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Entrevista a Clemente Polo por Miguel Cifuentes

La entrevista del periodista Miguel Cifuentes se publicó en El Confidencial Digital el 20 de diciembre de 2017. Para facilitar su lectura, me ha parecido conveniente incluirla ahora en mi blog:

https://www.elconfidencialdigital.com/politica/Clemente-Polo-Cataluna-independentistas-Generalitat_0_3060293942.html

Clemente Polo: “Cataluña entrará en recesión si vuelven los independentistas a la Generalitat”

Catedrático de Economía en la Autónoma de Barcelona, hace cuatro años pronosticó la Declaración Unilateral de Independencia y el encarcelamiento de los “golpistas”

Clemente Polo es un atípico catedrático de Economía de la Universidad Autónoma de Barcelona. Es el adivino que en 2014 “profetizó” como escenario mas probable en Cataluña: la Declaración Unilateral de Independencia, la aplicación de artículo 155 y el encarcelamiento y procesamiento de los golpistas.

Un artículo de Miguel Cifuentes (20/12/2017 01:00 )

La cuestión catalana, hoy. Incluye tres artículos míos en los que analizo diversos aspectos del proceso de secesión.

Lo hizo en su libro “La cuestión catalana II”, publicado en febrero de ese año por el Instituto de Estudios Económicos. Se puede comprobar mirando la página 77. No se conoce a ningún político, analista o periodista que tuviera este don de adivinación hace tres años. Solo por eso merece estar en las hemerotecas.

Es uno de los fundadores de Ciudadanos y de Regeneración Democrática, lo que le habilita para opinar con conocimiento sobre el panorama político actual.

Enviar a la oposición a los partidos independentistas

Clemente Polo considera imprescindible “enviar a la oposición a los tres partidos (ERC, CDC=PDeCAT y CUP) que han estado al frente del gobierno de la Generalitat. Es imprescindible hacerlo, para restablecer la neutralidad de las instituciones de autogobierno “que los partidos secesionista han instrumentalizado para promover y financiar la secesión de Cataluña, subrepticiamente desde 1990 y abiertamente desde 2012”.

El catedrático es contundente: “Cataluña entrará en recesión si los secesionistas vuelven a la Generalitat”. Seguirá la fuga de empresas, tras las más de 3.000 que ya se han ido, y los golpes al turismo y la hostelería. Y más si vuelven los secesionistas al Govern y vuelven a “desatar las hostilidades contra el Estado”.

Arrimadas más Iceta

La cuestión catalana II. IEE: Madrid. 2014. Incluye mi artículo “Panorámica del argumentario economicista a favor de la independencia”.

De confirmarse un casi empate entre Ciudadanos y Esquerra Republicana, como predicen las encuestas, Clemente Polo ve “lógico un gobierno presidido por Arrimadas, con Iceta de vicepresidente”.

“Permitiría recobrar la neutralidad de las instituciones de autogobierno, y empezar a gobernar con sentido común, anteponiendo los problemas de los catalanes a las obsesiones de sus líderes”.

Llegar a esta situación sería complicado. “Hay políticos en prisión, otros en busca y captura, y muchos golpistas deberán sentarse en el banquillo. La aritmética parlamentaria tampoco otorga una probabilidad elevada al gobierno entre Ciudadanos y PSC, incluso con el apoyo del PP”.

Iceta y Arrimadas.

No solo eso. Las últimas encuestas anticipan un Parlament fragmentado, y arrojan dudas sobre el partido más votado. “Los líderes del bloque secesionista (ERC, JxC y CUP) están dispuestos a conjurarse, sobre la base de seguir con el proceso de secesión, aparcando sus discrepancias. Ciudadanos, PSC y PP no forman bloque alguno, y su argamasa carece de consistencia, más allá del respeto a la legalidad. Por último, aunque los comunes Colau y Domenech han mostrado su conexión emocional con el bloque secesionista, tampoco se puede descartar que apoyen un gobierno presidido por Iceta. El primer secretario del PSC ha afirmado que no hará presidente a ninguno de los líderes que han provocado el desastre, pero no ha descartado gobernar con ellos si le hacen presidente”.

Dos millones de secesionistas contumaces

Al final Ciudadanos obtuvo 36 escaños y el PP 4 el 21-D.

Lo que le asombra es que sigue habiendo dos millones de independentistas en Cataluña, a pesar del fracaso de la independencia, y que sigan los mismo líderes contumaces en la pelea electoral..

“Resulta difícil de comprender que algunos líderes políticos que han demostrado ser pésimos gobernantes, mentirosos contumaces, y, en algunos casos, responsables políticos de prácticas de extorsión, gocen de cierta respetabilidad social, y aspiren a seguir activos en política. Quizá la explicación resida en que los ciudadanos valoran su gestión solo porque les acerca a la independencia”.

El saco de votos independentistas tiene explicaciones mas prosaicas: “Las carreras administrativas de 300.000 empleados del sector público de Cataluña (200.000 en la Generalitat), mejor pagados que sus homólogos de la Administración Central y de las Comunidades de régimen común, dependen de su grado de sintonía con la línea oficial de la Generalitat”.

El consejero de Economía Mas-Colell anunciando que se aumenta la partida de gasto para potenciar la Agencia Tributaria catalana el 17 de febrero de 2015.

Por último, hay ciudadanos en Cataluña convencidos de que los españoles les humillan y les roban. “Argumentos todos ellos muy débiles, cuando no auténticas invenciones, pero que, a base de repetirlos, se han convertido en verdades indiscutibles. Pocos catalanes saben cuál es el saldo favorable de la balanza de bienes y servicios de Cataluña con el resto de España”, pero todos piensan “que Madrid se queda con 16.000 millones que les pertenecen”.

No condonar la deuda catalana

Clemente Polo descarta de plano condonar la deuda catalana con el Estado, y montar una Hacienda bilateral, como propone Miquel Iceta.

“Esta propuesta supone traspasar la deuda de Cataluña al Reino de España. Desde el año 2012, el Gobierno de la Generalitat ha recibido una financiación extraordinaria de 72.526,4 millones de euros, 54.532,2 millones a través del Fondo de Liquidez Autonómica y el resto por cauces extraordinarios habilitados por el pérfido (según los independentistas) Ministerio de Hacienda”.

“Cataluña ha sobredimensionado su administración para convertirla en un Estado”. Eso explica la falta de financiación de la sanidad, la educación o las políticas laborales y sociales; el montante de estas partidas son 16.500 millones en el presupuesto de 2017, que fue de 34.029,7 millones”.

Los golpistas Puigdemont y Junqueras presentando junto a sus manos derechas la Agencia Tributaria de Cataluña: “estamos preparados”.

La Agencia Tributaria Estatal debe continuar recaudando los principales impuestos, a juicio del catedrático de economía. Por “razones de eficacia en la lucha contra el fraude”, y para “asegurar la solidaridad interpersonal reconocida en la Constitución. La existencia del concierto vasco es una desgraciada herencia histórica”, porque los vascos y navarros tiene “una financiación por persona muy superior a la del resto de los españoles”.

Al furgón de cola

Pocas cosas hay peores para una economía que la inestabilidad política, y la inseguridad jurídica. “Ambas han estado muy presentes en Cataluña en los últimos años”, por lo que ha pasado, de ser una de ser una de las comunidades líderes de la recuperación económica en España, a estar al “al furgón de cola en muy pocos meses”.

CaixaBank celebra su primer consejo en la sede del antiguo Banco de Valencia tras trasladar su sede fuera de Cataluña.

“La desbandada de más de 3.000 sociedades ha tenido efectos muy limitados sobre la localización de las actividades productivas”, pero Barcelona ha perdido la Agencia Europea del Medicamento, y el turismo ha caído considerablemente desde agosto, “un bache que previsiblemente se prolongará en los próximos meses”.

“Se han paralizado inversiones, especialmente en los sectores inmobiliario y hotelero, y decenas de miles de catalanes se han llevado sus ahorros fuera de Cataluña. Las últimas cifras de afiliación a la Seguridad social y del paro muestran los efectos de la desaceleración económica”. Si persisten la inestabilidad política y la inseguridad jurídica, “la actual parálisis inversora y la salida de capitales podría dar paso a una brusca caída de la inversión e iniciarse una espiral recesiva con consecuencias irreversibles”.

Dos legislaturas por lo menos

Puigdemont posa mofándose de los 5 requerimientos del Tribunal Constitucional para que abandonase el plan de realizar un referéndum como paso para constituir una república independiente.

Harían falta al menos, “dos legislaturas para devolver a Cataluña su pluralidad cultural y lingüística, y eliminar las trabas administrativas que han ido encerrando a la sociedad catalana en sí misma, dificultando, cuando no impidiendo, el acceso al mercado laboral de ciudadanos de otras CC.AA”.

“Resulta indispensable desmantelar el entramado proteccionista y clientelar creado por la Generalitat desde los años 80, y liberar a la sociedad civil catalana de los grilletes que la atenazan en todos los ámbitos. Una carrera de fondo, para la que se requiere mayor presencia y apoyo de las instituciones centrales del Estado en Cataluña”.

Cirugía institucional a fondo

Clemente Polo no ve a ningún gobierno de España dispuesto a hacer cirugía institucional, política y social a fondo en Cataluña.

“La aplicación del artículo 155, y la convocatoria de elecciones autonómicas en el plazo más breve posible, demuestran que el Gobierno y el principal partido de la oposición (PSOE-PSC), han sido incapaces de establecer una estrategia conjunta para conjurar lo que ha sido el mayor golpe a nuestra joven democracia desde la intentona golpista de Tejero en 1981”.

Iceta con Sánchez en Tarragona 16 de diciembre de 2017.

La reforma federal que patrocina el PSOE, “guiada por la mano visible del PSC, y otras reformas constitucionales avanzadas recientemente, pretenden transformar nuestro estado federal en un Estado confederal, con la vana esperanza de que la concesión de mayores privilegios amortiguará el auge del secesionismo en Cataluña. En mi opinión, la solución que propone Iceta, más autogobierno y mejor financiación e indultos para los golpistas, lejos de ser la solución es la vía más segura para dar nuevas alas al secesionismo”.

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Más inestabilidad e inseguridad a la vista

Artículo publicado en el diario Expansión el 22 de diciembre de 2017

Rajoy en el Senado el 27 de octubre de 2017.

La aplicación del artículo 155 en versión minimalista tras la DUI del 27 de octubre sólo ha servido para convencer a los líderes secesionistas de que el Gobierno de España no iba a sentarse a negociar las condiciones de la independencia de Cataluña, como algunos de ellos erróneamente habían anticipado. Reaccionaron con rapidez ante el cambio de escenario. Puigdemont y cuatro consejeros huyeron a Bélgica para alimentar el mito del gobierno republicano en el exilio y la mayoría de quienes acudieron a la cita con los jueces y fueron encarcelados (Forcadell, Romeva, Turull, Rull, etc.), se aprestaron a acatar la Constitución con la boca pequeña para salir de prisión y garantizarse un escaño en unas elecciones que consideran, al mismo tiempo, ilegítimas y plebiscitarias.

Puigdemont y su gobierno legítimo en la página oficial de la Generalitat abierta desde Bégica. Es la foto oficial del gobierno antes de su cese de la que se ha excluido al consejero Santi Vila cuya pierna todavía puede verse entre las de Junqueras y Puigdemont.

Su indisimulado objetivo era revalidar la mayoría de la pasada legislatura para seguir controlando el gobierno de la Generalitat y el Parlament, mantener vivo el proceso secesionista y exigir la paralización de las causas judiciales abiertas contra ellos. Aunque en mi artículo de ayer animaba a los catalanes a ir a las urnas para decidir entre “seguir enfangados en agrias disputas fratricidas” o “pasar página a dos años de desgobierno”, mi fundado escepticismo me llevaba también a apuntar que “nadie puede asegurar que estas elecciones nos acercarán a la salida del laberinto”. Las gravísimas acusaciones lanzadas por los líderes secesionistas de ERC, JxC y CUP contra nuestro sistema democrático durante la campaña y el sólido apoyo que reflejaban los sondeos a los tres partidos que promovieron la declaración unilateral de independencia no invitaban al optimismo.

Turull y Pujol (Oriol) arrpopando a Osàcar en la Ciudad de la Justicia.

El carácter excepcional de estas elecciones convocadas por Rajoy con innecesaria premura ha quedado reflejado en la elevada participación, 81,9%, que supera en 4,5 puntos el ya elevado listón (77,4%) alcanzado en las elecciones ‘plebiscitarias’ del 27-S. La mayor participación no ha producido, sin embargo, el ansiado vuelco electoral al que aspiraban Ciudadanos, PSC y PPC, los tres partidos que se opusieron a la DUI, ni tampoco ha reforzado de manera significativa a los tres partidos que la impulsaron. Todo apunta a que estamos condenados a seguir conviviendo con la inestabilidad política y la inseguridad jurídica que han dominado la vida política en Cataluña desde 2012 y han acabado poniendo en peligro su base económica.

Inés Arrimadas, candidata de Ciudadanos y gran triunfadora.

La primicia de la noche electoral, con el 98,6% del voto escrutado, es el espectacular ascenso de Ciudadanos que alcanza el 25,4% de los votos y obtiene 37 escaños. La gesta resulta más impresionante habida cuenta que hace siete años el partido naranja a duras penas rebasó el 3% y sólo pudo revalidar los tres simbólicos escaños logrados en 2006. La llamada de Arrimadas a acabar con el proceso ha calado en el electorado constitucionalista, mucho más movilizado que hace una década. A los líderes del PP les ha faltado presencia en la calle y les han sobrado complejos: no quisieron o supieron capitalizar el haber cesado al gobierno golpista y convocado elecciones auténticamente democráticas. Algo tendrán que hacer para evitar caer en la marginalidad. Iceta con el 13,75% del voto y 17 escaños ha logrado detener la sangría del PSC desde 2010 y encara el futuro sobre la base de un catalanismo más dialogante y menos sectario.

Puigdemont con Junqueras, Forcadell y la presidenta de la AMI.

La segunda sorpresa la ha protagonizado ERC que con el 21,4% de los votos ha sido la tercera fuerza y logra 32 escaños, 2 menos de momento que Puigdemont y su grupo de cortesanos pujolistas. El resultado es muy malo para los republicanos a los que las encuestas auguraban una abrumadora victoria hace unos meses. Se equivocó Junqueras aceptando el papel de segundón al que le relegó Mas en la anterior legislatura, y volvió a equivocarse al ceder al fullero Puigdemont la presidencia de la Generalitat y conformarse con representar, al menos cara al público, su papel de fiel masovero. Dejar a la limitada Rovira al frente del timón de ERC durante esta campaña tampoco ha ayudado a remontar el vuelo. Ahora ERC tendrá que plantearse si se conforma con seguir siendo la muleta de los sucesores de Convergencia o explora otras alternativas.

Turull (CDC), Baños (CUP) y Romeva (Junts pel Sí) presentando las enmiendas a la primera resolución del inicio de la independencia, 6 de noviembre 2015, nada más constituirse el Parlament en la anterior legislatura. ¿Repetirán la jugada?

El porcentaje de votos de los tres partidos secesionistas, 47,6%, ha caído una decima mientras que el porcentaje del bloque constitucionalista aumenta 4,5 puntos porcentuales. Los resultados confirman lo que el sentido común sugería y los partidos que acordaron la aplicación del 155 no quisieron tomar en consideración: 54 días era un plazo demasiado breve para desinflar el proceso, alimentado generosamente desde todas las instituciones autonómicas, Ayuntamientos incluidos, en los últimos cinco años. Aunque los medios de comunicación estaban obligados a destacar el aumento de participación y el alto número de indecisos para mantener despierto el interés, estas dos variables han reforzado al bloque constitucionalista pero no en la cuantía necesaria para producir un vuelco electoral.

La victoria de los partidos secesionistas y la fragmentación del Parlament van a dificultar el restablecimiento de la neutralidad institucional, primordial para empezar a cauterizar la profunda fractura abierta en la sociedad. Lo más probable es que tengamos otra mini-legislatura bronca y estéril. El bloque secesionista ha resistido la aplicación del mini-155 y está en condiciones de formar gobierno si son capaces de ponerse de acuerdo. Ya he dicho que ERC tendrá que decidir si quiere seguir siendo el lazarillo de convergencia o explorar otras alternativas. La CUP pese a su caída en picado vuelve a ser decisiva, y aunque sus diputados darán con toda seguridad la nota, al final siempre acaban cediendo y yendo a comer al pesebre. Iceta intentará tener cierto protagonismo pero va a resultar casi imposible tender puentes con quienes siguen considerándose legitimados por el ‘pueblo’ de Cataluña para saltarse la ley, confunden la libertad de expresión con la impunidad para delinquir (eufemísticamente lo llaman hacer república) y exigen el indulto de presuntos delincuentes incluso antes ser juzgados.  Y Ciudadanos, pese a su victoria moral y real, tendrá que conformarse con ejercer de principal partido de la oposición, buscando el entendimiento con el PSC y al PP, y tratando de evitar lo peor entre lo malo. Confiemos en la labor de los Tribunales y el control de las cuentas de la Generalitat para poner coto a todos los desmanes pasados y futuros.

Sede del Tribunal Constitucional.

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Una república sin derecho a réplica

Artículo publicado en el diario Expansión el 8 de septiembre de 2017

Forcadell, ejerciendo de mordaza de la oposición, se saltó todos los principios democráticos. 

Bochorno es la palabra que cualquier demócrata sintió al escuchar a los portavoces de los grupos parlamentarios de Ciudadanos, PSC, PP y CSQEP en el Parlament protestar inútilmente contra los reiterados intentos de la presidenta Forcadell de silenciarlos para sacar adelante el cambio en el orden del día, propiciado por los grupos parlamentarios Junts pel Sí (JxS) y CUP, y aprobar, por vía de urgencia, la denominada “ley del referéndum de autodeterminación” en el Parlament de Cataluña. El áspero debate permitió constatar el nulo respeto a los procedimientos democráticos de los líderes de ERC, PDE-Cat y CUP en su alocada huida hacia el 1-O.

Junqueras, Puigdemont y Forn, consejero de interior, celebrando la aprobación de la ‘ley’ del referéndum de autodeterminación con el hemiciclo semivacío.

Verlos en acción dinamitar el Estado de Derecho en el hemiciclo, vulnerando sin inmutarse en su escaño los derechos más elementales de los diputados –tales como conocer los proyectos de ley con 48 horas de antelación, disponer de plazos razonables para presentar enmiendas o solicitar informes jurídicos a los Letrados de la Cámara y dictámenes al Consejo Estatutario– habrá servido para despejar las dudas que todavía albergaban algunos políticos y ciudadanos sobre la naturaleza del  prometido “nuevo país para todos”. Gracias por aclararnos que en su república no hay derecho a réplica.

“Anem a votar, anem a votar”

El diputado Coscubiela denunciando la quiebra de los procedimientos democráticos auspicidada por el gobierno de Puigdemont-Junqueras el 6 de septiembre de 2017.

Esta es la frase que repitió Forcadell mientras intentaba acallar las protestas de todos los portavoces de la oposición que, con independencia de sus posiciones políticas, pedían la palabra para denunciar el atropello a la democracia que los diputados de JxS y CUP estaban perpetrando. Como les recriminó Coscubiela (CSQEP), “esto no es un cambio del orden del día” sino más bien la aplicación del principio dictatorial de “a todo aquel que no me gusta le tapo la boca”. Dicho y hecho: Forcadell le cerró el micrófono mientras el diputado gesticulaba con voz ya inaudible ante las cámaras. Tras el intento del vicepresidente Espejo (Ciudadanos) de intervenir en el pleno, cortado con voz alterada por Forcadell, la que fuera primera presidenta de la ANC llamó a un primer receso para que la mesa de portavoces pudiera reunirse, como exigían los diputados de la oposición, a tratar el trascendental cambio en el orden del día.

Arrimadas, lideresa de Ciudadanos, y Espejo, diputado y vicepresidente del Parlament.

Gabriel, diputada de la CUP, presentando el cartel de su coalición a favor del sí en el ilegal referéndum del próximo 1 de octubre. En él pueden verse, junto a las caricaturas de políticos y diputados constitucionalistas, el mandato “barrámoslos” adobado con las palabras “autodeteminación, desobediencia y paises catalanes”.

La llamada ‘ley del referéndum de autodeterminación’ establece en su Art. 3.2 un “estado de excepción” que deja en suspenso la Constitución, el Estatut de Cataluña, la Ley Orgánica del Régimen Electoral General y cualquier norma o sentencia que entre en conflicto con ella. No hace falta ser un experto constitucionalista para darse cuenta del dislate jurídico y los riesgos que entraña para la salvaguarda de los derechos de los ciudadanos y la libertad de empresa que un grupo de diputados iluminados se arroguen todos los poderes y violen todas las reglas básicas de la democracia constitucional, la única que garantiza los derechos individuales y colectivos, y proporciona a las minorías seguridad jurídica frente a la arbitrariedad de las mayorías. Cuando a ello se añade la vulneración reiterada por los grupos de JxS y CUP de los principios y salvaguardas establecidos para tramitar con garantías los proyectos legislativos, ignorando las leyes y los reglamentos de las cámaras, el escenario que emerge en Cataluña es de una gravedad extrema.

 No es tiempo de peros

Votación con el hemiciclo semivacío tras abandonarlo los diputados de Ciudadanos, PSC y PP. Al fondo, se ve a la diputada Àngels Martínez de Podemos retirar las banderas españolas que habían dejado en sus escaños, junto a las banderas de Cataluña, los diputados del PP.

Como era previsible, las quejas y apelaciones al reglamento y al sentido común de la oposición cayeron en saco roto y el gobierno de Puigdemont-Junqueras acabó modificando el orden del día y Forcadell concedió un par de horas a la oposición para presentar enmiendas, sin aclarar el procedimiento a seguir ni aceptar que la mesa se reuniera para establecerlas. Algunos grupos de la oposición anunciaron que pedirán amparo al Tribunal Constitucional (TC) mientras la Fiscalía anticipab que presentará ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña una querella contra Forcadell y los miembros de la mesa que votaron a favor de tramitar la ‘ley’. A esta hora, el pleno, cuyo final está cantado, retoma la sesión tras dos horas de interrupción mientras la oposición sigue pidiendo explicaciones a Forcadell que sólo está interesada en proceder a votar las enmiendas.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría,durante su comparecencia ante los medios, en el Palacio de La Moncloa el 6 de septiembre de 2017.

En su comparecencia ante los medios de comunicación, la vicepresidenta Sáenz de Santamaría, informó que el presidente del Gobierno ha ordenado a la Abogacía del Estado interponer un incidente de ejecución de sentencia ante el TC para paralizar las decisiones adoptadas en el Parlament y decantar las responsabilidades penales en que pudieran haber incurrido Forcadell y los miembros de la mesa que llevaron la ‘ley’ al pleno. Sáenz de Santamaría aseguró que el Gobierno está preparado para defender los derechos de los catalanes y la democracia en Cataluña, y aprobará el recurso al TC en el Consejo de Ministros extraordinario convocado para hoy mismo.

Rivera, Sánchez e Iglesias al inicio de un debate electoral.

Celebro el apoyo sin matices que Rivera, presidente de Ciudadanos, trasladó al Gobierno un día antes del aquelarre secesionista en el Parlament, y comparto la petición que le hizo a Rajoy de que el próximo 1 de octubre no vuelva a repetirse el bochornoso espectáculo vivido el 9-N, con la utilización partidista de las instituciones de autogobierno y los medios de comunicación, la ocupación de espacios públicos y la malversación de caudales. Más preocupante resulta la ambigua posición de Sánchez, secretario general del PSOE, que ese mismo día se reunía con el nada fiable Iglesias, líder de la sección madrileña de Podemos, y asumía en rueda de prensa las aspiraciones de Cataluña, El País Vasco y Galicia (al menos) a ser reconocidas como nación. En alguna ocasión he manifestado mi oposición, no tanto a la desfasada pretensión de reconocer como nación a un territorio sino a que ello conlleve privilegios para sus habitantes, y quiebre la igualdad de todos los españoles que proclama nuestra Constitución. Pero hasta donde sé, el proyecto federalista que abanderan el PSC-PSOE supone, además del reconocimiento de la nación catalana, el blindaje de la inmersión lingüística y la concesión de privilegios fiscales inadmisibles para cualquier socialdemócrata tibio. Hoy, Sr. Sánchez, no es día para poner palos en la rueda sino para pensar en el interés de todos los españoles y apoyar las medidas que adopte el Gobierno para preservar nuestro Estado social y democrático de Derecho.

Rajoy con Sánchez en La Moncloa el 7 de septiembre de 2017.

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Los últimos herederos del franquismo

Artículo publicado en Economía Digital el 31 de julio de 2017

Franco aclamado en Barcelona en 1970

Va para cuarenta y dos años que murió en la cama el general Franco, militar golpista, generalísimo victorioso de la cruenta Guerra Civil (1936-1939) y dictador implacable hasta sus últimos días. Este año hemos festejado un doble cuadragésimo aniversario: la legalización del PCE y la conversión de Carrillo en demócrata, y la celebración de las primeras elecciones auténticamente democráticas realizadas en España. Y el año próximo le tocará el turno a la hoy cuestionada Constitución de 1978 que estableció el marco jurídico donde todos los españoles, con independencia de nuestras creencias religiosas e inclinaciones políticas, hemos podido convivir en libertad, concordia y prosperidad, sobreponiéndonos a los crímenes terribles con que ETA intentó desestabilizar nuestra recién estrenada democracia.

Etarras y cuperos confraternizando.

No hace falta ser un historiador concienzudo ni un sociólogo o politólogo reputado para entender la trascendencia de estos logros. Basta con tener cierto conocimiento elemental de la historia contemporánea de España, y, como dicen con cierta rudeza en mi tierra, tener algo de cabeza. Cualquier hijo de esta tierra con un ápice de sensatez daría gracias por haber vivido cuatro décadas sin que ninguno de los españolitos venidos a este mundo haya tenido que verse en el brete de ver como una de las dos Españas, a las que se refirió Machado en un poemilla popularizado por Serrat, le helaba el corazón. Hace pocos días, traté este asunto en un artículo titulado “La culpa no es del PP”, en el que exponía y comentaba las opiniones recogidas en otro artículo, algo inexactamente titulado “Escritores y artistas catalanes rechazan el referéndum ilegal”, publicado en El País el 24 de julio de 2017.

Gas una de las víctimas masacradas por el PP.

Al lado de los razonables aunque no del todo coincidentes comentarios de Marsé y Mendoza, y la nota cínica del profesor Rico que al parecer está pasándoselo en grande a costa del proceso secesionista, llamaba la atención sobre las acusaciones de Mariscal, Serrat, Gas y Herralde contra el Partido Popular (PP), al que todos ellos coinciden en calificar de “heredero del franquismo”, y al que Gas responsabilizaba  de estar al frente de “un Gobierno que masacra a España y, por tanto también a Cataluña”. Resultaría indecoroso, por mi parte, repetir aquí citas, argumentos y contraargumentos, ya publicados, así que intentaré completarlos con unas reflexiones sobre la pesada herencia del franquismo y las limitaciones de nuestra democracia.

Nadie puede negar que todos quienes vivimos bajo el régimen franquista somos en algún sentido, por acción o inacción, “herederos del franquismo”, como resulta también innegable que los rusos lo son del totalitarismo de Lenin y Stalin, los alemanes del nacionalsocialismo, los italianos del fascismo, o los rumanos del régimen del dictador Ceacescu, valedor sombrío de Carrillo. ¿Quiere esto decir que todo lo que hagan sus herederos queda invalidado o sujeto a sospecha a causa del legado recibido? ¿Que Suárez proviniera de las filas del Movimiento Nacional empequeñece acaso su logro de transformar un régimen dictatorial en una democracia representativa? ¿Puede el pasado poco edificante de Carrillo invalidar el papel constructivo que desempeñó el líder del PCE durante la transición en España? Hace  falta ser un papanatas o un mentecato, o ambas cosas a la vez, para intentar empañarlas con el sambenito de la herencia recibida.

El PP, con independencia de las diversas herencias recibidas por cada uno de sus militantes, es un partido político que ha obtenido el mayor número de escaños en tres elecciones libres y rigurosamente democráticas consecutivas, y sólo por eso, no por su “herencia fraquista”, está al frente del poder ejecutivo de un Estado de la Unión Europea donde existe una Constitución democráticamente acordada que los españoles, catalanes incluidos, refrendamos el 6 de diciembre de 1978. Ante un marco jurídico que reconoce la división de poderes y competencias y la independencia del poder  judicial, ¿cómo puede afirmarse que el Gobierno de España “masacra a España y, por tanto, a Cataluña”? ¿Acaso quien lo dice no es libre de expresar sus opiniones y votar al partido que más le gusta? Y, ¿cómo pueden acusarlo de insensibilidad “hacia la cuestión catalana” y propiciar “un deterioro tremendo, erigiendo como un todo inamovible una Constitución”, cuando Rajoy ha reiterado la disposición a tratar todos los contenciosos existentes (o inventados) salvo el plan de realizar un referéndum de autodeterminación?

Rajoy recibiendo a Mas en La Moncloa.

 

Las constituciones no son inamovibles pero todos los Estados democráticos exigen mayorías cualificadas para reformarlas, una cautela introducida no por malicia sino para librarnos precisamente a los ciudadanos de las mayorías tiránicas. Quienes hoy pretenden desde el gobierno de la Generalitat y el Parlament de Cataluña subvertir el orden constitucional, apelando paradójicamente a la democracia, cuentan con respaldo insuficiente para reformar no ya la Constitución sino incluso el Estatut de Cataluña. Seamos serios: Puigdemont, Junqueras y Gabriel no son demócratas sino golpistas que pretenden imponernos por la vía de los hechos consumados la república de PuigCupqueras. Resulta incomprensible que ante tan bochornoso espectáculo haya todavía escritores y artistas que tachen al Gobierno de España de inmovilista y coercitivo, por defender la legalidad constitucional que ampara los derechos individuales y colectivos de todos, y vean en cambio como el no va más de la democracia que el gobierno de la Generalitat incumpla leyes, legisle sobre asuntos ajenos a sus competencias y desacate las sentencias de los Tribunales.

Puigdemont arropando a Mas antes de declarar ante el TSJC.

Puigdemont y Gabriel celebrando su acuerdo para constituir una república independiente.

Si algo hoy nos recuerda el régimen franquista a quienes lo vivimos y soportamos con la mayor dignidad posible, no es precisamente la defensa de la legalidad democrática por parte del Gobierno de España sino los planes del gobierno de la Generalitat y de los 72 diputados de Junts pel Sí y CUP para acabar con los contrapesos y procedimientos garantistas esenciales en cualquier democracia. A los escritores y artistas tan quisquillosos con la herencia franquista de los demás, les propondría que contestaran esta sencilla pregunta: ¿son partidarios de que todos los ciudadanos españoles tengamos los mismos derechos y obligaciones, con independencia de la Comunidad Autónoma donde estemos empadronados, tal y como recoge nuestra Constitución? Confío en que estén a favor de la igualdad constitucional de los españoles, y no alineados, tal vez sin saberlo, con los últimos herederos del franquismo Een Cataluña.

Los diputados de la CUP en el Parlament de Cataluña.

En el centro, junto a Forcadell, Pí i Sunyer, ex-vicepresidente del Tribunal Constitucional y presidente del “consejo asesor nacional de transición a la independencia”, al que se atribuye la redacción de la ‘ley de transitoriedad jurídica’.

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La culpa no es del PP

Mariscal: ¿algún país no es ‘bonic’?

En el artículo algo inexactamente titulado “Escritores y artistas catalanes rechazan el referéndum ilegal” (El País, 24 de julio de 2017), podemos leer las variadas opiniones de algunos ilustres nombres de la literatura, el teatro, el cine y la música en Cataluña.  Además de los razonables (aunque dispares) comentarios de Marsé y Mendoza, y la nota cínica del profesor Rico que se está divirtiendo de lo lindo a costa del proceso, me han llamado la atención las acusaciones de Mariscal, Serrat, Gas y Herralde contra el Partido Popular (PP), al que responsabilizan de la deriva secesionista en Cataluña:

“Javier Mariscal, diseñador de Cobi para los Juegos Olímpicos y ahora de Merche, para las Fiestas de la Mercé, dice sobre la perspectiva abierta en torno al pretendido referéndum del 1 de octubre: ‘Si es como hasta ahora dicen que va a ser yo no quiero participar en una chapuza de algo que debería ser impecable’. Culpa de la situación actual, como Serrat, como Gas, a la campaña del PP, “ese partido heredero del franquismo”, contra el Estatuto. “

Gas, con su rostro masacrado por el Gobierno de España en el Teatro Griego de Barcelona.

Las declaraciones del actor y director de teatro Mario Gas no tienen desperdicio. Partiendo de  la premisa gratuita de que “es inalienable votar y decidir. Y es ineludible un referéndum.”, Gas comienza acusando al Gobierno de España de insensibilidad e inmovilismo antes de confesar de que pie cojea:

“No soy independentista, pero creo que el Gobierno se ha mostrado insensible a la cuestión catalana; ya lo es en otras cuestiones sociales, pero aquí ha propiciado un deterioro tremendo, erigiendo como un todo inamovible una Constitución que debe ser una carta maleable según las necesidades”.

Gas acaba exigiendo al Gobierno español que deje su autoritarismo a un lado y permita realizar el referéndum. Éstas son sus palabras:

“Que todo transcurra sin coerciones que respondan a la cerrazón radical de un Gobierno que masacra a España y por tanto también a Cataluña. El Govern ha actuado con precipitación, tenía que haber buscado pactos para llegar a ofrecer normalmente el derecho de decidir que se siente desde que el Estatut fue masacrado”.

Herralde en 1970 haciendo de Don Tancredo (¿o de Hooligan?) en pleno tardofranquismo.

El editor Jordi (antes Jorge) Herralde se despacha también a gusto:

“Los responsables del Gobierno y del Govern se han enzarzado en un campeonato de disparates (¿variantes de Don Tancredo y el Hooligan?) que han llevado a la imposible situación actual. ¿La Historia los absolverá?: serias dudas entre los expertos”.

Este equilibrado análisis de la situación política le lleva a la siguiente catárquica reflexión:

“¡Un efecto positivo, supongo, del conflicto: no pocos jacobinos recalcitrantes, del PSOE por ejemplo, parecen ahora conscientes de la ineludible necesidad de cambiar las reglas de juego en el tema catalán. También en Podemos. Del PP y su “macizo de la raza” y “¡Santiago y cierra España!” poco se puede esperar”.

Como las tres opiniones me parecen auténticas simplezas, por mucho éxito y prestigio que sus autores hayan logrado en el desempeño de sus profesiones artísticas, me gustaría formularles una pregunta muy sencilla y pedirles que la respondieran dejando al margen, si fuera posible, sus sesgos y fobias ideológicas tan patentes en ese sumario juicio emitido sobre “ese partido heredero del franquismo” cuyo gobierno, según Gas, “masacra a España y por tanto también a Cataluña”. La pregunta que les propongo es ésta: ¿son ustedes partidarios de que todos los ciudadanos españoles tengamos los mismos derechos y obligaciones con independencia de la Comunidad Autónoma en que estemos empadronados?

Maragall y Mas aplaudiendo tras aprobarse en el Parlament la Propuesta de Reforma del Estatut de Cataluña el 30 de septiembre de 2005.

Si la respuesta es positiva –doy por sentado que lo será tratándose de personas todas ellas tan progresistas– me gustaría que explicaran qué hay de malo, en un Estado de Derecho, en que los representantes de los ciudadanos en Las Cortes enmendaran el Proyecto de Reforma del Estatut de Cataluña, un texto aprobado en el Parlament de esta Comunidad Autónoma, o que el PP recurriera ante el Tribunal Constitucional (TC) el texto  finalmente aprobado en Las Cortes. A la vista de sus opiniones, tengo la impresión que estos señores tan cosmopolitas no podrían vivir en casi ningún estado de Derecho en la UE o en los Estados Unidos. Para muchos demócratas españoles con un pasado político (al menos) tan limpio como el suyo, el PP hizo entonces lo que considerábamos debía hacerse ante un texto donde algunos artículos eran manifiestamente inconstitucionales, como así lo declaró finalmente el propio TC. La misma situación a que hoy nos enfrentamos cuando se nos amenaza con aprobar por vía express la “ley del referéndum de autodeterminación” y proclamar la república catalana en 48 horas.

Sede del Tribunal Constitucional.

Seamos serios: lo que traslucen estas trasnochadas denuncias, en contra del PP y el supuesto jacobinismo del PSOE, y a favor de la opción “federal” –como si la España de las Autonomías no fuera ya un Estado federal–, no son otra cosa que expresiones del deseo de romper la república (coronada) de ciudadanos libres e iguales que es España desde 1978 y acabar con el único período de libertad, concordia y prosperidad de toda nuestra historia contemporánea. Me llama también la atención que estos artistas y editores que tienen tan claro que el PP es el “heredero del franquismo”, no se hayan sumado a los demócratas catalanes que combatimos las políticas neofranquistas de “inmersión lingüística” que practica el gobierno de la Generalitat de Cataluña desde hace décadas, y pretendemos que las dos lenguas oficiales de Cataluña, catalán y castellano, sean lenguas vehiculares en el sistema educativo y estén presentes en los medios de comunicación públicos. Ni siquiera parece molestarles a estos artistas, tan quisquillosos con la “herencia franquista” del PP,  la pesada herencia que arrastra ERC con centenares (en realidad miles) de detenciones irregulares, asesinatos y ejecuciones sumarias durante la II República.

Pena de muerte firmada por el presidente de la Generalitat Lluis Companys.

Permítanme terminar esta entrada con otra cita a propósito de la “cuestión catalana”:, esta vez de un artista reflexivo, Antonio Machado, cuya literatura y semblanza humana todavía nos inspira a los demócratas españoles:

Antonio Machado.

“La cuestión de Cataluña, sobre todo, es muy desagradable. En esto no me doy por sorprendido, porque el mismo día que supe el golpe de mano de los catalanes, lo dije: “los catalanes no nos han  ayudado a traer la República, pero ellos serán los que se la lleven”. Y en efecto, contra esta República, donde no faltan hombres de buena fe, milita Cataluña. Creo con don Miguel de Unamuno que el Estatuto es, en lo referente a Hacienda, un verdadero atraco, y en lo tocante a enseñanza algo verdaderamente intolerable.”

Puigdemont y Gabriel celebrando su acuerdo para constituir una república independiente.

Eso mismo pensamos hoy los demócratas en Cataluña y, a diferencia de lo que ocurría en el franquismo y ocurriría en la sectaria república catalana de PuigCupqueras, podemos expresarlo sin escondernos, gracias a que la Constitución nos ampara. Sepan que no estamos dispuestos a que unos cuantos descerebrados, de la mano de la CUP, como apuntaba Marsé, destruyan todo lo conseguido desde 1978. La Constitución, Sr. Gas, no es “un todo inamovible” como usted afirma: puede reformarse; y ojalá que si se enmienda sea para hacernos más libres e iguales a todos los españoles, no para beneficiar mayormente a los empadronados en Cataluña. Hay un “teatre grec” en Barcina y un teatro romano en Augusta Emerita.

 

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Irresponsabilidad fiscal

Artículo publicado en el diario Expansión el 4 de julio de 2017.

Rajoy con el ministro Montoro en el Congreso.

Sin apenas margen para respirar, antes incluso de culminar la tramitación en Las Cortes de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2017, el Gobierno se encuentra ya preparando los PGE de 2018. El primer paso es, como exige la UE, aprobar un techo de gasto que el Congreso tiene que revalidar. En el artículo que publiqué en Expansión (31 de mayo de 2016), casi un mes antes de las últimas elecciones generales, pronosticaba que “la única posibilidad de que Rajoy pueda formar gobierno pasa por que el PP logre 135-140 escaños en el Congreso y Ciudadanos entre 35 y 45. Ni siquiera en este optimista escenario resultará sencillo fraguar un acuerdo de investidura con Ciudadanos, a menos que Rivera y sus ‘juveniles’ huestes nacidas después de 1978 acepten al inmovilista Rajoy como presidente. Pero incluso si Rajoy fuera investido, le resultará complicado gobernar con un Congreso donde Podemos con sus divergencias e IU, PSOE-PSC, y los partidos independentistas (ERC, CDC, EH-Bildu y PNV) podrían bloquear sus iniciativas de gobierno”.

Rajoy y Rivera tras sellar el acuerdo de investidura.

El PP cumplió el 26-J y obtuvo 137 diputados pero Ciudadanos se quedó en 32 y, a pesar de las numerosas ocasiones en que Rivera había declarado que no lo apoyaría, Rajoy fue investido presidente con los votos de Ciudadanos y la abstención del PSOE, todavía en manos de la comisión gestora que había echado a Sánchez en primavera. Durante ese ínterin, el Gobierno logró aprobar los PGE de 2017 haciendo numerosas concesiones a Ciudadanos, al PNV y a CC y NC, los dos partidos canarios. Pocas, si alguna, de las concesiones hechas responden a los intereses generales y la mayoría sólo han servido para hacer guiños a algunos colectivos, en el caso de Ciudadanos, o para obtener beneficios para vascos y canarios en detrimento del resto de los españoles. Pero lo más importante, desde un punto de vista económico, es que estas decisiones sumadas a las reducciones de impuestos que, con marcado carácter electoral, hizo el PP en 2015, han impedido recortar en mayor medida el déficit público y detener el aumento de la deuda pública, los dos principales desequilibrios macroeconómicos de nuestra economía.

Tasas de crecimiento del PIB y de la ocupación.

Llevamos ya tres años y medio de crecimiento económico y seguimos con un déficit público que se prevé alcance el 3,1% a finales de año y una deuda pública que está en torno al 100% del PIB. ¿Se puede vivir con una deuda equivalente a lo que producimos en un año? Las familias sabemos que podemos vivir con una deuda igual a nuestra renta. Ahora bien, cuando un estado lo hace se corren dos grandes riesgos. Primero, si las cuentas presentan un déficit de entrada se reduce el margen de maniobra de la política fiscal para hacer frente a una futura recesión. Segundo, la economía española será mucho más vulnerable si los inversores perciben que las Administraciones Públicas son incapaces de financiar sus gastos año tras año y siguen acumulando deuda, incluso después de varios años de crecimiento de la producción y el empleo. No hace falta recordar, las dificultades que tuvo el Tesoro para financiarse a partir de 2009 y el punto álgido que se alcanzó en el verano de 2012 que sólo pudo solventarse gracias a la intervenciónd el BCE. Ahora, con una deuda de 1,1 billones, una elevación de la prima de riesgo resultaría catastrófica, no sólo para las Administraciones sino también para el sector privado.

Gráfico de la prima de riesgo española y el valor de las acciones bancarias.

Sánchez puño en alto entonando “La internacional” el 22 de mayo de 2017.

El triunfo de Sánchez en las primarias nos ha devuelto a la situación de conflictividad vivida entre el 28-D y el 26-J. Lograda su revancha contra los enemigos de partido, el objetivo de Sánchez ahora es echar a Rajoy como sea y cuenta para ello con los votos de Podemos y sus divergencias, y el apoyo moral de las organizaciones sindicales. No habrá abstención en este caso como ocurrió con los PGE de 2017. La cuestión, por tanto, es si podrá reeditarse el apoyo que han prestado Ciudadanos, PNV y los partidos canarios al PP. Montoro ha anunciado un ligero aumento (1,3%) del techo de gasto pero los primeros escarceos políticos indican que el gesto resulta muy insuficiente para colmar las ansias de Ciudadanos que quiere adelantarse al PP –el ministro Guindos avanzó que es posible acompasar la reducción de impuestos con la del déficit– y presentarse ante la  opinión pública como el adalid de una nueva reducción del IRPF. El argumento que ha ofrecido Rivera es que hay que devolver “a los españoles el esfuerzo que han hecho”.

Rivera exige al Gobierno bajar el IRPF para apoyar los PGE 2018.

Evolución del fondo de reserva de la SS.

El razonamiento de Rivera hace aguas por la sencilla razón de que el esfuerzo que dice hemos hecho resulta todavía insuficiente para pagar todo lo que el Estado devuelve a los ciudadanos en forma de servicios, prestaciones y transferencias de todo tipo. Más incluso, una reducción de los impuestos y un mayor déficit ponen en riesgo el mantenimiento de esos servicios, prestaciones y transferencias en el futuro. Más razonable parece la opinión de quienes señalan la insuficiencia recaudatoria de nuestro sistema fiscal –después de un forcejeo ministerial la paga extraordinaria de los pensionistas de junio se ha pagado con un crédito extraordinario incluido en los PGE de 2017 de 10.200 millones a devolver en 10 años– y abogan por subir los impuestos para eliminar el déficit público y lograr superávits presupuestarios durante las fases alcistas del ciclo. Quiero recordar, para finalizar, que la cifra de déficits (nominales) acumulados desde 1995 a 2015 alcanzó 735.000 millones y que las AA. PP. sólo lograron superávits en 3 años de 21. Se puede ser liberal pero no irresponsable.

Gráfico Deuda Pública España en % PIB 2009-2017

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Ya no cuela

Artículo publicado en el diario Expansión el 21 de junio de 2017

Puigdemont, primer presidente de la Associació de Municipis per l’Independencia, dirigiéndose como presidente del gobierno de la Generalitat a la asamblea de la AMI en 2017.

Hace poco, un familiar me confesó que cuando escribo sobre la situación en Cataluña le cuesta ponerse en mi lugar. Algunos amigos y colegas que viven en otras Comunidades me han manifestado también su creciente hartazgo . “¡Que se vayan de una vez!”, me soltó un taxista sin reparar en las nefastas consecuencias que tendría para quienes vivimos en Cataluña y para el resto de españoles. Reconozco que relatar las últimas ocurrencias (casi siempre desatinadas) con que nos obsequia Puigdemont (antes las que hacía Mas, su mentor), bajo la atenta vigilancia de Hagrid –el guardabosques encargado de cuidar a las “criaturas mágicas”– puede resultar cansino. Sin embargo, las últimas performances de la compañía PuigCupQueras (con Guardiola como artista invitado) me obligan a volver sobre este enojoso asunto.

Guardiola, hijo de la Masía y jugador de la selección española, artista invitado en la última obra de la compañía PuigCupQueras.

 

Democracia devaluada

Puigdemont y Gabriel celebrando su acuerdo para constituir una república independiente.

Desde el 27 de septiembre de 2015, el gobierno de la Generalitat gobierna exclusivamente para aquellos catalanes que votaron a la coalición electoral Junts pel Sí, integrada por CDC y ERC, y al conglomerado pancatalanista y anticapitalista CUP-CC. Entre los tres partidos, obtuvieron el 47,7 % de los votos válidos (36,8 % del censo) y 72 diputados de los 135 que componen el Parlament. A partir de la constitución de la cámara, los dos grupos parlamentarios han aprobado varias resoluciones para iniciar y desarrollar un proceso constituyente que el Tribunal Constitucional ha anulado por su pregonada inconstitucionalidad. Forcadell, presidenta del Parlament, y otros tres diputados miembros de la Mesa están siendo investigados por desacatar estas sentencias.

Forcadell arropada por Hagrid y Puigdemont y el Orfeó Secesionista, ante la sede del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

 

Junqueras, Puigdemont y Romeva en el Parlament de Cataluña.

Lo más llamativo del llamado ‘proceso secesionista’ es la perversa concepción de  la democracia que lo alimenta. Sus líderes sostienen seriamente que España es una democracia de baja calidad, porque ni el Gobierno, ni Las Cortes ni el Tribunal Constitucional les autorizan a realizar un referéndum para preguntar a los catalanes si “quieren que Cataluña sea un estado independiente en forma de república”. En su delirio, las resoluciones y normas que aprueban ellos con ajustadas mayorías (72 diputados o menos) en el Parlament son democracia de 24 quilates, mientras que las resoluciones y normas aprobadas en el Congreso, sede de la soberanía popular, por mayorías holgadas son consideradas opresivas.

Congreso histórica sesión plenaria del 8 de abril 2014 en la que se rechazó la pretensión de los partidos catalanes de que se transfiriese al gobierno catalán la potestad de celebrar referéndums de autodeterminación.

Puigdemont y Gabriel celebrando un acuerdo para iniciar la puesta en marcha de la república independiente.

Puigdemont, Junqueras y Gabriel son, a pesar de sus poses, alérgicos a la democracia. Afirman ser demócratas pero su comportamiento lo desmiente. ¿Por qué si no han rechazado el ofrecimiento del Gobierno (acordado con PSOE y Ciudadanos) de acudir al Congreso a defender su proyecto y se han apresurado a fijar el referéndum el 1 de octubre? Porque sólo aceptan las reglas del juego democrático cuando tienen la mayoría asegurada, por exigua que ésta sea. Pero tan preocupante o más que esta aviesa concepción de la democracia, es la naturaleza de “su” futurible república, donde la libertad y la división de poderes brillan por su ausencia. El “hombre de la estaca” (Llach, antaño cantautor y hoy “bien pagao” inquisidor) advierte a los funcionarios que tendrán que pensárselo muy bien, que sufrirán… porque la Generalitat sancionará a quienes incumplan la “ley de transitoriedad jurídica”, una norma del Parlament que pretende derogar en 24 horas la Constitución. Por su parte, Vidal, ex-juez y ex-senador de ERC, desveló imprudentemente que de los 801 jueces que ejercen en Cataluña sólo quedarán con quienes “comparten nuestros sueños e ideales”.

Lluis Llach, antaño cantautor, hoy ‘bien pagao’ inquisidor.

 

Foto de familia del ‘pacto nacional por el derecho a decidir’. Enmarcado en un círculo aparece el rostro de Carles Sastre, terrorista convicto de Terra Lliure condenado por el asesinato del empresario José María Bultó Marqués, junto al ex-juez y ex-senador Vidal.

Gobierno firme

Afortunadamente para los demócratas que vivimos y trabajamos en Cataluña, la Vicepresidenta Sáenz de Santamaría ha comprendido, tras varias visitas al Principado, lo bochornoso que resulta que no se deje “hablar a la gente que piensa otra cosa” y “cómo se les ningunea en todo tipo de instituciones”. Celebramos, asimismo, que haya constatado de primera mano la imposibilidad de iniciar un diálogo con el gobierno de la Generalitat para alcanzar acuerdos dentro del marco constitucional. Algunos barruntábamos que su intento estaba condenado al fracaso desde el principio, porque la débil argamasa que mantiene unidos a los tres partidos secesionistas es precisamente la promesa de proclamar la república y garantizar impunidad a quienes han vulnerado (o van a vulnerar) el ordenamiento jurídico.

Sáenz de Santamaría visitando la exposición en homenaje a las víctimas de Hipercor en Barcelona.

En la moción de censura que presentó Podemos, el presidente Rajoy reiteró que no permitirá, mientras gobierne, que un subconjunto de ciudadanos (los empadronados en Cataluña) decida sobre cuestiones (autodeterminación de Cataluña) que afectan a todos. Ahora bien, aunque el gobierno de Rajoy tiene mayoría absoluta en el Senado sólo cuenta con 137 diputados en el Congreso, un número muy alejado de la mayoría absoluta. Pero es que incluso si el PP tuviera 176 diputados, resulta indispensable contar con el respaldo de otros grupos parlamentarios para afrontar el órdago del gobierno de la Generalitat, y todo lo que puede acontecer antes y después del 1 de octubre.

Rajoy interviniendo en la moción de censura que presentó Podemos en el Congreso el 13 de junio de 2017.

Soledad del Gobierno

Iglesias abraza a Montero al término de su intervención en la moción de censura.

La moción de censura que protagonizó el tándem Iglesias-Montero permitió aclarar la posición de Podemos: apoyo sin reservas a sus fraternales compañeros catalanes –peculiar hermandad  “republicana” que excluye compartir territorio y renta– para que decidan su futuro. El diputado Tárdà (ERC) correspondió apoyando la moción. En su intervención, confirmó que el referéndum se celebrará el 1 de octubre e insinuó que su resultado podría ser la antesala de la proclamación de la tercera república en España. Olvidó el devoto enterrador de la Monarquía añadir un pequeño detalle: en esa tercera república ya no estará Cataluña.

Iglesias abraza a Tardà tras la intervención del diputado de ERC.

Sánchez puño en alto entonando “La internacional” el 24 de mayo de 2017.

En cuanto al PSOE, la victoria del Sánchez que hemos visto en las primarias, puño en alto entonando “La internacional”, apunta a un Sánchez bien distinto al que presentó su candidatura a presidente de Gobierno –con una gigantesca bandera constitucional como telón de fondo–, en junio de 2015. Aunque su adversario directo sigue siendo Iglesias, no hay que descartar que el PSOE, mediatizado por el PSC, mantenga una calculada ambigüedad sobre Cataluña. En respuesta al anuncio de la fecha del referéndum, Ábalos, portavoz de Sánchez en el Congreso, se limitó a expresar “no estamos de acuerdo, no aceptamos el desafío”, al tiempo que reiteraba la necesidad de encontrar un espacio para la política “entre unos que insisten en cumplir la ley y otros que insisten en no cumplirla”. Ya en la moción de censura, Ábalos manifestó a Iglesias la disposición del PSOE a formar mayorías alternativas.

Sánchez con Iceta en la sede del PSC sin la bandera constitucional.

Sánchez con la bandera constitucional en el acto de presentación de su candidatura a la presidencia del Gobierno en junio de 2015.

Esta suerte de equidistancia constituye la mayor amenaza que planea sobre el futuro de nuestra democracia. ¿Acaso incumplir la ley y cumplirla son dos opciones equiparables? Del dicho al hecho hay un trecho, pero resulta bastante preocupante que la nueva dirección partido que gobernó España durante veintiún años y aspira a volver a La Moncloa, considere siquiera “construir una alternativa” con quienes prometieron “liquidar el régimen de 1978” y ahora pretenden iniciar un histórico “proceso constituyente sin el PP”. De momento, el Gobierno sólo cuenta con Ciudadanos –toco madera– para defender dos principios democráticos esenciales de nuestra Constitución: primero, todos los españoles somos libres e iguales; y, segundo, los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos al ordenamiento jurídico. La asunción del concepto de estado plurinacional en el XXXIX Congreso Federal, considerada un error histórico por Susana Díaz, apunta a que el partido de Sánchez-Iceta-Armengol no está dispuesto a respaldarlos.

39º Congreso del PSOE. la delegación andaluza liderada por Díaz abandona la sala antes de votarse la ponencia política el 18 de junio de 2017.

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