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Tabarnia: entre inocentada y regalo de Reyes

Artículo publicado en el diario Expansión el 11 de enero de 2018.

Montilla, presidente de la Generalitat, junto al expresidente Pujol y Benach, presdiente del Parlament, en la manifestación organizada por el gobierno catalán contra el Tribunal Constitucional el 10 de julio de 2010.

El 4 de agosto de 2014 Expansión publicó un artículo (“El  funesto legado político de Jordi Pujol”) en el que sostenía que el mayor logro político del defraudador confeso en los 23 años en que permaneció al frente del gobierno de la Generalitat fue precisamente conseguir que los partidos de izquierda en Cataluña asumieran como algo natural y hasta progresista la ideología nacionalista, y acabaran concediendo al hecho diferencial catalán y a los intereses particulares de los ‘catalanes’ primacía sobre las nociones igualitarias de ciudadanía e interés general consagradas en la Constitución de 1978. En otras palabras, Pujol consiguió que  la izquierda catalana acabara dando prioridad en sus programas a los intereses locales o de ‘país’,  y relegara a un segundo plano las políticas en marcos territoriales más amplios, como España y la UE.

Maragall, presidente del gobierno de la Generalitat, con Zapatero haciendo de Don Tancredo en el balcón del Palau de la Generalitat, y un sonriente vicepressidente Carod-Rovira (ERC).

El desarme ideológico de la izquierda ante el nacionalismo se aceleró paradójicamente tras las elecciones de 2003, cuando el gobierno tripartito asumió como tarea propia impulsar la segregación de Cataluña del resto de España, algo que ni siquiera Pujol se había atrevido a plantear en 23 años. Aunque camuflado bajo la apariencia de avanzar políticas sociales, el planteamiento era en el mejor de los casos profundamente conservador, al pretender mejorar el bienestar de los catalanes imponiendo límites territoriales a la solidaridad interpersonal en el ámbito fiscal y levantando barreras lingüísticas para segregar el mercado laboral. Políticamente, representaba el triunfo del particularismo frente al universalismo y nos retrotraía a una concepción de España suma de compartimentos prácticamente estancos, más propia de los siglos XVII y XVIII que de los Estados modernos sustentados en la noción de ciudadanía y los ideales de libertad, igualdad y fraternidad.

Paso a paso

Maragall, presidente del gobierno de la Generalitat, y Mas, entonces jefe de la oposición, aplaudiendo tras aprobarse la Propuesta de Reforma del Estatut de Catalunya el 30 de septiembre.

No fue casualidad que todos los partidos que aglutinaron a militantes socialistas y comunistas (PSC, ICV-EUiA) en Cataluña y sucedieron a Convergencia Democràtica de Catalunya y Unió Democrática de Catalunya al frente del gobierno de la Generalitat en 2003 incluyeran también en sus siglas la letra ‘C’ de Cataluña que marcaba con toda claridad los límites territoriales de sus anhelos y aspiraciones. Tampoco que el gobierno tripartito que formaron junto a ERC aprobara la Propuesta de Reforma del Estatut de Cataluña en septiembre de 2005, un texto que proclamaba al ‘pueblo’ catalán sujeto soberano en base, no a la Constitución de 1978, sino a unos supuestos derechos históricos. Tal fue la claudicación ideológica de socialistas, comunistas y republicanos al nacionalismo endogámico y excluyente que algunos catalanes se vieron casi obligados a constituir un nuevo partido político en 2006, Ciudadanos, con el propósito de reivindicar el concepto de ciudadanía como piedra angular de una sociedad libre e igualitaria.

Pacto del Tinell, diciembre 2003. Maragall (PSC), Carod-Rovira (ERC) y Saura (ICV-EUiA).

Sin pretensión de ser exhaustivo, ahí están para ilustrar esta rendición incondicional de la izquierda al nacionalismo la virulenta reacción del gobierno de Montilla (2006-2010) a los inocentes decretos de enseñanzas mínimas –exigían dedicar tres horas a la enseñanza de la lengua y literatura castellanas en los ciclos de primaria –, aprobados por el Gobierno de Zapatero en diciembre de 2006 y nunca aplicados en Cataluña, o el indignado rechazo del President a la sentencia del Tribunal Constitucional que recortaba 14 artículos del Estatut y su llamada a los catalanes a sumarse en la primera manifestación masiva organizada por el propio gobierno de la Generalitat contra las instituciones centrales del Estado en julio de 2010. Ahí están también la tutela ejercida por los Ayuntamientos a las ‘consultas por la independencia’ que tuvieron lugar entre septiembre 2009 y abril 2011, con apoyo explícito de los concejales del PSC, ERC e ICV-EUiA, la inclusión del ‘derecho a decidir’ en los programas de estos tres partidos en las elecciones de 2012. Y ahí están la exigencia del PSC de reformar la Constitución para blindar las actuales competencias o su insistencia en que la Agencia Tributaria de Catalunya recaude todos los impuestos devengados en Cataluña y el modelo de financiación respete el principio de ordinalidad.

Montilla llama a los catalanes a manifestarse contra el Tribunal Constitucional en julio de 2010.

¡Toma del frasco!

Después de tantos años de intoxicación, la confusión creada tanto entre la ‘inteligencia’ catalana como a pie de calle es enorme. En el más puro estilo franquista, la ‘izquierda’ nacionalizada asumió la exclusión del castellano como lengua vehicular en la escuela catalana y los medios de comunicación públicos e impulso multas a quienes desatendieran la obligación de rotular en catalán sus negocios. Pretendió, asimismo, hacer pasar por federalismo lo que en realidad era en la Propuesta de Reforma del Estatut de 2005 una vaga confederación de ‘pueblos’ libremente asociados, y acabó incorporando el ‘derecho a decidir’ o incluso el ‘derecho a la autodeterminación’ en sus programas electorales. Y utilizó torticeramente los siempre discutibles saldos de las balanzas fiscales de Cataluña con la Administración Pública Central para exigir mejoras en la financiación de Cataluña y trasladar a los catalanes la falsa noción de que estaban siendo expoliados por el mismísimo Felipe V resucitado.

Rivera en el cartel electoral de las elecciones autonómicas de noviembre de 2006.

Inconsistencias que han pasado a formar parte del acervo indiscutible de una izquierda nacionalista y nacionalizadora y han propiciado, además del nacimiento de Ciudadanos, una iniciativa para segregar las zonas más populosas de las provincias de Barcelona y Tarragona y constituir la ‘comunidad autónoma’ de Tabarnia. Si Cataluña en tanto que sujeto de derechos históricos tiene ‘derecho a decidir’, lo mismo podría decirse de la mayoría de condados o marquesados que acabaron conformando su territorio. Si Cataluña tiene derecho a recaudar los impuestos aquí devengados, el mismo privilegio podrían reclamar otros ‘territorios históricos’. Si la existencia de un déficit fiscal de Cataluña con la Administración Central, faculta al gobierno de la Generalitat a exigir una mejor financiación, lo mismo podrían demandar las provincias o comarcas que aportan más de lo que reciben a la Generalitat. Y si el modelo de financiación autonómico tiene que satisfacer el principio de ordinalidad, no hay ninguna razón para no aplicar ese mismo criterio a los territorios de Cataluña.

Aplicando la lógica secesionista, cualquier subconjunto de ciudadanos residentes en un territorio histórico de Cataluña podría reclamar el ‘derecho’ a decidir y a recaudar los impuestos allí devengados, o limitar que se transfieran al resto de catalanes. Nadie puede extrañarse de que el invento haya causado perplejidad en el mundillo secesionista, acostumbrado a apelar al ‘derecho a decidir’ y a reclamar consultas sólo en aquellas circunscripciones donde anticipan pueden obtener mayoría, o a exigir la aplicación de tal o cual principio distributivo sólo cuando beneficia a Cataluña. Ahora se han visto obligados a beber su propia medicina. Tampoco ha sido ninguna sorpresa que quienes han acogido con mayor fervor la iniciativa de constituir la comunidad de Tabarnia no hayan sido los constitucionalistas, como algunos han apuntado erróneamente, sino personas y asociaciones que hasta anteayer pedían al Estado que recuperase las competencias cedidas a la Generalitat y hasta que eliminara las autonomías.

Renuión del pacto nacional por el ‘derecho a decidir’ el 23 de diciembre de 2016 en el auditario del Parlament de Cataluña.

Al margen del disparate que supone atribuir ‘derecho a decidir’ a cualquier minoría que pueda resultar mayoritaria en una parte de un Estado, Comunidad o Región Autónoma, y las casi insuperables dificultades, legales y prácticas, que entraña segregar una parte de Cataluña, la popularidad alcanzada por Tabarnia en las redes sociales brinda la oportunidad de articular una asociación constitucionalista arraigada en los municipios capaz de actuar como contrapunto de la ANC y Òmnium. Por lo demás, la tarea de los constitucionalistas es exigir al Gobierno de España y a Las Cortes que se tomen en serio el artículo 139 de la Constitución, según el cual “los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio español”. De momento, en Cataluña no es así.

Omnium Cultural: Somescola frente al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña

Omnium Cultural Somescola frente al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña

 

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La culpa no es del PP

Mariscal: ¿algún país no es ‘bonic’?

En el artículo algo inexactamente titulado “Escritores y artistas catalanes rechazan el referéndum ilegal” (El País, 24 de julio de 2017), podemos leer las variadas opiniones de algunos ilustres nombres de la literatura, el teatro, el cine y la música en Cataluña.  Además de los razonables (aunque dispares) comentarios de Marsé y Mendoza, y la nota cínica del profesor Rico que se está divirtiendo de lo lindo a costa del proceso, me han llamado la atención las acusaciones de Mariscal, Serrat, Gas y Herralde contra el Partido Popular (PP), al que responsabilizan de la deriva secesionista en Cataluña:

“Javier Mariscal, diseñador de Cobi para los Juegos Olímpicos y ahora de Merche, para las Fiestas de la Mercé, dice sobre la perspectiva abierta en torno al pretendido referéndum del 1 de octubre: ‘Si es como hasta ahora dicen que va a ser yo no quiero participar en una chapuza de algo que debería ser impecable’. Culpa de la situación actual, como Serrat, como Gas, a la campaña del PP, “ese partido heredero del franquismo”, contra el Estatuto. “

Gas, con su rostro masacrado por el Gobierno de España en el Teatro Griego de Barcelona.

Las declaraciones del actor y director de teatro Mario Gas no tienen desperdicio. Partiendo de  la premisa gratuita de que “es inalienable votar y decidir. Y es ineludible un referéndum.”, Gas comienza acusando al Gobierno de España de insensibilidad e inmovilismo antes de confesar de que pie cojea:

“No soy independentista, pero creo que el Gobierno se ha mostrado insensible a la cuestión catalana; ya lo es en otras cuestiones sociales, pero aquí ha propiciado un deterioro tremendo, erigiendo como un todo inamovible una Constitución que debe ser una carta maleable según las necesidades”.

Gas acaba exigiendo al Gobierno español que deje su autoritarismo a un lado y permita realizar el referéndum. Éstas son sus palabras:

“Que todo transcurra sin coerciones que respondan a la cerrazón radical de un Gobierno que masacra a España y por tanto también a Cataluña. El Govern ha actuado con precipitación, tenía que haber buscado pactos para llegar a ofrecer normalmente el derecho de decidir que se siente desde que el Estatut fue masacrado”.

Herralde en 1970 haciendo de Don Tancredo (¿o de Hooligan?) en pleno tardofranquismo.

El editor Jordi (antes Jorge) Herralde se despacha también a gusto:

“Los responsables del Gobierno y del Govern se han enzarzado en un campeonato de disparates (¿variantes de Don Tancredo y el Hooligan?) que han llevado a la imposible situación actual. ¿La Historia los absolverá?: serias dudas entre los expertos”.

Este equilibrado análisis de la situación política le lleva a la siguiente catárquica reflexión:

“¡Un efecto positivo, supongo, del conflicto: no pocos jacobinos recalcitrantes, del PSOE por ejemplo, parecen ahora conscientes de la ineludible necesidad de cambiar las reglas de juego en el tema catalán. También en Podemos. Del PP y su “macizo de la raza” y “¡Santiago y cierra España!” poco se puede esperar”.

Como las tres opiniones me parecen auténticas simplezas, por mucho éxito y prestigio que sus autores hayan logrado en el desempeño de sus profesiones artísticas, me gustaría formularles una pregunta muy sencilla y pedirles que la respondieran dejando al margen, si fuera posible, sus sesgos y fobias ideológicas tan patentes en ese sumario juicio emitido sobre “ese partido heredero del franquismo” cuyo gobierno, según Gas, “masacra a España y por tanto también a Cataluña”. La pregunta que les propongo es ésta: ¿son ustedes partidarios de que todos los ciudadanos españoles tengamos los mismos derechos y obligaciones con independencia de la Comunidad Autónoma en que estemos empadronados?

Maragall y Mas aplaudiendo tras aprobarse en el Parlament la Propuesta de Reforma del Estatut de Cataluña el 30 de septiembre de 2005.

Si la respuesta es positiva –doy por sentado que lo será tratándose de personas todas ellas tan progresistas– me gustaría que explicaran qué hay de malo, en un Estado de Derecho, en que los representantes de los ciudadanos en Las Cortes enmendaran el Proyecto de Reforma del Estatut de Cataluña, un texto aprobado en el Parlament de esta Comunidad Autónoma, o que el PP recurriera ante el Tribunal Constitucional (TC) el texto  finalmente aprobado en Las Cortes. A la vista de sus opiniones, tengo la impresión que estos señores tan cosmopolitas no podrían vivir en casi ningún estado de Derecho en la UE o en los Estados Unidos. Para muchos demócratas españoles con un pasado político (al menos) tan limpio como el suyo, el PP hizo entonces lo que considerábamos debía hacerse ante un texto donde algunos artículos eran manifiestamente inconstitucionales, como así lo declaró finalmente el propio TC. La misma situación a que hoy nos enfrentamos cuando se nos amenaza con aprobar por vía express la “ley del referéndum de autodeterminación” y proclamar la república catalana en 48 horas.

Sede del Tribunal Constitucional.

Seamos serios: lo que traslucen estas trasnochadas denuncias, en contra del PP y el supuesto jacobinismo del PSOE, y a favor de la opción “federal” –como si la España de las Autonomías no fuera ya un Estado federal–, no son otra cosa que expresiones del deseo de romper la república (coronada) de ciudadanos libres e iguales que es España desde 1978 y acabar con el único período de libertad, concordia y prosperidad de toda nuestra historia contemporánea. Me llama también la atención que estos artistas y editores que tienen tan claro que el PP es el “heredero del franquismo”, no se hayan sumado a los demócratas catalanes que combatimos las políticas neofranquistas de “inmersión lingüística” que practica el gobierno de la Generalitat de Cataluña desde hace décadas, y pretendemos que las dos lenguas oficiales de Cataluña, catalán y castellano, sean lenguas vehiculares en el sistema educativo y estén presentes en los medios de comunicación públicos. Ni siquiera parece molestarles a estos artistas, tan quisquillosos con la “herencia franquista” del PP,  la pesada herencia que arrastra ERC con centenares (en realidad miles) de detenciones irregulares, asesinatos y ejecuciones sumarias durante la II República.

Pena de muerte firmada por el presidente de la Generalitat Lluis Companys.

Permítanme terminar esta entrada con otra cita a propósito de la “cuestión catalana”:, esta vez de un artista reflexivo, Antonio Machado, cuya literatura y semblanza humana todavía nos inspira a los demócratas españoles:

Antonio Machado.

“La cuestión de Cataluña, sobre todo, es muy desagradable. En esto no me doy por sorprendido, porque el mismo día que supe el golpe de mano de los catalanes, lo dije: “los catalanes no nos han  ayudado a traer la República, pero ellos serán los que se la lleven”. Y en efecto, contra esta República, donde no faltan hombres de buena fe, milita Cataluña. Creo con don Miguel de Unamuno que el Estatuto es, en lo referente a Hacienda, un verdadero atraco, y en lo tocante a enseñanza algo verdaderamente intolerable.”

Puigdemont y Gabriel celebrando su acuerdo para constituir una república independiente.

Eso mismo pensamos hoy los demócratas en Cataluña y, a diferencia de lo que ocurría en el franquismo y ocurriría en la sectaria república catalana de PuigCupqueras, podemos expresarlo sin escondernos, gracias a que la Constitución nos ampara. Sepan que no estamos dispuestos a que unos cuantos descerebrados, de la mano de la CUP, como apuntaba Marsé, destruyan todo lo conseguido desde 1978. La Constitución, Sr. Gas, no es “un todo inamovible” como usted afirma: puede reformarse; y ojalá que si se enmienda sea para hacernos más libres e iguales a todos los españoles, no para beneficiar mayormente a los empadronados en Cataluña. Hay un “teatre grec” en Barcina y un teatro romano en Augusta Emerita.

 

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