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Tabarnia: entre inocentada y regalo de Reyes

Artículo publicado en el diario Expansión el 11 de enero de 2018.

Montilla, presidente de la Generalitat, junto al expresidente Pujol y Benach, presdiente del Parlament, en la manifestación organizada por el gobierno catalán contra el Tribunal Constitucional el 10 de julio de 2010.

El 4 de agosto de 2014 Expansión publicó un artículo (“El  funesto legado político de Jordi Pujol”) en el que sostenía que el mayor logro político del defraudador confeso en los 23 años en que permaneció al frente del gobierno de la Generalitat fue precisamente conseguir que los partidos de izquierda en Cataluña asumieran como algo natural y hasta progresista la ideología nacionalista, y acabaran concediendo al hecho diferencial catalán y a los intereses particulares de los ‘catalanes’ primacía sobre las nociones igualitarias de ciudadanía e interés general consagradas en la Constitución de 1978. En otras palabras, Pujol consiguió que  la izquierda catalana acabara dando prioridad en sus programas a los intereses locales o de ‘país’,  y relegara a un segundo plano las políticas en marcos territoriales más amplios, como España y la UE.

Maragall, presidente del gobierno de la Generalitat, con Zapatero haciendo de Don Tancredo en el balcón del Palau de la Generalitat, y un sonriente vicepressidente Carod-Rovira (ERC).

El desarme ideológico de la izquierda ante el nacionalismo se aceleró paradójicamente tras las elecciones de 2003, cuando el gobierno tripartito asumió como tarea propia impulsar la segregación de Cataluña del resto de España, algo que ni siquiera Pujol se había atrevido a plantear en 23 años. Aunque camuflado bajo la apariencia de avanzar políticas sociales, el planteamiento era en el mejor de los casos profundamente conservador, al pretender mejorar el bienestar de los catalanes imponiendo límites territoriales a la solidaridad interpersonal en el ámbito fiscal y levantando barreras lingüísticas para segregar el mercado laboral. Políticamente, representaba el triunfo del particularismo frente al universalismo y nos retrotraía a una concepción de España suma de compartimentos prácticamente estancos, más propia de los siglos XVII y XVIII que de los Estados modernos sustentados en la noción de ciudadanía y los ideales de libertad, igualdad y fraternidad.

Paso a paso

Maragall, presidente del gobierno de la Generalitat, y Mas, entonces jefe de la oposición, aplaudiendo tras aprobarse la Propuesta de Reforma del Estatut de Catalunya el 30 de septiembre.

No fue casualidad que todos los partidos que aglutinaron a militantes socialistas y comunistas (PSC, ICV-EUiA) en Cataluña y sucedieron a Convergencia Democràtica de Catalunya y Unió Democrática de Catalunya al frente del gobierno de la Generalitat en 2003 incluyeran también en sus siglas la letra ‘C’ de Cataluña que marcaba con toda claridad los límites territoriales de sus anhelos y aspiraciones. Tampoco que el gobierno tripartito que formaron junto a ERC aprobara la Propuesta de Reforma del Estatut de Cataluña en septiembre de 2005, un texto que proclamaba al ‘pueblo’ catalán sujeto soberano en base, no a la Constitución de 1978, sino a unos supuestos derechos históricos. Tal fue la claudicación ideológica de socialistas, comunistas y republicanos al nacionalismo endogámico y excluyente que algunos catalanes se vieron casi obligados a constituir un nuevo partido político en 2006, Ciudadanos, con el propósito de reivindicar el concepto de ciudadanía como piedra angular de una sociedad libre e igualitaria.

Pacto del Tinell, diciembre 2003. Maragall (PSC), Carod-Rovira (ERC) y Saura (ICV-EUiA).

Sin pretensión de ser exhaustivo, ahí están para ilustrar esta rendición incondicional de la izquierda al nacionalismo la virulenta reacción del gobierno de Montilla (2006-2010) a los inocentes decretos de enseñanzas mínimas –exigían dedicar tres horas a la enseñanza de la lengua y literatura castellanas en los ciclos de primaria –, aprobados por el Gobierno de Zapatero en diciembre de 2006 y nunca aplicados en Cataluña, o el indignado rechazo del President a la sentencia del Tribunal Constitucional que recortaba 14 artículos del Estatut y su llamada a los catalanes a sumarse en la primera manifestación masiva organizada por el propio gobierno de la Generalitat contra las instituciones centrales del Estado en julio de 2010. Ahí están también la tutela ejercida por los Ayuntamientos a las ‘consultas por la independencia’ que tuvieron lugar entre septiembre 2009 y abril 2011, con apoyo explícito de los concejales del PSC, ERC e ICV-EUiA, la inclusión del ‘derecho a decidir’ en los programas de estos tres partidos en las elecciones de 2012. Y ahí están la exigencia del PSC de reformar la Constitución para blindar las actuales competencias o su insistencia en que la Agencia Tributaria de Catalunya recaude todos los impuestos devengados en Cataluña y el modelo de financiación respete el principio de ordinalidad.

Montilla llama a los catalanes a manifestarse contra el Tribunal Constitucional en julio de 2010.

¡Toma del frasco!

Después de tantos años de intoxicación, la confusión creada tanto entre la ‘inteligencia’ catalana como a pie de calle es enorme. En el más puro estilo franquista, la ‘izquierda’ nacionalizada asumió la exclusión del castellano como lengua vehicular en la escuela catalana y los medios de comunicación públicos e impulso multas a quienes desatendieran la obligación de rotular en catalán sus negocios. Pretendió, asimismo, hacer pasar por federalismo lo que en realidad era en la Propuesta de Reforma del Estatut de 2005 una vaga confederación de ‘pueblos’ libremente asociados, y acabó incorporando el ‘derecho a decidir’ o incluso el ‘derecho a la autodeterminación’ en sus programas electorales. Y utilizó torticeramente los siempre discutibles saldos de las balanzas fiscales de Cataluña con la Administración Pública Central para exigir mejoras en la financiación de Cataluña y trasladar a los catalanes la falsa noción de que estaban siendo expoliados por el mismísimo Felipe V resucitado.

Rivera en el cartel electoral de las elecciones autonómicas de noviembre de 2006.

Inconsistencias que han pasado a formar parte del acervo indiscutible de una izquierda nacionalista y nacionalizadora y han propiciado, además del nacimiento de Ciudadanos, una iniciativa para segregar las zonas más populosas de las provincias de Barcelona y Tarragona y constituir la ‘comunidad autónoma’ de Tabarnia. Si Cataluña en tanto que sujeto de derechos históricos tiene ‘derecho a decidir’, lo mismo podría decirse de la mayoría de condados o marquesados que acabaron conformando su territorio. Si Cataluña tiene derecho a recaudar los impuestos aquí devengados, el mismo privilegio podrían reclamar otros ‘territorios históricos’. Si la existencia de un déficit fiscal de Cataluña con la Administración Central, faculta al gobierno de la Generalitat a exigir una mejor financiación, lo mismo podrían demandar las provincias o comarcas que aportan más de lo que reciben a la Generalitat. Y si el modelo de financiación autonómico tiene que satisfacer el principio de ordinalidad, no hay ninguna razón para no aplicar ese mismo criterio a los territorios de Cataluña.

Aplicando la lógica secesionista, cualquier subconjunto de ciudadanos residentes en un territorio histórico de Cataluña podría reclamar el ‘derecho’ a decidir y a recaudar los impuestos allí devengados, o limitar que se transfieran al resto de catalanes. Nadie puede extrañarse de que el invento haya causado perplejidad en el mundillo secesionista, acostumbrado a apelar al ‘derecho a decidir’ y a reclamar consultas sólo en aquellas circunscripciones donde anticipan pueden obtener mayoría, o a exigir la aplicación de tal o cual principio distributivo sólo cuando beneficia a Cataluña. Ahora se han visto obligados a beber su propia medicina. Tampoco ha sido ninguna sorpresa que quienes han acogido con mayor fervor la iniciativa de constituir la comunidad de Tabarnia no hayan sido los constitucionalistas, como algunos han apuntado erróneamente, sino personas y asociaciones que hasta anteayer pedían al Estado que recuperase las competencias cedidas a la Generalitat y hasta que eliminara las autonomías.

Renuión del pacto nacional por el ‘derecho a decidir’ el 23 de diciembre de 2016 en el auditario del Parlament de Cataluña.

Al margen del disparate que supone atribuir ‘derecho a decidir’ a cualquier minoría que pueda resultar mayoritaria en una parte de un Estado, Comunidad o Región Autónoma, y las casi insuperables dificultades, legales y prácticas, que entraña segregar una parte de Cataluña, la popularidad alcanzada por Tabarnia en las redes sociales brinda la oportunidad de articular una asociación constitucionalista arraigada en los municipios capaz de actuar como contrapunto de la ANC y Òmnium. Por lo demás, la tarea de los constitucionalistas es exigir al Gobierno de España y a Las Cortes que se tomen en serio el artículo 139 de la Constitución, según el cual “los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio español”. De momento, en Cataluña no es así.

Omnium Cultural: Somescola frente al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña

Omnium Cultural Somescola frente al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña

 

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Las recetas de Iceta

Artículo publicado en el diario Expansión el 20 de diciembre de 2017

Iceta en un acto de campaña en Tarragona el 16 de diciembre.

Iceta, primer secretario del consejo nacional del PSC se muestra estos días contenidamente eufórico. El caos en que han sumido Puigdemont y Junqueras a Cataluña durante los dos últimos años ha servido para que este político afable y dialogante pueda presentarse a las elecciones catalanas como la (única) solución para cambiar el rumbo y dejar atrás unos años que han resultado desastrosos para la mayoría de los catalanes en todos los ámbitos: político, social y económico. El 12 de diciembre tuve ocasión de interpelarle en el desayuno que organizó Empresaris de Catalunya (EC) y pude confirmar de primera mano su consumada habilidad para escaparse de las preguntas incómodas. Algunas de sus posiciones políticas quedaron, no obstante, meridianamente claras.

Borrón y cuenta nueva

Forcadell, la guardiana de la urna transparente en que se depositaron los votos que llevaron a declarar constituida la república catalana el 27 de octubre.

La república de Puigdemont-Junqueras acabó pocas horas después de que se proclamara en el Parlament el 27 de octubre. El Gobierno de España invocó el artículo 155 de la Constitución, cesó al gobierno de la Generalitat, disolvió el Parlament y convocó elecciones autonómicas para el 21 de diciembre. Al presidente y al vicepresidente cesados se les investiga por organizar y financiar el “inaceptable intento de secesión” de Cataluña, y serán probablemente juzgados junto con el resto de consejeros, Forcadell, presidenta del Parlament, y los presidentes de la ANC y Òmnium Cultural. Aunque ninguno de ellos ha mostrado arrepentimiento alguno y varios siguen empeñados en desacreditar la democracia española, el conciliador Iceta se ha apresurado a pedir el indulto para los golpistas.

CaixaBank celebra su primer consejo en la sede del antiguo Banco de Valencia.

La marcha de más 3.000 sociedades de Cataluña desde el 1-O, la caída del turismo y la inversión inmobiliaria, la paralización de inversiones empresariales, y la salida de capitales en busca de lugares más seguros, constituyen otro lamentable legado de dos años de desgobierno. No me sorprende que a Iceta le preocupe el informe del BBVA que sitúa a Cataluña en el furgón de cola en sus previsiones de crecimiento para 2018, cuando hace sólo tres años era una de las Comunidades con mejores perspectivas. A todo ello, hay que añadir el aumento sostenido de la deuda de la Generalitat a la que el pérfido Ministerio de Hacienda ha inyectado 72.564,2 millones desde 2012, para hacer frente a las nóminas de empleados, las facturas de proveedores y los vencimientos de deuda. Aduciendo que el peso del ajuste ha recaído sobre las Comunidades, Iceta solicita condonar la deuda contraída.

Montoro y Junqueras.

Más autonomía y mejor financiación

Iceta con sus dos banderas: la catalana y la roja.

Las propuestas de Iceta para despejar la inestabilidad política y revertir la situación económica en Cataluña son también bastante simples: conceder más autonomía a Cataluña y mejorar su financiación, respetando el principio de ordinalidad. Nada nuevo bajo el sol. La música me retrotrae al primer tripartito de Maragall, cuando el Parlament aprobó la Propuesta de Reforma del Estatut de Catalunya el 30 de septiembre de 2005, con gran alborozo de ERC y CiU; y al segundo tripartito, presidido por Montilla, cuando el PSC negoció el nuevo modelo de financiación aprobado en 2009. A la vista del desastre actual, uno sacaría la paradójica conclusión de que la solución no es precisamente más autonomía y mejor financiación.

En una entrevista reciente en Expansión, Iceta expresaba su intención de nombrar a un consejero delegado (CD) en caso de ser investido presidente. Lo primero que el CD le diría es que un organismo (Generalitat) que presenta un agujero de 12.100 millones en media durante los últimos 6 años está claramente sobredimensionado. En segundo lugar, le recordaría que el déficit puede eliminarse aumentando la financiación, como pide Iceta, o reduciendo el gasto. Y tercero, que se pueden destinar más recursos a sanidad, educación y políticas laborales y sociales, como Iceta desea, cambiando las prioridades. Hay margen: el importe destinado a estas tres secciones presupuestarias asciende a 16.500 millones en 2017 sobre un total presupuestado de 28.000 millones (deuda excluida).

Iceta con Sánchez en un mitin junto al alcalde Ballesteros de Tarragona.

Quizá el problema de infrafinanciación tenga su origen en la pretensión de la Generalitat de convertirse en estado donde, además, sus gobernantes, diputados, policías, funcionarios, etc., cobran más que sus homólogos en la Administración Central u otras Comunidades. No hay razón alguna para que el M.H. President cobre el 80% más que el Presidente de España, ni para que al terminar su mandato tenga derecho a percibir una pensión vitalicia equivalente al 80% del sueldo y a disponer de un despacho pagado por los contribuyentes. Pienso, además, que un buen CD podría encontrar sin demasiado esfuerzo varias decenas de millones en otras secciones presupuestarias (82,3 millones al Parlament y órganos consultivos y 673,1 millones a Presidencia, Vicepresidencia y Relaciones Institucionales) que podrían dedicare a mejorar los servicios públicos.

Talante e intolerancia

Sánchez en un mitin del PSC en Cataluña.

Tras unos años de enorme crispación política y social en Cataluña, se agradece el  talante afable de Iceta. Conviene recordar, sin embargo, que la confrontación con las instituciones del Estado se gestó durante los gobiernos tripartitos presididos por el PSC, que prepararon el terreno al soberanismo de Mas y al secesionismo desbocado de Puigdemont-Junqueras. Me alegra comprobar que el programa del PSC ya no incluye el ‘derecho a decidir’ y sus líderes han renunciado a acabar con el PP (“fem fora a Rajoy”). Pero en muchos aspectos, las actitudes sectarias y las posiciones políticas apenas han variado.

Iceta mostró, en un mitín en Hospitalet, el escudo de la bandera constitucional, un hecho insólito.

Cuando pregunté por qué la bandera constitucional brilla por su ausencia en los actos del PSC, Iceta respondió que le gusta el escudo porque simboliza la España federal pero que la única bandera que le pone es la roja. Cuando inquirí acerca de la inmersión lingüística en la escuela catalana –una práctica reminiscente del franquismo que coarta los derechos de los castellano-parlantes– repitió los tópicos habituales: es un modelo de éxito que facilita la integración y promueve la cohesión social. ¡Por eso, pensé, Montilla llevó a sus hijas al Colegio Alemán! En fin, ahí está la hemeroteca para recordar la furibunda reacción del PSC contra los inocentes decretos de enseñanzas mínimas de Zapatero, nunca aplicados en Cataluña. O la infinidad de resoluciones que el PSC ha promovido o aprobado en Ayuntamientos a favor de la inmersión y en contra del cumplimiento de las sentencias que reconocen el derecho a que el castellano sea lengua vehicular.

Puigdemont y Junqueras en la presentación de la renovada Agencia Tributaria Catalana. Junto a ellos los secretarios de presidencia y vicepresidencia, hombres claves en el proceso y la organización del 1-O.

En el ámbito económico, además de la inasumible petición de condonar la deuda, Iceta propone que la Agencia Tributaria de Cataluña recaude todos los  impuestos estatales y el nuevo modelo de financiación no penalice a las Comunidades con mayor capacidad fiscal. En cuanto a la primera propuesta, hay buenas razones para preferir el modelo estadounidense –donde el IRS recauda los impuestos federales– al modelo alemán. En cuanto a la financiación, los socialdemócratas deberían aspirar a que todos los ciudadanos reciban la misma financiación, a igual esfuerzo fiscal, con independencia de dónde residan, ni más ni menos. La Hacienda del Estado no puede ser la suma de las aportaciones de las haciendas territoriales a un fondo de solidaridad.

Ni el federalismo un mero pretexto para frenar la consecución de la igualdad o favorecer subrepticiamente a unos ciudadanos a costa de otros. Para un socialdemócrata, el reconocimiento de Cataluña como nación no puede ser excusa para establecer diferencias en derechos y obligaciones o limitar la solidaridad interpersonal. Como norma, los principios aplicables al conjunto de Comunidades deberían ser también aplicados a los territorios que integran cada Comunidad. Azúa, uno de los impulsores del manifiesto que dio origen a Ciudadanos, decía en una entrevista que el PSC es “primero catalán y luego socialista”. Aunque llevan algunos años soltando lastre, el nacionalismo sigue todavía primando sobre el socialismo. Una pena, porque los socialdemócratas catalanes llevan tiempo huérfanos.

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Cataluña, en el filo de la navaja

Artículo publicado en el diario Expansión el 27 de julio de 2017

El último barómetro del Centre d’Estudis d’Opinió del gobierno de la Generalitat de Cataluña muestra una caída continuada del porcentaje de catalanes que quieren que Cataluña sea un estado independiente, desde 47,7 % hace un año hasta 41,1% en junio de 2017. En sentido contrario ha evolucionado el porcentaje de ciudadanos que no quieren que Cataluña se convierta en un Estado independiente que con el 49,4% vuelve a situarse muy cerca del máximo (50,0%) alcanzado hace dos años. Por otra parte, la suma de los catalanes que consideran que Cataluña debería ser una Comunidad Autónoma (30,5 %) o una Región (5,3 %) supera ligeramente a la de aquellos (34, 7 %) que consideran que debería  ser un estado independiente, algo que no había ocurrido en el período que aparece en el gráfico. El porcentaje de quienes consideran que Cataluña debería ser un estado dentro de una España federal cayó 8 puntos porcentuales entre finales de 2014 y mediados de 2016 y ha registrado una levísima recuperación en el último año.

Iceta y Parlon, máximos dirigentes del PSC.

La opción federalista resulta, por tanto clave, para inclinar a un lado u otro la balanza. La cuestión es que nadie sabe a ciencia cierta a dónde nos quieren arrastrar los partidarios de un estado federal, cuando de hecho la España de las Autonomías ya lo es en casi todos los aspectos si se la compara con estados federales como Estados Unidos o Alemania. Aunque es cierto que el PSC –el único partido que defiende abiertamente el modelo federal en Cataluña– se ha librado de bastantes de sus líderes filosecesionistas, que se han incorporado a ERC o a CDC (PDE-Cat),  lo cierto es que la concepción federal que patrocina el PSC de Iceta y Parlón no deja tranquilo a ningún socialdemócrata libre del virus nacionalista.

Iceta, secretario nacional del PSC. Dice que quieren una España federal… que, por no tener, parece no tener ni bandera. Me temo que el que el PSC ha renunciado a poner la bandera de la UE en sus actos sólo para no tener que poner la bandera constitucional española.

Porque, francamente, resulta poco reconfortante para los socialdemócratas, y hasta me atrevería a afirmar que para cualquier republicano, la pretensión del PSC de convertir a España en una “nación de naciones” con el propósito de reconocer la “identidad nacional” de Cataluña; o su defensa a ultranza de la inmersión lingüística que impulsaron los gobiernos tripartitos liderados por el PSC de Maragall y Montilla, a la que califican sin pudor como “un modelo educativo de éxito”; o su apuesta reiterada en materia de financiación autonómica por el principio tan poco socialista de que han de recibir más los territorios dónde más se recauda; o, para terminar, las vergonzosas alianzas de gobierno que mantienen los ediles del PSC con los concejales de partidos secesionistas (ERC, CDC-PDE-Cat y CUP) en numerosos municipios de Cataluña.

Jiménez, presidente de la comisión gestora del PSOE, conversando con Iceta durante la crisis.

Lo más preocupante del asunto es que la crisis que se abrió entre el PSOE y el PSC, cuando los diputados del PSC en el Congreso votaron en contra de la investidura de Rajoy saltándose el acuerdo adoptado por el Comité Federal del PSOE, se saldó con la victoria del PSC por goleada: su deslealtad se premió aceptando que sus representantes continúen en los órganos de dirección del PSOE a cambio de la etérea promesa de que no volverán a hacerlo. Hoy, el PSC sigue siendo un partido independiente con voz y voto en los órganos de dirección del PSOE y los dirigentes del PSOE continúan yendo a Barcelona a aplaudir a Iceta y a Parlón, y a regalarles los oídos alabando su maravillosa  “nación” y criticando el “inmovilismo” de Rajoy. Este modelo de relación asimétrica es el que ahora pretenden exportar al conjunto del Estado.

“A bailá, a bailá…”.

La victoria del tándem Pedro Sánchez-Patxi López frente a Susana Díaz en las primarias del PSOE, donde el PSC jugó un papel fundamental, constituye una seria amenaza a la igualdad de los españoles. Me temo que Sánchez, como Zapatero en 2003, va a asumir las exigencias del PSC. El resultado entonces fue la Propuesta de Reforma de Estatut de Cataluña que aprobó el Parlament el 30 de septiembre de 2005 que proyectaba una España prácticamente confederal, en la que la Generalitat de Cataluña asumía control de todas las competencias, incluidas las educativas, judiciales y fiscales, y dejaba únicamente en manos del gobierno de España defensa y política exterior. Como nunca lo han repudiado, me temo que éste sigue siendo el modelo de Estado por el que apuestan los dirigentes del PSC, camuflado ahora tras el eslogan “España nación de naciones”: la Generalitat es soberana y las instituciones del Estado deben reconocer su plena autonomía.

Sánchez con Iceta jugando a los cubos rojos: tuyo mío; mío tuyo, en la reunión que mantuvieron en Barcelona el 14 julio de 2017. Nosotros (PSC) para nosotros (PSC) y vosotros (PSOE) para nosotros (PSC).

Resultaría fundamental para superar la crisis política en Cataluña y despejar el futuro de la España constitucional contar en Cataluña y en el País Vasco con un auténtico partido socialdemócrata que apueste por la igualdad en derechos y deberes de todos los ciudadanos españoles. Lástima que ni los socialdemócratas catalanes que presentaron la Plataforma para la recuperación de la federación catalana del PSOE, en Cataluña, ni la mayoría de socialdemócratas que ven con buenos ojos la idea en el resto de España, se hayan decidido a saltar al ruedo y exigir algo que algunos demandábamos ya a Pérez Rubalcaba en 2013.

 

 

 

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La culpa no es del PP

Mariscal: ¿algún país no es ‘bonic’?

En el artículo algo inexactamente titulado “Escritores y artistas catalanes rechazan el referéndum ilegal” (El País, 24 de julio de 2017), podemos leer las variadas opiniones de algunos ilustres nombres de la literatura, el teatro, el cine y la música en Cataluña.  Además de los razonables (aunque dispares) comentarios de Marsé y Mendoza, y la nota cínica del profesor Rico que se está divirtiendo de lo lindo a costa del proceso, me han llamado la atención las acusaciones de Mariscal, Serrat, Gas y Herralde contra el Partido Popular (PP), al que responsabilizan de la deriva secesionista en Cataluña:

“Javier Mariscal, diseñador de Cobi para los Juegos Olímpicos y ahora de Merche, para las Fiestas de la Mercé, dice sobre la perspectiva abierta en torno al pretendido referéndum del 1 de octubre: ‘Si es como hasta ahora dicen que va a ser yo no quiero participar en una chapuza de algo que debería ser impecable’. Culpa de la situación actual, como Serrat, como Gas, a la campaña del PP, “ese partido heredero del franquismo”, contra el Estatuto. “

Gas, con su rostro masacrado por el Gobierno de España en el Teatro Griego de Barcelona.

Las declaraciones del actor y director de teatro Mario Gas no tienen desperdicio. Partiendo de  la premisa gratuita de que “es inalienable votar y decidir. Y es ineludible un referéndum.”, Gas comienza acusando al Gobierno de España de insensibilidad e inmovilismo antes de confesar de que pie cojea:

“No soy independentista, pero creo que el Gobierno se ha mostrado insensible a la cuestión catalana; ya lo es en otras cuestiones sociales, pero aquí ha propiciado un deterioro tremendo, erigiendo como un todo inamovible una Constitución que debe ser una carta maleable según las necesidades”.

Gas acaba exigiendo al Gobierno español que deje su autoritarismo a un lado y permita realizar el referéndum. Éstas son sus palabras:

“Que todo transcurra sin coerciones que respondan a la cerrazón radical de un Gobierno que masacra a España y por tanto también a Cataluña. El Govern ha actuado con precipitación, tenía que haber buscado pactos para llegar a ofrecer normalmente el derecho de decidir que se siente desde que el Estatut fue masacrado”.

Herralde en 1970 haciendo de Don Tancredo (¿o de Hooligan?) en pleno tardofranquismo.

El editor Jordi (antes Jorge) Herralde se despacha también a gusto:

“Los responsables del Gobierno y del Govern se han enzarzado en un campeonato de disparates (¿variantes de Don Tancredo y el Hooligan?) que han llevado a la imposible situación actual. ¿La Historia los absolverá?: serias dudas entre los expertos”.

Este equilibrado análisis de la situación política le lleva a la siguiente catárquica reflexión:

“¡Un efecto positivo, supongo, del conflicto: no pocos jacobinos recalcitrantes, del PSOE por ejemplo, parecen ahora conscientes de la ineludible necesidad de cambiar las reglas de juego en el tema catalán. También en Podemos. Del PP y su “macizo de la raza” y “¡Santiago y cierra España!” poco se puede esperar”.

Como las tres opiniones me parecen auténticas simplezas, por mucho éxito y prestigio que sus autores hayan logrado en el desempeño de sus profesiones artísticas, me gustaría formularles una pregunta muy sencilla y pedirles que la respondieran dejando al margen, si fuera posible, sus sesgos y fobias ideológicas tan patentes en ese sumario juicio emitido sobre “ese partido heredero del franquismo” cuyo gobierno, según Gas, “masacra a España y por tanto también a Cataluña”. La pregunta que les propongo es ésta: ¿son ustedes partidarios de que todos los ciudadanos españoles tengamos los mismos derechos y obligaciones con independencia de la Comunidad Autónoma en que estemos empadronados?

Maragall y Mas aplaudiendo tras aprobarse en el Parlament la Propuesta de Reforma del Estatut de Cataluña el 30 de septiembre de 2005.

Si la respuesta es positiva –doy por sentado que lo será tratándose de personas todas ellas tan progresistas– me gustaría que explicaran qué hay de malo, en un Estado de Derecho, en que los representantes de los ciudadanos en Las Cortes enmendaran el Proyecto de Reforma del Estatut de Cataluña, un texto aprobado en el Parlament de esta Comunidad Autónoma, o que el PP recurriera ante el Tribunal Constitucional (TC) el texto  finalmente aprobado en Las Cortes. A la vista de sus opiniones, tengo la impresión que estos señores tan cosmopolitas no podrían vivir en casi ningún estado de Derecho en la UE o en los Estados Unidos. Para muchos demócratas españoles con un pasado político (al menos) tan limpio como el suyo, el PP hizo entonces lo que considerábamos debía hacerse ante un texto donde algunos artículos eran manifiestamente inconstitucionales, como así lo declaró finalmente el propio TC. La misma situación a que hoy nos enfrentamos cuando se nos amenaza con aprobar por vía express la “ley del referéndum de autodeterminación” y proclamar la república catalana en 48 horas.

Sede del Tribunal Constitucional.

Seamos serios: lo que traslucen estas trasnochadas denuncias, en contra del PP y el supuesto jacobinismo del PSOE, y a favor de la opción “federal” –como si la España de las Autonomías no fuera ya un Estado federal–, no son otra cosa que expresiones del deseo de romper la república (coronada) de ciudadanos libres e iguales que es España desde 1978 y acabar con el único período de libertad, concordia y prosperidad de toda nuestra historia contemporánea. Me llama también la atención que estos artistas y editores que tienen tan claro que el PP es el “heredero del franquismo”, no se hayan sumado a los demócratas catalanes que combatimos las políticas neofranquistas de “inmersión lingüística” que practica el gobierno de la Generalitat de Cataluña desde hace décadas, y pretendemos que las dos lenguas oficiales de Cataluña, catalán y castellano, sean lenguas vehiculares en el sistema educativo y estén presentes en los medios de comunicación públicos. Ni siquiera parece molestarles a estos artistas, tan quisquillosos con la “herencia franquista” del PP,  la pesada herencia que arrastra ERC con centenares (en realidad miles) de detenciones irregulares, asesinatos y ejecuciones sumarias durante la II República.

Pena de muerte firmada por el presidente de la Generalitat Lluis Companys.

Permítanme terminar esta entrada con otra cita a propósito de la “cuestión catalana”:, esta vez de un artista reflexivo, Antonio Machado, cuya literatura y semblanza humana todavía nos inspira a los demócratas españoles:

Antonio Machado.

“La cuestión de Cataluña, sobre todo, es muy desagradable. En esto no me doy por sorprendido, porque el mismo día que supe el golpe de mano de los catalanes, lo dije: “los catalanes no nos han  ayudado a traer la República, pero ellos serán los que se la lleven”. Y en efecto, contra esta República, donde no faltan hombres de buena fe, milita Cataluña. Creo con don Miguel de Unamuno que el Estatuto es, en lo referente a Hacienda, un verdadero atraco, y en lo tocante a enseñanza algo verdaderamente intolerable.”

Puigdemont y Gabriel celebrando su acuerdo para constituir una república independiente.

Eso mismo pensamos hoy los demócratas en Cataluña y, a diferencia de lo que ocurría en el franquismo y ocurriría en la sectaria república catalana de PuigCupqueras, podemos expresarlo sin escondernos, gracias a que la Constitución nos ampara. Sepan que no estamos dispuestos a que unos cuantos descerebrados, de la mano de la CUP, como apuntaba Marsé, destruyan todo lo conseguido desde 1978. La Constitución, Sr. Gas, no es “un todo inamovible” como usted afirma: puede reformarse; y ojalá que si se enmienda sea para hacernos más libres e iguales a todos los españoles, no para beneficiar mayormente a los empadronados en Cataluña. Hay un “teatre grec” en Barcina y un teatro romano en Augusta Emerita.

 

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¿Qué va a negociar el Gobierno de España con Puigdemont y Junqueras?

Artículo publicado en el diario Expansión el 1 de diciembre de 2016.

Los redactores de Expansión, no sé si por motivos de espacio o estética, titularon el artículo ¿Qué va a negociar el Gobierno con Puigdemont?”. He preferido mantener aquí el título original para subrayar que estamos hablando de negociaciones entre el  Gobierno de España con Puigdemont y Junqueras, no con el Gobierno de la Generalitat, puesto que aunque Puigdemont y Junqueras ostentan los cargos de Presidente y Vicepresidente, respectivamente,  sólo gobiernan para el 39,5 por ciento de catalanes que les votaron para implementar el plan de secesión acordado por Mas y Junqueras.

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Sáenz de Santamaría felicitando a Millo tras tomar posesión de su cargo de Delegado del Gobierno en Cataluña.

El nombramiento de Enric Millo como Delegado del Gobierno en Cataluña y la presencia de Sáenz de Santamaría, Vicepresidenta del Gobierno, en el acto de su toma de posesión, constituyen dos indicaciones muy claras de que el Gobierno de Rajoy quiere tomar la iniciativa y dedicar  estos primeros meses de la legislatura a explorar la posibilidad de alcanzar un acuerdo con el Gobierno de Cataluña, embarcado en un proceso de secesión que culminará con la celebración del referéndum sobre la independencia que planea realizar en septiembre, después de la Diada de 2017.  A falta de información fidedigna sobre el alcance de las negociaciones que podrían haberse iniciado ya entre las dos Administraciones, reconozco el carácter tentativo de las interpretaciones y consideraciones que voy a exponer a continuación y aconsejo tomarlas con la lógica cautela.

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Millo recibiendo la felicitación de Colau, alcaldesa de Barcelona, y Romeva, consejero de asuntos exteriores del gobierno de la Generalitat.

Diálogo difícil

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Millo, ejerciendo de portavoz del PP en el Parlament de Cataluña.

Casi todas las informaciones publicadas coinciden en contraponer el carácter dialogante de Millo, portavoz del PP en el Parlament durante los últimos años, con la actitud más rígida de Llanos de Luna, su antecesora en el cargo, a la que se achaca haber cumplido con su deber de advertir y hasta interponer querellas contra los ciudadanos y poderes público que se sitúan por encima de la Constitución y el ordenamiento jurídico. Quiero sumarme a todas las voces que le han expresado estos días su agradecimiento por haber intentado poner coto a la impunidad con que actúan los representantes de los partidos secesionistas (CDC, ERC y CUP) en las instituciones de Cataluña, ignorando deliberada y reiteradamente  el ordenamiento jurídico y las sentencias de los Tribunales.

Llanos de Luna en el acto de toma de posesión de Millo.

Llanos de Luna en el acto de toma de posesión de Millo.

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El Parlament aprueba la resolución de inicio del proceso constituyente el 9 de noviembre de 2015.

Entre los innumerables ejemplos que podrían ponerse, me referiré, por su especial gravedad, a la resolución I/XI aprobada el 9 de noviembre de 2015 en la que “el Parlament de Cataluña declara solemnemente el inicio del proceso de creación de un estado catalán independiente en forma de república”, y las Conclusiones finales de la Comissió d’Estudi del Proces Constituent, aprobadas en el pleno del Parlament celebrado el 27 de julio de 2016, donde se detallan las fases del proceso constituyente que culminará con la aprobación de una constitución. ami-787-municipis-51-ens-localsAcciones anticonstitucionales que en el caso de las CC. LL. incluyen la adscripción de cientos de Ayuntamientos a la Associació de Municipis per la Independencia (AMI), una asociación que se financia con recursos públicos y tiene como objetivo “concienciar a la ciudadanía de la necesidad de que Cataluña pueda ejercer su derecho a la autodeterminación”; la aprobación de resoluciones de apoyo al proceso de desconexión iniciado en el Parlament y en contra de las sentencias del Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que instan a la Administración catalana a utilizar las dos lenguas oficiales en una proporción equilibrada;  la ausencia de la bandera constitucional en actos oficiales junto a la bandera de Cataluña; y, en fin, la colocación con cargo a las arcas municipales de banderas estrelladas en espacios públicos e incluso en balcones de los Ayuntamientos en campaña electoral.

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Informes de Tesoreros, Interventores y Secretarios municipios adscritos a la AMI.

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Puigdemont, presidente de la Associació de Municipis per la Indepèndencia hasta enero 2016.

El gran escollo

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Sáenz de Santamaría con Junqueras en La Moncloa.

Además del cambio de talante que representa el nombramiento de Millo, algunos medios han informado que la Administración Central podría estar dispuesta a poner sobre la mesa hasta 3.000 millones de euros para suplementar las transferencias que recibe la Generalitat –el gobierno catalán ya se ha apresurado a exigir que la medida tenga carácter retroactivo para compensar supuestos incumplimientos de la Administración Central en el pasado–, y a elevar la proporción de las inversiones en infraestructuras del Estado en Cataluña –el consejero Rull ya ha respondido exigiendo la cesión de todos los activos (estaciones, vías, material rodante, catenarias, etc.) de RENFE al gobierno de Cataluña–.

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Puigdemont con el vicepresidente Junqueras y Munté, portavoz del gobierno de Cataluña.

Por su parte, Puigdemont, actual presidente del gobierno de la Generalitat y anterior presidente de la AMI, Junqueras, su vicepresidente, y Munté, la consejera portavoz, han advertido que hacen falta “hechos” para que el cambio de talante no se quede en mero maquillaje. La concesión del suplicatorio para procesar al exconsejero Homs y la continuación de los procedimientos judiciales abiertos contra Mas, las consejeras Ortega y Rigau, la presidenta Forcadell y otros cargos electos demuestra –según ellos– la escasa voluntad negociadora del Gobierno español. Además, Puidgemont exige al Gobierno de España que satisfaga las 46 reclamaciones que le planteó a Rajoy hace unos meses. No pretendo examinarla aquí pero sí me parece oportuno recordar la primera de ellas:

“Las elecciones del pasado 27 de septiembre establecieron una mayoría en el Parlament de Catalunya favorable a la creación de un nuevo Estado para Catalunya.

La voluntad democrática de los ciudadanos de Catalunya, expresada a través de su voto, confiere legitimidad a la acción política y parlamentaria de sus representantes.

Es obligación, por lo tanto, de los demócratas de buscar las vías de negociación y diálogo que posibiliten dar salida a las aspiraciones democráticas de la mayoría, que puede incluir, como mínimo, la celebración de un referéndum vinculante.”

Mas burlánose del gobierno español y del Tribunal Constitucional el 9 de noviembre de 2014 ante la embelesada mirada de su esposa.

Mas burlánose del Gobierno español y del Tribunal Constitucional el 9 de noviembre de 2014 ante la embelesada mirada de su esposa.

Cumplir la primera reclamación de Puigdemont exige celebrar un referéndum vinculante para que los catalanes decidan si Cataluña se constituye como nuevo estado. Mi ingenuidad política y escasa imaginación me llevan a formular dos preguntas que algunos lectores se estarán seguramente haciendo. La primera es si Rajoy y Sáenz de Santamaría están dispuestos a reformar la Constitución y a celebrar un referéndum vinculante para decidir si Cataluña se constituye en estado independiente, dejando a 39 millones de españoles excluidos de la votación. Y, la segunda si Puigdemont y Junqueras están dispuestos a renunciar a la primera y más importante de sus reclamaciones políticas para pasar a negociar las otras 45 con el gobierno de España. La prudencia invita a dejar las preguntas abiertas de momento.

Terrreno pantanoso

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Sáenz de Santamaría en el acto de toma de posesión del nuevo Delegado del Gobierno español en Cataluña.

El nuevo gobierno de Rajoy bien merece un margen de confianza y la Vicepresidenta hace bien en sentarse a hablar con representantes del Gobierno catalán en esta nueva etapa. Quizá a Sáenz de Santamaría le baste con aplicar “esfuerzo, empatía e imaginación” –las tres virtudes que subrayó al tomar posesión de su cartera de Administraciones Territoriales– para superar las diferencias aparentemente insalvables que hoy separan a las dos Administraciones. Ahora bien, la Vicepresidenta se ha adentrado en terreno pantanoso –sus reiteradas apelaciones a la “lealtad institucional” en Barcelona indican que es consciente de ello– y debería medir bien sus pasos porque las concesiones que pudiera hacer hoy el gobierno de España –establecimiento de relaciones bilaterales, blindaje de competencias y traspaso de otras nuevas, y aplicación del principio de ordinalidad en el sistema de financiación autonómica–, bien podrían insuflar nuevas fuerzas al anémico régimen nacional-secesionista,  entregado a la CUP, y reavivar con renovada virulencia el conflicto en un futuro no muy lejano.

Rueda de prensa en apoyo de Francesc Homs con la presencia de Artur Mas, Puigdemont, Oriol Junqueras, Rufian, Lluis Llach, 22 de noviembre de 2017.

Rueda de prensa en apoyo de Francesc Homs con la presencia de Artur Mas, Puigdemont, Oriol Junqueras, Rufian, Lluis Llach, 22 de noviembre de 2016.

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Puigdemont y Romeva con el recién nombrado Consejo consultivo de Diplocat, el órgano constituido por el gobierno Puigdemont el 24 de noviembre de 2016 para promover internacionalmente el proceso secesionista.

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El espíritu del 12 de octubre

cartel-12-octubre-2016Un año más llega el 12 de octubre, Fiesta Nacional de España, y Barcelona se prepara para celebrarlo en un ambiente más crispado que nunca tras las resoluciones aprobadas por Junts pel Sí y la CUP en el Parlament de Cataluña en los últimos meses. El comité organizador de la celebración, integrado por representantes de las asociaciones Espanya i Catalans, MC 12-O, Regeneración Democrática y Somatemps, ha diseñado un acto sencillo al que se han sumado numerosas asociaciones cívicas de varias CCAA. Se realizará una manifestación encabezada con el lema “Cataluña en el corazón” y un acto cívico-político en Plaza de Cataluña.

Ahora o nunca

 

Mas burlánose del gobierno español y del Tribunal Constitucional el 9 de noviembre de 2014 ante la embelesada mirada de su esposa.

Mas burlánose del gobierno español y del Tribunal Constitucional el 9 de noviembre de 2014 ante la embelesada mirada de su esposa.

Si la celebración del año pasado la vivimos los catalanes bajo el impacto de la consulta organizada por el gobierno de Mas el 9 de noviembre de 2014, sobre la de este año sobrevuela la amenaza de celebrar otra consulta similar  antes de septiembre de 2017. Las organizaciones independentistas ya anunciaron el pasado 11 de septiembre que tras la aprobación de las conclusiones de la llamada comisión de estudio del proceso constituyente (CEPC) en el Parlament de Cataluña el pasado 27 de julio, todo está a punto y la Diada de 2016 sería la última que se celebraba antes de proclamar la República.

La Mesa del Parlament toma nota del Informe y las conclusiones de la Comisión de estudio del proceso constituyente, 20 julio 2016.

La Mesa del Parlament tonando nota y deliberando sobre el Informe y las conclusiones de la Comisión de estudio del proceso constituyente, 20 julio 2016.

27/07/2016 Los diputados de C's y PP abandonan el pleno. El pleno del Parlament ha aprobado este miércoles las conclusiones de la comisión de estudio que apuestan por impulsar un "proceso constituyente" en Cataluña pese a que el Tribunal Constitucional (TC) advirtió de que esta iniciativa vulnera la Constitución y pidió a los diputados y miembros de la Mesa que impidieran la votación. CATALUÑA ESPAÑA EUROPA BARCELONA POLÍTICA

Los diputados del PP y C’s abndonando el pleno del Parlament antes someterse a votación y aprobar las conclusiones de la Comisión de estudio del proceso constituyente, a pesar de la advertencia del Tribunal Constitucional de que estaban vulnerando la Constitución y desacatando una sentencia previa del TC.

Mas aplaudiendo la aprobación de la resolución en el Parlament para celebrar una consulta de autodeterminación el 26 de septiembre de 2012

Mas y los diputados de CiU, ERC y la CUP aplaudiendo la aprobación de la resolución en el Parlament para celebrar una consulta de autodetereminación en 2012.

Como la mayoría de los ciudadanos probablemente desconocen el alcance de las citadas conclusiones, les aclararé que Junts pel Sí y la CUP planean sustituir las legítimas instituciones de autogobierno por un Foro Social Constituyente y una Asamblea Constituyente, donde sólo estarán representados los ciudadanos partidarios de la secesión y cuyas decisiones serán vinculantes e inapelables para todos los catalanes. Aunque el camino lo habían fijado Mas y Junqueras en julio de 2015, Junts pel Sí y la CUP aprobaron una nueva resolución en el debate de política general celebrado la pasada semana que prevé celebrar una consulta vinculante antes de septiembre de 2017, en lugar de proclamar la República como preveía la hoja de ruta. Pese a este pasito atrás, está claro que estamos ante un desafío en toda regla del gobierno y el Parlament de Cataluña al ordenamiento constitucional, a la división de poderes y a las sentencias de los Tribunales.

Puigdemont en el Parlament de Cataluña.

Puigdemont en el Parlament de Cataluña.

Fin de la impunidad

Nada nuevo. Los líderes de CDC, ERC y la CUP llevan años dedicados casi exclusivamente a urdir un plan tras otro para sortear el Estado de democrático y social de Derecho que es España, y situándose una y otra vez fuera del ordenamiento constitucional que legitima sus actuaciones. Se autoproclaman demócratas cuando en realidad ningún demócrata podría respaldar a poderes públicos que se sitúan por encima de la ley y consideran democráticas únicamente las decisiones adoptadas en las instituciones donde ellos tienen mayoría.

Forcadell afirma que "volvería a hacer lo mismo porque el Estado tiene miedo a la democracia". Ahora resulta que la democracia es saltarse las leyes que a uno le interesa no cumplir. ¿Qué le parecería si los catalanes nos saltamos las normas aprobadas en el Parlament de Cataluña?

Forcadell afirmó el 6 de octubre de 2016 que “volvería a hacer lo mismo porque el Estado tiene miedo a la democracia”. Ahora resulta que la democracia es saltarse las leyes que a uno le interesa no cumplir. Los catalanes que no compartimos LEC u otras normas aprobadas por el Parlament tendremos que empezar a incumplirlas también utilizando su mismo argumento: la Generalitat tiene miedo a la democracia.

 

Mas acude a declarar ante el TSJC el 15 de octubre de 2015 .

Mas acudiendo con las hordas de los bien ‘pagaos’ a declarar ante el TSJC el 15 de octubre de 2015 .

Felizmente, la desobediencia de varios miembros del gobierno catalán a la prohibición del Tribunal Constitucional (TC) de realizar la consulta del 9-N ya está teniendo consecuencias. Al ex-presidente Mas y a sus consejeras, Rigau y Ortega, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña les imputa delitos que pueden resultar en su inhabilitación para ejercer cargos públicos; y a Homs, consejero y portavoz de Mas, el Tribunal Supremo le imputa varios delitos, incluido el de malversación de caudales públicos, que podrían acarrearle penas de cárcel. Forcadell, presidenta del Parlament, está asimismo siendo investigada por la Fiscalía por haber desobedecido la prohibición expresa del TC de tramitar y llevar al pleno las resoluciones de la precitada CEPC.

Mas con Forcadell, entonces presidenta de la ANC, examinando las nuevas piezas de mercadotecnia independentista en el Palau del gobierno de la Generalitat.

Mas, president en ese momento del gobierno de la Generalitas con Forcadell, entonces presidenta de la ANC, examinando en la sede del gobierno las nuevas piezas de mercadotecnia independentista.

El espíritu del 12-O

El 12 de octubre algunos ciudadanos estaremos en la plaza de Cataluña para  apelar al corazón y al sentido común de todos los catalanes y para reivindicar la libertad, la concordia y la prosperidad que nos ha traído el período más fructífero y esperanzador de nuestra historia contemporánea. Queremos seguir viviendo en un Estado cuya Constitución ampara la libertad e igualdad de todos los ciudadanos, en un espacio compartido donde las lenguas, las culturas y los folclores constituyen nexos de unión, vehículos que facilitan el entendimiento y la convivencia. Lenguas que merecen todas ellas idéntico respeto y apoyo allí donde son oficiales, y deberían emplearse equilibradamente en las administraciones públicas, en el sistema educativo, y en los medios de comunicación que financiamos con los impuestos de todos.

Omnium Cultural: Somescola frente al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña

Omnium Cultural Somescola frente al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña

Junqueras y Mas arropando a Puigdemont en la reedición del libro Cata... qué? prologado ahora por Mas.

Junqueras y Mas arropando a Puigdemont en la presentación del libro “Cata… qué?” de Puigdemont. Un libro escrito  hace años que se ha vuelto a reeditar con un prólogo del propio Mas (o de quién se lo haya escrito).

Los políticos que abanderan la secesión consideran que los ciudadanos residentes en Cervelló,  Vic, Figueras o Tarragona merecen percibir mejores servicios públicos y pensiones más altas que los que residen en Iznájar, Llanes, Santo Domingo de la Calzada o Palma de Mallorca porque residen en Cataluña. Igualmente reaccionario resulta ver como utilizan las lenguas como armas arrojadizas e instrumentos de adoctrinamiento ideológico y afirman con prepotencia, más propia de burócratas totalitarios que de demócratas, “Som escola i decidim escola catalana”, una frase que en realidad quiere decir “excluimos el castellano como lengua vehicular en Cataluña”. No cabe mayor desprecio a los derechos fundamentales de los niños catalanes que excluir del sistema educativo la lengua que hablan con sus padres o abuelos. Por si esto fuera poco, las familias que en Balaguer, Mataró y Sant Cugat del Vallés se atrevieron a pedir que se cumpla la ley fueron humilladas e insultadas por otras familias convocadas a las puertas de los colegios por las asociaciones y partidos nacional-secesionistas.

Imágenes terribles de los padres y niños acosadores y humilladores en Balaguer.

Imágenes terribles de los padres y niños acosadores y humilladores en Balaguer.

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Vargas Llosa en el Ateneo de Madrid el22 de septiembre de2015.

“Hay que erradicar la peste del nacionalismo que ha echado raíces en un sector amplio de Cataluña”, apuntaba Vargas Llosas en el Ateneo de Madrid el 22 de septiembre de 2015. Los demócratas tenemos que ponernos sin dilación manos a la obra por al menos dos razones. Primera, por puro egoísmo, porque Cataluña creció y progresó tan espectacularmente gracias a que se convirtió en los siglos XVIII y XIX en la ‘fábrica de España’, feliz expresión acuñada por el historiador Jordi Nadal. Y segunda, por higiene democrática, porque como decía el Nobel peruano y español, si Cataluña se separara España y Europa sufrirían pero la verdadera catástrofe sería para Cataluña que se convertiría en “un pequeño país, manipulado y gobernado por minorías fanáticas”. Si ya hoy resulta asfixiante vivir en Cataluña, imagínense cuán opresiva sería la vida sin leyes ni tribunales que nos amparasen.

Iceta y Batet, líderes del PSC que rechazó la propuesta del PP de Cataluña en favor del bilingüismo.

Iceta y Batet, líderes del PSC, un partido que votó en contra de la propuesta en favor del bilingüísmo que hizo el PP de Cataluña en el Parlament el 6 de julio de 2016. El 25 de mayo de 2016, el PDC rechacó también una propuesta para que los funcionarios hablen en castellano. ¡Menudos constitucionalistas!

en favor del bilingüismo

Rosa Díez agredida por estudiantes de los "Països Catalans" en la UAB donde no pudo celebrar la conferencia anunciada.

Rosa Díez agredida por estudiantes de los “Països Catalans” en la UAB donde no pudo celebrar la conferencia anunciada. El irresponsable titular dl diario Público parecía satisfecho de que le “hubieran cantados las cuarenta”. Sin palabras.

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12-O, 2016: Ponlo ya en tu agenda

Mas burlánose del gobierno español y del Tribunal Constitucional el 9 de noviembre de 2014

Mas burlánose del gobierno español y del Tribunal Constitucional el 9 de noviembre de 2014. Imputado por desobediencia grave, prevaricación, malversación de caudales públicos y usurpación de funciones.

Mas con Forcadell, entonces presidenta de la ANC, examinando las nuevas piezas de mercadotecnia independentista en el Palau del gobierno de la Generalitat.

Mas, entonces presidente del gobierno de la Generalitat, con Forcadell, entonces presidenta de la ANC y ahora presidenta del Parlament, examinando las nuevas piezas de mercadotecnia independentista en el Palau del gobierno de la Generalitat.

Si te preocupa que el gobierno y el Parlamento de Cataluña estén en manos de secesionistas declarados que se conjuraron en marzo de 2015 para declarar la independencia de Cataluña en el plazo de 18 meses y revalidaron su compromiso cuando en julio de 2015 crearon la plataforma Junts pel Sí . Si consideras que los presidentes Mas y Puigdemont han utilizado las instituciones y los presupuestos de la Generalitat de Cataluña para promover y financiar a organizaciones secesionistas y ya no representan a todos los catalanes.

Mas y Jonqueras firman el acuerdo para declarar la independendencia.

Mas y Jonqueras firman el acuerdo para declarar la independendencia.

Rigau consejera de Educación del gobierno catalán defendiendo la inmersión lingüística

Rigau, consejera de Educación del gobierno catalán, defendiendo la inmersión lingüística.

Balaguer imagen de los acosadores

Balaguer, septiembre de 2015: los acosadores en acción. Una imagen que revela por sí misma la opresión a que estamos sometidos todos los catalanes que no compartimos el secesionismo y la imposición lingüística.

Si piensas que lo normal en una sociedad donde sus ciudadanos se expresan en dos lenguas, castellano (o, español, como se conoce en todo el mundo a la lengua de Cervantes) y catalán, como es el caso de Cataluña, ambas lenguas han de estar presentes y se han de utilizar como lenguas vehiculares en el sistema de enseñanza público y concertado en una proporción equilibrada. Si consideras vergonzoso el  acoso a que han sido sometidas las familias que solicitan que sus hijos sean escolorizados en las dos lenguas y quieres poner fin a esta anormalidad vejatoria, más propia de los regímenes totalitarios que de los regímenes democráticos.

Romeva, actual consejero de 'relaciones exteriores' con el lema más absurdo que imaginarse pueda: "por una escuela de todos, decidimos escuela catalana", esto es, inmersión lingüística.

Romeva, actual consejero de ‘relaciones exteriores’ con el lema más absurdo que imaginarse pueda: “por una escuela de todos, decidimos escuela catalana”, esto es, inmersión lingüística.

Adoctrinamiento independentista en la escuela catalana.

Adoctrinamiento independentista en la escuela catalana.

 

Constitución española.Si estás de acuerdo con que todos los españoles, con independencia del lugar donde residimos, somos iguales ante la ley y todos los ciudadanos y poderes públicos estamos sujetos a la Constitución y al ordenamiento jurídico, y debemos contribuir al sostenimiento del gasto público en función de nuestras posibilidades… Si consideras un atropello a la democracia que el gobierno de la Generalitat se jacte de incumplir la Constitución y las sentencias del Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo…

Entonces, amigo mío, no puedes faltar a la cita en la Plaza de Cataluña de Barcelona el próximo 12 de octubre, para celebrar la fiesta de la Hispanidad y revalidar tu compromiso ciudadano con España, un Estado social y  democrático  de derecho, que no busca privilegios para ningun colectivo y defiende sin complejos la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. A la calle españoles, a pasearnos a cuerpo…

Cartel anunciador del 12-O, 2016.

Cartel anunciador del 12-O, 2016.

 

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