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El problema de Cataluña se llama insurrección

Artículo publicado en el diario Expansión el 22 de diciembre de 2018.

Sánchez y Torra intercambiando libros en La Moncloa.

¿Hay algún Estado democrático cuyo gobierno permita a los políticos que lo representan en una parte del territorio y a los empleados públicos que allí prestan sus servicios exhibir símbolos cuyo significado, implícita o explícitamente, es que la policía y los jueces encarcelan arbitrariamente a ciudadanos inocentes? Conozco uno, España, y una Comunidad Autónoma, Cataluña, donde este tipo de falsedades y humillaciones son moneda corriente. Digo falsedades, porque la mera exhibición de esos símbolos contradice la pretendida falta de libertad y ausencia de las garantías democráticas reclamadas. Y digo humillaciones, porque quienes no compartimos tales falsedades hemos de soportar estoicamente la falta de neutralidad y respeto exigibles a

Parlament de Cataluña decorado con lazos amarillos.

representantes políticos y empleados públicos. Hace pocos días, me atendió un anestesista (de cuyo nombre prefiero no acordarme) en un hospital público con un lazo amarillo prendido en la solapa, y mientras me hacía preguntas rutinarias y me explicaba los pros y contras de cada tipo de anestesia, me debatía entre llamarle la atención o dejar correr el asunto. Al final callé consciente de la pérdida de tiempo y energía que me supondría reclamar neutralidad a un médico anónimo, cuando el presidente del gobierno español recibe en La Moncloa y se reúne en Barcelona con el enlazado y apretado president Torra.

¿Reunión o concesión?

Sánchez conversando con Torra que lucía su lacito amarillo y tenía detrás dos jarrones con flores amarillas.

Hay que ver lo distraídos que nos han tenido los últimos días preparando una reunión de apenas una hora, cuyo único resultado tangible ha sido un comunicado descafeinado de tres parrafitos. Torra recibió a Sánchez en Pedralbes con su sempiterno lazo, mientras un centenar de miembros de los ‘comités de defensa de la república’ (CDR), grupos parafascistas que han protagonizado enfrentamientos violentos con los Mozos en Barcelona, Gerona y Tarrasa recientemente, coreaban consignas fraternales: “independencia”, “derribemos el régimen del 78” y “fuera las fuerzas de ocupación”. Desconozco si en esta ocasión Torra les había pedido que apretaran, pero lo cierto es que lograron sin gran esfuerzo cortar la Diagonal, no sé si por impotencia del formidable dispositivo de los Mozos o porque sus mandos, como en otras ocasiones, les ordenaron apretar poco.

El Congreso aprueba el 20 de diciembre la senda de déficit de los PGE con apoyo de los diputados secesionistas de ERC y PDeCAT.

Sí o sí, estaban condenados a reunirse. Sánchez necesitaba los votos de los diputados secesionistas de ERC y PDeCAT para aprobar el techo de gasto en el Congreso y trasladar a la opinión pública la sensación de que todavía hay partido y puede aprobar los PGE 2019, aunque sea con varios meses de retraso. Torra, por su parte, necesitaba mostrar a los suyos que podía sentar a Sánchez en la mesa de negociación. El objetivo del presidente hasta las próximas elecciones generales no es tanto gobernar como simular que lo hace y aprobar medidas populistas (subidas de pensiones y SMI, aumento de los sueldos de los empleados públicos, etc.) que le congracien con colectivos de votantes. Lamentable la reivindicación de la memoria de Companys, el presidente de la Generalitat que firmó docenas y docenas de sentencias de muerte.

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Puigdemont y Junqueras celebrando la constitución de la república independiente de Cataluña en el Parlament el 27 de octubre de 2017.

El objetivo de Torra-Puigdemont y Junqueras, conscientes de que la independencia es hoy por hoy una hoguera que se apaga en cuanto proclaman la república, es retener a toda costa las competencias de la Generalitat para controlar el aparato administrativo-mediático-asociativo que sostiene el proceso insurreccional, sin despreciar arrancar alguna concesión siquiera simbólica. Que el comunicado conjunto de ambos gobiernos reconozca “la existencia de un conflicto sobre el futuro de Cataluña” y apueste “por un diálogo efectivo que vehicule una respuesta política que cuente con un amplio apoyo de la sociedad catalana”, suena a música celestial que recuerda el  “apoyaré la reforma del Estatuto que apruebe el Parlamento catalán” de Zapatero. La situación es delicada porque los sucesivos gobiernos de Mas, Puigdemont y Torra nos acercan más y más al precipicio político y debilitan la confianza de las empresas y los inversores en Cataluña y en España.

Comunicado conjunto del Gobierno de España y del gobierno de la CA de Cataluña.

21-D: mucho ruido y nueces huecas

El 21-D amaneció según estaba previsto en el guión con cortes en la AP-7 en Gerona y L’Atmella de Mar, la A-2 y N-340, y las Rondas Litoral y de Dalt. Normalidad en los aeropuertos, puertos y estaciones ferroviarias y hasta normalidad en colegios e institutos en vísperas de vacaciones. Quizá el número de liberados que trabajan por la causa no daba para tanta huelga y cortes anunciados. En Barcelona, los CDR se han enfrentado a los Mozos  Drassanes y Vía Layetana con un saldo de 50 heridos,más de 30 Mozos y un periodista de Intereconomía brutalmente agredido, y una decena de detenidos. Entretanto, Sánchez dejaba para la historia una foto de familia en las escalinatas de la Lonja del Mar y aprobaba subir a 900€ el SMI y el 2,75% los sueldos de los empleados públicos.

Sánchez posa con sus ministros antes de iniciar el Consejo de Ministros en la Lonja del Mar.

La ANC y Òmnium se contentaron con celebrar su particular ‘consejo popular de ministros’ al que le sobraron ‘ministros’ (políticos y expolíticos secesionistas de todos los pelajes y el senador Iñarritu de EH-Bildu) y le faltó precisamente ‘pueblo’. Palazuí, presidenta de la ANC, se congratuló de que “se haya paralizado el país [de Alicia] por efecto de la huelga general”, y Mauri, vicepresidente de Òmnium, acusó a Sánchez de humillarles celebrando el Consejo en la efeméride de unas elecciones impuestas (en las que participaron libremente) y de que “su única propuesta sea que el aeropuerto se llame Josep Tarradellas”, algo que molestó también a santa Rovira, la dirigente de ERC ‘exiliada’ en Suiza. La manifestación convocada en Barcelona en Paseo de Gracia a las 18:00 por ANC, Ómnium, los CDR y todos los partidos secesionistas con el lema “Derribemos el régimen” ha movilizado tan sólo unos  miles de personas: un sonado pinchazo. Una multitud comparada con las docenas que han secundado la convocatoria en Gerona.

Aspecto del ‘consejo popular de ministros’ celebrado frente a la estación de Francia en Barcelona.

A modo de conclusión

El problema de Cataluña no es la pretendida falta de libertad y democracia en España sino precisamente que las instituciones de autogobierno empleen su ámbito de libertad para alentar, promover y financiar el proceso insurreccional. Por ello, la solución no pasa por abrir un espacio de diálogo con Torra y demás líderes secesionistas sino por

Los CDR en acción en la madrugada del 21 de diciembre.

desmantelar el entramado administrativo-mediático-asociativo que lo sostiene. La hoguera, como se ha podido constatar el 21-D está medio apagada, pero si se les permite seguir acumulando material inflamable acabaremos pagándolo muy caro mañana.

Y cuando se hizo la luz, pudo constatarse la cruda realidad: cuatro gatos que los Mozos  podrían haber reducido en un santiamén.

 

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Por unas elecciones limpias el 21-D

El final de la Transición, elecciones generales 1982.

Desde hace 40 años se vienen celebrando en España elecciones europeas, españolas, autonómicas y locales sin apenas incidencias reseñables. Las  interferencias detectadas en la campaña del Brexit en el Reino Unido, en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos, Francia y Holanda, y los casos de manipulación informativa que se produjeron con motivo de la consulta ilegal celebrada el 1 de octubre en Cataluña, han hecho saltar las alarmas y creado cierta psicosis sobre la fiabilidad de los comicios autonómicos que tendrán lugar en Cataluña el próximo 21 de diciembre (21-D). No está muy claro si ese temor se circunscriba a hipotéticas interferencias rusas durante la campaña electoral o se extiende incluso a la fiabilidad de los mismos resultados.

Hace unos días, Sáenz de Santamaría aseguraba en la Comisión sobre gastos reservados del Congreso que se habían adoptado las medidas pertinentes para asegurar la fiabilidad y limpieza del proceso electoral. El 18 de diciembre, la vicepresidenta del Gobierno compareció en el Senado a petición propia para reiterar el compromiso de la UE con la ciberseguridad en los procesos políticos y expuso las medidas que el Gobierno ha adoptado para reforzar diversos aspectos del proceso electoral, tales como la recogida de datos, el recuento de papeletas y la publicación de datos provisionales, a fin de evitar intromisiones indeseables y asegurar la fiabilidad de la información trasladada a los medios de comunicación. De todo lo dicho se deduce que el Gobierno ha adoptado las medidas apropiadas para asegurar la limpieza del proceso electoral.

Resultados de las elecciones autonómicas de 27 de septiembre en Cataluña.

Hay un aspecto, sin embargo, del proceso electoral más difícil de controlar. Me refiero a las medidas que se van a adoptar para asegurar la neutralidad de las mesas constituidas y la limpieza del recuento en localidades pequeñas donde no todos los partidos políticos tendrán interventores para seguir las incidencias de la jornada electoral y supervisar el recuento de las papeletas. En este sentido, Sáenz de Santamaría se limitó a avanzar que habrá “una patrulla por colegio”.  La pregunta que me hago es si esta medida será suficiente para garantizar la limpieza del proceso electoral el 21-D, máxime habida cuenta de la falta de neutralidad y profesionalidad de que hicieron gala los Mozos de Escuadra el pasado 1-O, por no hablar del incumplimiento flagrante de la de la orden judicial que exigía a la policía autonómica de Cataluña sellar los centros electorales para impedir la consulta, hechos ambos gravísimos por los que sus mandos están siendo investigados.

Trapero, mayor de los Mozos, con Puigdemont y Forn, consejero de Interior.

Hasta hace unos meses, la duda que acabo de plantear habría sido considerada extemporánea y fuera de lugar, si no ofensiva para nuestra democracia. Hoy, ya no podemos estar tan seguros. Los partidos secesionistas, ERC, Junts per Catalunya y CUP, cuyos líderes se llenan la boca con la palabra democracia, han dado suficientes pruebas durante la pasada legislatura de su profundo desprecio a las leyes y los procedimientos democráticos. No contentos con atribuirse la representación y voluntad del ‘pueblo’ de Cataluña, cuando en realidad no representaban siquiera a la mitad de los votantes y a un tercio del censo, se han mostrado dispuestos a cometer cualquier tipo de ilegalidades con tal de conseguir sus objetivos. Para ellos saltarse la ley y los procedimientos democráticos más elementales son sólo pequeños detalles, justificables por el fin más elevado perseguido: hacer república, como ellos dicen.

Puigdemont y su gobierno ‘legítimo’ en la página oficial de la Generalitat abierta desde Bégica. Se trata de la foto oficial del gobierno antes de ser cesado al aplicarse el artículo 155 y de la que se ha borrado la cabeza del consejero Vila, cuya pierna todavía puede verse entre las de  Junqueras y Puigdemont.

Ahora los partidos secesionistas se enfrentan a una prueba decisiva en las urnas el 21-D, a unas elecciones que ellos contemplan no como lo que son, meras elecciones autonómicas, sino como un plebiscito sobre la aplicación del artículo 155. Su pretensión es demostrar al mundo que las observará que el ‘pueblo’ de Cataluña rechaza la intervención de la Generalitat, y exige la reposición del gobierno ilegítimamente cesado por el PP. Para ellos cualquier cosa que no sea obtener la mayoría absoluta constituiría un sonado fracaso y dejaría en evidencia que no representan al ‘pueblo’ de Cataluña, ni siquiera a la mitad más uno de los votantes. Para evitar tentaciones innobles como las que se produjeron en la consulta del 1-O, resultará imprescindible cotejar las actas en Ayuntamientos adscritos a la AMI donde los partidos constitucionalistas no tengan interventores destacados.

AMI: mapa de implantación de la Asociación de Municipis per l’Independencia.

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