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La sociedad civil catalana ante el 6-D

Artículo publicado en el diario Expansión el 5 de noviembre de 2017

Puigdemont y Junqueras celebrando la constitución de la república junto a un centenar de alcaldes congregados para la ocasión en el Parlament.

Hasta hace pocos meses, la mayoría de ciudadanos catalanes que se sentían demócratas e inequívocamente constitucionalistas guardaban un prudente silencio, entre anestesiados y atemorizados por la todopoderosa y desafiante Generalitat (Gobierno, Parlamento, Diputaciones y Ayuntamientos) que controla, además del ingente presupuesto del sector público, cercano a los 40.000 millones, casi todos los órganos rectores de instituciones públicas y semipúblicas y los omnipresentes medios de comunicación, siempre prestos a difundir las consignas del régimen nacional-secesionista, y a descalificar y estigmatizar a quienes osan oponerse a su plan de constituir un estado independiente en forma de república. La situación ha cambiado notablemente este otoño pero las amenazas a la libertad e igualdad de los españoles seguirán muy presentes tras las elecciones autonómicas del 21-D.

El despertar de la sociedad civil catalana

30-S: vista de la plaza de San Jaime.

El pasado 30 de septiembre, las asociaciones cívicas Espanya i Catalans, Somatemps, Regeneración Democrática, Movimiento 12-O y Profesores por el Bilingüismo desafiaron una vez más al poder establecido y convocaron una manifestación en Barcelona que alcanzó un notable éxito de asistencia. Fue el pistoletazo de salida de las tres manifestaciones multitudinarias que se celebraron los días 8, 12 y 29 de octubre, en las que centenares de miles de catalanes tomaron las calles de Barcelona para reclamar libertad, democracia y respeto a la Constitución y al ordenamiento jurídico. Las secuelas de esas movilizaciones se han dejado sentir también en infinidad de manifestaciones y concentraciones en otras ciudades de Cataluña, las últimas en Badalona y Gerona el 25 y 26 de noviembre, respectivamente.

12-O 2016: manifestación en Barcelona.

Estas movilizaciones recientes hacen más meritoria si cabe la tenaz labor de resistencia que estas modestas asociaciones han venido desarrollando desde 2012 para mantener vivas en Barcelona las celebraciones de la Fiesta Nacional de España el 12 de octubre (12-O) y el aniversario del refrendo de la Constitución Española el 6 de diciembre (6-D). Así cayera un sol de justicia o chuzos de punta, sin apenas recursos y conscientes de que su esfuerzo tenía un valor meramente testimonial, algunos catalanes se empeñaron en mantener encendida la llama de la libertad y la justicia, la igualdad y la pluralidad en Cataluña, haciendo oídos sordos a las siempre inmisericordes descalificaciones de los medios de comunicación, y sobreponiéndose a la incomprensión de otras asociaciones y partidos.

12-O 2017: Plaza de Cataluña.

30-S: manifestación en Vía Layetana.

En 2014, publiqué un artículo titulado “Ausencias significativas” (Crónica Global, 9 de diciembre) en el que lamentaba que “casi todos los partidos políticos y algunas asociaciones decidieron que sus líderes tenían cosas mejores de las que ocuparse ese día, y en lugar de movilizar a sus bases celebraron la efeméride por separado, bien ese día bien unos días antes”. La situación ha mejorado mucho desde entonces y las manifestaciones del 8, 12 y 29 de octubre en Barcelona contaron con el respaldo de todas las asociaciones constitucionalistas. Pese a que un medio de comunicación anunció hace unos días que Sociedad Civil Catalana (SCC) renunciaba “a manifestarse el día 6… para no enfrentar a los partidos constitucionalistas”, deseamos y esperamos que los actos que la asociación planea hacer en Bruselas, Washington y Tarragona no sean obstáculo para adherirse a la manifestación convocada por Espanya i Catalans y otras asociaciones en Barcelona el 6 de diciembre. En ningún caso, la celebración del refrendo popular de la Constitución debería ser motivo de enfrentamiento entre partidos constitucionalistas.

Peligros tras el 21-D

La aprobación de la Constitución de 1978 constituye un hito sin precedentes en la historia política de España porque, gracias a ella, los españoles hemos podido vivir en libertad, concordia y prosperidad por primera vez durante casi cuatro décadas ininterrumpidas. La Constitución es para los ciudadanos de a pie la principal garantía con que cuentan para detener las arbitrariedades de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Para los catalanes, la Constitución cobra incluso más importancia por la inclinación de la Generalitat a saltarse el ordenamiento jurídico. Paradójicamente, esa misma Constitución y el resto de normas democráticas que pretendían derogar las llamadas ‘leyes’ de desconexión son las que ahora amparan el derecho de Puigdemont,  Junqueras y el resto de sediciosos a tener un juicio justo. Contrariamente a lo que afirman los secesionistas, en España no hay presos políticos porque nadie va a la cárcel por expresar ideas a menos que cometa actos tipificados como delitos.

Puigdemont con Junqueras, Forcadell con Buch, presidente de la ACN, y Lloveras, presidenta de la AMI.

Hay una segunda razón de peso para celebrar el XXXIX aniversario de la Constitución este 6-D. Como las setas en un otoño lluvioso y benigno, cada día aparece una nueva propuesta para reformar la Carta Magna con la excusa de ponerla al día. Algunos se muestran escandalizados porque han pasado 39 años y nos hemos adentrado en el siglo XXI con una Constitución del XX. El asunto lleva años coleando y hay tantas propuestas sobre la mesa y con fines tan variopintos que resulta difícil augurarles mucho futuro. Algunas afectan a detalles relativamente nimios que en nada impiden el normal funcionamiento de las instituciones pero hay otras que podrían ahondar las desigualdades entre españoles, limitar subrepticiamente la libertad de circulación y aumentar, en lugar de reducir, las disfunciones administrativas y los conflictos competenciales.

Los padres de la Constitución de 1978.

Hay reformistas que abogan por aplicar el principio de proporcionalidad de manera estricta, otros partidarios de convertir el Senado en una ‘auténtica’ cámara territorial y hasta algunos que pretenden eliminar la Cámara Alta. Hay quienes desean acabar con aforamientos y Diputaciones, otros introducir derechos sociales y algunos reformar el Título VIII para precisar las competencias de cada instancia ejecutiva y legislativa; etc. A casi nadie parece habérsele ocurrido pensar que los principales problemas a los que nos enfrentamos los españoles en el siglo XXI, incluido el auge del secesionismo en Cataluña, podrían no ser culpa de la Constitución ni tampoco resolverse con su reforma. Siendo realistas, las únicas reformas imprescindibles son aquéllas que podría compartir una mayoría cualificada de nuestros representantes políticos y acordarse, por ende, con suma facilidad.

Maragall y Mas aplaudiendo tras aprobarse la Propuesta de Reforma del Estatut el 30 de septiembre de 2005.

No se me malinterprete: animo a los expertos constitucionalistas y administrativistas a seguir avanzando propuestas de reforma y a los ciudadanos a estar muy atentos para impedir que les den gato por liebre. Por ello, propongo someter cada propuesta a un sencillo test: ¿servirá para reforzar la libertad e igualdad los españoles o para blindar y reforzar los privilegios de unos ciudadanos a costa de otros? Pónganse sobre aviso en cuanto escuchen al reformista de turno defender la superioridad del “modelo federal” para sustanciar la noción de ‘nación de naciones’; o apelar a los ‘derechos históricos’ y ‘singularidades nacionales’ de tal o cual ‘pueblo’ para justificar el establecimiento de un “régimen jurídico singular’ sobre la base de una ‘relación bilateral con el Estado’.

Presentación de algunas ideas para reformar la Constitución de 1978.

Me explico. La reciente propuesta avanzada por un equipo de diez catedráticos –cinco de ellos adscritos a Universidades catalanas– sugiere que para evitar conflictos competenciales “los Estatutos solo deberían ser aprobados por el Parlamento autonómico” y aboga por “reforzar los mecanismos para que las Comunidades Autónomas participen en las decisiones del Estado y la Unión Europea”. ¿Qué habría sido de los ciudadanos constitucionalistas en Cataluña si la Propuesta de Reforma de Estatut aprobada por el Parlament el 30 de septiembre de 2005 se hubiera convertido en ley sin pasar por los filtros del Congreso y del Tribunal Constitucional? Y, ¿podrían funcionar con normalidad las instituciones del Estado y de la UE con participación de gobiernos cómo los que ha tenido Cataluña en los últimos 5 años? Al parecer, los líderes de Podemos y los secesionistas catalanes no son los únicos empeñados en acabar con España y con la UE: cuentan con la inestimable ayuda de algunos eminentes juristas.

Iglesias (Podemos) abraza a Tardà (ERC) tras la intervención del diputado de en el Congreso el 14 de junio de 2017.

 

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Cataluña, en el filo de la navaja

Artículo publicado en el diario Expansión el 27 de julio de 2017

El último barómetro del Centre d’Estudis d’Opinió del gobierno de la Generalitat de Cataluña muestra una caída continuada del porcentaje de catalanes que quieren que Cataluña sea un estado independiente, desde 47,7 % hace un año hasta 41,1% en junio de 2017. En sentido contrario ha evolucionado el porcentaje de ciudadanos que no quieren que Cataluña se convierta en un Estado independiente que con el 49,4% vuelve a situarse muy cerca del máximo (50,0%) alcanzado hace dos años. Por otra parte, la suma de los catalanes que consideran que Cataluña debería ser una Comunidad Autónoma (30,5 %) o una Región (5,3 %) supera ligeramente a la de aquellos (34, 7 %) que consideran que debería  ser un estado independiente, algo que no había ocurrido en el período que aparece en el gráfico. El porcentaje de quienes consideran que Cataluña debería ser un estado dentro de una España federal cayó 8 puntos porcentuales entre finales de 2014 y mediados de 2016 y ha registrado una levísima recuperación en el último año.

Iceta y Parlon, máximos dirigentes del PSC.

La opción federalista resulta, por tanto clave, para inclinar a un lado u otro la balanza. La cuestión es que nadie sabe a ciencia cierta a dónde nos quieren arrastrar los partidarios de un estado federal, cuando de hecho la España de las Autonomías ya lo es en casi todos los aspectos si se la compara con estados federales como Estados Unidos o Alemania. Aunque es cierto que el PSC –el único partido que defiende abiertamente el modelo federal en Cataluña– se ha librado de bastantes de sus líderes filosecesionistas, que se han incorporado a ERC o a CDC (PDE-Cat),  lo cierto es que la concepción federal que patrocina el PSC de Iceta y Parlón no deja tranquilo a ningún socialdemócrata libre del virus nacionalista.

Iceta, secretario nacional del PSC. Dice que quieren una España federal… que, por no tener, parece no tener ni bandera. Me temo que el que el PSC ha renunciado a poner la bandera de la UE en sus actos sólo para no tener que poner la bandera constitucional española.

Porque, francamente, resulta poco reconfortante para los socialdemócratas, y hasta me atrevería a afirmar que para cualquier republicano, la pretensión del PSC de convertir a España en una “nación de naciones” con el propósito de reconocer la “identidad nacional” de Cataluña; o su defensa a ultranza de la inmersión lingüística que impulsaron los gobiernos tripartitos liderados por el PSC de Maragall y Montilla, a la que califican sin pudor como “un modelo educativo de éxito”; o su apuesta reiterada en materia de financiación autonómica por el principio tan poco socialista de que han de recibir más los territorios dónde más se recauda; o, para terminar, las vergonzosas alianzas de gobierno que mantienen los ediles del PSC con los concejales de partidos secesionistas (ERC, CDC-PDE-Cat y CUP) en numerosos municipios de Cataluña.

Jiménez, presidente de la comisión gestora del PSOE, conversando con Iceta durante la crisis.

Lo más preocupante del asunto es que la crisis que se abrió entre el PSOE y el PSC, cuando los diputados del PSC en el Congreso votaron en contra de la investidura de Rajoy saltándose el acuerdo adoptado por el Comité Federal del PSOE, se saldó con la victoria del PSC por goleada: su deslealtad se premió aceptando que sus representantes continúen en los órganos de dirección del PSOE a cambio de la etérea promesa de que no volverán a hacerlo. Hoy, el PSC sigue siendo un partido independiente con voz y voto en los órganos de dirección del PSOE y los dirigentes del PSOE continúan yendo a Barcelona a aplaudir a Iceta y a Parlón, y a regalarles los oídos alabando su maravillosa  “nación” y criticando el “inmovilismo” de Rajoy. Este modelo de relación asimétrica es el que ahora pretenden exportar al conjunto del Estado.

“A bailá, a bailá…”.

La victoria del tándem Pedro Sánchez-Patxi López frente a Susana Díaz en las primarias del PSOE, donde el PSC jugó un papel fundamental, constituye una seria amenaza a la igualdad de los españoles. Me temo que Sánchez, como Zapatero en 2003, va a asumir las exigencias del PSC. El resultado entonces fue la Propuesta de Reforma de Estatut de Cataluña que aprobó el Parlament el 30 de septiembre de 2005 que proyectaba una España prácticamente confederal, en la que la Generalitat de Cataluña asumía control de todas las competencias, incluidas las educativas, judiciales y fiscales, y dejaba únicamente en manos del gobierno de España defensa y política exterior. Como nunca lo han repudiado, me temo que éste sigue siendo el modelo de Estado por el que apuestan los dirigentes del PSC, camuflado ahora tras el eslogan “España nación de naciones”: la Generalitat es soberana y las instituciones del Estado deben reconocer su plena autonomía.

Sánchez con Iceta jugando a los cubos rojos: tuyo mío; mío tuyo, en la reunión que mantuvieron en Barcelona el 14 julio de 2017. Nosotros (PSC) para nosotros (PSC) y vosotros (PSOE) para nosotros (PSC).

Resultaría fundamental para superar la crisis política en Cataluña y despejar el futuro de la España constitucional contar en Cataluña y en el País Vasco con un auténtico partido socialdemócrata que apueste por la igualdad en derechos y deberes de todos los ciudadanos españoles. Lástima que ni los socialdemócratas catalanes que presentaron la Plataforma para la recuperación de la federación catalana del PSOE, en Cataluña, ni la mayoría de socialdemócratas que ven con buenos ojos la idea en el resto de España, se hayan decidido a saltar al ruedo y exigir algo que algunos demandábamos ya a Pérez Rubalcaba en 2013.

 

 

 

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