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El problema de Cataluña se llama insurrección

Artículo publicado en el diario Expansión el 22 de diciembre de 2018.

Sánchez y Torra intercambiando libros en La Moncloa.

¿Hay algún Estado democrático cuyo gobierno permita a los políticos que lo representan en una parte del territorio y a los empleados públicos que allí prestan sus servicios exhibir símbolos cuyo significado, implícita o explícitamente, es que la policía y los jueces encarcelan arbitrariamente a ciudadanos inocentes? Conozco uno, España, y una Comunidad Autónoma, Cataluña, donde este tipo de falsedades y humillaciones son moneda corriente. Digo falsedades, porque la mera exhibición de esos símbolos contradice la pretendida falta de libertad y ausencia de las garantías democráticas reclamadas. Y digo humillaciones, porque quienes no compartimos tales falsedades hemos de soportar estoicamente la falta de neutralidad y respeto exigibles a

Parlament de Cataluña decorado con lazos amarillos.

representantes políticos y empleados públicos. Hace pocos días, me atendió un anestesista (de cuyo nombre prefiero no acordarme) en un hospital público con un lazo amarillo prendido en la solapa, y mientras me hacía preguntas rutinarias y me explicaba los pros y contras de cada tipo de anestesia, me debatía entre llamarle la atención o dejar correr el asunto. Al final callé consciente de la pérdida de tiempo y energía que me supondría reclamar neutralidad a un médico anónimo, cuando el presidente del gobierno español recibe en La Moncloa y se reúne en Barcelona con el enlazado y apretado president Torra.

¿Reunión o concesión?

Sánchez conversando con Torra que lucía su lacito amarillo y tenía detrás dos jarrones con flores amarillas.

Hay que ver lo distraídos que nos han tenido los últimos días preparando una reunión de apenas una hora, cuyo único resultado tangible ha sido un comunicado descafeinado de tres parrafitos. Torra recibió a Sánchez en Pedralbes con su sempiterno lazo, mientras un centenar de miembros de los ‘comités de defensa de la república’ (CDR), grupos parafascistas que han protagonizado enfrentamientos violentos con los Mozos en Barcelona, Gerona y Tarrasa recientemente, coreaban consignas fraternales: “independencia”, “derribemos el régimen del 78” y “fuera las fuerzas de ocupación”. Desconozco si en esta ocasión Torra les había pedido que apretaran, pero lo cierto es que lograron sin gran esfuerzo cortar la Diagonal, no sé si por impotencia del formidable dispositivo de los Mozos o porque sus mandos, como en otras ocasiones, les ordenaron apretar poco.

El Congreso aprueba el 20 de diciembre la senda de déficit de los PGE con apoyo de los diputados secesionistas de ERC y PDeCAT.

Sí o sí, estaban condenados a reunirse. Sánchez necesitaba los votos de los diputados secesionistas de ERC y PDeCAT para aprobar el techo de gasto en el Congreso y trasladar a la opinión pública la sensación de que todavía hay partido y puede aprobar los PGE 2019, aunque sea con varios meses de retraso. Torra, por su parte, necesitaba mostrar a los suyos que podía sentar a Sánchez en la mesa de negociación. El objetivo del presidente hasta las próximas elecciones generales no es tanto gobernar como simular que lo hace y aprobar medidas populistas (subidas de pensiones y SMI, aumento de los sueldos de los empleados públicos, etc.) que le congracien con colectivos de votantes. Lamentable la reivindicación de la memoria de Companys, el presidente de la Generalitat que firmó docenas y docenas de sentencias de muerte.

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Puigdemont y Junqueras celebrando la constitución de la república independiente de Cataluña en el Parlament el 27 de octubre de 2017.

El objetivo de Torra-Puigdemont y Junqueras, conscientes de que la independencia es hoy por hoy una hoguera que se apaga en cuanto proclaman la república, es retener a toda costa las competencias de la Generalitat para controlar el aparato administrativo-mediático-asociativo que sostiene el proceso insurreccional, sin despreciar arrancar alguna concesión siquiera simbólica. Que el comunicado conjunto de ambos gobiernos reconozca “la existencia de un conflicto sobre el futuro de Cataluña” y apueste “por un diálogo efectivo que vehicule una respuesta política que cuente con un amplio apoyo de la sociedad catalana”, suena a música celestial que recuerda el  “apoyaré la reforma del Estatuto que apruebe el Parlamento catalán” de Zapatero. La situación es delicada porque los sucesivos gobiernos de Mas, Puigdemont y Torra nos acercan más y más al precipicio político y debilitan la confianza de las empresas y los inversores en Cataluña y en España.

Comunicado conjunto del Gobierno de España y del gobierno de la CA de Cataluña.

21-D: mucho ruido y nueces huecas

El 21-D amaneció según estaba previsto en el guión con cortes en la AP-7 en Gerona y L’Atmella de Mar, la A-2 y N-340, y las Rondas Litoral y de Dalt. Normalidad en los aeropuertos, puertos y estaciones ferroviarias y hasta normalidad en colegios e institutos en vísperas de vacaciones. Quizá el número de liberados que trabajan por la causa no daba para tanta huelga y cortes anunciados. En Barcelona, los CDR se han enfrentado a los Mozos  Drassanes y Vía Layetana con un saldo de 50 heridos,más de 30 Mozos y un periodista de Intereconomía brutalmente agredido, y una decena de detenidos. Entretanto, Sánchez dejaba para la historia una foto de familia en las escalinatas de la Lonja del Mar y aprobaba subir a 900€ el SMI y el 2,75% los sueldos de los empleados públicos.

Sánchez posa con sus ministros antes de iniciar el Consejo de Ministros en la Lonja del Mar.

La ANC y Òmnium se contentaron con celebrar su particular ‘consejo popular de ministros’ al que le sobraron ‘ministros’ (políticos y expolíticos secesionistas de todos los pelajes y el senador Iñarritu de EH-Bildu) y le faltó precisamente ‘pueblo’. Palazuí, presidenta de la ANC, se congratuló de que “se haya paralizado el país [de Alicia] por efecto de la huelga general”, y Mauri, vicepresidente de Òmnium, acusó a Sánchez de humillarles celebrando el Consejo en la efeméride de unas elecciones impuestas (en las que participaron libremente) y de que “su única propuesta sea que el aeropuerto se llame Josep Tarradellas”, algo que molestó también a santa Rovira, la dirigente de ERC ‘exiliada’ en Suiza. La manifestación convocada en Barcelona en Paseo de Gracia a las 18:00 por ANC, Ómnium, los CDR y todos los partidos secesionistas con el lema “Derribemos el régimen” ha movilizado tan sólo unos  miles de personas: un sonado pinchazo. Una multitud comparada con las docenas que han secundado la convocatoria en Gerona.

Aspecto del ‘consejo popular de ministros’ celebrado frente a la estación de Francia en Barcelona.

A modo de conclusión

El problema de Cataluña no es la pretendida falta de libertad y democracia en España sino precisamente que las instituciones de autogobierno empleen su ámbito de libertad para alentar, promover y financiar el proceso insurreccional. Por ello, la solución no pasa por abrir un espacio de diálogo con Torra y demás líderes secesionistas sino por

Los CDR en acción en la madrugada del 21 de diciembre.

desmantelar el entramado administrativo-mediático-asociativo que lo sostiene. La hoguera, como se ha podido constatar el 21-D está medio apagada, pero si se les permite seguir acumulando material inflamable acabaremos pagándolo muy caro mañana.

Y cuando se hizo la luz, pudo constatarse la cruda realidad: cuatro gatos que los Mozos  podrían haber reducido en un santiamén.

 

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Riesgo extremo de incendios en Cataluña

Artículo publicado en el diario Expansión el 12 de octubre de 2018.

Torra el animador de los Comités de Defensa de la República el 20 de septiembre de 2018.

Desde que comenzó este curso en Cataluña el 12 de septiembre, hay profesores que aprovechan cada ocasión que les brindan sus asignaturas, incluso las más insospechadas, para reivindicar la consulta del 1-O y la república proclamada el 27-O. Baste un ejemplo como botón de muestra. Me cuentan que un profesor de Biología comparó el carácter incontrolado de las erupciones volcánicas con la intervención de la Policía Nacional y la Guardia Civil el 1-O. Después de las recientes palabras de Torra, pronto podrán también los profesores de Matemáticas al explicar los puntos de inflexión aludir a que “una condena [de los procesados por el juez Llarena] sería un punto de inflexión y no retorno”. Si no fuera porque cada día hay más republicanos dispuestos a partirte el tabique nasal o ponerte un lazo corredizo en el cuello, estas bobadas pueriles sólo provocarían sonoras carcajadas.

CUP noche de las antorchas y cristales rotos.

La nube tóxica

Desde hace bastantes años, los catalanes respiramos un ambiente cargado de vapores tóxicos cuyos efectos han alterado la capacidad de raciocinio y dado alas a grupos organizados (Arran-CUP, los CDR, la Intersindical-CSC, etc.) dispuestos a enarbolar la antorcha de la violencia republicana. No, no se trata de los chuscos delirios de grandeza propagados por agentes de la ANC que atribuyen al genio ‘catalán’ la democracia, el descubrimiento de América, el libro Don Quijote de la ‘Taca’ o cualquier invento realizado desde al menos los fenicios. Lo verdaderamente preocupante es constatar que haya tantos ciudadanos, algunos con apellidos (Fernández, Gabriel, González, Sánchez, etc.) de dudoso origen carolingio, convencidos de que los ‘catalanes’ han sido expoliados por los ‘españoles’ durante siglos –¡cuando en realidad fueron los grandes beneficiarios de la unidad administrativa y política forjada a partir de 1714!–, y padecen ahora una insoportable opresión política –pese a que nuestra Constitución reconoce y ampara la libertad e igualdad de todos los españoles–.

Gabriel y Fernández celebrando la historia de asesinatos de ETA con los batasunos en Bilbao.

¿Cómo hemos llegado hasta aquí y qué podemos hacer para revertir la situación? Son dos preguntas clave para empezar a desandar el peligroso camino del odio y el enfrentamiento. Aunque la realidad siempre es compleja, la causa principal de la creciente desafección y la consiguiente fractura social abierta en la sociedad catalana son el fruto de la estrategia de los dirigentes políticos de instrumentalizar las instituciones de autogobierno (incluido el sistema educativo), los medios de comunicación públicos y subvencionados y algunas asociaciones para propagar una visión deformada de la realidad política, social y económica de Cataluña y para deslegitimar instituciones claves del Estado (Cortes, Gobierno de España y Administración Central y Tribunales).

‘Escola’ y medios contaminados

Font, dirigente del sindicato USTEC-STE, dirigiéndose a los congregados en la Plaza de la Catedral el 8-N de 2017: “No donarem classes en castellà, i a més no renunciem a parlar de política a les aules”.
“No daremos clase en castellano y además no renunciaremos a hablar de política en las aulas”.

La anécdota del profesor que aprovecha la clase de Biología para denigrar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, lejos de constituir una salida de tono excepcional es nuestro pan de cada día. El 2 de octubre de 2017, las clases se interrumpieron en los centros escolares y se congregó a los alumnos en los patios con pancartas que equiparaban la democracia española con la dictadura franquista. El aquelarre acabó con profesores y alumnos entonando ‘els segadors’. En la huelga general del pasado 8 de noviembre, Font, dirigente del sindicato (asambleario) USTEC-STEs mayoritario entre docentes de Primaria y Secundaria, advirtió “que no daremos clase en castellano y, además, no renunciaremos a hablar de política en las aulas”. Ni el consejero ni el ministro del ramo vieron motivo alguno para recordarle que las sentencias se han de cumplir. USTEC, en cambio, sí cumplió su palabra y convocó concentraciones ‘laziamarillas’ en las puertas de los centros de enseñanza para conmemorar el 1-O, y para reafirmar su compromiso con “el derecho de autodeterminación que entendemos es un derecho irrenunciable del pueblo catalán”. Además, USTEC, junto con la ANC y los CDR, han iniciado una campaña para promocionar “l’escola republicana” y “apoyar a los docentes frente a la represión”.

USTEC construimos la escuela republicana.

El adoctrinamiento (formación del espíritu nacional, se denominaba durante el franquismo) en la escuela catalana procede siguiendo el principio homeopático: pequeñas dosis que van calando poco a poco en niños y adolescentes hasta convencerlos de que Cataluña es un ‘pueblo’ oprimido que, como tal, merece determinar libremente su futuro. Además del granito aportado por los profesores republicanos, es a través del contenido de los libros de texto, de las lecturas y charlas programadas, de las directrices lingüísticas de la Consejería, de la atmósfera sectaria presente en las fiestas escolares (¡recuerden la ‘fiesta de otoño’ organizada para ocupar los centros donde se votó el 1-O!), etc., como se moldea a los alumnos y familias transmitiéndoles una visión distorsionada y engañosa de las realidades política, social y económica de Cataluña y España. En La España Raptada: la formación del espíritu nacionalista (2012), el profesor Heras examina el papel de los libros de texto como herramienta al servicio de la ‘construcción de la identidad nacional’. La eurodiputada Pagazaurtúndua presentó un informe  (noviembre, 2017) ante la Agencia Europea de Derechos Humanos para denunciar la vulneración de los derechos de los niños en la escuela catalana. Recientemente, se ha conocido la existencia de un Informe elaborado por la Alta Inspección que Méndez de Vigo guardó en un cajón del Ministerio de Educación y el gobierno Sánchez se niega a publicar aduciendo “falta de rigor”.

 

A ninguna familia razonable se le puede exigir la heroicidad de enfrentarse a la Generalitat y al conglomerado “somescola.cat’, y soportar por sí sola las penosas consecuencias que puede acarrearle reclamar para sus hijos el derecho constitucional, reconocido en numerosas sentencias judiciales firmes, a recibir al menos el 25% de la enseñanza en castellano. La presión ambiental suele bastar para acallar ese deseo y tragarse en silencio los sapos ante la terrorífica perspectiva de exponer a sus hijos al brutal acoso de compañeros,

Torra al llegar al IES Palau de Sant Andreu de la Barcal para reconfortar al profesorado el 29 septiembre de 2018

familias y asociaciones respaldadas por las instituciones locales, como ocurrió a una familia en Balaguer. Mención aparte merecen los profesores que vejaron a los hijos de guardias civiles tras el 1-O en el instituto IES Palau de Sant Andreu de la Barca, el mismo donde Torra fue abucheado cuando acudió recientemente para confortar a los inquisidores.

La notable autonomía de la Generalitat y el control omnímodo que ejerce sobre los medios de

Puigdemont, presidente del gobierno de la Generalitat y prófugo de la Justicia) con Sánchez (presidente de la ANC) y Cuixart (presidente de Omnium Cultural), ambos encarcelados, y Lloveras imputada por el TSJC,  reunidos  en el palacio de la Generalitat para preparar el 11 de septiembre de 2016.

comunicación (públicos y subvencionados) y el movimiento asociacionista (ANC, Òmnium, AMI, organizaciones sindicales, etc.) han posibilitado convencer también a muchísimos ciudadanos adultos de que están políticamente oprimidos y económicamente expoliados. Aunque resulta imposible resumir en dos líneas lo sucedido, quiero destacar dos momentos decisivos: el editorial único publicado en la prensa del régimen el 26 de noviembre de 2009 y la llamada del indignado president Montilla a manifestarse en contra del Tribunal Constitucional el 28 de junio de 2010. Fue entonces cuando la Generalitat, los medios de comunicación y Òmnium decidieron cruzar la línea roja, al cuestionar abiertamente la división de poderes y competencias y apostar por la desobediencia insurreccional. El órdago de la Generalitat al

Montilla llama a los catalanes a manifestarse contra el Tribunal Constitucional el 28 de junio de 2010.

Estado iniciado el 9-N culminó con la aprobación de las leyes de desconexión (6-8 de septiembre de 2017), la celebración de la consulta ilegal el 1-O y la declaración de independencia aprobada en el Parlament el 27-O. Y si bien la aplicación del artículo 155 permitió destituir al gobierno golpista, las exigencias del PSOE (no intervenir los medios de comunicación) y Ciudadanos (convocar elecciones inmediatamente) impidieron desmontar el entramado administrativo-mediático-asociativo y restablecer la neutralidad institucional. La elección de Torra nos ha devuelto al clima de insurrección latente bajo cuya amenaza los constitucionalistas celebraremos en Barcelona el 12-O, para reclamar libertad, concordia y prosperidad.

Clemente Polo el 12-O en la Plaza de Cataluña.

 

 

Arcadi Espada y siete ‘bichos’ más detenidos por los Mozos en L’Atmella de Mar. Propongo convocar una concentración allí el próximo 1-O.

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La república del dedazo

Artículo publicado en el diario Expansión el 15 de mayo de 2018.

Torra, en el atril del Parlament, anunciando en la sesión de investidura que restablecerá las normas anuladas por el Tribunal Constitucional y retomará el proceso constituyente. 12 de mayo de 2018.

La fallida investidura de Joaquim Torra i Pla en el Parlament el 12 de mayo se resolvió este lunes con la proclamación del hombre elegido a dedo por Puigdemont para sucederle al frente del gobierno de la Generalitat. Mediado el domingo, el consejo político de la CUP reunido en Cervera anunció que sus cuatro diputados se abstendrían y harían buena la mayoría de 66 diputados de Junts per Catalunya (JcC) y ERC frente a los 65 de la oposición. A Torra, lo ha hecho presidente la misma fuerza política que hizo presidente a Puigdemont y apoyó su deriva republicana. Como todos los líderes de los partidos de la oposición advirtieron en sus intervenciones, la designación de Torra como presidente del gobierno de la Generalitat reabrirá, con más virulencia si cabe, la confrontación social y política en Cataluña y el conflicto entre la Generalitat y las instituciones democráticas del Estado.

Grupos organizados enfrentándose el 1-O a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

República o república

Ninguna otra cosa cabe esperar de un presidente que pretende en los cinco meses concedidos por Puigdemont restablecer las leyes anuladas por el Tribunal Constitucional, promover la desobediencia civil y retomar el proceso constituyente para restaurar la república que Puigdemont ya proclamó en octubre. Éste es el programa real que esconden las hermosas palabras del candidato: “diálogo y vida”. Sordos y ciegos a la realidad plural de la sociedad catalana, los diputados de los dos partidos secesionistas que apoyaron a Torra se niegan a aceptar que la coalición JxS sólo obtuvo el 39,5% de los votos en las elecciones del 25-S y que JxC y ERC lograron el 43,04% el 21-D.

Resultados de las elecciones autonómicas celebradas el 21-D en Cataluña.

El candidato Torra habló en nombre del ‘pueblo’ de Cataluña cuando en realidad JxC y ERC no representan en el mejor de los casos a más de 2,1 millones de catalanes de los 5,6 censados. Incluso sumando los votantes de la CUP, los catalanes que apoyaron a los partidos secesionistas sólo consiguieron el 47,5 % de los votos el 21-D. Le escuchamos también llenarse la boca con palabras como democracia y libertad, cuando en realidad su programa de gobierno atenta contra el principio más elemental de cualquier régimen democrático, a saber, el sometimiento de los gobernantes al ordenamiento constitucional y a las leyes democráticamente aprobadas, y cuando constituye un ejemplo de libro de intervencionismo autoritario en todos los ámbitos: político, social y económico. No me extraña que la CUP lo apoye.

Puigdemont, Torra, Artadi en Berlín el 10 mayo de 2018 en la reunión en que se decidió investir a Torra.

En su apartado populista, Torra nos remitió a una futurible república democrática, justa, eficiente y transparente completamente ajena a la bastante más pedestre realidad: Mas fue el sucesor nombrado a dedo por Pujol; Puigdemont el heredero elegido a dedo por Mas; y Torra el valido designado a dedo por Puigdemont. Sabemos ya que el patriarca de la saga, Jordi Pujol i Soley, se dedicó con toda su familia a saquear a los catalanes durante décadas. El ascenso de Mas y Puigdemont en CDC, no ocurrió por casualidad, sino por el importante papel que ambos desempeñaron en la trama del 3%: en la Consejería de Política Territorial y el Ayuntamiento de Gerona, respectivamente. Algún día conoceremos también qué parte de los recursos que Mas destinó a celebrar el tricentenario de 1714 –90 millones según el historiador Kamen– desaparecieron enterrados en el Born mientras Torra, nominado a dedo por el alcalde Trías, dirigía el centro ‘cultural’.

Radicalizar el conflicto

Torra fue nombrado a dedo por el alcalde Trias director del Centro Cultural del Born donde se enterraron millones de euros con motivo de la celebración del tricentenario de 1714. Presupuesto, según el historiador Kamen: 90 millones de euros. Apliquen el 3% para hacerse una idea de lo que pudo llegar a CDC.

Ni ser religioso ni haber editado algún que otro libro subvencionado por la Generalitat convierte a nadie en persona razonable, respetuosa y leal, mucho menos en humanista. La infinidad de tuits y artículos de opinión que ha publicado Torra en la última década, calificando a los españoles de ignorantes, opresores y expoliadores, producen vergüenza ajena, y lo invalidan para presidir el gobierno de la Generalitat. No parece haberse parado a pensar este ideólogo del secesionismo y rendido admirador de quienes practicaron el pistolerismo republicano, que los catalanes eran en 1714 tan pobres como el resto de españoles pero que su renta per cápita llegó a superar el 60% la media española en plena dictadura franquista. Basta con consultar la obra Estadísticas Históricas editada por Carreras (secretario de Economía de Mas-Colell) y Tafunell para comprobarlo. Constatado el impresionante progreso económico de los catalanes entre 1714 y 1975, resulta obligado concluir que si los españoles se dedicaron a expoliarlos hicieron muy mal su trabajo, Sr. Torra.

Torra y Trias en el centre cultural del Born.

Tras escuchar atentamente sus intervenciones y declaraciones de estos días y leer algunos de sus artículos, no albergo ninguna duda de que el séptimo presidente del gobierno de la Generalitat desprecia la lengua, las tradiciones y la cultura de la mayoría de catalanes, y está decidido a ahondar la fractura política y social abierta por Mas y Puigdemont, y a llevarla a sus últimas consecuencias. No nos engañemos más: Torra desenterró ayer el hacha y declaró la guerra. Quién crea que exagero, le recomiendo que lea su artículo “Per un nou Prats de Molló”. Como ocurrió en la Guerra de Sucesión, un conflicto mitificado y manipulado obscenamente por los partidos y las asociaciones secesionistas, esta guerra la ganará quien tenga mayor determinación, destine más recursos a la empresa y despliegue la mejor estrategia. De momento, los secesionistas van ganando: su determinación es indubitable; han dispuesto a su antojo de 38.000 millones de presupuesto para ganarse voluntades y financiar el entramado administrativo-mediático-asociativo; y, por último, dedican todo su tiempo, no a gobernar, sino a fortalecer el proceso secesionista en Cataluña y a desprestigiar la democracia española en el extranjero.

¿Está el Estado preparado?

Congreso de los Diputados: histórica sesión plenaria del 8 de abril 2014 en la que se rechazó la pretensión de los partidos catalanes de que se transfiriese al gobierno catalán la potestad de celebrar referéndums de autodeterminación.

Gobierno, Cortes y Tribunales se han limitado hasta ahora a responder a cada uno de los sucesivos golpes que la Generalitat y el Parlament iban asestando a nuestra democracia: aprobación de resoluciones y normas declaradamente inconstitucionales (resolución I/XI de inicio del proceso constituyente; conclusiones finales de la ‘comisión del proceso constituyente’ y las leyes del referéndum de autodeterminación y de transitoriedad jurídica y fundacional de la república’); acciones tumultuarias frente a la consejería de Economía y el Parlament y realización de la consulta ilegal del 1-O; y, por último, proclamación de la república el 27 de octubre.

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Puigdemont y Junqueras celebrando el golpe de estado en el Parlament el 27 de octubre de 2017.

Llegados a ese punto y muy a su pesar, Rajoy se vio obligado aplicar el artículo 155, destituir a Puigdemont y a sus consejeros, y convocar elecciones autonómicas. Pero poco se ha hecho para desmantelar el entramado administrativo-mediático-asociativo que protagonizó el golpe de estado, y para revertir el proceso insurreccional que los partidos y las asociaciones secesionistas alientan y alimentan desde el Parlament y los Ayuntamientos.

Rajoy en el Senado el 27 de octubre de 2017 solicitando la aprobación para aplicar el artículo 155 de la Constitución.

El 1-O pudimos constatar la imprevisión del Gobierno cuyo plan para impedir la consulta se vio superado por las acciones coordinadas del gobierno de la Generalitat y los Mozos, las asociaciones secesionistas (ANC, Ómnium y AMI), los sindicatos de enseñanza y los Comités de Defensa del Referéndum. Grupos bien organizados y pertrechados ocuparon los edificios públicos donde iban a celebrarse las votaciones y provocaron enfrentamientos con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado desplazados a Cataluña. Espero que el Ministro del Interior tomara buena nota y esté preparándose para afrontar el proceso insurreccional que se avecina. No basta para restablecer la normalidad democrática, Sr. Rajoy, apelar a “la sensatez, el sentido común y la legalidad” cuando enfrente se tiene a un gobierno dispuesto a saltarse la ley y a constituirse en república. Al Gobierno, al PSOE y a Ciudadanos les compete ahora adoptar las medidas necesarias para desmantelar el entramado golpista, y respaldar, no lo olviden, a los catalanes que están dando aquí la cara. Confío que así sea.

Rajoy y Sánchez en La Moncloa.

Rajoy y Rivera fotografiados en uno de sus últimas reuniones.

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Nuevo desafío del secesionismo al Estado

Artículo publicado en el diario Expansión el 22 de marzo de 2018.

Torrent “El Cancelador”: le viene grande hasta la bandera.

Tras el fallido intento de investir a Puigdemont hace unas semanas, Torrent ‘El Cancelador’ suspendió el pleno del Parlament convocado para investir a Sánchez, presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) preso en Soto del Real. Llarena, el juez del Tribunal Supremo que ordenó su ingreso en prisión investiga su participación en el intento de secesión de Cataluña organizado por el gobierno de la Generalitat (Puigdemont, Junqueras, Borràs, Comín, Forn, Ponsatí, Puig, Rull, Serret, Turull, etc.) y el Parlament (Forcadell, Rovira, Gabriel), con la colaboración indispensable de Sánchez, Cuixart, presidente de Òmnium Cultural, y Lloveras, entonces presidenta de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI).

Torrent en el acto del ‘9denou’ en Vic.

El interés del asunto no radica tanto en la previsible suspensión del acto en sí cuanto en las declaraciones que hizo Torrent en Vic –ciudad que recibió a Franco como a un héroe y ahora está literalmente plagada de banderas estrelladas y lacitos amarillos– en un acto organizado para celebrar el aniversario de uno de tantos medios de comunicación (el9nou) que subvenciona la presidencia de la Generalitat para promocionar el secesionismo en Cataluña. Resulta paradójico contemplar a la enfervorizada audiencia aplaudirle cuando Torrent reclamó “libertad de expresión y respeto institucional”. ¿Acaso no estaba ejerciéndola con pleno respeto institucional? Quién demostró una vez más falta de respeto institucional fue Torrent cuando advirtió con tono amenazador que “no permitiremos que los tribunales decidan quién es el presidente de la Generalitat de Cataluña”. ¿Acaso algún Tribunal pretende tal desatino? Ninguno, como  ninguno interfirió en su elección. Hay una sola razón, Sr. Torrent, por la que los candidatos propuestos hasta ahora (Puigdemont y Sánchez) no han sido investidos: su empecinamiento en proponer a prófugos o presos.

La cosa viene de lejos: Puigdemont con Sánchez, presidente de la ANC, y Cuixart, presidente de Omnium Cultural, preparando el 11 de septiembre de 2016. Testigo: Munté, consejera de Puigdemont.

Hacer república

Los políticos secesionistas deambulan frustrados y algo desconcertados porque los resultados electorales del 21-D vinieron a confirmar la falta de apoyo social para su proyecto. Hasta un declarado independentista como Carod-Rovira reconocía hace unos días que hace falta algo más que el 47,5 % de los votos para poder sacarlo adelante y les advertía que mayor será la frustración cuanto más tarden en reconocerlo. “Parece mentira –afirmó el exvicepresidente de la Generalitat en otro medio

Carod-Rovira (ERC), exvicepresidente del gobierno de Maragall “¿Es preciso seguir haciendo el ridículo?”.

subvencionado (8TV)– que dos meses y medio después de las elecciones aún estemos así. ¿Tanto cuesta elegir a un candidato que no esté huido o encarcelado? ¿Es preciso seguir haciendo el ridículo?” Torrent está dispuesto a hacer el ridículo hasta que alguien le ordene lo contrario.

Los candidatos de Junts pel Sí, la noche del 27-S. Entonces se las prometían muy felices,… ahora, parecen no reir tanto.

Incluso los catalanes que se sintieron atraídos por la promesa de forjar ‘un país nuevo y  justo’ están preguntándose qué fue de la hoja de ruta de JxSí que prometía proclamar la república en 18 meses contados a partir del 27-S; dónde están las ‘estructuras de estado’ que Puigdemont y Junqueras les aseguraban tener a punto para empezar la desconexión; por qué más de 3.200 sociedades han trasladado sus sedes a otras Comunidades y el asegurado reconocimiento internacional no ha llegado; y se preguntan qué pueden esperar de los líderes que apenas habían terminado de entonar el ‘cop de falç’ huyeron despavoridos por la frontera. “Ciutadans de Catalunya: ja no soc allí”, esta es

Puigdemont en Bruselas con un Mozo de Escuadra en funciones de guardaespaldas.

la primera frase que Puigdemont debería haber dirigido a los catalanes desde Bruselas.

Estamos asistiendo a la descomposición de un proyecto político cuya hoja de ruta ha sufrido mil y un cambios sin que, como apuntaba Carod-Rovira, Mas, Puigdemont y Junqueras hayan tenido la honradez de reconocer su fracaso. Como expliqué en mi artículo “Auge y decadencia del nacional-secesionismo” (Expansión, 23 de diciembre 2017), a pesar de contar con el respaldo de todas las instituciones autonómicas y locales, y el apoyo del potente entramado mediático-asociativo, el respaldo social no sólo ha retrocedido desde 2012 sino que ha despertado a los catalanes deseosos de seguir siendo

Junqueras presentando su hoja de ruta, 11 noviembre 2014.

españoles y europeos. El éxito de la manifestación del pasado 30 de septiembre en Barcelona, en vísperas de la consulta del 1-O, puso de manifiesto la pluralidad de la sociedad catalana, y marcó un punto de inflexión que refrendaron las movilizaciones del 8, 12 y 29 de octubre y 6 de diciembre en 2017, y el 4 de marzo en 2018.

30 septiembre: manifestación en vísperas de la consulta ilegal del 1-O. Vista general de la plaza de San Jaime.

Agotado pero no desmantelado

En la mañana del 26 de octubre, un día antes de la esperpéntica votación en el Parlament que precedió a su huida, el expresident Puigdemont estaba dispuesto a convocar elecciones anticipadas. Sólo faltó para que lo hiciera que el Gobierno de España le garantizara la impunidad de los líderes incursos en causas judiciales por su papel en los tumultos del 20-21 de septiembre frente a la Consejería de Economía, y por la organización de la consulta ilegal del 1-O. Al margen de lo absurda que resultaba su exigencia en un Estado de Derecho donde prevalece la división de poderes, la petición de Puigdemont revela la endeblez de las convicciones de quien al día siguiente votó a favor de constituir la república catalana.

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Puigdemont y Junqueras celebrando el golpe de estado en el Parlament el 27 de octubre, pocas horas antes de huir a Bruselas.”Un cop falç, un cop de…” antes de salir por piernas huyendo.

El desconcierto y las desavenencias actuales entre los líderes secesionistas confirman que ni el control absoluto de la Generalitat (Gobierno, Parlament, Diputaciones y Ayuntamientos) y la mayoría de medios de comunicación en Cataluña, ni las movilizaciones organizadas por la ANC, Òmnium y AMI durante los últimos años han dado los frutos esperados. Pero aunque la resaca ha arrastrado a algunos de sus líderes más adentro, todo apunta a que volverán a las andadas en cuanto el mar nos los devuelva o sean reemplazados por otros. Y es que para la casta secesionista, “hacer república” es el conjuro mágico que propulsa sus carreras políticas, y les proporcionan días de gloria y hasta un confortable modus vivendi, al menos mientras la impunidad dura.

Para constatar lo poco que ha cambiado la situación política tras la aplicación del artículo 155, basta con observar la realidad  cotidiana y ojear el borrador del acuerdo alcanzado por JxC y ERC para repartirse la Generalitat. Los mandos de los Mozos, salvo Trapero, siguen en sus puestos pese a la pasividad y hasta connivencia mostrada el 1-O y las informaciones publicadas sobre el espionaje al que han sometido a catalanes de a pie y a miembros del Gobierno español. La mayoría de Ayuntamientos continúan incumpliendo el ordenamiento jurídico y financiando a la AMI. Gasseni, su presidente provisional, reclamaba hace pocos días “hacer efectiva la república”, y la nueva ejecutiva, presidida por Cervera, reiteraba su rechazo al Estado de Derecho en el manifiesto de Tárrega. Torrent y los portavoces de JxC y ERC cuestionan todos los días la competencia de los Tribunales para pronunciarse sobre actos contrarios al ordenamiento jurídico.

Aspecto actual del Centro de Atención Primaria del Servicio Catalán de Salud (CatSalud) en Vilobí del Penedés.

Ayuntamiento Vilobí del Penedés 23 de febrero de 2018: en rebeldía.

El borrador incluye también el compromiso de “impulsar el Proceso Constituyente, que contempla movilizar a la sociedad catalana… contra la represión policial y jurídica del Estado español”, crear comisiones parlamentarias y realizar una ‘multiconsulta’. Incluso lleva el desafío al Estado de Derecho un punto más allá, al incluir la propuesta de dejar en manos de la corte belga de Puigdemont, compuesta por la “Asamblea de Representantes,

Artadi, Torrent y Pujol en el Parlament tras sellar el acuerdo de investidura.

Presidencia y Consejo”, la “capacidad para impulsar políticas, estrategias, propuestas y la internacionalización”. El desafío lo completa el compromiso de “implementar en los seis meses siguientes la Moción 55/XI sobre la desmilitarización

El Parlament pide al Govern, a instancias de la CUP, prohibir los desfiles militares en Cataluña. Y el PSC de Iceta reclama el traspaso del patrimonio militar a la Generalitat.

de Cataluña aprobada por el Parlament el 14 de julio de 2014”. Como no podía ser de otra manera, la Fiscalía ya ha advertido al juez Llarena que el acuerdo vulnera la legalidad vigente. Ahora que el lector juzgue si la aplicación del 155 ha restablecido (o no) la normalidad democrática en Cataluña.

Asamblea de la AMI el 15 de marzo de 2018: conjurados con Cervera, su nuevo presidente para seguir trabajando por la independencia.

 

 

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¿Somos república?

Artículo publicado en el diario Expansión el 16 de noviembre de 2017

Forcadell a su salida de la prisión de Alcalá-Meco el 10 de noviembre de 2017.

Forcadell abandonó la prisión de Alcalá-Meco el 10 de noviembre a media mañana, tras depositar la fianza de 150.000 euros impuesta por el Magistrado Llarena Conde, instructor de la causa abierta en el Tribunal Supremo (TS) contra los miembros de la Mesa del Parlament de Cataluña que aprobaron llevar al pleno la resolución de independencia votada el 27 de octubre. La fianza fue depositada mediante cheque firmado por el tesorero de la asociación secesionista ANC que la propia Forcadell presidió desde 2012 hasta 2015, y que en conjunción con el gobierno de la Generalitat, los grupos parlamentarios Junts pel Sí y CUP, y las asociaciones Òmnium, AMI y ACM han promovido la constitución de un estado independiente en forma de república. Además de la retirada del pasaporte y la prohibición de abandonar España, el auto impone a la presidenta la obligación de presentarse semanalmente en el juzgado de su conveniencia y comparecer ante el TS cuando sea requerida.

Te queremos Carme

Forcadell antes de proceder a votar la resolución de proclamación de la independenci el 27 de octubre de 2017.

Como el Magistrado establece en su auto, Forcadell desplegó “una actuación principal en los hechos que se investigan”, tanto mientras estuvo al frente de la ANC como durante el tiempo que ha presidido el Parlament. Fue precisamente durante esta segunda época que culminó en la fatídica votación, cuando el Parlament “perfiló el método que se iba a seguir para declarar la independencia” y se aprobó “el aparente soporte legislativo que el proyecto necesitaba, fundamentalmente las Leyes del referéndum y de desconexión que condujeron a la declaración de independencia”. Forcadell era plenamente consciente de la inconstitucionalidad de todas las resoluciones y normas aprobadas durante su presidencia, pues  ignoró las repetidas advertencias del Tribunal Constitucional y los informes del Letrado Mayor y el Secretario General del Parlament al respecto, y aplicó con mano de hierro el reglamento reformado ad hoc para aprobar las leyes de desconexión.

Forcadell saltándose la ley al llevar al pleno la ‘ley del referéndum de autodeterminación’ aprobada en el Parlamente el 6 de septiembre de 2017.

Forcadell se reafirmó en su actitud desafiante y declaró el 6 de octubre de 2016 que “volvería a hacer lo mismo” tras conocer que el Tribunal Constitucional había pedido al fiscal actuar contra ella.

Según se desprende también del auto, la hasta ayer inmaculada heroína del secesionismo asumió ante el Magistrado del TS la intervención de la Generalitat en aplicación del artículo 155 y se comprometió a renunciar “a cualquier actuación fuera del marco constitucional”. Protagonista indiscutible de todas las manifestaciones convocadas por las asociaciones secesionistas desde 2012, Forcadell no asistió a la concentración de las linternas en Barcelona el 11 de noviembre (11-N) convocada por la ANC u Òmnium para reclamar la excarcelación de los ‘presos políticos’, categoría que  incluye a los miembros del gobierno de la Generalitat encarcelados, a los miembros de la Mesa del Parlament en libertad condicional y a los ‘jordis’, los cabecillas de los tumultos frente a la Consejería de Economía el 20-21 de septiembre.

 

Puigdemont y Forcadell en la Diada 2017 con Jordi Sánchez, presidente de la ANC. Sánchez dijo: “Hoy nos tenemos que declarar insumisos a todos aquellos tribunales que solo deseen preservar la indivisible unidad de la patria”.

Forcadell, aconsejada por su defensa, prefirió ‘desconectarse’ del acto que habría reafirmado su compromiso personal con “la movilización ciudadana” a la que, el Magistrado del TS que instruye su causa, atribuye un papel esencial en el proceso, en tanto que “elemento que forzara el reconocimiento político del estado de hecho”. Mauri, vicepresidente de Òmnium, le dedicó un enternecedor “Te queremos Carme”, y la exculpó por su renuncia en el TS: “nos da igual –dijo– lo que hayan dicho… los miembros de la Mesa ante un Estado que amenaza. Lo único que cuenta es todo lo que han hecho estos años, desde el Parlament y desde las calles”. Forcadell publicaba el siguiente mensaje pocas horas después de abandonar la prisión: “Volvemos a casa. Con la conciencia tranquila de haber actuado correctamente: garantizar la libertad de expresión en el Parlament, sede de la soberanía nacional”. Este tuit de Forcadell muestra, además de falta de arrepentimiento, ninguna voluntad de respetar nuestra Constitución.

Alcoberro, vicepresidente de la ANC, en uso de la palabra en la manifestación del 11 de noviembre de 2017, convocada para pedir la excarcelación de los presos ‘políticos’ y reivindicar la ¡legitimidad’ del gobierno de Puigdemont cesado por el Gobierno de España.

La realidad es que  el futuro de Forcadell y del resto de golpistas, desde Puigdemont al último consejero, así como otros altos cargos cuyas actividades delictivas aflorarán a medida que progresen las investigaciones en curso, es bastante negro. Como subrayó Llarena, la violencia a la que se refiere el artículo 472 del Códido Penal “no hace sino adjetivar el alzamiento que requiere el delito de rebelión. Pero eso no quiere decir que para que el alzamiento sea público resulte exigible que incorpore hechos lesivos o dañosos, bastando para ello hacer ostentación de una fuerza y mostrar disposición para usarla. La presencia de violencia por uso de armas trasciende el tipo básico del delito de rebelión que se convierte en una modalidad agravada”. Querida Carme, más vale que te tomes un respiro porque cualquier actuación que dé pie a pensar que persistes en actuar “fuera del marco constitucional” sólo agravaría tu ya complicada situación procesal.

Forcadell (ANC) votando el 9 de noviembre de 2014.

Un sólo Estado, no dos

Puigdemont convertido en foragido de la justicia denigrando la democracia española y las instituciones de la UE.

A pesar de los denodados esfuerzos de ‘Puigmalión’ en Bruselas por trasladar a los catalanes la impresión de que hay un gobierno en Bruselas, la aceptación por la mayoría de sus consejeros de ir a la cárcel, la claudicación por muy insincera que sea de Forcadell ante el 155, la decisión de todos los partidos, ERC y CUP incluidos, de participar en las elecciones autonómicas convocadas por un gobierno ‘ilegítimo’, y el reconocimiento tardío de que no estaban preparados para poner en marcha la república, desmonta completamente la pretensión de Puigdemont de aparecer como presidente exiliado. Su reunión con dos de las diputadas de la CUP que asestaron el golpe de gracia a Mas, seguida por la visita del propio Mas a Bruselas, da una idea de hasta qué punto el expresidente no sabe a dónde va ni con quién. Su última víctima ha sido su propio partido, el PDeCAT, que abandonó a su suerte en un túnel para subirse al autobús de “Junts per Catalunya”. Claro que un nombre más apropiado habría sido “Dividits per Catalunya”.

CDC fue rebautizada como PDeCAT para difuminar el hedor a corrupción tras el caso Palau-3% y el afloramiento de la ilegal fortuna del clan Pujol. Al parecer la labor fumigación no fue del todo efectiva y piensan concurrir el 21-D con un nuevo partido llamado ‘Junts per Catalunya’.

A este psicópata de la política le han bastado unos días en Bruselas para dilapidar el escaso crédito con que contaba a su llegada. Ahora, además de denigrar la democracia española, se dedica a desacreditar a los líderes y las instituciones de la UE. Los apoyos que esperaba concitar para su causa en el corazón de Europa brillan por su ausencia. La propuesta presentada en el parlamento de Flandes para reconocer la independencia de Cataluña sólo logró el respaldo de 4 diputados (sobre 99) de extrema derecha. Y Amnistía Internacional reconoció que los dirigentes catalanes detenidos no son presos políticos. En fin, se amontonan las malas noticias para Puigdemont, los ‘jordis´ y demás golpistas porque pase lo que pase en las elecciones del 21-D nadie va a librarlos de sentarse en el banquillo.

La ANC convoca una concentración en Bruselas el 7-D para explicar al mundo lo poco democrática que es la democracia española.

La cuestión ahora es saber hasta cuándo tendrán gasolina la ANC, Òminum y la AMI para seguir fletando autobuses y alimentando la ficción de que algunos viernes o sábados por la tarde “somos república”. Aunque el 7 de diciembre planean invadir Bruselas para respaldar a “nuestro gobierno legítimo”, la convocatoria de elecciones ha hecho aflorar diferencias entre los tres partidos secesionistas que les ha impedido alcanzar acuerdos programáticos de largo alcance. La unidad se agota en la agitación callejera y debe resultar descorazonador para los manifestantes escuchar a Alcoberro, vicepresidente de la ANC, recordarles que el ‘pueblo’ de Cataluña se sobrepuso a los desastres de 1714 y 1939. ¿Ése es el desastroso y trágico futuro que espera a la república catalana? Mientras la agenda política esté en sus manos de agitadores mendaces e irresponsables, nadie puede extrañarse de que las empresas hayan paralizado sus inversiones y cerca de 2.500 sociedades hayan abandonado Cataluña. El Gobierno debería prepararse también porque el 21-D no detendrá a los golpistas ni evitará la ralentización económica.

Buch, presidente de la ACM, con Puigdemont, Junqueras, Forcadell y Lloveras, la presidenta de la AMI. Buch y Lloveras viajaron a Bruselas para apoyar a Puigdemont con el dinero de los catalanes.

 

 

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Otra huelga ‘general’ contra la democracia en España

Artículo publicado en el diario Expansión el 11 de noviembre de 2017

La nueva huelga ‘general’ que convocó una suerte de sindicato denominado Intersindical-CSC, ha sido un completo fracaso en cuanto a su incidencia en la actividad empresarial en el sector privado pero ha demostrado una vez más la eficacia de pequeños grupos organizados y violentos que pueden cortar autovías e infraestructuras ferroviarias provocando colapsos circulatorios que ocasionan serios perjuicios a los sufridos ciudadanos. Cientos de miles de horas de trabajo y ocio perdidas que se traducen en importantes pérdidas para la economía catalana y, por ende, también para la española. Cuánto tiempo más puede aguantarse esta situación es la pregunta que deben hacerse muchos empresarios, inversores, trabajadores, turistas y organizadores de congresos. A Puigdemont, Junqueras y demás políticos secesionistas parece importarles un bledo.

Puigdemont en la TV belga el pasado 4 de noviembre.

Sindicatos convocantes

Sastre, primero por la izquierda, junto a otros dirigentes de CSC convocando la huelga ‘general’.

Entre las organizaciones convocantes de esta huelga figuran la Confederación Sindical de Cataluña (Intersindical-CSC), la Intersindical Alternativa de Cataluña (IAC) y la Coordinadora Obrera Sindical (COS), ‘sindicatos’ todos ellas próximas a partidos y asociaciones secesionistas y algunas sin apenas implantación en el mundo laboral. Con la excusa del aumento en la precariedad laboral, la CSC convocó huelga ‘general’ el 8-N, a la que no se sumaron los sindicatos mayoritarios, pero sí recibió el apoyo de las sindicales IAC y COS, los partidos ERC y CUP y las asociaciones ANC y Òmnium que llamaron a “paralizar el país”. El verdadero motivo de la huelga era protestar por los encarcelamientos ordenados por la juez Lamela de los líderes de la ANC (Sánchez) y Òmium (Cuixart), Junqueras (ERC) y siete exconsejeros del gobierno de la Generalitat. A pesar del carácter inequívocamente político de la huelga, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña desestimó la petición de la patronal Foment del Treball de suspenderla, algo que prueba hasta qué punto nuestra democracia es garantista, incluso para los ciudadanos y las organizaciones que pretenden socavarla.

8-N: un piquete corta la Ronda de Dalt en Barcelona.

El caso de CSC merece consideración más detallada. Su secretario general, Carles Sastre Benlliure, fue miembro del Exèrcit Popular Català (EPOCA) y Terra Lliure, y participó en mayo de 1977 en el asesinato del empresario catalán Josep María Bultó. Como es bien sabido, los terroristas exigieron al industrial el pago de 500 millones de pesetas en 24 horas y le adosaron una bomba a su cuerpo para asegurarse que pagaría, pero la bomba explotó pocas horas después y el industrial quedó despedazado. Ingresó en la cárcel Modelo pero fue amnistiado en octubre de 1977. En enero de 1978, Sastre y sus compinches acabaron, mediante idéntico procedimiento, con la vida de Viola Sauret, exalcalde de Barcelona, y su esposa. Huido a Francia, Sastre fue detenido en 1985 y fue condenado a 30 años por el asesinato de Bultó pero absuelto del doble asesinato de Viola y su mujer. En 1987, fue condenado a 18 años de prisión por pertenencia a banda terrorista y tenencia de armas.

Sastre, ex-terrorista de Época y Terra Lliure elegido secretario general de la intersindical-CSC el 7 de abril de 2013.

Tras su liberación 11 años después, Sastre se recicló como sindicalista y fue nombrado secretario general de CSC en 2013. Su completa rehabilitación coincidió con la firma de un manifiesto de apoyo a Artur Mas y una entrevista en la que Grasset –también miembro de EPOCA reconvertido en presentador de TV3– lo calificó de “preso político” y “gran reserva del independentismo. Tal disparate provocó la reacción de Lucía Bultó, sobrina del empresario asesinado, que exigió al ‘presentador’ informarse mejor. El president Mas premió al terrorista convicto incorporándolo en 2015 a la mesa del ‘pacto nacional por el derecho a decidir y la instantánea en que aparece Sastre junto al ex juez Vidal en la escalinata del Parlament de Cataluña resume perfectamente el grotesco acontecimiento.

Sastre, su rostro enmarcado en un círculo, junto al exjuez Vidal en la foto de familia del Pacto Nacional por el Derecho a Decidir. A su lado ¡, el exjuez Vidal y muy cerca Cuixart Òmnium, y Sánchez, ANC. En primera fila la alcaldesa Colau, Forcadell, Puigemont y Junqueras. Lloveras, presidenta de la AMI, al lado de Romeva.

Incidencia de la huelga

La huelga del 3-N apenas afectó a la actividad económica de las empresas y al comercio en Cataluña pero si tuvo  incidencia en el sector público y especialmente en el ámbito educativo, y provocó grandes atascos y pérdida de tiempo por la invasión de vías férreas, carreteras, autovías y autopistas. Según la patronal Foment del Treball la “huelga ilegal por motivaciones extralaborales”  tuvo un seguimiento “prácticamente nulo” en casi los medios de transporte urbanos, hostelería comercio, industria, etc. Según la patronal de PIMEC que hasta hace poco coqueteaba con el secesionismo pero se desmarcó también de la huelga, el impacto fue del 4,3%.

Dirigente sindical de USTEC-STSs dirigiéndose a los congregados en la Plaza de la Catedral el 8-N: “No donarem classes en castellà, i a més no renunciem a parlar de política a les aules”.
“No daremos clase en castellano y además no renunciaremos a hablar de política en las aulas”

En el ámbito educativo, la huelga fue respaldada por el sindicato de docentes USTEC-STEs y tuvo un impacto considerable en los centros públicos. A los alumnos se les advirtió que los profesores harían huelga y se suspenderían las clases. En la huelga del 3-N, la dirección de los centros remitió cartas a los padres para que solicitar permiso para que sus hijos se sumaran a la huelga convocada por los sindicatos estudiantiles. ¿En qué cabeza cabe que jóvenes de tercero y cuarto de ESO participen en una huelga general convocada? En la monstruosa cabeza de la exconsejera del gobierno en el exilio que anima a la resistencia desde Bruselas.

8-N: inacción policial e impunidad de los piquetes de los comités de defensa de la república durante el 8-N.

Lo que la huelga también evidenció es que la destitución de Trapero al frente de los Mozos de Escuadra no ha cambiado nada. La misma pasividad y connivencia que mostraron con los violentos ‘comités de defensa del referéndum’ el 1-O volvió a repetirse ante los ‘comités de defensa de la república’ el 8-N, que cortaron con impunidad calles carreteras, autovías y autopistas, y tomaron violentando las estaciones de Adif en Figueras y Barcelona. Todo un ensayo general de huelga revolucionaria. El resultado fueron colas kilométricas de automóviles y camiones y graves perjuicios para cientos de miles de sufridos trabajadores y ciudadanos. Renfe y Adif estiman que 150.000 viajeros resultaron afectados por la interrupción del tráfico ferroviario.

Los comités de defensa de la república invadiendo las vías de la estación de Sants en Barcelona: 150.000 personas perjudicadas por la paralización del tráfico ferroviario.

Irresponsabilidad sindical

Aunque las grandes sindicales no se sumaron a la huelga, los profesores y personal administrativo universitario recibimos mensajes de apoyo a los golpistas. Éste es el mensaje que recibí de la sección sindical xxxx de la UAB el 3 de noviembre: “Desde la mesa de la democracia continuamos defendiendo el autogobierno de Cataluña, así como las instituciones catalanas y las personas escogidas democráticamente para ejercer la representación de los intereses generales… y exigiendo la libertad de todos nuestros presos políticos y la retirada de todos los cargos”. No pude evitar responder manifestando que “estoy en contra de lo que afirman y me da vergüenza que envíen estos comunicados en favor de los golpistas. Debería sonrojarles pretender erigir muros entre ciudadanos, sobre todo si pretenden favorecer a los más ricos”.

La alcaldesa Colau y Gallego, CCOO, y Álavarez, UGT, arropando a Junqueras en un acto en favor de la consulta del 9-N. Que expliquen ahora a sus militantes por qué las sociedades trasladan sus empresas fuera de Barcelona.

La sindicalista que “a título personal” contestó mi correo –mantendré su nombre en el anonimato– confesaba que “debo decirle que particularmente yo también me siento incómoda con algunos de los textos que hemos enviado, porque no comparto algunas de las cosas que está defendiendo actualmente el sindicato del que formo parte, pero los textos los enviamos tal y cual nos los hacen llegar a nosotros, es decir son comunicados oficiales y como tales nos vemos obligados de enviarlos sin entrar en valoraciones, dado que no es esta nuestra función”. Flaco consuelo. Desde que UGT y CCOO decidieron subirse al carro del ‘derecho a decidir’ en 2014, las sindicales han respaldado la deriva secesionista del gobierno de la Generalitat. Hoy deberían explicar a los trabajadores las consecuencias de la salida de más de 2.300 sociedades de Cataluña, la caída del turismo y de las ventas de las empresas que amenazan sus puestos de trabajo. Gallego (CCOO) y Álvarez (UGT) deberían explicar si éste era el prometido “dividendo fiscal de la independencia”. El 21-D los catalanes tienen la oportunidad de rectificar antes de que los engulla la república de PuigCupqueras.

La cosa viene de lejos: Álvarez (UGT, Catalunya), Casals (Òmnium Cultural) y Gallego (CCOO, Catalunya) posando a favor del derecho a decidir y la consulta.

 

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Ciudadanos contra golpistas en Sant Cugat del Vallés

Conesa, alcaldesa de CDC de Sant Cugat del Vallés, colocando la primera urna en el pabellón deportivo en la madrugada del 1-O.

En la madrugada del 1-O, Conesa, la alcaldesa de Sant Cugat del Vallés (SCV), acudió madrugadora al pabellón deportivo situado al costado del Ayuntamiento, para dejar constancia ante los medios de comunicación locales (TOT Sancugat) –subvencionados y al servicio, claro está, del consistorio–  del ‘histórico’ momento en que la alcaldesa colocaba la primera urna. Los Mozos de Escuadra de Sant Cugat que estaban, supongo, agazapados en su cuartelillo a cinco minutos del consistorio, tuvieron, como yo, puntual noticia de lo que estaba sucediendo, pero nada hicieron para retirar la urna que acababa de colocar la insurrecta alcaldesa. No sé si la Fiscalía habrá denunciado a la alcaldesa por este lamentable hecho, pero aquí dejó la ‘heroica’ instantánea que difundieron los medios locales antes de las 9:00 horas por si considera pertinente poner una querella contra una alcaldesas acostumbrada a incumplir con deliberación y reiteración las sentencias de los tribunales.

AEB de Sant Cugat denunciando la inmersión lingüística.

Turull y Pujol (Oriol) arrpopando a Osàcar, secretario de Artur Mas (1995-2000) y tesorero de CDC (2000-2011) en la Ciudad de la Justicia. Para Osàcar, el fiscal le solicita 8 años de prisión por el caso Ferrovial-Palau-CDC.

Por cierto, no está de más recordar que el flamante pabellón deportivo de SCV es una de las innumerables obras por las que el partido de Conesa, Corrupción, perdón Convergencia Democrática de Catalunya, rebautizado como PDE-Cat, cobró la mordida habitual del 3%, con intermediación de Millet, el famoso trincador del Palau,  precisamente cuando Turull, el portavoz del último gobierno de Puigdemont, era gerente del consistorio santcugatenco. No es éste, ni mucho menos, el único caso de corrupción en el que se ha visto involucrado el Ayuntamiento de SCV. Lo paradójico es que la ONG Transparencia Internacional-España haya otorgado al Ayuntamiento de Sant Cugat el premio a la transparencia, en más de una ocasión, galardón que ha compartido con el de Sabadell, cuyo alcalde Bustos (PSC) tuvo que dimitir tras ser imputado en diversos casos de corrupción. Quizá esta ONG haría bien en acudir a un oftalmólogo internacional, por supuesto.

Conesa (CDC) alcaldesa del Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès poniendo en marcha la campaña a favor de la independencia.

Sánchez (ANC) y Cuixart (Òmnium) arengando a los comités de defensa del referéndum subidos a un vehículo de la Guardia Civil.

Una de las últimas iniciativas de Conesa en apoyo al intento de secesión perpetrado por Puigdemont ha sido poner una gigantesca pancarta en el consistorio que rezaba “LLIBERTAD PRESOS POLITICS #Democracia”, me temo que pagada con el dinero de todos, como las vacaciones de Puigdemont y sus exconsejeros en Bruselas. Hace unos días, la ANC y Òmnium convocaron una manifestación en SCV para pedir la libertad de los ‘jordis’ delante del Ayuntamiento, con la pancarta ya lista para acogerlos. Y el 6 de noviembre se convocó a través de las redes otra manifestación para reivindicar la Constitución Española y la aplicación de las leyes a todos los ciudadanos, incluidos los dos dirigentes de la ANC que convocaron y arengaron a sus tropas de choque para poner cerco a la policía judicial. Estaba pensando en irme esta mañana al cuartelillo de los Mozos en SCV, subirme a uno de los vehículos que suele haber allí aparcados, cubrirlo de pegatinas, romper los cristales, y husmear dentro por si hubiera armas y llevármelas en ese caso. Me temo que la Sra. Conesa no me consideraría un preso político ni pondría una pancarta en el Ayuntamiento para exigir mi liberación. Después de la actuación (más bien inacción y connivencia) de los Mozos el día 1-O, hay más razones para hacer esto que hicieron hoy algunos ciudadanos en SCV que para justificar el irresponsable comportamiento de los ‘jordis’ el 20-21 de septiembre. Hay muchos ciudadanos que nos hemos sentido reconfortados al ver que gente como los ‘jordis’ y los ‘consiglieri’ ya no gozan de impunidad, como ocurría hasta ahora, y tienen que responder de sus actos ante los Tribunales.

Antes y después: Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallés.

Los medios de desinformación, subvencionados hasta las cejas consideran un deber patriótico apoyar los escraches a políticos constitucionalistas, así como las manifestaciones y hasta huelgas generales convocadas para pedir la excacercelación de presuntos delincuentes, sin importarles siquiera que al frente del sindicato convocante (SCS) esté un terrorista (Carles Sastre) convicto por el asesinato del empresario catalán Josep María Boltó.  En cambio, esos medios se rasgan las vestiduras porque, después de pedir durante una hora que saliera Conesa a dar la cara, un puñado de manifestantes decidió quitar la ignominiosa pancarta que ésta había colocado para humillar a todos los catalanes partidarios de la igualdad y defensores del orden constitucional. Los ultras son ustedes porque nada hay más parecido al régimen nacional-sindicalista que el régimen nacional-secesionista que ustedes pretendieron imponernos, saltándose el orden constitucional, el 27 de octubre. En la próxima manifestación, Sra. Conesa no pediremos que retire la pancarta sino que dimita por complicidad con los golpistas.

Sant Cugat del Vallés concentración en favor de la Constitución y la igualdad de todos los españoles.

Conesa, alcaldesa de Sant Cugat del Vallés y portavoz de CDC,no ve impedimiento en votar pese a la suspensión del Tribunal Constitucional.

 

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