el batacazo de octubre, olvidarse del patético Puigdemont, y situar al frente del gobierno de la Generalidad a un político más pragmático, dispuesto a llegar a acuerdos con Iceta y Domenech, dos catalanistas siempre prestos a tender puentes con los secesionistas. Iceta, por ejemplo, desaprueba la prisión preventiva de los golpistas y considera un simple ‘error’ los nombramientos de consejeros que no podrán ejercer sus cargos. En lugar de consensuar una salida con ellos para atrapar al Gobierno de España en sus redes, los secesionistas han optado por Torra y su descarnado proyecto de restitución. El candidato obtuvo los aplausos fervorosos de 65 diputados y también el rechazo sin paliativos de otros 65.

Rajoy y Sánchez en La Moncloa.

La elección de Torra y sus primeras decisiones han tenido consecuencias incluso más importantes en Las Cortes. A la vista del desafío planteado, PP, PSOE y Ciudadanos han aparcado sus diferencias sobre la estructura territorial del Estado y guardado sus propuestas de reforma constitucional. Mención especial merece, por lo novedosa, la firmeza mostrada por el secretario general del PSOE, refrendada por Robles, su portavoz en el Congreso, y Calvo, su secretaria de Igualdad. Sánchez apoya sin titubeos la decisión del Gobierno de impedir el nombramiento de políticos encarcelados o fugados y mantener vigente el artículo 155 entretanto no haya gobierno. El líder socialista tampoco ha descartado aplicar el artículo 155 reforzado, si Torra no rectifica. Pero, sin duda, lo más relevante de las últimas manifestaciones de Sánchez ha sido su propuesta de modificar el ordenamiento jurídico para exigir a cualquier electo acatar el orden constitucional al tomar posesión del cargo.

Torra visitando a los exconsejeros encarcelados en la prisión de Estremera.

Los políticos, como el resto de ciudadanos, pueden ser liberales o marxistas, monárquicos o republicanos. Lo que no pueden hacer es saltarse la Constitución y el ordenamiento jurídico invocando, como hacen Torra y la CUP, la ‘legitimidad popular’ expresada el 1-O. La fórmula empleada al tomar posesión del cargo de presidente de la CA de Cataluña resulta inadmisible en un Estado democrático, y el Gobierno debería haberle exigido acatamiento expreso a la Constitución antes de haber publicado su nombramiento. No se hizo con Puigdemont y así nos ha ido. Lástima que este acercamiento táctico entre los dos partidos con mayor representación en el Congreso llegue algo tarde y no sea el inicio de una fructífera relación que podría haber facilitado aprobar los PGE sin contraer gravosas hipotecas con el PNV. Me temo que no estamos a tiempo.

Puigdemont con los cuatro exconsejeros prófugos la noche del 21 de diciembrfe de 2017.

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La república del dedazo

Artículo publicado en el diario Expansión el 15 de mayo de 2018.

Torra, en el atril del Parlament, anunciando en la sesión de investidura que restablecerá las normas anuladas por el Tribunal Constitucional y retomará el proceso constituyente. 12 de mayo de 2018.

La fallida investidura de Joaquim Torra i Pla en el Parlament el 12 de mayo se resolvió este lunes con la proclamación del hombre elegido a dedo por Puigdemont para sucederle al frente del gobierno de la Generalitat. Mediado el domingo, el consejo político de la CUP reunido en Cervera anunció que sus cuatro diputados se abstendrían y harían buena la mayoría de 66 diputados de Junts per Catalunya (JcC) y ERC frente a los 65 de la oposición. A Torra, lo ha hecho presidente la misma fuerza política que hizo presidente a Puigdemont y apoyó su deriva republicana. Como todos los líderes de los partidos de la oposición advirtieron en sus intervenciones, la designación de Torra como presidente del gobierno de la Generalitat reabrirá, con más virulencia si cabe, la confrontación social y política en Cataluña y el conflicto entre la Generalitat y las instituciones democráticas del Estado.

Grupos organizados enfrentándose el 1-O a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

República o república

Ninguna otra cosa cabe esperar de un presidente que pretende en los cinco meses concedidos por Puigdemont restablecer las leyes anuladas por el Tribunal Constitucional, promover la desobediencia civil y retomar el proceso constituyente para restaurar la república que Puigdemont ya proclamó en octubre. Éste es el programa real que esconden las hermosas palabras del candidato: “diálogo y vida”. Sordos y ciegos a la realidad plural de la sociedad catalana, los diputados de los dos partidos secesionistas que apoyaron a Torra se niegan a aceptar que la coalición JxS sólo obtuvo el 39,5% de los votos en las elecciones del 25-S y que JxC y ERC lograron el 43,04% el 21-D.

Resultados de las elecciones autonómicas celebradas el 21-D en Cataluña.

El candidato Torra habló en nombre del ‘pueblo’ de Cataluña cuando en realidad JxC y ERC no representan en el mejor de los casos a más de 2,1 millones de catalanes de los 5,6 censados. Incluso sumando los votantes de la CUP, los catalanes que apoyaron a los partidos secesionistas sólo consiguieron el 47,5 % de los votos el 21-D. Le escuchamos también llenarse la boca con palabras como democracia y libertad, cuando en realidad su programa de gobierno atenta contra el principio más elemental de cualquier régimen democrático, a saber, el sometimiento de los gobernantes al ordenamiento constitucional y a las leyes democráticamente aprobadas, y cuando constituye un ejemplo de libro de intervencionismo autoritario en todos los ámbitos: político, social y económico. No me extraña que la CUP lo apoye.

Puigdemont, Torra, Artadi en Berlín el 10 mayo de 2018 en la reunión en que se decidió investir a Torra.

En su apartado populista, Torra nos remitió a una futurible república democrática, justa, eficiente y transparente completamente ajena a la bastante más pedestre realidad: Mas fue el sucesor nombrado a dedo por Pujol; Puigdemont el heredero elegido a dedo por Mas; y Torra el valido designado a dedo por Puigdemont. Sabemos ya que el patriarca de la saga, Jordi Pujol i Soley, se dedicó con toda su familia a saquear a los catalanes durante décadas. El ascenso de Mas y Puigdemont en CDC, no ocurrió por casualidad, sino por el importante papel que ambos desempeñaron en la trama del 3%: en la Consejería de Política Territorial y el Ayuntamiento de Gerona, respectivamente. Algún día conoceremos también qué parte de los recursos que Mas destinó a celebrar el tricentenario de 1714 –90 millones según el historiador Kamen– desaparecieron enterrados en el Born mientras Torra, nominado a dedo por el alcalde Trías, dirigía el centro ‘cultural’.

Radicalizar el conflicto

Torra fue nombrado a dedo por el alcalde Trias director del Centro Cultural del Born donde se enterraron millones de euros con motivo de la celebración del tricentenario de 1714. Presupuesto, según el historiador Kamen: 90 millones de euros. Apliquen el 3% para hacerse una idea de lo que pudo llegar a CDC.

Ni ser religioso ni haber editado algún que otro libro subvencionado por la Generalitat convierte a nadie en persona razonable, respetuosa y leal, mucho menos en humanista. La infinidad de tuits y artículos de opinión que ha publicado Torra en la última década, calificando a los españoles de ignorantes, opresores y expoliadores, producen vergüenza ajena, y lo invalidan para presidir el gobierno de la Generalitat. No parece haberse parado a pensar este ideólogo del secesionismo y rendido admirador de quienes practicaron el pistolerismo republicano, que los catalanes eran en 1714 tan pobres como el resto de españoles pero que su renta per cápita llegó a superar el 60% la media española en plena dictadura franquista. Basta con consultar la obra Estadísticas Históricas editada por Carreras (secretario de Economía de Mas-Colell) y Tafunell para comprobarlo. Constatado el impresionante progreso económico de los catalanes entre 1714 y 1975, resulta obligado concluir que si los españoles se dedicaron a expoliarlos hicieron muy mal su trabajo, Sr. Torra.

Torra y Trias en el centre cultural del Born.

Tras escuchar atentamente sus intervenciones y declaraciones de estos días y leer algunos de sus artículos, no albergo ninguna duda de que el séptimo presidente del gobierno de la Generalitat desprecia la lengua, las tradiciones y la cultura de la mayoría de catalanes, y está decidido a ahondar la fractura política y social abierta por Mas y Puigdemont, y a llevarla a sus últimas consecuencias. No nos engañemos más: Torra desenterró ayer el hacha y declaró la guerra. Quién crea que exagero, le recomiendo que lea su artículo “Per un nou Prats de Molló”. Como ocurrió en la Guerra de Sucesión, un conflicto mitificado y manipulado obscenamente por los partidos y las asociaciones secesionistas, esta guerra la ganará quien tenga mayor determinación, destine más recursos a la empresa y despliegue la mejor estrategia. De momento, los secesionistas van ganando: su determinación es indubitable; han dispuesto a su antojo de 38.000 millones de presupuesto para ganarse voluntades y financiar el entramado administrativo-mediático-asociativo; y, por último, dedican todo su tiempo, no a gobernar, sino a fortalecer el proceso secesionista en Cataluña y a desprestigiar la democracia española en el extranjero.

¿Está el Estado preparado?

Congreso de los Diputados: histórica sesión plenaria del 8 de abril 2014 en la que se rechazó la pretensión de los partidos catalanes de que se transfiriese al gobierno catalán la potestad de celebrar referéndums de autodeterminación.

Gobierno, Cortes y Tribunales se han limitado hasta ahora a responder a cada uno de los sucesivos golpes que la Generalitat y el Parlament iban asestando a nuestra democracia: aprobación de resoluciones y normas declaradamente inconstitucionales (resolución I/XI de inicio del proceso constituyente; conclusiones finales de la ‘comisión del proceso constituyente’ y las leyes del referéndum de autodeterminación y de transitoriedad jurídica y fundacional de la república’); acciones tumultuarias frente a la consejería de Economía y el Parlament y realización de la consulta ilegal del 1-O; y, por último, proclamación de la república el 27 de octubre.

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Puigdemont y Junqueras celebrando el golpe de estado en el Parlament el 27 de octubre de 2017.

Llegados a ese punto y muy a su pesar, Rajoy se vio obligado aplicar el artículo 155, destituir a Puigdemont y a sus consejeros, y convocar elecciones autonómicas. Pero poco se ha hecho para desmantelar el entramado administrativo-mediático-asociativo que protagonizó el golpe de estado, y para revertir el proceso insurreccional que los partidos y las asociaciones secesionistas alientan y alimentan desde el Parlament y los Ayuntamientos.

Rajoy en el Senado el 27 de octubre de 2017 solicitando la aprobación para aplicar el artículo 155 de la Constitución.

El 1-O pudimos constatar la imprevisión del Gobierno cuyo plan para impedir la consulta se vio superado por las acciones coordinadas del gobierno de la Generalitat y los Mozos, las asociaciones secesionistas (ANC, Ómnium y AMI), los sindicatos de enseñanza y los Comités de Defensa del Referéndum. Grupos bien organizados y pertrechados ocuparon los edificios públicos donde iban a celebrarse las votaciones y provocaron enfrentamientos con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado desplazados a Cataluña. Espero que el Ministro del Interior tomara buena nota y esté preparándose para afrontar el proceso insurreccional que se avecina. No basta para restablecer la normalidad democrática, Sr. Rajoy, apelar a “la sensatez, el sentido común y la legalidad” cuando enfrente se tiene a un gobierno dispuesto a saltarse la ley y a constituirse en república. Al Gobierno, al PSOE y a Ciudadanos les compete ahora adoptar las medidas necesarias para desmantelar el entramado golpista, y respaldar, no lo olviden, a los catalanes que están dando aquí la cara. Confío que así sea.

Rajoy y Sánchez en La Moncloa.

Rajoy y Rivera fotografiados en uno de sus últimas reuniones.

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Último aquelarre de ETA en Iparralde

Artículo publicado en el diario Expansión el 9 de mayo de 2018.

Llegó ETA exhausta a su fin tras seis décadas en las que sus arrogantes pistoleros dedicaron sus vidas a quitársela a todos aquellos que se opusieron a sus designios o la fatalidad los llevo a cruzarse en su camino. Eso sí, nunca expusieron en vano su pellejo: mejor ir a la cárcel, ya saldremos y seremos homenajeados, se decían, que acompañar a sus víctimas al otro barrio. Un día antes de la escenificación del aquelarre en Cambo-les-Bains (Francia), dos reputados matones, Urruticoechea máximo dirigente de la banda desde los años 80, en situación de busca y captura desde hace 15 años, e Iparraguirre miembro de los comandos Araba y Madrid y jefa de comandos legales, actualmente encarcelada en Francia, pusieron voz al comunicado final de la banda. Dieron por concluido el “ciclo caracterizado por la violencia política” y anunciaron el inicio de una nueva fase de “lucha por una Euskal Herria reunificada, independiente, socialista, euskaldún y no patriarcal en otros ámbitos” para “materializar el derecho a decidir”.

Urruticoechea, Josu ‘Ternera’ máximo dirigente de ETA en su sillón de parlamentario en El País Vasco. Lleva 15 años huido de la justicia. ¿Tan difícil resulta dar con él?

Sólo algún ingenuo se habrá sorprendido ante esta nueva exhibición de hipocresía por parte de los desalmados que justificaron una y otra vez en nombre del pueblo vasco sus crueles atentados y ejecuciones y se burlaron sin compasión de los familiares de las víctimas. Al margen de la extorsión generalizada a familias y a empresas y la salida forzosa de más de cien mil personas de El País Vasco, el macabro balance de las casi seis décadas de actividad de la banda arroja cifras espeluznantes: miles de actos terroristas y decenas de secuestros que causaron la muerte a más de ochocientas personas y dejaron varios miles de víctimas en las cunetas de la historia. Hay algunas dudas sobre las cifras exactas de la barbarie pero ninguna sobre la crueldad de los ejecutores y la magnitud de las irreparables tragedias infligidas.

Funeral de una de los cientos y cientos de víctimas de la barbarie terrorista de ETA.

Del bochornoso espectáculo en Cambo-les-Bains, hay varias cosas que como ciudadano de un Estado democráticos me llamaron poderosamente la atención. La primera sorpresa fue la presencia de algunos señores con traje y corbata que se sumaron sin pudor alguno a los valedores y cachorros de ETA, vivos y en cuerpo presente, para respaldar la pantomima. No podía faltar a la cita Gerry Adams, líder del Sinn Fein, el brazo político de la organización terrorista irlandesa IRA hermandad con ETA. Pero encontré de todo punto inapropiado la presencia de Jean René Etchegaray, presidente de la

La retaguradia de ETA: Currin, Etchegaray y Adams.

mancomunidad de Iparralde (Euskadi Norte) y alcalde de Bayona, una ciudad enclavada en el departamento de los los Pirineos Atlánticos que ha sido refugio de infinidad de comandos terroristas y desde donde las cúpulas de ETA planearon tranquilamente sus asesinatos y extorsiones. Aunque sólo fuera por haber servido de escondrijo a tantos criminales durante tantos años, Etchegaray debería haber excusado su asistencia a tan vergonzoso encuentro.

Etchegaray, alcalde de Bayona y presidente mancomunidad de Iparralde (El País Vasco francés.

Fuera de lugar encontré también la presencia de Michel Camdessus, exdirector general del FMI, quefue el encargado de leer en francés la llamada declaración de Arnaga. El documento, leído en primer lugar en vascuence por  Irati Agorria, una guerniquesa del partido de Otegui, lamenta que el Gobierno de España no abriera negociaciones con ETA tras la ‘conferencia internacional’ de Aiete en octubre de 2011 e invita a las partes a iniciar un proceso de reconciliación. El abogado sudafricano Brian Currin, director del International Contact Group y coordinador del acto, abrió la jornada con unas palabras francamente desafortunadas: “hoy es

Ortuzar, presidente del PNV, conversando animandamente con Otegui, terrorista de ETA y líder actual de EH Bildu, su organización política.

un  día de celebración”, dijo, digno incluso de convertirse en fiesta nacional. ¿Para quién Sr. Currin? Desconozco si se habrá formulado usted esta pregunta pero puedo asegurarle que a muy pocos españoles se nos ha pasado por la cabeza celebrar la escenificación que ha organizado con tan selectos y numerosos invitados para dar el último adiós a la banda que sembró el horror en un estado democrático de la UE. Desconozco qué papel desempeñó usted en Sudáfrica durante el apartheid y más tarde en Irlanda del Norte, pero puedo asegurarle que haberse prestado a otorgar cierta solemnidad al funeral de ETA empaña su curriculum.

Otegui con Arzalluz (PNV) y el lehendakari Goicoechea (Eusko Alkartasuna) tras firmar el pacto de 1999. Sonrientes y cogiditos de la mano mientras ETA masacraba a los españoles.

Pero el colmo de la desvergüenza fue ver a los líderes del PNV, Elkarrekin Podemos y de las organizaciones sindicales ELA, LAB y UGT compartir con Otegui las butacas de platea y conversar animadamente con el terrorista que tras salir de la cárcel vuelve a ser lacabeza visible de EH Bildu, el brazo político de ETA. Ordóñez, Múgica, Casado, Buesa, Becerril, Tomás y Valiente, Lluch, Blanco, Broseta, Pagazaurtundúa, y tantos otros asesinados por la banda llevan demasiado tiempo muertos como para levantarse de sus tumbas y gritar ¡Basta ya! La guinda del aquelarre la pusieron Urkullu y Barko, los presidentes de los gobiernos de El País Vasco y la Comunidad Foral de Navarra, respectivamente, que permanecieron

Urkullu y Barkos en rueda de prensa el 4 de mayo de 2018, nada más finalizar la ‘conferencia’ en Cambo-des-Baines.

agazapados en el Señorío de Bertiz tomando el aperitivo a la espera de que terminara la función en Cambo-les-Baines. Luego, comparecieron juntos ante los medios para reclamar el acercamiento al País Vasco de los terroristas encarcelados. Dios los cría y ellos se juntan. Sólo eché en falta en el ágape al obispo Setién siempre tan comprensivo  con “el mundo de los verdugos”.

Setién dedicando la mejor de sus sonrisas a familiares de terroristas presos.

 

 

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Abandonados

Artículo publicado en el diaro Expansión el 24 de febrero de 2018.

Turull, consejero portavoz en el último gobierno de Puigdemont, Baños, diputado de la CUP, y Romeva, consejero de Puigdemont para la internacionalización del proceso, presentando las enmiendas a la Resolución I/XI de inicio de la independencia el 6 de noviembre 2015.

Hace bastante tiempo, demasiado, alerté sobre las negativas consecuencias que había producido el progresivo desvanecimiento (“Cuando el Estado se desvanece”, Expansión 9/07/2013) de las instituciones centrales del Estado (ICE=Gobierno+Cortes+Poder Judicial) en la vida cotidiana de los catalanes. El asunto viene de muy largo y ha ido creciendo a la par que aumentaban las  competencias traspasadas a las instituciones de la Generalitat que, no contentas con administrar sanidad, educación o seguridad con total autonomía, cuestionaron, primero, la facultad de las ICE para aprobar normas básicas o enmendar las normas autonómicas, y acabaron, finalmente, por constituirse en sujeto soberano e iniciar el proceso constituyente que llevó a aprobar las llamadas ‘leyes de

Forcadell, la guardiana de la urna transparente en la que se votó la independencia de Cataluña en cumplimiento del mandato recibido en la consulta ilegal celebrada el 1-O.

desconexión’, a celebrar la consulta del 1 de octubre (1-O) y a proclamar la república catalana.

Todo sigue igual

Rajoy en el Senado el 27 de octubre de 2017 defendiendo la aplicación del articulo 155 de la Constitución.

El Gobierno de España paró el golpe de Estado aplicando el artículo 155 de la Constitución en el tiempo de descuento, convocó apresuradamente elecciones autonómicas el 21-D y los Ministros se hicieron cargo de las Consejerías en el ínterin, a la espera de que el nuevo Parlament invistiera al President. Excepto por los ceses habituales del personal de confianza y el desmantelamiento de las embajadas y algún otro organismo menor, la destitución del gobierno de la Generalitat apenas ha alterado el funcionamiento de las administraciones catalanas, y los Ministros en funciones, como los espíritus puros, no se han dejado ver por aquí en tres meses y medio. Sólo los Tribunales apoyados por los servicios de investigación de la Guardia Civil y la Policía Nacional han continuado trabajando para desenmascarar las argucias y estratagemas desplegadas por el gobierno de Puigdemont y los mandos de la policía autonómica en la preparación del 1-O y la consumación del golpe de Estado.

Sánchez, presidente de la ANC, y Cuixart, presidente de ´Òmnium, arengando a los comités de defensa del referéndum subidos a un vehículo de la Guardia Civil el 20 de septiembre de 2017.

Malparada neutralidad

Incluso menos han cambiado las relaciones cotidianas entre administradores y administrados. En numerosos Ayuntamientos, las banderas estrelladas que engalanaban farolas y rotondas y casas consistoriales siguen ondeando por toda Cataluña. Proyectado en la fachada del auditorio municipal de Sant Cugat del Vallés (SCV), puede admirarse estos días un enorme lazo amarillo y los espectadores ven incrédulos como un sujeto con aspecto lúgubre anuncia antes de iniciarse el concierto que se interpretará (fuera de programa) el ‘canto de los pájaros’ para exigir la libertad de los ‘presos políticos’.

El senador Vidal (ERC) afirma que los comisarios de los Mozos desobedecerán al Estado. El Confidencial, 26 de enero de 2017. El Gobierno estaba avisado.

En Cataluña, las instituciones autonómicas abandonaron hace mucho tiempo cualquier viso de neutralidad administrativa y se convirtieron en correas de transmisión de las consignas del gobierno de la Generalitat, sin que nada hicieran los Gobiernos de España para impedirlo. En los últimos meses, hemos visto infinidad de carteles en dependencias de Consejerías y Ayuntamientos exigiendo la libertad de los presos, y a funcionarios exhibir en la solapa lacitos amarillos en sus puestos de trabajo. Los órganos rectores y las organizaciones sindicales convocaron a los miembros de la comunidad universitaria a manifestarse el 20 de septiembre contra la “represión política” y la “involución democrática”. La pasada semana, la Rectora de la UAB autorizó la celebración de una fiesta organizada por el sindicato de estudiantes de los ‘países catalanes’ en la que se prohibía expresamente exhibir cualquier actitud “machista… españolista o fascista”.

Los acosadores de Balaguer. “Escuela en catalán no acatamos”.

Los profesores en colegios e institutos públicos siguen adoctrinando a niños y a jóvenes sin ningún pudor o recato. Al día siguiente del 1-O, puedo dar fe que piquetes de estudiantes impedían la entrada algunos centros y que algunos directores proporcionaron materiales para que los alumnos fabricaran carteles que equiparaban nuestra democracia con la dictadura de Franco. Se interrumpieron las clases y se conminó a los alumnos a salir a los patios (quienes se resistieron fueron abucheados) donde la función terminó entonando ‘els segadors’. En el franquismo, esto se llamaba ‘formación del espíritu nacional’.

Gaseni, nuevo presidente interino de la AMI, junto a Torrent, nuevo presidente del Parlament, y otros líderes golpistas en la manifestación del 16 de febrero de 2018.

Hace unos días, una amiga desolada me mostraba las palabras que su cuñada había dejado en el chat familiar: “aunque sea profesora de inglés, ahora voy a adoctrinar incluso más”. Una profesora de catalán de instituto recomienda a los alumnos consultar la página “verbscatalans”, donde junto al espacio reservado para introducir el verbo aparece la bandera estrellada; no acaba aquí el asunto: al situar el cursor sobre la bandera aparece el mensaje “Carles Puigdemont President de Catalunya”.

 

El presidente de la ACM Miquel Buch y la presidenta de la AMI Neus Lloveras mamifestándose en Bruselas junto al eurodiputado Tremosa en apoyo a Puigdemont.

Resumen de la regresión democrática del Estado español y sus agravios contra Cataluña, editado por la ACM y la AMI.

El entramado asociativo-mediático que propició y patrocinó el golpe sigue también intacto. Es cierto que Sánchez y Cuixart, presidentes de la ANC y Ómnium, respectivamente, están encarcelados, y Lloveras, la alcaldesa de Vilanova investigada, ha renunciado a presidir la Associació de Municipis per l’Independencia (AMI). Pero las tres organizaciones siguen operativas y Gaseni (ERC), presidente interino de la AMI, declaraba en PUNTAVUI TV que “AMi@_Cat está dispuesta a apoyar al gobierno catalán y a prestar apoyo a la dirección que tome el país”. Hace casi un año que expuse en Expansión las razones por las que la AMI, una asociación que “trabaja única y exclusivamente por la independencia de Cataluña”, debería haber sido ilegalizada. Pues ahí sigue, como la ANC y Òminum, promoviendo la república independiente en casa y en el extranjero.

Sanchís, presidente de TV3.

Y ahí siguen también al frente del entramado mediático los mismos dirigentes que han jaleado las decisiones y acciones de los gobiernos de Mas y Puigdemont durante los últimos años en medios de comunicación públicos o subvencionados por la Generalitat, y han lanzado a sus ‘bien pagaos’ presentadores y contertulios estrellas a acosar a los líderes de los partidos constitucionalistas (Ciudadanos y PP), sometiéndolos a interrogatorios de tercer grado. Al contrario, esos mismos comunicadores han mostrado una solicitud rayana en el servilismo cuando se trataba de difundir las declaraciones de los protagonistas del golpe, concederles entrevistas a golpe de teléfono o reclamar la libertad de los presos. En la dictadura, a este periodismo se le denominaba ‘prensa del régimen’.

Temor

Adoctrinamiento escolar.

Los gobiernos de Rajoy poco o nada han hecho para cambiar la situación desde 2011. Ahora que se han cumplido 100 días de vigencia del artículo 155 sin dar palo al agua, el ministro Méndez de Vigo nos ha sorprendido al declarar que el Gobierno, comprometido con la libertad, estudia la fórmula para que los catalanes puedan decidir si quieren que el castellano sea lengua vehicular. Escucho atónito a algunos tertulianos en Madrid cuestionar la oportunidad de hacerlo ahora por temor a soliviantar e insuflar vida a los alicaídos secesionistas.

Font, portavoz naconal del sindicato USTEC dirigiéndose a los congregados en la Plaza de la Catedral el 8-N de 2017: “No donarem classes en castellà, i a més no renunciem a parlar de política a les aules”.
“No daremos clase en castellano y además no renunciaremos a hablar de política en las aulas”

Al margen del error de apreciación en su diagnóstico –no están tan debilitados–, me llamó poderosamente la atención su escaso conocimiento de la realidad social. Pese a las movilizaciones constitucionalistas del pasado otoño, persiste el temor a hablar con libertad, mucho más en el ámbito escolar, y ninguna familia sensata está dispuesta a arrojar a sus hijos a los leones –maestros y profesores mayoritariamente secesionistas afines el sindicato USTEC–, a menos que se les ofrezcan sólidas garantías. Después de tanto tiempo sin hacer nada, el Gobierno debería empezar la casa por los cimientos no por el tejado.

Les referiré algo que me ocurrió hace unos días y me conmovió profundamente. Me dirigía al coche cuando me crucé con una señora que me preguntó si era el “señor Clemente”. Le respondí afirmativamente y tras presentarse comenzamos a hablar. Se mostró indignada por todo lo que está sucediendo, y cuando le comenté apuntando al Ayuntamiento que acababa de solicitar la retirada de los lazos amarillos que cubrían la entrada del Centro de Salud, me pidió asustada que no señalara porque podrían estar viéndonos. Aquí y ahora, como durante el franquismo, hay miedo, auténtico miedo a expresar lo que uno piensa, especialmente en las comunidades pequeñas.

Aspecto actual del CAP Vilobí del Penedés.

Una estrellada colocada en el Centro de Atención Primaria (CAP) de Vilobí del Penedés, julio 2015.

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Inseguridad jurídica, fractura e inestabilidad

Artículo publicado en el diario Expansión el 31 de enero de 2018

(Amago fallido de investidura en el Parlament)

Torrent, elegido presidente del Parlament de Cataluña el 17 de enero de 2017.

Después de la constitución del Parlament el 17 de enero y la elección de Torrent (ERC) como sucesor de Forcadell (ERC) al frente de la cámara autonómica, el joven republicano que había sostenido públicamente que la república catalana sería una vez proclamada –lo fue el 27 de octubre– reconocida urbi et orbe se dedicó durante unos días a la más modesta tarea de reunirse con los portavoces de los grupos parlamentarios (PP, CUP, PSC, JxC y Ciutadans) para tantear sus intenciones. Concluida la ronda el 19 de enero, Torrent anunció que Puigdemont era el único candidato admisible. Desde ese momento hemos escuchado, y no sólo a los integrantes de su candidatura, JxC, repetir hasta la saciedad que la única opción respetuosa con el mandato recibido del ‘pueblo’ de Cataluña el 21-D es investir a Puigdemont ‘El Prófugo’. Curioso mandato, puesto que el escurridizo sujeto tan sólo obtuvo 968.433 votos de un total de 4.357.368 votos emitidos según la Junta Electoral. Señalarlo como el único candidato posible constituye a la luz de la aritmética electoral una hipérbole desmesurada, ya que por no ser, su lista no fue siquiera la más votado en Cataluña y fue tercera en las provincias de Barcelona y Tarragona, las más populosas.

Torrent da marcha atrás

Puigdemont el Prófugo dirigiéndose al PDeCAT.

Torrent y ERC, el partido del encarcelado exviceptresidente Junqueras, accedieron en primera instancia a que Puigdemont fuera el candidato de consenso de JxC, ERC y CUP, los tres grupos que protagonizaron el “inaceptable intento de secesión” el pasado octubre, y Torrent se comprometió a explorar todas las posibilidades para lograr que fuera investido, haciendo caso omiso del informe de  los letrados de la Cámara que rechazaba su posible investidura telemática o por delegación. Ante la posibilidad de que los diputados independentistas volvieran a saltarse el reglamento del Parlament y votaran al candidato ausente en la sesión de investidura fijada el 30 de enero a las 15:00, el Gobierno de España presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) el 26 de enero para paralizar la investidura, aduciendo que Puigdemont era un prófugo.

Torrent anuncia el mantenimiento de la sesión de investidura el 30 de enero.

El TC no aceptó a trámite el recurso del Gobierno que hubiera paralizado la investidura pero si dejó muy claro en un auto publicado el 26 de enero que Puigdemont sólo podría ser investido si estaba presente en el hemiciclo con permiso del juez Llarena que instruye en el Tribunal Supremo la causa contra Puigdemont y otros ciudadanos a los que les imputa los delitos de rebelión y sedición entre otros. Torrent tenía dos opciones: seguir el camino de Forcadell y desobedeciendo al TC presidir la sesión de investidura, o recular y posponerla. Parece ser que este hombre tan beligerante hasta hace unas semanas no estaba preparado para soportar la lluvia de hojas redondas y delgadas de pan ácimo –hostias según la REA– sobre cuya caída alertaba a sus seguidores recientemente y ha decidido aplazar la sesión de investidura, no sin antes reafirmar su inquebrantable compromiso para proteger al Parlament de injerencias antidemocráticas y llegar hasta el final en la defensa de “los derechos del President Puigdemont”, frente a lo que calificó de chapuza jurídica del TC para complacer al Gobierno.

Inseguridad jurídica, fractura e inestabilidad

Manifestantes entrando en el parque de la Ciudadadela supuestamente blindado por los Mozos de Escuadra.

Ahora todo son conjeturas sobre qué puede ocurrir en las próximas horas porque el plazo de 10 días para realizar la investidura desde la constitución del Parlament el pasado 17 de enero expira el 31. Según algunas fuentes del Parlament, el plazo de 10 días se habría paralizado el día 26 toda vez que el TC concedió un plazo de 10 días a las partes para presentar alegaciones contra su decisión de impedir la investidura telemática o por delegación de Puigdemont. Así, Torrent dispondría de tres días más a partir del momento en que el TC adopte una resolución sobre las posibles alegaciones presentadas por las partes. Otra posibilidad es que la Mesa del Parlament acuerde prorrogar el plazo apelando al artículo 93 del Reglamento que le otorga la potestad de duplicarlos en circunstancias no excepcionales, con lo que en este caso Torrent dispondría de 10 días más. Claro que si la situación se juzga excepcional, el plazo fijado por la Mesa controlada por los tres grupos secesionistas podría alargarse más.

Varios centeneraes de manifestantes protestando enfrente al Parlament por la suspensión de la sesión de investidura.

La suspensión de la sesión de investidura ha vuelto a frustrar a los más beligerantes secesionistas convocados por la ANC y los Comités de Defensa de la República a congregarse en las proximidades del parque de la Ciudadela para apoyar la investidura de Puigdemont. Los portavoces de JxC y CUP han mostrado su disconformidad con lo que consideran una decisión equivocada y unilateral de Torrent. En torno a las 17:47, los manifestantes han roto el primer cordón de seguridad (¿?) formado por los Mozos de Escuadra y según indica una periodista de TV3 los manifestantes han forzado una puerta del parque y penetrado en el recinto por la avenida Lluis Companys. Unos centenares de manifestantes al grito de “Ni un paso atrás” y “No nos marcharemos” han llegado hasta el cordón de seguridad dispuesto delante de la fachada principal del Parlament.

Riera (CUP) criticando la decisión de Torrent.

Lo que Torrent no puede hacer ni los secesionistas desean es que la investidura no llegue a producirse y se convoquen nuevas elecciones en las que podrían perder su cada vez más ajustada mayoría. Esta hipótesis se puede descartar de momento pero será la única salida posible a la crisis si los grupos secesionistas no se avienen a reconocer que Puigdemont está más cerca de la cárcel que de presidir el gobierno de la Generalitat y nombran a un candidato alternativo Apuesto a que lo harán en el último momento aunque las desavenencias visibles ya en la pasada legislatura se agravarán y la XII legislatura será bronca y breve. Mientras el jolgorio pseudodemocrático y pseudorevoluciónario continúa a las puertas del Parlament, la Cámara de Comercio de Barcelona alerta sobre los efectos negativos de la inestabilidad política y recomienda constituir un gobierno lo antes posible para evitar que se agudice la desaceleración económica registrada el último trimestre de 2017. Un detalle menor para Puigdemont y la CUP que siguen haciendo brindis al sol por la república.

Manifestantes convocados por la ANC, los CDR, la CUP y Arran rompen el cordón policial y entran el parque de la Ciudadela.

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Más inestabilidad e inseguridad a la vista

Artículo publicado en el diario Expansión el 22 de diciembre de 2017

Rajoy en el Senado el 27 de octubre de 2017.

La aplicación del artículo 155 en versión minimalista tras la DUI del 27 de octubre sólo ha servido para convencer a los líderes secesionistas de que el Gobierno de España no iba a sentarse a negociar las condiciones de la independencia de Cataluña, como algunos de ellos erróneamente habían anticipado. Reaccionaron con rapidez ante el cambio de escenario. Puigdemont y cuatro consejeros huyeron a Bélgica para alimentar el mito del gobierno republicano en el exilio y la mayoría de quienes acudieron a la cita con los jueces y fueron encarcelados (Forcadell, Romeva, Turull, Rull, etc.), se aprestaron a acatar la Constitución con la boca pequeña para salir de prisión y garantizarse un escaño en unas elecciones que consideran, al mismo tiempo, ilegítimas y plebiscitarias.

Puigdemont y su gobierno legítimo en la página oficial de la Generalitat abierta desde Bégica. Es la foto oficial del gobierno antes de su cese de la que se ha excluido al consejero Santi Vila cuya pierna todavía puede verse entre las de Junqueras y Puigdemont.

Su indisimulado objetivo era revalidar la mayoría de la pasada legislatura para seguir controlando el gobierno de la Generalitat y el Parlament, mantener vivo el proceso secesionista y exigir la paralización de las causas judiciales abiertas contra ellos. Aunque en mi artículo de ayer animaba a los catalanes a ir a las urnas para decidir entre “seguir enfangados en agrias disputas fratricidas” o “pasar página a dos años de desgobierno”, mi fundado escepticismo me llevaba también a apuntar que “nadie puede asegurar que estas elecciones nos acercarán a la salida del laberinto”. Las gravísimas acusaciones lanzadas por los líderes secesionistas de ERC, JxC y CUP contra nuestro sistema democrático durante la campaña y el sólido apoyo que reflejaban los sondeos a los tres partidos que promovieron la declaración unilateral de independencia no invitaban al optimismo.

Turull y Pujol (Oriol) arrpopando a Osàcar en la Ciudad de la Justicia.

El carácter excepcional de estas elecciones convocadas por Rajoy con innecesaria premura ha quedado reflejado en la elevada participación, 81,9%, que supera en 4,5 puntos el ya elevado listón (77,4%) alcanzado en las elecciones ‘plebiscitarias’ del 27-S. La mayor participación no ha producido, sin embargo, el ansiado vuelco electoral al que aspiraban Ciudadanos, PSC y PPC, los tres partidos que se opusieron a la DUI, ni tampoco ha reforzado de manera significativa a los tres partidos que la impulsaron. Todo apunta a que estamos condenados a seguir conviviendo con la inestabilidad política y la inseguridad jurídica que han dominado la vida política en Cataluña desde 2012 y han acabado poniendo en peligro su base económica.

Inés Arrimadas, candidata de Ciudadanos y gran triunfadora.

La primicia de la noche electoral, con el 98,6% del voto escrutado, es el espectacular ascenso de Ciudadanos que alcanza el 25,4% de los votos y obtiene 37 escaños. La gesta resulta más impresionante habida cuenta que hace siete años el partido naranja a duras penas rebasó el 3% y sólo pudo revalidar los tres simbólicos escaños logrados en 2006. La llamada de Arrimadas a acabar con el proceso ha calado en el electorado constitucionalista, mucho más movilizado que hace una década. A los líderes del PP les ha faltado presencia en la calle y les han sobrado complejos: no quisieron o supieron capitalizar el haber cesado al gobierno golpista y convocado elecciones auténticamente democráticas. Algo tendrán que hacer para evitar caer en la marginalidad. Iceta con el 13,75% del voto y 17 escaños ha logrado detener la sangría del PSC desde 2010 y encara el futuro sobre la base de un catalanismo más dialogante y menos sectario.

Puigdemont con Junqueras, Forcadell y la presidenta de la AMI.

La segunda sorpresa la ha protagonizado ERC que con el 21,4% de los votos ha sido la tercera fuerza y logra 32 escaños, 2 menos de momento que Puigdemont y su grupo de cortesanos pujolistas. El resultado es muy malo para los republicanos a los que las encuestas auguraban una abrumadora victoria hace unos meses. Se equivocó Junqueras aceptando el papel de segundón al que le relegó Mas en la anterior legislatura, y volvió a equivocarse al ceder al fullero Puigdemont la presidencia de la Generalitat y conformarse con representar, al menos cara al público, su papel de fiel masovero. Dejar a la limitada Rovira al frente del timón de ERC durante esta campaña tampoco ha ayudado a remontar el vuelo. Ahora ERC tendrá que plantearse si se conforma con seguir siendo la muleta de los sucesores de Convergencia o explora otras alternativas.

Turull (CDC), Baños (CUP) y Romeva (Junts pel Sí) presentando las enmiendas a la primera resolución del inicio de la independencia, 6 de noviembre 2015, nada más constituirse el Parlament en la anterior legislatura. ¿Repetirán la jugada?

El porcentaje de votos de los tres partidos secesionistas, 47,6%, ha caído una decima mientras que el porcentaje del bloque constitucionalista aumenta 4,5 puntos porcentuales. Los resultados confirman lo que el sentido común sugería y los partidos que acordaron la aplicación del 155 no quisieron tomar en consideración: 54 días era un plazo demasiado breve para desinflar el proceso, alimentado generosamente desde todas las instituciones autonómicas, Ayuntamientos incluidos, en los últimos cinco años. Aunque los medios de comunicación estaban obligados a destacar el aumento de participación y el alto número de indecisos para mantener despierto el interés, estas dos variables han reforzado al bloque constitucionalista pero no en la cuantía necesaria para producir un vuelco electoral.

La victoria de los partidos secesionistas y la fragmentación del Parlament van a dificultar el restablecimiento de la neutralidad institucional, primordial para empezar a cauterizar la profunda fractura abierta en la sociedad. Lo más probable es que tengamos otra mini-legislatura bronca y estéril. El bloque secesionista ha resistido la aplicación del mini-155 y está en condiciones de formar gobierno si son capaces de ponerse de acuerdo. Ya he dicho que ERC tendrá que decidir si quiere seguir siendo el lazarillo de convergencia o explorar otras alternativas. La CUP pese a su caída en picado vuelve a ser decisiva, y aunque sus diputados darán con toda seguridad la nota, al final siempre acaban cediendo y yendo a comer al pesebre. Iceta intentará tener cierto protagonismo pero va a resultar casi imposible tender puentes con quienes siguen considerándose legitimados por el ‘pueblo’ de Cataluña para saltarse la ley, confunden la libertad de expresión con la impunidad para delinquir (eufemísticamente lo llaman hacer república) y exigen el indulto de presuntos delincuentes incluso antes ser juzgados.  Y Ciudadanos, pese a su victoria moral y real, tendrá que conformarse con ejercer de principal partido de la oposición, buscando el entendimiento con el PSC y al PP, y tratando de evitar lo peor entre lo malo. Confiemos en la labor de los Tribunales y el control de las cuentas de la Generalitat para poner coto a todos los desmanes pasados y futuros.

Sede del Tribunal Constitucional.

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De la farsa constituyente al carnaval electoral

Artículo publicado en el diario Expansión el 2 de noviembre de 2017

Parlament semivacio al finalizar la votación para constituir la república catalana el 27 de octubre de 2017.

Finalizó la farsa en el Parlament con una votación secreta que puso punto y final al aparente pulso de la Generalitat al Estado español. Unos miles (pocos) de fieles congregados por los ‘jordis’ (desde Soto del Real) y la CUP esperaban en el paseo Companys que, esta vez sí, los diputados constituyeran la república catalana y Puigdemont no la suspendiera, como había ocurrido el 10 de octubre. Tras otra sesión antidemocrática en el hemiciclo, 70 diputados de un total de 135 votaron anónimamente (por si acaso) a favor de constituir la república e instaban al gobierno de la Generalitat a iniciar el proceso constituyente. Habría resultado más emocionante que lo hubieran hecho enfundados en trajes de cofrades diseñados para la ocasión con capirotes estrellados.

Puigdemont, Junqueras y Forcadell celebrando la constitución de la república junto a un centenar de alcaldes congregados para la ocasión en el Parlament.

Después de otra concentración de un centenar de alcaldes blandiendo sus bastones (convocados por la AMI) en las escalinatas del Parlament, los miembros del todavía gobierno de la Generalitat se reunieron en el Palau de la Generalitat. No han trascendido los detalles pero cabe suponer que, después de brindar con cava, dedicaron el resto de la jornada a aprobar la interminable batería de decretos que estaban listos para disponer el despliegue de los Mozos en fronteras, puertos y aeropuertos, y hacer los primeros nombramientos de embajadores en la ONU, la OTAN, Rusia, China,.. Entretanto, los republicanos más fervorosos (unos pocos miles) se iban congregando encapados con la estrellada frente al Palau para festejar la recién alumbrada república. En vano esperaron durante horas a que el doctor Puigdemont y la partera oficial de la república (Junqueras) salieran al balcón para izar la bandera y dar algunas los vivas de rigor.

27-O: unos jóvenes celebrando la constitución de la república catalana

Republicanos anónimos (= JxS+CUP)

Puigdemont, Junqueras y Gabriel, fieles a su viscosa naturaleza habían encomendado al diputado Torrent, sentado a la diestra de Rovira (ERC), que solicitara a la Presidenta del Parlament votación nominativa y secreta. El diputado Rodríguez (PP) indicó a la Presidenta que no podía cambiarse la fórmula ya empleada en las resoluciones ya votadas, a lo que Gabriel le respondió desdeñosa que la CUP estaba dispuesta a contravenir (excepcionalmente) el inquebrantable compromiso de su formación con la transparencia para “evitar la acción represiva del Estado”. La matriarca de la CUP olvidó aludir a otro principio sagrado de la formación antisistema y antieuropea: las leyes y los principios están para saltárselos. Forcadell, en su línea autoritaria, afirmó que el pleno es Borbón (soberano) y permitió que la votación fuera secreta.

Forcadell, la guardiana de la urna transparente en esta ocasión.

Uno a uno acudieron prontos a la cita con la historia los diputados anónimos de Junts pel Sí, CUP, y los diputados de CSQEP, la amalgama de indignados comunitas de Colau y postcomunistas del PSUC. Coscubiela y Rabell mostraban su histórico NO a los fotógrafos arracimados bajo la tribuna, en tanto los partidarios de la secesión depositaban su voto oculto entre risitas y palmaditas nerviosas. Santa Rovira, aunque tampoco mostró su papeleta, la besó antes de depositarla en la urna. A buen seguro, los niños estudiarán en los colegios este ejemplar ejercicio democrático del ‘pueblo’ de Cataluña dentro de 200 años antes de entonar ‘els segadors’ en el patio del colegio. Puigdemont ya puede codearse con Clarís, Casanova y Companys en el altar del victimismo.

Romeva, Turul Puigdemont y Junqueras, exultantes tras constituir la república catalana. ¿Bautizo o funeral?

Pese a la impostada formalidad del acto en un hemiciclo semivacío, resultaba meridianamente claro que no habían parido un león dispuesto a lanzarse a la reconquista de los ‘països catalans’ sino un triste ratoncillo con flequillo y barrigudo. Los rostros de Puigdemont, Junqueras y Romeva, los capitanes del directorio republicano, al término de la votación con la mirada perdida en la tarima, siguiendo quizá al zigzagueante ratoncillo juguetón, sugerían que acababan de asistir a un triste funeral más que a un bautizo. Tal era su falta aparente de entusiasmo que Sobrequés prepara ya otro simposio titulado “República catalana contra Cataluña”. Aunque tal vez tenga que abandonar el proyecto por culpa del 155.

Intervención minimalista

Rajoy en el Senado el 27 de octubre de 2017.

La resolución que aprobó el Senado el 27 de octubre para aplicar el artículo 155, apenas 45 minutos después de haberse constituido la república catalana, introducía modificaciones sustantivas al texto remitido por el Gobierno. Si bien se destituía al gobierno de la Generalitat y se desmantelaban algunos organismos encargados de la acción exterior, se contemplaban cambios significativos en los apartados C.3,  (“telecomunicaciones y comunicaciones electrónicas y audiovisuales”, y  D4 (“medidas dirigidas al Parlamento de Cataluña”). Rajoy confirmaba en su declaración institucional estos cambios y anunciaba la sorprendente convocatoria de elecciones autonómicas en 54 días, a celebrar el 21 de diciembre sin agotar el plazo de 6 meses previsto inicialmente.

Rajoy anuncia la destitución de Puigdemont y su gobierno.

Todo indica que Rajoy y Puigdemont (con anuencia de su sombra perenne) alcanzaron un pacto de no agresión que no me atrevo a calificar de pacto de caballeros, habida cuenta de la desleal trayectoria del dirigente secesionista. Puigdemont ha podido así cumplir su palabra de llevar a los secesionistas hasta la puerta de la república; y Rajoy la suya, al aplicar el artículo 155 y cesar a Puigdenont y su gobierno. Llama la atención que mientras Puigdemont rechaza su destitución y apela, en una alocución difundida por TV3, a oponerse democráticamente al 155, el Ministro portavoz le recuerde que ya no tiene poder alguno y le anime a presentarse a las elecciones autonómicas.

Gabriel, Reguant y el resto de la compaña celebrando la constitución de la república catalana.

No me sorprende tampoco que sólo las diputadas (algo ilusas) de la CUP celebraran con cierto entusiasmo el advenimiento de una república que no se sostiene sobre el papel ni reconoce gobierno alguno en la Vía Lactea. Ni que los ciudadanos que comparten la ilusión (algo ilusa también) de una España conformada por ciudadanos libres e iguales, con vocación europea, sigan sintiéndose desamparados con esta aplicación minimalista del 155. Aunque el cese de Puigdemont y sus consejeros constituye motivo de satisfacción, cuando levantamos la mirada del ratoncillo no encontramos demasiados motivos para celebrarlo.

Allá películas

El aspecto de Barcelona el sábado por la mañana era tan tranquilo y anodino –se nota el bajón de turistas– que nadie hubiera dicho que el Parlament había dado la puntilla al odioso Borbón y Cataluña había amanecido constituida en republica independiente. ¿Mucha cava y bourbon, quizás? Quiero decir con ello que la proclamación de la independencia en nada ha cambiado el discurrir de la vida en Barcelona, ni en ningún otro rincón de Cataluña, exceptuando la folclórica retirada de la bandera española en los Ayuntamientos de Gerona y Sabadell. Mañana el Gerona juega contra el Real Madrid. Terminó la farsa constituyente y comienza el carnaval electoral.

Manifestación en Barcelona en favor de la democracia y la Constitución Española el 29 de octubre.

Los ciudadanos constitucionalistas vamos a apoyar, como no puede ser de otra manera, a los partidos constitucionalistas el 21 de diciembre pero anticipo que no van a gobernar. Los sondeos publicados indican que la probabilidad de que ERC conforme una mayoría de gobierno es mucho mayor. ¡Ojalá me equivoque! Porque estando firmemente convencido de que el orden constitucional no podrá restablecerse mientras la caja de la Generalitat siga en manos de independentistas, mientras el Estado no desmantele el entramado mediático-asociativo que financia el movimiento nacional-secesionista, y mientras el Estado no asegure la neutralidad del sistema educativo y acabe con la inmersión lingüística, la continuidad de ERC al frente de la Generalitat sería una malísima noticia que llevaría a muchos catalanes a preguntarse si no deberían seguir a Boadella y a las 1.800 empresas que han abandonado Cataluña. Y allá películas.

Manifestación en Barcelona en favor de la democracia y la Constitución Española el 29 de octubre.

Boadella, poniendo en su sitio la estrellada.

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