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Más inestabilidad e inseguridad a la vista

Artículo publicado en el diario Expansión el 22 de diciembre de 2017

Rajoy en el Senado el 27 de octubre de 2017.

La aplicación del artículo 155 en versión minimalista tras la DUI del 27 de octubre sólo ha servido para convencer a los líderes secesionistas de que el Gobierno de España no iba a sentarse a negociar las condiciones de la independencia de Cataluña, como algunos de ellos erróneamente habían anticipado. Reaccionaron con rapidez ante el cambio de escenario. Puigdemont y cuatro consejeros huyeron a Bélgica para alimentar el mito del gobierno republicano en el exilio y la mayoría de quienes acudieron a la cita con los jueces y fueron encarcelados (Forcadell, Romeva, Turull, Rull, etc.), se aprestaron a acatar la Constitución con la boca pequeña para salir de prisión y garantizarse un escaño en unas elecciones que consideran, al mismo tiempo, ilegítimas y plebiscitarias.

Puigdemont y su gobierno legítimo en la página oficial de la Generalitat abierta desde Bégica. Es la foto oficial del gobierno antes de su cese de la que se ha excluido al consejero Santi Vila cuya pierna todavía puede verse entre las de Junqueras y Puigdemont.

Su indisimulado objetivo era revalidar la mayoría de la pasada legislatura para seguir controlando el gobierno de la Generalitat y el Parlament, mantener vivo el proceso secesionista y exigir la paralización de las causas judiciales abiertas contra ellos. Aunque en mi artículo de ayer animaba a los catalanes a ir a las urnas para decidir entre “seguir enfangados en agrias disputas fratricidas” o “pasar página a dos años de desgobierno”, mi fundado escepticismo me llevaba también a apuntar que “nadie puede asegurar que estas elecciones nos acercarán a la salida del laberinto”. Las gravísimas acusaciones lanzadas por los líderes secesionistas de ERC, JxC y CUP contra nuestro sistema democrático durante la campaña y el sólido apoyo que reflejaban los sondeos a los tres partidos que promovieron la declaración unilateral de independencia no invitaban al optimismo.

Turull y Pujol (Oriol) arrpopando a Osàcar en la Ciudad de la Justicia.

El carácter excepcional de estas elecciones convocadas por Rajoy con innecesaria premura ha quedado reflejado en la elevada participación, 81,9%, que supera en 4,5 puntos el ya elevado listón (77,4%) alcanzado en las elecciones ‘plebiscitarias’ del 27-S. La mayor participación no ha producido, sin embargo, el ansiado vuelco electoral al que aspiraban Ciudadanos, PSC y PPC, los tres partidos que se opusieron a la DUI, ni tampoco ha reforzado de manera significativa a los tres partidos que la impulsaron. Todo apunta a que estamos condenados a seguir conviviendo con la inestabilidad política y la inseguridad jurídica que han dominado la vida política en Cataluña desde 2012 y han acabado poniendo en peligro su base económica.

Inés Arrimadas, candidata de Ciudadanos y gran triunfadora.

La primicia de la noche electoral, con el 98,6% del voto escrutado, es el espectacular ascenso de Ciudadanos que alcanza el 25,4% de los votos y obtiene 37 escaños. La gesta resulta más impresionante habida cuenta que hace siete años el partido naranja a duras penas rebasó el 3% y sólo pudo revalidar los tres simbólicos escaños logrados en 2006. La llamada de Arrimadas a acabar con el proceso ha calado en el electorado constitucionalista, mucho más movilizado que hace una década. A los líderes del PP les ha faltado presencia en la calle y les han sobrado complejos: no quisieron o supieron capitalizar el haber cesado al gobierno golpista y convocado elecciones auténticamente democráticas. Algo tendrán que hacer para evitar caer en la marginalidad. Iceta con el 13,75% del voto y 17 escaños ha logrado detener la sangría del PSC desde 2010 y encara el futuro sobre la base de un catalanismo más dialogante y menos sectario.

Puigdemont con Junqueras, Forcadell y la presidenta de la AMI.

La segunda sorpresa la ha protagonizado ERC que con el 21,4% de los votos ha sido la tercera fuerza y logra 32 escaños, 2 menos de momento que Puigdemont y su grupo de cortesanos pujolistas. El resultado es muy malo para los republicanos a los que las encuestas auguraban una abrumadora victoria hace unos meses. Se equivocó Junqueras aceptando el papel de segundón al que le relegó Mas en la anterior legislatura, y volvió a equivocarse al ceder al fullero Puigdemont la presidencia de la Generalitat y conformarse con representar, al menos cara al público, su papel de fiel masovero. Dejar a la limitada Rovira al frente del timón de ERC durante esta campaña tampoco ha ayudado a remontar el vuelo. Ahora ERC tendrá que plantearse si se conforma con seguir siendo la muleta de los sucesores de Convergencia o explora otras alternativas.

Turull (CDC), Baños (CUP) y Romeva (Junts pel Sí) presentando las enmiendas a la primera resolución del inicio de la independencia, 6 de noviembre 2015, nada más constituirse el Parlament en la anterior legislatura. ¿Repetirán la jugada?

El porcentaje de votos de los tres partidos secesionistas, 47,6%, ha caído una decima mientras que el porcentaje del bloque constitucionalista aumenta 4,5 puntos porcentuales. Los resultados confirman lo que el sentido común sugería y los partidos que acordaron la aplicación del 155 no quisieron tomar en consideración: 54 días era un plazo demasiado breve para desinflar el proceso, alimentado generosamente desde todas las instituciones autonómicas, Ayuntamientos incluidos, en los últimos cinco años. Aunque los medios de comunicación estaban obligados a destacar el aumento de participación y el alto número de indecisos para mantener despierto el interés, estas dos variables han reforzado al bloque constitucionalista pero no en la cuantía necesaria para producir un vuelco electoral.

La victoria de los partidos secesionistas y la fragmentación del Parlament van a dificultar el restablecimiento de la neutralidad institucional, primordial para empezar a cauterizar la profunda fractura abierta en la sociedad. Lo más probable es que tengamos otra mini-legislatura bronca y estéril. El bloque secesionista ha resistido la aplicación del mini-155 y está en condiciones de formar gobierno si son capaces de ponerse de acuerdo. Ya he dicho que ERC tendrá que decidir si quiere seguir siendo el lazarillo de convergencia o explorar otras alternativas. La CUP pese a su caída en picado vuelve a ser decisiva, y aunque sus diputados darán con toda seguridad la nota, al final siempre acaban cediendo y yendo a comer al pesebre. Iceta intentará tener cierto protagonismo pero va a resultar casi imposible tender puentes con quienes siguen considerándose legitimados por el ‘pueblo’ de Cataluña para saltarse la ley, confunden la libertad de expresión con la impunidad para delinquir (eufemísticamente lo llaman hacer república) y exigen el indulto de presuntos delincuentes incluso antes ser juzgados.  Y Ciudadanos, pese a su victoria moral y real, tendrá que conformarse con ejercer de principal partido de la oposición, buscando el entendimiento con el PSC y al PP, y tratando de evitar lo peor entre lo malo. Confiemos en la labor de los Tribunales y el control de las cuentas de la Generalitat para poner coto a todos los desmanes pasados y futuros.

Sede del Tribunal Constitucional.

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De la farsa constituyente al carnaval electoral

Artículo publicado en el diario Expansión el 2 de noviembre de 2017

Parlament semivacio al finalizar la votación para constituir la república catalana el 27 de octubre de 2017.

Finalizó la farsa en el Parlament con una votación secreta que puso punto y final al aparente pulso de la Generalitat al Estado español. Unos miles (pocos) de fieles congregados por los ‘jordis’ (desde Soto del Real) y la CUP esperaban en el paseo Companys que, esta vez sí, los diputados constituyeran la república catalana y Puigdemont no la suspendiera, como había ocurrido el 10 de octubre. Tras otra sesión antidemocrática en el hemiciclo, 70 diputados de un total de 135 votaron anónimamente (por si acaso) a favor de constituir la república e instaban al gobierno de la Generalitat a iniciar el proceso constituyente. Habría resultado más emocionante que lo hubieran hecho enfundados en trajes de cofrades diseñados para la ocasión con capirotes estrellados.

Puigdemont, Junqueras y Forcadell celebrando la constitución de la república junto a un centenar de alcaldes congregados para la ocasión en el Parlament.

Después de otra concentración de un centenar de alcaldes blandiendo sus bastones (convocados por la AMI) en las escalinatas del Parlament, los miembros del todavía gobierno de la Generalitat se reunieron en el Palau de la Generalitat. No han trascendido los detalles pero cabe suponer que, después de brindar con cava, dedicaron el resto de la jornada a aprobar la interminable batería de decretos que estaban listos para disponer el despliegue de los Mozos en fronteras, puertos y aeropuertos, y hacer los primeros nombramientos de embajadores en la ONU, la OTAN, Rusia, China,.. Entretanto, los republicanos más fervorosos (unos pocos miles) se iban congregando encapados con la estrellada frente al Palau para festejar la recién alumbrada república. En vano esperaron durante horas a que el doctor Puigdemont y la partera oficial de la república (Junqueras) salieran al balcón para izar la bandera y dar algunas los vivas de rigor.

27-O: unos jóvenes celebrando la constitución de la república catalana

Republicanos anónimos (= JxS+CUP)

Puigdemont, Junqueras y Gabriel, fieles a su viscosa naturaleza habían encomendado al diputado Torrent, sentado a la diestra de Rovira (ERC), que solicitara a la Presidenta del Parlament votación nominativa y secreta. El diputado Rodríguez (PP) indicó a la Presidenta que no podía cambiarse la fórmula ya empleada en las resoluciones ya votadas, a lo que Gabriel le respondió desdeñosa que la CUP estaba dispuesta a contravenir (excepcionalmente) el inquebrantable compromiso de su formación con la transparencia para “evitar la acción represiva del Estado”. La matriarca de la CUP olvidó aludir a otro principio sagrado de la formación antisistema y antieuropea: las leyes y los principios están para saltárselos. Forcadell, en su línea autoritaria, afirmó que el pleno es Borbón (soberano) y permitió que la votación fuera secreta.

Forcadell, la guardiana de la urna transparente en esta ocasión.

Uno a uno acudieron prontos a la cita con la historia los diputados anónimos de Junts pel Sí, CUP, y los diputados de CSQEP, la amalgama de indignados comunitas de Colau y postcomunistas del PSUC. Coscubiela y Rabell mostraban su histórico NO a los fotógrafos arracimados bajo la tribuna, en tanto los partidarios de la secesión depositaban su voto oculto entre risitas y palmaditas nerviosas. Santa Rovira, aunque tampoco mostró su papeleta, la besó antes de depositarla en la urna. A buen seguro, los niños estudiarán en los colegios este ejemplar ejercicio democrático del ‘pueblo’ de Cataluña dentro de 200 años antes de entonar ‘els segadors’ en el patio del colegio. Puigdemont ya puede codearse con Clarís, Casanova y Companys en el altar del victimismo.

Romeva, Turul Puigdemont y Junqueras, exultantes tras constituir la república catalana. ¿Bautizo o funeral?

Pese a la impostada formalidad del acto en un hemiciclo semivacío, resultaba meridianamente claro que no habían parido un león dispuesto a lanzarse a la reconquista de los ‘països catalans’ sino un triste ratoncillo con flequillo y barrigudo. Los rostros de Puigdemont, Junqueras y Romeva, los capitanes del directorio republicano, al término de la votación con la mirada perdida en la tarima, siguiendo quizá al zigzagueante ratoncillo juguetón, sugerían que acababan de asistir a un triste funeral más que a un bautizo. Tal era su falta aparente de entusiasmo que Sobrequés prepara ya otro simposio titulado “República catalana contra Cataluña”. Aunque tal vez tenga que abandonar el proyecto por culpa del 155.

Intervención minimalista

Rajoy en el Senado el 27 de octubre de 2017.

La resolución que aprobó el Senado el 27 de octubre para aplicar el artículo 155, apenas 45 minutos después de haberse constituido la república catalana, introducía modificaciones sustantivas al texto remitido por el Gobierno. Si bien se destituía al gobierno de la Generalitat y se desmantelaban algunos organismos encargados de la acción exterior, se contemplaban cambios significativos en los apartados C.3,  (“telecomunicaciones y comunicaciones electrónicas y audiovisuales”, y  D4 (“medidas dirigidas al Parlamento de Cataluña”). Rajoy confirmaba en su declaración institucional estos cambios y anunciaba la sorprendente convocatoria de elecciones autonómicas en 54 días, a celebrar el 21 de diciembre sin agotar el plazo de 6 meses previsto inicialmente.

Rajoy anuncia la destitución de Puigdemont y su gobierno.

Todo indica que Rajoy y Puigdemont (con anuencia de su sombra perenne) alcanzaron un pacto de no agresión que no me atrevo a calificar de pacto de caballeros, habida cuenta de la desleal trayectoria del dirigente secesionista. Puigdemont ha podido así cumplir su palabra de llevar a los secesionistas hasta la puerta de la república; y Rajoy la suya, al aplicar el artículo 155 y cesar a Puigdenont y su gobierno. Llama la atención que mientras Puigdemont rechaza su destitución y apela, en una alocución difundida por TV3, a oponerse democráticamente al 155, el Ministro portavoz le recuerde que ya no tiene poder alguno y le anime a presentarse a las elecciones autonómicas.

Gabriel, Reguant y el resto de la compaña celebrando la constitución de la república catalana.

No me sorprende tampoco que sólo las diputadas (algo ilusas) de la CUP celebraran con cierto entusiasmo el advenimiento de una república que no se sostiene sobre el papel ni reconoce gobierno alguno en la Vía Lactea. Ni que los ciudadanos que comparten la ilusión (algo ilusa también) de una España conformada por ciudadanos libres e iguales, con vocación europea, sigan sintiéndose desamparados con esta aplicación minimalista del 155. Aunque el cese de Puigdemont y sus consejeros constituye motivo de satisfacción, cuando levantamos la mirada del ratoncillo no encontramos demasiados motivos para celebrarlo.

Allá películas

El aspecto de Barcelona el sábado por la mañana era tan tranquilo y anodino –se nota el bajón de turistas– que nadie hubiera dicho que el Parlament había dado la puntilla al odioso Borbón y Cataluña había amanecido constituida en republica independiente. ¿Mucha cava y bourbon, quizás? Quiero decir con ello que la proclamación de la independencia en nada ha cambiado el discurrir de la vida en Barcelona, ni en ningún otro rincón de Cataluña, exceptuando la folclórica retirada de la bandera española en los Ayuntamientos de Gerona y Sabadell. Mañana el Gerona juega contra el Real Madrid. Terminó la farsa constituyente y comienza el carnaval electoral.

Manifestación en Barcelona en favor de la democracia y la Constitución Española el 29 de octubre.

Los ciudadanos constitucionalistas vamos a apoyar, como no puede ser de otra manera, a los partidos constitucionalistas el 21 de diciembre pero anticipo que no van a gobernar. Los sondeos publicados indican que la probabilidad de que ERC conforme una mayoría de gobierno es mucho mayor. ¡Ojalá me equivoque! Porque estando firmemente convencido de que el orden constitucional no podrá restablecerse mientras la caja de la Generalitat siga en manos de independentistas, mientras el Estado no desmantele el entramado mediático-asociativo que financia el movimiento nacional-secesionista, y mientras el Estado no asegure la neutralidad del sistema educativo y acabe con la inmersión lingüística, la continuidad de ERC al frente de la Generalitat sería una malísima noticia que llevaría a muchos catalanes a preguntarse si no deberían seguir a Boadella y a las 1.800 empresas que han abandonado Cataluña. Y allá películas.

Manifestación en Barcelona en favor de la democracia y la Constitución Española el 29 de octubre.

Boadella, poniendo en su sitio la estrellada.

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En manos de ‘arranitas’ y ‘cuperas’

Artículo publicado en el diario Expansión el 15 de septiembre de 2017

Noche de las antorchas y buen rollito: CUP, Arran, Endavant, el Sindicat d’estudiants del ‘països catalans’, y otras ‘famiglias’ antisistema quemando ejemplares de la Constitución e imágenes del Rey a las puertas del Born el 16 de septiembre de 2016.

Los ciudadanos hemos asistido perplejos este verano a los actos vandálicos y autopropagandísticos que perpetraron y reivindicaron las hordas de Arran, la organización juvenil de la Coordinadora d’Unitat Popular (CUP), contra intereses turísticos en Barcelona y Mallorca, sin que el gobierno de la Generalitat en Cataluña ni el Balear hayan interpusieran denuncias contra la organización donde militan las autoras de los hechos, calificados benévolamente por la CUP como ‘actos simbólicos’ contra un modelo de turismo al que culpan de la destrucción del territorio y la precarización del empleo.

Reacción de la CUP al atentado yihadista  en Barcelona: “las guerras vuestras, los muertos nuestros”. Todo un ejemplo de de empatía y solidaridad internacionalista.

La tibia reacción del  gobierno Puigdemont-Junqueras en Cataluña, el único territorio donde la CUP cuenta con cierta implantación, tiene una explicación muy sencilla: los 10 diputados antisistema resultaban imprescindibles para aprobar la “ley del referéndum de autodeterminación” y la denominadaley de transitoriedad jurídica y fundacional de la república”, registradas en el Parlament el 31 de julio y 27 de agosto, respectivamente.

Votando la ley del referéndum de autodeterminación con el Parlament semivacío.

Ambas leyes fueron aprobadas co los votos de los 71 diputados secesionistas, tras forzar su inclusión en el orden del día del pleno celebrado los días 6-7 de septiembre, pese a no contar con los preceptivos informes jurídicos solicitados por los diputados de la oposición que abandonaron el hemiciclo antes de la votación. Estas dos ‘leyes’, anuladas ya por el Tribunal Constitucional, pretenden suspender la Constitución, el Estatut y el resto del ordenamiento jurídico e instaurar un estado de “excepción en Cataluña” para realizar el anunciado referéndum de autodeterminación el 1-O e iniciar inmediatamente el proceso constituyente de la república con todos los poderes detentados por los dirigentes de ERC-CUP y la cabellera de Puigdemont flotando entre los restos del naufragio de Convergencia.

Violencia totalitaria

Miembros de Arran y Cup quemando las banderas de España, Francia y la UE el 11 de septiembre de 2017. y Junqueras va diciendo a los catalanes que su república catalana estaría en la UE. No con estos socios… y no tiene otros. Bueno, sí el flequillos.

Arran, como la CUP, su matriarcal placenta, son organizaciones cuya acción revolucionaria se articula en torno a tres objetivos. Primero, lograr “la independencia de los “Países Catalanes” para defendernos de los ataques de los Estados español y francés que desde hace más de trescientos años pretenden borrar la identidad del pueblo trabajador catalán”. Segundo, “acabar con el sistema capitalista” y apostar “por la construcción del socialismo, el cual nos ha de conducir a una sociedad sin clases ni opresiones de ningún tipo”. Y, tercero, “la lucha personal y colectiva que supone para todas las personas el sistema patriarcal basado en el dominio del hombre sobre la mujer y de los valores preconcebidos como masculinos por encima de todos los demás”.

Territorio de los inexistentes ‘països catalans’ donde la CUP y ERC desarrollan su actividad política.

No busquen apreciaciones analíticas más finas ni coherencia lógica en los argumentos de las hechiceras que establecen la agenda de sus procaces guerreras porque sus matriarcales afirmaciones, como las verdades reveladas, son indiscutibles. Nada les importa que no exista rastro alguno en los atlas históricos de sus “países catalanes” cuya independencia propugnan ni evidencia alguna de que sus cambiantes habitantes –hoy descendientes mayoritariamente de ciudadanos llegados de otras partes de España–, hayan padecido la opresión de los Estados español y francés durante centurias, más allá de las propias de cada época y sus circunstancias. Sus otras dos prioridades son igualmente paradójicas: pretenden acabar con el detestable sistema capitalista gracias al cual la CUP ingresa varios millones anuales con los disparatados sueldos de sus diputadas y concejalas que pueden dedicarse a tiempo completo a elaborar ‘leyes’ inconstitucionales y a intimidar con amenazas a quienes no comparten su credo.

La brigada de la muerte cuyo cabecilla fue Pascual Fresquet.

En línea con la tradición anarquista revolucionaria de tan funesto recuerdo en Cataluña, la CUP se define como una organización asamblearia y socialista que propugna la “democracia participativa” y menosprecia la democracia constitucional y el Estado de Derecho, la seguridad jurídica, la empresa privada, la religión, el matrimonio, la escuela concertada, etc., considerados instrumentos de explotación social y ejercicio de la violencia patriarcal. Aunque prefieren presentarse como meras defensoras del sector público y el cooperativismo, rechazan frontalmente la propiedad privada de los medios de producción. Su “papel histórico… es tomar el poder” para construir “un Estado Socialista y Feminista en los Países Catalanes que podrá conducir al conjunto de la humanidad hacia la libertad”, y responsabilizan de sus actos violentos a la violencia del sistema capitalista.

Anarquistas de la brigada Ferrer-Carod en pleno acto de heroísmo en el Bajo Aragón.

Gabriel y Fernández celebrando los asesinatos de ETA con sus amigos batasunos en Bilbao.

Dar pocas pistas sobre cómo se desarrollaría el proceso de transición hacia su futurible Arcadia socialista-feminista resulta esencial para enmascarar su indigencia intelectual y vocación totalitaria. Pero como botones de muestra, ahí están su exigencia de imponer “la socialización forzosa y urgente” de la catedral de Barcelona para convertirla en economato y centro musical; su aparatosa campaña “¡Parir es un derecho, no una imposición! Derecho al aborto libre y gratuito”, que presentan como una “vindicación de clase, una declaración de guerra contra la derecha ultracatólica y la ofensiva conservadora”; su radical propuesta de convertir “los centros de trabajo en espacios de intervención política” donde los trabajadores decidirían en asamblea qué y cómo producen; y, en fin, su patrocinio de las ocupaciones de viviendas y la realización de escraches contra sus enemigos políticos a quienes amenazan con barrerlos de Cataluña.

Gabriel con la portavoz de Arran presentando los carteles del Sí barrámoslos.

Gabriel y Fernández dirigiendo el escrache de Arran contra la sede del PP en Barcelona en marzo 2017.

 

Trabajar menos, cobrar más

Gabriel en el escrache a la Guardia Civil 31 julio 2017.

Todo un programa político y social cuya mezcla de ingenuidad, ignorancia y vaciedad producirían sonrojo si no fuera por el ánimo guerrero que alienta a las jóvenes ‘arranitas’ y a sus más maduritas mentoras ‘cuperas’, y la determinación totalitaria con que pretenden imponerlo. Lo cierto es que cuando se separa la hojarasca de su tupida verborrea, entretejida con apelaciones vacías a la conciencia de clase y la solidaridad de los pueblos, el discurso que emerge resulta decepcionante, no ya para cualquier socialdemócrata, sino incluso para los ciudadanos comprometidos con los ideales ilustrados de libertad e igualdad.

Diputadas de la CUP quemando fotos del Rey. Menudas socias que se han echado los representantes de la sociedad catalana.

‘Arranitas’ y ‘cuperas’ sostienen que “en un contexto donde ya disponemos prácticamente de todos los bienes materiales necesarios para desarrollar nuestras vidas”, todo lo que queda por hacer es “repartir el trabajo y la riqueza. Trabajar menos horas y aumentar nuestros salarios para que los ricos paguen su estafa”. Ésta es, en esencia, la fórmula maestra que las diputadas Boya, Gabriel, Reguant, Vohí, y Cia proponen para mejorar el nivel de vida de los trabajadores. Pero quizá el aspecto más contradictorio de su programa ‘revolucionario’ sea la asunción por sus lideresas de la ideología nacionalista, pequeño-burguesa, que les lleva a anteponer la independencia de los ‘países catalanes’ a la emancipación de los trabajadores. Levantar muros y crear nuevos estados para dividir a los “estafados” resulta incongruente con su objetivo de “conducir al conjunto de la humanidad hacia la libertad”.

Cúpula de la CUP en la campaña de las elecciones autonómicas del 27-S.

Inseguridad jurídica: deslocalización y fuga de capitales

Mas con Junqueras y Romeva al final del debate de investidura el 9 de noviembre de 2015 con cara de circunstancias.

Que todas las decisiones importantes adoptadas por el gobierno de la Generalitat y el Parlament de Cataluña en los últimos años –la caída del president Mas, el inicio del proceso constituyente, las purgas de consejeros, la pugna mantenida para aprobar la ‘ley’ de transitoriedad jurídica antes del 1-O– hayan sido dictadas por una pandilla de activistas contrarios a los ideales ilustrados y al proceso de integración europea, da una idea de la irresponsabilidad de los líderes políticos al frente de la Generalitat. Cuando el ex-presidente Mas llama a “desprecintar colegios electorales” y el hombre fuerte del gobierno, Junqueras, declara socio “prioritario” y “absolutamente fiable” a la CUP, nadie debería sorprenderse que algunas empresas hayan trasladado sus sedes y algunos ciudadanos se hayan llevado sus activos fuera de Cataluña. Se trata todavía de movimientos tímidos que anticipan la avalancha de deslocalizaciones empresariales y salida masiva de capitales que se producirían si el gobierno de la Generalitat y los diputados de JxS lograran, como pretende la CUP, sacar a Cataluña de España, de la UE y del euro, un escenario que el Gobierno español ni puede permitirse ni espero permita.

Gabriel con Junqueras y Dante Fanchín (Podem) en Sant Boi de Llobregat el 9 de septiembre de 2016.

Puigdemont con Gabriel y Boya, dirigentes de la CUP en el Palau de la Generalitat.

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Okupas toman el Parlament de Cataluña

A continuación incluyo el texto en el que basé mi intervencion en el programa “El Salero”, dirigido por el periodista Toni Guerrero, en Gestiona Radio el 10 de septiembre de 2017.

Hay infinidad de palabras que se me ocurren para describir lo vivido en los últimos días pero he elegido cuatro adjetivos: esperpéntico, grotesco, doloroso y peligroso.

Junqueras, Puigdemont (con manguitos) y Forn, consejero de Interior, celebrando la aprobación de la ‘ley’ del referéndum de autodeterminación el 6 de septiembre.

Esperpéntico: porque esperpéntica fue la actuación del gobierno de la Generalitat y los 71 diputados secesionistas en el Parlament de Cataluña, que con una mayoría tan ajustada que resulta insuficiente siquiera reformar el Estatut de Cataluña, se empeñaron en aprobar dos leyes que sobrepasan sus competencias e imponen un estado de excepción que deja en suspenso la Constitución, el propio Estatut y el resto del ordenamiento jurídico, para poder realizar el próximo 1-O un referéndum ilegal, en el que sólo participarán los secesionistas, y proclamar ta renglón seguido la república de Catalunya.

Forcadell, mordaza de la oposición, saltándose la ley, en el Parlament de Cataluña.

Grotesco: porque grotesco fue el espectáculo vivido los días 6 y 7 en el pleno del Parlament de Cataluña. Forcadell, la presidenta de la Cámara, dio la verdadera medida de su talla como dictadora: aceptando modificar el orden del día para debatir dos leyes cuyo contenido desconocían los diputados; desoyendo los informes jurídicos de los Letrados de la propia Cámara que advertían de la la ilegalidad de las normas; rechazando destempladamente la petición de los diputados de la imposición de solicitar el preceptivo informe al Consejo de Garantías Estatutaria; y, en fin,  limitando a su mínima expresión los turnos de palabras con el solo propósito de  aprobar en dos sesiones maratonianas las dos leyes de desconexión: la ‘ley’ del referéndum de autodeterminación y la ‘ley’ de transitoriedad jurídica y fundacional de la república.

Doloroso: porque la marcha de la mayoría de los diputados de la oposición, Ciudadanos, PSC y PP permitió visualizar hasta qué punto las políticas sectarias seguidas por el gobierno de la Generalitat, con apoyo de los grupos parlamentarios Junts pel Sí (ERC+CDC) y CUP, han dividido en dos partes a la sociedad catalana. Y cómo uno de esos bandos, el secesionista, pretende barrer al constitucionalista y echar a sus representantes fuera de Cataluña. Gracias a la Constitución de 1978, los españoles hemos podido vivir en libertad, concordia y prosperidad en nuestra historia. El enfrentamiento en Cataluña abre de nuevo una fractura social en la sociedad catalana que tardará años en cerrarse.

La matriarca Gabriel, diputada de la CUP, presentando el cartel de la campaña de su partido a favor del Sí. En el cartel pueden verse las caricaturas de sus adversarios políticos a los que amenaza con barrrelos.

Y peligroso: porque me temo que la CUP y su organización juvenil Arran, junto con el resto de partidos (ERC, CDC-PDE-Cat) y asociaciones (ANC, Omnium Cultural y AMI) que patrocinan la secesión de Cataluña están dispuestos a llevar su desafío a la calle. Además de generar inestabilidad política que está ya afectando a la actividad económica y a la recuperación económica, no puede descartarse que se produzcan enfrentamientos con los cuerpos y fuerzas de seguridad que tendrán que defender los derechos constitucionales de todos los españoles, incluidos los catalanes. Naturalmente, esta situación afectará negativamente a la imagen internacional de España.

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Una república sin derecho a réplica

Artículo publicado en el diario Expansión el 8 de septiembre de 2017

Forcadell, ejerciendo de mordaza de la oposición, se saltó todos los principios democráticos. 

Bochorno es la palabra que cualquier demócrata sintió al escuchar a los portavoces de los grupos parlamentarios de Ciudadanos, PSC, PP y CSQEP en el Parlament protestar inútilmente contra los reiterados intentos de la presidenta Forcadell de silenciarlos para sacar adelante el cambio en el orden del día, propiciado por los grupos parlamentarios Junts pel Sí (JxS) y CUP, y aprobar, por vía de urgencia, la denominada “ley del referéndum de autodeterminación” en el Parlament de Cataluña. El áspero debate permitió constatar el nulo respeto a los procedimientos democráticos de los líderes de ERC, PDE-Cat y CUP en su alocada huida hacia el 1-O.

Junqueras, Puigdemont y Forn, consejero de interior, celebrando la aprobación de la ‘ley’ del referéndum de autodeterminación con el hemiciclo semivacío.

Verlos en acción dinamitar el Estado de Derecho en el hemiciclo, vulnerando sin inmutarse en su escaño los derechos más elementales de los diputados –tales como conocer los proyectos de ley con 48 horas de antelación, disponer de plazos razonables para presentar enmiendas o solicitar informes jurídicos a los Letrados de la Cámara y dictámenes al Consejo Estatutario– habrá servido para despejar las dudas que todavía albergaban algunos políticos y ciudadanos sobre la naturaleza del  prometido “nuevo país para todos”. Gracias por aclararnos que en su república no hay derecho a réplica.

“Anem a votar, anem a votar”

El diputado Coscubiela denunciando la quiebra de los procedimientos democráticos auspicidada por el gobierno de Puigdemont-Junqueras el 6 de septiembre de 2017.

Esta es la frase que repitió Forcadell mientras intentaba acallar las protestas de todos los portavoces de la oposición que, con independencia de sus posiciones políticas, pedían la palabra para denunciar el atropello a la democracia que los diputados de JxS y CUP estaban perpetrando. Como les recriminó Coscubiela (CSQEP), “esto no es un cambio del orden del día” sino más bien la aplicación del principio dictatorial de “a todo aquel que no me gusta le tapo la boca”. Dicho y hecho: Forcadell le cerró el micrófono mientras el diputado gesticulaba con voz ya inaudible ante las cámaras. Tras el intento del vicepresidente Espejo (Ciudadanos) de intervenir en el pleno, cortado con voz alterada por Forcadell, la que fuera primera presidenta de la ANC llamó a un primer receso para que la mesa de portavoces pudiera reunirse, como exigían los diputados de la oposición, a tratar el trascendental cambio en el orden del día.

Arrimadas, lideresa de Ciudadanos, y Espejo, diputado y vicepresidente del Parlament.

Gabriel, diputada de la CUP, presentando el cartel de su coalición a favor del sí en el ilegal referéndum del próximo 1 de octubre. En él pueden verse, junto a las caricaturas de políticos y diputados constitucionalistas, el mandato “barrámoslos” adobado con las palabras “autodeteminación, desobediencia y paises catalanes”.

La llamada ‘ley del referéndum de autodeterminación’ establece en su Art. 3.2 un “estado de excepción” que deja en suspenso la Constitución, el Estatut de Cataluña, la Ley Orgánica del Régimen Electoral General y cualquier norma o sentencia que entre en conflicto con ella. No hace falta ser un experto constitucionalista para darse cuenta del dislate jurídico y los riesgos que entraña para la salvaguarda de los derechos de los ciudadanos y la libertad de empresa que un grupo de diputados iluminados se arroguen todos los poderes y violen todas las reglas básicas de la democracia constitucional, la única que garantiza los derechos individuales y colectivos, y proporciona a las minorías seguridad jurídica frente a la arbitrariedad de las mayorías. Cuando a ello se añade la vulneración reiterada por los grupos de JxS y CUP de los principios y salvaguardas establecidos para tramitar con garantías los proyectos legislativos, ignorando las leyes y los reglamentos de las cámaras, el escenario que emerge en Cataluña es de una gravedad extrema.

 No es tiempo de peros

Votación con el hemiciclo semivacío tras abandonarlo los diputados de Ciudadanos, PSC y PP. Al fondo, se ve a la diputada Àngels Martínez de Podemos retirar las banderas españolas que habían dejado en sus escaños, junto a las banderas de Cataluña, los diputados del PP.

Como era previsible, las quejas y apelaciones al reglamento y al sentido común de la oposición cayeron en saco roto y el gobierno de Puigdemont-Junqueras acabó modificando el orden del día y Forcadell concedió un par de horas a la oposición para presentar enmiendas, sin aclarar el procedimiento a seguir ni aceptar que la mesa se reuniera para establecerlas. Algunos grupos de la oposición anunciaron que pedirán amparo al Tribunal Constitucional (TC) mientras la Fiscalía anticipab que presentará ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña una querella contra Forcadell y los miembros de la mesa que votaron a favor de tramitar la ‘ley’. A esta hora, el pleno, cuyo final está cantado, retoma la sesión tras dos horas de interrupción mientras la oposición sigue pidiendo explicaciones a Forcadell que sólo está interesada en proceder a votar las enmiendas.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría,durante su comparecencia ante los medios, en el Palacio de La Moncloa el 6 de septiembre de 2017.

En su comparecencia ante los medios de comunicación, la vicepresidenta Sáenz de Santamaría, informó que el presidente del Gobierno ha ordenado a la Abogacía del Estado interponer un incidente de ejecución de sentencia ante el TC para paralizar las decisiones adoptadas en el Parlament y decantar las responsabilidades penales en que pudieran haber incurrido Forcadell y los miembros de la mesa que llevaron la ‘ley’ al pleno. Sáenz de Santamaría aseguró que el Gobierno está preparado para defender los derechos de los catalanes y la democracia en Cataluña, y aprobará el recurso al TC en el Consejo de Ministros extraordinario convocado para hoy mismo.

Rivera, Sánchez e Iglesias al inicio de un debate electoral.

Celebro el apoyo sin matices que Rivera, presidente de Ciudadanos, trasladó al Gobierno un día antes del aquelarre secesionista en el Parlament, y comparto la petición que le hizo a Rajoy de que el próximo 1 de octubre no vuelva a repetirse el bochornoso espectáculo vivido el 9-N, con la utilización partidista de las instituciones de autogobierno y los medios de comunicación, la ocupación de espacios públicos y la malversación de caudales. Más preocupante resulta la ambigua posición de Sánchez, secretario general del PSOE, que ese mismo día se reunía con el nada fiable Iglesias, líder de la sección madrileña de Podemos, y asumía en rueda de prensa las aspiraciones de Cataluña, El País Vasco y Galicia (al menos) a ser reconocidas como nación. En alguna ocasión he manifestado mi oposición, no tanto a la desfasada pretensión de reconocer como nación a un territorio sino a que ello conlleve privilegios para sus habitantes, y quiebre la igualdad de todos los españoles que proclama nuestra Constitución. Pero hasta donde sé, el proyecto federalista que abanderan el PSC-PSOE supone, además del reconocimiento de la nación catalana, el blindaje de la inmersión lingüística y la concesión de privilegios fiscales inadmisibles para cualquier socialdemócrata tibio. Hoy, Sr. Sánchez, no es día para poner palos en la rueda sino para pensar en el interés de todos los españoles y apoyar las medidas que adopte el Gobierno para preservar nuestro Estado social y democrático de Derecho.

Rajoy con Sánchez en La Moncloa el 7 de septiembre de 2017.

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Los últimos herederos del franquismo

Artículo publicado en Economía Digital el 31 de julio de 2017

Franco aclamado en Barcelona en 1970

Va para cuarenta y dos años que murió en la cama el general Franco, militar golpista, generalísimo victorioso de la cruenta Guerra Civil (1936-1939) y dictador implacable hasta sus últimos días. Este año hemos festejado un doble cuadragésimo aniversario: la legalización del PCE y la conversión de Carrillo en demócrata, y la celebración de las primeras elecciones auténticamente democráticas realizadas en España. Y el año próximo le tocará el turno a la hoy cuestionada Constitución de 1978 que estableció el marco jurídico donde todos los españoles, con independencia de nuestras creencias religiosas e inclinaciones políticas, hemos podido convivir en libertad, concordia y prosperidad, sobreponiéndonos a los crímenes terribles con que ETA intentó desestabilizar nuestra recién estrenada democracia.

Etarras y cuperos confraternizando.

No hace falta ser un historiador concienzudo ni un sociólogo o politólogo reputado para entender la trascendencia de estos logros. Basta con tener cierto conocimiento elemental de la historia contemporánea de España, y, como dicen con cierta rudeza en mi tierra, tener algo de cabeza. Cualquier hijo de esta tierra con un ápice de sensatez daría gracias por haber vivido cuatro décadas sin que ninguno de los españolitos venidos a este mundo haya tenido que verse en el brete de ver como una de las dos Españas, a las que se refirió Machado en un poemilla popularizado por Serrat, le helaba el corazón. Hace pocos días, traté este asunto en un artículo titulado “La culpa no es del PP”, en el que exponía y comentaba las opiniones recogidas en otro artículo, algo inexactamente titulado “Escritores y artistas catalanes rechazan el referéndum ilegal”, publicado en El País el 24 de julio de 2017.

Gas una de las víctimas masacradas por el PP.

Al lado de los razonables aunque no del todo coincidentes comentarios de Marsé y Mendoza, y la nota cínica del profesor Rico que al parecer está pasándoselo en grande a costa del proceso secesionista, llamaba la atención sobre las acusaciones de Mariscal, Serrat, Gas y Herralde contra el Partido Popular (PP), al que todos ellos coinciden en calificar de “heredero del franquismo”, y al que Gas responsabilizaba  de estar al frente de “un Gobierno que masacra a España y, por tanto también a Cataluña”. Resultaría indecoroso, por mi parte, repetir aquí citas, argumentos y contraargumentos, ya publicados, así que intentaré completarlos con unas reflexiones sobre la pesada herencia del franquismo y las limitaciones de nuestra democracia.

Nadie puede negar que todos quienes vivimos bajo el régimen franquista somos en algún sentido, por acción o inacción, “herederos del franquismo”, como resulta también innegable que los rusos lo son del totalitarismo de Lenin y Stalin, los alemanes del nacionalsocialismo, los italianos del fascismo, o los rumanos del régimen del dictador Ceacescu, valedor sombrío de Carrillo. ¿Quiere esto decir que todo lo que hagan sus herederos queda invalidado o sujeto a sospecha a causa del legado recibido? ¿Que Suárez proviniera de las filas del Movimiento Nacional empequeñece acaso su logro de transformar un régimen dictatorial en una democracia representativa? ¿Puede el pasado poco edificante de Carrillo invalidar el papel constructivo que desempeñó el líder del PCE durante la transición en España? Hace  falta ser un papanatas o un mentecato, o ambas cosas a la vez, para intentar empañarlas con el sambenito de la herencia recibida.

El PP, con independencia de las diversas herencias recibidas por cada uno de sus militantes, es un partido político que ha obtenido el mayor número de escaños en tres elecciones libres y rigurosamente democráticas consecutivas, y sólo por eso, no por su “herencia fraquista”, está al frente del poder ejecutivo de un Estado de la Unión Europea donde existe una Constitución democráticamente acordada que los españoles, catalanes incluidos, refrendamos el 6 de diciembre de 1978. Ante un marco jurídico que reconoce la división de poderes y competencias y la independencia del poder  judicial, ¿cómo puede afirmarse que el Gobierno de España “masacra a España y, por tanto, a Cataluña”? ¿Acaso quien lo dice no es libre de expresar sus opiniones y votar al partido que más le gusta? Y, ¿cómo pueden acusarlo de insensibilidad “hacia la cuestión catalana” y propiciar “un deterioro tremendo, erigiendo como un todo inamovible una Constitución”, cuando Rajoy ha reiterado la disposición a tratar todos los contenciosos existentes (o inventados) salvo el plan de realizar un referéndum de autodeterminación?

Rajoy recibiendo a Mas en La Moncloa.

 

Las constituciones no son inamovibles pero todos los Estados democráticos exigen mayorías cualificadas para reformarlas, una cautela introducida no por malicia sino para librarnos precisamente a los ciudadanos de las mayorías tiránicas. Quienes hoy pretenden desde el gobierno de la Generalitat y el Parlament de Cataluña subvertir el orden constitucional, apelando paradójicamente a la democracia, cuentan con respaldo insuficiente para reformar no ya la Constitución sino incluso el Estatut de Cataluña. Seamos serios: Puigdemont, Junqueras y Gabriel no son demócratas sino golpistas que pretenden imponernos por la vía de los hechos consumados la república de PuigCupqueras. Resulta incomprensible que ante tan bochornoso espectáculo haya todavía escritores y artistas que tachen al Gobierno de España de inmovilista y coercitivo, por defender la legalidad constitucional que ampara los derechos individuales y colectivos de todos, y vean en cambio como el no va más de la democracia que el gobierno de la Generalitat incumpla leyes, legisle sobre asuntos ajenos a sus competencias y desacate las sentencias de los Tribunales.

Puigdemont arropando a Mas antes de declarar ante el TSJC.

Puigdemont y Gabriel celebrando su acuerdo para constituir una república independiente.

Si algo hoy nos recuerda el régimen franquista a quienes lo vivimos y soportamos con la mayor dignidad posible, no es precisamente la defensa de la legalidad democrática por parte del Gobierno de España sino los planes del gobierno de la Generalitat y de los 72 diputados de Junts pel Sí y CUP para acabar con los contrapesos y procedimientos garantistas esenciales en cualquier democracia. A los escritores y artistas tan quisquillosos con la herencia franquista de los demás, les propondría que contestaran esta sencilla pregunta: ¿son partidarios de que todos los ciudadanos españoles tengamos los mismos derechos y obligaciones, con independencia de la Comunidad Autónoma donde estemos empadronados, tal y como recoge nuestra Constitución? Confío en que estén a favor de la igualdad constitucional de los españoles, y no alineados, tal vez sin saberlo, con los últimos herederos del franquismo Een Cataluña.

Los diputados de la CUP en el Parlament de Cataluña.

En el centro, junto a Forcadell, Pí i Sunyer, ex-vicepresidente del Tribunal Constitucional y presidente del “consejo asesor nacional de transición a la independencia”, al que se atribuye la redacción de la ‘ley de transitoriedad jurídica’.

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De parlamentarios a okupas

Artículo publicado en el diario Expansión el 19 de julio de 2017

Diputados de Junts pel Sí y Cup presentando el borrador de la “ley del referéndum de autodeterminación” en el Parlament.

Tanto el acto que protagonizaron en la mañana del 4 de julio ocho diputados de los grupos parlamentarios CUP y Junts pel Sí (JxS) en el auditorio del Parlament –fuera del hemiciclo donde se debaten y se votan las iniciativas legislativas– para explicar la llamada “ley del referéndum de autodeterminación” a sus propios diputados, como la subsiguiente puesta en escena que realizaron esa misma tarde el presidente y el vicepresidente del gobierno de la Generalitat en el Teatro Nacional de Cataluña para presentar en sociedad el engendro jurídico, permitió constatar su profundo desprecio por los tres principios claves de la democracia representativa: división de poderes, división de competencias e imperio de la Ley. Que luego no se rasguen las vestiduras si algunos acaban, como Mas y Homs, sentados en el banquillo por aprobar un texto que deroga nada menos que la Constitución y desacata las sentencias de los Tribunales. Ningún pretendido “mandato popular” exime a quienes delinquen, gobernantes y diputados autonómicos incluidos, de responder de sus actos en un Estado de Derecho.

Puigdemont, prima dona de la compañía nacional república catalana, ensayando la obra “Butifarréndum o Muerte”en el Teatro Nacional de Cataluña el 4 de julio de 2017.

 “Régimen jurídico excepcional” en Cataluña

En la sesión matutina, cuatro dirigentes de la CUP (Gabriel, Garriga, Salellas y Serra) presentaron junto a cuatro diputados de la coalición JxS (Corominas y Turull por CDC-PDE-Cat y Orobitg y Rovira por ERC) las primicias de la “ley” que pretende establecer un “régimen jurídico excepcional” en Cataluña para cobijar un referéndum inconstitucional y antiestatutario, y, por tanto, palmariamente ilegal. Hay dos circunstancias destacables. Primera: que la coalición antisistema, anticapitalista y manifiesta vocación imperialista, CUP, que sólo obtuvo el 8,2 % de los votos válidos en las elecciones autonómicas del 27 de septiembre de 2015, tuviera los mismos representantes en la mesa presidencial que la coalición JxS, que logró el 39,5% de los votos, demuestra quién maneja en realidad los hilos del gobierno de Puigdemont. Segunda: que sólo un reducidísimo número de diputados y miembros del gobierno, según confesó el cesado consejero Baiget, estén al tanto de lo que se cocina en la canonjía del Palau, confirma la naturaleza totalitaria del proyecto que impulsan los conspiradores.

Salellas, Gabriel, Turull y Rovira en la mesa del Parlament: Dios los cría y ellos se juntan.

No hay duda alguna de que estamos ante un complot urdido por un pequeño grupo de diputados y miembros del gobierno de la Generalitat que, aprovechando su circunstancial mayoría en el Parlament de Cataluña –72 diputados que representan al 47,7% de los votantes y al 36,8% del censo–, insuficiente incluso para reformar el Estatut de Cataluña, pretenden aprobar una “ley suprema” que “prevalece jerárquicamente sobre todas aquellas normas con las que pueda entrar en conflicto”, incluidas la Constitución, el Estatut, la Ley Orgánica del Régimen Electoral General y el resto del ordenamiento jurídico. Con este audaz golpe de mano, los secesionistas pretenden liquidar el Estado democrático social de Derecho en Cataluña,  y suspender los derechos constitucionales de los españoles allí empadronados.

Puigdemont conversando con Juncker y Merkel  en su última visita al Parlament europeo.

A falta de mejores argumentos, la “ley” apela, en primera instancia, al derecho a la autodeterminación de los pueblos reconocido por la Asamblea de la ONU. Como nunca Cataluña ha sido una colonia y los catalanes tienen los mismos derechos que el resto de españoles, recurrir a semejante subterfugio produce hilaridad. En el fondo, a los conspiradores les trae sin cuidado lo que piensen o digan los organismos internacionales –el Consejo de Europa manifestó recientemente que un referéndum sólo puede hacerse respetando la legalidad constitucional– porque su insustancial alegato se dirige a convencer a sus votantes más ingenuos de que una legalidad internacional superior a la española avala su, jurídicamente hablando, monstruosa criatura.

Sede de la Comisión de Venecia.

En segunda instancia, los proponentes de la ley aducen la negativa del Gobierno de España a acordar la celebración del referéndum, una excusa tan cómica y cínica como la anterior. ¿Alguien en su sano juicio puede pretender que un Gobierno democrático incumpla la Constitución que refrendaron el 87,1% de los españoles y el 90,4% de los catalanes? Nuestra Constitución, como el Estatut y el resto de normas vigentes, puede reformarse siguiendo los procedimientos y mayorías previstos en el ordenamiento jurídico, y sólo los enemigos de la democracia y los dictadores solapados se consideran legitimados para saltárselas con subterfugios tan pueriles.

Sáenz de Santamaría, vicepresidenta del Gobierno de España, ofreciendo a Junqueras, vicepresidente del gobierno de la Generalitat, diálogo sobre todas las demandas presentadas, a excepción del referéndum.

 Preparativos del “butifarréndum”

Puigdemont anunciando la pregunta y la fecha del referéndum el 9 de junio de 2017.

Puigdemont, Junqueras y el selecto grupito de diputados que están en el ajo han despejado pocas de las muchas dudas que suscita el referéndum anunciado para el próximo 1 de octubre. A la espera de un futuro “decreto de normas complementarias”, la “ley” establece que podrán participar los ciudadanos que “tienen derecho a voto en las elecciones al Parlament” y que corresponde al gobierno de la  Generalitat elaborar el censo, nombrar el número y límites de las secciones electorales y nombrar a los integrantes de las mesas que se dispondrán en locales municipales “que se utilizan habitualmente como centros de votación”. Las papeletas incluirán la pregunta “¿Queréis que Cataluña sea un estado independiente en forma de república?”, en catalán y castellano. En cuanto al resultado, la “ley” contempla que si el “sí” ganara por un solo voto, aunque sólo votaran Puigdemont y Junqueras, el Parlament proclamará la independencia en el plazo de 48 horas y se iniciará el “proceso constituyente”.

Puigdemont y Gabriel celebrando su acuerdo para constituir una república independiente.

Otegui recibido con todos los honores por Forcadell, presidenta del Parlament.

La “ley” contempla también crear un organismo denominado “sindicatura electoral de Catalunya”, con sede en el Parlament, que sustituiría a la Junta Electoral Central y a las Juntas Electorales Provinciales de Cataluña, los organismos legítimos encargados de velar para que “las decisiones políticas en las que se refleja el derecho de sufragio se realicen en plena libertad”. A este nuevo organismo le correspondería designar las “sindicaturas de demarcación”, validar el censo y las papeletas, proporcionar acreditaciones, supervisar las mesas electorales, etc. Puesto que el gobierno de la Generalitat carece de competencias para elaborar el censo electoral y sustituir a la Junta Electoral Central, el plan esbozado constituye otro despropósito jurídico. En caso de que el gobierno de la Generalitat y los diputados de JxS y CUP en el Parlament sigan adelante con los planes para hacer el referéndum, tendrán que hacer frente a las denuncias que presenten los ciudadanos en cuanto se les comunique su inclusión en un censo ilegal puesto a disposición de un organismo ilegal.

 ¿Diputados u okupas?

Que una decena de diputados con Puigdemont, Junqueras y Gabriel a la cabeza pretendan saltarse la Constitución y el Estatuto de Cataluña y doblegar al resto de instituciones del Estado constituye un auténtico delirio sin parangón en ninguna democracia occidental. El plan de marcado cariz totalitario carece de respaldo alguno en el Derecho Internacional y contraviene nuestro ordenamiento jurídico, incluido el propio Estatut donde se establece que “Cataluña tiene en el Estado español y la UE su espacio político y geográfico de referencia e incorpora los valores, los principios y las obligaciones que se deriven de formar parte de ellos”.

Puigdemont con su gobierno de los peores. Los consejeros Baiget,Jané, Munté y Ruiz han sido cesados por su tibieza.

Confieso tener curiosidad por ver cuántos diputados, además de Puigdemont, Junqueras y los diez “cuperos”, se atreven a aprobar la “ley suprema” y arriesgarse a pasar de diputados autonómicos a okupas del Parlament. El gobierno de la Generalitat ha tenido que cesar a Baiget y a otros tres consejeros tibios, y forzar la dimisión “por razones políticas” de Batlle, director de los Mossos. Sustituidos todos por secesionistas fanáticos, me temo que no serán las últimas víctimas de la nonata república de PuigCupqueras.

Tardà, Llach y líderes de la CUP con su buen amigo Otegui.

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