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Tres recados del Rey en Nochebuena

Artículo publicado en el diario Expansión el 28 de diciembre de 2018.

Felipe VI durante su alocución de Nochebuena.

No deja de ser una paradoja que tantos republicanos de corazón durante la dictadura de Franco seamos hoy monárquicos por imperativo de la razón y que tantos totalitarios de vocación sean hoy republicanos por mero oportunismo. En un panorama plagado de políticos desacreditados, inescrupulosos, pusilánimes e ignorantes (felizmente pocos acumulan todos los atributos), cuyas previsibles descalificaciones mutuas en el hemiciclo provocan hastío y rechazo salvo entre sus acérrimos partidarios, los espaciados discursos de Felipe VI han ido formando una red de oasis en un océano de arenas inclementes donde podemos aliviar algo nuestra desazón. Como muestras recientes, ahí están los discursos pronunciados por el Monarca en la entrega de los premios Princesa de Asturias, y ante Las Cortes para conmemorar el cuadragésimo aniversario del refrendo de la Constitución por el pueblo español. Y decisiva fue también su ya histórica alocución a los españoles el 3 de octubre 2017, dos días después de que el gobierno de la Generalidad de Cataluña organizara una consulta ilegal de autodeterminación, como paso previo a la constitución de una república independiente.

Las ministras Montero, Celaá y Calviño presentando el borrador de PGE 2019.

En su mensaje de Nochebuena, Felipe VI quiso dirigir sus reflexiones e inquietudes a mirar al futuro de nuestros jóvenes, los grandes beneficiarios de la era de libertad y prosperidad que se inició con la aprobación de la Constitución en 1978. Resulta indispensable, vino a decirnos, transmitirles la voluntad de entendimiento entre españoles y la inclinación al acuerdo de sus líderes políticos que primó durante la Transición, y “hacer hoy todo lo que esté en nuestras manos para que esos principios no se pierdan y se olviden y esas reglas que son de todos sean respetadas por todos”, para lograr en definitiva que las “nuevas generaciones se sientan partícipes de ese período de nuestra historia”.  Una buena educación pública debería, Sra. Celaà, aplicarse a esta tarea de conectar a las nuevas generaciones con un pasado brillante donde primó la voluntad de acuerdo, difuminado cuando no tergiversado y difamado por quienes pretenden acabar con el régimen del 78: Podemos y sus divergencias, el PNV y los partidos secesionistas catalanes que auparon a Sánchez a La Moncloa.

El Rey reconoció que la tarea de conectar a nuestros jóvenes con los principios y valores que han alumbrado nuestro pasado inmediato, resulta insuficiente en una sociedad tecnológica “sujeta a cambios continuos y acelerados”, donde el talento, la solidaridad y el compromiso de tantos jóvenes se ven ahogados por la escasez de oportunidades de empleo y las precarias condiciones laborales que les impiden “construir un proyecto de vida personal y profesional con un trabajo y un salario dignos… formar una familia y poder conciliar con la vida laboral”. ¿Estamos ante un mero deseo ‘nochebuenesco’ de buena voluntad, o pueden las Administraciones Públicas hacer algo para favorecer la actividad empresarial, reducir la precariedad laboral, mejorar el tratamiento fiscal de la familia y conciliar la vida laboral y familiar? Para sacarnos de dudas, las  ministras de Economía, Hacienda y Trabajo deberían explicarnos cuáles son las iniciativas que proponen sus Ministerios al respecto.

Fernando Abril y Alfonso Guerra.

Felipe VI terminó su discurso apelando a la convivencia, “al respeto a las personas, a las ideas y al derechos de los demás”, destacando “los profundos vínculos que nos unen… a todos los españoles”, desechando el “rencor y el resentimiento, porque estas actitudes forman parte de nuestra peor historia” y subrayando que “la superación de los grandes problemas y las injusticias nunca pueden nacer de la división, sino del acuerdo y de la unión”, una convivencia que exige “respeto a nuestra Constitución”. Otro mensaje al gobierno de Sánchez tras el triste espectáculo de violencia vivido en Barcelona sólo tres días antes con motivo de la celebración del Consejo de Ministros en la Ciudad Condal. Resentimiento y rencor que ha experimentado el Jefe del Estado en carne propia en sus últimas visitas a Cataluña, manifestaciones violentas de un proceso insurreccional alentado, organizado y financiado desde las instituciones de autogobierno de la CA de Cataluña: gobierno de la Generalidad, Parlamento, Diputaciones y Ayuntamientos, con la ayuda inestimable de los medios de comunicación públicos, y las asociaciones ANC, Ómnium Cultural y Municipios por la Independencia (AMI).

 

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El problema de Cataluña se llama insurrección

Artículo publicado en el diario Expansión el 22 de diciembre de 2018.

Sánchez y Torra intercambiando libros en La Moncloa.

¿Hay algún Estado democrático cuyo gobierno permita a los políticos que lo representan en una parte del territorio y a los empleados públicos que allí prestan sus servicios exhibir símbolos cuyo significado, implícita o explícitamente, es que la policía y los jueces encarcelan arbitrariamente a ciudadanos inocentes? Conozco uno, España, y una Comunidad Autónoma, Cataluña, donde este tipo de falsedades y humillaciones son moneda corriente. Digo falsedades, porque la mera exhibición de esos símbolos contradice la pretendida falta de libertad y ausencia de las garantías democráticas reclamadas. Y digo humillaciones, porque quienes no compartimos tales falsedades hemos de soportar estoicamente la falta de neutralidad y respeto exigibles a

Parlament de Cataluña decorado con lazos amarillos.

representantes políticos y empleados públicos. Hace pocos días, me atendió un anestesista (de cuyo nombre prefiero no acordarme) en un hospital público con un lazo amarillo prendido en la solapa, y mientras me hacía preguntas rutinarias y me explicaba los pros y contras de cada tipo de anestesia, me debatía entre llamarle la atención o dejar correr el asunto. Al final callé consciente de la pérdida de tiempo y energía que me supondría reclamar neutralidad a un médico anónimo, cuando el presidente del gobierno español recibe en La Moncloa y se reúne en Barcelona con el enlazado y apretado president Torra.

¿Reunión o concesión?

Sánchez conversando con Torra que lucía su lacito amarillo y tenía detrás dos jarrones con flores amarillas.

Hay que ver lo distraídos que nos han tenido los últimos días preparando una reunión de apenas una hora, cuyo único resultado tangible ha sido un comunicado descafeinado de tres parrafitos. Torra recibió a Sánchez en Pedralbes con su sempiterno lazo, mientras un centenar de miembros de los ‘comités de defensa de la república’ (CDR), grupos parafascistas que han protagonizado enfrentamientos violentos con los Mozos en Barcelona, Gerona y Tarrasa recientemente, coreaban consignas fraternales: “independencia”, “derribemos el régimen del 78” y “fuera las fuerzas de ocupación”. Desconozco si en esta ocasión Torra les había pedido que apretaran, pero lo cierto es que lograron sin gran esfuerzo cortar la Diagonal, no sé si por impotencia del formidable dispositivo de los Mozos o porque sus mandos, como en otras ocasiones, les ordenaron apretar poco.

El Congreso aprueba el 20 de diciembre la senda de déficit de los PGE con apoyo de los diputados secesionistas de ERC y PDeCAT.

Sí o sí, estaban condenados a reunirse. Sánchez necesitaba los votos de los diputados secesionistas de ERC y PDeCAT para aprobar el techo de gasto en el Congreso y trasladar a la opinión pública la sensación de que todavía hay partido y puede aprobar los PGE 2019, aunque sea con varios meses de retraso. Torra, por su parte, necesitaba mostrar a los suyos que podía sentar a Sánchez en la mesa de negociación. El objetivo del presidente hasta las próximas elecciones generales no es tanto gobernar como simular que lo hace y aprobar medidas populistas (subidas de pensiones y SMI, aumento de los sueldos de los empleados públicos, etc.) que le congracien con colectivos de votantes. Lamentable la reivindicación de la memoria de Companys, el presidente de la Generalitat que firmó docenas y docenas de sentencias de muerte.

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Puigdemont y Junqueras celebrando la constitución de la república independiente de Cataluña en el Parlament el 27 de octubre de 2017.

El objetivo de Torra-Puigdemont y Junqueras, conscientes de que la independencia es hoy por hoy una hoguera que se apaga en cuanto proclaman la república, es retener a toda costa las competencias de la Generalitat para controlar el aparato administrativo-mediático-asociativo que sostiene el proceso insurreccional, sin despreciar arrancar alguna concesión siquiera simbólica. Que el comunicado conjunto de ambos gobiernos reconozca “la existencia de un conflicto sobre el futuro de Cataluña” y apueste “por un diálogo efectivo que vehicule una respuesta política que cuente con un amplio apoyo de la sociedad catalana”, suena a música celestial que recuerda el  “apoyaré la reforma del Estatuto que apruebe el Parlamento catalán” de Zapatero. La situación es delicada porque los sucesivos gobiernos de Mas, Puigdemont y Torra nos acercan más y más al precipicio político y debilitan la confianza de las empresas y los inversores en Cataluña y en España.

Comunicado conjunto del Gobierno de España y del gobierno de la CA de Cataluña.

21-D: mucho ruido y nueces huecas

El 21-D amaneció según estaba previsto en el guión con cortes en la AP-7 en Gerona y L’Atmella de Mar, la A-2 y N-340, y las Rondas Litoral y de Dalt. Normalidad en los aeropuertos, puertos y estaciones ferroviarias y hasta normalidad en colegios e institutos en vísperas de vacaciones. Quizá el número de liberados que trabajan por la causa no daba para tanta huelga y cortes anunciados. En Barcelona, los CDR se han enfrentado a los Mozos  Drassanes y Vía Layetana con un saldo de 50 heridos,más de 30 Mozos y un periodista de Intereconomía brutalmente agredido, y una decena de detenidos. Entretanto, Sánchez dejaba para la historia una foto de familia en las escalinatas de la Lonja del Mar y aprobaba subir a 900€ el SMI y el 2,75% los sueldos de los empleados públicos.

Sánchez posa con sus ministros antes de iniciar el Consejo de Ministros en la Lonja del Mar.

La ANC y Òmnium se contentaron con celebrar su particular ‘consejo popular de ministros’ al que le sobraron ‘ministros’ (políticos y expolíticos secesionistas de todos los pelajes y el senador Iñarritu de EH-Bildu) y le faltó precisamente ‘pueblo’. Palazuí, presidenta de la ANC, se congratuló de que “se haya paralizado el país [de Alicia] por efecto de la huelga general”, y Mauri, vicepresidente de Òmnium, acusó a Sánchez de humillarles celebrando el Consejo en la efeméride de unas elecciones impuestas (en las que participaron libremente) y de que “su única propuesta sea que el aeropuerto se llame Josep Tarradellas”, algo que molestó también a santa Rovira, la dirigente de ERC ‘exiliada’ en Suiza. La manifestación convocada en Barcelona en Paseo de Gracia a las 18:00 por ANC, Ómnium, los CDR y todos los partidos secesionistas con el lema “Derribemos el régimen” ha movilizado tan sólo unos  miles de personas: un sonado pinchazo. Una multitud comparada con las docenas que han secundado la convocatoria en Gerona.

Aspecto del ‘consejo popular de ministros’ celebrado frente a la estación de Francia en Barcelona.

A modo de conclusión

El problema de Cataluña no es la pretendida falta de libertad y democracia en España sino precisamente que las instituciones de autogobierno empleen su ámbito de libertad para alentar, promover y financiar el proceso insurreccional. Por ello, la solución no pasa por abrir un espacio de diálogo con Torra y demás líderes secesionistas sino por

Los CDR en acción en la madrugada del 21 de diciembre.

desmantelar el entramado administrativo-mediático-asociativo que lo sostiene. La hoguera, como se ha podido constatar el 21-D está medio apagada, pero si se les permite seguir acumulando material inflamable acabaremos pagándolo muy caro mañana.

Y cuando se hizo la luz, pudo constatarse la cruda realidad: cuatro gatos que los Mozos  podrían haber reducido en un santiamén.

 

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Rufián degrada (aún más) el debate político

Editorial para el programa El Salero que dirige Toni Guerrero en  Radio Internacional el 25 de noviembre de 2018.

La crispación vivida en el Congreso estos días, queridos oyentes, ha superado con creces las descalificaciones mutuas que habitualmente se dedican los portavoces del partido en el Gobierno y los partidos de la oposición. El incidente que ha sido objeto de tantos comentarios y editoriales en los medios de comunicación se produjo el pasado miércoles durante la sesión de control en el Congreso. Era el turno de preguntas al Gobierno, cuando el diputado Rufián, representante de Esquerra Republicana de Catalunya, se dirigió a Borrell, ministro de Asuntos Exteriores empleando un lenguaje tan inadecuado y una gesticulación tan grosera que resulta difícil resistirse a la tentación de hacer la broma fácil de calificar la actitud del diputado con su propio nombre: rufián.

Rufián da un abrazo fraternalmente republicano a Junqueras ante un extasiado Tardà

Desmenucemos lo sucedido. Empezó su intervención el diputado de Esquerra pidiendo al ministro Borrell que lo mirara muy bien para que pudiera escuchar sus palabras: “usted es el ministro más indigno de la democracia española y los ha habido muy indignos, usted no es un ministro, usted es un hooligan, una vergüenza para su grupo parlamentario más que nada porque es un militante de Sociedad Civil Catalana, una vergüenza… porque es una organización de extrema derecha”. No contento con faltar a la verdad, continuó Rufián acusando al ministro Borrell de mofarse de su grupo parlamentario, aludiendo a la diferencia entre el presupuesto que maneja el Ministerio de Asuntos Exteriores (1.500 millones) y el de la Consejería de ‘exteriores’ del gobierno de Puigdemont (60 millones), cuyo anterior titular, el Sr. Romeva, está encarcelado, no gratuitamente como, cree el diputado Rufián, sino por participar en el golpe de estado que culminó con la proclamación de la república catalana en el Parlament de  Cataluña el 27 de octubre de 2017. Asimismo, acusó a Borrell de mofarse en un mitin del Sr. Junqueras, encarcelado también por el mismo motivo que Romeva: intentar dar un golpe de estado. Finalizó Rufián su intervención pidiendo la dimisión del Ministro.

Borrell y Rufián en el Congreso el 21 de noviembre de 2018.

En su respuesta, el ministro le dijo al diputado que  pensaba que iba a hacerle alguna pregunta sobre la política exterior del Gobierno de España, pero, continúo Borrell, “una vez más usted ha vertido esa mezcla de serrín y estiércol que es lo único que usted es capaz de producir”. Rufián interrumpió en ese momento al orador y tras ser advertido dos veces por Pastor, la Presidenta del Congreso que le instaba a sentase y a guardar silencio para que el Ministro pudiera acabar su intervención, expulsó al diputado de Esquerra. Todos los diputados del grupo encabezados con Rufián a la cabeza abandonaron el hemiciclo en ese momento, y uno de ellos, el Sr. Salvador, escupió al Ministro al pasar por delante de él , según hizo notar allí mismo el propio Borrell.

Todo este triste asunto me lleva a formular dos comentarios. El  primero es que Borrell no acertó con las dos palabras, serrín y estiércol, que eligió a botepronto el Ministro para referirse con lógico desprecio a la intervención de Rufián. Ambos productos son, en mi opinión, demasiado nobles para aplicárselos a una intervención tan cínica, malévola y ruin. El serrín, quiero recordar, fue un producto muy apreciado que se vendía en las carpinterías y los comerciantes empleaban para espolvorearlo por el suelo de los comercios y patios y poder fregarlos sin levantar polvo, así como para tapar las rendijas por las que entre las tajaderas y los quicios de las puertas se colaba el agua que bajaba por barrancos y rieras cuando se producían trombas de agua. En cuanto al noble estiércol, quiero recodar cuánto lo apreciaban los agricultores para la calidad de la tierra como este abono natural. Así que serrín y estiércol son dos piropos que no merecía la penosa intervención del diputado Rufián.

Mi segundo comentario se refiere a la degradación del debate político que apuntaba el propio Borrell en su intervención. La democracia es, como casi todo el mundo acepta, el mejor de los sistemas de gobierno porque permite echar a los males gobernantes. Pero tiene, como todo el mundo es consciente también, un importante defecto: no garantiza que los gobernantes elegidos por los ciudadanos en las urnas estén preparados para resolver los problemas de la sociedad, ni tampoco que sean honrados, y todavía menos que se preocupen, una vez elegidos, por mejorar el bienestar de sus representados. Con demasiada frecuencia constatamos que carecen de la preparación más elemental necesaria para desempeñar sus cargos, y se ha convertido en algo frecuente que mientan descaradamente y hasta que metan la mano en la caja.  

Y ya para terminar esta reflexión del domingo 25 de noviembre de 2018, les propongo como ejercicio a los oyentes que imaginen cómo sería la Real Academia Española (de la Lengua) si los académicos fueran elegidos por los ciudadanos en votación popular, en lugar de ser elegidos en votación por los propios académicos tras examinar cuidadosamente los méritos de los potenciales candidatos. No tengo ninguna duda de que los ciudadanos elegirían a cantautores de dudosos méritos literarios y a autores de libros más bien mediocrs para ocupar bastantes de los sillones correspondientes a las letras mayúsculas y minúsculas de nuestro abecedario. Ahora les toca a ustedes sacar sus propias conclusiones.

RAE

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¿Cuánto tiempo aguantarán a Sánchez sus avalistas?

Artículo publicado en el diario Expansión el 27 de julio de 2018.

Sánchez recibe los aplausos de su grupo parlamentario tras ganar la moción de censura.

El programa de gobierno de Sánchez para los próximos meses resulta bastante previsible: aguantar todo el tiempo que pueda en La Moncloa, aprovechar todos los resortes que el poder le ofrece (y son muchos, déficit incluido) para mejorar sus perspectivas electorales, y convocar elecciones en el momento que considere más conveniente, probablemente en la segunda mitad de 2019. Aunque con 84 diputados y 44 senadores su Gobierno dispone de un margen de maniobra nulo, hay que reconocerle al secretario general del PSOE y presidente accidental de España su gran habilidad para extraer el máximo provecho de la precaria situación en la que se encontraba su partido a finales de mayo, con Podemos y sus divergencias (Izquierda Anticapitalista, Izquierda Unida, En Comú, Compromís, En Marea…), no ya pisándoles los talones, sino subidos a sus barbas.

Sánchez recibe a Torra en La Moncloa 9 julio de 2018.

Para evitarse los conflictos que habrían surgido con Podemos y sus divergencias y emborronado los primeros meses de su mandato, Sánchez se apresuró a dar por bueno el presupuesto ‘antisocial’ y ‘low cost’ de Montoro, aunque la ministra Calviño ya anunció en Bruselas que incumplirá con holgura el objetivo de déficit. Por otra parte, el presidente no tuvo reparo alguno en recibir al racista y xenófobo Torra, president subrogado del gobierno de la Generalitat, que acudió son su insolente lazo amarillo en la solapa a La Moncloa, y abandonó palacio con la certidumbre de que los golpistas encarcelados (Bassa, Cuixart, Forcadell, Junqueras, Romeva, Rull, Sánchez y Turull) estarían pronto bajo su jurisdicción, como así ocurrió pocos días después. La conversación Sánchez-Torra fue tan requetebién que Aragonés (ERC), su vicepresident, acudió de inmediato a Madrid barretina en mano a reclamar a Montero 6.000 millones para dar continuidad al ‘diálogo’ bilateral.

¿Bastará con más déficit?

Junqueras con Jové, su mano derecha ampuntada, y Aragonés, su mano izquierda que se ha presentado en Madrid reclamando 6.000 millones del ala para seguir financiando la secesión.

No le resultará, sin embargo, a Sánchez tan sencillo lograr los apoyos necesarios para sacar adelante los presupuestos de 2019 cuando sus avalistas le exijan en otoño algo más que exhumaciones y gestos de buena voluntad. De momento, la ministra Montero confirmó hace unos días la “magnífica noticia” de que el Gobierno había revisado al alza el déficit de las Administraciones Públicas en medio punto porcentual del PIB, y se elevará en 2.500 millones el déficit de las Comunidades Autónomas. En concreto, la nueva senda ratio déficit/PIB en porcentaje pasa a ser 2,7 en 2018, 1,8 en 2019, 1,1 en 2020 y 0,4 en 2021. En otras palabras, las Administraciones Públicas seguirán incurriendo en déficits y el equilibrio presupuestario no se alcanzará –cuán largo me lo fiáis, amigo Sánchez– hasta 2022.

Montero en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros el 13 de julio de 2018.

Disiento de la Ministra en que sea una magnífica noticia para una economía tan endeudada y vulnerable como la española, cuya tasa de crecimiento en 2019 podría descender incluso más de las cuatro décimas previstas (de 2,8 a 2,4 por ciento) en la última estimación de consenso de Funcas, si como parece probable la guerra comercial desencadenada por Trump desacelera el crecimiento global y aumenta la incertidumbre inversora. Tampoco resulta creíble la nueva senda de consolidación que contempla una reducción del ratio déficit/PIB de tan sólo 4 décimas en 2018 (de 3,1 a 2,7) y un recorte de 9 décimas en 2019 (de 2,7 a 1,8), pese a las previsiones de menor crecimiento del PIB y previsible aumento del gasto en año electoral. En el “escenario macroeconómico y presupuestario” realizado por la Airef, se estima que dicho ratio pasará de 2,7 a 2,2 por ciento, pese a contemplar un crecimiento del PIB algo más elevado (2,6 %). Montoro, acusado tantas veces de ‘trilero’ por el PSOE, parece haber encontrado en Montero una digna sucesora al título: nadie le impide a la Ministra impulsar “la agenda social”, lo único que se le pide es que no lo haga incrementando el déficit.

Gráfico que recoge la evolución de la deuda pública de España.

Para reducir casi un punto (desde el 2,7 al 1,8 por ciento) el ratio déficit/PIB en 2019, el déficit tendría que recortarse en casi 11.000 millones, suponiendo un crecimiento del PIB nominal del 4,4%. El Gobierno ha anunciado su intención de recaudar 5.000 millones aumentando los tipos del impuesto de sociedades al 15 % “para los grandes grupos” y los impuestos especiales al diesel para usuarios no profesionales. Asimismo, Sánchez quiere dos impuestos nuevos, sobre transacciones financieras y  empresas tecnológicas, y diseñar un nuevo plan contra el fraude. Quedaría todavía un agujero de 6.000 millones y Sánchez guardará celosamente sus intenciones hasta que envíe su plan a Bruselas el 15 de octubre. Va a resultarle arduo a Sánchez contentar a todos los avalistas que aguardan su oportunidad de pasar la bandeja.

Calvo, vicepresidenta del Gobierno de España, y Aragonés, vicepresidente del gobierno de la Generalitat mantuvieron una reunión ‘bilateral’ el 12 de julio de 2018.

Como ya he mencionado, el primero en acercase por caja fue Aragonés que reclama a Montero 6.000 millones: 688 para los desleales Mossos; 3.700 millones por incumplimiento de la disposición adicional tercera del Estatut entre 2008-2013; y otros 1.500 millones a cuenta de la Ley de Dependencia. (Por cierto que Aragonés, desempeñó, según la Policía Judicial, un papel clave en el desvío de 3,4 millones del ‘fondo de contingencia’ para financiar el 1-O). Calvet (JxC), conseller de Política Territorial, pretende obtener también 1.000 millones de “Madrid” para indemnizar a Acciona por los perjuicios ocasionados por la frustrada privatización de la gestión de la empresa Aguas Ter-Llobregat. El asunto tiene guasa habida cuenta que los políticos y los empleados públicos están mucho mejor pagados en Cataluña que la mayoría de sus pares en el resto de España, y que el gobierno de la Generalitat ha recibido la friolera de 76.771 millones de los mecanismos extraordinarios de financiación habilitados por el Ministerio de Hacienda, esto es, el 30,7% de los 249.665 millones inyectados a todas las Comunidades entre 2012 y 2018.

Montero anuncia en el Senado la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera el 17 de julio de 2018.

No serán los últimos gobernantes autonómicos que exijan más recursos o soliciten la condonación de la ingente deuda acumulada con el Gobierno en los últimos siete años. En la mesa de peticiones se acumulan también derechos reconocidos en las leyes ‘sociales’ paralizadas que Sánchez ha ofrecido revisar, la actualización de las pensiones con el IPC, los aumentos de plantilla y las subidas salariales a empleados públicos acordados con los sindicatos, el reconocimiento del derecho a recibir atención sanitaria de los inmigrantes ilegales, la eliminación del copago en los medicamentos para pensionistas, la supresión de peajes en las autopistas, etc. Un Estado que reconoce más y más derechos sin provisionar recursos para hacerlos efectivos, acaba incurriendo en déficits insostenibles y acumulando una deuda ingente que hipoteca a las generaciones futuras. Es la historia de la última década.

Iglesias felicita a Sánchez (entronizado) al finalizar con éxito, gracias a los diputados de Podemos y sus divergencias, de la moción de censura el 1 de junio.

Iglesias destronado

La gran pregunta es cuánto tiempo aguantarán Podemos y sus divergencias respaldando al Gobierno del PSOE en el Congreso, porque cada minuto que Sánchez pasa en La Moncloa el conglomerado socialista y feminista (cada vez menos revolucionario y anticapitalista) pierde fuelle y el liderazgo de Iglesias se diluye como azucarillo en agua. Su gran error estratégico en esta guerra por el trono de la izquierda fue apoyar a Sánchez en la moción de censura sin exigirle como contrapartida formar un gobierno de coalición. Todas las encuestas realizadas desde el 1 de junio muestran, sin excepción, como la llegada de Sánchez a La Moncloa ha catapultado las expectativas electorales del PSOE y ha hundido las de Podemos, desvaneciendo la pretensión del conglomerado morado de convertirse en la fuerza hegemónica. Iglesias, salvo que haya decidido retirarse a su casa campestre, tendrá que medir mejor sus pasos a partir de ahora, y no hacerse falsas ilusiones, porque si Sánchez gana las próximas elecciones volverá a pactar de nuevo con Rivera.

Sánchez saluda a Rivera en el Congreso que por arte de birlibirloque ha dejado de ser el representante de las nuevas generaciones del PP.

 

 

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Otro jarro de agua fría (Sánchez se reúne con el “Le Pen español”)

Artículo publicado en el diario Expansión el 10 de julio de 2018

Sánchez estrechando la mano de Torra, alias el ‘laci’, en las escaleras de La Moncloa el 9 julio de 2018.

La fotografía del Presidente de España saludando en la escalinata del palacio de La Moncloa al presidente del gobierno de la Generalitat de Cataluña quien, para evitar cualquier malentendido lucía su lazo amarillo en la solapa –me pregunto si también lo llevara prendido en el pijama cuando duerme– habla por sí sola. Para los catalanes que llevamos años dando la cara en defensa de la libertad y la igualdad de todos los españoles, la imagen del apretón de manos ha supuesto un nuevo jarro (otro más) de agua fría. ¿No había sido el propio Sánchez quién pocos días antes de la moción de censura que lo aupó a la Presidencia –con los votos, no lo olvidemos, de los partidos golpistas de Puigdemont y Junqueras– había calificado a Torra de xenófobo y racista? Que la palabra de Sánchez tenga escaso valor resulta magro consuelo para quienes día a día tenemos que vivir bajo la opresión y el desprecio de un ‘president’ que ni nos representa ni siquiera pretende aparentarlo.

¿Dónde estaba Sánchez?

Calvo ministra de Igualdad durante su patética rueda de prensa.

Tras una entrevista tan trascendental y esperada la sorpresa fue que Sánchez no compareciera ante la prensa, ni siquiera vía plasma. En su lugar, apareció la omnipresente Calvo cuya cháchara vale tanto para recoser un roto (golpe de Estado en Cataluña) como un descosido (fiesta del ‘orgullo’). Lo cierto es que con más torpeza que acierto, la vicepresidenta se excusaba una y otra vez por no poder dar más detalles sobre el contenido de los temas tratados en la reunión, achacando su ignorancia al deseo de no demorar más su comparecencia. Tras repetir varias  veces la buena nueva de que la reunión había sido “muy larga, casi dos horas y media”, “eficaz” e “institucional”, Calvo dejó algunas frases antológicas: “lo ocurrido hoy es una buena imagen con contenido para la democracia de nuestro país y para lo que ha ocurrido en Cataluña”; o “podemos darnos una oportunidad a otras cosas tras haber venido el president a reunirse con el presidente Sánchez”.

Rajoy con Mas en La Moncloa.

Alguien debería explicarle a esta profesora que los españoles nos merecemos explicaciones más claras, precisas y rigurosas sobre un asunto tan serio. La vicepresidenta sacó tristemente pecho en dos ocasiones que merecen comentarse. En primer lugar, afirmó que “no cabe [en la Constitución] la articulación de un referéndum pero a otro gobierno le han hecho dos y nosotros hemos tenido en Moncloa al presidente Torra”. ¿Hay que recordarle a la ministra que el president Puigdemont también fue recibido en La Moncloa por el presidente Rajoy, dispuesto a negociar casi todo menos el referéndum de autodeterminación? Un Gobierno responsable lo primero que habría hecho, Sra. Calvo, sería no recibir al presidente que alardea todos los días de haber ganado el referéndum de autodeterminación el 1-O y haber proclamado la independencia el 27-O. Volvió a hacerlo pocos minutos después de que usted terminara su rueda de prensa.

Rajoy recibiendo a Puigdemont en La Moncloa.

En segundo lugar, la ministra Calvo anunció que Sánchez está dispuesto a “levantar el veto de las leyes sociales” aprobadas en el Parlament de Cataluña, dando a entender que la razón por la que el Gobierno de España las vetó en su momento es porque no sintonizaba con las causas sociales. No tengo un ‘simpatizómetro’ pero las razones que impulsaron al Gobierno a llevarlas ante el Constitucional  no fue su pretendido carácter social sino la circunstancia de que invadían competencias del Estado y quebraban la igualdad entre los españoles, máxime cuando la extensión de derechos sociales sólo podía materializarse si Hacienda proporcionaba recursos adicionales al deficitario gobierno de la Generalitat.

En Bavia

Sánchez y Torra intercambiando cromos y ratafría en La Moncloa.

La impresión sintética que saqué tras escuchar la rueda de prensa de la Vicepresidenta es que el Gobierno de España respiró aliviado cuando vio que Torra no abandonaba La Moncloa a los cinco minutos, después de haberle comunicado a Sánchez que sólo estaba allí, usurpando el puesto del legítimo presidente Puigdemont, para exigirle la liberación de los presos políticos, el fin de la persecución judicial de los independentistas y la fecha de celebración del referéndum de autodeterminación. Para evitarlo, el Gobierno había diseñado un menú completo que

Rajoy y Puigdemont en La Moncloa en abril de 2016.

incluía a modo de entrante un libro sobre el palacio de La Moncloa, como platos fuertes nuevas transferencias de competencias y más inversiones, adobadas con ‘flaflafla’, y para postre un tour guiado por los jardines del Palacio. Sólo le faltó a Sánchez regalarle un lacito de repuesto y colocar en la sala la bandera estrellada junto a la de España y la UE.

Torra posando satisfecho con varios lazos amarillos, dispuesto a cazar a Sánchez.

Ambos políticos han acordado volverse a reunir en Barcelona en el futuro inmediato, y me pregunto si Sánchez acudirá al Palau sin exigir antes que se retire la pancarta que reclama en la fachada la libertad de los golpistas. De momento, la reunión con Sánchez le ha servido a Torra para demostrar a los suyos que se puede aprobar una resolución inconstitucional en el Parlament y vetar la presencia del Jefe del Estado en cualquier acto del gobierno de la Generalitat con total impunidad. Flaco favor ha hecho Sánchez a los constitucionalistas dando pábulo a una pretendida relación bilateral entre los gobiernos de España y Cataluña que fortalece al ‘Le Pen español’ y cuyo fin último es celebrar un referéndum de autodeterminación en Cataluña.

Pancarta que se exhibe en la fachada principal del Palau de la Generalitat.

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De Waterloo a Estremera vía Schleswig-Holstein

Artículo publicado en el diario Expansión el 26 de marzo de 2018.

Puigdemont posa mofándose de los 5 requerimientos enviados por el Tribunal Constitucional.

Cuando hace unas semanas Torrent  propuso al expresidente Puigdemont huido de la justicia como candidato para presidir el gobierno de la Generalitat, expresé en las páginas de Expansión que estaba más cerca de hacer compañía a Junqueras y a Forn en Estremera que de ser elegido nuevamente presidente de la Generalitat. Su detención esta mañana en Alemania pone de manifiesto que su estrategia de llevar al límite la confrontación con el Estado, haciendo caso omiso, primero, de las reiteradas advertencias del Tribunal Constitucional, y huyendo, más tarde, a Bélgica para evitar comparecer ante el juez del Tribunal Supremo que lo investiga, estaba condenada al fracaso. Sólo un auténtico megalómano podía pretender convertirse en el presidente de un consejo de la república en el exilio y marcar desde Waterloo la agenda de un gobierno títere instalado en la plaza de San Jaime. Era cuestión de tiempo que su pequeña corte belga empezara a flaquear y que quienes seguían dando la cara en Barcelona se hartaran de seguirle la cuerda.

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Puigdemont celebrando con Junqueras el golpe de estado en el Parlament el 27 de octubre, pocas horas antes de fugarse.

Los hechos que se han sucedido durante los últimos meses en Cataluña han demostrado que los líderes secesionistas, Mas y Puigdemont, Junqueras y Rovira, urdieron una gran mentira con la que lograron arrastrar a casi dos millones de personas al borde del precipicio y provocar una crisis social e institucional sin precedentes en la cuarta economía de la Eurozona. A pesar de sus repetidas afirmaciones, los catalanes hemos podido constatar después de la huida de Puigdemont que la manoseada hoja de ruta no era sino una sarta de improvisaciones que nos iba adentrando en un laberinto cada vez más intrincado, cuyo único mérito consistía en alejarnos más y más de la salida; que las famosas estructuras de estado (hacienda, seguridad social y banco central) que habían de ponerse en marcha el día de la desconexión de España eran una ficción ‘vidalesca’; que los empresarios que supuestamente avalaban con su silencio el proyecto independentista tardaron minutos en hacer las maletas después de la consulta del 1-O y poner tierra de por medio; y, en fin, que en lugar de la lluvia de apoyos internacionales que apuntalarían a la recién constituida república lo único que llegó de fuera fueron descalificaciones a los golpistas, y un apoyo sin fisuras de todos los Estados democráticos y organismos internacionales al Gobierno legítimo de España.

Secuencia de mensajes supuestamente privados enviados por Puigdemont a Comín el 31 enero 2018.

La detención de Puigdemont en Alemania cierra un triste capítulo de la historia de nuestra democracia que ojalá no se hubiera producido nunca. Pero más que lamentarnos por lo que ya no tiene remedio, lo importante ahora es extraer algunas consecuencias con vistas al futuro. La primera conclusión que me gustaría resaltar es que durante el tiempo que Puigdemont presidió el gobierno de Cataluña, los tres poderes del Estado, Gobierno, Congreso y Senado, y Poder Judicial, se comportaron con una extraordinaria prudencia. La parsimonia con que afrontaron la crisis política, evitando caer en las continuas provocaciones del gobierno de la Generalitat y el Parlament de Cataluña, refuerza nuestra confianza en el Estado de Derecho. No obstante, quiero apuntar que un Estado democrático más cuajado que el nuestro habría tenido menos complejos y se habría mostrado quizá más expeditivo a la hora de hora de plantar cara a los gobernantes de una Comunidad Autónoma que alardeaban de saltarse el ordenamiento jurídico y desatender los requerimientos y las sentencias de los tribunales. Convendría

Rajoy en el Senado el 27 de octubre de 2017.

analizar con sumo cuidado todo el proceso secesionista y el entramado administrativo-mediático-asociativo que lo alimentó desde la primera consulta por la independencia el 14 de septiembre de 2009 hasta la proclamación de la independencia el 27 de octubre de 2017, pasando por las consultas del 9-N y el 1-O. ¿Estuvo la maquinaria del Estado a la altura del desafío?

Mas votando en la consulta el 1-O de 2017.

La segunda conclusión importante es que el Estado de Derecho ha salido triunfante del envite. Los principales líderes secesionistas van a ser juzgados y tendrán que responder no por ser republicanos de corazón sino por los posibles delitos (rebelión, sedición, desobediencia, malversación de caudales, etc.) que hayan podido cometer en el ejercicio de sus cargos. El ser elegido democráticamente no otorga a

Puigdemont firmando el decreto de convocatoria de la consulta de autodeterminación el 6 de septiembre de 2017.

ningún gobernante el derecho a saltarse el ordenamiento jurídico, invocando una supuesta voluntad popular. La impunidad ha terminado. A Puigdemont, los catalanes lo elegimos para ocupar un escaño de diputado y los diputados lo eligieron en el Parlamente para presidir el gobierno de la Comunidad Autónoma de Cataluña, no para hacer un referéndum de autodeterminación ni para constituir la república en Cataluña. Esperemos que pronto sea extraditado y tenga la oportunidad de comparecer ante el juez Llarena para convencerle de que ni antes ni después del 1-O cometió delito alguno como presidente del gobierno de la Generalitat y merece la absolución. Me temo que no le resultará fácil lograrlo.

Estremera CP Madrid VII.

Puigdemont con Sánchez, presidente de la ANC, y Cuixart, presidente de Omnium Cultural, preparando del 11 de septiembr de 2016.

 

 

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1-O: última parada y principio de trayecto

Artículo publicado en el diario Expansión el 4 de septiembre de 2017

Puigdemont presentando la “ley suprema” en el Teatro Nacional de Cataluña.

Aunque las citas trascendentes para los constitucionalistas en Cataluña volverán a ser este año el 12-O, Fiesta Nacional de España, y el 6-D, conmemoración del XXXIX aniversario de la Constitución Española, como demócratas no podemos ignorar la amenaza que supone el plan del gobierno de la Generalitat y el Parlament de Cataluña de celebrar un referéndum el 1 de octubre. Puigdemont, anunció el 9 de junio la pregunta –“¿Queréis que Cataluña sea un estado independiente en forma de república”?–, y el 4 de julio representantes de la CUP y de la coalición electoral Junts pel Sí (JxS) presentaron la llamada “ley del referéndum de autodeterminación” que fue registrada en el Parlament el 31 de julio. Su Art. 3.2 establece “un régimen jurídico excepcional” que “prevalece jerárquicamente sobre todas aquellas normas con las que pueda entrar en conflicto”, incluidas la Constitución,  el propio Estatut de Cataluña, la Ley Orgánica del Régimen Electoral General y el resto del ordenamiento jurídico español.

Puigdemont y Gabriel celebrando su acuerdo para constituir una república independiente.

Para posibilitar semejante despropósito jurídico, los 72 diputados de ambos grupos aprobaron el 27 de julio una reforma ad hoc del reglamento de la Cámara que el Tribunal Constitucional (TC) anuló al aceptar el recurso presentado por la Abogacía del Estado. Aunque la ‘ley’ –si llega a votarse y aprobarse en el Parlament– correrá igual suerte que la citada reforma del reglamento, no puede descartarse que el gobierno de la Generalitat y el Parlament de Cataluña se declaren en rebeldía, y desobedeciendo al TC realicen un simulacro de referéndum antes de proclamar la “república”. Estamos ante una burda estratagema que pretende aprovechar la ajustada y circunstancial mayoría de que disponen en el Parlament (72/135) para dar apariencia de legalidad a lo que sólo puede calificarse como golpe de estado.

Puigdemont, Junqueras y Forcadell en el momento de anunciar la convocatoria y la pregunta del referéndum el 6 pasado 6 de junio. ¿Serán los próximos inhabilitados?

En cuanto los diputados secesionistas aprueben la ‘ley’, desobedeciendo al TC, y el gobierno de la Generalitat dé pasos para implementarla –creando la ‘sindicatura electoral de Cataluña’, nombrando a los miembros de las mesas electorales, realizando campañas institucionales para promover la participación, adquiriendo urnas, cediendo espacios públicos para albergar las votaciones, etc.–, los cargos electos y empleados públicos que lo hagan incurrirán en delitos de los que tendrán que responder ante los Tribunales. El vicepresidente Junqueras y el consejero Romeva manifestaron su voluntad de responsabilizarse de la adquisición de las urnas, y la alcaldesa Colau su disposición a ceder espacios públicos para albergarlas. Pues bien, convendría advertirles a los tres que, si lo hacen, incurrirán en delitos incluso más graves que los que llevaron a Mas, Homs, Ortega y Rigau al banquillo por organizar el 9-N, y a los diputados Forcadell, Barrufet, Corominas, Nuet y Simó a ser investigados por llevar al pleno del Parlament las “conclusiones finales” de la ‘comisión de estudio del proceso constituyente’.

Respuestas democráticas

Puigdemont comprador de urnas.

Quiero pensar que el referéndum del 1-O no llegará a realizarse. La vicepresidenta Sáenz de Santamaría y el presidente Rajoy así lo han reiterado y confío en que cumplirán su palabra dada. Impedirlo constituiría un éxito que reforzaría el crédito del Gobierno de España pero sobre todo la confianza de los españoles y la comunidad internacional en la solidez de nuestras instituciones democráticas. Los nuevos Tejeros deberían correr la misma suerte que sus antecesores: ser juzgados y condenados con todas las garantías del Estado de derecho. Entendemos, por ello, que el Gobierno debería, además de recurrir al TC, vigilar muy de cerca todos los movimientos de consejeros, interventores, diputados, alcaldes y organizaciones secesionistas para impedir que el referéndum se lleve a cabo.

Sáenz de Santamaría, vicepresidenta del Gobierno de España, ofreciendo a Junqueras, vicepresidente del gobierno de la Generalitat, abrir un diálogo sobre todas las demandas presentadas por Puigdemont, a excepción del referéndum.

Mas, Ortega y Rigau burlándose de los jueces antes del inicio de la vista el 4 de febrero de 2017 en el Museo de Historia.

Aunque es al Estado a quien corresponde adoptar las medidas necesarias para abortar el golpe de estado y juzgar a sus avalistas y ejecutores, las asociaciones constitucionalistas tenemos que estar vigilantes y denunciar a aquellas instituciones y personas que usurpen funciones que corresponden al Gobierno, a la Junta Electoral Central y a las Juntas Electorales Provinciales. En cuanto recibamos nuestra tarjeta censal, indicando la sección y la mesa donde podemos ejercer el voto, debemos denunciar el hecho, pues ningún organismo administrativo, salvo el INE, puede disponer de nuestros datos personales, mucho menos la “sindicatura electoral de Catalunya” constituida al amparo de una “ley” suspendida por el TC. Convendría también personarnos allí donde se instalen urnas para constatar si nuestros datos personales figuran en el ilegal ‘censo’ y presentar la correspondiente denuncia.

Álvarez (UGT Catalunya), Casals (Omnium Cultural) y Gallego (CCOO Catalunya) a favor del derecho a decidir y la consulta.

Resulta asimismo esencial desenmascarar el carácter antidemocrático del referéndum. Hay bastantes ciudadanos en Cataluña (y hasta votantes de Podemos en España) a quienes se les ha convencido con atractivos eslóganes, como “derecho a decidir”, que estamos ante un legítimo ejercicio democrático avalado por el Derecho Internacional. Hay que explicarles que los argumentos de los partidos y asociaciones secesionistas son falaces y convencerlos de que no deben participar en un referéndum que incumple las tres reglas básicas de la democracia: respeto a la Ley; respeto a la división de poderes; y respeto a la división de competencias que configura la estructura territorial del Estado. La “ley del referéndum de autodeterminación”, como la denominada “ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la república” registrada hace unos días en el Parlament, viola los tres. Todo un record premonitorio de la inseguridad jurídica y el carácter totalitario de la monstruosa república de PuigCupqueras.

Puigdemont con los dirigentes de la banda de los 72.

Algunas lecciones

Fernández, diputado de la CUP, colocando el micrófono al corrupto confeso president Pujol.

Algunas enseñanzas útiles podemos extraer al analizar la deriva secesionista en Cataluña. Primera, las transferencias de competencias y las concesiones hechas al corrupto ‘régimen pujolista’ (1980-2003) y a los gobiernos tripartitos encabezados por el PSC (2003-2010) sólo han servido para fortalecer al movimiento nacional-secesionista, ahondando la fractura social en Cataluña y debilitando al Estado de Derecho. Segunda, ningún Estado descentralizado puede sobrevivir a medio plazo si permite que los cargos electos autonómicos y municipales incumplan la Constitución y se dediquen a patrocinar la secesión de una parte del territorio. Tercera, el Estado no puede abdicar de su responsabilidad de garantizar la neutralidad e independencia del sistema educativo y de los medios de comunicación e impedir su utilización torticera con fines de adoctrinamiento. Y cuarta, el Estado tiene que establecer controles más estrictos para asegurarse de que la  Generalitat destina todos los impuestos cedidos y las transferencias recibidas a financiar servicios públicos, y no los desvía a promover actividades y asociaciones cuyo propósito manifiesto es destruir el ordenamiento constitucional.

Omnium Cultural: Somescola frente al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña

Omnium Cultural Somescola frente al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

 

Manifestación contra el atentado terrorista realizado en Barcelona del 17 agosto.

El 1-O pasará pronto a mejor vida pero la semilla de la discordia y el odio que los partidos y asociaciones secesionistas han sembrado y cultivado con ayuda de los presupuestos de la Generalitat perdurará durante décadas. Con ocasión de la manifestación contra el terrorismo celebrada en Barcelona el 26 de agosto, pudimos constatar una vez más la miseria espiritual y las actitudes totalitarias y violentas que animan a las hordas del secesionismo estrellado. Está en riesgo nada menos que el futuro del Estado democrático y social donde cabemos todos los ciudadanos, con independencia de nuestra ideología política y creencias religiosas, y donde todos disfrutamos de las mayores cotas de libertad e igualdad de nuestra historia. No podemos fallar: está en juego el porvenir de nuestros hijos.

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