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En manos de ‘arranitas’ y ‘cuperas’

Artículo publicado en el diario Expansión el 15 de septiembre de 2017

Noche de las antorchas y buen rollito: CUP, Arran, Endavant, el Sindicat d’estudiants del ‘països catalans’, y otras ‘famiglias’ antisistema quemando ejemplares de la Constitución e imágenes del Rey a las puertas del Born el 16 de septiembre de 2016.

Los ciudadanos hemos asistido perplejos este verano a los actos vandálicos y autopropagandísticos que perpetraron y reivindicaron las hordas de Arran, la organización juvenil de la Coordinadora d’Unitat Popular (CUP), contra intereses turísticos en Barcelona y Mallorca, sin que el gobierno de la Generalitat en Cataluña ni el Balear hayan interpusieran denuncias contra la organización donde militan las autoras de los hechos, calificados benévolamente por la CUP como ‘actos simbólicos’ contra un modelo de turismo al que culpan de la destrucción del territorio y la precarización del empleo.

Reacción de la CUP al atentado yihadista  en Barcelona: “las guerras vuestras, los muertos nuestros”. Todo un ejemplo de de empatía y solidaridad internacionalista.

La tibia reacción del  gobierno Puigdemont-Junqueras en Cataluña, el único territorio donde la CUP cuenta con cierta implantación, tiene una explicación muy sencilla: los 10 diputados antisistema resultaban imprescindibles para aprobar la “ley del referéndum de autodeterminación” y la denominadaley de transitoriedad jurídica y fundacional de la república”, registradas en el Parlament el 31 de julio y 27 de agosto, respectivamente.

Votando la ley del referéndum de autodeterminación con el Parlament semivacío.

Ambas leyes fueron aprobadas co los votos de los 71 diputados secesionistas, tras forzar su inclusión en el orden del día del pleno celebrado los días 6-7 de septiembre, pese a no contar con los preceptivos informes jurídicos solicitados por los diputados de la oposición que abandonaron el hemiciclo antes de la votación. Estas dos ‘leyes’, anuladas ya por el Tribunal Constitucional, pretenden suspender la Constitución, el Estatut y el resto del ordenamiento jurídico e instaurar un estado de “excepción en Cataluña” para realizar el anunciado referéndum de autodeterminación el 1-O e iniciar inmediatamente el proceso constituyente de la república con todos los poderes detentados por los dirigentes de ERC-CUP y la cabellera de Puigdemont flotando entre los restos del naufragio de Convergencia.

Violencia totalitaria

Miembros de Arran y Cup quemando las banderas de España, Francia y la UE el 11 de septiembre de 2017. y Junqueras va diciendo a los catalanes que su república catalana estaría en la UE. No con estos socios… y no tiene otros. Bueno, sí el flequillos.

Arran, como la CUP, su matriarcal placenta, son organizaciones cuya acción revolucionaria se articula en torno a tres objetivos. Primero, lograr “la independencia de los “Países Catalanes” para defendernos de los ataques de los Estados español y francés que desde hace más de trescientos años pretenden borrar la identidad del pueblo trabajador catalán”. Segundo, “acabar con el sistema capitalista” y apostar “por la construcción del socialismo, el cual nos ha de conducir a una sociedad sin clases ni opresiones de ningún tipo”. Y, tercero, “la lucha personal y colectiva que supone para todas las personas el sistema patriarcal basado en el dominio del hombre sobre la mujer y de los valores preconcebidos como masculinos por encima de todos los demás”.

Territorio de los inexistentes ‘països catalans’ donde la CUP y ERC desarrollan su actividad política.

No busquen apreciaciones analíticas más finas ni coherencia lógica en los argumentos de las hechiceras que establecen la agenda de sus procaces guerreras porque sus matriarcales afirmaciones, como las verdades reveladas, son indiscutibles. Nada les importa que no exista rastro alguno en los atlas históricos de sus “países catalanes” cuya independencia propugnan ni evidencia alguna de que sus cambiantes habitantes –hoy descendientes mayoritariamente de ciudadanos llegados de otras partes de España–, hayan padecido la opresión de los Estados español y francés durante centurias, más allá de las propias de cada época y sus circunstancias. Sus otras dos prioridades son igualmente paradójicas: pretenden acabar con el detestable sistema capitalista gracias al cual la CUP ingresa varios millones anuales con los disparatados sueldos de sus diputadas y concejalas que pueden dedicarse a tiempo completo a elaborar ‘leyes’ inconstitucionales y a intimidar con amenazas a quienes no comparten su credo.

La brigada de la muerte cuyo cabecilla fue Pascual Fresquet.

En línea con la tradición anarquista revolucionaria de tan funesto recuerdo en Cataluña, la CUP se define como una organización asamblearia y socialista que propugna la “democracia participativa” y menosprecia la democracia constitucional y el Estado de Derecho, la seguridad jurídica, la empresa privada, la religión, el matrimonio, la escuela concertada, etc., considerados instrumentos de explotación social y ejercicio de la violencia patriarcal. Aunque prefieren presentarse como meras defensoras del sector público y el cooperativismo, rechazan frontalmente la propiedad privada de los medios de producción. Su “papel histórico… es tomar el poder” para construir “un Estado Socialista y Feminista en los Países Catalanes que podrá conducir al conjunto de la humanidad hacia la libertad”, y responsabilizan de sus actos violentos a la violencia del sistema capitalista.

Anarquistas de la brigada Ferrer-Carod en pleno acto de heroísmo en el Bajo Aragón.

Gabriel y Fernández celebrando los asesinatos de ETA con sus amigos batasunos en Bilbao.

Dar pocas pistas sobre cómo se desarrollaría el proceso de transición hacia su futurible Arcadia socialista-feminista resulta esencial para enmascarar su indigencia intelectual y vocación totalitaria. Pero como botones de muestra, ahí están su exigencia de imponer “la socialización forzosa y urgente” de la catedral de Barcelona para convertirla en economato y centro musical; su aparatosa campaña “¡Parir es un derecho, no una imposición! Derecho al aborto libre y gratuito”, que presentan como una “vindicación de clase, una declaración de guerra contra la derecha ultracatólica y la ofensiva conservadora”; su radical propuesta de convertir “los centros de trabajo en espacios de intervención política” donde los trabajadores decidirían en asamblea qué y cómo producen; y, en fin, su patrocinio de las ocupaciones de viviendas y la realización de escraches contra sus enemigos políticos a quienes amenazan con barrerlos de Cataluña.

Gabriel con la portavoz de Arran presentando los carteles del Sí barrámoslos.

Gabriel y Fernández dirigiendo el escrache de Arran contra la sede del PP en Barcelona en marzo 2017.

 

Trabajar menos, cobrar más

Gabriel en el escrache a la Guardia Civil 31 julio 2017.

Todo un programa político y social cuya mezcla de ingenuidad, ignorancia y vaciedad producirían sonrojo si no fuera por el ánimo guerrero que alienta a las jóvenes ‘arranitas’ y a sus más maduritas mentoras ‘cuperas’, y la determinación totalitaria con que pretenden imponerlo. Lo cierto es que cuando se separa la hojarasca de su tupida verborrea, entretejida con apelaciones vacías a la conciencia de clase y la solidaridad de los pueblos, el discurso que emerge resulta decepcionante, no ya para cualquier socialdemócrata, sino incluso para los ciudadanos comprometidos con los ideales ilustrados de libertad e igualdad.

Diputadas de la CUP quemando fotos del Rey. Menudas socias que se han echado los representantes de la sociedad catalana.

‘Arranitas’ y ‘cuperas’ sostienen que “en un contexto donde ya disponemos prácticamente de todos los bienes materiales necesarios para desarrollar nuestras vidas”, todo lo que queda por hacer es “repartir el trabajo y la riqueza. Trabajar menos horas y aumentar nuestros salarios para que los ricos paguen su estafa”. Ésta es, en esencia, la fórmula maestra que las diputadas Boya, Gabriel, Reguant, Vohí, y Cia proponen para mejorar el nivel de vida de los trabajadores. Pero quizá el aspecto más contradictorio de su programa ‘revolucionario’ sea la asunción por sus lideresas de la ideología nacionalista, pequeño-burguesa, que les lleva a anteponer la independencia de los ‘países catalanes’ a la emancipación de los trabajadores. Levantar muros y crear nuevos estados para dividir a los “estafados” resulta incongruente con su objetivo de “conducir al conjunto de la humanidad hacia la libertad”.

Cúpula de la CUP en la campaña de las elecciones autonómicas del 27-S.

Inseguridad jurídica: deslocalización y fuga de capitales

Mas con Junqueras y Romeva al final del debate de investidura el 9 de noviembre de 2015 con cara de circunstancias.

Que todas las decisiones importantes adoptadas por el gobierno de la Generalitat y el Parlament de Cataluña en los últimos años –la caída del president Mas, el inicio del proceso constituyente, las purgas de consejeros, la pugna mantenida para aprobar la ‘ley’ de transitoriedad jurídica antes del 1-O– hayan sido dictadas por una pandilla de activistas contrarios a los ideales ilustrados y al proceso de integración europea, da una idea de la irresponsabilidad de los líderes políticos al frente de la Generalitat. Cuando el ex-presidente Mas llama a “desprecintar colegios electorales” y el hombre fuerte del gobierno, Junqueras, declara socio “prioritario” y “absolutamente fiable” a la CUP, nadie debería sorprenderse que algunas empresas hayan trasladado sus sedes y algunos ciudadanos se hayan llevado sus activos fuera de Cataluña. Se trata todavía de movimientos tímidos que anticipan la avalancha de deslocalizaciones empresariales y salida masiva de capitales que se producirían si el gobierno de la Generalitat y los diputados de JxS lograran, como pretende la CUP, sacar a Cataluña de España, de la UE y del euro, un escenario que el Gobierno español ni puede permitirse ni espero permita.

Gabriel con Junqueras y Dante Fanchín (Podem) en Sant Boi de Llobregat el 9 de septiembre de 2016.

Puigdemont con Gabriel y Boya, dirigentes de la CUP en el Palau de la Generalitat.

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Una república sin derecho a réplica

Artículo publicado en el diario Expansión el 8 de septiembre de 2017

Forcadell, ejerciendo de mordaza de la oposición, se saltó todos los principios democráticos. 

Bochorno es la palabra que cualquier demócrata sintió al escuchar a los portavoces de los grupos parlamentarios de Ciudadanos, PSC, PP y CSQEP en el Parlament protestar inútilmente contra los reiterados intentos de la presidenta Forcadell de silenciarlos para sacar adelante el cambio en el orden del día, propiciado por los grupos parlamentarios Junts pel Sí (JxS) y CUP, y aprobar, por vía de urgencia, la denominada “ley del referéndum de autodeterminación” en el Parlament de Cataluña. El áspero debate permitió constatar el nulo respeto a los procedimientos democráticos de los líderes de ERC, PDE-Cat y CUP en su alocada huida hacia el 1-O.

Junqueras, Puigdemont y Forn, consejero de interior, celebrando la aprobación de la ‘ley’ del referéndum de autodeterminación con el hemiciclo semivacío.

Verlos en acción dinamitar el Estado de Derecho en el hemiciclo, vulnerando sin inmutarse en su escaño los derechos más elementales de los diputados –tales como conocer los proyectos de ley con 48 horas de antelación, disponer de plazos razonables para presentar enmiendas o solicitar informes jurídicos a los Letrados de la Cámara y dictámenes al Consejo Estatutario– habrá servido para despejar las dudas que todavía albergaban algunos políticos y ciudadanos sobre la naturaleza del  prometido “nuevo país para todos”. Gracias por aclararnos que en su república no hay derecho a réplica.

“Anem a votar, anem a votar”

El diputado Coscubiela denunciando la quiebra de los procedimientos democráticos auspicidada por el gobierno de Puigdemont-Junqueras el 6 de septiembre de 2017.

Esta es la frase que repitió Forcadell mientras intentaba acallar las protestas de todos los portavoces de la oposición que, con independencia de sus posiciones políticas, pedían la palabra para denunciar el atropello a la democracia que los diputados de JxS y CUP estaban perpetrando. Como les recriminó Coscubiela (CSQEP), “esto no es un cambio del orden del día” sino más bien la aplicación del principio dictatorial de “a todo aquel que no me gusta le tapo la boca”. Dicho y hecho: Forcadell le cerró el micrófono mientras el diputado gesticulaba con voz ya inaudible ante las cámaras. Tras el intento del vicepresidente Espejo (Ciudadanos) de intervenir en el pleno, cortado con voz alterada por Forcadell, la que fuera primera presidenta de la ANC llamó a un primer receso para que la mesa de portavoces pudiera reunirse, como exigían los diputados de la oposición, a tratar el trascendental cambio en el orden del día.

Arrimadas, lideresa de Ciudadanos, y Espejo, diputado y vicepresidente del Parlament.

Gabriel, diputada de la CUP, presentando el cartel de su coalición a favor del sí en el ilegal referéndum del próximo 1 de octubre. En él pueden verse, junto a las caricaturas de políticos y diputados constitucionalistas, el mandato “barrámoslos” adobado con las palabras “autodeteminación, desobediencia y paises catalanes”.

La llamada ‘ley del referéndum de autodeterminación’ establece en su Art. 3.2 un “estado de excepción” que deja en suspenso la Constitución, el Estatut de Cataluña, la Ley Orgánica del Régimen Electoral General y cualquier norma o sentencia que entre en conflicto con ella. No hace falta ser un experto constitucionalista para darse cuenta del dislate jurídico y los riesgos que entraña para la salvaguarda de los derechos de los ciudadanos y la libertad de empresa que un grupo de diputados iluminados se arroguen todos los poderes y violen todas las reglas básicas de la democracia constitucional, la única que garantiza los derechos individuales y colectivos, y proporciona a las minorías seguridad jurídica frente a la arbitrariedad de las mayorías. Cuando a ello se añade la vulneración reiterada por los grupos de JxS y CUP de los principios y salvaguardas establecidos para tramitar con garantías los proyectos legislativos, ignorando las leyes y los reglamentos de las cámaras, el escenario que emerge en Cataluña es de una gravedad extrema.

 No es tiempo de peros

Votación con el hemiciclo semivacío tras abandonarlo los diputados de Ciudadanos, PSC y PP. Al fondo, se ve a la diputada Àngels Martínez de Podemos retirar las banderas españolas que habían dejado en sus escaños, junto a las banderas de Cataluña, los diputados del PP.

Como era previsible, las quejas y apelaciones al reglamento y al sentido común de la oposición cayeron en saco roto y el gobierno de Puigdemont-Junqueras acabó modificando el orden del día y Forcadell concedió un par de horas a la oposición para presentar enmiendas, sin aclarar el procedimiento a seguir ni aceptar que la mesa se reuniera para establecerlas. Algunos grupos de la oposición anunciaron que pedirán amparo al Tribunal Constitucional (TC) mientras la Fiscalía anticipab que presentará ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña una querella contra Forcadell y los miembros de la mesa que votaron a favor de tramitar la ‘ley’. A esta hora, el pleno, cuyo final está cantado, retoma la sesión tras dos horas de interrupción mientras la oposición sigue pidiendo explicaciones a Forcadell que sólo está interesada en proceder a votar las enmiendas.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría,durante su comparecencia ante los medios, en el Palacio de La Moncloa el 6 de septiembre de 2017.

En su comparecencia ante los medios de comunicación, la vicepresidenta Sáenz de Santamaría, informó que el presidente del Gobierno ha ordenado a la Abogacía del Estado interponer un incidente de ejecución de sentencia ante el TC para paralizar las decisiones adoptadas en el Parlament y decantar las responsabilidades penales en que pudieran haber incurrido Forcadell y los miembros de la mesa que llevaron la ‘ley’ al pleno. Sáenz de Santamaría aseguró que el Gobierno está preparado para defender los derechos de los catalanes y la democracia en Cataluña, y aprobará el recurso al TC en el Consejo de Ministros extraordinario convocado para hoy mismo.

Rivera, Sánchez e Iglesias al inicio de un debate electoral.

Celebro el apoyo sin matices que Rivera, presidente de Ciudadanos, trasladó al Gobierno un día antes del aquelarre secesionista en el Parlament, y comparto la petición que le hizo a Rajoy de que el próximo 1 de octubre no vuelva a repetirse el bochornoso espectáculo vivido el 9-N, con la utilización partidista de las instituciones de autogobierno y los medios de comunicación, la ocupación de espacios públicos y la malversación de caudales. Más preocupante resulta la ambigua posición de Sánchez, secretario general del PSOE, que ese mismo día se reunía con el nada fiable Iglesias, líder de la sección madrileña de Podemos, y asumía en rueda de prensa las aspiraciones de Cataluña, El País Vasco y Galicia (al menos) a ser reconocidas como nación. En alguna ocasión he manifestado mi oposición, no tanto a la desfasada pretensión de reconocer como nación a un territorio sino a que ello conlleve privilegios para sus habitantes, y quiebre la igualdad de todos los españoles que proclama nuestra Constitución. Pero hasta donde sé, el proyecto federalista que abanderan el PSC-PSOE supone, además del reconocimiento de la nación catalana, el blindaje de la inmersión lingüística y la concesión de privilegios fiscales inadmisibles para cualquier socialdemócrata tibio. Hoy, Sr. Sánchez, no es día para poner palos en la rueda sino para pensar en el interés de todos los españoles y apoyar las medidas que adopte el Gobierno para preservar nuestro Estado social y democrático de Derecho.

Rajoy con Sánchez en La Moncloa el 7 de septiembre de 2017.

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1-O: última parada y principio de trayecto

Artículo publicado en el diario Expansión el 4 de septiembre de 2017

Puigdemont presentando la “ley suprema” en el Teatro Nacional de Cataluña.

Aunque las citas trascendentes para los constitucionalistas en Cataluña volverán a ser este año el 12-O, Fiesta Nacional de España, y el 6-D, conmemoración del XXXIX aniversario de la Constitución Española, como demócratas no podemos ignorar la amenaza que supone el plan del gobierno de la Generalitat y el Parlament de Cataluña de celebrar un referéndum el 1 de octubre. Puigdemont, anunció el 9 de junio la pregunta –“¿Queréis que Cataluña sea un estado independiente en forma de república”?–, y el 4 de julio representantes de la CUP y de la coalición electoral Junts pel Sí (JxS) presentaron la llamada “ley del referéndum de autodeterminación” que fue registrada en el Parlament el 31 de julio. Su Art. 3.2 establece “un régimen jurídico excepcional” que “prevalece jerárquicamente sobre todas aquellas normas con las que pueda entrar en conflicto”, incluidas la Constitución,  el propio Estatut de Cataluña, la Ley Orgánica del Régimen Electoral General y el resto del ordenamiento jurídico español.

Puigdemont y Gabriel celebrando su acuerdo para constituir una república independiente.

Para posibilitar semejante despropósito jurídico, los 72 diputados de ambos grupos aprobaron el 27 de julio una reforma ad hoc del reglamento de la Cámara que el Tribunal Constitucional (TC) anuló al aceptar el recurso presentado por la Abogacía del Estado. Aunque la ‘ley’ –si llega a votarse y aprobarse en el Parlament– correrá igual suerte que la citada reforma del reglamento, no puede descartarse que el gobierno de la Generalitat y el Parlament de Cataluña se declaren en rebeldía, y desobedeciendo al TC realicen un simulacro de referéndum antes de proclamar la “república”. Estamos ante una burda estratagema que pretende aprovechar la ajustada y circunstancial mayoría de que disponen en el Parlament (72/135) para dar apariencia de legalidad a lo que sólo puede calificarse como golpe de estado.

Puigdemont, Junqueras y Forcadell en el momento de anunciar la convocatoria y la pregunta del referéndum el 6 pasado 6 de junio. ¿Serán los próximos inhabilitados?

En cuanto los diputados secesionistas aprueben la ‘ley’, desobedeciendo al TC, y el gobierno de la Generalitat dé pasos para implementarla –creando la ‘sindicatura electoral de Cataluña’, nombrando a los miembros de las mesas electorales, realizando campañas institucionales para promover la participación, adquiriendo urnas, cediendo espacios públicos para albergar las votaciones, etc.–, los cargos electos y empleados públicos que lo hagan incurrirán en delitos de los que tendrán que responder ante los Tribunales. El vicepresidente Junqueras y el consejero Romeva manifestaron su voluntad de responsabilizarse de la adquisición de las urnas, y la alcaldesa Colau su disposición a ceder espacios públicos para albergarlas. Pues bien, convendría advertirles a los tres que, si lo hacen, incurrirán en delitos incluso más graves que los que llevaron a Mas, Homs, Ortega y Rigau al banquillo por organizar el 9-N, y a los diputados Forcadell, Barrufet, Corominas, Nuet y Simó a ser investigados por llevar al pleno del Parlament las “conclusiones finales” de la ‘comisión de estudio del proceso constituyente’.

Respuestas democráticas

Puigdemont comprador de urnas.

Quiero pensar que el referéndum del 1-O no llegará a realizarse. La vicepresidenta Sáenz de Santamaría y el presidente Rajoy así lo han reiterado y confío en que cumplirán su palabra dada. Impedirlo constituiría un éxito que reforzaría el crédito del Gobierno de España pero sobre todo la confianza de los españoles y la comunidad internacional en la solidez de nuestras instituciones democráticas. Los nuevos Tejeros deberían correr la misma suerte que sus antecesores: ser juzgados y condenados con todas las garantías del Estado de derecho. Entendemos, por ello, que el Gobierno debería, además de recurrir al TC, vigilar muy de cerca todos los movimientos de consejeros, interventores, diputados, alcaldes y organizaciones secesionistas para impedir que el referéndum se lleve a cabo.

Sáenz de Santamaría, vicepresidenta del Gobierno de España, ofreciendo a Junqueras, vicepresidente del gobierno de la Generalitat, abrir un diálogo sobre todas las demandas presentadas por Puigdemont, a excepción del referéndum.

Mas, Ortega y Rigau burlándose de los jueces antes del inicio de la vista el 4 de febrero de 2017 en el Museo de Historia.

Aunque es al Estado a quien corresponde adoptar las medidas necesarias para abortar el golpe de estado y juzgar a sus avalistas y ejecutores, las asociaciones constitucionalistas tenemos que estar vigilantes y denunciar a aquellas instituciones y personas que usurpen funciones que corresponden al Gobierno, a la Junta Electoral Central y a las Juntas Electorales Provinciales. En cuanto recibamos nuestra tarjeta censal, indicando la sección y la mesa donde podemos ejercer el voto, debemos denunciar el hecho, pues ningún organismo administrativo, salvo el INE, puede disponer de nuestros datos personales, mucho menos la “sindicatura electoral de Catalunya” constituida al amparo de una “ley” suspendida por el TC. Convendría también personarnos allí donde se instalen urnas para constatar si nuestros datos personales figuran en el ilegal ‘censo’ y presentar la correspondiente denuncia.

Álvarez (UGT Catalunya), Casals (Omnium Cultural) y Gallego (CCOO Catalunya) a favor del derecho a decidir y la consulta.

Resulta asimismo esencial desenmascarar el carácter antidemocrático del referéndum. Hay bastantes ciudadanos en Cataluña (y hasta votantes de Podemos en España) a quienes se les ha convencido con atractivos eslóganes, como “derecho a decidir”, que estamos ante un legítimo ejercicio democrático avalado por el Derecho Internacional. Hay que explicarles que los argumentos de los partidos y asociaciones secesionistas son falaces y convencerlos de que no deben participar en un referéndum que incumple las tres reglas básicas de la democracia: respeto a la Ley; respeto a la división de poderes; y respeto a la división de competencias que configura la estructura territorial del Estado. La “ley del referéndum de autodeterminación”, como la denominada “ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la república” registrada hace unos días en el Parlament, viola los tres. Todo un record premonitorio de la inseguridad jurídica y el carácter totalitario de la monstruosa república de PuigCupqueras.

Puigdemont con los dirigentes de la banda de los 72.

Algunas lecciones

Fernández, diputado de la CUP, colocando el micrófono al corrupto confeso president Pujol.

Algunas enseñanzas útiles podemos extraer al analizar la deriva secesionista en Cataluña. Primera, las transferencias de competencias y las concesiones hechas al corrupto ‘régimen pujolista’ (1980-2003) y a los gobiernos tripartitos encabezados por el PSC (2003-2010) sólo han servido para fortalecer al movimiento nacional-secesionista, ahondando la fractura social en Cataluña y debilitando al Estado de Derecho. Segunda, ningún Estado descentralizado puede sobrevivir a medio plazo si permite que los cargos electos autonómicos y municipales incumplan la Constitución y se dediquen a patrocinar la secesión de una parte del territorio. Tercera, el Estado no puede abdicar de su responsabilidad de garantizar la neutralidad e independencia del sistema educativo y de los medios de comunicación e impedir su utilización torticera con fines de adoctrinamiento. Y cuarta, el Estado tiene que establecer controles más estrictos para asegurarse de que la  Generalitat destina todos los impuestos cedidos y las transferencias recibidas a financiar servicios públicos, y no los desvía a promover actividades y asociaciones cuyo propósito manifiesto es destruir el ordenamiento constitucional.

Omnium Cultural: Somescola frente al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña

Omnium Cultural Somescola frente al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

 

Manifestación contra el atentado terrorista realizado en Barcelona del 17 agosto.

El 1-O pasará pronto a mejor vida pero la semilla de la discordia y el odio que los partidos y asociaciones secesionistas han sembrado y cultivado con ayuda de los presupuestos de la Generalitat perdurará durante décadas. Con ocasión de la manifestación contra el terrorismo celebrada en Barcelona el 26 de agosto, pudimos constatar una vez más la miseria espiritual y las actitudes totalitarias y violentas que animan a las hordas del secesionismo estrellado. Está en riesgo nada menos que el futuro del Estado democrático y social donde cabemos todos los ciudadanos, con independencia de nuestra ideología política y creencias religiosas, y donde todos disfrutamos de las mayores cotas de libertad e igualdad de nuestra historia. No podemos fallar: está en juego el porvenir de nuestros hijos.

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Los últimos herederos del franquismo

Artículo publicado en Economía Digital el 31 de julio de 2017

Franco aclamado en Barcelona en 1970

Va para cuarenta y dos años que murió en la cama el general Franco, militar golpista, generalísimo victorioso de la cruenta Guerra Civil (1936-1939) y dictador implacable hasta sus últimos días. Este año hemos festejado un doble cuadragésimo aniversario: la legalización del PCE y la conversión de Carrillo en demócrata, y la celebración de las primeras elecciones auténticamente democráticas realizadas en España. Y el año próximo le tocará el turno a la hoy cuestionada Constitución de 1978 que estableció el marco jurídico donde todos los españoles, con independencia de nuestras creencias religiosas e inclinaciones políticas, hemos podido convivir en libertad, concordia y prosperidad, sobreponiéndonos a los crímenes terribles con que ETA intentó desestabilizar nuestra recién estrenada democracia.

Etarras y cuperos confraternizando.

No hace falta ser un historiador concienzudo ni un sociólogo o politólogo reputado para entender la trascendencia de estos logros. Basta con tener cierto conocimiento elemental de la historia contemporánea de España, y, como dicen con cierta rudeza en mi tierra, tener algo de cabeza. Cualquier hijo de esta tierra con un ápice de sensatez daría gracias por haber vivido cuatro décadas sin que ninguno de los españolitos venidos a este mundo haya tenido que verse en el brete de ver como una de las dos Españas, a las que se refirió Machado en un poemilla popularizado por Serrat, le helaba el corazón. Hace pocos días, traté este asunto en un artículo titulado “La culpa no es del PP”, en el que exponía y comentaba las opiniones recogidas en otro artículo, algo inexactamente titulado “Escritores y artistas catalanes rechazan el referéndum ilegal”, publicado en El País el 24 de julio de 2017.

Gas una de las víctimas masacradas por el PP.

Al lado de los razonables aunque no del todo coincidentes comentarios de Marsé y Mendoza, y la nota cínica del profesor Rico que al parecer está pasándoselo en grande a costa del proceso secesionista, llamaba la atención sobre las acusaciones de Mariscal, Serrat, Gas y Herralde contra el Partido Popular (PP), al que todos ellos coinciden en calificar de “heredero del franquismo”, y al que Gas responsabilizaba  de estar al frente de “un Gobierno que masacra a España y, por tanto también a Cataluña”. Resultaría indecoroso, por mi parte, repetir aquí citas, argumentos y contraargumentos, ya publicados, así que intentaré completarlos con unas reflexiones sobre la pesada herencia del franquismo y las limitaciones de nuestra democracia.

Nadie puede negar que todos quienes vivimos bajo el régimen franquista somos en algún sentido, por acción o inacción, “herederos del franquismo”, como resulta también innegable que los rusos lo son del totalitarismo de Lenin y Stalin, los alemanes del nacionalsocialismo, los italianos del fascismo, o los rumanos del régimen del dictador Ceacescu, valedor sombrío de Carrillo. ¿Quiere esto decir que todo lo que hagan sus herederos queda invalidado o sujeto a sospecha a causa del legado recibido? ¿Que Suárez proviniera de las filas del Movimiento Nacional empequeñece acaso su logro de transformar un régimen dictatorial en una democracia representativa? ¿Puede el pasado poco edificante de Carrillo invalidar el papel constructivo que desempeñó el líder del PCE durante la transición en España? Hace  falta ser un papanatas o un mentecato, o ambas cosas a la vez, para intentar empañarlas con el sambenito de la herencia recibida.

El PP, con independencia de las diversas herencias recibidas por cada uno de sus militantes, es un partido político que ha obtenido el mayor número de escaños en tres elecciones libres y rigurosamente democráticas consecutivas, y sólo por eso, no por su “herencia fraquista”, está al frente del poder ejecutivo de un Estado de la Unión Europea donde existe una Constitución democráticamente acordada que los españoles, catalanes incluidos, refrendamos el 6 de diciembre de 1978. Ante un marco jurídico que reconoce la división de poderes y competencias y la independencia del poder  judicial, ¿cómo puede afirmarse que el Gobierno de España “masacra a España y, por tanto, a Cataluña”? ¿Acaso quien lo dice no es libre de expresar sus opiniones y votar al partido que más le gusta? Y, ¿cómo pueden acusarlo de insensibilidad “hacia la cuestión catalana” y propiciar “un deterioro tremendo, erigiendo como un todo inamovible una Constitución”, cuando Rajoy ha reiterado la disposición a tratar todos los contenciosos existentes (o inventados) salvo el plan de realizar un referéndum de autodeterminación?

Rajoy recibiendo a Mas en La Moncloa.

 

Las constituciones no son inamovibles pero todos los Estados democráticos exigen mayorías cualificadas para reformarlas, una cautela introducida no por malicia sino para librarnos precisamente a los ciudadanos de las mayorías tiránicas. Quienes hoy pretenden desde el gobierno de la Generalitat y el Parlament de Cataluña subvertir el orden constitucional, apelando paradójicamente a la democracia, cuentan con respaldo insuficiente para reformar no ya la Constitución sino incluso el Estatut de Cataluña. Seamos serios: Puigdemont, Junqueras y Gabriel no son demócratas sino golpistas que pretenden imponernos por la vía de los hechos consumados la república de PuigCupqueras. Resulta incomprensible que ante tan bochornoso espectáculo haya todavía escritores y artistas que tachen al Gobierno de España de inmovilista y coercitivo, por defender la legalidad constitucional que ampara los derechos individuales y colectivos de todos, y vean en cambio como el no va más de la democracia que el gobierno de la Generalitat incumpla leyes, legisle sobre asuntos ajenos a sus competencias y desacate las sentencias de los Tribunales.

Puigdemont arropando a Mas antes de declarar ante el TSJC.

Puigdemont y Gabriel celebrando su acuerdo para constituir una república independiente.

Si algo hoy nos recuerda el régimen franquista a quienes lo vivimos y soportamos con la mayor dignidad posible, no es precisamente la defensa de la legalidad democrática por parte del Gobierno de España sino los planes del gobierno de la Generalitat y de los 72 diputados de Junts pel Sí y CUP para acabar con los contrapesos y procedimientos garantistas esenciales en cualquier democracia. A los escritores y artistas tan quisquillosos con la herencia franquista de los demás, les propondría que contestaran esta sencilla pregunta: ¿son partidarios de que todos los ciudadanos españoles tengamos los mismos derechos y obligaciones, con independencia de la Comunidad Autónoma donde estemos empadronados, tal y como recoge nuestra Constitución? Confío en que estén a favor de la igualdad constitucional de los españoles, y no alineados, tal vez sin saberlo, con los últimos herederos del franquismo Een Cataluña.

Los diputados de la CUP en el Parlament de Cataluña.

En el centro, junto a Forcadell, Pí i Sunyer, ex-vicepresidente del Tribunal Constitucional y presidente del “consejo asesor nacional de transición a la independencia”, al que se atribuye la redacción de la ‘ley de transitoriedad jurídica’.

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De parlamentarios a okupas

Artículo publicado en el diario Expansión el 19 de julio de 2017

Diputados de Junts pel Sí y Cup presentando el borrador de la “ley del referéndum de autodeterminación” en el Parlament.

Tanto el acto que protagonizaron en la mañana del 4 de julio ocho diputados de los grupos parlamentarios CUP y Junts pel Sí (JxS) en el auditorio del Parlament –fuera del hemiciclo donde se debaten y se votan las iniciativas legislativas– para explicar la llamada “ley del referéndum de autodeterminación” a sus propios diputados, como la subsiguiente puesta en escena que realizaron esa misma tarde el presidente y el vicepresidente del gobierno de la Generalitat en el Teatro Nacional de Cataluña para presentar en sociedad el engendro jurídico, permitió constatar su profundo desprecio por los tres principios claves de la democracia representativa: división de poderes, división de competencias e imperio de la Ley. Que luego no se rasguen las vestiduras si algunos acaban, como Mas y Homs, sentados en el banquillo por aprobar un texto que deroga nada menos que la Constitución y desacata las sentencias de los Tribunales. Ningún pretendido “mandato popular” exime a quienes delinquen, gobernantes y diputados autonómicos incluidos, de responder de sus actos en un Estado de Derecho.

Puigdemont, prima dona de la compañía nacional república catalana, ensayando la obra “Butifarréndum o Muerte”en el Teatro Nacional de Cataluña el 4 de julio de 2017.

 “Régimen jurídico excepcional” en Cataluña

En la sesión matutina, cuatro dirigentes de la CUP (Gabriel, Garriga, Salellas y Serra) presentaron junto a cuatro diputados de la coalición JxS (Corominas y Turull por CDC-PDE-Cat y Orobitg y Rovira por ERC) las primicias de la “ley” que pretende establecer un “régimen jurídico excepcional” en Cataluña para cobijar un referéndum inconstitucional y antiestatutario, y, por tanto, palmariamente ilegal. Hay dos circunstancias destacables. Primera: que la coalición antisistema, anticapitalista y manifiesta vocación imperialista, CUP, que sólo obtuvo el 8,2 % de los votos válidos en las elecciones autonómicas del 27 de septiembre de 2015, tuviera los mismos representantes en la mesa presidencial que la coalición JxS, que logró el 39,5% de los votos, demuestra quién maneja en realidad los hilos del gobierno de Puigdemont. Segunda: que sólo un reducidísimo número de diputados y miembros del gobierno, según confesó el cesado consejero Baiget, estén al tanto de lo que se cocina en la canonjía del Palau, confirma la naturaleza totalitaria del proyecto que impulsan los conspiradores.

Salellas, Gabriel, Turull y Rovira en la mesa del Parlament: Dios los cría y ellos se juntan.

No hay duda alguna de que estamos ante un complot urdido por un pequeño grupo de diputados y miembros del gobierno de la Generalitat que, aprovechando su circunstancial mayoría en el Parlament de Cataluña –72 diputados que representan al 47,7% de los votantes y al 36,8% del censo–, insuficiente incluso para reformar el Estatut de Cataluña, pretenden aprobar una “ley suprema” que “prevalece jerárquicamente sobre todas aquellas normas con las que pueda entrar en conflicto”, incluidas la Constitución, el Estatut, la Ley Orgánica del Régimen Electoral General y el resto del ordenamiento jurídico. Con este audaz golpe de mano, los secesionistas pretenden liquidar el Estado democrático social de Derecho en Cataluña,  y suspender los derechos constitucionales de los españoles allí empadronados.

Puigdemont conversando con Juncker y Merkel  en su última visita al Parlament europeo.

A falta de mejores argumentos, la “ley” apela, en primera instancia, al derecho a la autodeterminación de los pueblos reconocido por la Asamblea de la ONU. Como nunca Cataluña ha sido una colonia y los catalanes tienen los mismos derechos que el resto de españoles, recurrir a semejante subterfugio produce hilaridad. En el fondo, a los conspiradores les trae sin cuidado lo que piensen o digan los organismos internacionales –el Consejo de Europa manifestó recientemente que un referéndum sólo puede hacerse respetando la legalidad constitucional– porque su insustancial alegato se dirige a convencer a sus votantes más ingenuos de que una legalidad internacional superior a la española avala su, jurídicamente hablando, monstruosa criatura.

Sede de la Comisión de Venecia.

En segunda instancia, los proponentes de la ley aducen la negativa del Gobierno de España a acordar la celebración del referéndum, una excusa tan cómica y cínica como la anterior. ¿Alguien en su sano juicio puede pretender que un Gobierno democrático incumpla la Constitución que refrendaron el 87,1% de los españoles y el 90,4% de los catalanes? Nuestra Constitución, como el Estatut y el resto de normas vigentes, puede reformarse siguiendo los procedimientos y mayorías previstos en el ordenamiento jurídico, y sólo los enemigos de la democracia y los dictadores solapados se consideran legitimados para saltárselas con subterfugios tan pueriles.

Sáenz de Santamaría, vicepresidenta del Gobierno de España, ofreciendo a Junqueras, vicepresidente del gobierno de la Generalitat, diálogo sobre todas las demandas presentadas, a excepción del referéndum.

 Preparativos del “butifarréndum”

Puigdemont anunciando la pregunta y la fecha del referéndum el 9 de junio de 2017.

Puigdemont, Junqueras y el selecto grupito de diputados que están en el ajo han despejado pocas de las muchas dudas que suscita el referéndum anunciado para el próximo 1 de octubre. A la espera de un futuro “decreto de normas complementarias”, la “ley” establece que podrán participar los ciudadanos que “tienen derecho a voto en las elecciones al Parlament” y que corresponde al gobierno de la  Generalitat elaborar el censo, nombrar el número y límites de las secciones electorales y nombrar a los integrantes de las mesas que se dispondrán en locales municipales “que se utilizan habitualmente como centros de votación”. Las papeletas incluirán la pregunta “¿Queréis que Cataluña sea un estado independiente en forma de república?”, en catalán y castellano. En cuanto al resultado, la “ley” contempla que si el “sí” ganara por un solo voto, aunque sólo votaran Puigdemont y Junqueras, el Parlament proclamará la independencia en el plazo de 48 horas y se iniciará el “proceso constituyente”.

Puigdemont y Gabriel celebrando su acuerdo para constituir una república independiente.

Otegui recibido con todos los honores por Forcadell, presidenta del Parlament.

La “ley” contempla también crear un organismo denominado “sindicatura electoral de Catalunya”, con sede en el Parlament, que sustituiría a la Junta Electoral Central y a las Juntas Electorales Provinciales de Cataluña, los organismos legítimos encargados de velar para que “las decisiones políticas en las que se refleja el derecho de sufragio se realicen en plena libertad”. A este nuevo organismo le correspondería designar las “sindicaturas de demarcación”, validar el censo y las papeletas, proporcionar acreditaciones, supervisar las mesas electorales, etc. Puesto que el gobierno de la Generalitat carece de competencias para elaborar el censo electoral y sustituir a la Junta Electoral Central, el plan esbozado constituye otro despropósito jurídico. En caso de que el gobierno de la Generalitat y los diputados de JxS y CUP en el Parlament sigan adelante con los planes para hacer el referéndum, tendrán que hacer frente a las denuncias que presenten los ciudadanos en cuanto se les comunique su inclusión en un censo ilegal puesto a disposición de un organismo ilegal.

 ¿Diputados u okupas?

Que una decena de diputados con Puigdemont, Junqueras y Gabriel a la cabeza pretendan saltarse la Constitución y el Estatuto de Cataluña y doblegar al resto de instituciones del Estado constituye un auténtico delirio sin parangón en ninguna democracia occidental. El plan de marcado cariz totalitario carece de respaldo alguno en el Derecho Internacional y contraviene nuestro ordenamiento jurídico, incluido el propio Estatut donde se establece que “Cataluña tiene en el Estado español y la UE su espacio político y geográfico de referencia e incorpora los valores, los principios y las obligaciones que se deriven de formar parte de ellos”.

Puigdemont con su gobierno de los peores. Los consejeros Baiget,Jané, Munté y Ruiz han sido cesados por su tibieza.

Confieso tener curiosidad por ver cuántos diputados, además de Puigdemont, Junqueras y los diez “cuperos”, se atreven a aprobar la “ley suprema” y arriesgarse a pasar de diputados autonómicos a okupas del Parlament. El gobierno de la Generalitat ha tenido que cesar a Baiget y a otros tres consejeros tibios, y forzar la dimisión “por razones políticas” de Batlle, director de los Mossos. Sustituidos todos por secesionistas fanáticos, me temo que no serán las últimas víctimas de la nonata república de PuigCupqueras.

Tardà, Llach y líderes de la CUP con su buen amigo Otegui.

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Espanya i Catalans ante el referéndum de autodeterminación

Puigdemont y Junqueras tras anunciar la convocatoria del referéndum de autodeterminación a celebrar el 1 de octubre de 2017.

El vicepresidente Junqueras y el  presidente Puigdemont han comparecido hoy ante los medios de comunicación para anunciar su intención de celebrar un referéndum de autodeterminación en la Comunidad Autónoma de Cataluña el próximo 1 de octubre. “¿Quiere que Cataluña sea un estado independiente en forma de república?” es la pregunta que el consejo del gobierno de la Generalitat ha acordado, en una reunión extraordinaria, plantear a los ciudadanos catalanes.

 

 

Mas y Homs con el resto de la comparsa ante la falla del 3%.

Acorralados por la corrupción y el desgobierno, Puigdemont y Junqueras han decidido saltarse a la torera la legalidad vigente y desacatar las sentencias de los Tribunales contrarias a sus intereses partidistas. En la presente situación, resulta oportuno recordar el Art. 9 de nuestra Constitución que declara solemnemente que “los ciudadanos y poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico”.  Pues bien, uno de esos poderes públicos son las instituciones de la Generalitat de Catalunya.

Logo de la asociación Regeneración Democrática.

 

El movimiento cívico Espanya i Catalans (EiC) quiere manifestar su repulsa ante una decisión deliberadamente anticonstitucional que pone en riesgo la libertad, la concordia y la prosperidad que disfrutamos todos los ciudadanos españoles desde 1978, así como el normal funcionamiento de las instituciones de autogobierno de Cataluña. Por ello, nuestra asociación solicita al gobierno de España, a Las Cortes y a los Tribunales que adopten todas las iniciativas necesarias para asegurar el mantenimiento del orden constitucional, al tiempo que anuncia que volveremos a celebrar la Fiesta Nacional de España en la Plaza de Cataluña de Barcelona el próximo 12 de octubre. No nos amedrentarán con sus amenazas.

Fiesta Nacional de España, 12 de octubre de 2016 en Barcelona.

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Aval al plan secesionista de la CUP

Artículo publicado en el diario Expansión el 28 de julio de 2016

La Mesa del Parlament toma nota del Informe y las conclusiones de la Comisión de estudio del proceso constituyente, 20 julio 2016.

La Mesa del Parlament toma nota del Informe y las conclusiones de la Comisión de estudio del proceso constituyente, 20 julio 2016.

El portal del Parlament informaba el pasado 20 de julio que el Informe final y las conclusiones de la Comissió d’Estudi del Procés Constituent (Comisión) aprobados un día antes en comisión habían sido elevados a la Mesa del Parlament. Ante la advertencia del Tribunal Constitucional (TC) de que el contenido de las conclusiones contraviene claramente sus mandatos, la Mesa, tras escuchar a los portavoces de los grupos parlamentarios, se limitó a tomar nota del documento y dejó que fueran los dos grupos parlamentarios responsables de su aprobación, Junts pel Sí (JxS) y la CUP, quienes solicitaran su inclusión en el Pleno. Aunque los dos grupos no quisieron mostrar sus cartas, Munté, portavoz del gobierno de la Generalitat, ya había indicado que el gobierno avalaba que las conclusiones se debatieran y votaran en el Pleno, como de hecho así ha sucedido. En un ambiente muy tenso, los diputados del PP y Ciudadanos abandonaban sus escaños antes de producirse la votación mientras los del PSC no ejercían su derecho al voto y los de Catalunya Sí que es pot votaban en contra. Como era previsible, las conclusiones fueron aprobadas con los votos de los 72 diputados de JxS (62) y la CUP (10).

27/07/2016 Los diputados de C's y PP abandonan el pleno. El pleno del Parlament ha aprobado este miércoles las conclusiones de la comisión de estudio que apuestan por impulsar un "proceso constituyente" en Cataluña pese a que el Tribunal Constitucional (TC) advirtió de que esta iniciativa vulnera la Constitución y pidió a los diputados y miembros de la Mesa que impidieran la votación. CATALUÑA ESPAÑA EUROPA BARCELONA POLÍTICA

Los diputados de C’s y el PP abandonan el pleno antes de votarse las conclusiones de la Comisión de estudio del proceso constituyente.

Munté, portavoz del gobierno de la Generalitat, avala que se debatan con normalidad las conclusiones de la Comisión.

Munté, portavoz del gobierno de la Generalitat, avala que se debatan con normalidad las conclusiones de la Comisión.

 

 

 

 

 

 

 

 

Secesión trifásica

Llach, presidiendo la comisión junto a Serra, vicepresidenta de la misma el 8 de marzo de 2016. (horitzontal)

Llach (JxS) presidiendo la comisión junto a Serra (CUP), vicepresidenta de la misma el 8 de marzo de 2016.

El documento diseña con cierta minuciosidad, no exenta de ambigüedades, cautelas y contradicciones, el plan que la CUP y JxS han acordado para constituir unilateralmente un Estado ‘propio’. Tras “constatar que no hay margen de acción para el reconocimiento del derecho a decidir del pueblo catalán en el marco jurídico constitucional español”, el Informe declara que “la única manera posible de ejercer ese derecho es por la vía de la desconexión y la activación de un proceso constituyente propio”. Según sus redactores, “el pueblo de Cataluña tiene legitimidad para comenzar un proceso constituyente propio, democrático, de base ciudadana, transversal, participativo y vinculante, con el reconocimiento, el soporte y el aval de las instituciones catalanas”. Naturalmente, los autores de tan sesudas consideraciones no se han molestado siquiera en precisar quiénes integran el ‘pueblo catalán’, ni de dónde emana la supuesta ‘legitimidad’ que invocan para iniciar el ‘proceso’, ni, tampoco, para qué diantres necesitan “el soporte y el aval de las instituciones catalanas”, cuando la legitimidad de éstas se sustenta en la Constitución y la Ley Orgánica de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña, dos normas cuya legitimidad ellos no reconocen.

Llach presidiendo junto a Serra (CUP) la Comisión de estudio del proceso constituyente.

Llach presidiendo junto a Serra (CUP) la Comisión de estudio del proceso constituyente.

Comisión de estudio del proceso constituyente.

Comisión de estudio del proceso constituyente.

El plan comprende tres fases: el proceso participativo, la desconexión y la celebración de un referéndum para que el pueblo de Cataluña  ratifique o rechace el proyecto de constitución elaborado. En la fase participativa, se creará el Foro Social Constituyente donde participarán “representantes de la sociedad civil organizada y de los partidos políticos’ y tendrá como misión será “debatir y formular un conjunto de preguntas sobre contenidos concretos de la futura constitución, que habrán de ser resueltas por la ciudadanía mediante un proceso de participación ciudadana”. Dejando al margen la incoherente prelación de tareas atribuidas al Foro, “debatir y formular un conjunto de preguntas” cuando lo razonable sería formularlas primero y debatirlas después, y la perogrullada de que las preguntas “habrán de ser resueltas por la ciudadanía mediante un proceso de participación ciudadana”, lo verdaderamente preocupante del Informe es que algunos diputados pretendan ocultar tras esta verborrea pretendidamente ‘progresista’ su pretensión de suplantar las instituciones legítimas de autogobierno de Cataluña por un Foro donde presuntos “representantes de la sociedad civil y de los partidos políticos” alcanzarán “un mandato vinculante para los integrantes de la Asamblea Constituyente”. En un Estado social y democrático de Derecho, como es España, los representantes de la ciudadanía se eligen en elecciones, siguiendo los cauces establecidos en el ordenamiento jurídico, y los únicos ‘resultados vinculantes’ de los ‘debates’ de sus órganos legalmente constituidos son las leyes y disposiciones que aprueban en el ámbito de sus competencias. Como diría el ‘bueno’ de Pujol, ¿qué coño es esto del Foro?

Pujol el capo de capos de CDC abroncando a los diputados en su comparecencia en el Parlament el pasado septiembre

Pujol el capo de capos de CDC abroncando a los diputados en su comparecencia en el Parlament el pasado septiembre

Fernández departiendo amigablemente con Pujol y Ferrusola antes de su comparecencia en el Parlament en febrero de 2015.

Fernández, diputado de la CUP, departiendo amigablemente con Pujol y Ferrusola antes de su comparecencia en el Parlament en febrero de 2015.

La fase de desconexión se subdivide a su vez en dos etapas. En la primera, el Parlament de Cataluña “completará la desconexión con la legalidad del Estado español mediante la aprobación de las leyes de desconexión y un mecanismo unilateral de ejercicio democrático que servirá para activar la convocatoria de la Asamblea Constituyente”.  Para que nada interrumpa el proceso, los autores del Informe sostienen que “las leyes de desconexión no son susceptibles de control, suspensión o impugnación por parte de ningún otro poder, juzgado o tribunal”. En la segunda etapa, la Asamblea Constituyente, “una vez convocada, elegida y constituida, dispondrá de plenos poderes” para redactar el proyecto de Constitución y establecer “mecanismos para garantizar la participación directa, activa y democrática, de las personas y la sociedad civil organizada”. Las decisiones de la Asamblea “tampoco serán susceptibles de control suspensión o impugnación por ningún otro poder, juzgado o tribunal”, y “serán de obligado cumplimiento para el resto de poderes públicos y para todas las personas físicas y jurídicas y no podrán ser impugnadas por ningún otro poder, juzgado o tribunal”. La claudicación del gobierno catalán ante la CUP, al aceptar sustituir ahora las instituciones legítimas de autogobierno de Cataluña por la dictadura grotesca de una Asamblea que se arroga la representación de la sociedad civil, constituye una nueva victoria de los antisistema que ya el pasado noviembre asestaron la puntilla a Mas y a CDC.

Mas con la sonrisa algo forzada da una palmadita a Puigdemont tras sustituir a Mas al frente del gobierno catalán.

Mas con la sonrisa algo forzada da una palmadita a Puigdemont que lo sustituyó al frente del gobierno catalán para obtener el apoyo de la CUP.

 ¿Hasta cuándo?

Sede del Tribunal Constitucional.

Sede del Tribunal Constitucional.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El plan urdido por la Comisión traspasa claramente los límites establecidos por el TC cuyos magistrados reconocen, en una nota aprobada por unanimidad, que si bien resulta admisible en aras al “respeto a la autonomía parlamentaria” que una comisión “pueda analizar las distintas alternativas posibles para realizar, con arreglo a la Constitución, las reformas de la misma para satisfacer cualquier pretensión política”, lo que “no resulta constitucionalmente admisible es que la actividad parlamentaria de ‘análisis’ o ‘estudio’ se dirija a dar continuidad y soporte al objetivo proclamado en la Resolución 1/XI –la apertura de un proceso constituyente en Cataluña encaminado a la creación de la futura constitución catalana y del estado catalán independiente en forma de república–, que fue declarado inconstitucional por la STC 259/2015”.

urull CDC), Baños (CUP) y Romeva presentando las enmiendas a la resolución del inicio de la independencia, 6 de noviembre 2015

Turull CDC), Baños (CUP) y Romeva (JxS) presentando las enmiendas a la Resolución 1/XI que inició el proceso constituyente hacia la secesión.

En síntesis, nos encontramos ante un plan que pretende suplantar las instituciones legalmente constituidas y el ordenamiento constitucional vigente por unos órganos, Foro Constituyente y Asamblea Constituyente, de nula legitimidad y oscura representatividad, a los que además se atribuyen plenos poderes, hasta el punto de que sus decisiones no pueden ser suspendidas o impugnadas por ningún otro poder o tribunal y son de obligado cumplimiento para el resto de poderes públicos y personas físicas y jurídicas. No hay ninguna duda de que las conclusiones de la Comisión están dando continuidad y soporte al objetivo proclamado en la citada Resolución 1/XI de iniciar el proceso constituyente, y que su “contenido contraviene claramente los mandatos [del TC] a que se viene haciendo referencia”. Ante la gravedad de estos hechos, a nadie puede extrañar que el TC haya advertido “a los poderes implicados y a sus titulares… de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir estos mandatos”.

Mas, Munté, Homs, Mas-Colell, Bel, Romeva y Casals aplaudiendo a Forcadell tras ser elegida presidente del Parlament el 26 de octubre de 2015.

Mas, Munté, Homs, Mas-Colell, Bel, Romeva y Casals aplaudiendo a Forcadell tras ser elegida presidente del Parlament el 26 de octubre de 2015.

Los diputados de la CUP en el Parlament de Cataluña.

Los diputados de la CUP en el Parlament de Cataluña.

Lo más preocupante del plan de desconexión no es que lo haya avalado la CUP, puesto que el plan recoge sus exigencias de ruptura del orden constitucional, sino que tamaño dislate jurídico haya sido debatido y aprobado por diputados de la coalición JxS que sostiene el gobierno de Cataluña. Algunos ciudadanos, neófitos en temas jurídicos, nos preguntamos si los diputados de JxS (Llach, Corominas y Rovira) y la CUP (Serra y Boya) que aprobaron el Informe y las conclusiones en comisión no han incurrido ya en dos delitos, desobediencia grave al TC y malversación de caudales públicos, al dar “continuidad y soporte a la apertura de un proceso constituyente” en el Parlament. Como contribuyente, me gustaría también que la Fiscalía investigara si estos diputados deben percibir nóminas y dietas del Estado por dedicarse a pergeñar un plan para subvertir la legalidad democrática. Porque una cosa es “la mesura que exigen las circunstancias“ y “el respeto a la autonomía parlamentaria”, como reconoce el TC, y otra muy distinta seguir dando cuerda a los secesionistas y proveerles con municiones gratis (FLA) para que sigan disparando desde la Ciudadela.

Sáenz de Santamaría y Junqueras´.

Sáenz de Santamaría reunida con Junqueras para mejorar las relaciones entre el gobierno Central y el gobierno de la Generalitat. El desacato al TC en el Parlament debería hacer reflexionar a Rajoy y al resto de su gobierno.

El ministro Montoro saludando al vicepresidente Junqueras que le pidió más dinero para financiar el proceso hacia la independencia de Cataluña.

El ministro Montoro saludando al vicepresidente Junqueras que le pidió más dinero para financiar el proceso hacia la independencia de Cataluña.

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