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Presupuestos para apuntalar la legislatura

Artículo publicado en el diario Expansión el 27 de abril de 2018

http://www.rtve.es/alacarta/videos/especiales-informativos/especial-informativo-debate-presupuestos-generales-del-estado-1/4581715/

Montoro recibe un caluroso aplauso de los suyos tras lograr que el Congreso rechazara las seis enmiendas a la totalidad el 26 de abril de 2018.

En torno a las 11:20, el Congreso rechazaba por un estrecho margen (174-176) en primera votación las seis enmiendas a la totalidad presentadas por varios grupos de la oposición. Sin duda, se trata del momento clave en la tramitación de la principal ley económica y el Gobierno lograba una victoria legislativa que permitirá al PP afrontar con más tranquilidad el resto de la legislatura en un momento políticamente muy complicado. A los 137 diputados del PP y partidos afines (UPN y Foro Asturias), se sumaron los 32 diputados de Ciudadanos, Oremas, diputada de CC, y los 5 diputados del PNV, cuyo portavoz tuvo que hacer malabarismos en el hemiciclo, habida cuenta del compromiso de su formación en rechazarlos mientras esté en vigor el artículo 155.

Quevedo, diputado de la formación Nueva Canarias afin al PSOE.

La anécdota de la mañana la protagonizó  Quevedo, diputado de Nueva Canarias, una formación que suele alinearse con los socialistas, a quien al parecer le traicionó el subconsciente y votó en contra de las enmiendas. El PSOE votó junto a Podemos y sus divergencias, Compromís, los representantes de los partidos secesionistas catalanes (JxC y ERC) reconocibles por sus lazos amarillos, y Bildu, el grupo vasco que representa el espíritu de Alsasua. La formación de Sánchez  ha quedado fuera de juego y tendrá que avenirse a negociar en Comisión enmiendas parciales en franca desventaja con otros grupos. Probablemente, los dirigentes de las CCAA gobernadas por socialistas habrán respirado aliviados al ver rechazada la enmienda presentada por su propio partido

Suavizar tensiones

Presentados con seis meses de retraso, los PGE de 2018 serán aprobados a mediados de año cuando el Gobierno haya empezado a preparar los presupuestos de 2019. Resulta bastante evidente que el principal objetivo político del Gobierno es aprovechar el margen que ofrece un crecimiento del PIB algo más robusto de lo anticipado hace unos meses para suavizar las tensiones sociales y territoriales que han aflorado en los últimos tiempos. Además de cumplir los acuerdos alcanzados con los sindicatos en la mesa de la función pública y equiparar los sueldos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con sus homólogos autonómicos, el Gobierno espera calmar también la revuelta de los airados pensionistas e inyectar más fondos a las CCAA.

Banco de España

El Ministerio de Economía y el Banco de España han elevado las previsiones de crecimiento del PIB real y el PIB nominal hasta 2,7 y 4,3 por ciento, respectivamente, y el servicio de estudios del BBVA considera plausible que el PIB real crezca el 2,9% en 2018. Son buenas noticias para un Gobierno en minoría que tampoco gobierna en bastantes CCAA y capitales de provincia. El Gobierno cuenta con que la previsible expansión de la producción y el empleo, sumada a la contención de los intereses de la deuda y las prestaciones a los desempleados, proporcionará el margen suficiente para asumir algunas alegrías presupuestarias sin incumplir el compromiso acordado con Bruselas de reducir el déficit de las AA. PP. desde el 3,1% del PIB en 2017 al 2,2% en 2018.

El PSOE queda fuera de juego al rechazarse su enmienda a la totalidad y presenta más de 2000 enminedas parciales a los PGE de 2018. Más le hubiera valido negociar de entrada como hizo Ciudadanos.

Para comprender la hipérbole empleada por el Gobierno de que estamos ante los presupuestos “más sociales de la historia”, resulta preciso sumar a los 188.620 millones que la SS destina a pensiones, prestaciones a los desempleados y fomento del empleo las cuantías destinadas por el Estado al acceso a la vivienda y fomento de la edificación (473 millones) y a sanidad, educación y cultura (7.690 millones), hasta obtener los 196.782 millones que representan el 55,6% del total del gasto consolidado del Estado y la SS (354.225 millones). Habida cuenta que el 14% del gasto del Estado incluye 49.519 millones en transferencias a otras Administraciones Públicas y que éstas destinan el 70% de su presupuesto a financiar políticas sociales, la aportación directa e indirecta del Estado y la SS a las políticas sociales rondaría los 230.600 millones, equivalente al 65,1% del total presupuestado.

Un Estado descompensado

Montoro en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros del 27 de abril.

En un Estado tan descentralizado como el nuestro, la cifra del gasto no financiero del Estado en los PGE, 154.436 millones con un crecimiento del 1,6% en 2018, proporciona una idea bastante inexacta del peso del Estado en la economía. Por una parte, cuando se deducen las transferencias a las Administraciones Territoriales (34.602 + 1.621 millones), los intereses de la deuda (31.547 millones), las aportaciones a organismos no ministeriales (31.557 millones) y las aportaciones del Estado a la Seguridad Social (SS) (13.557 millones), obtenemos que el gasto disponible de los Ministerios ronda 37.700 millones, una cifra similar al gasto del sector público (38.100 millones) de la Generalitat de Cataluña en 2017 que atiende a 7,4 millones de españoles.

Montoro tratando de convencer a los diputados de que aumenta el gasto total y el gasto social.

El modesto papel del gasto del Estado y sus organismos autónomos en los PGE se agranda cuando se enmarca dentro del gasto del conjunto de las AAPP. En 2017, el primero alcanzó 477.372 millones (41,0% del PIB) frente a los 327.957 del segundo. En 2018, la primera cifra la podemos estimar en 491.268 millones sobre un PIB estimado de 1.213.000 millones y un gasto presupuestado del 40,5% del PIB. Quiere esto decir que el grueso del gasto consolidado no financiero de las AAPP lo ejecutarán la SS (188.620 millones) y las Administraciones Territoriales (199.000 millones). Además, una parte sustancial del gasto del Estado (104.656 millones), neto de transferencias a otras Administraciones  se dedicará a pagar los intereses de la deuda (31.547 millones).

Suavizar tensiones

Montoro acuerdo de empleo público con los sindicatos el 29 de marzo de 2017.

Los presupuestos de 2018 contemplan un aumento salarial del 1,75% que beneficiará a 3,1 millones de los empleados públicos. Se trata del primer paso para cumplir el II Acuerdo Gobierno-Sindicatos que prevé un aumento salarial acumulado hasta 2020 en la horquilla  6,9-8,8 por ciento, dependiendo del crecimiento del PIB en 2019 y 2020. A este aumento general, hay que sumar el impacto sobre la masa salarial de elevar las tasas de reposición al 100% (115% por ciento para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Policías autonómicas y municipales) y de igualar los sueldos de guardias civiles y policías nacionales con sus homólogos autonómicos (600 millones). Los PGE del Estado contemplan también un aumento del 3,6% de los fondos destinados a las Administraciones Territoriales (4% para las CCAA y 1,2% para las CCLL), lo que supondrá una inyección de 4.244 millones. En el caso del País Vasco, las obras para conectar las tres capitales vascas con alta velocidad suponen una inversión de 509,05 millones en 2018.

Aitor Esteban, portavoz del PNV en el Congreso, charlando con Montoro antes de rechazar las enamiendas a la totalidad el 26 de abril de 2018.

Las recientes protestas protagonizadas por los pensionistas tampoco han caído en saco roto. Hasta hace unos días, el Gobierno planeaba elevar el 3% las pensiones mínimas y las pensiones no contributivas, el  2% las pensiones de viudedad, el 1,5 y 1 por ciento las pensiones inferiores a 10.000 € y 12.040€, respectivamente, y el 0,25% el resto de pensiones. La propuesta beneficiaba directamente a 5,7 millones de pensionistas y 1.000.000 resultarían favorecidos por la reducción de tipos del IRPF para rentas comprendidas entre 12.000 y 18.000€. El acuerdo alcanzado con el PNV a última hora ha obligado al

Pensionistas indignados el 22 de febrero 2018.

Gobierno a revalorizar todas las pensiones, este año y el próximo, con el IPC. El previsible aumento del gasto en pensiones y el retraso en la entrada en vigor del factor de sostenibilidad hasta 2023 permitirán desactivar las protestas de los pensionistas pero no ayudarán a cerrar el agujero de la SS: 18.500 millones en 2016 y 16.597 en 2017. Al contrario, el préstamo del Estado a la SS de 15.000 millones incluido en los PGE resultará insuficiente para cubrir el previsible mayor déficit.  Si algo ha quedado claro hoy en el Congreso es que la estabilidad política también tiene precio.

Habida cuenta de que la pensión mínima en El País Vasco es la más alta en el cuadro, el PNV favorece claramente a los ciudadanos al lograr que las pensiones aumenten con el IPC para todos los pensionistas. Fuente: Expansión.

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Pensiones y derechos

Artículo publicado en el diario Expansión el 12 de marzo de 2018

Pensionistas concentrados frente al Congreso de los Diputados.

Hace unos días entre 3.000 y 4.000 pensionistas tomaron la Carrera de San Jerónimo y tuvimos ocasión de verlos cortar el tráfico, empujar con energía digna de mejores empresas las vallas que se habían colocado para proteger el Congreso, y forcejear airadamente con los desorientados miembros de la Policía Nacional allí destacados para proteger a sus señorías. La posibilidad de hincar el diente al Gobierno no pasó desapercibida para los grupos de la oposición que salieron en tromba en cuanto avistaron sangre. Errejón, Garzón, Mayoral y otros miembros de la cúpula de Podemos, nostálgicos quizá de los tiempos heroicos en Plaza del Sol y acuciados por las malas noticias que les sirven las encuestas, se lanzaron alborozados a confraternizar con sus mayores y aprovecharon tan propicia ocasión para registrar la solicitud de celebrar un pleno y obligar a Rajoy y a la ministra Bañez a “dar la cara”. Ante la ofensiva de la oposición, Rajoy respondió anunciando que comparecerá a petición propia en el Congreso el14 de marzo y retó a la oposición a cuantificar sus propuestas.

Pensionistas indignados intentando saltarse el cordón policial frente al Congreso de los Diputados.

La manifestación de los pensionistas estuvo precedida por el anuncio de Sánchez de volver a la vieja fórmula de actualizar las pensiones con el IPC y crear dos nuevos impuestos, que recaerían sobre las ‘transacciones financieras’ y la ‘banca rescatada’, parar aumentar los recursos del sistema. En vísperas de la manifestación del 1 de marzo, Escudero confirmó que el PSOE estaría en la manifestación el 1 de marzo para exigir una revaluación de las pensiones del 1,6%, muy por encima del 0,25% fijado por el Gobierno. La medida supondría incrementar la factura de las pensiones contributivas este año en torno a 1.800 millones que se sumarían al agujero de 19.000 millones del año pasado. Para demostrar que la cosa va en serio, Lastra, vicesecretaria de Sánchez, confirmó que su grupo ha registrado una proposición de ley en el Congreso que pretende obligar a Ciudadanos a retratarse, después de que la formación de Rivera rechazara dos iniciativas similares de los socialistas en 2016 y 2017.

Derechos y recursos

Sánchez, con Robles y Lastra, exige al Gobierno actualizar las pensiones con el IPC.

Vivimos en una sociedad donde casi cualquier cosa que beneficie a algún colectivo con cierto peso pasa a considerarse un ‘derecho’ y a reivindicarse como tal por algún partido político, siendo muy pocos los ciudadanos a los que les preocupa afinar el concepto y las circunstancias que permiten hacerlo efectivo. El derecho a percibir una pensión contributiva es sólo uno más entre la infinidad de derechos reconocidos en nuestra legislación a recibir  prestaciones de las Administraciones Públicas: sanidad, educación, justicia, seguridad, desempleo, maternidad baja laboral, ayudas y subsidios, incapacidad, etc. El problema radica en que para que determinados colectivos, pensionistas en este caso, puedan hacer efectivo su ‘derecho’ resulta indispensable que las Administraciones cuenten con recursos detraídos vía impuestos de otros ciudadanos.

Báñez, Ministra de Empleo y Seguridad Social en el hemiciclo.

A este respecto, conviene reconocer que casi todos los ciudadanos coinciden en considerar que su contribución al Estado de Bienestar excede en mucho los beneficios que reciben, y se sienten legitimados para protestar en cuanto consideran que se están vulnerando sus ‘derechos’. No digo que no sea así en algunos casos pero la afirmación resulta insostenible para la sociedad en su conjunto. Nunca los ciudadanos han recibido más servicios públicos y transferencias que hoy, y además hay una evidencia incontestable de que las aportaciones resultan insuficientes para costearlos. En 2016, sin ir más lejos, las AAPP obtuvieron recursos equivalentes al 37,7% del PIB pero sus necesidades de financiación alcanzaron el 42,2%, y las Administraciones tuvieron que endeudarse para cubrir el agujero de 4,5 p.p. del PIB.

Para comprobar que no estamos ante una circunstancia extraordinaria sino habitual, basta con echar una ojeada a las cuentas públicas entre 1995 y 2016. Durante estos 22 años, las Administraciones registraron superávits presupuestarios tan sólo en tres ocasiones (2005, 2006 y 2007) y la necesidad de financiación acumulada durante el período ascendió a la imponente cifra de 788.051 millones. Además, el grueso de esta cifra, 722.036 millones, se acumuló entre 2008 y 2016, una indicación inapelable de que para el conjunto de la sociedad los beneficios recibidos por los ciudadanos en los últimos años han sido muy superiores a los recursos detraídos para financiarlos.

La principal consecuencia de la insuficiencia crónica de recursos de las Administraciones para financiar los ‘derechos’ durante la última década ha sido el espectacular aumento de la deuda pública que pasó de 384.662 millones en diciembre de 2007 a 1.144.629 en diciembre de 2017, con un incremento de 759.967 millones. Además de las consecuencias presupuestarias negativas que puede acarrear en el futuro la previsible subida de tipos y el consiguiente aumento de la carga de intereses, la elevada deuda de la economía española reduce de manera significativa los grados de libertad del Gobierno para implementar políticas fiscales expansivas ante una futura recesión y deja al Tesoro en una situación delicada, a merced de cambios repentinos en la confianza de los inversores como pudimos constatar con toda su crudeza en 2012. Recurrir al endeudamiento continuado para implementar ‘derechos’ resulta, se mire como se mire, indeseable e insostenible.

Desigual reparto de costes

España registró dos recesiones encadenadas, 2008-2010 y 2011-2013, acompañadas por una severa crisis financiera. Entre 2008 y 2013, el PIB nominal cayó 8,1% y el PIB real 8,0%, y para el conjunto del período 2008-2017 el PIB nominal creció 3,1% y el PIB real aumentó el  3,0%.  Las dos recesiones redujeron en 3,7 millones el número de ocupados, y aunque se han creado cerca de 2 millones de empleos en los últimos años, los salarios y condiciones laborales de hoy son muy distintas a las de 2017. Los trabajadores más jóvenes fueron golpeados con especial dureza porque además de soportar tasas de paro extraordinariamente elevadas vieron interrumpidas sus carreras profesionales. A finales de 2017, la economía arrojaba un saldo de casi 2 millones más de parados que en  2007, y los segmentos de trabajadores más jóvenes siguen registrando tasas de paro muy superiores a la ya elevada tasa media (16,6% en el cuarto trimestre de 2017). Sin duda, quienes perdieron sus puestos de trabajo y se vieron obligados a sobrevivir con prestaciones y subsidios a los desempleados, y hasta con ayudas de sus familiares más próximos fueron los grandes perjudicados durante estos años.

En contraste con las personas activas, los pensionistas salieron bastante bien parados del envite. Entre 2008 y 2013, las pensiones contributivas y la pensión media crecieron 8,04 y 18,89 por ciento, respectivamente, y para el conjunto del período 2008-2017, las cifras fueron 13,40 y 27,92 por ciento, con un aumento del gasto total en pensiones del 45,05%. Basta con comparar estas cifras con las variaciones del PIB nominal o la evolución de los salarios para concluir que los pensionistas han sido un colectivo privilegiado en comparación con la suerte de la inmensa mayoría de parados e incluso ocupados. El Fondo de Reserva está ya prácticamente agotado y para poder pagar las pensiones de 2017 y 2018, el Gobierno ha tenido que suplementar los ingresos del sistema con dos créditos presupuestarios de 10.193 y 15.000 millones, respectivamente.

Muchas pensiones siguen siendo, sin duda, bajas, como lo son también la mayoría de salarios y otras prestaciones en España, pero si algo deberíamos haber aprendido estos años es que los ‘derechos’ no pueden satisfacerse indefinidamente endeudándonos. Aumentamos impuestos o recortamos ‘derechos’, ése es el dilema. Pero la oposición ‘sensata’ (Podemos es plato aparte) prefiere seguir jugando al despiste con los electores. El PSOE se conforma con apuntar con el índice al chivo expiatorio de los ‘bancos’, y Ciudadanos, el partido que aspira a modernizar España, se inclina hacia el realismo mágico: propone aumentar nuestros ‘derechos’ (extender la baja por paternidad, establecer un complemento salarial para jóvenes, facilitar la conciliación laboral, establecer un modelo de educación trilingüe, etc.) y bajar impuestos (Sucesiones, IRPF) al mismo tiempo. El miércoles veremos si la oposición se atreve a bajar al ruedo o torea desde la andanada.

Rivera y Garicano. su consejero económico.

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Entrevista a Clemente Polo por Miguel Cifuentes

La entrevista del periodista Miguel Cifuentes se publicó en El Confidencial Digital el 20 de diciembre de 2017. Para facilitar su lectura, me ha parecido conveniente incluirla ahora en mi blog:

https://www.elconfidencialdigital.com/politica/Clemente-Polo-Cataluna-independentistas-Generalitat_0_3060293942.html

Clemente Polo: “Cataluña entrará en recesión si vuelven los independentistas a la Generalitat”

Catedrático de Economía en la Autónoma de Barcelona, hace cuatro años pronosticó la Declaración Unilateral de Independencia y el encarcelamiento de los “golpistas”

Clemente Polo es un atípico catedrático de Economía de la Universidad Autónoma de Barcelona. Es el adivino que en 2014 “profetizó” como escenario mas probable en Cataluña: la Declaración Unilateral de Independencia, la aplicación de artículo 155 y el encarcelamiento y procesamiento de los golpistas.

Un artículo de Miguel Cifuentes (20/12/2017 01:00 )

La cuestión catalana, hoy. Incluye tres artículos míos en los que analizo diversos aspectos del proceso de secesión.

Lo hizo en su libro “La cuestión catalana II”, publicado en febrero de ese año por el Instituto de Estudios Económicos. Se puede comprobar mirando la página 77. No se conoce a ningún político, analista o periodista que tuviera este don de adivinación hace tres años. Solo por eso merece estar en las hemerotecas.

Es uno de los fundadores de Ciudadanos y de Regeneración Democrática, lo que le habilita para opinar con conocimiento sobre el panorama político actual.

Enviar a la oposición a los partidos independentistas

Clemente Polo considera imprescindible “enviar a la oposición a los tres partidos (ERC, CDC=PDeCAT y CUP) que han estado al frente del gobierno de la Generalitat. Es imprescindible hacerlo, para restablecer la neutralidad de las instituciones de autogobierno “que los partidos secesionista han instrumentalizado para promover y financiar la secesión de Cataluña, subrepticiamente desde 1990 y abiertamente desde 2012”.

El catedrático es contundente: “Cataluña entrará en recesión si los secesionistas vuelven a la Generalitat”. Seguirá la fuga de empresas, tras las más de 3.000 que ya se han ido, y los golpes al turismo y la hostelería. Y más si vuelven los secesionistas al Govern y vuelven a “desatar las hostilidades contra el Estado”.

Arrimadas más Iceta

La cuestión catalana II. IEE: Madrid. 2014. Incluye mi artículo “Panorámica del argumentario economicista a favor de la independencia”.

De confirmarse un casi empate entre Ciudadanos y Esquerra Republicana, como predicen las encuestas, Clemente Polo ve “lógico un gobierno presidido por Arrimadas, con Iceta de vicepresidente”.

“Permitiría recobrar la neutralidad de las instituciones de autogobierno, y empezar a gobernar con sentido común, anteponiendo los problemas de los catalanes a las obsesiones de sus líderes”.

Llegar a esta situación sería complicado. “Hay políticos en prisión, otros en busca y captura, y muchos golpistas deberán sentarse en el banquillo. La aritmética parlamentaria tampoco otorga una probabilidad elevada al gobierno entre Ciudadanos y PSC, incluso con el apoyo del PP”.

Iceta y Arrimadas.

No solo eso. Las últimas encuestas anticipan un Parlament fragmentado, y arrojan dudas sobre el partido más votado. “Los líderes del bloque secesionista (ERC, JxC y CUP) están dispuestos a conjurarse, sobre la base de seguir con el proceso de secesión, aparcando sus discrepancias. Ciudadanos, PSC y PP no forman bloque alguno, y su argamasa carece de consistencia, más allá del respeto a la legalidad. Por último, aunque los comunes Colau y Domenech han mostrado su conexión emocional con el bloque secesionista, tampoco se puede descartar que apoyen un gobierno presidido por Iceta. El primer secretario del PSC ha afirmado que no hará presidente a ninguno de los líderes que han provocado el desastre, pero no ha descartado gobernar con ellos si le hacen presidente”.

Dos millones de secesionistas contumaces

Al final Ciudadanos obtuvo 36 escaños y el PP 4 el 21-D.

Lo que le asombra es que sigue habiendo dos millones de independentistas en Cataluña, a pesar del fracaso de la independencia, y que sigan los mismo líderes contumaces en la pelea electoral..

“Resulta difícil de comprender que algunos líderes políticos que han demostrado ser pésimos gobernantes, mentirosos contumaces, y, en algunos casos, responsables políticos de prácticas de extorsión, gocen de cierta respetabilidad social, y aspiren a seguir activos en política. Quizá la explicación resida en que los ciudadanos valoran su gestión solo porque les acerca a la independencia”.

El saco de votos independentistas tiene explicaciones mas prosaicas: “Las carreras administrativas de 300.000 empleados del sector público de Cataluña (200.000 en la Generalitat), mejor pagados que sus homólogos de la Administración Central y de las Comunidades de régimen común, dependen de su grado de sintonía con la línea oficial de la Generalitat”.

El consejero de Economía Mas-Colell anunciando que se aumenta la partida de gasto para potenciar la Agencia Tributaria catalana el 17 de febrero de 2015.

Por último, hay ciudadanos en Cataluña convencidos de que los españoles les humillan y les roban. “Argumentos todos ellos muy débiles, cuando no auténticas invenciones, pero que, a base de repetirlos, se han convertido en verdades indiscutibles. Pocos catalanes saben cuál es el saldo favorable de la balanza de bienes y servicios de Cataluña con el resto de España”, pero todos piensan “que Madrid se queda con 16.000 millones que les pertenecen”.

No condonar la deuda catalana

Clemente Polo descarta de plano condonar la deuda catalana con el Estado, y montar una Hacienda bilateral, como propone Miquel Iceta.

“Esta propuesta supone traspasar la deuda de Cataluña al Reino de España. Desde el año 2012, el Gobierno de la Generalitat ha recibido una financiación extraordinaria de 72.526,4 millones de euros, 54.532,2 millones a través del Fondo de Liquidez Autonómica y el resto por cauces extraordinarios habilitados por el pérfido (según los independentistas) Ministerio de Hacienda”.

“Cataluña ha sobredimensionado su administración para convertirla en un Estado”. Eso explica la falta de financiación de la sanidad, la educación o las políticas laborales y sociales; el montante de estas partidas son 16.500 millones en el presupuesto de 2017, que fue de 34.029,7 millones”.

Los golpistas Puigdemont y Junqueras presentando junto a sus manos derechas la Agencia Tributaria de Cataluña: “estamos preparados”.

La Agencia Tributaria Estatal debe continuar recaudando los principales impuestos, a juicio del catedrático de economía. Por “razones de eficacia en la lucha contra el fraude”, y para “asegurar la solidaridad interpersonal reconocida en la Constitución. La existencia del concierto vasco es una desgraciada herencia histórica”, porque los vascos y navarros tiene “una financiación por persona muy superior a la del resto de los españoles”.

Al furgón de cola

Pocas cosas hay peores para una economía que la inestabilidad política, y la inseguridad jurídica. “Ambas han estado muy presentes en Cataluña en los últimos años”, por lo que ha pasado, de ser una de ser una de las comunidades líderes de la recuperación económica en España, a estar al “al furgón de cola en muy pocos meses”.

CaixaBank celebra su primer consejo en la sede del antiguo Banco de Valencia tras trasladar su sede fuera de Cataluña.

“La desbandada de más de 3.000 sociedades ha tenido efectos muy limitados sobre la localización de las actividades productivas”, pero Barcelona ha perdido la Agencia Europea del Medicamento, y el turismo ha caído considerablemente desde agosto, “un bache que previsiblemente se prolongará en los próximos meses”.

“Se han paralizado inversiones, especialmente en los sectores inmobiliario y hotelero, y decenas de miles de catalanes se han llevado sus ahorros fuera de Cataluña. Las últimas cifras de afiliación a la Seguridad social y del paro muestran los efectos de la desaceleración económica”. Si persisten la inestabilidad política y la inseguridad jurídica, “la actual parálisis inversora y la salida de capitales podría dar paso a una brusca caída de la inversión e iniciarse una espiral recesiva con consecuencias irreversibles”.

Dos legislaturas por lo menos

Puigdemont posa mofándose de los 5 requerimientos del Tribunal Constitucional para que abandonase el plan de realizar un referéndum como paso para constituir una república independiente.

Harían falta al menos, “dos legislaturas para devolver a Cataluña su pluralidad cultural y lingüística, y eliminar las trabas administrativas que han ido encerrando a la sociedad catalana en sí misma, dificultando, cuando no impidiendo, el acceso al mercado laboral de ciudadanos de otras CC.AA”.

“Resulta indispensable desmantelar el entramado proteccionista y clientelar creado por la Generalitat desde los años 80, y liberar a la sociedad civil catalana de los grilletes que la atenazan en todos los ámbitos. Una carrera de fondo, para la que se requiere mayor presencia y apoyo de las instituciones centrales del Estado en Cataluña”.

Cirugía institucional a fondo

Clemente Polo no ve a ningún gobierno de España dispuesto a hacer cirugía institucional, política y social a fondo en Cataluña.

“La aplicación del artículo 155, y la convocatoria de elecciones autonómicas en el plazo más breve posible, demuestran que el Gobierno y el principal partido de la oposición (PSOE-PSC), han sido incapaces de establecer una estrategia conjunta para conjurar lo que ha sido el mayor golpe a nuestra joven democracia desde la intentona golpista de Tejero en 1981”.

Iceta con Sánchez en Tarragona 16 de diciembre de 2017.

La reforma federal que patrocina el PSOE, “guiada por la mano visible del PSC, y otras reformas constitucionales avanzadas recientemente, pretenden transformar nuestro estado federal en un Estado confederal, con la vana esperanza de que la concesión de mayores privilegios amortiguará el auge del secesionismo en Cataluña. En mi opinión, la solución que propone Iceta, más autogobierno y mejor financiación e indultos para los golpistas, lejos de ser la solución es la vía más segura para dar nuevas alas al secesionismo”.

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Una república sin derecho a réplica

Artículo publicado en el diario Expansión el 8 de septiembre de 2017

Forcadell, ejerciendo de mordaza de la oposición, se saltó todos los principios democráticos. 

Bochorno es la palabra que cualquier demócrata sintió al escuchar a los portavoces de los grupos parlamentarios de Ciudadanos, PSC, PP y CSQEP en el Parlament protestar inútilmente contra los reiterados intentos de la presidenta Forcadell de silenciarlos para sacar adelante el cambio en el orden del día, propiciado por los grupos parlamentarios Junts pel Sí (JxS) y CUP, y aprobar, por vía de urgencia, la denominada “ley del referéndum de autodeterminación” en el Parlament de Cataluña. El áspero debate permitió constatar el nulo respeto a los procedimientos democráticos de los líderes de ERC, PDE-Cat y CUP en su alocada huida hacia el 1-O.

Junqueras, Puigdemont y Forn, consejero de interior, celebrando la aprobación de la ‘ley’ del referéndum de autodeterminación con el hemiciclo semivacío.

Verlos en acción dinamitar el Estado de Derecho en el hemiciclo, vulnerando sin inmutarse en su escaño los derechos más elementales de los diputados –tales como conocer los proyectos de ley con 48 horas de antelación, disponer de plazos razonables para presentar enmiendas o solicitar informes jurídicos a los Letrados de la Cámara y dictámenes al Consejo Estatutario– habrá servido para despejar las dudas que todavía albergaban algunos políticos y ciudadanos sobre la naturaleza del  prometido “nuevo país para todos”. Gracias por aclararnos que en su república no hay derecho a réplica.

“Anem a votar, anem a votar”

El diputado Coscubiela denunciando la quiebra de los procedimientos democráticos auspicidada por el gobierno de Puigdemont-Junqueras el 6 de septiembre de 2017.

Esta es la frase que repitió Forcadell mientras intentaba acallar las protestas de todos los portavoces de la oposición que, con independencia de sus posiciones políticas, pedían la palabra para denunciar el atropello a la democracia que los diputados de JxS y CUP estaban perpetrando. Como les recriminó Coscubiela (CSQEP), “esto no es un cambio del orden del día” sino más bien la aplicación del principio dictatorial de “a todo aquel que no me gusta le tapo la boca”. Dicho y hecho: Forcadell le cerró el micrófono mientras el diputado gesticulaba con voz ya inaudible ante las cámaras. Tras el intento del vicepresidente Espejo (Ciudadanos) de intervenir en el pleno, cortado con voz alterada por Forcadell, la que fuera primera presidenta de la ANC llamó a un primer receso para que la mesa de portavoces pudiera reunirse, como exigían los diputados de la oposición, a tratar el trascendental cambio en el orden del día.

Arrimadas, lideresa de Ciudadanos, y Espejo, diputado y vicepresidente del Parlament.

Gabriel, diputada de la CUP, presentando el cartel de su coalición a favor del sí en el ilegal referéndum del próximo 1 de octubre. En él pueden verse, junto a las caricaturas de políticos y diputados constitucionalistas, el mandato “barrámoslos” adobado con las palabras “autodeteminación, desobediencia y paises catalanes”.

La llamada ‘ley del referéndum de autodeterminación’ establece en su Art. 3.2 un “estado de excepción” que deja en suspenso la Constitución, el Estatut de Cataluña, la Ley Orgánica del Régimen Electoral General y cualquier norma o sentencia que entre en conflicto con ella. No hace falta ser un experto constitucionalista para darse cuenta del dislate jurídico y los riesgos que entraña para la salvaguarda de los derechos de los ciudadanos y la libertad de empresa que un grupo de diputados iluminados se arroguen todos los poderes y violen todas las reglas básicas de la democracia constitucional, la única que garantiza los derechos individuales y colectivos, y proporciona a las minorías seguridad jurídica frente a la arbitrariedad de las mayorías. Cuando a ello se añade la vulneración reiterada por los grupos de JxS y CUP de los principios y salvaguardas establecidos para tramitar con garantías los proyectos legislativos, ignorando las leyes y los reglamentos de las cámaras, el escenario que emerge en Cataluña es de una gravedad extrema.

 No es tiempo de peros

Votación con el hemiciclo semivacío tras abandonarlo los diputados de Ciudadanos, PSC y PP. Al fondo, se ve a la diputada Àngels Martínez de Podemos retirar las banderas españolas que habían dejado en sus escaños, junto a las banderas de Cataluña, los diputados del PP.

Como era previsible, las quejas y apelaciones al reglamento y al sentido común de la oposición cayeron en saco roto y el gobierno de Puigdemont-Junqueras acabó modificando el orden del día y Forcadell concedió un par de horas a la oposición para presentar enmiendas, sin aclarar el procedimiento a seguir ni aceptar que la mesa se reuniera para establecerlas. Algunos grupos de la oposición anunciaron que pedirán amparo al Tribunal Constitucional (TC) mientras la Fiscalía anticipab que presentará ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña una querella contra Forcadell y los miembros de la mesa que votaron a favor de tramitar la ‘ley’. A esta hora, el pleno, cuyo final está cantado, retoma la sesión tras dos horas de interrupción mientras la oposición sigue pidiendo explicaciones a Forcadell que sólo está interesada en proceder a votar las enmiendas.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría,durante su comparecencia ante los medios, en el Palacio de La Moncloa el 6 de septiembre de 2017.

En su comparecencia ante los medios de comunicación, la vicepresidenta Sáenz de Santamaría, informó que el presidente del Gobierno ha ordenado a la Abogacía del Estado interponer un incidente de ejecución de sentencia ante el TC para paralizar las decisiones adoptadas en el Parlament y decantar las responsabilidades penales en que pudieran haber incurrido Forcadell y los miembros de la mesa que llevaron la ‘ley’ al pleno. Sáenz de Santamaría aseguró que el Gobierno está preparado para defender los derechos de los catalanes y la democracia en Cataluña, y aprobará el recurso al TC en el Consejo de Ministros extraordinario convocado para hoy mismo.

Rivera, Sánchez e Iglesias al inicio de un debate electoral.

Celebro el apoyo sin matices que Rivera, presidente de Ciudadanos, trasladó al Gobierno un día antes del aquelarre secesionista en el Parlament, y comparto la petición que le hizo a Rajoy de que el próximo 1 de octubre no vuelva a repetirse el bochornoso espectáculo vivido el 9-N, con la utilización partidista de las instituciones de autogobierno y los medios de comunicación, la ocupación de espacios públicos y la malversación de caudales. Más preocupante resulta la ambigua posición de Sánchez, secretario general del PSOE, que ese mismo día se reunía con el nada fiable Iglesias, líder de la sección madrileña de Podemos, y asumía en rueda de prensa las aspiraciones de Cataluña, El País Vasco y Galicia (al menos) a ser reconocidas como nación. En alguna ocasión he manifestado mi oposición, no tanto a la desfasada pretensión de reconocer como nación a un territorio sino a que ello conlleve privilegios para sus habitantes, y quiebre la igualdad de todos los españoles que proclama nuestra Constitución. Pero hasta donde sé, el proyecto federalista que abanderan el PSC-PSOE supone, además del reconocimiento de la nación catalana, el blindaje de la inmersión lingüística y la concesión de privilegios fiscales inadmisibles para cualquier socialdemócrata tibio. Hoy, Sr. Sánchez, no es día para poner palos en la rueda sino para pensar en el interés de todos los españoles y apoyar las medidas que adopte el Gobierno para preservar nuestro Estado social y democrático de Derecho.

Rajoy con Sánchez en La Moncloa el 7 de septiembre de 2017.

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Cataluña, en el filo de la navaja

Artículo publicado en el diario Expansión el 27 de julio de 2017

El último barómetro del Centre d’Estudis d’Opinió del gobierno de la Generalitat de Cataluña muestra una caída continuada del porcentaje de catalanes que quieren que Cataluña sea un estado independiente, desde 47,7 % hace un año hasta 41,1% en junio de 2017. En sentido contrario ha evolucionado el porcentaje de ciudadanos que no quieren que Cataluña se convierta en un Estado independiente que con el 49,4% vuelve a situarse muy cerca del máximo (50,0%) alcanzado hace dos años. Por otra parte, la suma de los catalanes que consideran que Cataluña debería ser una Comunidad Autónoma (30,5 %) o una Región (5,3 %) supera ligeramente a la de aquellos (34, 7 %) que consideran que debería  ser un estado independiente, algo que no había ocurrido en el período que aparece en el gráfico. El porcentaje de quienes consideran que Cataluña debería ser un estado dentro de una España federal cayó 8 puntos porcentuales entre finales de 2014 y mediados de 2016 y ha registrado una levísima recuperación en el último año.

Iceta y Parlon, máximos dirigentes del PSC.

La opción federalista resulta, por tanto clave, para inclinar a un lado u otro la balanza. La cuestión es que nadie sabe a ciencia cierta a dónde nos quieren arrastrar los partidarios de un estado federal, cuando de hecho la España de las Autonomías ya lo es en casi todos los aspectos si se la compara con estados federales como Estados Unidos o Alemania. Aunque es cierto que el PSC –el único partido que defiende abiertamente el modelo federal en Cataluña– se ha librado de bastantes de sus líderes filosecesionistas, que se han incorporado a ERC o a CDC (PDE-Cat),  lo cierto es que la concepción federal que patrocina el PSC de Iceta y Parlón no deja tranquilo a ningún socialdemócrata libre del virus nacionalista.

Iceta, secretario nacional del PSC. Dice que quieren una España federal… que, por no tener, parece no tener ni bandera. Me temo que el que el PSC ha renunciado a poner la bandera de la UE en sus actos sólo para no tener que poner la bandera constitucional española.

Porque, francamente, resulta poco reconfortante para los socialdemócratas, y hasta me atrevería a afirmar que para cualquier republicano, la pretensión del PSC de convertir a España en una “nación de naciones” con el propósito de reconocer la “identidad nacional” de Cataluña; o su defensa a ultranza de la inmersión lingüística que impulsaron los gobiernos tripartitos liderados por el PSC de Maragall y Montilla, a la que califican sin pudor como “un modelo educativo de éxito”; o su apuesta reiterada en materia de financiación autonómica por el principio tan poco socialista de que han de recibir más los territorios dónde más se recauda; o, para terminar, las vergonzosas alianzas de gobierno que mantienen los ediles del PSC con los concejales de partidos secesionistas (ERC, CDC-PDE-Cat y CUP) en numerosos municipios de Cataluña.

Jiménez, presidente de la comisión gestora del PSOE, conversando con Iceta durante la crisis.

Lo más preocupante del asunto es que la crisis que se abrió entre el PSOE y el PSC, cuando los diputados del PSC en el Congreso votaron en contra de la investidura de Rajoy saltándose el acuerdo adoptado por el Comité Federal del PSOE, se saldó con la victoria del PSC por goleada: su deslealtad se premió aceptando que sus representantes continúen en los órganos de dirección del PSOE a cambio de la etérea promesa de que no volverán a hacerlo. Hoy, el PSC sigue siendo un partido independiente con voz y voto en los órganos de dirección del PSOE y los dirigentes del PSOE continúan yendo a Barcelona a aplaudir a Iceta y a Parlón, y a regalarles los oídos alabando su maravillosa  “nación” y criticando el “inmovilismo” de Rajoy. Este modelo de relación asimétrica es el que ahora pretenden exportar al conjunto del Estado.

“A bailá, a bailá…”.

La victoria del tándem Pedro Sánchez-Patxi López frente a Susana Díaz en las primarias del PSOE, donde el PSC jugó un papel fundamental, constituye una seria amenaza a la igualdad de los españoles. Me temo que Sánchez, como Zapatero en 2003, va a asumir las exigencias del PSC. El resultado entonces fue la Propuesta de Reforma de Estatut de Cataluña que aprobó el Parlament el 30 de septiembre de 2005 que proyectaba una España prácticamente confederal, en la que la Generalitat de Cataluña asumía control de todas las competencias, incluidas las educativas, judiciales y fiscales, y dejaba únicamente en manos del gobierno de España defensa y política exterior. Como nunca lo han repudiado, me temo que éste sigue siendo el modelo de Estado por el que apuestan los dirigentes del PSC, camuflado ahora tras el eslogan “España nación de naciones”: la Generalitat es soberana y las instituciones del Estado deben reconocer su plena autonomía.

Sánchez con Iceta jugando a los cubos rojos: tuyo mío; mío tuyo, en la reunión que mantuvieron en Barcelona el 14 julio de 2017. Nosotros (PSC) para nosotros (PSC) y vosotros (PSOE) para nosotros (PSC).

Resultaría fundamental para superar la crisis política en Cataluña y despejar el futuro de la España constitucional contar en Cataluña y en el País Vasco con un auténtico partido socialdemócrata que apueste por la igualdad en derechos y deberes de todos los ciudadanos españoles. Lástima que ni los socialdemócratas catalanes que presentaron la Plataforma para la recuperación de la federación catalana del PSOE, en Cataluña, ni la mayoría de socialdemócratas que ven con buenos ojos la idea en el resto de España, se hayan decidido a saltar al ruedo y exigir algo que algunos demandábamos ya a Pérez Rubalcaba en 2013.

 

 

 

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Tres fotografías

Breve historia de la metamorfosis de Pedro Sánchez, el madrileño que se presentó en Madrid a lomos de la bandera constitucional en junio de 2015 y acabó en Barcelona jugando con cubitos a “nación de naciones” en julio de 2017.

Sánchez con la bandera constitucional en el acto de presentación de su candidatura a la presidencia del Gobierno.

Pedro Sánchez en la presentación de su candidatura a presidente del Gobierno de España el 22 de junio de 2015:

“No decimos que esa bandera no pueda pertenecer y sentirse por parte de otras opciones ideológicas, pero que es tan nuestra como del resto”.

Sánchez puño en alto entonando “La internacional” el 22 de mayo de 2017.

Pedro Sáchez tras ganar las elecciones primarias y convertirse de nuevo en secretario general del PSOE.

 

“Vamos y queremos hacer una organización nueva. Vamos a hacer y cumplir con el mandato de las urnas, hacer del PSOE el partido de la izquierda de este país, y mi compromiso sigue siendo firme: unir al partido”.

Pedro Sánchez con Miquel Iceta en Barcelona  jugando a los cubitos rojos en la sede del PSC: tuyo, mío; mío, tuyo. Tú para nosotros, nosotros para nosotros.

Pedro Sánchez con Miquel Iceta presentando la “Declaración de Barcelona” el 14 de julio de 2017:

“Para los socialistas, debe ponerse en marcha
desde ya un proceso de fortalecimiento del
autogobierno de Cataluña, de mejora de su
financiación, de mejor reconocimiento de su
personalidad nacional y de su papel motor del
conjunto de España”.

A bailá, a bailá y a bailá… grasia pssera…

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Puigdemont ante la AMI

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Puigdemont, arengando a la asamblea general de la AMI el 3 de marzo de 2017.

Puigdemont, el primer presidente de la AMI, no podía faltar a la asamblea general de la Associació de Municipis per l’Independencia (AMI) y allí se ha presentado para decirles a los cargos electos, como si fuera el nuevo caudillo de Cataluña, “sé que estáis preparados”. Para subir la moral e insuflar los ánimos a las tropas allí congregadas, Puigdemont confirmó que “estamos a sólo unos meses de la razón por la que se consitutuyó la Asociación de Municipios por la Independencia”.  Tranquilos, vino a decirles, ya falta poco para que se consume el golpe de Estado y podamos celebrar la independencia con cava.

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Los alcaldes de la AMI blandiendo las varas de mando ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

Que nadie diga luego que desconocía la densidad del caldo que está borboteando en las cocinas de los Ayuntamientos de Cataluña. Un Estado que se precie no puede ignorar las actividades conspirativas de los representantes muncipales ni permitir que el dinero aportado por los sufridos contribuyentes a los Ayuntamientos se derive a financiar una asociación, como la AMI, cuyo principal objetivo es destruir el propio Estado que la cobija. No piensen que exagero. El primer objetivo de la esta organización, según aparece en su página de internet (http://www.municipisindependencia.cat/que-es-ami/objectius/) es “compartir ideas, iniciativas (legales o cívicas), experiencias, información, herramientas de gestión y todo aquello que pueda ser útil para llevar al pueblo de Cataluña hacia la independencia para lograr las competencias muncipales plenas” .

Puigdemont durante su presidencia de la Asociación de Municipios Indepedencia.

Puigdemont, primer presidente de la Asociación de Municipios por la Indepedencia.

El siguiente resumen estadístico, hecho por la propia AMI, pone de manifiesto la situación límite a que ha llegdo el movimiento municipalista en Cataluña. Están integrados en la AMI 787 Ayuntamientos, 36 consejos comarcales, las 4 Diputaciones, 9 Entidades Municipales Descentralizadas (EMD) y el Consorcio de Lluçanès. De los municipios adheridos, el 49% de las alcaldías las ocupan miembros de CiU; 31% de ERC; 9% listas de independientes; 6% del PSC; 2% de la CUP; 2% de ICV y 1% de MÉS. Me pregunto si Iceta y el PSC tienen algo que decir al respecto. Y, ¿el PSOE?

Mas reune a los alcaldes pro consulta antes del 9N en Barcelona.

Mas reune a los alcaldes pro consulta antes del 9N en Barcelona.

En nuestro Estado social y democrático de Derecho, los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico y las instituciones centrales del Estado tienen que plantar cara a la AMI sin demora y dejarla fuera de juego, como en su día dejaron fuera de la ley al movimiento batasuno.

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