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Sánchez rentabiliza La Moncloa

Artículo publicado en el diario Expansión el 7 de julio de 2018

Rajoy felicita a Sánchez tras perder la moción de censura.

Algo más de un mes habrá transcurrido cuando este artículo vea la luz desde el audaz golpe de mano que aupó a Sánchez a La Moncloa el pasado 1 de junio, gracias al apoyo que los 85 diputados del PSOE-PSC y Nueva Canarias recibieron de los 71 diputados de Podemos y sus divergencias (En Comú, Compromís y Marea), de los 19 diputados de tres partidos secesionistas (ERC, PDeCAT y EH-Bildu), y de los 5 diputados del PNV. No es mera casualidad que los partidos que avalaron a Sánchez estén gobernando en dos Comunidades (Cataluña y El País Vasco) que pretenden implementar el ‘derecho a decidir’, y en los Ayuntamientos republicanos de Madrid y Barcelona, controlados por los ‘podemitas’ y ‘comunitas’ de Iglesias y Colau, respectivamente.

Rajoy comparece en rueda de prensa, nada más anunciarse la moción de censura el 25 de mayo de 2018.

Pese a la promesa inicial de que convocaría elecciones anticipadas en caso de que la moción de censura triunfara, nadie duda de que la verdadera intención de Sánchez tras instalarse en La Moncloa es alargar la legislatura cuanto pueda, para volver a ganarle a Iglesias las próximas elecciones, e intentar ganárselas también al PP, aunque sea por la mínima. Hasta que llegue el momento de poner las urnas, Sánchez buscará sacar el máximo partido del buen legado económico recibido del PP, para contentar con algunas golosinas a sus inquietos avalistas sin levantar suspicacias en Bruselas. El gran peligro para la estabilidad política y económica de España radica no tanto en lo que pueda hacer este Gobierno monocolor y provisional en los próximos meses, sino en lo que podría hacer (o deshacer) un gobierno de Sánchez e Iglesias en la próxima legislatura, respaldado por los secesionistas.

¿Elecciones? Ahora no… mañana

Iceta con Sánchez en Tarragona 16 de diciembre de 2017.

Sin escaño en el Congreso y con las encuestas vaticinando el temido zarpazo de Podemos, la situación de Sánchez era desesperada a finales de mayo. Alcanzar la presidencia del Gobierno, le proporcionó de la noche a la mañana el inesperado balón de oxígeno que tanto necesitaba, y el plan de rehabilitación del enfermo es muy simple: prorrogar cuento pueda esta presidencia accidental para reforzar su imagen de hombre de Estado y hacernos olvidar las dos docenas de votos infames que lo auparon a La Moncloa.

Iglesias felicita a Sánchez al finalizar la moción de censura.

Sánchez se ha dado prisa para aprovechar el sopor del sol y la playa para relegar al olvido las concesiones que está haciendo a sus avalistas. En primer lugar, está el bochornoso intento de poner a una persona afín a Sánchez e Iglesias al frente de RTVE, en lugar de adoptar un procedimiento transparente que asegure la independencia del ente público. Pero bastante más grave es el anuncio del traslado de los golpistas encarcelados (Junqueras, Romeva, Forcadell, etc.) a prisiones

Torra visitando a los exconsejeros encarcelados en la cárcel de Estremera.

controladas por el gobierno de la Generalitat, concesión

que sólo puede entenderse como el primer pago de Sánchez a Torra, el racista Le Pen español, por los servicios prestados el 1 de junio. ¡Que nadie se sorprenda de lo que pueda ocurrir dentro y fuera de los recintos penitenciarios de aquí al 11 de septiembre!

El principal objetivo de Sánchez es, sin duda, mantenerse en el poder para reforzar su imagen de hombre de Estado e intentar, además de dejar atrás a Iglesias, ganarle también las próximas elecciones a un descolocado PP. Sánchez es consciente de la oportunidad que le ha brindado la moción para

Aitor Esteban, portavoz del PNV en el Congreso, charlando con Montoro antes de rechazar las enmiendas a la totalidad el 26 de abril de 2018.

convertirse en Presidente, pero también de la impostura que supone gobernar con 84 diputados y 44 senadores. Que no pretende gobernar sino administrar el poder y evitar conflictos, quedó meridianamente claro cuando Sánchez aceptó ejecutar sin modificaciones los presupuestos “ideológicos y antisociales” elaborados por “un conductor dormido al volante de un país”, las cuentas que su partido había rechazado entre resoplidos una semana antes en el Congreso. Si el responsable de elaborar esos presupuestos era “un conductor dormido”, quien los ejecuta tras haberlos descalificado merece un adjetivo bastante más duro.

¿Cuánto durará la legislatura?

Torra ejerciendo de president ‘lazi’ tras tomar posesión del cargo.

Para seguir administrando el presupuesto heredado del PP en los próximos meses, Sánchez tendrá que hacer concesiones políticas y económicas de mayor calado tanto a los secesionistas catalanes y nacionalistas vascos, como a Podemos y a sus divergencias. En septiembre de 2015, Sánchez reafirmaba en Tarragona su ‘catalanismo’ y aceptaba reconocer la ‘singularidad’ de Cataluña dentro de una España federal. En abril de 2017, el entonces candidato a la secretaría general del PSOE abogaba en Barcelona por “reconocer a Cataluña como lo que es: una nación”. ¿Pretendía con estas frases Sánchez decirnos que Cataluña debería regir sus destinos con completa independencia del Gobierno, Las Cortes y los Tribunales de España? Supongo que no, pero en esa dirección ya apuntaba el Proyecto de Reforma del Estatut que aprobaron Maragall, Mas y Carod-Rovira el 30 de septiembre de 2005, cuando Rodríguez Zapatero estaba al frente del Gobierno de España. No descarten, pues, más autonomía y más dinero para Cataluña, y ni siquiera un nuevo tripartito (el sueño eterno de Iceta) para explorar los etéreos límites de la galaxia socialista.

Iglesias abraza a Tardà tras la intervención del diputado de ERC en el Congreso el 14 de junio de 2017.

Tampoco me sorprendería que Sánchez entretenga a Iglesias el próximo otoño con un proyecto de PGE que contemple aumentos sustanciales en el gasto ‘social’, imposibles de garantizar a medio plazo. Explotará hasta donde de sí el aumento de los ingresos que está produciendo la bonanza económica heredada del PP, aunque descarto que Sánchez ose presentar unas cuentas inadmisibles para Bruselas. Algo que sí contemplo, sin embargo, es que no llegue a ejecutarlas. Si como calculan los socialistas las encuestas confirmaran en los próximos meses que el PSOE repunta, y el PP y Podemos pierden terreno, Sánchez convocaría elecciones en la próxima primavera.

Soraya Sáenz de Santamaría denunciando el “abochornante espectáculo” del Parlament de Cataluña al aprobar la ‘ley del referéndum de autodeterminación’.

La situación en el otro lado del espectro político es francamente complicada. Los incrédulos dirigentes del PP, obligados a desalojar sus despachos oficiales e incluso a abandonar la política en cuestión de horas, están enfrascados en un proceso de renovación que nadie sabe cómo terminará, ni el apoyo que concitarán los nuevos líderes en las próximas citas electorales. Ciudadanos también ha quedado fuera de juego, víctima de su propia estrategia de exigir a Rajoy elecciones para cosechar los brillantes resultados que le auguraban las encuestas en mayo.

Casado, aspirante a dirigir el PP.

Tras la moción, el trasvase de votantes que apuntaba a Ciudadanos como primera fuerza política parece haberse revertido y las nuevas encuestas indican que el globo empieza a perder altura y los votantes de centro desencantados pueden volverse hacia el PSOE. Lo que sí parece alejarse de momento es la posibilidad de formar un gobierno de coalición entre PP y Ciudadanos.

Rajoy y Rivera sellando el acuerdo para investir al presidente del Gobierno.

Después del 26-J apunté en Expansión (“27-J: llegó la hora de los Pactos”), las enormes dificultades que encontraría Rajoy para gobernar y los graves riesgos que entrañaba “un gobierno PSOE-PSC-Unidos Podemos que contaría con el apoyo entusiasta de los partidos secesionistas catalanes y nos abocaría a un callejón sin salida.  No sólo nos devolvería a la recesión en pocos meses, como ocurrió en Grecia en 2015, sino que pondría en riesgo el régimen constitucional que ha propiciado los mejores años de nuestra reciente historia. Espero que tanto los líderes del PSOE como de Ciudadanos actúen con responsabilidad y abandonen cualquier tentación de participar en un gobierno con Iglesias y su corte de profesores universitarios descastados”.  Resistieron la tentación hasta que Sánchez recuperó la secretaría general, y aunque la recuperación de la economía española está hoy más asentada, me ratifico en las advertencias que hacía hace dos años sobre el peligro que entraña para la estabilidad política y la unidad de mercado el entendimiento de Sánchez con Iglesias, Torra y Urkullu.

Sánchez recibe a Torra en La Moncloa 9 julio de 2018.

Sánchez en la clausura del Congreso Federal del PSOE 18 junio de 2017.

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Menos fla, fla, fla

Artículo publicado en el diario Expansión el 24 de abril de 2018

La afirmación del ministro Montoro de que no le consta que se haya producido malversación de caudales públicos y se haya destinado dinero público a financiar el proceso insurreccional que culminó con la proclamación de la república catalana el 27 de octubre de 2017, aunque llamativa, no debería sorprendernos. Resulta llamativa porque cualquier persona que haya organizado una modesta conferencia, no digamos ya un acto público o una manifestación, sabe perfectamente que nada es gratis. Cuando, como es el caso, estamos hablando de centenares de conferencias y actos y decenas de manifestaciones multitudinarias durante varios años, la pregunta que surge inmediatamente es de dónde sale tanta pasta. La única respuesta creíble es de los presupuestos de la Generalitat. Pero hay dos buenas razones para que Montoro, que no tiene un pelo de tonto, no se haya enterado todavía pese a llevar tantos años manejando los hilos de Hacienda.

Hubo malversación

Lluis Salvadó, segundo de Junqueras, en la Consejería de Economía, presentando la Agencia Tributaria Catalana.

La primera resulta tan evidente que produce sonrojo sólo mencionarla. Al igual que los defraudadores no comunican a los inspectores sus actividades sumergidas por mucho que la AT insista en  que “Hacienda somos todos”, no hace falta ser muy perspicaz para comprender que los líderes secesionistas catalanes tampoco le iban a pedir a Montoro que aprobara partidas presupuestarias destinadas a comprar urnas, imprimir papeletas, publicitar la consulta, etc. Quizá si Montoro y De Guindos se hubieran dignado a venir a Barcelona tras cesar al gobierno de la Generalitat y hubieran levantado las alfombras de la Consejería de Hacienda, hoy conoceríamos con más exactitud la cuantía de la presunta malversación de caudales públicos que el juez Llarena imputa a los golpistas (1,9 millones) tras analizar algunos documentos incautados por la Guardia Civil en sus registros.

El expresidente catalán Artur Mas junto a las exconsejeras Ortega y Rigau sentados en el banquillo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que los condenó a inhabilitación por desobediencia grave al Tribunal Constitucional.

La segunda es incluso más grave porque sugiere que ni Montoro ni el Gobierno de Rajoy quieren que los golpistas sean juzgados por malversar caudales públicos, como si la comisión de ese delito los dejara a ellos en evidencia. El precedente son los casos del expresidente Mas, el exconsejero Homs y las exconsejeras Ortega y Rigau. Aunque inicialmente fueron acusados de malversación, un delito que lleva aparejada penas de cárcel, por organizar la la ilegal consulta participativa el 9-N de 2014, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y el Tribunal Supremo los condenaron únicamente a penas de inhabilitación por desobediencia al Tribunal Constitucional. Sin embargo, a instancias de una denuncia presentada por la asociación Abogados Catalanes por la Constitución, el Tribunal de Cuentas sí observó un delito de “malversación contable” y exigió a Mas, Homs, Ortega y Rigau devolver los 5,25 millones que el gobierno de la Generalitat había destinado a la consulta.

Coste de la insurrección

Los diputados de C’s y PP abandonan el pleno del pleno del Parlament antes de votarse las conclusiones finales de la Comisión de estudio para el inicio del proceso constituyente el 27 de julio de 2016, desoyendo las advertencias del Tribunal Constitucional (TC).

Si nos atenemos a las cifras fijadas en las dos causas, 5,25 millones por la consulta del 9-N y 1,9 millones por el 1-O, estaríamos ante operaciones que, con independencia de su calificación jurídica, resultarían ridículas por su insignificancia económica. Cualquier persona que haya seguido de cerca el proceso insurreccional en Cataluña tiene la certeza de que los fondos públicos que se han destinado a ello son infinitamente mayores, aunque probablemente nunca llegaremos a conocer la cuantía total. A la dificultad intrínseca de cuantificar la malversación que supone el que miles de cargos electos (diputados y concejales) y empleados públicos de todo rango (desde secretarios en las Consejerías a secretarios de Ayuntamiento, desde el president del Parlament al conserje más humilde) hayan dedicado su tiempo y recursos institucionales a subvertir el orden constitucional, una tarea completamente ajena a sus funciones, hay que añadir el desinterés manifiesto de los Gobiernos de España en aflorar esas conductas y perseguirlas judicialmente.

El ministro Montoro saludando al vicepresidente Junqueras que le pidió más dinero para financiar el proceso hacia la independencia de Cataluña.

Cataluña ha recibido 78.362,3 millones del Ministerio de Hacienda entre 2012-2018 y 24.653,3 millones desde que Puigdemont fue investido presidente el 10 de enero de 2016. Incluso si concedemos que ni uno solo de los euros que han llegado a través de los mecanismos extraordinarios de financiación se ha destinado a financiar el proceso insurreccional, resulta innegable que el dinero aportado por Hacienda permitió a la Generalitat destinar a ese menester lo que en su ausencia habría tenido que dedicar a pagar a proveedores y asumir deuda. En mi artículo “Recaudación y financiación de la independencia” (Expansión, 19 de marzo de 2016) advertí que la Generalitat estaba destinando centenares de miles de euros a cumplir la resolución aprobada en el Parlament el 9 de noviembre de 2015 que declaraba “solemnemente el inicio del proceso de creación de un estado catalán independiente”.  Y en  “FLA nuestro de cada día” (Expansión, 26 de marzo de 2016) expliqué cómo el dinero que Montoro proporcionaba a la Generalitat permitía dedicar recursos a promover actividades dentro de Cataluña y fuera de España cuyo propósito casi exclusivo era promover la independencia.

Mas y Trias en la inauguración del mueseo del Born.

Durante los últimos años, cientos de millones de euros se han destinado a poner en marcha desde el gobierno y el Parlament el ‘pacto nacional por el derecho a decidir’ y el ‘pacto nacional por el referéndum’, a diseñar desde la Presidencia y el Consell Asesor de Transició Nacional las leyes desconexión de Cataluña luego tramitadas y aprobadas en el Parlament, a inyectar fondos incluso de manera fraudulenta en la agencia tributaria catalana para convertirla en una “estructura de Estado fundamental”, a promover la independencia desde los medios de comunicación públicos y subvencionados, a financiar propaganda institucional y a subvencionar las actividades de las principales asociaciones independentistas, y a internacionalizar el conflicto a través de las embajadas, Diplocat, y viajes al extranjero sin otra finalidad que trasladar una imagen negativa de nuestra democracia.

Reunión del pacto nacional por el derecho a decidir en el salón de actos del Parlament. Puigdemont flanqueado por Forcadell, a su derecha, y Colau a su izquierda. Mas aparece en el extremo izquierda de la foto, desplazado del centro.

Como botón de muestra del despilfarro vivido, sirvan los 84 millones que, según el historiador británico Henry Kamen, la Generalitat destinó a instalar una exposición permanente en el Born con el propósito expreso de mostrar a los catalanes las supuestas “fechorías de Felipe V” y “excitar la imaginación con una serie de ficciones”. O los 121 millones que la Generalitat sepultó en su vano intento de convertir Spanair en una aerolínea de ‘país’. En rigor, la mera utilización del salón de actos del Parlament de Cataluña para acoger una reunión de los miembros del “pacto nacional por el referéndum”, o la retransmisión por TV3 de la firma de la declaración de independencia, constituyen actos de malversación de dinero público. Lo mismo podría decirse de las sesiones que celebraron los Ayuntamientos para apoyar las ‘consultas por la independencia’ o adherirse a la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI), una asociación cuyo exclusivo objetivo es “compartir ideas e iniciativas (cívicas o legales)… que puedan resultar útiles para llevar al pueblo de Cataluña hacia la independencia”.

Reunión de la comisión ejecutiva de la AMI, presidida por Lloveras, en Tàrrega el 4 mayo 2016: estamos listos para cuando se apriete el “play”, dijo entonces la presidenta de la asociación secesionista.

Un Estado democrático de Derecho no puede mirar hacia otro lado ni seguir pagando el sueldo a golpistas (Mas, Junqueras, Forcadell y Puigdemont y muchos otros están en nómina del Estado), ni financiando las actividades de quienes como Torrent, parapetados en las instituciones de autogobierno, continúan maquinando cómo subvertir el orden constitucional. Rajoy ni siquiera se ha planteado deducir de las transferencias destinadas a los Mozos los 87 millones que costó al Estado desplazar a efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad  a Cataluña (Operación Copérnico) para mantener el orden ante la pasividad y connivencia de la policía autonómica. Ante la gravísima crisis todavía abierta, el Gobierno no puede conformarse con urgir a los golpistas a formar gobierno lo antes posible para recuperar la ‘normalidad’ en Cataluña, y dejar intacto en sus manos el entramado administrativo-mediático-asociativo que patrocinó el golpe de estado desde la Generalitat. Un poco más de seriedad y menos fla, fla, fla.

Trapero, mayor de los Mozos, y Forn, consejero de Interior fueron dos piezas claves en el fallido golpe de estado del pasado otoño.

Artadi y Pujol, diputados de JxC, con Torrent (ERC), presidente del Parlamnt, preparando una de las cuatro investiduras fallidas. Ahora pretenden cambiar la ley de presidencia para investir a Puigdemont en el ‘exilio’.

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Nada que hablar con los golpistas

Artículo publicado en el diario Expansión el 12 de abril de 2018

Puigdemont El Prófugo dirigiéndose a sus seguidores desde Bélgica antes de las elecciones del 21-D.

La decisión del tribunal de Sleschwig-Holstein de poner en libertad condicional a Puigdemont El Prófugo, sumada a la posterior declaración de la ministra de Justicia alemana adviertiendo que podría quedar en libertad en un país libre como Alemania, en caso de no sustanciarse adecuadamente la acusación de malversación de caudales públicos que sobre él pesa, debería hacernos reflexionar acerca de cómo ha gestionado el Estado español el ataque más grave que ha sufrido nuestra joven democracia. Comparado con lo ocurrido en Cataluña durante los dos últimos años, el golpe del 23-F fue un juego de niños y buena prueba de ello es que la intentona militar de Armada, Bosch y Tejero se desmanteló en unas horas mientras que el entramado político, asociativo y mediático que protagonizó el golpe de Estado en Cataluña sigue intacto cinco meses después.

Josep Antolí (ANC) y David Hereu (CSC), durante la asamblea celebrada en al Departament de Interior del gobierno de la Generalitata para preparar el 1-O.

Hechos incontestables

Pocas dudas hay sobre la naturaleza de los hechos que se han producido en Cataluña durante los últimos meses y que el editorial publicado por El País el 6 de abril califica como “un proceso presidido por la coacción” que “violó la ley de forma sistemática para intentar imponer a la ciudadanía, desde la calle y desde las instituciones, una secesión unilateral, ilegal y obligatoria”. Entre los gravísimos hechos que enumera el diario figuran “derogar la Constitución y el Estatut; elevar unas leyes sediciosas votadas por medio Parlament a sustitutos de esas normas supremas; y hacerlo desobedeciendo a los tribunales y sin la concurrencia de mayoría cualificada, y por métodos que privaron a la oposición (que representa a más de la mitad de los catalanes) de sus funciones representativas y de control”.

Forcadell la guardiana de la urna procediendo al recuento del resultado de la votación que se celebró en el Parlmante el 27 de octubre de 2017 para proclamar la república catalana.

Con independencia de su “calificación judicial”, el diario subraya el carácter violento de la intentona golpista que hizo “usos indebidos y exorbitantes de la fuerza”, mencionando expresamente “obstrucción física de la Justicia; destrucción de vehículos policiales; ocupación ilegal de carreteras; obstaculización de vías férreas con peligro para la integridad de los propios actuantes; intimidaciones y escraches contra personas, partidos y asociaciones considerados rivales o enemigos; violencia sobre objetos callejeros; y actuaciones del Govern y de la policía autonómica tendentes a facilitar algunos de esos abusos”.

Efectivos de la Guardia Civil abandonando los hoteles entre abucheos de grupos organizados por los propios consistorios y los partidos polìticos secesionistas.

Estado débil

Aunque comparto la conclusión de que “ni el tribunal alemán ni la propaganda independentistas pueden cambiar esos hechos, que son ya parte de la historia de los españoles y su lucha por mantener la democracia”, tengo más dudas de que nuestro “Estado de derecho y sus instituciones judiciales” hayan respondido adecuadamente. El golpe de Estado que se desarrolló en Cataluña entre el 6 de septiembre y el 27 de octubre de 2017 fue la culminación de un proceso de insurrección pregonado, cuidadosamente planificado y financiado con dinero público desde las instituciones de autogobierno de la Comunidad Autónoma de Cataluña que se puso en marcha tras las elecciones del 27-S sin que el Estado actuara con la firmeza y contundencia necesarias para atajarlo.

Turull (CDC), Baños (CUP) y Romeva (ERC) presentando las enmiendas a la Resolución I/XI del inicio de la independencia, el 6 de noviembre 2015.

El Parlament, desde la elección de Forcadell como presidenta el 26 de octubre de 2015, y el gobierno de la Generalitat, desde que Puigdemont fue investido el 10 de enero de 2016, se convirtieron en dos instituciones dedicadas a tiempo completo a crear estructuras de Estado, a internacionalizar el conflicto y a consumar la anunciada desconexión. En coordinación casi perfecta, Sánchez, presidente de la ANC, Cuixart, presidente de Òmnium, y Lloveras, presidenta de la Asociación de de Municipios por la Independencia (AMI), se encargaron, con el apoyo de los medios de comunicación de la Generalitat, de sumar efectivos por todos los rincones de Cataluña. A las tres asociaciones se sumaron en los últimos meses los llamados ‘comités de defensa del referéndum’ que protagonizaron los enfrentamientos violentos con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado el 1-O, y ahora se han reconvertido en ‘comités de defensa de la república’ (CDR).

Manifestantes convocados por la ANC, los CDR, la CUP y Arran rompen el cordón policial y entran el parque de la Ciudadela.

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Puigdemont y Junqueras celebrando el golpe de estado en el Parlament el 27 de octubre. El todavía president se fugó pocas horas despu´s a Bélgica.

Frente a la firme voluntad expresada pública y reiteradamente por Puigdemont, Junqueras, Forcadell, Sánchez, Cuixart, Lloveras y demás líderes secesionistas de saltarse leyes y sentencias, las instituciones del Estado y los Tribunales se limitaron a advertirles de los riesgos en que incurrían, y sólo intervinieron cuando la situación devino crítica y el 27-O se proclamó en el Parlament, por segunda vez, la república independiente de Cataluña. Fue sólo entonces cuando el Gobierno pidió autorización al Senado para aplicar el artículo 155, cesar el gobierno de la Generalitat y convocar nuevas elecciones al Parlament. A pesar de la gravedad de los delitos en que habían incurrido, los presuntos delincuentes pudieron escapar con toda tranquilidad a Bélgica y montar el circo mediático que estamos padeciendo desde entonces. Como el resto de la puesta en escena, la huida al extranjero formaba también parte de su estrategia para internacionalizar el ‘conflicto’ una vez proclamada la república.

Sáenz de Santamaría, vicepresidenta del Gobierno de España, ofreciendo a Junqueras, vicepresidente del gobierno de la Generalitat, abrir un diálogo sobre todas las demandas presentadas, a excepción del referéndum.

A la vista de lo ocurrido desde el 27-S, se puede afirmar que el gobierno de Rajoy no ha logrado poner fin al proceso insurreccional en Cataluña. Primero, fracasó su estrategia de aproximación y apaciguamiento seguida en 2016, pues ni consiguió que los partidos secesionistas abandonaran sus planes de iniciar el proceso constituyente ni que aprobaran las leyes de desconexión (referéndum y transitoriedad jurídica) a principios de septiembre de 2017. Segundo, el Gobierno tampoco logró impedir que se celebrara la consulta el 1-O y envió a las

Trapero, Mayor de los Mozos, con Puigdemont y Forn, consejero de Interior. Trapero está siendo investigado como pieza fundamental en la inacción de los Mozos en el asedio a la Consejería de Economía y el 1-O.

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado desplazadas a Cataluña a realizar, en condiciones muy precarias, acciones que deberían haber realizado los Mozos. Tercero, los titubeos y la tardanza del Gobierno en actuar para atajar la insurrección permitió a Puigdemont y a otros golpistas escapar al extranjero y continuar desde el ‘exilio’ denigrando y desacreditando la democracia española, y alentando las esperanzas de sus seguidores.

 

Artadi y Pujol, diputados de JxC, con Torrent (ERC) preparando una de las cuatro investiduras fallidas de candidatos fugados de la justicia (Puigdemont), encarcelados (Sánchez) o investigados (Turull).

Se equivocan quienes creen que Cataluña está hoy mejor que el 27-O. Los secesionistas siguen controlando el Parlament y muy probablemente volverán a controlar el gobierno de la Generalitat en pocas semanas. Centenares de Ayuntamientos catalanes adscritos a la AMI ondean banderas estrelladas en sus balcones y han colocado pancartas en las fachadas reclamando la libertad de los ‘presos políticos’. Las asociaciones secesionistas que han abonado las fianzas de los presuntos delincuentes continúan desarrollando su

Carlos Sastre, asesino convicto del industrial Josep María Moltó, y presidente del sindicato secesionista presentado como un patriota en en TV3.

labor propagandística con total impunidad, y los CDR están más activos que nunca. Los medios de comunicación públicos más los subvencionados por la Genealitat, desde TV3 hasta la radio y el diario local más humildes, siguen actuando como altavoces del secesionismo. Salvo dos centenares de asesores cesados tras aplicarse el 155, todo el aparato administrativo del gobierno de la Generalitat

La cosa viene de lejos: Álvarez (UGT Catalunya), Casals (Òmnium Cultural) y Gallego (CCOO Catalunya) a favor del derecho a decidir y la consultadel 9-N.

permanece intacto y siguen vigentes las normas que impiden a los ciudadanos españoles ejercer en igualdad de condiciones sus derechos constitucionales en Cataluña.

Ante la última exhibición de cinismo de Puigdemont a la salida de la cárcel alemana, exigiendo al Gobierno la excarcelación de los ‘presos políticos’ y el inicio de un diálogo ‘político’ con los golpistas, he recordado las palabras que escribió Javier Marías cuando el

Gaseni, nuevo presidente interino de la AMI, con Torrent, nuevo presidente del Parlament, junto al vicepresidente de la ANC,  en la manifestación del 16 de febrero de 2018.

diario Gara publicó “Ortega Lara vuelve a la cárcel”, después de que el funcionario de prisiones fuera liberado por la Guardia Civil tras haber permanecido secuestrado por ETA en una celda infame durante 532 días. “Cuando el cinismo, la vileza y el escarnio  llegan a tales extremos, se sabe que no hay nada que hablar. Pero entonces, ¿qué queda?”, se preguntaba Marías. Ante las vilezas de Puigdemont y demás líderes secesionistas, a los demócratas sólo nos queda exigir al Gobierno y a la escurridiza oposición más firmeza a la hora de

Casa consistorial del Ayuntamiento Vilobí del Penedés el 23 de febrero de 2018, luciendo la bandera estrellada.

defender nuestra democracia porque con los golpistas “no hay nada que hablar”.

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Aquí no hay presos políticos, Sr. Torrent

Artículo publicado en el diario Expansión el 14 de febrero de 2018

Torrent dirigiéndose a la cámara tras ser elegido presidente del Parlament el 17 de enero de 2018.

Tras ser elegido presidente del Parlament de Cataluña el pasado 17 de enero, Torrent (ERC) dejó claro desde el primer momento que haría todo lo que estuviera en su mano por defender los derechos de todos los diputados de la institución que preside, y muy especialmente los de aquellos diputados que están en prisión en España o huyeron escapando de la justicia a Bélgica. El buen alcalde de Sarriá de Ter que animaba a los suyos a resistir con ánimo templado a las fuerzas invasoras –“nos lloverán hostias”, les decía–  se ha tomado tan en serio su papel de ‘defensor del diputado’ que lo encontramos un día departiendo con Puigdemont El Prófugo en Bruselas y al otro visitando a Junqueras El Piadoso en Estremeras. Lástima que de tan interesantes entrevistas con gente tan bondadosa y distinguida no haya tenido a bien contarnos las obras de caridad que planean acometer en el futuro.

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Puigdemont y Junqueras celebrando el golpe de Estado en el Parlament el 27 de octubre de 2017.

¿Impericia informativa?

Aunque nada comentó de lo tratado en el encuentro sobre el curso de las negociaciones para convocar la sesión de investidura, Torrent aprovechó la presencia de las cámaras a la salida del recinto para denunciar que las reuniones con Junqueras y Forn no deberían haberse celebrado entre los “muros de una prisión”. No fue ni mucho menos lo más grave que dijo el president del Parlament que declaró estar a disposición de dos hombres –el exvicepresidente económico Junqueras y el exconsejero de Interior Forn bajo cuyo mando estaban los Mozos de Escuadra durante los tumultos que se produjeron frente a la consejería de Economía el 20-21 de septiembre y durante la ilegal consulta el 1-O– “de paz, de profunda convicción democrática”, encarcelados por sus ideas, “por una causa política”. En otras palabras, según Torrent, Junqueras, Forn –y también Sánchez y Cuixart– son “presos políticos” cuyos derechos están siendo pisoteados por el Estado español, y ahí está para probarlo el lacito amarillo que lleva prendido en la solapa de la chaqueta incluso en actos institucionales.

Torrent anuncia el mantenimiento de la sesión de investidura el 30 de enero de 2018, finalmente cancelada.

He de decir que no me sorprendieron las declaraciones del presidente Torrent sino que el canal 24 horas de TVE las repitiera como una salmodia respetable durante toda la jornada del 8 de febrero. La obligación de la cadena de noticias es informar puntualmente de los hechos no difundir la especie de que Junqueras y Forn son presos políticos. Que lo haga 3×24, el canal de noticias de TV3, entra dentro de lo previsible, pero que semejante desatino se produzca en la televisión de todos los españoles demuestra no sé si acomplejamiento, impericia o ineptitud. ¿Acaso 3×24 repetiría durante horas las declaraciones de algún político español que sostuviera que Junqueras y Forn son dos presuntos delincuentes, golpistas para ser más exactos, a los que se les investiga por tratar de destruir nuestra democracia? Me temo que no.

Torrent, con su lacito amarillo, en la manifestación para exigir la excarcelación de los ‘presos políticos’ el 16 de febrero de 2018.

Lo sorprendente en este caso, y otros muchos similares a los que podría referirme, es que ninguno de los periodistas presentes –o al menos no quedó recogido en las declaraciones de ningún medio–  pidió al Sr. Torrent que explicara por qué él, cuyas ideas son muy parecidas a las de Junqueras y Forn, no está en la cárcel. Si Junqueras y Forn estuvieran en prisión por sus ideas, Torrent estaría haciéndoles compañía en la celda de al lado. Buena prueba de que España es una democracia extraordinariamente garantista es precisamente que una persona con las ideas y trayectoria de Torrent ha sido elegida nada menos que presidente del Parlament, el cargo público mejor pagado de toda España, y que la mayoría de los diputados de JxC, ERC y la CUP están libres y expresan sus ideas con total libertad.

Presos políticos y democracia

No, Sr. Torrent, Junqueras y Forn están en la cárcel no por ser hombres de paz y profundas convicciones democráticas, y hasta religiosas en el caso de Junqueras, sino por haber desempeñado un papel clave en la preparación y ejecución de un golpe de Estado que pretendía acabar con nuestra democracia y culminó con la proclamación de la república catalana en el Parlament, primero el 10 de octubre, y de manera inequívoca el 27 de octubre. Son hechos muy graves no ideas, los que han llevado a Junqueras y a Forn a la cárcel, y por los que su predecesora en el cargo, la Sra. Forcadell, está también siendo investigada por el Tribunal Supremo y se encuentra en libertad provisional. No dudo que usted esté dispuesto a defender los derechos políticos de los presos hasta sus últimas consecuencias, aunque creo que a ellos les resultará más útil contar con buenos abogados y acatar el orden constitucional de aquí en adelante.

Ciudadanos obtuvo al final 36 escaños y 4 el PP.

Las últimas elecciones celebradas el 21 de diciembre demuestran que de los 5.554.455 de electores sólo 2.079.340 votaron a las tres listas JxC (948.233), ERC (935.861) y CUP (195.246) que abogan por la independencia. Ustedes no están legitimados para hablar en nombre del pueblo de Cataluña, aunque tengan una ajustada mayoría en el Parlament de 70 diputados. A partir de ahora, harían mejor en dedicarse  a aclarar sus ‘ideas’ porque aunque las tres formaciones se unieron para constituir la república catalana antes de que Puigdemont se diera a la fuga, nadie sabe a ciencia cierta si esa república sería

Trapero, mayor de los Mozos, con Puigdemont y Forn preparando el 1-O.

virtual o socialista, laica o religiosa, si aspiraba a formar parte de la UE o a salir del “club de países decadentes” que, según Puidemont, la integran, o si pretendían, como abogan su partido, ERC, y la CUP alterar las fronteras de varios Estados de la UE para constituir los “països catalans”, una entidad carente de cualquier base histórica o sociológica, con menos fundamento y recorrido incluso que la juglaresca parodia de Tabarnia.

Junqueras no responderemos ante un juez español sino ante un tribunal internacional. A lo mejor ante ambos.

A pesar de que Torrent sigue insistiendo en que Junqueras y Forn están en prisión por sus ideas, la página oficial de ERC reconoce que su único delito “fue llevar a término el mandato democrático del 27-S y el 1-O y haber proclamado la república de Cataluña”. Aquí, me temo, hay algo más que ideas. Dejando al margen la monserga del supuesto mandato democrático, la frase anterior esconde que el 1-O se celebró una consulta ilegal, contraviniendo la prohibición expresa del Tribunal Constitucional, a la que se destinaron fondos públicos proporcionados por la consejería de Economía y que contó con la complicidad de los mandos de los Mozos de Escuadra a cuyo frente estaba Forn. Se mire como se mire, el comportamiento de ambos ni fue democrático ni ajustado a la Constitución, al Estatut y al resto del ordenamiento jurídico. Por esos delitos, Sr. Torrent, están en prisión, no por su acreditada bondad ni por sus acendrados sentimientos republicanos. Si usted no logra ver en esas actuaciones delito alguno, permítame advertirle que tiene un serio problema porque puede traspasar la línea roja e incurrir en un delito sin ser consciente de ello.

Puigdemont firmando el decreto de convocatoria del referéndum de autodeterminación el 6 de octubre de 2017.

 

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La lista de Puigdemont

Artículo publicado en el diario Expansión el 7 de febrero de 2018.

Secuencia de mensajes supuestamente privados enviados por Puigdemont a Comín el 31 enero 2018.

Poco después de reconocer en su intercambio de mensajes con Comín (¿ERC?), exconsejero del gobierno de la Generalitat cesado y prófugo de la Justicia, que la república agonizaba y Moncloa ganaba la partida “porque nos han sacrificado los nuestros”, Puigdemont tocaba a rebato a los suyos e iniciaba tras el fin de semana una ronda de contactos para exigir a una cada vez más insustancial ERC sumisión incondicional al ‘führer’ exiliado. Para comprender hasta qué punto resulta grotesca la situación política en Cataluña, les invito a trasladarla a otro Estado democrático. Supongan, por un instante, que el presidente Trump incumpliera la Constitución, fuera destituido e imputado, y tras huir a México se presentara a unas nuevas elecciones presidenciales, y pretendiera seguir ejerciendo desde allí como presidente ‘legítimo’ de los Estados Unidos con apoyo de un “congreso de cargos electos”. Algunos lectores se dirán que este hipotético escenario resulta de todo punto inverosímil. Y tienen razón: Trump nunca habría logrado escapar a la justicia y participar en otras elecciones, algo que lamentablemente sí ocurrió en España.

Puigdemont posa mofándose de los 5 requiremientos enviados por el Tribunal Constitucional.

ERC sometida al pujolismo

Los líderes de ERC han demostrado al menos desde 2012 enorme falta de iniciativa y servilismo a los dictados de Mas, primero, y luego de Puigdemont. En ningún momento, un desdibujado y emboscado Junqueras logró trasladar al electorado la sensación de estar liderando el proceso constituyente y permitió que fueran Mas y Puigdemont quienes llevaran la batuta, pasando incluso por alto los abrumadores indicios constatados de corrupción generalizada en el partido del 3% sus rivales, guardándose para sí y su círculo más íntimo sus dudas sobre la fiabilidad de los líderes convergentes. Tras el amago fallido de sacar adelante la investidura telemática o por delegación el 30 de enero, Puigdemont acusó de traición a Torrent y a otros líderes de ERC quienes con asumido servilismo continúan peregrinando a Bruselas para entrevistarse con El Prófugo. Le ofrecen la presidencia simbólica para él y la presidencia real para quien él designe. Puigdemont quiere ambas.

Junqueras de president a presidente de mesa de cartón en Sant Vicenç dels Horts, donde es alcalde el 9 de noviembre de 2014.

ERC parece no haber aprendido nada de lo ocurrido en la X y XI legislaturas cuando Junqueras aceptó un reparto de papeles que resultó fatídico para los intereses de su partido. En la X, Junqueras secundó desde la oposición todas las iniciativas del gobierno de Mas en minoría, incluida la consulta del 9-N en la que Junqueras ofició de mesero junto a una urna de cartón mientras Mas acaparaba todo el mérito ante los medios. Y en la XI accedió a un reparto de papeles igualmente nefasto para sus intereses con Forcadell (ERC) en la presidencia del Parlament y cediendo a Puigdemont toda la iniciativa y el protagonismo. Todo indica que esta situación se repetirá en la XII legislatura con Torrent interpretando el papel de Forcadell en el Parlament y la persona que designe Puigdemont haciendo el papel de Puigdemont en el gobierno de la Generalitat.

Torrent (ERC) dirigiéndose a los diputados tras ser elegido presidente del Parlament el 17 de enero de 2018.

A pesar de que ERC cuenta con casi idéntico respaldo electoral que JxC –12.300 votos las separan– y sus líderes son conscientes de que la república hoy está más lejos que en septiembre de 2015, sus líderes continúan dudando si deben dejarse arrastrar por la locuacidad del nuevo amo de la Masía convergente. Puigdemont está más cerca de ir a la cárcel que de ser el nuevo presidente de la república catalana y los líderes de ERC deberían haber aprendido la lección de que saltarse el ordenamiento constitucional y burlarse del TC no sale gratis, como lo atestigua el Junqueras y otros republicanos que pueden seguir su camino en breve. Ha llegado el momento de reconocer que las políticas de confrontación sistemática con el Estado de Derecho que propugna la alianza de ‘puigdemonistas y cuperas’ sólo servirán para prolongar la inestabilidad política y agravar la ya delicada situación económica.

Puigdemont con Gabriel y Boya, dirigentes de la CUP, cerrando acuerdos en el Palau de la Generalitat.

 Volver a las andadas

Riera con el resto de diputados de la CUP en el amago fallido de sesión de investidura el 30 de enero de 2018.

Estos días hemos sabido gracias a la indiscreción de la CUP que el plan de Puigdemont, caso de haberse consumado su ignominiosa investidura telemática, era retomar el proceso constituyente allí donde lo dejó el 27 de octubre tras su vergonzosa huida a Bélgica. Llegados a este punto no está de más recordar la trayectoria y posiciones de algunos de los líderes que le acompañan en este descabellado viaje que si algo ha logrado es fracturar a la sociedad catalana y dejar muy tocada su economía, tras la marcha de miles de sociedades y la abrupta caída del turismo, una de las principales exportaciones de Cataluña, registrada en el último trimestre de 2017. De la sociedad abierta e integradora de comienzos de los años 80 no queda nada y en el actual ambiente enrarecido quienes no comulgan con el secesionismo son tachados inmediatamente de franquistas y fascistas.

Puigdemont y Forcadell en la Diada 2017 con Sánchez, presidente de la ANC.

Por razones de espacio, me referiré a algunos diputados que ocupaban posiciones destacadas en la lista del Prófugo, avalada por 948.233 ciudadanos, 161.499 menos que los que respaldaron a Ciudadanos el 21-D. La segunda posición por Barcelona la ocupaba Sánchez, presidente de la ANC en prisión preventiva, miembro del comité estratégico que preparó el “inaceptable intento de secesión” de Cataluña abortado el 27 de octubre tras proclamar la república catalana. La exconsejera Ponsatí, huida también de la Justicia, y el exconsejero Forn, encarcelado, figuraban en tercera y séptima posiciones, respectivamente, en la lista de Barcelona, si bien ambos renunciaron a su acta para favorecer la investidura (Ponsatí) o su situación judicial (Forn).

Turull, Baños (CUP) y Romeva (ERC) presentando las enmiendas a la Resolución I/XI del inicio de la independencia, 6 de noviembre 2015.

Turull, exconsejero de Presidencia, y Rull, exconsejero de Política Territorial, Obras Públicas y Sostenibilidad ocupaban la cuarta y quinta posiciones, respectivamente, por Barcelona. Ambos pasaron unos días en prisión preventiva y abandonaron la cárcel tras declarar ante el juez Llarena que asumían la aplicación del artículo 155. Pese a ello, el lector podrá comprobar que Rull se presenta en su cuenta de twitter como “consejero del Gobierno legítimo de Cataluña”, tiene un enlace a la página de internet de su ‘consejería en el exilio’, y se declara ciudadano de Terrassa en los Països Catalans. Algo más cauto se muestra Turull que se limita a informar en su cuenta que fue nombrado consejero de la Presidencia y portavoz por el president Puigdemont. Puig, consejero también cesado y prófugo, que se negó a devolver las obras artísticas al Monasterio de Sijena ocupaba la segunda posición en la lista de Gerona.

Rull, cuenta de twitter.

Conclusión

Puigdemont con los cuatro exconsejeros prófugos, Ponsatí, Puig, Serret y Comín, la noche del 21 de diciembre de 2017.

No hace falta insistir más para comprender que Puigdemont y los principales cargos electos de su lista no sólo no sólo no aceptan la Constitución que prometieron acatar para recibir sus actas de diputados autonómicos sino que planean constituir el gobierno legítimo de la república catalana en Bruselas con el respaldo de la Asamblea de Cargos Electos para seguir adelante con el plan de secesión que pusieron en marcha con  la Resolución 1/XI y concretaron en las ‘Conclusiones finales de la llamada ‘Comisión de Estudio del Proceso Constituyente’ aprobadas en el Parlament el 27 de julio de 2016. A este asunto dediqué mi artículo “Aval al plan secesionista de la CUP” publicado en Expansión el 28 de julio de 2016.

Rajoy anunciando la destitución de Puigdemont y su gobierno el 28 de octubre de 2017.

El Gobierno de España creyó quizá ingenuamente que con la intervención minimalista puesta en marcha tras el golpe de estado del 27 de octubre y la inmediata convocatoria de elecciones el 21-D pondría fin a la carrera de Puigdemont. El error de cálculo del Gobierno ha sido grave y ahora tendrá que lidiar con un gobierno nada simbólico presidido por Puigdemont en Bruselas que transmite instrucciones al gobierno efectivo en Barcelona. Algo tendrá que hacer Rajoy para poner fin a lo que ya podemos calificar como golpe de estado crónico y para evitar que la incipiente república catalana se financie con fondos del FLA. Los riesgos para la economía catalana y la española son muy serios y conviene recordar que la intención de Puigdemont es precisamente desestabilizar la democracia española.

El senador Vidal (ERC) afirma que los comisarios de los Mozos desobedecerán al Estado. El Confidencial, 26 de enero de 2017. El Gobierno estaba avisado.

Lluis Salvadó, segundo de Junqueras en la Consejería de Economía, presentando la Agencia Tributaria Catalana. La pregunta que muchos se hacen es cuánto dinero sacaron fuera de España y si ese dinero está financiando a Puigdemont en Bruselas.

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Inseguridad jurídica, fractura e inestabilidad

Artículo publicado en el diario Expansión el 31 de enero de 2018

(Amago fallido de investidura en el Parlament)

Torrent, elegido presidente del Parlament de Cataluña el 17 de enero de 2017.

Después de la constitución del Parlament el 17 de enero y la elección de Torrent (ERC) como sucesor de Forcadell (ERC) al frente de la cámara autonómica, el joven republicano que había sostenido públicamente que la república catalana sería una vez proclamada –lo fue el 27 de octubre– reconocida urbi et orbe se dedicó durante unos días a la más modesta tarea de reunirse con los portavoces de los grupos parlamentarios (PP, CUP, PSC, JxC y Ciutadans) para tantear sus intenciones. Concluida la ronda el 19 de enero, Torrent anunció que Puigdemont era el único candidato admisible. Desde ese momento hemos escuchado, y no sólo a los integrantes de su candidatura, JxC, repetir hasta la saciedad que la única opción respetuosa con el mandato recibido del ‘pueblo’ de Cataluña el 21-D es investir a Puigdemont ‘El Prófugo’. Curioso mandato, puesto que el escurridizo sujeto tan sólo obtuvo 968.433 votos de un total de 4.357.368 votos emitidos según la Junta Electoral. Señalarlo como el único candidato posible constituye a la luz de la aritmética electoral una hipérbole desmesurada, ya que por no ser, su lista no fue siquiera la más votado en Cataluña y fue tercera en las provincias de Barcelona y Tarragona, las más populosas.

Torrent da marcha atrás

Puigdemont el Prófugo dirigiéndose al PDeCAT.

Torrent y ERC, el partido del encarcelado exviceptresidente Junqueras, accedieron en primera instancia a que Puigdemont fuera el candidato de consenso de JxC, ERC y CUP, los tres grupos que protagonizaron el “inaceptable intento de secesión” el pasado octubre, y Torrent se comprometió a explorar todas las posibilidades para lograr que fuera investido, haciendo caso omiso del informe de  los letrados de la Cámara que rechazaba su posible investidura telemática o por delegación. Ante la posibilidad de que los diputados independentistas volvieran a saltarse el reglamento del Parlament y votaran al candidato ausente en la sesión de investidura fijada el 30 de enero a las 15:00, el Gobierno de España presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) el 26 de enero para paralizar la investidura, aduciendo que Puigdemont era un prófugo.

Torrent anuncia el mantenimiento de la sesión de investidura el 30 de enero.

El TC no aceptó a trámite el recurso del Gobierno que hubiera paralizado la investidura pero si dejó muy claro en un auto publicado el 26 de enero que Puigdemont sólo podría ser investido si estaba presente en el hemiciclo con permiso del juez Llarena que instruye en el Tribunal Supremo la causa contra Puigdemont y otros ciudadanos a los que les imputa los delitos de rebelión y sedición entre otros. Torrent tenía dos opciones: seguir el camino de Forcadell y desobedeciendo al TC presidir la sesión de investidura, o recular y posponerla. Parece ser que este hombre tan beligerante hasta hace unas semanas no estaba preparado para soportar la lluvia de hojas redondas y delgadas de pan ácimo –hostias según la REA– sobre cuya caída alertaba a sus seguidores recientemente y ha decidido aplazar la sesión de investidura, no sin antes reafirmar su inquebrantable compromiso para proteger al Parlament de injerencias antidemocráticas y llegar hasta el final en la defensa de “los derechos del President Puigdemont”, frente a lo que calificó de chapuza jurídica del TC para complacer al Gobierno.

Inseguridad jurídica, fractura e inestabilidad

Manifestantes entrando en el parque de la Ciudadadela supuestamente blindado por los Mozos de Escuadra.

Ahora todo son conjeturas sobre qué puede ocurrir en las próximas horas porque el plazo de 10 días para realizar la investidura desde la constitución del Parlament el pasado 17 de enero expira el 31. Según algunas fuentes del Parlament, el plazo de 10 días se habría paralizado el día 26 toda vez que el TC concedió un plazo de 10 días a las partes para presentar alegaciones contra su decisión de impedir la investidura telemática o por delegación de Puigdemont. Así, Torrent dispondría de tres días más a partir del momento en que el TC adopte una resolución sobre las posibles alegaciones presentadas por las partes. Otra posibilidad es que la Mesa del Parlament acuerde prorrogar el plazo apelando al artículo 93 del Reglamento que le otorga la potestad de duplicarlos en circunstancias no excepcionales, con lo que en este caso Torrent dispondría de 10 días más. Claro que si la situación se juzga excepcional, el plazo fijado por la Mesa controlada por los tres grupos secesionistas podría alargarse más.

Varios centeneraes de manifestantes protestando enfrente al Parlament por la suspensión de la sesión de investidura.

La suspensión de la sesión de investidura ha vuelto a frustrar a los más beligerantes secesionistas convocados por la ANC y los Comités de Defensa de la República a congregarse en las proximidades del parque de la Ciudadela para apoyar la investidura de Puigdemont. Los portavoces de JxC y CUP han mostrado su disconformidad con lo que consideran una decisión equivocada y unilateral de Torrent. En torno a las 17:47, los manifestantes han roto el primer cordón de seguridad (¿?) formado por los Mozos de Escuadra y según indica una periodista de TV3 los manifestantes han forzado una puerta del parque y penetrado en el recinto por la avenida Lluis Companys. Unos centenares de manifestantes al grito de “Ni un paso atrás” y “No nos marcharemos” han llegado hasta el cordón de seguridad dispuesto delante de la fachada principal del Parlament.

Riera (CUP) criticando la decisión de Torrent.

Lo que Torrent no puede hacer ni los secesionistas desean es que la investidura no llegue a producirse y se convoquen nuevas elecciones en las que podrían perder su cada vez más ajustada mayoría. Esta hipótesis se puede descartar de momento pero será la única salida posible a la crisis si los grupos secesionistas no se avienen a reconocer que Puigdemont está más cerca de la cárcel que de presidir el gobierno de la Generalitat y nombran a un candidato alternativo Apuesto a que lo harán en el último momento aunque las desavenencias visibles ya en la pasada legislatura se agravarán y la XII legislatura será bronca y breve. Mientras el jolgorio pseudodemocrático y pseudorevoluciónario continúa a las puertas del Parlament, la Cámara de Comercio de Barcelona alerta sobre los efectos negativos de la inestabilidad política y recomienda constituir un gobierno lo antes posible para evitar que se agudice la desaceleración económica registrada el último trimestre de 2017. Un detalle menor para Puigdemont y la CUP que siguen haciendo brindis al sol por la república.

Manifestantes convocados por la ANC, los CDR, la CUP y Arran rompen el cordón policial y entran el parque de la Ciudadela.

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Puigdemont apuntilla a Mas y al PDeCAT

Artículo publicado en el diario Expansión el 17 de enero de 2018.

Mas entrando a la sede donde tuvo lugar el Consejo Nacional del PDeCAT el 13 de enero de 2017.

Cataluña ha vivido un  fin de semana intenso, protagonizado por la amarga despedida de Artur Mas i Gavarró de la política, y el entierro anticipado de la sardina. Me refiero, claro está, al casi nonato Partido Demócrata Catalán (PDeCAT), constituido en julio de 2016 para poner tierra de por medio con la otrora todopoderosa Convergencia Democrática de Catalunya (CDC), el partido de los Pujol, Mas y Puigdemont. Y la semana que empieza llega también muy cargadita. El lunes, la Audiencia Provincial de Barcelona hizo pública la sentencia del caso Palau-CDC y el miércoles 17 se constituirá el Parlament de Cataluña, un espectáculo circense que promete superar incluso el sainete puesto en escena en la pasada legislatura.

Puigdemont dirigiéndose al PDeCAT el 13 de enero de 2017 después de la despedida de Mas.

 Moises y el PDeCAT al sumidero

Mas decidió ponerse al frente del movimiento independentista y convocó elecciones plebiscitarias después del éxito de la Diada del 11 de septiembre de 2012.

A Artur Mas se le recordará como aquel presidente del gobierno de la Generalitat que haciendo gala de su irrefrenable oportunismo decidió subirse al carro de la independencia el 11 de septiembre de 2012 y sucumbió a manos de una decena de insobornables matronas feministas y pancatalanistas, rabiosamente socialistas y anticapitalistas, que decidieron vetar su investidura y enviarlo a la papelera de la historia. Nombrado presidente del PDeCAT en julio 2016, deambuló errante y errático por la política catalana, esperando inútilmente que el ‘pueblo’ reclamara su vuelta y se ha despedido de la política a las puertas de la Tierra prometida mientras su testaferro les asestaba, a él y a su criaturita, el PDeCAT, el golpe de gracia desde Bruselas.

Mossos d’Esquadra entrando para registrar el Palau de la Musica el 24 de julio de 2009.

Las tribulaciones de Mas y CDC comenzaron el 23 de julio de 2009 cuando la policía judicial irrumpió en el sagrado templo del Palau de Música Catalana y salió de allí cargada, no con viejas partituras olvidadas, sino con trece cajas con abundante documentación cuyo contenido acabó por incendiar el oasis catalán. Las declaraciones de los delincuentes confesos, Millet y Montull, presidente y gerente de la Fundació Palau de la Música-Orfeó Català, permitieron desvelar el modus operandi que utilizaba CDC para financiarse ilegalmente. Según se desprende de las investigaciones, algunas empresas adjudicatarias de obra pública donaban un porcentaje de la cuantía a la Fundación del Palau que los diligentes Millet y Montull se encargaban de hacer llegar a CDC. El presidente Maragall estaba en lo cierto cuando en 2005 le espetó a Mas en sede parlamentaria, ustedes tienen un problema que se llama 3%, aunque al parecer se quedó corto.

La suerte de Mas ha ido de la mano de la de Daniel

Mas abraza a Osàcar en 2011. Osácar, secretario personal (2000-2005) y el tesorero de CDC (2005-2011) y las fundaciones (Trias Farga y CatDem) de CDC, ha sido condenado por la Audiencia Provincial de Barcelona a 4 años y 5 meses de cárcel por los delitos que se le imputaban.

Osácar, el hombre que fue su secretario personal entre 2000 y 2005, y se convirtió en el tesorero de CDC y de la fundación Trias Farga y su sucesora FemCat. La publicación de la sentencia del caso Palau-CDC cifra la cuantía de los fondos recibidos por el partido de Pujol, Mas y Puigdemont en 6,6 millones de euros y el juez condena a Osàcar a 4 años y 5 meses de prisión. Nadie espera que Mas tenga la gallardía de asumir las responsabilidades en que incurrió su subalterno en los años claves en que desempeñó los cargos de  consejero de Política Territorial y Obras Públicas (1995-1997), consejero de Economía (1997-2000) y primer consejero del gobierno de la Generalitat (2000-2003). Hay indicios de que la práctica de cobrar comisiones no se circunscribía a empresas remilgadas que, como Ferrovial, disimulaban por pudor sus pagos patrocinando al Palau, sino que ese trataba de una práctica generalizada. Lo que hoy se ha juzgado es la punta visible del iceberg de la corrupción convergente.

Homs, condenado por el Tribunal Supremo, Turull, exconsejero investigado en libertad bajo fianza, y (Oriol) Pujol, investigado y condenado, arropando todos ellos a Daniel Osàcar, el tesorero de CDC cuando compareció en el Parlament. ¡La nueva Cataluña!

Aunque el caso Palau-CDC fue el inicio del fin de Mas y CiU, su oportunista conversión al secesionismo en 2012 le ha causado también numerosas tribulaciones. A pesar de las presiones ejercidas por la Generalitat, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) le juzgó por desobedecer al Tribunal Constitucional y organizar la consulta ilegal que se celebró en Cataluña el 9 de noviembre de 2014. A la inhabilitación de dos años que le impuso el TSJC, hay que sumar la fianza de 5,2 millones que le exigió el Tribunal de Cuentas para cubrir el daño causado al erario público.

Artur Mas junto a las exconsejeras Joana Ortega e Irene Rigau en el banquillo del TSJC. Fue inhabiliado durane dos años.

Si bien la  ANC puso 2,2 millones para hacer frente a la fianza, quedan 3 millones por pagar y Mas tiene su vivienda y propiedades embargadas. Por si todo esto fuera poco, el juez Llarena del Tribunal Supremo, instructor de la causa por rebelión, secesión y malversación de caudales públicos contra varios ex-consejeros del gobierno de la Generalitat y contra los presidentes de la ANC y Òmium, va a citar a Mas como investigado por su presunta pertenencia al “comité estratégico” que protagonizó el “inaceptable intento de secesión” que culminó con la proclamación de la república catalana el 27 de octubre de 2017.

Mas en su despedida del PDeCAT.

En su lacónica despedida ante los militantes abducidos por Puigdemont, el expresident no pudo reprimir su sentimiento de frustración al verse alejado de la primera línea política y les previno del peligro que entraña arrojarse en brazos de “líderes que confunden la realidad con la ideología”. El reproche, válido para él mismo, iba dirigido a su locuaz epígono flamenco, que le contestó a renglón seguido empleando el plural mayestático: “no sufrimos ningún trastorno de ideología”. Arrojado a la papelera de la historia por su propio partido, Mas dispondrá ahora de todo el tiempo del mundo para hacer frente a las causas judiciales que le esperan. Víctima de la corrupción y de su propia altivez y oportunismo, Mas pasará a engrosar la lista de los peores políticos catalanes: por haber acabado con CiU y haber arruinado su propio partido, dejándolo en manos de un prófugo amoral.

Mas, con la sonrisa algo forzada, da una palmadita a Puigdemont después de que éste le sustituyera al frente del gobierno de la Generalitat.

Adelanto del Carnaval en Cataluña

El 17 de enero están convocados los diputados que obtuvieron escaño en las elecciones del 21-D para constituir el Parlament de Cataluña. Se pondrá en marcha la XII legislatura que, me atrevo a pronosticar, será más bronca e incluso más corta que la precedente. Puigdemont y su grupito de junteros y aduladores insisten en que todo lo que no sea investirle a él presidente será un ‘fraude democrático’ y están dispuestos a retorcer el reglamento de la Cámara y saltarse el Estatut o lo que haga falta. Sorprende tanta insistencia y personalismo, máxime habida cuenta que Puigdemont manifestó en distintas ocasiones tras su azarosa investidura el 10 de enero de 2016 que carecía de ambiciones personales y no se presentaría a la reelección. “No seré presidente dentro de un año”, afirmó el 5 de enero de 2017.

Puigdemont y su gobierno legítimo en la página oficial de la Generalitat abierta desde Bélgica.

Pugidemont no puede refugiarse aduciendo que no fue él quien convocó las elecciones del 21-D, porque en su mano estuvo hacerlo y prefirió salir huyendo. Lo más incomprensible del embrollo republicano –nadie entiende que quien se considera el ‘presidente legítimo’ de un gobierno en el exilio aspire a ser investido por diputados escogidos en unas elecciones ‘ilegítimas’– es que la dirección de ERC haya buscado refugio en los letrados de la Cámara, a los que hizo caso omiso en la pasada legislatura, para poner reparos a la investidura de un ausente Puigdemont. ERC obtuvo 935.861 votos frente a los 948.233 que obtuvo JxC, y los republicanos están tan legitimados por las urnas como JxC para presentar su candidato. De hecho, resultaría una grotesca afrenta para Junqueras, preso por afrontar sus responsabilidades como vicepresidente del gobierno de la Generalitat, que su partido apoyara la elección del expresidente prófugo.

Puigdemont dirigiéndose al PDeCAT.

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