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De parlamentarios a okupas

Artículo publicado en el diario Expansión el 19 de julio de 2017

Diputados de Junts pel Sí y Cup presentando el borrador de la “ley del referéndum de autodeterminación” en el Parlament.

Tanto el acto que protagonizaron en la mañana del 4 de julio ocho diputados de los grupos parlamentarios CUP y Junts pel Sí (JxS) en el auditorio del Parlament –fuera del hemiciclo donde se debaten y se votan las iniciativas legislativas– para explicar la llamada “ley del referéndum de autodeterminación” a sus propios diputados, como la subsiguiente puesta en escena que realizaron esa misma tarde el presidente y el vicepresidente del gobierno de la Generalitat en el Teatro Nacional de Cataluña para presentar en sociedad el engendro jurídico, permitió constatar su profundo desprecio por los tres principios claves de la democracia representativa: división de poderes, división de competencias e imperio de la Ley. Que luego no se rasguen las vestiduras si algunos acaban, como Mas y Homs, sentados en el banquillo por aprobar un texto que deroga nada menos que la Constitución y desacata las sentencias de los Tribunales. Ningún pretendido “mandato popular” exime a quienes delinquen, gobernantes y diputados autonómicos incluidos, de responder de sus actos en un Estado de Derecho.

Puigdemont, prima dona de la compañía nacional república catalana, ensayando la obra “Butifarréndum o Muerte”en el Teatro Nacional de Cataluña el 4 de julio de 2017.

 “Régimen jurídico excepcional” en Cataluña

En la sesión matutina, cuatro dirigentes de la CUP (Gabriel, Garriga, Salellas y Serra) presentaron junto a cuatro diputados de la coalición JxS (Corominas y Turull por CDC-PDE-Cat y Orobitg y Rovira por ERC) las primicias de la “ley” que pretende establecer un “régimen jurídico excepcional” en Cataluña para cobijar un referéndum inconstitucional y antiestatutario, y, por tanto, palmariamente ilegal. Hay dos circunstancias destacables. Primera: que la coalición antisistema, anticapitalista y manifiesta vocación imperialista, CUP, que sólo obtuvo el 8,2 % de los votos válidos en las elecciones autonómicas del 27 de septiembre de 2015, tuviera los mismos representantes en la mesa presidencial que la coalición JxS, que logró el 39,5% de los votos, demuestra quién maneja en realidad los hilos del gobierno de Puigdemont. Segunda: que sólo un reducidísimo número de diputados y miembros del gobierno, según confesó el cesado consejero Baiget, estén al tanto de lo que se cocina en la canonjía del Palau, confirma la naturaleza totalitaria del proyecto que impulsan los conspiradores.

Salellas, Gabriel, Turull y Rovira en la mesa del Parlament: Dios los cría y ellos se juntan.

No hay duda alguna de que estamos ante un complot urdido por un pequeño grupo de diputados y miembros del gobierno de la Generalitat que, aprovechando su circunstancial mayoría en el Parlament de Cataluña –72 diputados que representan al 47,7% de los votantes y al 36,8% del censo–, insuficiente incluso para reformar el Estatut de Cataluña, pretenden aprobar una “ley suprema” que “prevalece jerárquicamente sobre todas aquellas normas con las que pueda entrar en conflicto”, incluidas la Constitución, el Estatut, la Ley Orgánica del Régimen Electoral General y el resto del ordenamiento jurídico. Con este audaz golpe de mano, los secesionistas pretenden liquidar el Estado democrático social de Derecho en Cataluña,  y suspender los derechos constitucionales de los españoles allí empadronados.

Puigdemont conversando con Juncker y Merkel  en su última visita al Parlament europeo.

A falta de mejores argumentos, la “ley” apela, en primera instancia, al derecho a la autodeterminación de los pueblos reconocido por la Asamblea de la ONU. Como nunca Cataluña ha sido una colonia y los catalanes tienen los mismos derechos que el resto de españoles, recurrir a semejante subterfugio produce hilaridad. En el fondo, a los conspiradores les trae sin cuidado lo que piensen o digan los organismos internacionales –el Consejo de Europa manifestó recientemente que un referéndum sólo puede hacerse respetando la legalidad constitucional– porque su insustancial alegato se dirige a convencer a sus votantes más ingenuos de que una legalidad internacional superior a la española avala su, jurídicamente hablando, monstruosa criatura.

Sede de la Comisión de Venecia.

En segunda instancia, los proponentes de la ley aducen la negativa del Gobierno de España a acordar la celebración del referéndum, una excusa tan cómica y cínica como la anterior. ¿Alguien en su sano juicio puede pretender que un Gobierno democrático incumpla la Constitución que refrendaron el 87,1% de los españoles y el 90,4% de los catalanes? Nuestra Constitución, como el Estatut y el resto de normas vigentes, puede reformarse siguiendo los procedimientos y mayorías previstos en el ordenamiento jurídico, y sólo los enemigos de la democracia y los dictadores solapados se consideran legitimados para saltárselas con subterfugios tan pueriles.

Sáenz de Santamaría, vicepresidenta del Gobierno de España, ofreciendo a Junqueras, vicepresidente del gobierno de la Generalitat, diálogo sobre todas las demandas presentadas, a excepción del referéndum.

 Preparativos del “butifarréndum”

Puigdemont anunciando la pregunta y la fecha del referéndum el 9 de junio de 2017.

Puigdemont, Junqueras y el selecto grupito de diputados que están en el ajo han despejado pocas de las muchas dudas que suscita el referéndum anunciado para el próximo 1 de octubre. A la espera de un futuro “decreto de normas complementarias”, la “ley” establece que podrán participar los ciudadanos que “tienen derecho a voto en las elecciones al Parlament” y que corresponde al gobierno de la  Generalitat elaborar el censo, nombrar el número y límites de las secciones electorales y nombrar a los integrantes de las mesas que se dispondrán en locales municipales “que se utilizan habitualmente como centros de votación”. Las papeletas incluirán la pregunta “¿Queréis que Cataluña sea un estado independiente en forma de república?”, en catalán y castellano. En cuanto al resultado, la “ley” contempla que si el “sí” ganara por un solo voto, aunque sólo votaran Puigdemont y Junqueras, el Parlament proclamará la independencia en el plazo de 48 horas y se iniciará el “proceso constituyente”.

Puigdemont y Gabriel celebrando su acuerdo para constituir una república independiente.

Otegui recibido con todos los honores por Forcadell, presidenta del Parlament.

La “ley” contempla también crear un organismo denominado “sindicatura electoral de Catalunya”, con sede en el Parlament, que sustituiría a la Junta Electoral Central y a las Juntas Electorales Provinciales de Cataluña, los organismos legítimos encargados de velar para que “las decisiones políticas en las que se refleja el derecho de sufragio se realicen en plena libertad”. A este nuevo organismo le correspondería designar las “sindicaturas de demarcación”, validar el censo y las papeletas, proporcionar acreditaciones, supervisar las mesas electorales, etc. Puesto que el gobierno de la Generalitat carece de competencias para elaborar el censo electoral y sustituir a la Junta Electoral Central, el plan esbozado constituye otro despropósito jurídico. En caso de que el gobierno de la Generalitat y los diputados de JxS y CUP en el Parlament sigan adelante con los planes para hacer el referéndum, tendrán que hacer frente a las denuncias que presenten los ciudadanos en cuanto se les comunique su inclusión en un censo ilegal puesto a disposición de un organismo ilegal.

 ¿Diputados u okupas?

Que una decena de diputados con Puigdemont, Junqueras y Gabriel a la cabeza pretendan saltarse la Constitución y el Estatuto de Cataluña y doblegar al resto de instituciones del Estado constituye un auténtico delirio sin parangón en ninguna democracia occidental. El plan de marcado cariz totalitario carece de respaldo alguno en el Derecho Internacional y contraviene nuestro ordenamiento jurídico, incluido el propio Estatut donde se establece que “Cataluña tiene en el Estado español y la UE su espacio político y geográfico de referencia e incorpora los valores, los principios y las obligaciones que se deriven de formar parte de ellos”.

Puigdemont con su gobierno de los peores. Los consejeros Baiget,Jané, Munté y Ruiz han sido cesados por su tibieza.

Confieso tener curiosidad por ver cuántos diputados, además de Puigdemont, Junqueras y los diez “cuperos”, se atreven a aprobar la “ley suprema” y arriesgarse a pasar de diputados autonómicos a okupas del Parlament. El gobierno de la Generalitat ha tenido que cesar a Baiget y a otros tres consejeros tibios, y forzar la dimisión “por razones políticas” de Batlle, director de los Mossos. Sustituidos todos por secesionistas fanáticos, me temo que no serán las últimas víctimas de la nonata república de PuigCupqueras.

Tardà, Llach y líderes de la CUP con su buen amigo Otegui.

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¿Te acuerdas?

Puigdemont, segundo presidente de la Associació de Municipis per l’Independencia, dirigiéndose como presidente del gobierno de la Generalitat a la asamblea de la AMI en 2017.

El 17 de marzo pedí la dimisión del Sr. Puigdemont como presidente del gobierno de la Generalitat y la convocatoria de elecciones autonómicas:

https://clementepolo.wordpress.com/2017/03/17/peticion-de-disolucion-del-parlament-y-convocatoria-de-elecciones-autonomicas-en-cataluna/

Puigdemont en el acto de presentación de la pregunta y fecha del referéndum de autodeterminación 9 de junio de 2017.

Desde entonces, la actuación de este personaje (su alias guerrero en los medios secesionistas es “Peluquín airado”) desde enero de 2016 no ha hecho sino confirmar los peores presagios que auguraba su nombramiento.  Hace unos días Puigdemont cesó a un total de cuatro consejeros de su propio partido que dudaban sobre la conveniencia de llevar hasta el final su plan de realizar un ilegal “referéndum de autodeterminación” el próximo 1 de octubre. Por si alguien tenía alguna duda, la decisión de Puigdemont ha dejado bien claro que el  gobierno de la Generalitat ha dejado de ser un gobierno democrático, esto es, un gobierno respetuoso con la división de poderes y competencias y el imperio de la Ley.

Presentación de la “ley del referendum de autodeterminación” en el Teatro Nacional de Cataluña. Importe de la factura: 17.600 €. Y se extrañan de que se investigue quién la pagó.

Pretende Puigdemont derogar la Constitución y el Estatut aprobando una “ley suprema” con apoyo de 72 diputados autonómicos, número insuficiente incluso para reformar el Estatut de Cataluña. Pues bien, el Artc. 3.2 de la citada ley establece la jerarquía de esta norma sobre cualquier otra con la que pueda entrar en conflcito, incluidas la Constitución, el Estatut de Cataluña, la Ley Orgánica del Régimen Electoral General y el resto del ordenamiento jurídico.

Espero que Puigdemont, Junqueras y todos los demás protagonistas del golpe de mano que están a punto de dar contra el Estado social y democrático de Derecho sean inhabilitados pronto siguiendo los pasos de Mas, Homs, Rigau, Ortega, Forcadell, Borràs, etc.  No es posible que sigan actuando como presidente, vicepresidente y consejeros del gobierno de la Generalitat o como diputados del Parlament de la Comunidad Autónoma de Cataluña ciudadanos que no respetan siquiera las leyes gracias a las cuáles ostentan sus cargos y cobran sus suculentos sueldos.

Puigdemont, prima dona de la Cia Nacional de la república catalana, ensayando la obra “Butifarréndum o Muerte” en el Teatro Nacional de Cataluña el 4 de julio de 2017.

¡Basta ya!

Si estás de acuerdo con estos argumentos, firma esta petición para ponerlos en una urna y exhibirlos en el museo de seudohistoria de Cataluña:

https://www.change.org/p/ciudadanos-espa%C3%B1oles-pedir-la-disoluci%C3%B3n-del-parlament-y-la-convocatoria-de-elecciones-auton%C3%B3micas-en-catalu%C3%B1a

 

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Tres compromisos

Puigdemont, prima dona de la Cia Nacional de la república catalana, en el ensayo general de la obra “Butifarréndum o Muerte”. Teatro Nacional de Cataluña 4 de julo de 2017.

Texto en el que basé mi conferencia en el Centro Cívico Can Cabanyes de Badalona el 13 de julio de 2017.

  • Muchas gracias a todos ustedes por haber venido a escucharnos en esta calurosa tarde de julio. Soy Clemente Polo, profesor de Economía de la UAB, presidente de la asociación Regeneración Democrática y Vicepresidente del MCEC, una asociación con la que colaboro desde 2014.
  • A la vuelta del verano tenemos tres citas importantes con la historia y quiero empezar recordándolas para que las apuntéis en vuestra agenda. Con independencia de lo que ocurra de aquí al 1 de octubre, las asociaciones que defendemos los valores que inspiran la Constitución de 1978, libertad y justicia, igualdad y pluralismo político, vamos a llamar a los ciudadanos que los comparten a manifestar su rechazo al proceso de secesión que impulsan Puigdemont y Junqueras desde el gobierno de la Generalidad con apoyo de dos grupos parlamentarios, Junts pel Sí (JxS=CDC+ERC) y CUP.
  • Manifestacón en Vía Layetana, 6 de diciembre de 2016.

    Empezaré por la cita más lejana, el 6 de diciembre, también la más trascendente desde un punto de vista político; a continuación, me referiré a la más popular de las tres, la Fiesta Nacional del 12-O; y finalmente, dedicaré la mayor parte de mi intervención a hablar sobre la más cercana y excepcional: el 1-O. El orden que he elegido no es casual sino que pretende subrayar que, con independencia de lo que suceda de aquí al 1-O, nosotros vamos a mantener nuestra propia agenda.

 

  • El próximo 6 de diciembre conmemoraremos el refrendo de la Constitución de 1978 por todos los ciudadanos españoles. Las asociaciones constitucionalistas convocaremos de nuevo la manifestación que recorrerá la Vía Layetana desde la Plaza Urquinaona y finalizará en la Plaza de San Jaime, frente al palacio del gobierno de la Generalidad, tal y como hemos venido haciendo desde 2012.
    • En estos días inciertos en que vemos a tantos políticos ansiosos por reformar la Constitución, queremos reafirmar nuestro compromiso con el marco político que refrendaron el 87,9% de los votantes españoles y el 90,5% de los votantes catalanes y ha convertido en realidad el sueño de los españoles de vivir en libertad, concordia y prosperidad durante cuatro décadas. A quienes este logro les parezca pequeño, les recomendaría que echen una ojeada a la historia moderna y contemporánea de España.
    • Sabemos que la Constitución de 1978 es perfectible pero mucho me temo que las reformas que hoy se propugnan, incluso desde partidos pretendidamente de izquierdas, sólo servirán para blindar o reforzar las actuales asimetrías y desigualdades. Precisamente porque estas reformas apuntan hacia regímenes federales asimétricos (o incluso confederales) ponen, en nuestra opinión, en riesgo la igualdad de todos los españoles que proclama la Constitución. ¿Por qué antes de reformar la Constitución no se ocupan algunos partidos de cumplirla y velar para que se cumpla? Pase lo que pase el 1-O, les aseguro que nosotros celebraremos este año el trigésimo noveno aniversario de la Constitución de 1978.

      Plaza de San Jaime, 6 de diciembre.

      12 de octubre 2016 en Plaza de Cataluña.

  • La segunda cita que tenemos que apuntar en nuestra agenda es el 12 de octubre. Algunas asociaciones (Convivencia Cívica, Movimiento Cívico Espanya i Catalans, Regeneración Democrática, Sociedad Civil Catalana, Somatemps y 12-O) hemos mantenido ya reuniones para organizar la manifestación que, como en años anteriores, recorrerá Paseo de Gracia y finalizará en la Plaza de Cataluña, donde tendrá lugar, como el año pasado, dos actos: uno cívico y con marcado carácter político para celebrar la Fiesta Nacional de España; y otro más festivo con el que queremos destacar los lazos fraternales que unen a los españoles con los países hispanoamericanos del otro lado del Atlántico.
    • La celebración se producirá este año sólo once días después del anunciado referéndum de autodeterminación. Convendría, por ello, que hagamos una celebración unitaria (como siempre hemos intentado que lo fuera), sin contraprogramaciones, con presencia de los líderes de los partidos constitucionalistas que quieran sumarse, y con un objetivo claro: congregar una multitud que empequeñezca la Plaza de Cataluña.
    • Pero sabemos que no es fácil movilizar a los ciudadanos cuando, como es nuestro caso, no se dispone de recursos ni se cuenta con el apoyo de los medios de comunicación públicos y subvencionados, algo con lo que sí cuentan las asociaciones secesionistas (AMI y AMC, ANC y Omnium Cultural) para organizar las manifestaciones multitudinarias el 11-S.

      La pancarta con el lema España en el corazón / Espanya al cor.

    • A diferencia de ellos, nosotros hemos organizado el 6-D y el 12-O sin ayuda de partidos políticos y hasta enfrentándonos a los obstáculos que se nos han puesto para tratar de desanimarnos. Tenemos pocos aliados y además bastante tacaños. El año pasado, ningún medio de comunicación “amigo” acudió a la conferencia de prensa que ofrecimos para anunciar el 12-O en el Colegio de Periodistas. Carlos Herrera (COPE), un potencial aliado nuestro, me entrevistó durante 5 minutos dos días antes del 12-O después de emitir algunas cuñas (pagadas) en su cadena. Fuera de los limitados canales de Facebook en los que anunciamos los actos, nuestros blogs y muros personales y cuentas de Twitter, poco más podemos hacer para movilizar a los españoles residentes en Cataluña.
    • Cualquier acto, incluso nuestras austeras celebraciones del 12-O y 6-D, requiere contar con algo de dinero para montar el escenario, contratar la megafonía, abonar los seguros, imprimir la pancarta y algunos carteles, etc. Y nuestras asociaciones son pobres de solemnidad hasta el punto de que el dinero para costearlos ha salido en ocasiones de nuestros bolsillos.
    • Este año queremos esmerarnos para que el 12-O de 2017 sea mejor que el de años pasados. Son muchas las acciones que queremos realizar durante el mes de septiembre y vuestra ayuda resulta imprescindible para llevarlas a cab Os necesitamos para movilizar a las personas que en Badalona piensan como nosotros pero hoy no están aquí, necesitamos vuestra ayuda para estar presentes con carpas en la calle a partir del 1 de septiembre, para organizar actos como éste en otras localidades del cinturón de Barcelona, etc. Tenemos que ponernos manos a la obra y desentumecer a los cientos de miles de catalanes que quieren seguir siendo españoles y europeos y desean que el Barcelona, el Español y el Gerona sigan jugando en la primera división de la Liga Española.
    • Por eso quiero invitaros a todos los que estáis hoy aquí a que no os marchéis a casa sin darnos vuestro nombre, dirección de correo electrónico y teléfono, para ponernos en contacto y haceros copartícipes de la organización de nuestros actos. Tenéis que ser protagonistas. Para ganar esta batalla tenemos que empezar por crear organizaciones locales tan potentes como las que tienen las asociaciones secesionistas y estar presentes en todos los rincones de Cataluña. Sólo así podremos difundir nuestro mensaje a favor de una sociedad abierta, esperanzada y solidaria y contraponerlo al discurso tribal, victimista y egoísta que, con marcado carácter xenófobo y hasta racista, ha calado en amplios sectores de la sociedad catalana.
  • Puigdemont en el momento de anunciar la convocatoria y la pregunta del referéndum el 6 de junio. Munté, Forcadell y Junqueras aplaudiendo.

    Aunque nuestro interés primordial sea organizar y promocionar los actos del 12-O y 6-D, las asociaciones constitucionalistas no podemos ignorar la amenaza que supone la celebración del referéndum el 1 de octubre, nuestra cita excepcional de este año. Como sabéis, Puigdemont anunció el pasado 9 de junio la pregunta que quiere plantearnos a los españoles empadronados en esta Comunidad Autónoma:

 “¿Queréis que Cataluña sea un estado independiente en forma de república”?

  • Hemos sabido hace pocos días que si ganara el “sí”, aunque sólo votaran Puigdemont, Junqueras y Colau y el resultado fuera 2 “síes” y 1 voto en blanco, el Parlament de Cataluña proclamaría la república en un plazo no superior a dos días contados a partir del momento en que se oficialicen los resultados. Quizá pretendan hacerlo el 6 de octubre para emular la “gesta” que protagonizó Companys ese mismo día en 1934, cuando proclamó desde el balcón de la entonces Plaza de la República (ahora Plaza de San Jaime) el Estado Catalán de la inexistente República Federal española. Horas después fue detenido, juzgado y encarcelado por sublevarse contra el gobierno legítimo de la II República.

    Placa que retiró el alcalde Trias (CDC) de la actual Plaza de San Jaime. Así se llamó desde 1843 hasta 1931 en que pasó a llamarse Plaza de la República.

  • Como sabéis 8 diputados del Parlament de Cataluña, 4 de la coalición CUP (Gabriel, Garriga, Salellas y Serra) y 4 de la coalición JxS (Corominas, Turull, Orobitg y Rovira), presentaron el pasado 4 de julio la llamada “ley del referéndum de autodeterminación” en un patio del Parlament de Cataluña. Puigdemont, alias “Peluquín Airado”, y Junqueras, alias “Ojo Extraviado”, se encargaron de presentar el engendro jurídico en sociedad esa misma tarde en el Teatro Nacional de Cataluña.
  • Por cierto, que hoy mismo la Guardia Civil se ha personado en el Teatro Nacional de Cataluña, en calidad de policía judicial, para averiguar quién abonó los 17.600€ a que ascendió el alquiler del local donde Puigdemont y Junqueras presentaron la “ley del referéndum de autodeterminación” el pasado 4 d julio. Al parecer la pagó el grupo parlamentario de JxS con el dinero de todos los ciudadanos. Esperemos que se decanten las responsabilidades de los presuntos malversadores de caudales públicos.
  • De momento, se trata del borrador oficioso de un proyecto de ley cuyos

    Presentación de la “ley del referendumde autodeterminación” en el Teatro Nacional de Cataluña. Importe de la factura: 17.600 €. Y se extrañan de que se investigue quién la pagó.

    promotores no se han atrevido a registrarlo y tramitarlo en el Parlament, ni a debatirlo y votarlo en el hemiciclo. Cuenta con el apoyo entusiasta de los 10 diputados de la CUP y con el apoyo de Puigdemont y Junqueras y buena parte del rebaño de 60 diputados que pastorean los dirigentes de CDC y ERC. Se oponen al proyecto los 25 diputados de Ciudadanos, los 16 del PSC y los 11 del PP. Por su parte, los 11 diputados de Colau (CatSíqueesPot) lo apoyan con reservas: quieren a toda costa evitar aparecer en la foto junto a quienes se oponen al referéndum, para robarle votos al PSC, si bien su deseo oculto es que Puigdemont naufrague y convoque elecciones anticipadas. Esta es la situación política en el Parlament de Cataluña.

  • Diputados de Junts pel Sí y Cup presentando el borrador de la “ley suprema”.

    ¿Qué podemos decir sobre esta pretendida “ley suprema” elaborada en secreto por una decena de diputados? El objetivo principal de la ley es proporcionar cobertura legal a un ilegal referéndum de autodeterminación y a todas las personas e instituciones que participen en su organización. Para ello, el Art. 3.2 establece “un régimen jurídico excepcional” que “prevalece jerárquicamente sobre todas aquellas normas con las que pueda entrar en conflicto”, como la Constitución y el Estatut, la Ley Orgánica del Régimen Electoral General y el resto del ordenamiento jurídico español.

  • Está claro que el gobierno de Puigdemont y Junqueras pretende aprovechar la circunstancial mayoría que tiene en el Parlament de Cataluña para tramitar y aprobar la “ley” por sorpresa este verano, con el aval de 72 diputados autonómicos que obtuvieron el 47,7% de los votos válidos y 36,8% del censo en las elecciones del 27-S, un número insuficiente incluso para reformar el Estatut de Cataluña. Se trata de una “ley” manifiestamente inconstitucional que ignora la división de poderes, invade las competencias de otras instancias del Estado y se sitúa por encima de la Constitución y el propio Estatut de Cataluña.
  • Puigdemont presentando la “ley suprema” en el Teatro Nacional de Cataluña.

    Con este audaz golpe de mano Puigdemont y Junqueras pretenden liquidar el Estado democrático social de Derecho y suspender los derechos constitucionales de los españoles empadronados en Cataluña. Constituye un despropósito jurídico sin parangón en ningún Estado democrático que intenta finiquitar en 48 horas con la democracia en Cataluña y dejarnos a los catalanes en una situación de indefensión ante la acumulación en manos de los 72 diputados secesionistas del poder ejecutivo, legislativo y judicial. La situación recuerda aquella famosa consigna que hizo celebre la revolución bolchevique: “Todo el poder para los soviets”.

  • El Parlament tras aprobar la resolución de inicio del proceso constituyente.

    ¿Cómo debemos responder los demócratas al órdago del gobierno de la Generalitat y del Parlament de Cataluña? Voy a suponer (aunque no está claro que vayan o puedan hacerlo) que el gobierno de la Generalidad y la banda de los 72 presentan y aprueban en 24 horas la llamada “ley del referéndum de autodeterminación” durante el mes de agosto. A continuación voy a sugerir algunas pautas para afrontar los acontecimientos que pueden presentarse hasta el 1-O:

  • Primero: en cuanto la “ley del referéndum” sea aprobada en el Parlament este verano, la Abogacía del Estado interpondrá en nombre del Gobierno de España el correspondiente recurso ante el Tribunal Constitucional (TC). Tal y como ha ocurrido con otras resoluciones del Parlament –inicio del proceso constituyente, conclusiones finales de la comisión de estudio de proceso constituyente, etc.- el recurso será admitido a trámite por el TC y la “ley” quedará inmediatamente suspendida: no existirá ninguna “ley suprema” que ampare las conductas delictivas.
  • Sede del Tribunal Constitucional.

    A partir de ese momento, todos los miembros del gobierno de la Generalitat y los diputados del Parlament que la hayan aprobado, así como aquellos que pretendan implementarla, habrán incurrido o incurrirán en delitos por los que tendrán que responder ante los Tribunales, como ha ocurrido en los casos del presidente Mas, los consejeros Homs, Ortega y Rigau, los diputados Forcadell, Nuet, Corominas y Simó y la consejera Borràs.Esperamos que a todos los que decidan seguir adelante y organizar el referéndum se les imputen, además de los delitos de desobediencia grave, usurpación de funciones y prevaricación, el delito de malversación de caudales públicos. En situación similar se hallarán también los funcionarios del gobierno de la Generalitat que elaboren el censo y los miembros de la “sindicatura electoral de Cataluña” que usurpen las funciones de la Junta Electoral Central y de las Juntas Electorales Provinciales de Cataluña, los organismos facultados por Ley Orgánica del Régimen Electoral General para garantizar la libre participación y la limpieza de los procesos electorales. Tampoco escaparán de la Justicia los cargos electos de los Ayuntamientos que pongan a disposición del gobierno de la Generalitat centros públicos para realizar el referéndum.

    Artur Mas junto a las exconselleras Joana Ortega e Irene Rigau en el banquillo.

  • Segundo: aunque es al Estado a quien corresponde enfrentarse al gobierno de la Generalitat y detener en seco la “ley del referéndum“, las asociaciones cívicas tenemos que estar junto al Gobierno, el TC y Las Cortes en este trance, y respaldar todas las medidas y autos que adopten para impedir la celebración del referéndum.
  • Tercero: las asociaciones cívicas tenemos además que estar preparadas para acosar con denuncias al gobierno de la Generalitat. La “ley del referéndum” deja en manos de la administración electoral del gobierno de la Generalitat, bajo supervisión de la “sindicatura electoral de Catalunya”, la elaboración del censo electoral y la designación de los presidentes y vocales de las mesas electorales. Se sigue de lo anterior que estos dos organismos tendrán que enviarnos nuestra tarjeta censal, e indicarnos, la sección y la mesa donde podemos votar, e incluso comunicarnos, en su caso, que hemos sido nombrados presidentes o vocales de mesa.
  • Puesto que el gobierno de la Generalitat carece de competencias para elaborar el censo electoral, una tarea que la Junta Electoral Central encomienda al Instituto Nacional de Estadística, los ciudadanos podremos presentar una denuncia en cuanto se nos comunique que nuestros datos personales figuran en un “censo” ilegal elaborado por el gobierno de la Generalitat. Ningún organismo administrativo puede obtener o disponer de nuestros datos personales, mucho menos la “sindicatura electoral de Catalunya” constituida al amparo de una “ley” suspendida por el TC. Tenemos que empapelar con denuncias el edificio del gobierno de la Generalitat en la Plaza de San Jaime el 6-D.
  • Así entienden la democracaia las diputados de la CUP rompiendo fotos del Rey en el Parlament de Cataluña.

    Cuarto: convendría pone en marcha campañas para denunciar el carácter antidemocrático del referéndum. Hay bastantes ciudadanos a los que se les ha convencido con atractivos eslóganes, como “derecho a decidir”, que estamos ante un legítimo ejercicio democrático avalado por el Derecho Internacional, la Constitución y hasta el Estatut. Hay que convencerlos de que los argumentos de los partidos y asociaciones secesionistas son falsos y que no deben participar en un referéndum que se salta las tres reglas básicas de la democracia: división de poderes, división de competencias e imperio de la Ley. La “ley del referéndum de autodeterminación” viola los tres. Todo un record.

  • Quinto: No estoy seguro que el referéndum llegue a realizarse el 1-O, como dan por hecho incluso personas tan poco sospechosas de connivencia con el secesionismo como (Arcadi) Espada. Sáenz de Santamaría y el propio Rajoy han reiterado que el referéndum no se hará y confío en que así sea. Sería un éxito importante del Gobierno de España, tanto a nivel nacional como internacional, impedirlo. Para ello, el Gobierno ,además de recurrir al TC la “ley del referéndum”, debería permanecer invigilando y seguir muy de cerca todos los movimientos de consejeros y diputados para impedir que compren las urnas, que editen las papeletas, que hagan campañas institucionales en favor de la participación, que cedan espacios públicos, etc. Junqueras, vicepresidente del gobierno de la Generalitat, y Romeva, consejero de asuntos exteriores y relaciones institucionales, han manifestado su dispoción a responsabilizarse de la adquisición de las urnas; y Colau, la alcaldesa de Barcelona, ha indicado que el Ayuntamiento de Barcelona colaborará para que el 1-O sea un éxito. Pues bien, convendría que advertirles a los tres que si hacen lo que anuncian incurrirán en varios delitos.

    Mas burlánose del gobierno español y del Tribunal Constitucional el 9 de noviembre de 2014 ante la embelesada mirada de su esposa.

  • Sexto: ¿qué debemos hacer los ciudadanos el día 1? No hace falta deciros que no hay que ir a votar. En el hipotético caso de que llegaran a abrirse algunos centros de votación en nuestra ciudad, aconsejo acercarnos al centro que se nos haya asignado en la tarjeta censal para constatar si nuestro nombre figura en el censo. En ese caso, podemos dirigirnos a la comisaría más próxima y denunciar al presidente de la mesa.
  • Concentración de alcaldes de la AMI ante el Parlament de Cataluña para respaldar a los encausados.

    Séptimo: si el referéndum no se celebra, como esperamos y seria deseable, no puede descartarse que Puigdemont se encierre junto con los dirigentes de la CUP y los líderes de las asociaciones secesionistas en el Parlament de Cataluña para escenificar su protesta por la falta de democracia. Podrían incluso convocar a las huestes juveniles de los partidos  (JERC, Arran, etc.) a rodear el edificio en la Ciudadela para defender a sus corajudos líderes. No creo que aguanten mucho tiempo y la estrategia más inteligente, si llegamos a esta situación, tal vez sea dejarles que se conviertan en okupas del Parlament (sin sueldo) durante unos días para que se despedacen entre ellos.

Los diputados de C’s y PP abandonan el pleno del pleno del Parlament antes de votarse las conclusiones de la Comisión para el inicio de el 27 de julio de 2016.

Amigos, el día 1 pasará a mejor vida pero lo que no pasará es el odio y la ponzoña que han sembrado en contra del esperanzador proyecto de una España democrática en la que, por fin, cabemos todos los ciudadanos y todos, con independencia de nuestras creencias religiosas e ideología política, somos libres e iguales ante la ley. Para superar  esta gravísima situación, necesitamos contar con un gobierno al frente de la Generalidad que devuelva a la educación y los medios de comunicación la independencia que nunca debieron perder y utilice el dinero de todos para proporcionar mejores servicios. Antes de que proclamen su república monstruosa, tenemos que desalojarlos de la antigua plaza de la Republica.

Muchas gracias por su atención.

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El 12-O… EnMarcha

El 28 de junio de 2017, los representantes de las asociaciones que han organizado la celebración de la Fiesta Nacional de España en la Plaza de Cataluña de Barcelona desde 2012 nos reunimos, por segunda vez, para reafirmar nuestro compromiso de realizar un acto unitario el próximo 12 de octubre de 2017. La celebración incluirá, como en otros años, una manifestación que recorrerá el Paseo de Gracia y finalizará en Plaza de Cataluña, donde se desarrollará un acto de reafirmación política seguido por el desfile de comparsas hispanoamericanas que simbolizan los fraternales lazos que unen a los pueblos de las dos márgenes del Atlántico.

 

 

Puigdemont anunciando la pregunta y la pregunta del referéndum el 6 de junio en la sede del gobierno la Generalitat. Munté, Forcadell y Junqueras aplaudiendo.

Ni el anuncio hecho por Puigdemont de  la celebración de un referéndum el próximo 1 de octubre, ni la intención de aprobar con nocturnidad y alevosía las leyes de “desconexión” en el Parlament en los próximos meses, ni la amenaza del “hombre de la estaca” (Lluis Llach, antaño cantautor, hoy “bien pagao” inquisidor)  de que la Generalitat sancionará a los funcionarios díscolos que incumplan la llamada “ley de transitoriedad jurídica” podrán impedir que salgamos a la calle a festejar casi  cuatro décadas de libertad, concordia y prosperidad.

Puigdemont reunido con Gabriel y Boya, dos dirigentes del partido anticapitalista y antisistema CUP-CC en el palacio del gobierno de la Generalitat.

 

Llach, antaño cantautor y hoy ‘bien pagao’ inquisidor, presidiendo junto a Serra (CUP-CC) la comisión de estudio del proceso constituyente.

De momento, queremos enviar un mensaje claro y nítido a quienes no respetan el derecho constitucional a la libertad de expresión ni la cooficialidad de la lengua mayoritaria de los catalanes; a quienes dedican todas sus energías a emponzoñar con falsedades y medias verdades la historia compartida y a desfigurar la realidad social hasta límites grotescos; a quienes amenazan con saltarse las leyes democráticamente aprobadas y se jactan de desacatar las sentencias de los Tribunales: sepan que no les vamos a dar tregua y que por mucho que nos opriman y amenacen no nos moverán. El 12-O, todos a Paseo de Gracia y Plaza de Cataluña.

12-O, 2016. Cabecera de la manifestación.

Clemente Polo durante su intervención en la Plaza de Cataluña el 12 de octubre de 2016.

 

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Ya no cuela

Artículo publicado en el diario Expansión el 21 de junio de 2017

Puigdemont, primer presidente de la Associació de Municipis per l’Independencia, dirigiéndose como presidente del gobierno de la Generalitat a la asamblea de la AMI en 2017.

Hace poco, un familiar me confesó que cuando escribo sobre la situación en Cataluña le cuesta ponerse en mi lugar. Algunos amigos y colegas que viven en otras Comunidades me han manifestado también su creciente hartazgo . “¡Que se vayan de una vez!”, me soltó un taxista sin reparar en las nefastas consecuencias que tendría para quienes vivimos en Cataluña y para el resto de españoles. Reconozco que relatar las últimas ocurrencias (casi siempre desatinadas) con que nos obsequia Puigdemont (antes las que hacía Mas, su mentor), bajo la atenta vigilancia de Hagrid –el guardabosques encargado de cuidar a las “criaturas mágicas”– puede resultar cansino. Sin embargo, las últimas performances de la compañía PuigCupQueras (con Guardiola como artista invitado) me obligan a volver sobre este enojoso asunto.

Guardiola, hijo de la Masía y jugador de la selección española, artista invitado en la última obra de la compañía PuigCupQueras.

 

Democracia devaluada

Puigdemont y Gabriel celebrando su acuerdo para constituir una república independiente.

Desde el 27 de septiembre de 2015, el gobierno de la Generalitat gobierna exclusivamente para aquellos catalanes que votaron a la coalición electoral Junts pel Sí, integrada por CDC y ERC, y al conglomerado pancatalanista y anticapitalista CUP-CC. Entre los tres partidos, obtuvieron el 47,7 % de los votos válidos (36,8 % del censo) y 72 diputados de los 135 que componen el Parlament. A partir de la constitución de la cámara, los dos grupos parlamentarios han aprobado varias resoluciones para iniciar y desarrollar un proceso constituyente que el Tribunal Constitucional ha anulado por su pregonada inconstitucionalidad. Forcadell, presidenta del Parlament, y otros tres diputados miembros de la Mesa están siendo investigados por desacatar estas sentencias.

Forcadell arropada por Hagrid y Puigdemont y el Orfeó Secesionista, ante la sede del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

 

Junqueras, Puigdemont y Romeva en el Parlament de Cataluña.

Lo más llamativo del llamado ‘proceso secesionista’ es la perversa concepción de  la democracia que lo alimenta. Sus líderes sostienen seriamente que España es una democracia de baja calidad, porque ni el Gobierno, ni Las Cortes ni el Tribunal Constitucional les autorizan a realizar un referéndum para preguntar a los catalanes si “quieren que Cataluña sea un estado independiente en forma de república”. En su delirio, las resoluciones y normas que aprueban ellos con ajustadas mayorías (72 diputados o menos) en el Parlament son democracia de 24 quilates, mientras que las resoluciones y normas aprobadas en el Congreso, sede de la soberanía popular, por mayorías holgadas son consideradas opresivas.

Congreso histórica sesión plenaria del 8 de abril 2014 en la que se rechazó la pretensión de los partidos catalanes de que se transfiriese al gobierno catalán la potestad de celebrar referéndums de autodeterminación.

Puigdemont y Gabriel celebrando un acuerdo para iniciar la puesta en marcha de la república independiente.

Puigdemont, Junqueras y Gabriel son, a pesar de sus poses, alérgicos a la democracia. Afirman ser demócratas pero su comportamiento lo desmiente. ¿Por qué si no han rechazado el ofrecimiento del Gobierno (acordado con PSOE y Ciudadanos) de acudir al Congreso a defender su proyecto y se han apresurado a fijar el referéndum el 1 de octubre? Porque sólo aceptan las reglas del juego democrático cuando tienen la mayoría asegurada, por exigua que ésta sea. Pero tan preocupante o más que esta aviesa concepción de la democracia, es la naturaleza de “su” futurible república, donde la libertad y la división de poderes brillan por su ausencia. El “hombre de la estaca” (Llach, antaño cantautor y hoy “bien pagao” inquisidor) advierte a los funcionarios que tendrán que pensárselo muy bien, que sufrirán… porque la Generalitat sancionará a quienes incumplan la “ley de transitoriedad jurídica”, una norma del Parlament que pretende derogar en 24 horas la Constitución. Por su parte, Vidal, ex-juez y ex-senador de ERC, desveló imprudentemente que de los 801 jueces que ejercen en Cataluña sólo quedarán con quienes “comparten nuestros sueños e ideales”.

Lluis Llach, antaño cantautor, hoy ‘bien pagao’ inquisidor.

 

Foto de familia del ‘pacto nacional por el derecho a decidir’. Enmarcado en un círculo aparece el rostro de Carles Sastre, terrorista convicto de Terra Lliure condenado por el asesinato del empresario José María Bultó Marqués, junto al ex-juez y ex-senador Vidal.

Gobierno firme

Afortunadamente para los demócratas que vivimos y trabajamos en Cataluña, la Vicepresidenta Sáenz de Santamaría ha comprendido, tras varias visitas al Principado, lo bochornoso que resulta que no se deje “hablar a la gente que piensa otra cosa” y “cómo se les ningunea en todo tipo de instituciones”. Celebramos, asimismo, que haya constatado de primera mano la imposibilidad de iniciar un diálogo con el gobierno de la Generalitat para alcanzar acuerdos dentro del marco constitucional. Algunos barruntábamos que su intento estaba condenado al fracaso desde el principio, porque la débil argamasa que mantiene unidos a los tres partidos secesionistas es precisamente la promesa de proclamar la república y garantizar impunidad a quienes han vulnerado (o van a vulnerar) el ordenamiento jurídico.

Sáenz de Santamaría visitando la exposición en homenaje a las víctimas de Hipercor en Barcelona.

En la moción de censura que presentó Podemos, el presidente Rajoy reiteró que no permitirá, mientras gobierne, que un subconjunto de ciudadanos (los empadronados en Cataluña) decida sobre cuestiones (autodeterminación de Cataluña) que afectan a todos. Ahora bien, aunque el gobierno de Rajoy tiene mayoría absoluta en el Senado sólo cuenta con 137 diputados en el Congreso, un número muy alejado de la mayoría absoluta. Pero es que incluso si el PP tuviera 176 diputados, resulta indispensable contar con el respaldo de otros grupos parlamentarios para afrontar el órdago del gobierno de la Generalitat, y todo lo que puede acontecer antes y después del 1 de octubre.

Rajoy interviniendo en la moción de censura que presentó Podemos en el Congreso el 13 de junio de 2017.

Soledad del Gobierno

Iglesias abraza a Montero al término de su intervención en la moción de censura.

La moción de censura que protagonizó el tándem Iglesias-Montero permitió aclarar la posición de Podemos: apoyo sin reservas a sus fraternales compañeros catalanes –peculiar hermandad  “republicana” que excluye compartir territorio y renta– para que decidan su futuro. El diputado Tárdà (ERC) correspondió apoyando la moción. En su intervención, confirmó que el referéndum se celebrará el 1 de octubre e insinuó que su resultado podría ser la antesala de la proclamación de la tercera república en España. Olvidó el devoto enterrador de la Monarquía añadir un pequeño detalle: en esa tercera república ya no estará Cataluña.

Iglesias abraza a Tardà tras la intervención del diputado de ERC.

Sánchez puño en alto entonando “La internacional” el 24 de mayo de 2017.

En cuanto al PSOE, la victoria del Sánchez que hemos visto en las primarias, puño en alto entonando “La internacional”, apunta a un Sánchez bien distinto al que presentó su candidatura a presidente de Gobierno –con una gigantesca bandera constitucional como telón de fondo–, en junio de 2015. Aunque su adversario directo sigue siendo Iglesias, no hay que descartar que el PSOE, mediatizado por el PSC, mantenga una calculada ambigüedad sobre Cataluña. En respuesta al anuncio de la fecha del referéndum, Ábalos, portavoz de Sánchez en el Congreso, se limitó a expresar “no estamos de acuerdo, no aceptamos el desafío”, al tiempo que reiteraba la necesidad de encontrar un espacio para la política “entre unos que insisten en cumplir la ley y otros que insisten en no cumplirla”. Ya en la moción de censura, Ábalos manifestó a Iglesias la disposición del PSOE a formar mayorías alternativas.

Sánchez con Iceta en la sede del PSC sin la bandera constitucional.

Sánchez con la bandera constitucional en el acto de presentación de su candidatura a la presidencia del Gobierno en junio de 2015.

Esta suerte de equidistancia constituye la mayor amenaza que planea sobre el futuro de nuestra democracia. ¿Acaso incumplir la ley y cumplirla son dos opciones equiparables? Del dicho al hecho hay un trecho, pero resulta bastante preocupante que la nueva dirección partido que gobernó España durante veintiún años y aspira a volver a La Moncloa, considere siquiera “construir una alternativa” con quienes prometieron “liquidar el régimen de 1978” y ahora pretenden iniciar un histórico “proceso constituyente sin el PP”. De momento, el Gobierno sólo cuenta con Ciudadanos –toco madera– para defender dos principios democráticos esenciales de nuestra Constitución: primero, todos los españoles somos libres e iguales; y, segundo, los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos al ordenamiento jurídico. La asunción del concepto de estado plurinacional en el XXXIX Congreso Federal, considerada un error histórico por Susana Díaz, apunta a que el partido de Sánchez-Iceta-Armengol no está dispuesto a respaldarlos.

39º Congreso del PSOE. la delegación andaluza liderada por Díaz abandona la sala antes de votarse la ponencia política el 18 de junio de 2017.

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Espanya i Catalans ante el referéndum de autodeterminación

Puigdemont y Junqueras tras anunciar la convocatoria del referéndum de autodeterminación a celebrar el 1 de octubre de 2017.

El vicepresidente Junqueras y el  presidente Puigdemont han comparecido hoy ante los medios de comunicación para anunciar su intención de celebrar un referéndum de autodeterminación en la Comunidad Autónoma de Cataluña el próximo 1 de octubre. “¿Quiere que Cataluña sea un estado independiente en forma de república?” es la pregunta que el consejo del gobierno de la Generalitat ha acordado, en una reunión extraordinaria, plantear a los ciudadanos catalanes.

 

 

Mas y Homs con el resto de la comparsa ante la falla del 3%.

Acorralados por la corrupción y el desgobierno, Puigdemont y Junqueras han decidido saltarse a la torera la legalidad vigente y desacatar las sentencias de los Tribunales contrarias a sus intereses partidistas. En la presente situación, resulta oportuno recordar el Art. 9 de nuestra Constitución que declara solemnemente que “los ciudadanos y poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico”.  Pues bien, uno de esos poderes públicos son las instituciones de la Generalitat de Catalunya.

Logo de la asociación Regeneración Democrática.

 

El movimiento cívico Espanya i Catalans (EiC) quiere manifestar su repulsa ante una decisión deliberadamente anticonstitucional que pone en riesgo la libertad, la concordia y la prosperidad que disfrutamos todos los ciudadanos españoles desde 1978, así como el normal funcionamiento de las instituciones de autogobierno de Cataluña. Por ello, nuestra asociación solicita al gobierno de España, a Las Cortes y a los Tribunales que adopten todas las iniciativas necesarias para asegurar el mantenimiento del orden constitucional, al tiempo que anuncia que volveremos a celebrar la Fiesta Nacional de España en la Plaza de Cataluña de Barcelona el próximo 12 de octubre. No nos amedrentarán con sus amenazas.

Fiesta Nacional de España, 12 de octubre de 2016 en Barcelona.

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Puigdemont: un presidente sectario y antidemocrático

Puigdemont con su gobierno de los peores.

No creo equivocarme al afirmar que Puigdemont nunca ha sido el presidente de los catalanes, aunque haya presidido el gobierno de la Generalitat de Cataluña desde el 10 de enero de 2016.  Ni tampoco creo errar si les digo que el hasta entonces alcalde de Gerona y presidente de la Associació de Municipis per l’Independencia (AMI) tampoco lo ha intentado. Serlo estaba fuera de sus coordenadas sentimentales y políticas. Apareció inesperadamente en el último minuto, cuando ya expiraba el plazo de dos meses tras la investidura fallida de Mas el 10 de noviembre de 2015, y Mas lo designó para sustituirle sin tiempo de comprarse un traje nuevo y pasar por la peluquería para arreglarse el flequillo.

Mas, con la sonrisa algo forzada, da una palmadita a Puigdemont tras decidir que le sustituiría al frente del gobierno de la Generalitat.

 

Puigdemont en el debate de investidura el 10 de enero de 2016.

Aunque su discurso de investidura no pasará a los anales de la retórica parlamentaria, su Plan de Gobierno dejó meridianamente claro que pretendía “comenzar a caminar a la luz de lo que ya aprobamos en la declaración del 9 de noviembre: iniciar el proceso para constituir un estado independiente en Cataluña”. Más adelante, concretó su compromiso estableciendo como primera prioridad del gobierno “la elaboración y el compromiso de elaboración de los marcos legales relativos al proceso constituyente. Ésta es la faena con mayúscula. Tenemos la obligación de dar cumplimiento al mandato parlamentario, porque está aprobado, y porque es la voluntad de este Parlamento y porque es la voluntad de la ciudadanía, y no podemos mirar hacia otro lado”. Puigdemont finalizó su arenga reafirmando su compromiso con “la declaración del Parlamento de Cataluña, del 9 de noviembre, abría el proceso constituyente y ahora ya no podemos dejar de recorrerlo, porque espero que al final de esta sesión tengamos ya los instrumentos para poderlo poner en práctica”, y concluyó manifestando que se dejaría la piel “para culminar el proceso iniciado hace unos años con grandes movilizaciones… Seguramente es el tramo más complejo e incierto de todos los que hemos recorrido, con éxito hasta hoy. Éste también lo culminaremos con éxito”.

Puigdemont con Juncker, Merkel y Hollande en su última visita al Parlament europeo.

La diputada Gabriel durante su intervención en la sesión de investidura de Puigdemont el 10 de enero de 2016.

Me he detenido en las citas anteriores porque revelan las intenciones del hombre que Mas eligió para sustituirle y la CUP-CC aceptó investirlo presidente del gobierno de la Generalitat. Puigdemont nunca tuvo intención de gobernar para los 7,5 millones de españoles que residimos en Cataluña sino de hacerlo exclusivamente para aquellos catalanes que respaldaron a las dos coaliciones electorales, Junts pel Sí (JxS) y CUP-CC, que concurrieron con un programa declaradamente independentista a las elecciones autonómicas del 27 de septiembre de 2015. Los resultados que obtuvieron ambas formaciones el 27-S, JxS 1.620.973 votos y 62 diputados y CUP-CC 336.375 votos y 10 diputados, suponen el 47,74% de los votos no nulos contabilizados y el 36,83% del censo electoral, cifras similares a las de quienes votaron a favor de crear un estado independiente en la consulta que Mas y Homs y las asociaciones independentistas ANC, Omnium Cultural y AMI organizaron el 9 de noviembre de 2014.

Puigdemont con Sánchez, presidente de la ANC, y Cuixart, presidente de OC, preparando del 11 de septiembre, a modo de prólogo de su golpe de Estado.

Los candidatos de Junts pel Sí.

Los resultados electorales del 27-S invalidan el mantra tantas veces repetido por Puigdemont y el resto de líderes secesionistas de que les avala el  ‘pueblo’ de Cataluña. Con lo que sí cuentan es con una ajustada mayoría (72 diputados de 135) en el Parlament que les permite aprobar resoluciones como la I/XI de inicio del proceso constituyente, o cambiar el reglamento de la Cámara para aprobar las llamadas leyes de desconexión sin conceder a los 63 diputados de la oposición, representantes del 52,26% de los votantes, la posibilidad de conocerlas, discutirlas y enmendarlas. Así es como entienden Puigdemont y Junqueras la ‘democracia’ republicana. Pese al tiempo que nos hacen perder ocupándonos de sus continuos cambios en la ‘hoja de ruta’ y sus últimas ocurrencias, los demócratas tenemos que estar agradecidos a Puigdemont y Junqueras porque estos meses al frente del gobierno de Cataluña nos han permitido hacernos una idea cabal de su sectarismo ideológico, su interpretación tramposa de la democracia y la inseguridad jurídica y política que conlleva el proceso secesionista.

Puigdemont acompañando a Mas, Ortega y Rigau al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

Puigdemont y Gabriel celebrando alguno de sus pactos golpistas.

 

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