¿Es sólida la recuperación del mercado laboral?

Artículo publicado en el diario Expansión el 8 de febrero de 2016

(Subtítulo: Cierre esperanzador de 2015 e incierto inicio de 2016)

Desde hace bastantes trimestres, los economistas miramos con alivio las evolución de las cifras de la EPA, las afiliaciones a la SS y el paro registrado después de unos años en los que la caída al averno laboral parecía no tener fin. No es que hayan desaparecido de repente todos los nubarrones del horizonte y el devenir de la economía española esté exento de riesgos, pero sí podemos afirmar que la situación ha mejorado sustancialmente desde 2012 y podría seguir haciéndolo en los próximos años si mantenemos la estabilidad política y apostamos por implementar políticas que refuercen la competitividad de las empresas y la solvencia de las Administraciones Públicas.

Desandando el camino

Para valorar la situación actual de la economía y su evolución a medio plazo conviene recordar de dónde venimos. La economía española inició en el tercer trimestre de 1993 una larga fase expansiva que se prolongó hasta el tercer trimestre de 2008 y produjo cambios espectaculares en las principales macromagnitudes. El mercado laboral alcanzó su cénit en los trimestres centrales de 2007 con cerca de 20,7 millones de ocupados, 1,86 millones de parados y una tasa de paro cercana al 8 %, su valor más bajo en casi cuatro décadas. Al final de la fase expansiva (2005-07), las cuentas de las Administraciones arrojaron los primeros superávits presupuestarios en décadas, se redujo el cociente Deuda pública/PIB hasta el 35,5% en 2007, y se acumularon 57.223 millones en el Fondo de Reserva de Pensiones (2000-2008). Los nubarrones que anunciaban la inminente tormenta eran, además de la hipertrofia del sector Construcción, el abultado déficit por cuenta corriente que alcanzó el 9,7% del PIB en 2007, y el crecimiento vertiginoso de la deuda exterior privada que se duplicó entre 2002-07.

La economía se desaceleró primero y entró en una primera recesión en la segunda mitad de 2008 de la que a punto estuvo de salir en los primeros trimestres de 2010. La economía, sin embargo, se adentró en una segunda recesión en el primer trimestre de 2011 de la que no salió hasta la segunda mitad de 2013. El encadenamiento de las dos recesiones más severas desde que tenemos estimaciones de Cuentas Nacionales tuvo efectos devastadores sobre la ocupación que cayó en 3,7 millones entre el tercer trimestre de 2007 y el primer trimestre de 2013, y sobre el número de parados que aumentó en 4,5 millones y disparó la tasa de paro del 8% al 26,9%. La primera recesión produjo también una espectacular caída en los recursos de las Administraciones que elevó el déficit público al 10,9 del PIB en 2009 y puso en marcha un vertiginoso aumento de la deuda pública que alcanzó al 52,7% del PIB en 2009 y el 93,7% en 2013. Asimismo, se disparó la tasa de mora desde el 0,6% en 2006 hasta el 13,6% en 2013 y se tambaleó una parte sustancial del sistema financiero que acabó teniendo que ser rescatada con ayuda de la UE en julio de 2012. Los únicos efectos colaterales positivos de la contracción de la actividad fueron la reducción de las importaciones y la presión que ejerció sobre las empresas para compensar con mayores exportaciones el desplome de la demanda nacional.

Desde el primer trimestre de 2013, la economía ha sumado 1,07 millones de ocupados y recortado en 1,5 millones los parados y en 6 pp. la tasa de paro. Como todo el mundo reconoce, queda todavía mucho camino por desandar y no sólo en el ámbito del mercado laboral. El déficit por cuenta corriente quedó prácticamente eliminado (0,27% del PIB) en 2012, y 2015 registrará de nuevo un superávit a pesar de la reactivación. Más lenta ha resultado la corrección del déficit público que terminó 2014 en el 5,9% del PIB y hay dudas razonables sobre si alcanzará el objetivo del 4,2% en 2015. Tampoco resultan reconfortantes que, pese al crecimiento del PIB y lo ingresos, el gobierno haya tenido que utilizar 8.500 millones del Fondo de reserva para abonar las pensiones en 2015, ni que el cociente deuda pública/PIB lleve cuatro trimestres por encima del 99%, ni que el cociente de la deuda externa sobre PIB haya repuntado hasta el 169% en el tercer trimestre de 2015 –casi la misma cifra que alcanzó en el primer trimestre de 2010– impulsado ahora por el mayor endeudamiento público.

Continúa el proceso de creación de empleo

Los resultados de la última EPA de 2015 redondean un año bastante satisfactorio que apuntala la recuperación iniciada en 2013-2014. El número de ocupados en relación al cuarto trimestre de 2014 aumentó en 525.100 personas y el de parados disminuyó en 678.200. La tasa de paro se situó en el 20,9%, 2,8 puntos porcentuales (pp.) y 5 pp. menos que hace uno y dos años, respectivamente. La variación intertrimestral de las series desestacionalizadas de ocupación y paro de los últimos trimestres confirman que confirman que la recuperación sigue en marcha a buen ritmo con crecimiento anual del 2,99% y 13,65% en 2015.

La favorable evolución del mercado laboral incluye a casi todos los colectivos y sectores. Aumentó la ocupación de hombres (305.100) y mujeres (220.000) y sus tasas de paro se situaron en el 19,49 y 22,52 por ciento, respectivamente. La ocupación se incrementó en la mayoría de grupos de edad, incluidos los jóvenes (20-24 años), pero registró una preocupante disminución en los grupos 25-29 y 30-34 años. Los cuatro grandes sectores arrojan también saldos positivos, si bien las tasas interanuales de la ocupación en Industria (1,01%) y Construcción (2,73%) fueron inferiores a la de la ocupación total (2,99%), y menores que las del cuarto trimestre de 2014.

A comienzos de febrero, se publicaron las cifras de afiliados a la SS que no alteran este panorama de optimismo moderado. Aunque la afiliación cayó en 204.043 personas y los parados registrados aumentaron 57.247 parados respecto a diciembre 2015, hay que tener en cuenta que el aumento interanual de afiliados, 522.045, resiste la comparación con los registros de los meses de enero entre 2002 y 2005. Además, el aumento del paro registrado en enero se torna en una reducción de 49.552 personas al desestacionalizar la serie y la variación interanual muestra una caída de 374.936 personas desde enero de 2015.

Producción sostenible y empleo estable

Pocas relaciones hay tan claras en Economía como la intensa asociación que existe entre las tasas de crecimiento del PIB y la ocupación. El Gráfico 1 muestra la pareja evolución de las tasas de crecimiento interanual del PIB real y la ocupación desde el primer trimestre de 2003 hasta el tercer trimestres de 2015[1].

Obsérvese que en 2003, 2004 y sobre todo en 2005, las tasas de crecimiento de la ocupación fueron superiores a las del PIB, que indicaba una caída preocupante del PIB por trabajador al final del período expansivo. A partir del primer trimestre de 2006, las tasas de crecimiento del PIB superaron las de la ocupación y ambas fueron negativas durante los períodos recesivos. A partir de 2013, las tasas de crecimiento de la producción y la ocupación empezaron a mejorar sus registros y han sido positivas y bastante próximas entre sí desde el segundo trimestre de 2014.

Nadie puede discutir que la única receta válida para crear empleo es aumentar la producción y que las políticas que favorecen el crecimiento sostenible de la producción acaban impulsando al alza la ocupación estable. Subrayo las palabras sostenible y estable porque una fracción sustancial de la producción y el empleo creado en la anterior fase expansiva no lo eran. La hipertrofia de la rama de Actividades inmobiliarias que absorbía 33 de cada 100 euros destinados a formación bruta de capital y del sector Construcción que ocupaba a 2,7 millones de personas en 2007, indicaban con toda claridad que la economía se había adentrado en una senda insostenible, y que una parte significativa de los puestos de trabajo sumados en Construcción (efecto directo) y otros sectores (efectos indirectos e inducidos) desaparecerían en cuanto se pinchara la burbuja inmobiliaria. A la vista de la cifra de ocupados en Construcción, estaba claro que los puestos de trabajo condenados a desaparecer superaban holgadamente 1 millón. Podemos, en consecuencia, afirmar que la ocupación sostenible nunca alcanzó 20 millones.

Me he detenido en esta cuestión porque el presidente Rajoy propuso durante la campaña electoral aumentar la ocupación en 2 millones esta legislatura para superar el listón de 20 millones, que, caso de alcanzarse, sería el nivel de ocupación estable más alto nunca alcanzado. ¿Resulta razonable esperar que así sea? En los dos últimos trimestres de 2015, el PIB creció 3,5 y 3,4, por ciento y la ocupación 2,99 y 3,11 por ciento. Asumiendo que el crecimiento del empleo se mantuviera tan próximo al del PIB en el futuro y dando por buenas las estimaciones del FMI que prevé crecimientos del PIB del 2,7 y 2,3 por ciento para 2016 y 2017, respectivamente, la ocupación crecería el 4,5% en dos años, y el total de ocupados alcanzaría 18,9 millones a mitad de legislatura. Aunque este cálculo peca de optimista, al suponer que la relación actual entre tasas de crecimiento del PIB y el empleo se mantendrá inalterada, también es cierto que el Gobierno prevé tasas más altas que el FMI. Parece, pues, razonable concluir que, si no empeora la coyuntura internacional y hacemos bien las cosas, está a nuestro alcance alcanzar un nivel de ocupación ‘histórico’ esta legislatura.

Una condición indispensable para seguir creciendo y creando empleo es contar con un gobierno estable y cohesionado que disipe la actual incertidumbre política que podría acabar afectando negativamente a la inversión productiva, a la financiación de las instituciones residentes, a la solvencia de las entidades financieras, a la capitalización de nuestras empresas y al consumo nacional. Convendría, además, que dicho gobierno adoptara iniciativas dirigidas a aumentar la competitividad y a facilitar el acceso de las empresas a los mercados internacionales. Desde esta perspectiva, resultaría deseable implementar reformas fiscales que redujeran los costes laborales (cotizaciones sociales) y aseguraran la sostenibilidad del gasto público (servicios públicos y pensiones) como demanda Bruselas. Asimismo, sería muy conveniente evitar aumentos salariales indiscriminados que eleven los costes empresariales y de las Administraciones, o adquirir nuevos compromisos de gasto (social o no) que aumenten el déficit público. Resultaría, en suma, deseable que la cautela institucional y la puesta en marcha de una agenda reformista favorecedora del crecimiento presidieran la acción del nuevo gobierno para que los españoles no tengamos que lamentarlo, como los griegos, dentro de unos meses.

Calidad del empleo

Si crear empleo en la cuantía deseada no va a resultar sencillo, incluso más difícil será conseguir que los nuevos puestos de trabajo satisfagan a los trabajadores. Los resultados de la última EPA indican que hay motivos sobrados para no sentirnos satisfechos. Si bien es verdad que los contratados a tiempo completo aumentaron en 501.700 en 2015 frente a 23.300 contratados más a tiempo parcial, también es cierto que sólo 1 de cada 3 asalariados fue contratado por tiempo indefinido y que la tasa de temporalidad, que se había reducido desde el 34% en 2006 al 23,1% en 2013, ha repuntado hasta el 25,1% en 2015. Hay, por último, 2,1 millones de ocupados subempleados de los que 1,76 millones lo están por no haber encontrado trabajo a jornada completa y 1,34 millones llevan más de un año en esta situación.

Estas cifras dejan claro que hay excesiva temporalidad y subempleo persistente en la economía española. ¿Estamos, como sostienen los sindicatos, ante un problema que responde “a una dejación de funciones de los poderes públicos, a la aplicación de políticas económicas erróneas y contraproducentes y a la ausencia de una visión estratégica para cambiar el modelo productivo”? Y, ¿bastaría para resolverlo con “reforzar las políticas de empleo, la orientación y la formación con planes específicos de reinserción laboral”? No parecen muy atinados ni el diagnóstico ni la solución propuesta porque si los trabajadores están sobrecualificados o trabajan menos horas de las deseadas, el problema estriba en la falta de puestos de trabajo idóneos, no en la carencia de formación laboral y orientación de los trabajadores.

Para acabar con la dualidad indefinido-temporal, algunos economistas y partidos políticos (UPyD y C’s) han propuesto establecer un contrato único indefinido (CUI) que contempla un período de formación inicial y establece costes de despido crecientes. Hay dudas razonables de que esta fórmula sea la panacea buscada. Cuando la actividad tiene carácter estacional o se extingue al completarse la obra, los contratos por tiempo determinado están plenamente justificados y su sustitución por contratos indefinidos constituiría un mero cambio de nombre. Asunto distinto es cuando se encadenan contratos temporales en puestos de trabajo ‘permanentes’. En este caso, los partidarios del CUI proponen penalizar a los empresarios que despidan improcedentemente a un contratado ‘indefinido’ para impedir que sea sustituido por otro. Además de la dificultad y el coste que entraña establecer la procedencia o no de los despidos, la imposición de indemnizaciones más elevadas cuando el despido es improcedente aumentaría el coste de despido y podría tener un efecto contrario al buscado, acortando todavía más la duración de los contratos ‘indefinidos’. La única fórmula segura para terminar con la contratación temporal y evitar abusos en el sistema de prestaciones es igualar las indemnizaciones por despido y establecer una prestación por desempleo que incentive la búsqueda de trabajo y module las aportaciones de empleadores y empleados al sistema (primas) en función del riesgo de siniestralidad (frecuencia despidos).

[1] El gráfico se mantiene inalterado en lo sustancial si se utilizan las tasas intertrimestrales del PIB corregidas por efectos estacionales y las de la ocupación desestacionalizadas (INE).