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Los últimos herederos del franquismo

Artículo publicado en Economía Digital el 31 de julio de 2017

Franco aclamado en Barcelona en 1970

Va para cuarenta y dos años que murió en la cama el general Franco, militar golpista, generalísimo victorioso de la cruenta Guerra Civil (1936-1939) y dictador implacable hasta sus últimos días. Este año hemos festejado un doble cuadragésimo aniversario: la legalización del PCE y la conversión de Carrillo en demócrata, y la celebración de las primeras elecciones auténticamente democráticas realizadas en España. Y el año próximo le tocará el turno a la hoy cuestionada Constitución de 1978 que estableció el marco jurídico donde todos los españoles, con independencia de nuestras creencias religiosas e inclinaciones políticas, hemos podido convivir en libertad, concordia y prosperidad, sobreponiéndonos a los crímenes terribles con que ETA intentó desestabilizar nuestra recién estrenada democracia.

Etarras y cuperos confraternizando.

No hace falta ser un historiador concienzudo ni un sociólogo o politólogo reputado para entender la trascendencia de estos logros. Basta con tener cierto conocimiento elemental de la historia contemporánea de España, y, como dicen con cierta rudeza en mi tierra, tener algo de cabeza. Cualquier hijo de esta tierra con un ápice de sensatez daría gracias por haber vivido cuatro décadas sin que ninguno de los españolitos venidos a este mundo haya tenido que verse en el brete de ver como una de las dos Españas, a las que se refirió Machado en un poemilla popularizado por Serrat, le helaba el corazón. Hace pocos días, traté este asunto en un artículo titulado “La culpa no es del PP”, en el que exponía y comentaba las opiniones recogidas en otro artículo, algo inexactamente titulado “Escritores y artistas catalanes rechazan el referéndum ilegal”, publicado en El País el 24 de julio de 2017.

Gas una de las víctimas masacradas por el PP.

Al lado de los razonables aunque no del todo coincidentes comentarios de Marsé y Mendoza, y la nota cínica del profesor Rico que al parecer está pasándoselo en grande a costa del proceso secesionista, llamaba la atención sobre las acusaciones de Mariscal, Serrat, Gas y Herralde contra el Partido Popular (PP), al que todos ellos coinciden en calificar de “heredero del franquismo”, y al que Gas responsabilizaba  de estar al frente de “un Gobierno que masacra a España y, por tanto también a Cataluña”. Resultaría indecoroso, por mi parte, repetir aquí citas, argumentos y contraargumentos, ya publicados, así que intentaré completarlos con unas reflexiones sobre la pesada herencia del franquismo y las limitaciones de nuestra democracia.

Nadie puede negar que todos quienes vivimos bajo el régimen franquista somos en algún sentido, por acción o inacción, “herederos del franquismo”, como resulta también innegable que los rusos lo son del totalitarismo de Lenin y Stalin, los alemanes del nacionalsocialismo, los italianos del fascismo, o los rumanos del régimen del dictador Ceacescu, valedor sombrío de Carrillo. ¿Quiere esto decir que todo lo que hagan sus herederos queda invalidado o sujeto a sospecha a causa del legado recibido? ¿Que Suárez proviniera de las filas del Movimiento Nacional empequeñece acaso su logro de transformar un régimen dictatorial en una democracia representativa? ¿Puede el pasado poco edificante de Carrillo invalidar el papel constructivo que desempeñó el líder del PCE durante la transición en España? Hace  falta ser un papanatas o un mentecato, o ambas cosas a la vez, para intentar empañarlas con el sambenito de la herencia recibida.

El PP, con independencia de las diversas herencias recibidas por cada uno de sus militantes, es un partido político que ha obtenido el mayor número de escaños en tres elecciones libres y rigurosamente democráticas consecutivas, y sólo por eso, no por su “herencia fraquista”, está al frente del poder ejecutivo de un Estado de la Unión Europea donde existe una Constitución democráticamente acordada que los españoles, catalanes incluidos, refrendamos el 6 de diciembre de 1978. Ante un marco jurídico que reconoce la división de poderes y competencias y la independencia del poder  judicial, ¿cómo puede afirmarse que el Gobierno de España “masacra a España y, por tanto, a Cataluña”? ¿Acaso quien lo dice no es libre de expresar sus opiniones y votar al partido que más le gusta? Y, ¿cómo pueden acusarlo de insensibilidad “hacia la cuestión catalana” y propiciar “un deterioro tremendo, erigiendo como un todo inamovible una Constitución”, cuando Rajoy ha reiterado la disposición a tratar todos los contenciosos existentes (o inventados) salvo el plan de realizar un referéndum de autodeterminación?

Rajoy recibiendo a Mas en La Moncloa.

 

Las constituciones no son inamovibles pero todos los Estados democráticos exigen mayorías cualificadas para reformarlas, una cautela introducida no por malicia sino para librarnos precisamente a los ciudadanos de las mayorías tiránicas. Quienes hoy pretenden desde el gobierno de la Generalitat y el Parlament de Cataluña subvertir el orden constitucional, apelando paradójicamente a la democracia, cuentan con respaldo insuficiente para reformar no ya la Constitución sino incluso el Estatut de Cataluña. Seamos serios: Puigdemont, Junqueras y Gabriel no son demócratas sino golpistas que pretenden imponernos por la vía de los hechos consumados la república de PuigCupqueras. Resulta incomprensible que ante tan bochornoso espectáculo haya todavía escritores y artistas que tachen al Gobierno de España de inmovilista y coercitivo, por defender la legalidad constitucional que ampara los derechos individuales y colectivos de todos, y vean en cambio como el no va más de la democracia que el gobierno de la Generalitat incumpla leyes, legisle sobre asuntos ajenos a sus competencias y desacate las sentencias de los Tribunales.

Puigdemont arropando a Mas antes de declarar ante el TSJC.

Puigdemont y Gabriel celebrando su acuerdo para constituir una república independiente.

Si algo hoy nos recuerda el régimen franquista a quienes lo vivimos y soportamos con la mayor dignidad posible, no es precisamente la defensa de la legalidad democrática por parte del Gobierno de España sino los planes del gobierno de la Generalitat y de los 72 diputados de Junts pel Sí y CUP para acabar con los contrapesos y procedimientos garantistas esenciales en cualquier democracia. A los escritores y artistas tan quisquillosos con la herencia franquista de los demás, les propondría que contestaran esta sencilla pregunta: ¿son partidarios de que todos los ciudadanos españoles tengamos los mismos derechos y obligaciones, con independencia de la Comunidad Autónoma donde estemos empadronados, tal y como recoge nuestra Constitución? Confío en que estén a favor de la igualdad constitucional de los españoles, y no alineados, tal vez sin saberlo, con los últimos herederos del franquismo Een Cataluña.

Los diputados de la CUP en el Parlament de Cataluña.

En el centro, junto a Forcadell, Pí i Sunyer, ex-vicepresidente del Tribunal Constitucional y presidente del “consejo asesor nacional de transición a la independencia”, al que se atribuye la redacción de la ‘ley de transitoriedad jurídica’.

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La culpa no es del PP

Mariscal: ¿algún país no es ‘bonic’?

En el artículo algo inexactamente titulado “Escritores y artistas catalanes rechazan el referéndum ilegal” (El País, 24 de julio de 2017), podemos leer las variadas opiniones de algunos ilustres nombres de la literatura, el teatro, el cine y la música en Cataluña.  Además de los razonables (aunque dispares) comentarios de Marsé y Mendoza, y la nota cínica del profesor Rico que se está divirtiendo de lo lindo a costa del proceso, me han llamado la atención las acusaciones de Mariscal, Serrat, Gas y Herralde contra el Partido Popular (PP), al que responsabilizan de la deriva secesionista en Cataluña:

“Javier Mariscal, diseñador de Cobi para los Juegos Olímpicos y ahora de Merche, para las Fiestas de la Mercé, dice sobre la perspectiva abierta en torno al pretendido referéndum del 1 de octubre: ‘Si es como hasta ahora dicen que va a ser yo no quiero participar en una chapuza de algo que debería ser impecable’. Culpa de la situación actual, como Serrat, como Gas, a la campaña del PP, “ese partido heredero del franquismo”, contra el Estatuto. “

Gas, con su rostro masacrado por el Gobierno de España en el Teatro Griego de Barcelona.

Las declaraciones del actor y director de teatro Mario Gas no tienen desperdicio. Partiendo de  la premisa gratuita de que “es inalienable votar y decidir. Y es ineludible un referéndum.”, Gas comienza acusando al Gobierno de España de insensibilidad e inmovilismo antes de confesar de que pie cojea:

“No soy independentista, pero creo que el Gobierno se ha mostrado insensible a la cuestión catalana; ya lo es en otras cuestiones sociales, pero aquí ha propiciado un deterioro tremendo, erigiendo como un todo inamovible una Constitución que debe ser una carta maleable según las necesidades”.

Gas acaba exigiendo al Gobierno español que deje su autoritarismo a un lado y permita realizar el referéndum. Éstas son sus palabras:

“Que todo transcurra sin coerciones que respondan a la cerrazón radical de un Gobierno que masacra a España y por tanto también a Cataluña. El Govern ha actuado con precipitación, tenía que haber buscado pactos para llegar a ofrecer normalmente el derecho de decidir que se siente desde que el Estatut fue masacrado”.

Herralde en 1970 haciendo de Don Tancredo (¿o de Hooligan?) en pleno tardofranquismo.

El editor Jordi (antes Jorge) Herralde se despacha también a gusto:

“Los responsables del Gobierno y del Govern se han enzarzado en un campeonato de disparates (¿variantes de Don Tancredo y el Hooligan?) que han llevado a la imposible situación actual. ¿La Historia los absolverá?: serias dudas entre los expertos”.

Este equilibrado análisis de la situación política le lleva a la siguiente catárquica reflexión:

“¡Un efecto positivo, supongo, del conflicto: no pocos jacobinos recalcitrantes, del PSOE por ejemplo, parecen ahora conscientes de la ineludible necesidad de cambiar las reglas de juego en el tema catalán. También en Podemos. Del PP y su “macizo de la raza” y “¡Santiago y cierra España!” poco se puede esperar”.

Como las tres opiniones me parecen auténticas simplezas, por mucho éxito y prestigio que sus autores hayan logrado en el desempeño de sus profesiones artísticas, me gustaría formularles una pregunta muy sencilla y pedirles que la respondieran dejando al margen, si fuera posible, sus sesgos y fobias ideológicas tan patentes en ese sumario juicio emitido sobre “ese partido heredero del franquismo” cuyo gobierno, según Gas, “masacra a España y por tanto también a Cataluña”. La pregunta que les propongo es ésta: ¿son ustedes partidarios de que todos los ciudadanos españoles tengamos los mismos derechos y obligaciones con independencia de la Comunidad Autónoma en que estemos empadronados?

Maragall y Mas aplaudiendo tras aprobarse en el Parlament la Propuesta de Reforma del Estatut de Cataluña el 30 de septiembre de 2005.

Si la respuesta es positiva –doy por sentado que lo será tratándose de personas todas ellas tan progresistas– me gustaría que explicaran qué hay de malo, en un Estado de Derecho, en que los representantes de los ciudadanos en Las Cortes enmendaran el Proyecto de Reforma del Estatut de Cataluña, un texto aprobado en el Parlament de esta Comunidad Autónoma, o que el PP recurriera ante el Tribunal Constitucional (TC) el texto  finalmente aprobado en Las Cortes. A la vista de sus opiniones, tengo la impresión que estos señores tan cosmopolitas no podrían vivir en casi ningún estado de Derecho en la UE o en los Estados Unidos. Para muchos demócratas españoles con un pasado político (al menos) tan limpio como el suyo, el PP hizo entonces lo que considerábamos debía hacerse ante un texto donde algunos artículos eran manifiestamente inconstitucionales, como así lo declaró finalmente el propio TC. La misma situación a que hoy nos enfrentamos cuando se nos amenaza con aprobar por vía express la “ley del referéndum de autodeterminación” y proclamar la república catalana en 48 horas.

Sede del Tribunal Constitucional.

Seamos serios: lo que traslucen estas trasnochadas denuncias, en contra del PP y el supuesto jacobinismo del PSOE, y a favor de la opción “federal” –como si la España de las Autonomías no fuera ya un Estado federal–, no son otra cosa que expresiones del deseo de romper la república (coronada) de ciudadanos libres e iguales que es España desde 1978 y acabar con el único período de libertad, concordia y prosperidad de toda nuestra historia contemporánea. Me llama también la atención que estos artistas y editores que tienen tan claro que el PP es el “heredero del franquismo”, no se hayan sumado a los demócratas catalanes que combatimos las políticas neofranquistas de “inmersión lingüística” que practica el gobierno de la Generalitat de Cataluña desde hace décadas, y pretendemos que las dos lenguas oficiales de Cataluña, catalán y castellano, sean lenguas vehiculares en el sistema educativo y estén presentes en los medios de comunicación públicos. Ni siquiera parece molestarles a estos artistas, tan quisquillosos con la “herencia franquista” del PP,  la pesada herencia que arrastra ERC con centenares (en realidad miles) de detenciones irregulares, asesinatos y ejecuciones sumarias durante la II República.

Pena de muerte firmada por el presidente de la Generalitat Lluis Companys.

Permítanme terminar esta entrada con otra cita a propósito de la “cuestión catalana”:, esta vez de un artista reflexivo, Antonio Machado, cuya literatura y semblanza humana todavía nos inspira a los demócratas españoles:

Antonio Machado.

“La cuestión de Cataluña, sobre todo, es muy desagradable. En esto no me doy por sorprendido, porque el mismo día que supe el golpe de mano de los catalanes, lo dije: “los catalanes no nos han  ayudado a traer la República, pero ellos serán los que se la lleven”. Y en efecto, contra esta República, donde no faltan hombres de buena fe, milita Cataluña. Creo con don Miguel de Unamuno que el Estatuto es, en lo referente a Hacienda, un verdadero atraco, y en lo tocante a enseñanza algo verdaderamente intolerable.”

Puigdemont y Gabriel celebrando su acuerdo para constituir una república independiente.

Eso mismo pensamos hoy los demócratas en Cataluña y, a diferencia de lo que ocurría en el franquismo y ocurriría en la sectaria república catalana de PuigCupqueras, podemos expresarlo sin escondernos, gracias a que la Constitución nos ampara. Sepan que no estamos dispuestos a que unos cuantos descerebrados, de la mano de la CUP, como apuntaba Marsé, destruyan todo lo conseguido desde 1978. La Constitución, Sr. Gas, no es “un todo inamovible” como usted afirma: puede reformarse; y ojalá que si se enmienda sea para hacernos más libres e iguales a todos los españoles, no para beneficiar mayormente a los empadronados en Cataluña. Hay un “teatre grec” en Barcina y un teatro romano en Augusta Emerita.

 

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Irresponsabilidad fiscal

Artículo publicado en el diario Expansión el 4 de julio de 2017.

Rajoy con el ministro Montoro en el Congreso.

Sin apenas margen para respirar, antes incluso de culminar la tramitación en Las Cortes de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2017, el Gobierno se encuentra ya preparando los PGE de 2018. El primer paso es, como exige la UE, aprobar un techo de gasto que el Congreso tiene que revalidar. En el artículo que publiqué en Expansión (31 de mayo de 2016), casi un mes antes de las últimas elecciones generales, pronosticaba que “la única posibilidad de que Rajoy pueda formar gobierno pasa por que el PP logre 135-140 escaños en el Congreso y Ciudadanos entre 35 y 45. Ni siquiera en este optimista escenario resultará sencillo fraguar un acuerdo de investidura con Ciudadanos, a menos que Rivera y sus ‘juveniles’ huestes nacidas después de 1978 acepten al inmovilista Rajoy como presidente. Pero incluso si Rajoy fuera investido, le resultará complicado gobernar con un Congreso donde Podemos con sus divergencias e IU, PSOE-PSC, y los partidos independentistas (ERC, CDC, EH-Bildu y PNV) podrían bloquear sus iniciativas de gobierno”.

Rajoy y Rivera tras sellar el acuerdo de investidura.

El PP cumplió el 26-J y obtuvo 137 diputados pero Ciudadanos se quedó en 32 y, a pesar de las numerosas ocasiones en que Rivera había declarado que no lo apoyaría, Rajoy fue investido presidente con los votos de Ciudadanos y la abstención del PSOE, todavía en manos de la comisión gestora que había echado a Sánchez en primavera. Durante ese ínterin, el Gobierno logró aprobar los PGE de 2017 haciendo numerosas concesiones a Ciudadanos, al PNV y a CC y NC, los dos partidos canarios. Pocas, si alguna, de las concesiones hechas responden a los intereses generales y la mayoría sólo han servido para hacer guiños a algunos colectivos, en el caso de Ciudadanos, o para obtener beneficios para vascos y canarios en detrimento del resto de los españoles. Pero lo más importante, desde un punto de vista económico, es que estas decisiones sumadas a las reducciones de impuestos que, con marcado carácter electoral, hizo el PP en 2015, han impedido recortar en mayor medida el déficit público y detener el aumento de la deuda pública, los dos principales desequilibrios macroeconómicos de nuestra economía.

Tasas de crecimiento del PIB y de la ocupación.

Llevamos ya tres años y medio de crecimiento económico y seguimos con un déficit público que se prevé alcance el 3,1% a finales de año y una deuda pública que está en torno al 100% del PIB. ¿Se puede vivir con una deuda equivalente a lo que producimos en un año? Las familias sabemos que podemos vivir con una deuda igual a nuestra renta. Ahora bien, cuando un estado lo hace se corren dos grandes riesgos. Primero, si las cuentas presentan un déficit de entrada se reduce el margen de maniobra de la política fiscal para hacer frente a una futura recesión. Segundo, la economía española será mucho más vulnerable si los inversores perciben que las Administraciones Públicas son incapaces de financiar sus gastos año tras año y siguen acumulando deuda, incluso después de varios años de crecimiento de la producción y el empleo. No hace falta recordar, las dificultades que tuvo el Tesoro para financiarse a partir de 2009 y el punto álgido que se alcanzó en el verano de 2012 que sólo pudo solventarse gracias a la intervenciónd el BCE. Ahora, con una deuda de 1,1 billones, una elevación de la prima de riesgo resultaría catastrófica, no sólo para las Administraciones sino también para el sector privado.

Gráfico de la prima de riesgo española y el valor de las acciones bancarias.

Sánchez puño en alto entonando “La internacional” el 22 de mayo de 2017.

El triunfo de Sánchez en las primarias nos ha devuelto a la situación de conflictividad vivida entre el 28-D y el 26-J. Lograda su revancha contra los enemigos de partido, el objetivo de Sánchez ahora es echar a Rajoy como sea y cuenta para ello con los votos de Podemos y sus divergencias, y el apoyo moral de las organizaciones sindicales. No habrá abstención en este caso como ocurrió con los PGE de 2017. La cuestión, por tanto, es si podrá reeditarse el apoyo que han prestado Ciudadanos, PNV y los partidos canarios al PP. Montoro ha anunciado un ligero aumento (1,3%) del techo de gasto pero los primeros escarceos políticos indican que el gesto resulta muy insuficiente para colmar las ansias de Ciudadanos que quiere adelantarse al PP –el ministro Guindos avanzó que es posible acompasar la reducción de impuestos con la del déficit– y presentarse ante la  opinión pública como el adalid de una nueva reducción del IRPF. El argumento que ha ofrecido Rivera es que hay que devolver “a los españoles el esfuerzo que han hecho”.

Rivera exige al Gobierno bajar el IRPF para apoyar los PGE 2018.

Evolución del fondo de reserva de la SS.

El razonamiento de Rivera hace aguas por la sencilla razón de que el esfuerzo que dice hemos hecho resulta todavía insuficiente para pagar todo lo que el Estado devuelve a los ciudadanos en forma de servicios, prestaciones y transferencias de todo tipo. Más incluso, una reducción de los impuestos y un mayor déficit ponen en riesgo el mantenimiento de esos servicios, prestaciones y transferencias en el futuro. Más razonable parece la opinión de quienes señalan la insuficiencia recaudatoria de nuestro sistema fiscal –después de un forcejeo ministerial la paga extraordinaria de los pensionistas de junio se ha pagado con un crédito extraordinario incluido en los PGE de 2017 de 10.200 millones a devolver en 10 años– y abogan por subir los impuestos para eliminar el déficit público y lograr superávits presupuestarios durante las fases alcistas del ciclo. Quiero recordar, para finalizar, que la cifra de déficits (nominales) acumulados desde 1995 a 2015 alcanzó 735.000 millones y que las AA. PP. sólo lograron superávits en 3 años de 21. Se puede ser liberal pero no irresponsable.

Gráfico Deuda Pública España en % PIB 2009-2017

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Ya no cuela

Artículo publicado en el diario Expansión el 21 de junio de 2017

Puigdemont, primer presidente de la Associació de Municipis per l’Independencia, dirigiéndose como presidente del gobierno de la Generalitat a la asamblea de la AMI en 2017.

Hace poco, un familiar me confesó que cuando escribo sobre la situación en Cataluña le cuesta ponerse en mi lugar. Algunos amigos y colegas que viven en otras Comunidades me han manifestado también su creciente hartazgo . “¡Que se vayan de una vez!”, me soltó un taxista sin reparar en las nefastas consecuencias que tendría para quienes vivimos en Cataluña y para el resto de españoles. Reconozco que relatar las últimas ocurrencias (casi siempre desatinadas) con que nos obsequia Puigdemont (antes las que hacía Mas, su mentor), bajo la atenta vigilancia de Hagrid –el guardabosques encargado de cuidar a las “criaturas mágicas”– puede resultar cansino. Sin embargo, las últimas performances de la compañía PuigCupQueras (con Guardiola como artista invitado) me obligan a volver sobre este enojoso asunto.

Guardiola, hijo de la Masía y jugador de la selección española, artista invitado en la última obra de la compañía PuigCupQueras.

 

Democracia devaluada

Puigdemont y Gabriel celebrando su acuerdo para constituir una república independiente.

Desde el 27 de septiembre de 2015, el gobierno de la Generalitat gobierna exclusivamente para aquellos catalanes que votaron a la coalición electoral Junts pel Sí, integrada por CDC y ERC, y al conglomerado pancatalanista y anticapitalista CUP-CC. Entre los tres partidos, obtuvieron el 47,7 % de los votos válidos (36,8 % del censo) y 72 diputados de los 135 que componen el Parlament. A partir de la constitución de la cámara, los dos grupos parlamentarios han aprobado varias resoluciones para iniciar y desarrollar un proceso constituyente que el Tribunal Constitucional ha anulado por su pregonada inconstitucionalidad. Forcadell, presidenta del Parlament, y otros tres diputados miembros de la Mesa están siendo investigados por desacatar estas sentencias.

Forcadell arropada por Hagrid y Puigdemont y el Orfeó Secesionista, ante la sede del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

 

Junqueras, Puigdemont y Romeva en el Parlament de Cataluña.

Lo más llamativo del llamado ‘proceso secesionista’ es la perversa concepción de  la democracia que lo alimenta. Sus líderes sostienen seriamente que España es una democracia de baja calidad, porque ni el Gobierno, ni Las Cortes ni el Tribunal Constitucional les autorizan a realizar un referéndum para preguntar a los catalanes si “quieren que Cataluña sea un estado independiente en forma de república”. En su delirio, las resoluciones y normas que aprueban ellos con ajustadas mayorías (72 diputados o menos) en el Parlament son democracia de 24 quilates, mientras que las resoluciones y normas aprobadas en el Congreso, sede de la soberanía popular, por mayorías holgadas son consideradas opresivas.

Congreso histórica sesión plenaria del 8 de abril 2014 en la que se rechazó la pretensión de los partidos catalanes de que se transfiriese al gobierno catalán la potestad de celebrar referéndums de autodeterminación.

Puigdemont y Gabriel celebrando un acuerdo para iniciar la puesta en marcha de la república independiente.

Puigdemont, Junqueras y Gabriel son, a pesar de sus poses, alérgicos a la democracia. Afirman ser demócratas pero su comportamiento lo desmiente. ¿Por qué si no han rechazado el ofrecimiento del Gobierno (acordado con PSOE y Ciudadanos) de acudir al Congreso a defender su proyecto y se han apresurado a fijar el referéndum el 1 de octubre? Porque sólo aceptan las reglas del juego democrático cuando tienen la mayoría asegurada, por exigua que ésta sea. Pero tan preocupante o más que esta aviesa concepción de la democracia, es la naturaleza de “su” futurible república, donde la libertad y la división de poderes brillan por su ausencia. El “hombre de la estaca” (Llach, antaño cantautor y hoy “bien pagao” inquisidor) advierte a los funcionarios que tendrán que pensárselo muy bien, que sufrirán… porque la Generalitat sancionará a quienes incumplan la “ley de transitoriedad jurídica”, una norma del Parlament que pretende derogar en 24 horas la Constitución. Por su parte, Vidal, ex-juez y ex-senador de ERC, desveló imprudentemente que de los 801 jueces que ejercen en Cataluña sólo quedarán con quienes “comparten nuestros sueños e ideales”.

Lluis Llach, antaño cantautor, hoy ‘bien pagao’ inquisidor.

 

Foto de familia del ‘pacto nacional por el derecho a decidir’. Enmarcado en un círculo aparece el rostro de Carles Sastre, terrorista convicto de Terra Lliure condenado por el asesinato del empresario José María Bultó Marqués, junto al ex-juez y ex-senador Vidal.

Gobierno firme

Afortunadamente para los demócratas que vivimos y trabajamos en Cataluña, la Vicepresidenta Sáenz de Santamaría ha comprendido, tras varias visitas al Principado, lo bochornoso que resulta que no se deje “hablar a la gente que piensa otra cosa” y “cómo se les ningunea en todo tipo de instituciones”. Celebramos, asimismo, que haya constatado de primera mano la imposibilidad de iniciar un diálogo con el gobierno de la Generalitat para alcanzar acuerdos dentro del marco constitucional. Algunos barruntábamos que su intento estaba condenado al fracaso desde el principio, porque la débil argamasa que mantiene unidos a los tres partidos secesionistas es precisamente la promesa de proclamar la república y garantizar impunidad a quienes han vulnerado (o van a vulnerar) el ordenamiento jurídico.

Sáenz de Santamaría visitando la exposición en homenaje a las víctimas de Hipercor en Barcelona.

En la moción de censura que presentó Podemos, el presidente Rajoy reiteró que no permitirá, mientras gobierne, que un subconjunto de ciudadanos (los empadronados en Cataluña) decida sobre cuestiones (autodeterminación de Cataluña) que afectan a todos. Ahora bien, aunque el gobierno de Rajoy tiene mayoría absoluta en el Senado sólo cuenta con 137 diputados en el Congreso, un número muy alejado de la mayoría absoluta. Pero es que incluso si el PP tuviera 176 diputados, resulta indispensable contar con el respaldo de otros grupos parlamentarios para afrontar el órdago del gobierno de la Generalitat, y todo lo que puede acontecer antes y después del 1 de octubre.

Rajoy interviniendo en la moción de censura que presentó Podemos en el Congreso el 13 de junio de 2017.

Soledad del Gobierno

Iglesias abraza a Montero al término de su intervención en la moción de censura.

La moción de censura que protagonizó el tándem Iglesias-Montero permitió aclarar la posición de Podemos: apoyo sin reservas a sus fraternales compañeros catalanes –peculiar hermandad  “republicana” que excluye compartir territorio y renta– para que decidan su futuro. El diputado Tárdà (ERC) correspondió apoyando la moción. En su intervención, confirmó que el referéndum se celebrará el 1 de octubre e insinuó que su resultado podría ser la antesala de la proclamación de la tercera república en España. Olvidó el devoto enterrador de la Monarquía añadir un pequeño detalle: en esa tercera república ya no estará Cataluña.

Iglesias abraza a Tardà tras la intervención del diputado de ERC.

Sánchez puño en alto entonando “La internacional” el 24 de mayo de 2017.

En cuanto al PSOE, la victoria del Sánchez que hemos visto en las primarias, puño en alto entonando “La internacional”, apunta a un Sánchez bien distinto al que presentó su candidatura a presidente de Gobierno –con una gigantesca bandera constitucional como telón de fondo–, en junio de 2015. Aunque su adversario directo sigue siendo Iglesias, no hay que descartar que el PSOE, mediatizado por el PSC, mantenga una calculada ambigüedad sobre Cataluña. En respuesta al anuncio de la fecha del referéndum, Ábalos, portavoz de Sánchez en el Congreso, se limitó a expresar “no estamos de acuerdo, no aceptamos el desafío”, al tiempo que reiteraba la necesidad de encontrar un espacio para la política “entre unos que insisten en cumplir la ley y otros que insisten en no cumplirla”. Ya en la moción de censura, Ábalos manifestó a Iglesias la disposición del PSOE a formar mayorías alternativas.

Sánchez con Iceta en la sede del PSC sin la bandera constitucional.

Sánchez con la bandera constitucional en el acto de presentación de su candidatura a la presidencia del Gobierno en junio de 2015.

Esta suerte de equidistancia constituye la mayor amenaza que planea sobre el futuro de nuestra democracia. ¿Acaso incumplir la ley y cumplirla son dos opciones equiparables? Del dicho al hecho hay un trecho, pero resulta bastante preocupante que la nueva dirección partido que gobernó España durante veintiún años y aspira a volver a La Moncloa, considere siquiera “construir una alternativa” con quienes prometieron “liquidar el régimen de 1978” y ahora pretenden iniciar un histórico “proceso constituyente sin el PP”. De momento, el Gobierno sólo cuenta con Ciudadanos –toco madera– para defender dos principios democráticos esenciales de nuestra Constitución: primero, todos los españoles somos libres e iguales; y, segundo, los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos al ordenamiento jurídico. La asunción del concepto de estado plurinacional en el XXXIX Congreso Federal, considerada un error histórico por Susana Díaz, apunta a que el partido de Sánchez-Iceta-Armengol no está dispuesto a respaldarlos.

39º Congreso del PSOE. la delegación andaluza liderada por Díaz abandona la sala antes de votarse la ponencia política el 18 de junio de 2017.

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Presupuestos, déficit y deuda

Artículo publicado en el diario Expansión el 31 de marzo de 2017

Guindos anuncia que se cumplirá el déficit del 4,6 % PIB en 2016.

Al tiempo que anunciaba la intención de aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PDE) en el Consejo de Ministros del 31 de marzo, Montoro anunciaba con satisfacción que el déficit de las AAPP en 2016 será inferior al 4,6% del PIB, la última cifra pactada con Bruselas, y el déficit quedaba en el 4,3% tras excluir las ayudas a entidades financieras. Había cuenta que el déficit en 2015 fue 5,1%, la reducción lograda en 2016 es 0,8 (5,1-4,3) puntos porcentuales (pp.), 2 décimas inferior a la reducción media (0,98 pp.) conseguida entre 2008 y 2015. En cuanto al cumplimiento del compromiso con la UE, conviene también recordar que España ha incumplido los objetivos pactados año tras año y la Comisión prevé déficits del 3,8% del PIB en 2017, superior al 3,1% acordado, y del 3,2%

Montoro anuncia que el déficit público excluyendo las ayudas a entidades financieras quedó en el 4,3% del PIB.

en 2018. La pesadilla del déficit que se inició con Zapatero en 2008 y ha disparado la deuda a cifras estratosféricas (1,114 billones en enero 2017), va a continuar casi con toda seguridad hasta 2020.

 

Políticamente mediatizado

Rueda de prensa tras la aprobación del proyecto de Presupuestos Generales del Estado el 31 de marzo de 2017.

Todo está a punto para comenzar la tramitación en el Congreso de la Ley que desglosa los recursos previstos para financiar los gastos de la Administración Central, las transferencias a las Administraciones Territoriales y las prestaciones del sistema de Seguridad Social (SS). La simple aritmética parlamentaria indica que no resultará fácil aprobarla en junio sin hacer concesiones a otros grupos parlamentarios, habida cuenta que el Gobierno cuenta con 137 diputados y necesita los votos de los diputados de Ciudadanos (32), PNV (5), Coalición Canaria (1) y Nueva Canarias (1). El PSOE, enzarzado en su pugna interna, ha optado por rivalizar con Podemos y se niega a negociar los presupuestos con el PP, un craso error de automarginación que acabará pagando en las urnas.

Comisión gestora del PSOE.

Ciudadanos, en su segunda reencarnación como partido liberal, va a aprovechar la oportunidad de desempeñar el papel que los líderes de  CDC se atribuían a sí mismos antes de abrazar el secesionismo. Rivera quiere aparecer ante la opinión pública como el político responsable que asegura la gobernabilidad de España y varias CCAA, y se esforzará por presentarse como el muñidor de cualquier acuerdo que favorezca a colectivos (autónomos, pensionistas, padres, dependientes, asalariados con salarios bajos, jóvenes, estudiantes, etc.) cuyos votos puedan reforzar las expectativas electorales del partido. La inexplicable incomparecencia del PSOE le ha dejado expedito el camino de la negociación y Rivera va a aprovechar la oportunidad.

Rivera da el visto bueno al proyecto de PGE.

El PP pacta con el gobierno de Urkullu (PNV) los presupuestos en El País Vasco.

Para aprobar los PGE, el Gobierno tendrá además que satisfacer las demandas de nacionalistas vascos y canarios. El PP ha respaldado los presupuestos que presentaron el gobierno del PNV y la franquicia vasca del PSOE en El País Vasco, y la reciprocidad del PNV parece estar asegurada, aunque algo se llevarán al saco los nacionalistas que gobiernan en la Comunidad más insolidaria de España. Para ganarse a los diputados canarios, el Gobierno tendrá que hacer también algunas concesiones para compensar los reales o supuestos agravios –los beneficios nunca cuentan– de insularidad. No hay que olvidar tampoco las consecuencias presupuestarias de la negociación extraparlamentaria en curso con las organizaciones sindicales, si se confirma que el Gobierno acepta subir los salarios de los empleados públicos el 1% y ofertar 250.000 plazas en tres años.

El gobierno alcanza un acuerdo con las organizaciones sindicales para sacar 250.00 plazas de funcionarios públicos en tres años.

Condicionantes económicos

Hay también consideraciones de carácter estrictamente económico que afectan a la evolución de las principales partidas de gasto y dificultan la reducción del déficit. Las pensiones, 135.449 millones en 2016, es la más voluminosa y ha crecido el 48,1% desde 2007 a una tasa media del 4,5%. En el caso de las pensiones contributivas del sistema de la SS, el aumento acumulado entre 2007 y 2016 fue incluso mayor, 52,52%, a una tasa media del 4,8%. Las prestaciones sociales de las AAPP distintas de las transferencias sociales en especie, una partida que incluye pensiones, prestaciones a desempleados y otras transferencias, aumentó desde 2007 (123.760 millones) a 2015 (170.401 millones) el 37,7% a una tasa media del 4,08%. Basta comparar estas cifras con la tasa media de crecimiento del PIB nominal (-0,06%) entre 2007 y 2015 para cerciorarse de su insostenibilidad.

El sistema de la SS tuvo que retirar 17.500 millones del Fondo de Reserva cuyo saldo a finales de diciembre de 2017 quedó en 15.200 millones, una cifra inferior al déficit del sistema. Tampoco podrá contar el Gobierno en los próximos años con el alivio que le han proporcionado la caída de las prestaciones a los desempleados entre 2011 (30.975 millones) y 2016 (19.621 millones) y la reducción de los intereses de la deuda entre 2013 (38.590 millones) y 2016 (33.490 millones). En cuanto a las primeras, el margen de caída es ya escaso si tenemos en cuenta que la factura ascendió a 14.471 millones en 2007, un años en el que la tasa de paro del 8,2%. En cuanto a la evolución de los tipos que paga el Tesoro, sólo cabe esperar que se eleven, y aumente la carga de la deuda incluso si el ratio Deuda/PIB se estabiliza en torno al 100% y no se dispara la prima de riesgo. Finalmente, hay que descartar nuevos recortes en  la inversión pública que se ha reducido a la mitad entre 2009 (55.142 millones) y 2015 (27.004 millones).

Infrafinanciación, sensibilidad y coherencia

Hay un problema muy acusado de infrafinanciación del gasto público en España como pone de manifiesto que la cifra de déficits acumulados desde 1995 a 2015 alcance 735.000 millones y las AA. PP. sólo hayan logrado superávits en 3 años de 21. En el caso del sistema de la SS, el déficit consolidado desde 2010 hasta 2015 asciende a 49.121 millones y el déficit en 2016 rondará los 18.400 millones. Por otra parte, la evolución positiva de la recaudación por IVA y otros impuestos sobre los productos atribuible a la subida de tipos y a la recuperación económica puede ralentizarse si se confirma la desaceleración que prevén tanto el Gobierno como los organismos internacionales en 2017 y 2018. Así que si quiere cuadrar las cuentas, el Gobierno tendrá que aumentar la recaudación por impuestos sobre la renta, los que menos han crecido en los últimos años, e intensificar la lucha contra el fraude fiscal.

 

Tasas de crecimiento del PIB y de la ocupación.

Mientras persista la incertidumbre sobre si habrá elecciones en 2018, tendremos que seguir conllevando durante algunos meses más la esquizofrenia que nos impulsa a actuar como país nórdico en lo que atañe al gasto y como país sureño a la hora de pagar impuestos. Comprendo que los responsables económicos del Gobierno tienen que ponderar los avances logrados en la reducción de algunos desequilibrios macroeconómicos e intentar transmitir tranquilidad a las empresas y confianza a los ciudadanos. Ahora bien, el desajuste en las cuentas de la SS es sólo el último episodio de un problema de fondo que conviene abordar con tacto para no generar bolsas de pobreza y alimentar el descontento social que dio alas a los movimientos populistas de Iglesias en Madrid) y Colau en Barcelona. Pero constituiría una grave irresponsabilidad financiar las pensiones recurriendo a emisiones de deuda cuando se agote el Fondo de Reserva como se ha sugerido desde el Gobierno. Las pensiones, un gasto recurrente, hay que financiarlas con impuestos para no poner en peligro la confianza en nuestra economía.

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El regreso de Boadella

Boadella, parodiando la estrellada.

Boadella, con bata de cola estrellada.

Las declaraciones recientes de Boadella sobre la ambigüedad de la dirección actual de Ciudadanos, en general, y de Arrimadas, la cabeza visible del partido en Cataluña, en particular, me parecen muy certeras. La oposición decidida al nacionalismo de todos los pelajes y tonos, desde los que encarnan el PSC hasta la CUP, pasando por CDC (PDE, o cómo se llame ahora) y ERC, constituyó la seña de identidad de Ciudadanos cuando algunos catalanes fundamos el partido en junio de 2006.

Punset, reivindica el espíritu fundacional de Ciudadanos.

Punset, reivindica el espíritu fundacional de Ciudadanos.

El primer párrafo de la ponencia del Ideario del nuevo partido –que tuve el honor de coordinar y defender en su congreso constituyente– explica con claridad meridiana la razón de ser del nuevo partido:

“Ciudadanos de Cataluña es un partido que nace con el compromiso de aportar nuevas ideas, impulsar nuevas políticas y restituir el principio de realidad a la política catalana y española tras tantos años de maniqueísmo, sectarismo y corrupción nacionalista.”

arrimadas-en-campana

Arrimadas en campaña con un lema muy similar a “Un nuevo país para todos” de ERC.

La falta de ambigüedad frente al discurso nacional-independentista fue precisamente lo que permitió a Ciudadanos ir robando protagonismo y espacio político tanto al PP como al PSC en Cataluña y convertirse en la segunda fuerza política en el Parlament el 27 de septiembre de 2015.

Pacto del Tinell, diciembre 2003. Maragall (PSC), Carod-Rovira (ERC) y Saura (ICV-EUiA).

Pacto del Tinell, diciembre 2003. Maragall (PSC), Carod-Rovira (ERC) y Saura (ICV-EUiA).

El declive del PSC se inició tras la firma pacto del Tinell con ERC, un partido independentista, e ICV-EUiA, los restos flotantes del PSUC, en diciembre de 2003. Maragall (PSC) lideró desde el gobierno de la Generalitat la Propuesta de Reforma del Estatut de Catalunya, un texto de carácter confederal, que el Parlament aprobó en septiembre de 2005. Los gobiernos tripartitos de Maragall y Montilla impulsaron la inmersión lingüística, negándose a aplicar los tímidos decretos de enseñanzas mínimas aprobados en diciembre de 2006 por el gobierno de Rodríguez Zapatero, que propugnaban ampliar de dos a tres horas el tiempo dedicado a la enseñanza de la Lengua y Literatura Castellanas en la educación Primaria. Además, los gobiernos del PSC intensificaron la persecución del castellano, imponiendo multas lingüísticas a los ciudadanos y empresarios que no rotularan sus negocios o dispusieran de información en catalán cuando lo demandaran sus clientes. Tras su salida del gobierno, el PSC remató la faena abrazando el ‘derecho a decidir’ que incluyó en sus programas electorales desde 2012 hasta julio de 2015.

Maragall y Mas aplaudiendo tras aprobarse la Propuesta de Reforma del Estatut

Maragall y Mas aplaudiendo tras aprobarse la Propuesta de Reforma del Estatut de Catalunya el 30 de septiembre de 2005.

Alejo Vidal-Cuadras

Alejo Vidal-Cuadras

Sánchez Camacho con Artur Mas en el Parlament

Alicia Sánchez-Camacho con Artur Mas en el Parlament.

La penetración de Ciudadanos en el espacio político del PP en Cataluña se inició tras la defenestración de Vidal-Cuadras, cuya cabeza exigió a Aznar el entonces gran estadista y ahora defraudador confeso Pujol i Soley. Lo sustituyó Piqué, militante del PSUC reconvertido en liberal tras pasar por el conglomerado kuwaití de De la Rosa que dejó a tantos españoles en la ruina. A Piqué le sucedió Sánchez-Camacho que inició un período de colaboración (2010-12) con el primer gobierno de Mas que se truncó cuando el heredero de Pujol descubrió en la Diada de 2012 que el concepto de independencia no estaba tan anticuado y oxidado como él mismo había creído. En los últimos tiempos, parecía que los líderes del PP habían aprendido la lección y empezaban a reconocer que el nacionalismo “sólo está esperando que se den las circunstancias idóneas para conseguir su objetivo… romper España”. Esperamos que con la excusa del diálogo no caigan de nuevo en la trampa de hacer más concesiones a los partidos secesionistas.

García Albiol anuncia que el PP abandonará el Pleno si se votan las conclusiones de la Comisión.

García Albiol anuncia que el PP abandonará el Pleno si se votan las conclusiones de la Comisión de Estudio del Proceso Constituyente.

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Celebrando la Fiesta Nacional de España en Barcelona el 12 de octubre 2016.

Los catalanes que nos sentimos españoles y europeos, los catalanes que reivindicamos un patriotismo cívico, respetuoso y garante de la pluralidad y reconocemos la realidad cultural de Cataluña, tal y como es a comienzos del siglo XXI: una sociedad integrada por ciudadanos de muy diversas procedencias” libres , pero iguales en derechos, libertades y deberes ante la ley, contemplamos atónitos los vaivenes de los partidos ‘constitucionalistas’ cuyos sucesivos pactos con los partidos nacional-independentistas han llevado a España a una situación cada vez más ingobernable. Y, si no, miren qué ha ocurrido con la LOMCE.

 

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