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Tabarnia: entre inocentada y regalo de Reyes

Artículo publicado en el diario Expansión el 11 de enero de 2018.

Montilla, presidente de la Generalitat, junto al expresidente Pujol y Benach, presdiente del Parlament, en la manifestación organizada por el gobierno catalán contra el Tribunal Constitucional el 10 de julio de 2010.

El 4 de agosto de 2014 Expansión publicó un artículo (“El  funesto legado político de Jordi Pujol”) en el que sostenía que el mayor logro político del defraudador confeso en los 23 años en que permaneció al frente del gobierno de la Generalitat fue precisamente conseguir que los partidos de izquierda en Cataluña asumieran como algo natural y hasta progresista la ideología nacionalista, y acabaran concediendo al hecho diferencial catalán y a los intereses particulares de los ‘catalanes’ primacía sobre las nociones igualitarias de ciudadanía e interés general consagradas en la Constitución de 1978. En otras palabras, Pujol consiguió que  la izquierda catalana acabara dando prioridad en sus programas a los intereses locales o de ‘país’,  y relegara a un segundo plano las políticas en marcos territoriales más amplios, como España y la UE.

Maragall, presidente del gobierno de la Generalitat, con Zapatero haciendo de Don Tancredo en el balcón del Palau de la Generalitat, y un sonriente vicepressidente Carod-Rovira (ERC).

El desarme ideológico de la izquierda ante el nacionalismo se aceleró paradójicamente tras las elecciones de 2003, cuando el gobierno tripartito asumió como tarea propia impulsar la segregación de Cataluña del resto de España, algo que ni siquiera Pujol se había atrevido a plantear en 23 años. Aunque camuflado bajo la apariencia de avanzar políticas sociales, el planteamiento era en el mejor de los casos profundamente conservador, al pretender mejorar el bienestar de los catalanes imponiendo límites territoriales a la solidaridad interpersonal en el ámbito fiscal y levantando barreras lingüísticas para segregar el mercado laboral. Políticamente, representaba el triunfo del particularismo frente al universalismo y nos retrotraía a una concepción de España suma de compartimentos prácticamente estancos, más propia de los siglos XVII y XVIII que de los Estados modernos sustentados en la noción de ciudadanía y los ideales de libertad, igualdad y fraternidad.

Paso a paso

Maragall, presidente del gobierno de la Generalitat, y Mas, entonces jefe de la oposición, aplaudiendo tras aprobarse la Propuesta de Reforma del Estatut de Catalunya el 30 de septiembre.

No fue casualidad que todos los partidos que aglutinaron a militantes socialistas y comunistas (PSC, ICV-EUiA) en Cataluña y sucedieron a Convergencia Democràtica de Catalunya y Unió Democrática de Catalunya al frente del gobierno de la Generalitat en 2003 incluyeran también en sus siglas la letra ‘C’ de Cataluña que marcaba con toda claridad los límites territoriales de sus anhelos y aspiraciones. Tampoco que el gobierno tripartito que formaron junto a ERC aprobara la Propuesta de Reforma del Estatut de Cataluña en septiembre de 2005, un texto que proclamaba al ‘pueblo’ catalán sujeto soberano en base, no a la Constitución de 1978, sino a unos supuestos derechos históricos. Tal fue la claudicación ideológica de socialistas, comunistas y republicanos al nacionalismo endogámico y excluyente que algunos catalanes se vieron casi obligados a constituir un nuevo partido político en 2006, Ciudadanos, con el propósito de reivindicar el concepto de ciudadanía como piedra angular de una sociedad libre e igualitaria.

Pacto del Tinell, diciembre 2003. Maragall (PSC), Carod-Rovira (ERC) y Saura (ICV-EUiA).

Sin pretensión de ser exhaustivo, ahí están para ilustrar esta rendición incondicional de la izquierda al nacionalismo la virulenta reacción del gobierno de Montilla (2006-2010) a los inocentes decretos de enseñanzas mínimas –exigían dedicar tres horas a la enseñanza de la lengua y literatura castellanas en los ciclos de primaria –, aprobados por el Gobierno de Zapatero en diciembre de 2006 y nunca aplicados en Cataluña, o el indignado rechazo del President a la sentencia del Tribunal Constitucional que recortaba 14 artículos del Estatut y su llamada a los catalanes a sumarse en la primera manifestación masiva organizada por el propio gobierno de la Generalitat contra las instituciones centrales del Estado en julio de 2010. Ahí están también la tutela ejercida por los Ayuntamientos a las ‘consultas por la independencia’ que tuvieron lugar entre septiembre 2009 y abril 2011, con apoyo explícito de los concejales del PSC, ERC e ICV-EUiA, la inclusión del ‘derecho a decidir’ en los programas de estos tres partidos en las elecciones de 2012. Y ahí están la exigencia del PSC de reformar la Constitución para blindar las actuales competencias o su insistencia en que la Agencia Tributaria de Catalunya recaude todos los impuestos devengados en Cataluña y el modelo de financiación respete el principio de ordinalidad.

Montilla llama a los catalanes a manifestarse contra el Tribunal Constitucional en julio de 2010.

¡Toma del frasco!

Después de tantos años de intoxicación, la confusión creada tanto entre la ‘inteligencia’ catalana como a pie de calle es enorme. En el más puro estilo franquista, la ‘izquierda’ nacionalizada asumió la exclusión del castellano como lengua vehicular en la escuela catalana y los medios de comunicación públicos e impulso multas a quienes desatendieran la obligación de rotular en catalán sus negocios. Pretendió, asimismo, hacer pasar por federalismo lo que en realidad era en la Propuesta de Reforma del Estatut de 2005 una vaga confederación de ‘pueblos’ libremente asociados, y acabó incorporando el ‘derecho a decidir’ o incluso el ‘derecho a la autodeterminación’ en sus programas electorales. Y utilizó torticeramente los siempre discutibles saldos de las balanzas fiscales de Cataluña con la Administración Pública Central para exigir mejoras en la financiación de Cataluña y trasladar a los catalanes la falsa noción de que estaban siendo expoliados por el mismísimo Felipe V resucitado.

Rivera en el cartel electoral de las elecciones autonómicas de noviembre de 2006.

Inconsistencias que han pasado a formar parte del acervo indiscutible de una izquierda nacionalista y nacionalizadora y han propiciado, además del nacimiento de Ciudadanos, una iniciativa para segregar las zonas más populosas de las provincias de Barcelona y Tarragona y constituir la ‘comunidad autónoma’ de Tabarnia. Si Cataluña en tanto que sujeto de derechos históricos tiene ‘derecho a decidir’, lo mismo podría decirse de la mayoría de condados o marquesados que acabaron conformando su territorio. Si Cataluña tiene derecho a recaudar los impuestos aquí devengados, el mismo privilegio podrían reclamar otros ‘territorios históricos’. Si la existencia de un déficit fiscal de Cataluña con la Administración Central, faculta al gobierno de la Generalitat a exigir una mejor financiación, lo mismo podrían demandar las provincias o comarcas que aportan más de lo que reciben a la Generalitat. Y si el modelo de financiación autonómico tiene que satisfacer el principio de ordinalidad, no hay ninguna razón para no aplicar ese mismo criterio a los territorios de Cataluña.

Aplicando la lógica secesionista, cualquier subconjunto de ciudadanos residentes en un territorio histórico de Cataluña podría reclamar el ‘derecho’ a decidir y a recaudar los impuestos allí devengados, o limitar que se transfieran al resto de catalanes. Nadie puede extrañarse de que el invento haya causado perplejidad en el mundillo secesionista, acostumbrado a apelar al ‘derecho a decidir’ y a reclamar consultas sólo en aquellas circunscripciones donde anticipan pueden obtener mayoría, o a exigir la aplicación de tal o cual principio distributivo sólo cuando beneficia a Cataluña. Ahora se han visto obligados a beber su propia medicina. Tampoco ha sido ninguna sorpresa que quienes han acogido con mayor fervor la iniciativa de constituir la comunidad de Tabarnia no hayan sido los constitucionalistas, como algunos han apuntado erróneamente, sino personas y asociaciones que hasta anteayer pedían al Estado que recuperase las competencias cedidas a la Generalitat y hasta que eliminara las autonomías.

Renuión del pacto nacional por el ‘derecho a decidir’ el 23 de diciembre de 2016 en el auditario del Parlament de Cataluña.

Al margen del disparate que supone atribuir ‘derecho a decidir’ a cualquier minoría que pueda resultar mayoritaria en una parte de un Estado, Comunidad o Región Autónoma, y las casi insuperables dificultades, legales y prácticas, que entraña segregar una parte de Cataluña, la popularidad alcanzada por Tabarnia en las redes sociales brinda la oportunidad de articular una asociación constitucionalista arraigada en los municipios capaz de actuar como contrapunto de la ANC y Òmnium. Por lo demás, la tarea de los constitucionalistas es exigir al Gobierno de España y a Las Cortes que se tomen en serio el artículo 139 de la Constitución, según el cual “los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio español”. De momento, en Cataluña no es así.

Omnium Cultural: Somescola frente al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña

Omnium Cultural Somescola frente al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña

 

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Entrevista a Clemente Polo por Miguel Cifuentes

La entrevista del periodista Miguel Cifuentes se publicó en El Confidencial Digital el 20 de diciembre de 2017. Para facilitar su lectura, me ha parecido conveniente incluirla ahora en mi blog:

https://www.elconfidencialdigital.com/politica/Clemente-Polo-Cataluna-independentistas-Generalitat_0_3060293942.html

Clemente Polo: “Cataluña entrará en recesión si vuelven los independentistas a la Generalitat”

Catedrático de Economía en la Autónoma de Barcelona, hace cuatro años pronosticó la Declaración Unilateral de Independencia y el encarcelamiento de los “golpistas”

Clemente Polo es un atípico catedrático de Economía de la Universidad Autónoma de Barcelona. Es el adivino que en 2014 “profetizó” como escenario mas probable en Cataluña: la Declaración Unilateral de Independencia, la aplicación de artículo 155 y el encarcelamiento y procesamiento de los golpistas.

Un artículo de Miguel Cifuentes (20/12/2017 01:00 )

La cuestión catalana, hoy. Incluye tres artículos míos en los que analizo diversos aspectos del proceso de secesión.

Lo hizo en su libro “La cuestión catalana II”, publicado en febrero de ese año por el Instituto de Estudios Económicos. Se puede comprobar mirando la página 77. No se conoce a ningún político, analista o periodista que tuviera este don de adivinación hace tres años. Solo por eso merece estar en las hemerotecas.

Es uno de los fundadores de Ciudadanos y de Regeneración Democrática, lo que le habilita para opinar con conocimiento sobre el panorama político actual.

Enviar a la oposición a los partidos independentistas

Clemente Polo considera imprescindible “enviar a la oposición a los tres partidos (ERC, CDC=PDeCAT y CUP) que han estado al frente del gobierno de la Generalitat. Es imprescindible hacerlo, para restablecer la neutralidad de las instituciones de autogobierno “que los partidos secesionista han instrumentalizado para promover y financiar la secesión de Cataluña, subrepticiamente desde 1990 y abiertamente desde 2012”.

El catedrático es contundente: “Cataluña entrará en recesión si los secesionistas vuelven a la Generalitat”. Seguirá la fuga de empresas, tras las más de 3.000 que ya se han ido, y los golpes al turismo y la hostelería. Y más si vuelven los secesionistas al Govern y vuelven a “desatar las hostilidades contra el Estado”.

Arrimadas más Iceta

La cuestión catalana II. IEE: Madrid. 2014. Incluye mi artículo “Panorámica del argumentario economicista a favor de la independencia”.

De confirmarse un casi empate entre Ciudadanos y Esquerra Republicana, como predicen las encuestas, Clemente Polo ve “lógico un gobierno presidido por Arrimadas, con Iceta de vicepresidente”.

“Permitiría recobrar la neutralidad de las instituciones de autogobierno, y empezar a gobernar con sentido común, anteponiendo los problemas de los catalanes a las obsesiones de sus líderes”.

Llegar a esta situación sería complicado. “Hay políticos en prisión, otros en busca y captura, y muchos golpistas deberán sentarse en el banquillo. La aritmética parlamentaria tampoco otorga una probabilidad elevada al gobierno entre Ciudadanos y PSC, incluso con el apoyo del PP”.

Iceta y Arrimadas.

No solo eso. Las últimas encuestas anticipan un Parlament fragmentado, y arrojan dudas sobre el partido más votado. “Los líderes del bloque secesionista (ERC, JxC y CUP) están dispuestos a conjurarse, sobre la base de seguir con el proceso de secesión, aparcando sus discrepancias. Ciudadanos, PSC y PP no forman bloque alguno, y su argamasa carece de consistencia, más allá del respeto a la legalidad. Por último, aunque los comunes Colau y Domenech han mostrado su conexión emocional con el bloque secesionista, tampoco se puede descartar que apoyen un gobierno presidido por Iceta. El primer secretario del PSC ha afirmado que no hará presidente a ninguno de los líderes que han provocado el desastre, pero no ha descartado gobernar con ellos si le hacen presidente”.

Dos millones de secesionistas contumaces

Al final Ciudadanos obtuvo 36 escaños y el PP 4 el 21-D.

Lo que le asombra es que sigue habiendo dos millones de independentistas en Cataluña, a pesar del fracaso de la independencia, y que sigan los mismo líderes contumaces en la pelea electoral..

“Resulta difícil de comprender que algunos líderes políticos que han demostrado ser pésimos gobernantes, mentirosos contumaces, y, en algunos casos, responsables políticos de prácticas de extorsión, gocen de cierta respetabilidad social, y aspiren a seguir activos en política. Quizá la explicación resida en que los ciudadanos valoran su gestión solo porque les acerca a la independencia”.

El saco de votos independentistas tiene explicaciones mas prosaicas: “Las carreras administrativas de 300.000 empleados del sector público de Cataluña (200.000 en la Generalitat), mejor pagados que sus homólogos de la Administración Central y de las Comunidades de régimen común, dependen de su grado de sintonía con la línea oficial de la Generalitat”.

El consejero de Economía Mas-Colell anunciando que se aumenta la partida de gasto para potenciar la Agencia Tributaria catalana el 17 de febrero de 2015.

Por último, hay ciudadanos en Cataluña convencidos de que los españoles les humillan y les roban. “Argumentos todos ellos muy débiles, cuando no auténticas invenciones, pero que, a base de repetirlos, se han convertido en verdades indiscutibles. Pocos catalanes saben cuál es el saldo favorable de la balanza de bienes y servicios de Cataluña con el resto de España”, pero todos piensan “que Madrid se queda con 16.000 millones que les pertenecen”.

No condonar la deuda catalana

Clemente Polo descarta de plano condonar la deuda catalana con el Estado, y montar una Hacienda bilateral, como propone Miquel Iceta.

“Esta propuesta supone traspasar la deuda de Cataluña al Reino de España. Desde el año 2012, el Gobierno de la Generalitat ha recibido una financiación extraordinaria de 72.526,4 millones de euros, 54.532,2 millones a través del Fondo de Liquidez Autonómica y el resto por cauces extraordinarios habilitados por el pérfido (según los independentistas) Ministerio de Hacienda”.

“Cataluña ha sobredimensionado su administración para convertirla en un Estado”. Eso explica la falta de financiación de la sanidad, la educación o las políticas laborales y sociales; el montante de estas partidas son 16.500 millones en el presupuesto de 2017, que fue de 34.029,7 millones”.

Los golpistas Puigdemont y Junqueras presentando junto a sus manos derechas la Agencia Tributaria de Cataluña: “estamos preparados”.

La Agencia Tributaria Estatal debe continuar recaudando los principales impuestos, a juicio del catedrático de economía. Por “razones de eficacia en la lucha contra el fraude”, y para “asegurar la solidaridad interpersonal reconocida en la Constitución. La existencia del concierto vasco es una desgraciada herencia histórica”, porque los vascos y navarros tiene “una financiación por persona muy superior a la del resto de los españoles”.

Al furgón de cola

Pocas cosas hay peores para una economía que la inestabilidad política, y la inseguridad jurídica. “Ambas han estado muy presentes en Cataluña en los últimos años”, por lo que ha pasado, de ser una de ser una de las comunidades líderes de la recuperación económica en España, a estar al “al furgón de cola en muy pocos meses”.

CaixaBank celebra su primer consejo en la sede del antiguo Banco de Valencia tras trasladar su sede fuera de Cataluña.

“La desbandada de más de 3.000 sociedades ha tenido efectos muy limitados sobre la localización de las actividades productivas”, pero Barcelona ha perdido la Agencia Europea del Medicamento, y el turismo ha caído considerablemente desde agosto, “un bache que previsiblemente se prolongará en los próximos meses”.

“Se han paralizado inversiones, especialmente en los sectores inmobiliario y hotelero, y decenas de miles de catalanes se han llevado sus ahorros fuera de Cataluña. Las últimas cifras de afiliación a la Seguridad social y del paro muestran los efectos de la desaceleración económica”. Si persisten la inestabilidad política y la inseguridad jurídica, “la actual parálisis inversora y la salida de capitales podría dar paso a una brusca caída de la inversión e iniciarse una espiral recesiva con consecuencias irreversibles”.

Dos legislaturas por lo menos

Puigdemont posa mofándose de los 5 requerimientos del Tribunal Constitucional para que abandonase el plan de realizar un referéndum como paso para constituir una república independiente.

Harían falta al menos, “dos legislaturas para devolver a Cataluña su pluralidad cultural y lingüística, y eliminar las trabas administrativas que han ido encerrando a la sociedad catalana en sí misma, dificultando, cuando no impidiendo, el acceso al mercado laboral de ciudadanos de otras CC.AA”.

“Resulta indispensable desmantelar el entramado proteccionista y clientelar creado por la Generalitat desde los años 80, y liberar a la sociedad civil catalana de los grilletes que la atenazan en todos los ámbitos. Una carrera de fondo, para la que se requiere mayor presencia y apoyo de las instituciones centrales del Estado en Cataluña”.

Cirugía institucional a fondo

Clemente Polo no ve a ningún gobierno de España dispuesto a hacer cirugía institucional, política y social a fondo en Cataluña.

“La aplicación del artículo 155, y la convocatoria de elecciones autonómicas en el plazo más breve posible, demuestran que el Gobierno y el principal partido de la oposición (PSOE-PSC), han sido incapaces de establecer una estrategia conjunta para conjurar lo que ha sido el mayor golpe a nuestra joven democracia desde la intentona golpista de Tejero en 1981”.

Iceta con Sánchez en Tarragona 16 de diciembre de 2017.

La reforma federal que patrocina el PSOE, “guiada por la mano visible del PSC, y otras reformas constitucionales avanzadas recientemente, pretenden transformar nuestro estado federal en un Estado confederal, con la vana esperanza de que la concesión de mayores privilegios amortiguará el auge del secesionismo en Cataluña. En mi opinión, la solución que propone Iceta, más autogobierno y mejor financiación e indultos para los golpistas, lejos de ser la solución es la vía más segura para dar nuevas alas al secesionismo”.

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Auge y decadencia del nacional-secesionismo

Artículo publicado en el diario Expansión el 23 de diciembre de 2017

La ajustada mayoría absoluta obtenida por Junts per Catalunya (34 diputados), ERC (32 diputados) y CUP (4 diputadas), los tres partidos secesionistas que propiciaron la declaración de independencia (DUI) el pasado 27 de octubre, ha empañado en cierto modo la rotunda victoria de Ciudadanos que, con 37 diputados y 1,1 millón de votos, se convierte en el primer partido en el Parlament de Cataluña. Sin embargo, si miramos el asunto con cierta perspectiva, los constitucionalistas que residimos en Cataluña podemos encontrar razones sobradas para estar orgullosos de la victoria de la formación naranja, y hasta para dejarnos llevar por la euforia y celebrarlo con un buen cava catalán (y por tanto español) estos días.

No me cabe duda de que el 21-D ha sido un día histórico, como también lo fue aquél lejano 1 de noviembre de 2006 en que Ciudadanos irrumpió en el Parlament con tres diputados y fue objeto de mofas y chirigotas por parte de los partidos nacionalistas y catalanistas. Si los partidos y asociaciones cívicas que han mantenido viva la llama de la multiculturalidad en Cataluña durante estos años tan difíciles, mantienen cierta unidad de acción y propósito, las elecciones del 2017 podrían ser vistas en una o dos legislaturas como el punto de inflexión que marca el inició del declive del movimiento nacional-secesionista. Queda mucho trabajo por delante y no hay que echar las campanas al vuelo. Pero la tarea es factible siempre que las instituciones centrales del Estado (Gobierno, Congreso, Senado y Tribunales) sepan estar a la altura de sus responsabilidades, algo que no siempre han hecho.

Rivera con Domingo y Robles, los tres diputados de Ciudadanos en el Parlament en noviembre de 2006.

Perro ladrador

El deslenguado y fullero Puigdemont sigue huido en Bruselas haciendo cábalas sobre cómo sacar el mayor provecho a los 34 diputados que ha obtenido con su lista de cortesanos convergentes, reforzada con el presuntamente rebelde presidente de la ANC. Ayer vimos a Puigdemont sobreactuar, como es habitual en él, y declarar enfáticamente en su comparecencia que la ‘república’ ha ganado a la ‘monarquía’. Patético pero efectivo por lo que hemos podido constatar en estas elecciones. Su mensaje ‘soy el presidente legítimo’, avalado por la bobalicona cúpula de ERC que se prestó a rendirle incluso algunos  inmerecidos homenajes en Bruselas mientras su líder criaba malvas en Entremeras, le ha dado unos réditos impensables hace sólo unos meses. El pobre Junqueras ha visto desde su celda como el pájaro que tantas veces lo engañó durante estos dos años susurrándole al oído ‘me voy’, ‘no repetiré’, volvía a dejarlo con un palmo de narices meditando sobre su injusto de su destino. Y es que Junqueras, por impericia y docilidad, ha visto como se le escapaba de las manos la (¿única?) oportunidad de ser investido presidente del gobierno de la Generalitat.

Puigdemont en su comparecencia con cuatro exconsejeros prófugos la noche electoral en Bruselas.

¿Vendrá no vendrá? No sé qué tal marchan las finanzas en la corte belga –todo un misterio que algún día conoceremos– pero si algo está claro es que en caso de que regrese a España será con toda probabilidad detenido, interrogado, encarcelado y juzgado con todas las garantías que concede nuestro Estado de Derecho. Los delitos que se les imputan a él, a los consejeros de su gobierno cesado y a los líderes de la ANC y Òmnium, rebelión, sedición, malversación de caudales públicos y desacato al poder judicial, son los más graves que se pueden imputar a un político en democracia.

Carles Puigdemont en una conferencia de prensa el 22 de diciembre de 2017.

Desconozco si nuestro sistema judicial y penitenciario lo permiten, pero sería un auténtico dislate que a un golpista irredento, que sigue denigrando nuestras instituciones democráticas en Bélgica, se le permitiera acudir a recoger su acta de diputado sin acatar la Constitución y mucho menos ser investido presidente del gobierno de la Generalitat. Lo malo sobre este asunto, como sobre muchos otros que debilitan nuestra democracia –estoy pensando en la ausencia de la bandera nacional en edificios públicos y en comparecencias institucionales, la ocupación de espacios públicos con banderas estrelladas por acuerdos municipales, los insultos y silbidos a Felipe VI,  la celebración del 9-N, las sesiones parlamentarias del 6-7 de septiembre, la consulta ilegal del 1-O, etc. – es que el Gobierno de España ha demostrado, pese a las afirmaciones en sentido contrario, que no tenía una estrategia efectiva para hacer frente a los secesionistas.

Optimismo constitucionalista      

Puigdemont firmando la declaración de independencia en el auditorio del Parlament el 10 de octubre de 2017.

Pero pese a la euforia del mal perdedor, lo cierto es que el movimiento nacional-soberanista transformado en nacional-secesionista desde 2012, no sólo no avanza sino que retrocede. Desde las elecciones del año 2010, el porcentaje de voto de los partidos que defendían estas posiciones alcanzó su máximo, 49,1%, en 2012 y ha caído desde entonces hasta situarse en el 47,5% en 2017. En escaños, alcanzó su máximo, 76, en 2010 y en estas elecciones se ha quedado en 70. La caída es lenta pero quien pensara que podía acabarse en cuatro días con un movimiento tan bien alimentado desde las instituciones, confundía el deseo con la realidad. El dominio casi absoluto de la Generalitat sobre los medios de comunicación, el sistema educativo, las asociaciones culturales, etc., aseguran su pervivencia mientras no se consiga restablecer la neutralidad del gobierno de la Generalitat, el Parlament, las Diputaciones y los Ayuntamientos. Ningún adicto puede dejarlo en un día, mucho menos si sigue recibiendo abundantes dosis.

Manifestación del 30-S en Barcelona organizada por EiC, Somatemps y Regeneración Democrática.

La evolución del movimiento constitucionalista resulta asimismo esperanzadora. Para empezar, ahí están las movilizaciones que este otoño sacudieron Cataluña el 30 de septiembre, el 8, 12 y 29 de octubre y de nuevo el 6 de diciembre. Cientos de miles de catalanes silenciosos (o silenciados) perdieron el temor a expresar su deseo, nada facha, sino profundamente progresista, de seguir compartiendo nuestro destino con nuestros primos, hermanos y amigos en el resto de España. Frutos, el viejo líder del PCE, lo expuso maravillosamente el 29 de octubre en Paseo de Gracia. Las movilizaciones lideradas por Espanya i Catalans y Sociedad Civil Catalana, pero en las que han participado otras asociaciones como Convivencia Cívica Catalana, Regeneración Democrática, Asociación por la Tolerancia, Somatemps, etc., han de mantenerse y servir para movilizar a todos los catalanes que compartimos los ideales de libertad, igualdad y fraternidad.

Manifestación del 😯 en Barcelona organizada por Societat Civil Catalana, Espanya i Catalans y otras asociaciones cívicas.

Además, el peso de los partidos constitucionalistas no ha cesado de crecer, especialmente a partir de 2012. En escaños, estos partidos han pasado de 47 en 2010 a los 57 conseguidos en 2017, un número todavía alejado de los 68 que otorgan la mayoría absoluta. En porcentaje de votos, hemos pasado del 37,1% en 2010 al 43,5% en 2017. Todavía queda un buen trecho pero estamos cada vez más cerca y, si perseveramos en la línea seguida en los últimos años, la victoria puede llegar en una o dos legislaturas. Aunque es cierto que la aritmética electoral favorece a los secesionistas por su predominio en las zonas rurales, la solución no pasa necesariamente por cambiar la ley electoral, sino por reconquistar estas zonas dominadas por el secesionismo. Para ello, conviene mantener el nivel de movilización social de los últimos meses, requisito indispensable para lograr mayores cotas de participación, y hay que responder con inteligencia a las provocaciones de un republicanismo trasnochado y victimista que ha provocado una fractura social gravísima, espantado a las empresas y a los inversores y amenaza con provocar una recesión en Cataluña.

Clemente Polo, 12 de octubre de 2016 en Plaza de Cataluña.

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Más inestabilidad e inseguridad a la vista

Artículo publicado en el diario Expansión el 22 de diciembre de 2017

Rajoy en el Senado el 27 de octubre de 2017.

La aplicación del artículo 155 en versión minimalista tras la DUI del 27 de octubre sólo ha servido para convencer a los líderes secesionistas de que el Gobierno de España no iba a sentarse a negociar las condiciones de la independencia de Cataluña, como algunos de ellos erróneamente habían anticipado. Reaccionaron con rapidez ante el cambio de escenario. Puigdemont y cuatro consejeros huyeron a Bélgica para alimentar el mito del gobierno republicano en el exilio y la mayoría de quienes acudieron a la cita con los jueces y fueron encarcelados (Forcadell, Romeva, Turull, Rull, etc.), se aprestaron a acatar la Constitución con la boca pequeña para salir de prisión y garantizarse un escaño en unas elecciones que consideran, al mismo tiempo, ilegítimas y plebiscitarias.

Puigdemont y su gobierno legítimo en la página oficial de la Generalitat abierta desde Bégica. Es la foto oficial del gobierno antes de su cese de la que se ha excluido al consejero Santi Vila cuya pierna todavía puede verse entre las de Junqueras y Puigdemont.

Su indisimulado objetivo era revalidar la mayoría de la pasada legislatura para seguir controlando el gobierno de la Generalitat y el Parlament, mantener vivo el proceso secesionista y exigir la paralización de las causas judiciales abiertas contra ellos. Aunque en mi artículo de ayer animaba a los catalanes a ir a las urnas para decidir entre “seguir enfangados en agrias disputas fratricidas” o “pasar página a dos años de desgobierno”, mi fundado escepticismo me llevaba también a apuntar que “nadie puede asegurar que estas elecciones nos acercarán a la salida del laberinto”. Las gravísimas acusaciones lanzadas por los líderes secesionistas de ERC, JxC y CUP contra nuestro sistema democrático durante la campaña y el sólido apoyo que reflejaban los sondeos a los tres partidos que promovieron la declaración unilateral de independencia no invitaban al optimismo.

Turull y Pujol (Oriol) arrpopando a Osàcar en la Ciudad de la Justicia.

El carácter excepcional de estas elecciones convocadas por Rajoy con innecesaria premura ha quedado reflejado en la elevada participación, 81,9%, que supera en 4,5 puntos el ya elevado listón (77,4%) alcanzado en las elecciones ‘plebiscitarias’ del 27-S. La mayor participación no ha producido, sin embargo, el ansiado vuelco electoral al que aspiraban Ciudadanos, PSC y PPC, los tres partidos que se opusieron a la DUI, ni tampoco ha reforzado de manera significativa a los tres partidos que la impulsaron. Todo apunta a que estamos condenados a seguir conviviendo con la inestabilidad política y la inseguridad jurídica que han dominado la vida política en Cataluña desde 2012 y han acabado poniendo en peligro su base económica.

Inés Arrimadas, candidata de Ciudadanos y gran triunfadora.

La primicia de la noche electoral, con el 98,6% del voto escrutado, es el espectacular ascenso de Ciudadanos que alcanza el 25,4% de los votos y obtiene 37 escaños. La gesta resulta más impresionante habida cuenta que hace siete años el partido naranja a duras penas rebasó el 3% y sólo pudo revalidar los tres simbólicos escaños logrados en 2006. La llamada de Arrimadas a acabar con el proceso ha calado en el electorado constitucionalista, mucho más movilizado que hace una década. A los líderes del PP les ha faltado presencia en la calle y les han sobrado complejos: no quisieron o supieron capitalizar el haber cesado al gobierno golpista y convocado elecciones auténticamente democráticas. Algo tendrán que hacer para evitar caer en la marginalidad. Iceta con el 13,75% del voto y 17 escaños ha logrado detener la sangría del PSC desde 2010 y encara el futuro sobre la base de un catalanismo más dialogante y menos sectario.

Puigdemont con Junqueras, Forcadell y la presidenta de la AMI.

La segunda sorpresa la ha protagonizado ERC que con el 21,4% de los votos ha sido la tercera fuerza y logra 32 escaños, 2 menos de momento que Puigdemont y su grupo de cortesanos pujolistas. El resultado es muy malo para los republicanos a los que las encuestas auguraban una abrumadora victoria hace unos meses. Se equivocó Junqueras aceptando el papel de segundón al que le relegó Mas en la anterior legislatura, y volvió a equivocarse al ceder al fullero Puigdemont la presidencia de la Generalitat y conformarse con representar, al menos cara al público, su papel de fiel masovero. Dejar a la limitada Rovira al frente del timón de ERC durante esta campaña tampoco ha ayudado a remontar el vuelo. Ahora ERC tendrá que plantearse si se conforma con seguir siendo la muleta de los sucesores de Convergencia o explora otras alternativas.

Turull (CDC), Baños (CUP) y Romeva (Junts pel Sí) presentando las enmiendas a la primera resolución del inicio de la independencia, 6 de noviembre 2015, nada más constituirse el Parlament en la anterior legislatura. ¿Repetirán la jugada?

El porcentaje de votos de los tres partidos secesionistas, 47,6%, ha caído una decima mientras que el porcentaje del bloque constitucionalista aumenta 4,5 puntos porcentuales. Los resultados confirman lo que el sentido común sugería y los partidos que acordaron la aplicación del 155 no quisieron tomar en consideración: 54 días era un plazo demasiado breve para desinflar el proceso, alimentado generosamente desde todas las instituciones autonómicas, Ayuntamientos incluidos, en los últimos cinco años. Aunque los medios de comunicación estaban obligados a destacar el aumento de participación y el alto número de indecisos para mantener despierto el interés, estas dos variables han reforzado al bloque constitucionalista pero no en la cuantía necesaria para producir un vuelco electoral.

La victoria de los partidos secesionistas y la fragmentación del Parlament van a dificultar el restablecimiento de la neutralidad institucional, primordial para empezar a cauterizar la profunda fractura abierta en la sociedad. Lo más probable es que tengamos otra mini-legislatura bronca y estéril. El bloque secesionista ha resistido la aplicación del mini-155 y está en condiciones de formar gobierno si son capaces de ponerse de acuerdo. Ya he dicho que ERC tendrá que decidir si quiere seguir siendo el lazarillo de convergencia o explorar otras alternativas. La CUP pese a su caída en picado vuelve a ser decisiva, y aunque sus diputados darán con toda seguridad la nota, al final siempre acaban cediendo y yendo a comer al pesebre. Iceta intentará tener cierto protagonismo pero va a resultar casi imposible tender puentes con quienes siguen considerándose legitimados por el ‘pueblo’ de Cataluña para saltarse la ley, confunden la libertad de expresión con la impunidad para delinquir (eufemísticamente lo llaman hacer república) y exigen el indulto de presuntos delincuentes incluso antes ser juzgados.  Y Ciudadanos, pese a su victoria moral y real, tendrá que conformarse con ejercer de principal partido de la oposición, buscando el entendimiento con el PSC y al PP, y tratando de evitar lo peor entre lo malo. Confiemos en la labor de los Tribunales y el control de las cuentas de la Generalitat para poner coto a todos los desmanes pasados y futuros.

Sede del Tribunal Constitucional.

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La incierta lotería del 21-D

Artículo publicado en el diario Expansión el 21 de diciembre de 2017

Los candidatos a presidir el gobierno de la Generalitat: Puigdemont, Junqueras, Arrimadas, Iceta, Domenech, Riera y García-Albiol.

Los catalanes estamos llamados a las urnas el jueves 21 de diciembre (21-D), pocas horas antes de que los niños del colegio de San Ildefonso canten el Gordo de Navidad, y los afortunados por la suerte lo celebren alborozados, abriendo botellas de cava y repartiendo abrazos en la puerta de alguna administración de lotería en cualquier rincón de España. El resultado de estas elecciones, como la lotería, se presenta muy incierto pero a diferencia de lo ocurre en el sorteo navideño, la incertidumbre podría subsistir tras conocerse los resultados. Los catalanes están llamados a decidir si quieren seguir enfangados en agrias disputas fratricidas, o prefieren pasar página a dos años de desgobierno y malas noticias económicas para encarar el futuro con esperanza. La fractura social y el enconamiento son tan grandes que nadie puede asegurar que las elecciones nos acercarán a la salida del laberinto.

Elecciones excepcionales

Son las cuartas elecciones autonómicas en 7 años. Los catalanes votamos en 2010, 2012 y 2015, y vamos a hacerlo de nuevo en 2017, cuando en circunstancias normales las elecciones se habrían producido en 2010, 2014 y 2018. Algo va francamente mal cuando la duración media de las legislaturas a duras penas supera los 2 años, en lugar de los 4 previstos. La brevedad de la legislatura precedente no es la única razón por la que debamos considerar las elecciones del 21-D singulares y hasta excepcionales. Lo son también porque no las convocó Puigdemont, el anterior presidente de la Generalitat, que fue cesado junto con el resto de su gobierno después de que el Parlament de Cataluña votara el 27 de octubre una resolución, según la cual, Cataluña se constituía en un estado independiente en forma de república.

Puigdemont huido de la justicia en Bruselas con un Mozo de Escuadra haciendo funciones de guardaespaldas.

Desde su destitución, Puigdemont anda huido por Bélgica acompañado por cuatro de sus exconsejeros, y, aunque dice considerarse el presidente legítimo en el exilio, concurre a estas elecciones autonómicas con un nuevo partido, Junts per Catalunya, en cuyas listas figuran en las primeras posiciones Sánchez, presidente de la ANC encarcelado, algunos de los consejeros huidos y otros consejeros detenidos y ya excarcelados. Igualmente insólita es la situación de Junqueras, el que fuera vicepresidente de Puigdemont, que se encuentra en prisión y es el candidato de ERC a la presidencia del gobierno de la Generalitat. Forcadell, la presidenta del Parlament disuelto, y varios ex consejeros de Puigdemont, todos ellos en libertad condicional figuran en los primeros puestos de las listas de ERC. Como casi todos saldrán elegidos, el día 22 nos encontraremos con que al menos una decena de diputados del nuevo Parlament, y dos de los aspirantes a presidir el gobierno de la Generalitat, Junqueras y Puigdemont, estarán encarcelados o huidos, y todos a la espera de sentarse en el banquillo del Tribunal Supremo para responder de los delitos de rebelión, sedición y malversación. El tríptico secesionista lo completan los renovados candidatos de la CUP que ya han manifestado que no apoyarán a ningún candidato que no rompa con la “lógica colonial del Estado” y se apreste a impulsar la república constituida el 27 de octubre.

Arrimadas, líder de la oposición, con Espejo, vicepresidente del Parlament.

A las elecciones concurren también tres partidos, llamémosles por brevedad, constitucionalistas: Ciudadanos, PSC y PP, los tres partidos cuyos diputados se ausentaron del Parlament el 27 de octubre. Sus líderes, Arrimadas, Iceta y García Albiol, respectivamente, se han comprometido a acabar de un modo u otro con el proceso secesionista. Arrimadas, la candidata de Ciudadanos, es la única de los tres que, a tenor de lo que apuntan algunas encuestas, libra una apretada lucha con ERC para ganar las elecciones. Promete hacer una auditoría y apagar el proceso. Iceta, primer secretario del PSC, apuesta por la reconciliación y se ha comprometido a no apoyar a Puigdemont y Junqueras. El compromiso de García Albiol, muy alejado de los puestos de cabeza, es sumar para que Cataluña tenga un presidente constitucionalista.

García-Albiol, líder del PP en el Parlament de Catalunya, abandonando el pleno del Parlament antes de votarse las conclusiones de la Comisión de Estudio del Proceso Constituyente el 27 de julio de 2016.

Resultado muy incierto

Todas las encuestas publicadas hasta ahora indican que los seis partidos a los que me he referido, más Catalunya en Comú-Podem (CeC-Podem), lograrán representación parlamentaria. Puesto que ninguna encuesta otorga a los partidos constitucionalistas los 68 diputados que permitirían asegurar la investidura de alguno de sus líderes, y sí hay varias que dan esa mayoría a los tres partidos secesionistas, no hay seguridad alguna de que las elecciones del 21-D pondrán punto y final al proceso de secesión, y, por ende, a la inestabilidad política e inseguridad jurídica que se ha adueñado de Cataluña desde las elecciones de 2012.

La investidura de Arrimadas no está asegurada, incluso si Ciudadanos resultara el partido más votado. Iceta no apoyará su investidura salvo en el improbable caso de que los tres partidos constitucionalistas lograran la mayoría absoluta. En el caso algo más probable de que no alcancen la mayoría absoluta pero superen en escaños a los partidos secesionistas, Arrimadas podría intentarlo pero los diputados de CeC-Podem, el partido de Colau y Domenech se opondrán a investirla. Iceta, por su parte, está jugando con habilidad sus escasas bazas, presentándose como el candidato catalanista comprometido con el diálogo y la reconciliación. En realidad, Iceta es un nacionalista interesado en aumentar la autonomía, mejorar la financiación de Cataluña, e impulsar una reforma ‘federal’ de la Constitución para convertir España en un estado confederal. Dispuesto a dialogar y a llegar a pactos, sí, pero con una preocupante inclinación a hacerlo con ERC, los ‘comunitas’ y hasta la CUP, que contrasta con la dureza exhibida contra Ciudadanos y, no digamos, contra el PP. Aunque posee una habilidad constatada para forjar tripartitos, la probabilidad de lograrlo en esta ocasión es pequeña, porque  ERC tendría que aparcar el compromiso de impulsar la república y renunciar una vez más a la presidencia de la Generalitat para entregársela a Iceta.

El gran riesgo que presentan estas elecciones anticipadas es que los tres partidos secesionistas ganen de nuevo las elecciones y ERC sea la fuerza más votada. Si lograran superar el listón de 68 diputados, la investidura del candidato de ERC estaría asegurada en primera votación, siempre que ofreciera garantías a la CUP de seguir adelante con el proceso constituyente. En caso de no conseguir la mayoría absoluta, el candidato de ERC podría superar la votación de investidura gracias a la abstención de los diputados de CeC-Podem. Aunque la situación no sería exactamente igual que en 2015, puesto que la justicia va a seguir su curso inexorable y saltarse la Constitución y el Estatut ya no va a salirles gratis, la inestabilidad política y la inseguridad jurídica se prolongarían, y la fractura social se ahondaría.

Compás de espera

Domenech con Colau, Iglesias y Garzón en un mitin en Nou Barris.

Para salir de dudas tendremos que esperar a la noche del 21-D, o incluso bastante más tiempo si la fragmentación del Parlament y la dificultad de alcanzar acuerdos obligara a Rajoy a convocar nuevas elecciones, tras una o dos investiduras fallidas. No sería éste, ni mucho menos, el peor de los escenarios. Durante los meses de interinidad que se abrirían, la normalidad administrativa y la neutralidad de las instituciones estarían garantizadas, y los partidos y asociaciones secesionistas seguirían sin poder meter la mano en la caja de la Generalitat, como ocurría hasta que el Gobierno aplicó el artículo 155 y dejó claro que la impunidad con que habían operado hasta entonces había llegado a su fin.

 

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Las recetas de Iceta

Artículo publicado en el diario Expansión el 20 de diciembre de 2017

Iceta en un acto de campaña en Tarragona el 16 de diciembre.

Iceta, primer secretario del consejo nacional del PSC se muestra estos días contenidamente eufórico. El caos en que han sumido Puigdemont y Junqueras a Cataluña durante los dos últimos años ha servido para que este político afable y dialogante pueda presentarse a las elecciones catalanas como la (única) solución para cambiar el rumbo y dejar atrás unos años que han resultado desastrosos para la mayoría de los catalanes en todos los ámbitos: político, social y económico. El 12 de diciembre tuve ocasión de interpelarle en el desayuno que organizó Empresaris de Catalunya (EC) y pude confirmar de primera mano su consumada habilidad para escaparse de las preguntas incómodas. Algunas de sus posiciones políticas quedaron, no obstante, meridianamente claras.

Borrón y cuenta nueva

Forcadell, la guardiana de la urna transparente en que se depositaron los votos que llevaron a declarar constituida la república catalana el 27 de octubre.

La república de Puigdemont-Junqueras acabó pocas horas después de que se proclamara en el Parlament el 27 de octubre. El Gobierno de España invocó el artículo 155 de la Constitución, cesó al gobierno de la Generalitat, disolvió el Parlament y convocó elecciones autonómicas para el 21 de diciembre. Al presidente y al vicepresidente cesados se les investiga por organizar y financiar el “inaceptable intento de secesión” de Cataluña, y serán probablemente juzgados junto con el resto de consejeros, Forcadell, presidenta del Parlament, y los presidentes de la ANC y Òmnium Cultural. Aunque ninguno de ellos ha mostrado arrepentimiento alguno y varios siguen empeñados en desacreditar la democracia española, el conciliador Iceta se ha apresurado a pedir el indulto para los golpistas.

CaixaBank celebra su primer consejo en la sede del antiguo Banco de Valencia.

La marcha de más 3.000 sociedades de Cataluña desde el 1-O, la caída del turismo y la inversión inmobiliaria, la paralización de inversiones empresariales, y la salida de capitales en busca de lugares más seguros, constituyen otro lamentable legado de dos años de desgobierno. No me sorprende que a Iceta le preocupe el informe del BBVA que sitúa a Cataluña en el furgón de cola en sus previsiones de crecimiento para 2018, cuando hace sólo tres años era una de las Comunidades con mejores perspectivas. A todo ello, hay que añadir el aumento sostenido de la deuda de la Generalitat a la que el pérfido Ministerio de Hacienda ha inyectado 72.564,2 millones desde 2012, para hacer frente a las nóminas de empleados, las facturas de proveedores y los vencimientos de deuda. Aduciendo que el peso del ajuste ha recaído sobre las Comunidades, Iceta solicita condonar la deuda contraída.

Montoro y Junqueras.

Más autonomía y mejor financiación

Iceta con sus dos banderas: la catalana y la roja.

Las propuestas de Iceta para despejar la inestabilidad política y revertir la situación económica en Cataluña son también bastante simples: conceder más autonomía a Cataluña y mejorar su financiación, respetando el principio de ordinalidad. Nada nuevo bajo el sol. La música me retrotrae al primer tripartito de Maragall, cuando el Parlament aprobó la Propuesta de Reforma del Estatut de Catalunya el 30 de septiembre de 2005, con gran alborozo de ERC y CiU; y al segundo tripartito, presidido por Montilla, cuando el PSC negoció el nuevo modelo de financiación aprobado en 2009. A la vista del desastre actual, uno sacaría la paradójica conclusión de que la solución no es precisamente más autonomía y mejor financiación.

En una entrevista reciente en Expansión, Iceta expresaba su intención de nombrar a un consejero delegado (CD) en caso de ser investido presidente. Lo primero que el CD le diría es que un organismo (Generalitat) que presenta un agujero de 12.100 millones en media durante los últimos 6 años está claramente sobredimensionado. En segundo lugar, le recordaría que el déficit puede eliminarse aumentando la financiación, como pide Iceta, o reduciendo el gasto. Y tercero, que se pueden destinar más recursos a sanidad, educación y políticas laborales y sociales, como Iceta desea, cambiando las prioridades. Hay margen: el importe destinado a estas tres secciones presupuestarias asciende a 16.500 millones en 2017 sobre un total presupuestado de 28.000 millones (deuda excluida).

Iceta con Sánchez en un mitin junto al alcalde Ballesteros de Tarragona.

Quizá el problema de infrafinanciación tenga su origen en la pretensión de la Generalitat de convertirse en estado donde, además, sus gobernantes, diputados, policías, funcionarios, etc., cobran más que sus homólogos en la Administración Central u otras Comunidades. No hay razón alguna para que el M.H. President cobre el 80% más que el Presidente de España, ni para que al terminar su mandato tenga derecho a percibir una pensión vitalicia equivalente al 80% del sueldo y a disponer de un despacho pagado por los contribuyentes. Pienso, además, que un buen CD podría encontrar sin demasiado esfuerzo varias decenas de millones en otras secciones presupuestarias (82,3 millones al Parlament y órganos consultivos y 673,1 millones a Presidencia, Vicepresidencia y Relaciones Institucionales) que podrían dedicare a mejorar los servicios públicos.

Talante e intolerancia

Sánchez en un mitin del PSC en Cataluña.

Tras unos años de enorme crispación política y social en Cataluña, se agradece el  talante afable de Iceta. Conviene recordar, sin embargo, que la confrontación con las instituciones del Estado se gestó durante los gobiernos tripartitos presididos por el PSC, que prepararon el terreno al soberanismo de Mas y al secesionismo desbocado de Puigdemont-Junqueras. Me alegra comprobar que el programa del PSC ya no incluye el ‘derecho a decidir’ y sus líderes han renunciado a acabar con el PP (“fem fora a Rajoy”). Pero en muchos aspectos, las actitudes sectarias y las posiciones políticas apenas han variado.

Iceta mostró, en un mitín en Hospitalet, el escudo de la bandera constitucional, un hecho insólito.

Cuando pregunté por qué la bandera constitucional brilla por su ausencia en los actos del PSC, Iceta respondió que le gusta el escudo porque simboliza la España federal pero que la única bandera que le pone es la roja. Cuando inquirí acerca de la inmersión lingüística en la escuela catalana –una práctica reminiscente del franquismo que coarta los derechos de los castellano-parlantes– repitió los tópicos habituales: es un modelo de éxito que facilita la integración y promueve la cohesión social. ¡Por eso, pensé, Montilla llevó a sus hijas al Colegio Alemán! En fin, ahí está la hemeroteca para recordar la furibunda reacción del PSC contra los inocentes decretos de enseñanzas mínimas de Zapatero, nunca aplicados en Cataluña. O la infinidad de resoluciones que el PSC ha promovido o aprobado en Ayuntamientos a favor de la inmersión y en contra del cumplimiento de las sentencias que reconocen el derecho a que el castellano sea lengua vehicular.

Puigdemont y Junqueras en la presentación de la renovada Agencia Tributaria Catalana. Junto a ellos los secretarios de presidencia y vicepresidencia, hombres claves en el proceso y la organización del 1-O.

En el ámbito económico, además de la inasumible petición de condonar la deuda, Iceta propone que la Agencia Tributaria de Cataluña recaude todos los  impuestos estatales y el nuevo modelo de financiación no penalice a las Comunidades con mayor capacidad fiscal. En cuanto a la primera propuesta, hay buenas razones para preferir el modelo estadounidense –donde el IRS recauda los impuestos federales– al modelo alemán. En cuanto a la financiación, los socialdemócratas deberían aspirar a que todos los ciudadanos reciban la misma financiación, a igual esfuerzo fiscal, con independencia de dónde residan, ni más ni menos. La Hacienda del Estado no puede ser la suma de las aportaciones de las haciendas territoriales a un fondo de solidaridad.

Ni el federalismo un mero pretexto para frenar la consecución de la igualdad o favorecer subrepticiamente a unos ciudadanos a costa de otros. Para un socialdemócrata, el reconocimiento de Cataluña como nación no puede ser excusa para establecer diferencias en derechos y obligaciones o limitar la solidaridad interpersonal. Como norma, los principios aplicables al conjunto de Comunidades deberían ser también aplicados a los territorios que integran cada Comunidad. Azúa, uno de los impulsores del manifiesto que dio origen a Ciudadanos, decía en una entrevista que el PSC es “primero catalán y luego socialista”. Aunque llevan algunos años soltando lastre, el nacionalismo sigue todavía primando sobre el socialismo. Una pena, porque los socialdemócratas catalanes llevan tiempo huérfanos.

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Juicio al final de la escapada

Artículo publicado en el diario Expansión el 9 de noviembre de 2017

Romeva, Turul Puigdemont y Junqueras, exultantes tras constituir la república catalana. ¿Bautizo o funeral?

Puigdemont, tras votar en el Parlament el pasado 27 de octubre la resolución de Junts pel Sí y CUP que declaraba constituido el “estado independiente en forma de república”, se reunió con sus consejeros en el Palau de la Generalitat para fijar la estrategia a seguir una vez que fueran previsiblemente cesados por el Gobierno español, como así ocurrió pocas horas después. Nada trascendió de lo allí tratado. El  líder secesionista, antes de salir por la puerta de servicio, no tuvo siquiera la gallardía de salir al balcón para arriar la bandera española, como sí hicieron los alcaldes de Sabadell y Gerona esa tarde, y saludar a los seguidores que se habían congregado en la Plaza de San Jaime para festejar tan fausto acontecimiento. No en vano habían pasado 83 años desde que su predecesor Companys declarase el Estado Catalán de la República Federal Española, un invento que duró 11 horas.

27-O celebrando la constitución de la república catalana en la Plaza de San Jaime.

Volando voy, volando vengo

Puigdemont en una entrevista en la televisión belga.

Después de visitar Gerona, Puigdemont reapareció en  Bruselas donde el martes convocó una rueda de prensa para explicar el motivo de su viaje al corazón de la UE: denunciar la falta de democracia en España. Quien sin ningún recato se había saltado todas las reglas democráticas en Cataluña durante dos años, leyó una declaración en la que cuestionaba la división de poderes, presentaba al Estado como una feroz maquinaria represiva, y dejaba caer que no volverá hasta obtener garantías de que tendrá un juicio justo. Argumentos que caían por su propio peso porque mientras difundía Puigdemont sus infundios en francés, catalán y castellano, Junqueras y el resto de líderes secesionistas anunciaban que concurrirán a las elecciones autonómicas convocadas por el Gobierno el 21-D. Quizá la mejor réplica al cinismo del nada honorable expresidente se la dieron Michel, primer ministro belga, que le recordó su condición de mero ciudadano europeo, y Peeters, viceprimer ministro, que le reprochó que “cuando se pide la independencia, más vale quedarse cerca de su pueblo”.

Los exconsejeros Forn, Borràs, Romeva, Rull y Turul camino de la Audiencia Nacional.

Pocas horas después, la juez Lamela citaba al expresidente y miembros de su gobierno a comparecer en la Audiencia Nacional (AN) el 2 y 3 de noviembre para responder de los delitos de rebelión o sedición y malversación de caudales públicos. Además, la instructora les dio un plazo de tres días para depositar una fianza de 6.207.450 euros y evitar el embargo de sus  bienes. Se acabó el tiempo de las mofas en el Parlament y llegó la hora de responder ante los jueces de los delitos que se les imputan. Dos de los consejeros que le acompañaron a Bruselas, Forn y Borràs, regresaron para comparecer en la AN, no así Puigdemont y los exconsejeros Comín, Ponsatí, Puig y Serret que pretenden declarar en Bélgica y quieren obligar  a la juez a dictar una euroorden de detención. El propósito evidente de Puigdemont es alargar la tensión y aprovechar su estancia en Bruselas –por cierto, se debería investigar quién abona las facturas– para seguir cuestionando la democracia española. Todo vale para este presunto delincuente que considerándose todavía presidente del ‘legítimo’ gobierno de Cataluña no tiene inconveniente en postularse para encabezar las listas de su partido el 21-D.

Puigdemont en Bruselas convertido en foragido de la justicia española.

Golpe a nuestra democracia

Comprendo que Puigdemont y sus consejeros consideren excesivas las penas aparejadas con los delitos de secesión (entre 4 y 15 años) y rebelión (entre 15 a 30 años). A nadie le gusta la perspectiva de pasar tanto tiempo entre rejas. Ahora bien, ¿qué otra cosa podían esperar quienes de manera reiterada han promovido resoluciones y leyes en el Parlament de Cataluña encaminadas a constituir un estado independiente, contraviniendo abiertamente la Constitución y las sentencias del Tribunal Constitucional? Y, ¿qué podía hacer el Estado después de que el 27 de octubre aprobaran una última resolución donde afirmaban “constituimos la República catalana, como estado independiente y soberano”? ¿Acaso esperaban que el Estado continuara pagándoles el sueldo y riéndoles sus gracietas? La auténtica anomalía democrática habría sido que el Rey, el Gobierno y el Senado no hubieran reaccionado ante “un inaceptable intento de secesión”.

Junqueras desvió dinero de los fondos destinados a fomentar la ocupación a financiar estructuras de estado y el referéndum del 1-O.

Puigdemont jactándose de no acatar las notificaciones del Tribunal Constitucional.

Por mucho que se empeñe Puigdemont en desacreditar nuestra democracia, lo cierto es que ningún Estado democrático contempla su posible ruptura y todos los ordenamientos constitucionales prevén elevadas penas para los delitos de insurrección, traición, rebelión o sedición. Los Estados de la UE, a los que Puigdemont apela cínicamente, no habrían sido tan comprensivos como el Gobierno español en caso de haberse producirse un desafío similar en algún departamento, región autónoma o estado. Todos los Estados democráticos, sin excepción, exigen lealtad a la Constitución, considerada “la ley suprema del país” y los delitos de insurrección, traición, rebelión, cohecho u otros delitos y faltas graves son motivo suficiente para destituir a los representantes de los ciudadanos e inhabilitarlos para el ejercicio de cargos públicos.

Nada hay de anómalo o extraordinario en la destitución de Puigdemont y sus consejeros ni en el encarcelamiento de los líderes de la ANC y Òmnium unas semanas antes. Quienes se sorprenden de que la juez enviara a los ocho exconsejeros a la cárcel el 2 de noviembre quizá no han leído el auto motivado de 19 folios en los que Lamela explica por qué “la medida de prisión provisional es pertinente y proporcionada”, tras examinar las actividades desplegadas ) durante varios años por los miembros del gobierno de la Generalitat coordinadamente con los partidos (ERC, CDC-PDE-Cat y CUP) y las asociaciones secesionistas (ANC, Òmnium y AMI, la gravedad de los delitos que se les achacan, y la determinación de los encarcelados de seguir delinquiendo. Por cierto, en la orden de detención cursada el 3 de noviembre contra Puigdemont y los cuatro exconsejeros huidos, la juez les imputa también los delitos de desobediencia y prevaricación. Estamos a la espera de que un juez belga decida su futuro inmediato.

Sánchez, presidente de la ANC, y Cuixart, presidente de Òmnium, arengando a los comités de defensa del referéndum sobre un vehículo de la policía judicial de la Guardia Civil.

La ‘izquierda’ nacionalista

El PSC calificó en un comunicado de desproporcionada la medida cautelar adoptada por la juez, e Iceta ha iniciado su campaña electoral pidiendo mayor autonomía y un gran acuerdo de la izquierda y el centro. Al coro de partidos y asociaciones secesionistas, se sumó Iglesias, demócrata de toda la vida, que dijo avergonzarse de que “en mi país -¿cuál será?– se encarcelen a opositores”. Mención especial merece Colau que consideró el auto un “despropósito jurídico” y acusó a Lamela de prevaricar,  puesto que su decisión “sólo se explica por el espíritu de venganza” y el deseo de “humillar a las instituciones catalanas y sus legítimos representantes”. Colau y su avispado politólogo de cabecera (Domenech) ejemplifican la pueril actitud de los movimientos populistas para los que saltarse las leyes es el no va más de la democracia y meter en prisión a quienes se las saltan un despropósito.

Colau protestando contra el auto de la juez Lamela el 2 de noviembre de 2017.

Iceta pidiendo más autonomía y mejor financiación el 4 de noviembre de 2017.

Frutos, ex secretario del PCE, desenmascarando a la seudoizquierda nacionalista en su intervención en la manifestación del 29 de octubre en Barcelona.

En la manifestación cívica celebrada en Barcelona el 29 de octubre, Frutos, ex-secretario del PCE, tomó la palabra en “nombre de una izquierda no nacionalista, suponiendo, permitidme la ironía, que haya una izquierda nacionalista”, para reafirmar el compromiso con la convivencia y denunciar a la seudoizquierda cómplice del nacionalismo, dispuesta a erigir barreras entre españoles. La claudicación de ERC, CUP y CSQEP, y el PSC en menor medida, al programa pujolista de construcción nacional explica por qué el secesionismo ha llegado tan lejos en su reto al Estado y por qué el Gobierno optó finalmente por una intervención minimalista al aplicar el 155. A los constitucionalistas nos corresponde desenmascarar de aquí al 21-D a la seudoizquierda nacionalista y velar para que Puigdemont, sus consejeros y los líderes de la ANC y Òmnium respondan ante la justicia.

Manifestación del 29 de octubre en Barcelona por la democracia y en apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

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