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155, ¿para qué?

Artículo publicado en el diario Expansión el 19 de octubre de 2017

Puigdemont firmando la declaración de independencia en el auditorio del Parlament el 10 de octubre de 2017.

La contestación de Puigdemont al requerimiento del Gobierno de que aclarase si declaró o no la independencia de Cataluña en su comparecencia en el pleno del Parlament el 10 de octubre llegó al filo de las 10 de la mañana del 16, poco antes de que expirara el plazo de 4 días concedido. No tengo ninguna duda de que Puigdemont consumirá también el plazo de 3 días que restan para que el Gobierno aplique el artículo 155 de la Constitución que tanta notoriedad ha adquirido en las últimas semanas. Se trata de un artículo muy abierto que establece que “si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en caso de no ser atendido con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar todas las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general”.

Incumplimiento flagrante

Tras votar la ‘ley’ del referéndum de autodeterminación con el Parlament semivacío. Una diputada de Colau retirando las banderas de España.

A estas alturas, la inmensa mayoría de los ciudadanos no tiene ninguna duda de que el gobierno de la Generalitat y la mayoría de Junts pel Sí y CUP que lo sostiene en el Parlament han incumplido la Constitución, el Estatut y otras leyes del ordenamiento jurídico, entre las cuales podrían citarse la Ley Orgánica del Régimen Electoral General y la Ley de Seguridad Nacional. Lo han hecho, además, con plena conciencia y de manera reiterada al aprobar sucesivas resoluciones e incluso leyes que, como la “ley del referéndum de autodeterminación”, aprobada el 6 de septiembre, instauraba un estado de excepción y anulaba cualquier norma con que pudiera entrar en conflicto, y sobre cuya patente inconstitucionalidad habían sido advertidos por tanto por el Tribunal Constitucional como por los letrados del Parlament. Dos días después, el Parlament aprobó la “ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la república” que regulaba el proceso constituyente a poner en marcha tras la celebración del referéndum.

El gobierno que preside Puigdemont está fuera de la ley al menos desde el 6 de septiembre, incluso si se concede que el “asumo el mandato del pueblo para que Cataluña se convierta en un Estado independiente en forma de república”, no constituye lo que a todas luces pretendió ser, una declaración unilateral de independencia, suspendida unos segundos después por el propio Puigdemont para abrir un período de negociación de dos meses con el Gobierno. Cada día que pasa, resulta más evidente que el gobierno de la Generalitat está en manos de agitadores irresponsables que cuentan con insuficiente respaldo social y político en Cataluña, en España, en la UE y en la ONU, de ahí su desesperada pirueta de proclamar la república, suspenderla y apelar a una imposible negociación con mediadores internacionales.

Su descabellado plan consiste en aumentar la inestabilidad política en España con la vana esperanza de que los daños colaterales –caídas en bolsa, subida de la prima de riesgo, huida de la inversión extranjera, etc.– eleven la presión internacional sobre el Gobierno español y éste se avenga a negociar la independencia de Cataluña. De momento, sólo han conseguido que las principales entidades financieras y centenares de empresas no financieras –incluidas algunas que habían mostrado simpatía hacia al locuaz gobierno de la Generalitat– hayan trasladado su sede social a otras CC. AA., y que el turismo internacional haya caído en picado. ¿De veras creen Puigdemont y Junqueras que un empeoramiento de las perspectivas económicas de España amenizado con caceroladas va a granjearles simpatía alguna en las instituciones de la UE? Nadie verá nunca con buenos ojos a un gobierno regional que además de incumplir la ley pretende revisar las fronteras históricas de España y Francia.

Comisión Europea en Bruselas.

155 Sí o Sí

La vicepresidenta del Gobierno denunciando la bochornosa sesión en el Parlament el 6 de septiembre de 2017.

El Gobierno tendrá que aplicar el artículo 155 el próximo jueves, bien porque Puigdemont levante la suspensión de la declaración de independencia en el último minuto, bien como es más probable porque deje pasar el plazo reiterando su ofrecimiento de reunirse con Rajoy para negociar los términos de la independencia. Pocos deben estar al tanto de la secuencia de medidas que adoptará el Gobierno para restaurar el orden constitucional, aunque tras la experiencia del 21-S y el 1-O espero que no esperen colaboración leal de los Mozos que, presumo, volverán a actuar como fuerzas de interposición para asegurar el éxito de la huelga general y la consiguiente toma de las calles por los ‘comités de defensa del referéndum’ (CDR), reconvertidos en ‘comités de defensa de la república’, integrados por militantes de la ANC-ERC, Omnium-PDE-Cat y CUP. Más dudas existen sobre la capacidad de estas células para hacerse con el control de fronteras, aeropuertos y puertos, centrales eléctricas, etc., acciones contempladas en documentos de la ANC y CUP.

Miembros de Arran y CUP quemando las banderas de España, Francia y la UE el 11 de septiembre de 2017.

En cuanto al alcance de las medidas a adoptar tras invocarse el artículo 155, hay notables disensiones dentro del bando constitucionalista. Ciudadanos pretende que el Gobierno lo utilice para convocar elecciones inmediatamente, incluso a riesgo de que la composición del Parlament resulte similar a la actual. El PSOE, por su parte, ha manifestado que exigirá consensuar el alcance y la duración de cada una de las medidas. El PP es el único partido que defiende, sin más, aplicar las medidas necesarias para restablecer el orden constitucional. Pero si la salida de la gravísima situación a que hemos llegado exige adoptar una medida evidentemente extraordinaria, aunque contemplada en la Constitución, resultaría una incongruencia no atajar las circunstancias que nos abocaron a ello y encontrarnos de aquí a unos meses en parecida situación.

Rajoy con Sánchez en La Moncloa el 7 de septiembre de 2017.

Mozos de Escuadra increpando a efectivos de la Policía Nacional el 1-O.

Sin pretender ser exhaustivo, enumeraré cuatro o cinco objetivos esenciales para este período de transición. Primero, asegurar la neutralidad política de los Mozos de Escuadra y establecer una línea de mando que asegure su compromiso inequívoco con el mantenimiento del orden constitucional y su coordinación con el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Segundo, constatar que la Generalitat no ha desviado recursos públicos a financiar directa o indirectamente actividades inconstitucionales y establecer mecanismos de control del gasto que lo dificulten en el futuro. Tercero, establecer límites muy precisos a las actividades de la consejería de relaciones ‘exteriores’ que todavía dirige Romeva, y proceder a desmantelar las ‘embajadas’ y el consorcio Diplocat. Cuarto, examinar las finanzas del entramado mediático (TV3, Catalunya Radio, televisiones y radios locales, etc.) y asociativo (ANC, Omnium, AMI y AMC) que han patrocinado activamente el proceso de secesión desde al menos septiembre de 2009. Quinto, asegurar la neutralidad del sistema educativo incluyendo el castellano como lengua vehicular y adoptando medidas para impedir la incitación al odio y el adoctrinamiento en los centros escolares y libros de texto.

Sánchez, presidente de la ANC, con Cuixart, presidente de Omnium Cultural, conocida también como Odium Gutural.

 

Los acosadores de Balaguer. “Escuela en catalán no acatamos”.

 

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Insurrectos y acomplejados

Artículo publicado en el diario Expansión el 7 de octubre de 2017

Mozos de Escuadra increpando a efectivos de la Policía Nacional.

La pasividad de los Mozos de Escuadra el 21 de septiembre, mientras las hordas congregadas por la ANC, Omnium y CUP destruían vehículos de la policía judicial durante el registro de la consejería de Economía, dio una pista de lo que podía ocurrir y sucedió el 1-O: la mayoría de los Mozos incumplió flagrantemente las órdenes de la magistrada Armas de desalojar y sellar los centros de votación antes de las 6:00 horas para impedir la celebración de la ilegal consulta. ¿Acaso alguien creyó que el consejero Forn y el mayor Trapero iban a cumplir las órdenes? ¡Si su misión era precisamente facilitar la apertura de los centros! No me sorprendería nada que los mandos de los Mozos conocieran la localización de los centros desde los que se distribuyeron urnas y papeletas.

Un policía nacional calmando a un niño en brazos de su irresponsable padre.

Puigdemont y los Mozos burlaron al Estado

Ningún Gobierno que se precie puede enviar a un coronel de la Guardia Civil a coordinar el operativo de seguridad, cuando se está fraguando nada menos que un golpe de Estado, sin investirle de la autoridad necesaria para cumplir su misión. Que los  Mozos nada iban a hacer para impedir la apertura de los centros de votación se tornó en certeza cuando anunciaron que no los desalojarían con gente dentro. El Gobierno, burlado, debería haber ordenado inmediatamente la detención de Forn y Trapero por desobediencia reiterada a una orden judicial conducente a la consumación de los delitos de desobediencia y sedición.

Trapero, mayor de los Mozos, con Puigdemont y Forn.

Aunque resulte ingrato detener a los representantes del Estado en Cataluña, ésa es la obligación del Gobierno cuando aquellos se sitúan deliberadamente fuera del orden constitucional, utilizan fondos públicos para delinquir y desacatan las órdenes de los Tribunales. Todos los miembros del gobierno de Cataluña están fuera de la Ley desde al menos el 6 de septiembre, cuando aprobaron la “ley del referéndum de autodeterminación” y se confabularon para conspirar contra el orden constitucional, y consumar, como  hicieron finalmente, su propósito delictivo el 1 de octubre. De 24 días dispuso el Gobierno de España para ilegalizar a la ANC, a Omnium y a la AMI, y para detener a los principales golpistas: Puigdemont, Junqueras y Forcadell y a los portavoces de los grupos parlamentarios Junts pel Sí y CUP. Hoy mismo escuché a Sáenz de Santamaría afirmar que Puigdemont está fuera de la ley. Con todos mis respetos: si así es, el Gobierno debe instar a la Fiscalía a solicitar una orden de detención. Los delincuentes no pueden andar sueltos, máxime cuando amenazan con ejecutar en horas un delito todavía mayor: proclamar la independencia de Cataluña.

Sánchez, presidente de la ANC, con Cuixart, presidente de Omnium Cultural, conocida también como Odium Gutural.

Mediación internacional

El gobierno de la Generalitat casi logró el 1-O la fotografía que buscaba desesperadamente: ofrecer las imágenes del enfrentamiento de ciudadanos con efectivos de la GC y la PN para solicitar la mediación internacional. Y digo que casi lo lograron porque la prensa internacional compró inicialmente la mercancía servida en bandeja por la Generalitat y sus medios de comunicación. Nada dijo de las provocaciones, insultos y acciones violentas de los ‘pacíficos’ miembro de la CUP integrados en los comités de defensa del referéndum, bien asesorados por el buenazo de Otegui y expertos terroristas. La violencia vivida en Cataluña desde día 21 de septiembre ha sido instigada y financiada por la CUP, la ANC y Ominum Cultural e indirectamente por Puigdemont y su gobierno.

Torrecilla, concejal de ERC, que forcejeó al ser desalojada y lanzó graves acusaciones contra las fuerzas de seguridad, acusaciones que resultaron ser burdas exageraciones.

Poco a poco va saliendo a la luz la cruda realidad: más de 400 policías lesionados, videos trucados con escenas de represión de los Mozos y la falsa noticia de la concejal de ERC a la que un policía había roto cuatro dedos, uno a uno. Esa burda ficción corrió como la pólvora por la red y llevó a un indignado amigo mío (de vacaciones en Canadá) a echármelo en cara. Infórmate bien, le contesté. Toda una campaña orquestada para reclamar la mediación internacional a la que Puigdemont se agarra como a un clavo ardiendo mientras el Banco Sabadell anuncia su salida de Cataluña. Los catalanes no sólo no han sido víctimas del resto de españoles sino que éstos han sido la fuente, casi única o principal, de su prosperidad desde 1714 hasta hoy mismo. No en vano historiadores catalanes acuñaron la expresión “Cataluña, la fábrica de España” y la renta per cápita de los catalanes era todavía el 23% mayor que la del resto de españoles en 2016 y el 6% superior a la media europea en 2015. No está nada mal para tratarse de un pueblo oprimido y expoliado.

Gestión fallida

La gestión del Gobierno de España del intento de la Generalitat de internacionalizar el conflicto ha dejado, por incomparecencia, mucho que desear. Nunca se debió permitir las actividades desplegadas por la consejería de ‘exteriores’, las ‘embajadas’ y el consorcio Diplocat. Tampoco se respondió apropiadamente a las giras propiciadas para promover la causa en Estados Unidos y la UE a las que el Gobierno podría haber respondido enviando a científicos, juristas, intelectuales, artistas, deportistas, etc. para exponer la realidad de España y desmentir las fabulaciones secesionistas.  Hace unos días, Coixet, reputada directora cinematográfica, tuvo que escribir una carta a sus amigos repartidos por medio mundo para desmentir las deformaciones interesadas que buscan desacreditar nuestra democracia; y desde ese día, está siendo acosada por los secesionistas. Pocos intelectuales, aparte de nuestro Nobel Vargas Llosa, han levantado la bandera de la libertad y la igualdad para denunciar el recorte de derechos fundamentales y las amenazas que padecemos los ciudadanos catalanes. El Gobierno debería ser consciente de que quien permite difundir infundios puede acabar perdiendo la batalla de la opinión pública internacional. Con su mutismo y falta de iniciativas, el ministro Dastis da la impresión de que ni está ni se le espera.

Vargas Llosa: “el referéndum de cataluña es un disparate absurdo”.

Puigdemont con Junqueras y Romeva en uno de sus últimos intentos de acudir a Bruselas a llamar en vano la atención de las instituciones de la UE. ¿Olvidaron poner la bandera estrellada? Patéticos.

Felizmente, Puigdemont y Romeva sólo han logrado de momento distraer unos minutos a los comisarios y parlamentarios europeos, exhibiendo en el hemiciclo su ridícula bandera estrellada. Y confío en que mientras sigan trucando videos, inventándose agresiones inexistentes e incitando a la violencia en las calles de Barcelona no van a ganarse su simpatía. Auguro que sólo conseguirán unas palmaditas de diputados flamencos y escoceses resentidos, y algún ‘podemita’. Lo que seguramente sí pasa desapercibido en la UE es la privación de derechos, opresión y discriminación que padecen los catalanes constitucionalista en las administraciones de la Generalitat, medios de comunicación, hospitales, juzgados, centros universitarios, empresas… pero sobre todo la que padecen nuestros hijos en las escuelas, institutos y Universidades públicas.

Los acosadores de Balaguer. “Escuela en catalán no acatamos”. Democracia en estado puro.

Rajoy y Sánchez en su “reunión prescindible” el 25 agosto 2016.

Hemos llegado al punto en que el Gobierno tiene que actuar y da la impresión que falta lucidez y determinación. Mejor sería, desde luego, contar con el respaldo del PSOE, pero si Sánchez y Robles anteponen reprobar a la Vicepresidenta a defender la democracia, desatendiendo opiniones de socialistas tan cualificados como Guerra, PP y Ciudadanos tienen que seguir adelante: el PSOE se sumará o saltará en pedazos. El Gobierno tiene que vencer su paralizante acomplejamiento, convencerse y convencer al mundo de que España es un Estado democrático que sólo pretende salvaguardar los derechos de los catalanes y del resto de españoles, amenazados por el estado de excepción impuesto por el gobierno de la Generalitat. Nadie pidió a Mas responsabilidades por ordenar a los Mozos desalojar violentamente de los indignados ‘comunitas’ de la Plaza de Cataluña en 2015. Lo que nadie olvida –menos aún los fríos inversores– es ver a un gobierno impotente, incapaz de desplegar las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para defender el orden constitucional.

Efectivos de la Guardia Civil abandonando los hoteles en que se alojaban entre abucheos.

La vicepresidenta del Gobierno denunciando la bochornosa sesión en el Parlament el 6 de septiembre de 2017.

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Bastaron 24 horas

Artículo publicado en el diario Expansión el 23 de septiembre de 2017

Ayer me dirigía a una conferencia en el centro de Barcelona por la siempre populosa Puerta del Ángel. De las farolas pendían carteles de la ANC invitando a votar el 1-O y dando la bienvenida a la república. Una decena de números de Mozos de Escuadra y Guardia Urbana estaban desplegados y permanecían en pie junto a sus vehículos o agazapados en su interior. Tres horas después deshice el camino en sentido contrario y contemplé idéntica escena. No pude reprimirme. Me dirigí a dos buenos Mozos que charlaban animadamente en castellano y les pregunté por qué no retiraban los carteles que anunciaban un referéndum ilegal. Uno de ellos me contestó “hemos recibido una incidencia, lo siento” y echaron a andar. No he pasado esta mañana por el lugar pero a buen seguro que las banderolas de la ANC siguen colgadas en las farolas, como lo están en gran parte de Cataluña.

Las asociaciones ANC y Omnium Cultural (Gutural sería más apropiado) son responsables de haber convocado a las hordas salvajes que se exhibieron a gusto. ¿Se imaginan cómo sería la vida cotidiana en un país gobernado por esta gentuza con sus leyes y sus jueces y sin nadie que les pare los pies?

Coches destrozados de la policía judicial de la Guardia Civil frente a la Consejería de Economía en la Rambla de Cataluña. ¿Dónde estaba el Mayor de los Mozos? “Y no estaba muerto no, no, estaba tomando cava…”

http://www.lamoncloa.gob.es/multimedia/videos/presidente/Paginas/2017/20092017_rajoycomparece.aspx?galv2r=0

Rajoy dirigiéndose a los españoles el 20 de septiembre de 2017.

Manifestación salvaje convocada por la ANC, Omnium y CUP ante la sede del TSJC con la televisión nacional-secesionista para servirla en directo.

El presidente del Gobierno ha empeñado su palabra en que el referéndum no se hará y esperamos que, por el bien de la inmensa mayoría de los españoles y europeos, la amenaza de Puigdemont y Junqueras de celebrarlo no llegue a consumarse. Pero como el incidente que les acabo de relatar demuestra, el Gobierno de España no cuenta con los Mozos para impedirlo; más bien al contrario, si nos atenemos a las declaraciones que hicieron los responsables de la Consejería de Interior respecto a su papel el 1-O. La actitud desafiante de los manifestantes convocados por la ANC y Omnium frente a la sede de la Consejería de Economía, después de que un juez ordenara a la policía judicial efectuar varios registros, y el acoso a que sometieron a los agentes cuando intentaban abandonar el edificio al finalizar su tarea, dan una idea de hasta qué punto el orden público está en entredicho en Cataluña. Por si todo esto fuera poco, las hordas de manifestantes se han trasladado a la sede del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y a la Ciudad de la Justicia para acosar a los jueces y fiscales encargados de interrogar a los detenidos. Campan por sus respetos sin que los Mozos hagan nada para impedirlo.

Sánchez, presidente de la ANC, pidiendo el voto en el ilegal 1-O.

El ministro Catalá se queja del acoso que padecen jueces y fiscales en Cataluña.

El Ministro de Justicia ha despachado el asunto condenando el acoso al tercer poder del Estado. Sr. Catalá: usted no puede limitarse a denunciar los hechos porque, como Gobierno, tiene obligación de impedirlos. Los jueces y fiscales llevan años denunciando el tratamiento que reciben en los medios de comunicación de la Generalitat y están hartos de soportar los cánticos del orfeón secesionista frente sus sedes y, lo que resulta incluso más ominoso, ver a los alcaldes blandiendo amenazadoramente sus varas. La Vicepresidenta denuncia también “el clima de acoso” y pregunta a Puigdemont hasta cuándo va a seguir abusando y tensionando a la sociedad catalana. ¡Basta ya! ¿Qué más tienen que hacer para que detengan, no a los segundos de a bordo, sino a los primeros, a los auténticos responsables de coartar la libertad de expresión e instaurar un estado de excepción en la Comunidad Autónoma de Cataluña? ¿A qué espera el Gobierno para ponerlos a disposición de los Tribunales cuya autoridad dicen no reconocer?

Mas ante la sede del TSJC el 15 de octubre de 2015 con los alcaldes convocados por la AMI.

Méndez de Vigo, portavoz del Gobierno en rueda de prensa posterior al Consjeo de Ministros.

Desconozco las decisiones que ha adoptado el Consejo de Ministros para afrontar lo que es ya una sedición en toda regla, organizada por el gobierno de la Generalitat. Pero deseo y espero que no sea, como han adelantados varios Ministros, una oferta de diálogo, más financiación y hasta de reforma de la Constitución. Vayan con cuidado porque en el otro extremo de los Pirineos, Urkullu se ha animado y está pidiendo un estado confederal, como el que recogía la Propuesta de Reforma del Estatut de Cataluña que el PSC, CiU y ERC aprobaron en el Parlament en 2005. Mucho temo que la comisión territorial, aprobada ayer en el Congreso a instancias del PSOE-PSC, pretenda acabar con la Constitución de 1978 y consumar la disolución de España como comunidad de ciudadanos libres e iguales.

Hernando, portavoz del PP, y Robles, portavoz del PSOE-PSC, poniéndose de acuerdo sobre la Comisión Territorial.

Rivera en el Congreso defendiendo su resolución de apoyo al Gobierno frente a los secesionistas.

Sólo Rivera ha estado a la altura de las circunstancias y no ha defraudado a los españoles en este momento crítico. Ciudadanos ha votado en contra de la creación de la citada comisión, y Rivera ha manifestado que si bien está por el diálogo –¡quién podría no estarlo!–, no se puede dialogar con los golpistas Puigdemont y Junqueras, algo que la Vicepresidenta ha podido constatar de primera mano. La ausencia del Presidente en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros no puede tranquilizarnos a los españoles residentes en Cataluña, a quienes hemos apoyado al Gobierno de España hasta ahora, a pesar del abandono que hemos padecido durante décadas: mientras se nos vetaba e insultaba en los medios de comunicación públicos y subvencionados; mientras nuestras familias sufrían vejaciones y amenazas por solicitar la utilización del castellano como lengua vehicular; mientras soportábamos la hostilidad ambiental que nos asfixia en nuestros centros de trabajo cada día, etc.

Los acosadores de Balaguer. “Escuela en catalán no acatamos”. Los niños pueden ser tan malas personas como los padres.

Puigdemont, presidente de los secesionistas, pidiendo el Sí en el referéndum del 1-O y desacreditando a las instituciones democráticas del Estado en Sant Cugat del Vallés el 22 de septiembre de 2017.

Sr. Rajoy: los catalanes demócratas y constitucionalistas no podemos aguantar un pacto más con los secesionistas. El cómico Boadella tuvo que abandonar su tierra hace algunos años para escapar de la sociedad atrabiliaria y xenófoba que, alimentada con los presupuestos de la Generalitat, hoy amenaza a jueces, fiscales, diputados y ciudadanos de a pie. ¿Tendremos que marcharnos, siguiendo los pasos de Boadella o hemos de esperar a que nos expulsen de su república? Los golpistas van a por todas y su obligación como Presidente es restablecer el orden constitucional con la misma determinación y contundencia con que el Jefe del Estado atajó el golpe militar en 1981. Bastaron 24 horas.

El cómico Boadella despidiéndose de la Cataluña atrabilaria y xenófoba de Mas y PuigCupqueras.

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En manos de ‘arranitas’ y ‘cuperas’

Artículo publicado en el diario Expansión el 15 de septiembre de 2017

Noche de las antorchas y buen rollito: CUP, Arran, Endavant, el Sindicat d’estudiants del ‘països catalans’, y otras ‘famiglias’ antisistema quemando ejemplares de la Constitución e imágenes del Rey a las puertas del Born el 16 de septiembre de 2016.

Los ciudadanos hemos asistido perplejos este verano a los actos vandálicos y autopropagandísticos que perpetraron y reivindicaron las hordas de Arran, la organización juvenil de la Coordinadora d’Unitat Popular (CUP), contra intereses turísticos en Barcelona y Mallorca, sin que el gobierno de la Generalitat en Cataluña ni el Balear hayan interpusieran denuncias contra la organización donde militan las autoras de los hechos, calificados benévolamente por la CUP como ‘actos simbólicos’ contra un modelo de turismo al que culpan de la destrucción del territorio y la precarización del empleo.

Reacción de la CUP al atentado yihadista  en Barcelona: “las guerras vuestras, los muertos nuestros”. Todo un ejemplo de de empatía y solidaridad internacionalista.

La tibia reacción del  gobierno Puigdemont-Junqueras en Cataluña, el único territorio donde la CUP cuenta con cierta implantación, tiene una explicación muy sencilla: los 10 diputados antisistema resultaban imprescindibles para aprobar la “ley del referéndum de autodeterminación” y la denominadaley de transitoriedad jurídica y fundacional de la república”, registradas en el Parlament el 31 de julio y 27 de agosto, respectivamente.

Votando la ley del referéndum de autodeterminación con el Parlament semivacío.

Ambas leyes fueron aprobadas co los votos de los 71 diputados secesionistas, tras forzar su inclusión en el orden del día del pleno celebrado los días 6-7 de septiembre, pese a no contar con los preceptivos informes jurídicos solicitados por los diputados de la oposición que abandonaron el hemiciclo antes de la votación. Estas dos ‘leyes’, anuladas ya por el Tribunal Constitucional, pretenden suspender la Constitución, el Estatut y el resto del ordenamiento jurídico e instaurar un estado de “excepción en Cataluña” para realizar el anunciado referéndum de autodeterminación el 1-O e iniciar inmediatamente el proceso constituyente de la república con todos los poderes detentados por los dirigentes de ERC-CUP y la cabellera de Puigdemont flotando entre los restos del naufragio de Convergencia.

Violencia totalitaria

Miembros de Arran y Cup quemando las banderas de España, Francia y la UE el 11 de septiembre de 2017. y Junqueras va diciendo a los catalanes que su república catalana estaría en la UE. No con estos socios… y no tiene otros. Bueno, sí el flequillos.

Arran, como la CUP, su matriarcal placenta, son organizaciones cuya acción revolucionaria se articula en torno a tres objetivos. Primero, lograr “la independencia de los “Países Catalanes” para defendernos de los ataques de los Estados español y francés que desde hace más de trescientos años pretenden borrar la identidad del pueblo trabajador catalán”. Segundo, “acabar con el sistema capitalista” y apostar “por la construcción del socialismo, el cual nos ha de conducir a una sociedad sin clases ni opresiones de ningún tipo”. Y, tercero, “la lucha personal y colectiva que supone para todas las personas el sistema patriarcal basado en el dominio del hombre sobre la mujer y de los valores preconcebidos como masculinos por encima de todos los demás”.

Territorio de los inexistentes ‘països catalans’ donde la CUP y ERC desarrollan su actividad política.

No busquen apreciaciones analíticas más finas ni coherencia lógica en los argumentos de las hechiceras que establecen la agenda de sus procaces guerreras porque sus matriarcales afirmaciones, como las verdades reveladas, son indiscutibles. Nada les importa que no exista rastro alguno en los atlas históricos de sus “países catalanes” cuya independencia propugnan ni evidencia alguna de que sus cambiantes habitantes –hoy descendientes mayoritariamente de ciudadanos llegados de otras partes de España–, hayan padecido la opresión de los Estados español y francés durante centurias, más allá de las propias de cada época y sus circunstancias. Sus otras dos prioridades son igualmente paradójicas: pretenden acabar con el detestable sistema capitalista gracias al cual la CUP ingresa varios millones anuales con los disparatados sueldos de sus diputadas y concejalas que pueden dedicarse a tiempo completo a elaborar ‘leyes’ inconstitucionales y a intimidar con amenazas a quienes no comparten su credo.

La brigada de la muerte cuyo cabecilla fue Pascual Fresquet.

En línea con la tradición anarquista revolucionaria de tan funesto recuerdo en Cataluña, la CUP se define como una organización asamblearia y socialista que propugna la “democracia participativa” y menosprecia la democracia constitucional y el Estado de Derecho, la seguridad jurídica, la empresa privada, la religión, el matrimonio, la escuela concertada, etc., considerados instrumentos de explotación social y ejercicio de la violencia patriarcal. Aunque prefieren presentarse como meras defensoras del sector público y el cooperativismo, rechazan frontalmente la propiedad privada de los medios de producción. Su “papel histórico… es tomar el poder” para construir “un Estado Socialista y Feminista en los Países Catalanes que podrá conducir al conjunto de la humanidad hacia la libertad”, y responsabilizan de sus actos violentos a la violencia del sistema capitalista.

Anarquistas de la brigada Ferrer-Carod en pleno acto de heroísmo en el Bajo Aragón.

Gabriel y Fernández celebrando los asesinatos de ETA con sus amigos batasunos en Bilbao.

Dar pocas pistas sobre cómo se desarrollaría el proceso de transición hacia su futurible Arcadia socialista-feminista resulta esencial para enmascarar su indigencia intelectual y vocación totalitaria. Pero como botones de muestra, ahí están su exigencia de imponer “la socialización forzosa y urgente” de la catedral de Barcelona para convertirla en economato y centro musical; su aparatosa campaña “¡Parir es un derecho, no una imposición! Derecho al aborto libre y gratuito”, que presentan como una “vindicación de clase, una declaración de guerra contra la derecha ultracatólica y la ofensiva conservadora”; su radical propuesta de convertir “los centros de trabajo en espacios de intervención política” donde los trabajadores decidirían en asamblea qué y cómo producen; y, en fin, su patrocinio de las ocupaciones de viviendas y la realización de escraches contra sus enemigos políticos a quienes amenazan con barrerlos de Cataluña.

Gabriel con la portavoz de Arran presentando los carteles del Sí barrámoslos.

Gabriel y Fernández dirigiendo el escrache de Arran contra la sede del PP en Barcelona en marzo 2017.

 

Trabajar menos, cobrar más

Gabriel en el escrache a la Guardia Civil 31 julio 2017.

Todo un programa político y social cuya mezcla de ingenuidad, ignorancia y vaciedad producirían sonrojo si no fuera por el ánimo guerrero que alienta a las jóvenes ‘arranitas’ y a sus más maduritas mentoras ‘cuperas’, y la determinación totalitaria con que pretenden imponerlo. Lo cierto es que cuando se separa la hojarasca de su tupida verborrea, entretejida con apelaciones vacías a la conciencia de clase y la solidaridad de los pueblos, el discurso que emerge resulta decepcionante, no ya para cualquier socialdemócrata, sino incluso para los ciudadanos comprometidos con los ideales ilustrados de libertad e igualdad.

Diputadas de la CUP quemando fotos del Rey. Menudas socias que se han echado los representantes de la sociedad catalana.

‘Arranitas’ y ‘cuperas’ sostienen que “en un contexto donde ya disponemos prácticamente de todos los bienes materiales necesarios para desarrollar nuestras vidas”, todo lo que queda por hacer es “repartir el trabajo y la riqueza. Trabajar menos horas y aumentar nuestros salarios para que los ricos paguen su estafa”. Ésta es, en esencia, la fórmula maestra que las diputadas Boya, Gabriel, Reguant, Vohí, y Cia proponen para mejorar el nivel de vida de los trabajadores. Pero quizá el aspecto más contradictorio de su programa ‘revolucionario’ sea la asunción por sus lideresas de la ideología nacionalista, pequeño-burguesa, que les lleva a anteponer la independencia de los ‘países catalanes’ a la emancipación de los trabajadores. Levantar muros y crear nuevos estados para dividir a los “estafados” resulta incongruente con su objetivo de “conducir al conjunto de la humanidad hacia la libertad”.

Cúpula de la CUP en la campaña de las elecciones autonómicas del 27-S.

Inseguridad jurídica: deslocalización y fuga de capitales

Mas con Junqueras y Romeva al final del debate de investidura el 9 de noviembre de 2015 con cara de circunstancias.

Que todas las decisiones importantes adoptadas por el gobierno de la Generalitat y el Parlament de Cataluña en los últimos años –la caída del president Mas, el inicio del proceso constituyente, las purgas de consejeros, la pugna mantenida para aprobar la ‘ley’ de transitoriedad jurídica antes del 1-O– hayan sido dictadas por una pandilla de activistas contrarios a los ideales ilustrados y al proceso de integración europea, da una idea de la irresponsabilidad de los líderes políticos al frente de la Generalitat. Cuando el ex-presidente Mas llama a “desprecintar colegios electorales” y el hombre fuerte del gobierno, Junqueras, declara socio “prioritario” y “absolutamente fiable” a la CUP, nadie debería sorprenderse que algunas empresas hayan trasladado sus sedes y algunos ciudadanos se hayan llevado sus activos fuera de Cataluña. Se trata todavía de movimientos tímidos que anticipan la avalancha de deslocalizaciones empresariales y salida masiva de capitales que se producirían si el gobierno de la Generalitat y los diputados de JxS lograran, como pretende la CUP, sacar a Cataluña de España, de la UE y del euro, un escenario que el Gobierno español ni puede permitirse ni espero permita.

Gabriel con Junqueras y Dante Fanchín (Podem) en Sant Boi de Llobregat el 9 de septiembre de 2016.

Puigdemont con Gabriel y Boya, dirigentes de la CUP en el Palau de la Generalitat.

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Okupas toman el Parlament de Cataluña

A continuación incluyo el texto en el que basé mi intervencion en el programa “El Salero”, dirigido por el periodista Toni Guerrero, en Gestiona Radio el 10 de septiembre de 2017.

Hay infinidad de palabras que se me ocurren para describir lo vivido en los últimos días pero he elegido cuatro adjetivos: esperpéntico, grotesco, doloroso y peligroso.

Junqueras, Puigdemont (con manguitos) y Forn, consejero de Interior, celebrando la aprobación de la ‘ley’ del referéndum de autodeterminación el 6 de septiembre.

Esperpéntico: porque esperpéntica fue la actuación del gobierno de la Generalitat y los 71 diputados secesionistas en el Parlament de Cataluña, que con una mayoría tan ajustada que resulta insuficiente siquiera reformar el Estatut de Cataluña, se empeñaron en aprobar dos leyes que sobrepasan sus competencias e imponen un estado de excepción que deja en suspenso la Constitución, el propio Estatut y el resto del ordenamiento jurídico, para poder realizar el próximo 1-O un referéndum ilegal, en el que sólo participarán los secesionistas, y proclamar ta renglón seguido la república de Catalunya.

Forcadell, mordaza de la oposición, saltándose la ley, en el Parlament de Cataluña.

Grotesco: porque grotesco fue el espectáculo vivido los días 6 y 7 en el pleno del Parlament de Cataluña. Forcadell, la presidenta de la Cámara, dio la verdadera medida de su talla como dictadora: aceptando modificar el orden del día para debatir dos leyes cuyo contenido desconocían los diputados; desoyendo los informes jurídicos de los Letrados de la propia Cámara que advertían de la la ilegalidad de las normas; rechazando destempladamente la petición de los diputados de la imposición de solicitar el preceptivo informe al Consejo de Garantías Estatutaria; y, en fin,  limitando a su mínima expresión los turnos de palabras con el solo propósito de  aprobar en dos sesiones maratonianas las dos leyes de desconexión: la ‘ley’ del referéndum de autodeterminación y la ‘ley’ de transitoriedad jurídica y fundacional de la república.

Doloroso: porque la marcha de la mayoría de los diputados de la oposición, Ciudadanos, PSC y PP permitió visualizar hasta qué punto las políticas sectarias seguidas por el gobierno de la Generalitat, con apoyo de los grupos parlamentarios Junts pel Sí (ERC+CDC) y CUP, han dividido en dos partes a la sociedad catalana. Y cómo uno de esos bandos, el secesionista, pretende barrer al constitucionalista y echar a sus representantes fuera de Cataluña. Gracias a la Constitución de 1978, los españoles hemos podido vivir en libertad, concordia y prosperidad en nuestra historia. El enfrentamiento en Cataluña abre de nuevo una fractura social en la sociedad catalana que tardará años en cerrarse.

La matriarca Gabriel, diputada de la CUP, presentando el cartel de la campaña de su partido a favor del Sí. En el cartel pueden verse las caricaturas de sus adversarios políticos a los que amenaza con barrrelos.

Y peligroso: porque me temo que la CUP y su organización juvenil Arran, junto con el resto de partidos (ERC, CDC-PDE-Cat) y asociaciones (ANC, Omnium Cultural y AMI) que patrocinan la secesión de Cataluña están dispuestos a llevar su desafío a la calle. Además de generar inestabilidad política que está ya afectando a la actividad económica y a la recuperación económica, no puede descartarse que se produzcan enfrentamientos con los cuerpos y fuerzas de seguridad que tendrán que defender los derechos constitucionales de todos los españoles, incluidos los catalanes. Naturalmente, esta situación afectará negativamente a la imagen internacional de España.

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Agencia Tributaria de Catalunya: ¿exhibicionismo o amenaza?

Artículo publicado en el diario Expansión el 6 de septiembre de 2017

Junqueras con Gabriel, dirigente de la CUP, eufóricos con la estrellada.

La expansión territorial de la Agencia Tributaria de Catalunya (ATC)  anunciada el 4 de septiembre es la pieza clave que complementa en el plano tributario los preparativos del anunciado referéndum de autodeterminación que el gobierno de la Generalitat planea realizar el 1 de octubre (1-O). Es casi una perogrullada recordar que mientras la Generalitat no controle la totalidad de los ingresos impositivos devengados en Cataluña, la independencia política constituye una quimera imposible de implementar, porque sin las arcas repletas el gobierno de la futurible república no podría pagar las nóminas de los empleados públicos, ni las facturas de los proveedores, ni tampoco abonar las pensione y las prestaciones a los desempleados ni realizar otras transferencias sociales.

Junqueras, Puigdemont y Salvadó, secretario de Hacienda, en la presentación de la Agencia Tributaria Catalana el 5 de septiembre.

En la escenificación de ayer, protagonizada al alimón por el presidente Puigdemont y el vicepresidente Junqueras, conviene distinguir entre la gesticulación política y la realidad fiscal pura y dura.  El gobierno de la Generalitat estaba obligado a realizar antes del 1-O un gesto de esta naturaleza para dar a entender a las huestes secesionistas su firme determinación de seguir adelante hasta el final, y convencer a los posibles votantes de que, con la ampliación de la ATC anunciada, todo está a punto, como rezaba el lema de la Diada de 2016, y la Generalitat puede gestionar la totalidad de los impuestos a partir del 1-O, en caso de que el sí ganara el ilegal referéndum.

En esta ocasión, la realidad no está a la altura de los deseos. Lo que en realidad hicieron Puigdemont y Junqueras fue oficializar la puesta en marcha de 13 nuevas oficinas territoriales que, como puede comprobarse en la página de internet, empezaron a funcionar ese mismo 4 de septiembre. Estas nuevas oficinas, junto con la oficina territorial del Barcelonés Norte, ya existente, la delegación central, las cuatro delegaciones provinciales y las 13 oficinas de que ya recaudan los impuestos municipales completan el organigrama de 32 centros desplegados a lo largo de las cuatro provincias que cuentan con entre 700 y 800 empleados, 200 de ellos provenientes de las oficinas de Registradores.

Diga lo que diga Junqueras, la actual configuración de la ATC no permite gestionar 42.000 millones de recaudación por dos razones elementales: ni puede legalmente hacerlo ni dispone de los medios materiales para ello. Para empezar, la ATC, como otras agencias tributarias, sólo puede recaudar los impuestos cedidos en su totalidad a las CCAA –patrimonio,  transmisiones y actos jurídicos documentados, sucesiones y donaciones, juego y el impuesto especial sobre medios de transporte–, además de los impuestos propios. Está por ver si la ATC, como pretende el gobierno de la Generalitat, recauda los 2.500 millones de impuestos estatales devengados en el sector público catalán. Por último, conviene recordar a los olvidadizos que la ATC tampoco dispondría de las cotizaciones sociales que ingresa la Tesorería General de la Seguridad Social y que, en consecuencia, el gobierno de la Generalitat tampoco podría hacer frente al pago de las pensiones contributivas, las prestaciones por desempleo y otras transferencias sociales gestionadas por la Administración de la Seguridad Social y el SEPE.

Aclaración

Pocas horas después de oficializar la inauguración de las treces nuevas sedes territoriales, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas hacía público un comunicado en el que, tras reconocer la competencia de la ATC sobre los impuestos propios y cedidos, aclaraba “que para el resto de los tributos la normativa establece que los deberes de presentar las declaraciones y de pagar las deudas tributarias sólo se tienen por cumplidos si se realizan en la Administración competente”, de modo que “si se presentan ante otra Administración se tendrán por no presentados y las deudas por no cumplidas”.

La nota del MINHAP dejaba meridianamente claro que ni siquiera los empleados del sector público de la Generalitat podrán presentar sus declaraciones de los impuestos estatales no cedidos en la ATC ni saldar por esta vía sus deudas tributarias con Hacienda. Insistía, además, en que “el Tribunal Constitucional ha anulado todas aquellas previsiones que excedían el marco constitucional y estatutario” con las que el gobierno de la Generalitat pretendía convertir la ATC en la ‘Hacienda propia’ de Cataluña. Por otra parte, Gestha, la asociación de Técnicos del Ministerio de Hacienda, estima que la ATC necesitaría incorporar más de 4.200 empleados  adicionales a su recientemente ampliada plantilla para poder gestionar los impuestos estatales.

Puigdemont en la insólita inauguración de la embajada de la república de PuigCupqueras en Copenaghe el 30 de agosto de 2017 en la más estricta intimidad.

De momento, la realidad contradice las afirmaciones de Puigdemont y Junqueras: la ATC ni está legalmente capacitada para gestionar los impuestos estatales ni puede con sus 700-800 empleados actuales gestionar 42.000 millones. La expansión territorial de la ATC recuerda la políticas de inauguración de ‘embajadas’ del gobierno de la Generalitat en los últimos años, la última de ellas en Copenhague con presencia de Puigdemont y la hermana Guardiola, ex–jugador del CF Barcelona y de la selección española, convertida en ‘secreta ambasciatrice’. ¿Está en condiciones el gobierno de la Generalitat de sustituir al Ministerio de Asuntos Exteriores? No, naturalmente, pero la creación de ‘embajadas’ ayuda a trasladar la sensación de que la futurible república catalana cuenta ya con una eficaz policía, capaz de mantener el orden público y hacer frente al terrorismo, un ‘ministerio de asuntos exteriores’ capaz de promover los intereses de las empresas catalanas, y ahora una agencia tributaria moderna, transparente y eficaz.

Puigdemont, Romeva y Guardiola, la secreta “embasciatrice”.

La tozuda realidad indica que el gobierno de la Generalitat dilapida varias decenas de millones cada año creando entidades superfluas e innecesarias para alimentar el proceso secesionista. Aunque no conviene minimizar la amenaza que supone para la igualdad de los españoles las pretensiones del gobierno de la Generalitat de gestionar 46.000 millones, la noticia quizá más preocupante de las aparecidas sobre la expansión territorial de la ATC sea que su finalidad podría ser la de gestionar una “hipotética mejora del sistema de financiación en el caso de que haya una negociación entre los gobiernos de la Generalitat y del Estado después del 1-O”. Esperemos que después del 1-O, el Estado no cometa el error de ampliar las competencias tributarias de una Administración que ha demostrado durante los últimos años todo menos lealtad al proyecto de Estado social y democrático de Derecho vigente en España desde 1978.

Puigdemont departiendo con dos lideresas de la CUP en el Palau del gobierno de la Generalitat.

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1-O: última parada y principio de trayecto

Artículo publicado en el diario Expansión el 4 de septiembre de 2017

Puigdemont presentando la “ley suprema” en el Teatro Nacional de Cataluña.

Aunque las citas trascendentes para los constitucionalistas en Cataluña volverán a ser este año el 12-O, Fiesta Nacional de España, y el 6-D, conmemoración del XXXIX aniversario de la Constitución Española, como demócratas no podemos ignorar la amenaza que supone el plan del gobierno de la Generalitat y el Parlament de Cataluña de celebrar un referéndum el 1 de octubre. Puigdemont, anunció el 9 de junio la pregunta –“¿Queréis que Cataluña sea un estado independiente en forma de república”?–, y el 4 de julio representantes de la CUP y de la coalición electoral Junts pel Sí (JxS) presentaron la llamada “ley del referéndum de autodeterminación” que fue registrada en el Parlament el 31 de julio. Su Art. 3.2 establece “un régimen jurídico excepcional” que “prevalece jerárquicamente sobre todas aquellas normas con las que pueda entrar en conflicto”, incluidas la Constitución,  el propio Estatut de Cataluña, la Ley Orgánica del Régimen Electoral General y el resto del ordenamiento jurídico español.

Puigdemont y Gabriel celebrando su acuerdo para constituir una república independiente.

Para posibilitar semejante despropósito jurídico, los 72 diputados de ambos grupos aprobaron el 27 de julio una reforma ad hoc del reglamento de la Cámara que el Tribunal Constitucional (TC) anuló al aceptar el recurso presentado por la Abogacía del Estado. Aunque la ‘ley’ –si llega a votarse y aprobarse en el Parlament– correrá igual suerte que la citada reforma del reglamento, no puede descartarse que el gobierno de la Generalitat y el Parlament de Cataluña se declaren en rebeldía, y desobedeciendo al TC realicen un simulacro de referéndum antes de proclamar la “república”. Estamos ante una burda estratagema que pretende aprovechar la ajustada y circunstancial mayoría de que disponen en el Parlament (72/135) para dar apariencia de legalidad a lo que sólo puede calificarse como golpe de estado.

Puigdemont, Junqueras y Forcadell en el momento de anunciar la convocatoria y la pregunta del referéndum el 6 pasado 6 de junio. ¿Serán los próximos inhabilitados?

En cuanto los diputados secesionistas aprueben la ‘ley’, desobedeciendo al TC, y el gobierno de la Generalitat dé pasos para implementarla –creando la ‘sindicatura electoral de Cataluña’, nombrando a los miembros de las mesas electorales, realizando campañas institucionales para promover la participación, adquiriendo urnas, cediendo espacios públicos para albergar las votaciones, etc.–, los cargos electos y empleados públicos que lo hagan incurrirán en delitos de los que tendrán que responder ante los Tribunales. El vicepresidente Junqueras y el consejero Romeva manifestaron su voluntad de responsabilizarse de la adquisición de las urnas, y la alcaldesa Colau su disposición a ceder espacios públicos para albergarlas. Pues bien, convendría advertirles a los tres que, si lo hacen, incurrirán en delitos incluso más graves que los que llevaron a Mas, Homs, Ortega y Rigau al banquillo por organizar el 9-N, y a los diputados Forcadell, Barrufet, Corominas, Nuet y Simó a ser investigados por llevar al pleno del Parlament las “conclusiones finales” de la ‘comisión de estudio del proceso constituyente’.

Respuestas democráticas

Puigdemont comprador de urnas.

Quiero pensar que el referéndum del 1-O no llegará a realizarse. La vicepresidenta Sáenz de Santamaría y el presidente Rajoy así lo han reiterado y confío en que cumplirán su palabra dada. Impedirlo constituiría un éxito que reforzaría el crédito del Gobierno de España pero sobre todo la confianza de los españoles y la comunidad internacional en la solidez de nuestras instituciones democráticas. Los nuevos Tejeros deberían correr la misma suerte que sus antecesores: ser juzgados y condenados con todas las garantías del Estado de derecho. Entendemos, por ello, que el Gobierno debería, además de recurrir al TC, vigilar muy de cerca todos los movimientos de consejeros, interventores, diputados, alcaldes y organizaciones secesionistas para impedir que el referéndum se lleve a cabo.

Sáenz de Santamaría, vicepresidenta del Gobierno de España, ofreciendo a Junqueras, vicepresidente del gobierno de la Generalitat, abrir un diálogo sobre todas las demandas presentadas por Puigdemont, a excepción del referéndum.

Mas, Ortega y Rigau burlándose de los jueces antes del inicio de la vista el 4 de febrero de 2017 en el Museo de Historia.

Aunque es al Estado a quien corresponde adoptar las medidas necesarias para abortar el golpe de estado y juzgar a sus avalistas y ejecutores, las asociaciones constitucionalistas tenemos que estar vigilantes y denunciar a aquellas instituciones y personas que usurpen funciones que corresponden al Gobierno, a la Junta Electoral Central y a las Juntas Electorales Provinciales. En cuanto recibamos nuestra tarjeta censal, indicando la sección y la mesa donde podemos ejercer el voto, debemos denunciar el hecho, pues ningún organismo administrativo, salvo el INE, puede disponer de nuestros datos personales, mucho menos la “sindicatura electoral de Catalunya” constituida al amparo de una “ley” suspendida por el TC. Convendría también personarnos allí donde se instalen urnas para constatar si nuestros datos personales figuran en el ilegal ‘censo’ y presentar la correspondiente denuncia.

Álvarez (UGT Catalunya), Casals (Omnium Cultural) y Gallego (CCOO Catalunya) a favor del derecho a decidir y la consulta.

Resulta asimismo esencial desenmascarar el carácter antidemocrático del referéndum. Hay bastantes ciudadanos en Cataluña (y hasta votantes de Podemos en España) a quienes se les ha convencido con atractivos eslóganes, como “derecho a decidir”, que estamos ante un legítimo ejercicio democrático avalado por el Derecho Internacional. Hay que explicarles que los argumentos de los partidos y asociaciones secesionistas son falaces y convencerlos de que no deben participar en un referéndum que incumple las tres reglas básicas de la democracia: respeto a la Ley; respeto a la división de poderes; y respeto a la división de competencias que configura la estructura territorial del Estado. La “ley del referéndum de autodeterminación”, como la denominada “ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la república” registrada hace unos días en el Parlament, viola los tres. Todo un record premonitorio de la inseguridad jurídica y el carácter totalitario de la monstruosa república de PuigCupqueras.

Puigdemont con los dirigentes de la banda de los 72.

Algunas lecciones

Fernández, diputado de la CUP, colocando el micrófono al corrupto confeso president Pujol.

Algunas enseñanzas útiles podemos extraer al analizar la deriva secesionista en Cataluña. Primera, las transferencias de competencias y las concesiones hechas al corrupto ‘régimen pujolista’ (1980-2003) y a los gobiernos tripartitos encabezados por el PSC (2003-2010) sólo han servido para fortalecer al movimiento nacional-secesionista, ahondando la fractura social en Cataluña y debilitando al Estado de Derecho. Segunda, ningún Estado descentralizado puede sobrevivir a medio plazo si permite que los cargos electos autonómicos y municipales incumplan la Constitución y se dediquen a patrocinar la secesión de una parte del territorio. Tercera, el Estado no puede abdicar de su responsabilidad de garantizar la neutralidad e independencia del sistema educativo y de los medios de comunicación e impedir su utilización torticera con fines de adoctrinamiento. Y cuarta, el Estado tiene que establecer controles más estrictos para asegurarse de que la  Generalitat destina todos los impuestos cedidos y las transferencias recibidas a financiar servicios públicos, y no los desvía a promover actividades y asociaciones cuyo propósito manifiesto es destruir el ordenamiento constitucional.

Omnium Cultural: Somescola frente al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña

Omnium Cultural Somescola frente al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

 

Manifestación contra el atentado terrorista realizado en Barcelona del 17 agosto.

El 1-O pasará pronto a mejor vida pero la semilla de la discordia y el odio que los partidos y asociaciones secesionistas han sembrado y cultivado con ayuda de los presupuestos de la Generalitat perdurará durante décadas. Con ocasión de la manifestación contra el terrorismo celebrada en Barcelona el 26 de agosto, pudimos constatar una vez más la miseria espiritual y las actitudes totalitarias y violentas que animan a las hordas del secesionismo estrellado. Está en riesgo nada menos que el futuro del Estado democrático y social donde cabemos todos los ciudadanos, con independencia de nuestra ideología política y creencias religiosas, y donde todos disfrutamos de las mayores cotas de libertad e igualdad de nuestra historia. No podemos fallar: está en juego el porvenir de nuestros hijos.

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