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Puigdemont apuntilla a Mas y al PDeCAT

Artículo publicado en el diario Expansión el 17 de enero de 2018.

Mas entrando a la sede donde tuvo lugar el Consejo Nacional del PDeCAT el 13 de enero de 2017.

Cataluña ha vivido un  fin de semana intenso, protagonizado por la amarga despedida de Artur Mas i Gavarró de la política, y el entierro anticipado de la sardina. Me refiero, claro está, al casi nonato Partido Demócrata Catalán (PDeCAT), constituido en julio de 2016 para poner tierra de por medio con la otrora todopoderosa Convergencia Democrática de Catalunya (CDC), el partido de los Pujol, Mas y Puigdemont. Y la semana que empieza llega también muy cargadita. El lunes, la Audiencia Provincial de Barcelona hizo pública la sentencia del caso Palau-CDC y el miércoles 17 se constituirá el Parlament de Cataluña, un espectáculo circense que promete superar incluso el sainete puesto en escena en la pasada legislatura.

Puigdemont dirigiéndose al PDeCAT el 13 de enero de 2017 después de la despedida de Mas.

 Moises y el PDeCAT al sumidero

Mas decidió ponerse al frente del movimiento independentista y convocó elecciones plebiscitarias después del éxito de la Diada del 11 de septiembre de 2012.

A Artur Mas se le recordará como aquel presidente del gobierno de la Generalitat que haciendo gala de su irrefrenable oportunismo decidió subirse al carro de la independencia el 11 de septiembre de 2012 y sucumbió a manos de una decena de insobornables matronas feministas y pancatalanistas, rabiosamente socialistas y anticapitalistas, que decidieron vetar su investidura y enviarlo a la papelera de la historia. Nombrado presidente del PDeCAT en julio 2016, deambuló errante y errático por la política catalana, esperando inútilmente que el ‘pueblo’ reclamara su vuelta y se ha despedido de la política a las puertas de la Tierra prometida mientras su testaferro les asestaba, a él y a su criaturita, el PDeCAT, el golpe de gracia desde Bruselas.

Mossos d’Esquadra entrando para registrar el Palau de la Musica el 24 de julio de 2009.

Las tribulaciones de Mas y CDC comenzaron el 23 de julio de 2009 cuando la policía judicial irrumpió en el sagrado templo del Palau de Música Catalana y salió de allí cargada, no con viejas partituras olvidadas, sino con trece cajas con abundante documentación cuyo contenido acabó por incendiar el oasis catalán. Las declaraciones de los delincuentes confesos, Millet y Montull, presidente y gerente de la Fundació Palau de la Música-Orfeó Català, permitieron desvelar el modus operandi que utilizaba CDC para financiarse ilegalmente. Según se desprende de las investigaciones, algunas empresas adjudicatarias de obra pública donaban un porcentaje de la cuantía a la Fundación del Palau que los diligentes Millet y Montull se encargaban de hacer llegar a CDC. El presidente Maragall estaba en lo cierto cuando en 2005 le espetó a Mas en sede parlamentaria, ustedes tienen un problema que se llama 3%, aunque al parecer se quedó corto.

La suerte de Mas ha ido de la mano de la de Daniel

Mas abraza a Osàcar en 2011. Osácar, secretario personal (2000-2005) y el tesorero de CDC (2005-2011) y las fundaciones (Trias Farga y CatDem) de CDC, ha sido condenado por la Audiencia Provincial de Barcelona a 4 años y 5 meses de cárcel por los delitos que se le imputaban.

Osácar, el hombre que fue su secretario personal entre 2000 y 2005, y se convirtió en el tesorero de CDC y de la fundación Trias Farga y su sucesora FemCat. La publicación de la sentencia del caso Palau-CDC cifra la cuantía de los fondos recibidos por el partido de Pujol, Mas y Puigdemont en 6,6 millones de euros y el juez condena a Osàcar a 4 años y 5 meses de prisión. Nadie espera que Mas tenga la gallardía de asumir las responsabilidades en que incurrió su subalterno en los años claves en que desempeñó los cargos de  consejero de Política Territorial y Obras Públicas (1995-1997), consejero de Economía (1997-2000) y primer consejero del gobierno de la Generalitat (2000-2003). Hay indicios de que la práctica de cobrar comisiones no se circunscribía a empresas remilgadas que, como Ferrovial, disimulaban por pudor sus pagos patrocinando al Palau, sino que ese trataba de una práctica generalizada. Lo que hoy se ha juzgado es la punta visible del iceberg de la corrupción convergente.

Homs, condenado por el Tribunal Supremo, Turull, exconsejero investigado en libertad bajo fianza, y (Oriol) Pujol, investigado y condenado, arropando todos ellos a Daniel Osàcar, el tesorero de CDC cuando compareció en el Parlament. ¡La nueva Cataluña!

Aunque el caso Palau-CDC fue el inicio del fin de Mas y CiU, su oportunista conversión al secesionismo en 2012 le ha causado también numerosas tribulaciones. A pesar de las presiones ejercidas por la Generalitat, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) le juzgó por desobedecer al Tribunal Constitucional y organizar la consulta ilegal que se celebró en Cataluña el 9 de noviembre de 2014. A la inhabilitación de dos años que le impuso el TSJC, hay que sumar la fianza de 5,2 millones que le exigió el Tribunal de Cuentas para cubrir el daño causado al erario público.

Artur Mas junto a las exconsejeras Joana Ortega e Irene Rigau en el banquillo del TSJC. Fue inhabiliado durane dos años.

Si bien la  ANC puso 2,2 millones para hacer frente a la fianza, quedan 3 millones por pagar y Mas tiene su vivienda y propiedades embargadas. Por si todo esto fuera poco, el juez Llarena del Tribunal Supremo, instructor de la causa por rebelión, secesión y malversación de caudales públicos contra varios ex-consejeros del gobierno de la Generalitat y contra los presidentes de la ANC y Òmium, va a citar a Mas como investigado por su presunta pertenencia al “comité estratégico” que protagonizó el “inaceptable intento de secesión” que culminó con la proclamación de la república catalana el 27 de octubre de 2017.

Mas en su despedida del PDeCAT.

En su lacónica despedida ante los militantes abducidos por Puigdemont, el expresident no pudo reprimir su sentimiento de frustración al verse alejado de la primera línea política y les previno del peligro que entraña arrojarse en brazos de “líderes que confunden la realidad con la ideología”. El reproche, válido para él mismo, iba dirigido a su locuaz epígono flamenco, que le contestó a renglón seguido empleando el plural mayestático: “no sufrimos ningún trastorno de ideología”. Arrojado a la papelera de la historia por su propio partido, Mas dispondrá ahora de todo el tiempo del mundo para hacer frente a las causas judiciales que le esperan. Víctima de la corrupción y de su propia altivez y oportunismo, Mas pasará a engrosar la lista de los peores políticos catalanes: por haber acabado con CiU y haber arruinado su propio partido, dejándolo en manos de un prófugo amoral.

Mas, con la sonrisa algo forzada, da una palmadita a Puigdemont después de que éste le sustituyera al frente del gobierno de la Generalitat.

Adelanto del Carnaval en Cataluña

El 17 de enero están convocados los diputados que obtuvieron escaño en las elecciones del 21-D para constituir el Parlament de Cataluña. Se pondrá en marcha la XII legislatura que, me atrevo a pronosticar, será más bronca e incluso más corta que la precedente. Puigdemont y su grupito de junteros y aduladores insisten en que todo lo que no sea investirle a él presidente será un ‘fraude democrático’ y están dispuestos a retorcer el reglamento de la Cámara y saltarse el Estatut o lo que haga falta. Sorprende tanta insistencia y personalismo, máxime habida cuenta que Puigdemont manifestó en distintas ocasiones tras su azarosa investidura el 10 de enero de 2016 que carecía de ambiciones personales y no se presentaría a la reelección. “No seré presidente dentro de un año”, afirmó el 5 de enero de 2017.

Puigdemont y su gobierno legítimo en la página oficial de la Generalitat abierta desde Bélgica.

Pugidemont no puede refugiarse aduciendo que no fue él quien convocó las elecciones del 21-D, porque en su mano estuvo hacerlo y prefirió salir huyendo. Lo más incomprensible del embrollo republicano –nadie entiende que quien se considera el ‘presidente legítimo’ de un gobierno en el exilio aspire a ser investido por diputados escogidos en unas elecciones ‘ilegítimas’– es que la dirección de ERC haya buscado refugio en los letrados de la Cámara, a los que hizo caso omiso en la pasada legislatura, para poner reparos a la investidura de un ausente Puigdemont. ERC obtuvo 935.861 votos frente a los 948.233 que obtuvo JxC, y los republicanos están tan legitimados por las urnas como JxC para presentar su candidato. De hecho, resultaría una grotesca afrenta para Junqueras, preso por afrontar sus responsabilidades como vicepresidente del gobierno de la Generalitat, que su partido apoyara la elección del expresidente prófugo.

Puigdemont dirigiéndose al PDeCAT.

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Se hundió la Babilonia porque le faltó el cimiento

Artículo publicado en The Economy Journal.com el 29 de diciembre de 2017

http://www.theeconomyjournal.com/texto-diario/mostrar/971987/hundio-babilonia-porque-falto-cimiento

Parlament semivacio al finalizar la votación para constituir la república catalana el 27 de octubre de 2017

Había buenas razones para pensar que Cataluña no podría constituirse como estado independiente en forma de república, por muchas veces que la ajustada mayoría de diputados secesionistas en el Parlament –72 de 135 que representaban al 47,7% de los votantes– aprobara resoluciones y leyes inconstitucionales y diera por iniciado el proceso constituyente, y por muchas veces que el gobierno de la Generalitat se empeñara en declarar constituida la república catalana, nadie sabe si simbólicamente o de veras, tras celebrar con nocturnidad y alevosía una consulta ilegal (1-O), en la que tampoco nadie sabe quién votó ni cuántas veces. Resultará difícil de borrar de la retina la imagen del gobierno de la Generalitat y los diputados del Parlament saltándose la Constitución y el Estatut que los legitimaban y pretender al mismo tiempo dar por ‘legítimo’ el resultado.

Puigdemont y su gobierno ‘legítimo’ en la página oficial de la Generalitat abierta desde Bégica.

La primera causa del fracaso del secesionismo es que, al no contar con un respaldo social aplastante, el intento de llevar el órdago al Estado hasta sus últimas consecuencias ha acabado por despertar a la mayoría silenciosa que había permanecido entre anestesiada y atemorizada durante las últimas décadas. El poder que otorgaba a la Generalitat el control de los presupuestos del sector público en Cataluña, sin prácticamente interferencias del Estado, permitió a los dirigentes del Gobierno,  Diputaciones y Ayuntamientos desplegar sus redes en la sociedad y ejercer un control casi omnímodo sobre los medios de comunicación (prensa, radio y televisión), los itinerarios escolares y los libros de texto, los órganos rectores de las Universidades, las organizaciones sindicales, los colegios profesionales, las asociaciones culturales y educativas, etc. La capacidad casi ilimitada de proporcionar empleos bien remunerados y facilitar el acceso a subvenciones y contratos fueron los mecanismos utilizados por la Generalitat para ir comprando voluntades y marginando simultáneamente a cualquier ciudadano, empresa o asociación que mostrara tibieza o entorpeciera sus designios soberanistas. La situación empezó a cambiar el 30 de septiembre, cuando la mayoría que callaba y aguantaba rompió su silencio con un sonoro ¡basta ya!, y salió a la calle para reivindicar el ordenamiento constitucional y exigir responsabilidades a los golpistas. Esperemos que este cambio tenga consecuencias en las elecciones del 21-D.

30-S: vista de la plaza de San Jaime.

La segunda razón del fracaso cosechado por la Generalitat es la soberbia de los líderes nacionalistas, esa suerte de impostado supremacismo que les alienta y acaba haciéndoles creer que son el ombligo del mundo, cuando en realidad Cataluña es bastante poquita cosa: 7,4 millones de habitantes que generan el 1,5% del PIB de la UE. Dejando al margen las chuscas historietas que atribuyen al genio catalán desde el nacimiento de la democracia hasta el descubrimiento de América, pasando por la autoría de El Quijote, lo cierto es que los lideres secesionistas contaban con que la UE obligaría al Gobierno español a sentarse a negociar las condiciones de la independencia, en cuanto ellos la declararan. Cualquier persona con conocimientos elementales sabe que la UE es un conjunto de Tratados –en los que ha ido estableciendo con minuciosidad las funciones y reglas por las que se rigen cada institución–, y podía haber anticipado que la UE jamás aceptaría la secesión ilegal de una región de un Estado miembro. Y así ha sido. Los líderes del Parlamento, el Consejo y la Comisión la han rechazado con contundencia, y ni un dirigente de un solo Estado miembro ha hecho el más mínimo gesto de complicidad. Despechados y contrariados, los dirigentes secesionistas se dedican a denigrar también a las instituciones europeas en Bélgica.

Puigdemont arropado por los cuatro exconsejeros prófugos de la justicia durante una rueda de prensa.

La tercera causa del fracaso de la operación salida es la fuerte dependencia económica de Cataluña del resto de España (RDE) y del resto de la UE (RUE). El auge de la economía catalana durante los tres últimos siglos se explica por el acceso de sus comerciantes y empresas al mercado español (incluidas las colonias) donde colocaban sus manufacturas y bienes industriales, un mercado protegido por prohibiciones y aranceles hasta la puesta en marcha del Mercado Único en 1992. Aunque el comercio se ha diversificado considerablemente desde entonces, y Cataluña exporta bienes y servicios tanto al RDE como al RUE, la situación de dependencia no ha cambiado en lo esencial. En caso de secesión, Cataluña quedaría excluida de la UE y los tratados dejarían de aplicarse desde ese mismo instante y sus exportaciones a sus dos principales mercados podrían registrar caídas muy severas. En otras palabras, la economía catalana resulta, hoy por hoy, inviable fuera de la UE, máxime habida cuenta que muchas de las sociedades radicadas en Cataluña que invierten, producen y exportan son empresas de la UE.

Comisión Europea en Bruselas.

Gabriel, Reguant y el resto de la compaña de la CUP celebrando la constitución de la república catalana. La CUP, socio de Puigdemont y Junqueras durante la pasada legislatura, pretende abolir el capitalismo e imponer un régimen socialista, rehacer las fronteras de España y Francia y sacar a Cataluña de la UE.

Cataluña se encuentra en estos momentos en una situación crítica. La creciente inestabilidad política e inseguridad jurídica que fue acumulándose desde las elecciones del 27-S se precipitó a principios de octubre y ha desencadenado el éxodo masivo de casi 3.000 sociedades, incluidas las principales entidades financieras y aseguradoras y empresas no financieras. Se ha resentido el turismo y las últimas cifras de afiliación a la SS y paro registrado tampoco han sido buenas. Por si todo esto fuera poco, Cataluña tiene una administración pública sobredimensionada y ha acumulado 72.532,3 millones de deuda con la Administración Central desde 2012. Todo un record de mala gestión que amenaza el bienestar de los catalanes a los que recomiendo que no se dejen embaucar por los cantos de sirena del interminable viaje a Itaca y presten sus oídos a la ‘soleá’ de Pepe el de la Matrona –dos de cuyos versos encabezan este artículo–, porque como Babilonia quizá Cataluña se hundió porque le faltó el cimiento.

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Auge y decadencia del nacional-secesionismo

Artículo publicado en el diario Expansión el 23 de diciembre de 2017

La ajustada mayoría absoluta obtenida por Junts per Catalunya (34 diputados), ERC (32 diputados) y CUP (4 diputadas), los tres partidos secesionistas que propiciaron la declaración de independencia (DUI) el pasado 27 de octubre, ha empañado en cierto modo la rotunda victoria de Ciudadanos que, con 37 diputados y 1,1 millón de votos, se convierte en el primer partido en el Parlament de Cataluña. Sin embargo, si miramos el asunto con cierta perspectiva, los constitucionalistas que residimos en Cataluña podemos encontrar razones sobradas para estar orgullosos de la victoria de la formación naranja, y hasta para dejarnos llevar por la euforia y celebrarlo con un buen cava catalán (y por tanto español) estos días.

No me cabe duda de que el 21-D ha sido un día histórico, como también lo fue aquél lejano 1 de noviembre de 2006 en que Ciudadanos irrumpió en el Parlament con tres diputados y fue objeto de mofas y chirigotas por parte de los partidos nacionalistas y catalanistas. Si los partidos y asociaciones cívicas que han mantenido viva la llama de la multiculturalidad en Cataluña durante estos años tan difíciles, mantienen cierta unidad de acción y propósito, las elecciones del 2017 podrían ser vistas en una o dos legislaturas como el punto de inflexión que marca el inició del declive del movimiento nacional-secesionista. Queda mucho trabajo por delante y no hay que echar las campanas al vuelo. Pero la tarea es factible siempre que las instituciones centrales del Estado (Gobierno, Congreso, Senado y Tribunales) sepan estar a la altura de sus responsabilidades, algo que no siempre han hecho.

Rivera con Domingo y Robles, los tres diputados de Ciudadanos en el Parlament en noviembre de 2006.

Perro ladrador

El deslenguado y fullero Puigdemont sigue huido en Bruselas haciendo cábalas sobre cómo sacar el mayor provecho a los 34 diputados que ha obtenido con su lista de cortesanos convergentes, reforzada con el presuntamente rebelde presidente de la ANC. Ayer vimos a Puigdemont sobreactuar, como es habitual en él, y declarar enfáticamente en su comparecencia que la ‘república’ ha ganado a la ‘monarquía’. Patético pero efectivo por lo que hemos podido constatar en estas elecciones. Su mensaje ‘soy el presidente legítimo’, avalado por la bobalicona cúpula de ERC que se prestó a rendirle incluso algunos  inmerecidos homenajes en Bruselas mientras su líder criaba malvas en Entremeras, le ha dado unos réditos impensables hace sólo unos meses. El pobre Junqueras ha visto desde su celda como el pájaro que tantas veces lo engañó durante estos dos años susurrándole al oído ‘me voy’, ‘no repetiré’, volvía a dejarlo con un palmo de narices meditando sobre su injusto de su destino. Y es que Junqueras, por impericia y docilidad, ha visto como se le escapaba de las manos la (¿única?) oportunidad de ser investido presidente del gobierno de la Generalitat.

Puigdemont en su comparecencia con cuatro exconsejeros prófugos la noche electoral en Bruselas.

¿Vendrá no vendrá? No sé qué tal marchan las finanzas en la corte belga –todo un misterio que algún día conoceremos– pero si algo está claro es que en caso de que regrese a España será con toda probabilidad detenido, interrogado, encarcelado y juzgado con todas las garantías que concede nuestro Estado de Derecho. Los delitos que se les imputan a él, a los consejeros de su gobierno cesado y a los líderes de la ANC y Òmnium, rebelión, sedición, malversación de caudales públicos y desacato al poder judicial, son los más graves que se pueden imputar a un político en democracia.

Carles Puigdemont en una conferencia de prensa el 22 de diciembre de 2017.

Desconozco si nuestro sistema judicial y penitenciario lo permiten, pero sería un auténtico dislate que a un golpista irredento, que sigue denigrando nuestras instituciones democráticas en Bélgica, se le permitiera acudir a recoger su acta de diputado sin acatar la Constitución y mucho menos ser investido presidente del gobierno de la Generalitat. Lo malo sobre este asunto, como sobre muchos otros que debilitan nuestra democracia –estoy pensando en la ausencia de la bandera nacional en edificios públicos y en comparecencias institucionales, la ocupación de espacios públicos con banderas estrelladas por acuerdos municipales, los insultos y silbidos a Felipe VI,  la celebración del 9-N, las sesiones parlamentarias del 6-7 de septiembre, la consulta ilegal del 1-O, etc. – es que el Gobierno de España ha demostrado, pese a las afirmaciones en sentido contrario, que no tenía una estrategia efectiva para hacer frente a los secesionistas.

Optimismo constitucionalista      

Puigdemont firmando la declaración de independencia en el auditorio del Parlament el 10 de octubre de 2017.

Pero pese a la euforia del mal perdedor, lo cierto es que el movimiento nacional-soberanista transformado en nacional-secesionista desde 2012, no sólo no avanza sino que retrocede. Desde las elecciones del año 2010, el porcentaje de voto de los partidos que defendían estas posiciones alcanzó su máximo, 49,1%, en 2012 y ha caído desde entonces hasta situarse en el 47,5% en 2017. En escaños, alcanzó su máximo, 76, en 2010 y en estas elecciones se ha quedado en 70. La caída es lenta pero quien pensara que podía acabarse en cuatro días con un movimiento tan bien alimentado desde las instituciones, confundía el deseo con la realidad. El dominio casi absoluto de la Generalitat sobre los medios de comunicación, el sistema educativo, las asociaciones culturales, etc., aseguran su pervivencia mientras no se consiga restablecer la neutralidad del gobierno de la Generalitat, el Parlament, las Diputaciones y los Ayuntamientos. Ningún adicto puede dejarlo en un día, mucho menos si sigue recibiendo abundantes dosis.

Manifestación del 30-S en Barcelona organizada por EiC, Somatemps y Regeneración Democrática.

La evolución del movimiento constitucionalista resulta asimismo esperanzadora. Para empezar, ahí están las movilizaciones que este otoño sacudieron Cataluña el 30 de septiembre, el 8, 12 y 29 de octubre y de nuevo el 6 de diciembre. Cientos de miles de catalanes silenciosos (o silenciados) perdieron el temor a expresar su deseo, nada facha, sino profundamente progresista, de seguir compartiendo nuestro destino con nuestros primos, hermanos y amigos en el resto de España. Frutos, el viejo líder del PCE, lo expuso maravillosamente el 29 de octubre en Paseo de Gracia. Las movilizaciones lideradas por Espanya i Catalans y Sociedad Civil Catalana, pero en las que han participado otras asociaciones como Convivencia Cívica Catalana, Regeneración Democrática, Asociación por la Tolerancia, Somatemps, etc., han de mantenerse y servir para movilizar a todos los catalanes que compartimos los ideales de libertad, igualdad y fraternidad.

Manifestación del 😯 en Barcelona organizada por Societat Civil Catalana, Espanya i Catalans y otras asociaciones cívicas.

Además, el peso de los partidos constitucionalistas no ha cesado de crecer, especialmente a partir de 2012. En escaños, estos partidos han pasado de 47 en 2010 a los 57 conseguidos en 2017, un número todavía alejado de los 68 que otorgan la mayoría absoluta. En porcentaje de votos, hemos pasado del 37,1% en 2010 al 43,5% en 2017. Todavía queda un buen trecho pero estamos cada vez más cerca y, si perseveramos en la línea seguida en los últimos años, la victoria puede llegar en una o dos legislaturas. Aunque es cierto que la aritmética electoral favorece a los secesionistas por su predominio en las zonas rurales, la solución no pasa necesariamente por cambiar la ley electoral, sino por reconquistar estas zonas dominadas por el secesionismo. Para ello, conviene mantener el nivel de movilización social de los últimos meses, requisito indispensable para lograr mayores cotas de participación, y hay que responder con inteligencia a las provocaciones de un republicanismo trasnochado y victimista que ha provocado una fractura social gravísima, espantado a las empresas y a los inversores y amenaza con provocar una recesión en Cataluña.

Clemente Polo, 12 de octubre de 2016 en Plaza de Cataluña.

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Más inestabilidad e inseguridad a la vista

Artículo publicado en el diario Expansión el 22 de diciembre de 2017

Rajoy en el Senado el 27 de octubre de 2017.

La aplicación del artículo 155 en versión minimalista tras la DUI del 27 de octubre sólo ha servido para convencer a los líderes secesionistas de que el Gobierno de España no iba a sentarse a negociar las condiciones de la independencia de Cataluña, como algunos de ellos erróneamente habían anticipado. Reaccionaron con rapidez ante el cambio de escenario. Puigdemont y cuatro consejeros huyeron a Bélgica para alimentar el mito del gobierno republicano en el exilio y la mayoría de quienes acudieron a la cita con los jueces y fueron encarcelados (Forcadell, Romeva, Turull, Rull, etc.), se aprestaron a acatar la Constitución con la boca pequeña para salir de prisión y garantizarse un escaño en unas elecciones que consideran, al mismo tiempo, ilegítimas y plebiscitarias.

Puigdemont y su gobierno legítimo en la página oficial de la Generalitat abierta desde Bégica. Es la foto oficial del gobierno antes de su cese de la que se ha excluido al consejero Santi Vila cuya pierna todavía puede verse entre las de Junqueras y Puigdemont.

Su indisimulado objetivo era revalidar la mayoría de la pasada legislatura para seguir controlando el gobierno de la Generalitat y el Parlament, mantener vivo el proceso secesionista y exigir la paralización de las causas judiciales abiertas contra ellos. Aunque en mi artículo de ayer animaba a los catalanes a ir a las urnas para decidir entre “seguir enfangados en agrias disputas fratricidas” o “pasar página a dos años de desgobierno”, mi fundado escepticismo me llevaba también a apuntar que “nadie puede asegurar que estas elecciones nos acercarán a la salida del laberinto”. Las gravísimas acusaciones lanzadas por los líderes secesionistas de ERC, JxC y CUP contra nuestro sistema democrático durante la campaña y el sólido apoyo que reflejaban los sondeos a los tres partidos que promovieron la declaración unilateral de independencia no invitaban al optimismo.

Turull y Pujol (Oriol) arrpopando a Osàcar en la Ciudad de la Justicia.

El carácter excepcional de estas elecciones convocadas por Rajoy con innecesaria premura ha quedado reflejado en la elevada participación, 81,9%, que supera en 4,5 puntos el ya elevado listón (77,4%) alcanzado en las elecciones ‘plebiscitarias’ del 27-S. La mayor participación no ha producido, sin embargo, el ansiado vuelco electoral al que aspiraban Ciudadanos, PSC y PPC, los tres partidos que se opusieron a la DUI, ni tampoco ha reforzado de manera significativa a los tres partidos que la impulsaron. Todo apunta a que estamos condenados a seguir conviviendo con la inestabilidad política y la inseguridad jurídica que han dominado la vida política en Cataluña desde 2012 y han acabado poniendo en peligro su base económica.

Inés Arrimadas, candidata de Ciudadanos y gran triunfadora.

La primicia de la noche electoral, con el 98,6% del voto escrutado, es el espectacular ascenso de Ciudadanos que alcanza el 25,4% de los votos y obtiene 37 escaños. La gesta resulta más impresionante habida cuenta que hace siete años el partido naranja a duras penas rebasó el 3% y sólo pudo revalidar los tres simbólicos escaños logrados en 2006. La llamada de Arrimadas a acabar con el proceso ha calado en el electorado constitucionalista, mucho más movilizado que hace una década. A los líderes del PP les ha faltado presencia en la calle y les han sobrado complejos: no quisieron o supieron capitalizar el haber cesado al gobierno golpista y convocado elecciones auténticamente democráticas. Algo tendrán que hacer para evitar caer en la marginalidad. Iceta con el 13,75% del voto y 17 escaños ha logrado detener la sangría del PSC desde 2010 y encara el futuro sobre la base de un catalanismo más dialogante y menos sectario.

Puigdemont con Junqueras, Forcadell y la presidenta de la AMI.

La segunda sorpresa la ha protagonizado ERC que con el 21,4% de los votos ha sido la tercera fuerza y logra 32 escaños, 2 menos de momento que Puigdemont y su grupo de cortesanos pujolistas. El resultado es muy malo para los republicanos a los que las encuestas auguraban una abrumadora victoria hace unos meses. Se equivocó Junqueras aceptando el papel de segundón al que le relegó Mas en la anterior legislatura, y volvió a equivocarse al ceder al fullero Puigdemont la presidencia de la Generalitat y conformarse con representar, al menos cara al público, su papel de fiel masovero. Dejar a la limitada Rovira al frente del timón de ERC durante esta campaña tampoco ha ayudado a remontar el vuelo. Ahora ERC tendrá que plantearse si se conforma con seguir siendo la muleta de los sucesores de Convergencia o explora otras alternativas.

Turull (CDC), Baños (CUP) y Romeva (Junts pel Sí) presentando las enmiendas a la primera resolución del inicio de la independencia, 6 de noviembre 2015, nada más constituirse el Parlament en la anterior legislatura. ¿Repetirán la jugada?

El porcentaje de votos de los tres partidos secesionistas, 47,6%, ha caído una decima mientras que el porcentaje del bloque constitucionalista aumenta 4,5 puntos porcentuales. Los resultados confirman lo que el sentido común sugería y los partidos que acordaron la aplicación del 155 no quisieron tomar en consideración: 54 días era un plazo demasiado breve para desinflar el proceso, alimentado generosamente desde todas las instituciones autonómicas, Ayuntamientos incluidos, en los últimos cinco años. Aunque los medios de comunicación estaban obligados a destacar el aumento de participación y el alto número de indecisos para mantener despierto el interés, estas dos variables han reforzado al bloque constitucionalista pero no en la cuantía necesaria para producir un vuelco electoral.

La victoria de los partidos secesionistas y la fragmentación del Parlament van a dificultar el restablecimiento de la neutralidad institucional, primordial para empezar a cauterizar la profunda fractura abierta en la sociedad. Lo más probable es que tengamos otra mini-legislatura bronca y estéril. El bloque secesionista ha resistido la aplicación del mini-155 y está en condiciones de formar gobierno si son capaces de ponerse de acuerdo. Ya he dicho que ERC tendrá que decidir si quiere seguir siendo el lazarillo de convergencia o explorar otras alternativas. La CUP pese a su caída en picado vuelve a ser decisiva, y aunque sus diputados darán con toda seguridad la nota, al final siempre acaban cediendo y yendo a comer al pesebre. Iceta intentará tener cierto protagonismo pero va a resultar casi imposible tender puentes con quienes siguen considerándose legitimados por el ‘pueblo’ de Cataluña para saltarse la ley, confunden la libertad de expresión con la impunidad para delinquir (eufemísticamente lo llaman hacer república) y exigen el indulto de presuntos delincuentes incluso antes ser juzgados.  Y Ciudadanos, pese a su victoria moral y real, tendrá que conformarse con ejercer de principal partido de la oposición, buscando el entendimiento con el PSC y al PP, y tratando de evitar lo peor entre lo malo. Confiemos en la labor de los Tribunales y el control de las cuentas de la Generalitat para poner coto a todos los desmanes pasados y futuros.

Sede del Tribunal Constitucional.

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La incierta lotería del 21-D

Artículo publicado en el diario Expansión el 21 de diciembre de 2017

Los candidatos a presidir el gobierno de la Generalitat: Puigdemont, Junqueras, Arrimadas, Iceta, Domenech, Riera y García-Albiol.

Los catalanes estamos llamados a las urnas el jueves 21 de diciembre (21-D), pocas horas antes de que los niños del colegio de San Ildefonso canten el Gordo de Navidad, y los afortunados por la suerte lo celebren alborozados, abriendo botellas de cava y repartiendo abrazos en la puerta de alguna administración de lotería en cualquier rincón de España. El resultado de estas elecciones, como la lotería, se presenta muy incierto pero a diferencia de lo ocurre en el sorteo navideño, la incertidumbre podría subsistir tras conocerse los resultados. Los catalanes están llamados a decidir si quieren seguir enfangados en agrias disputas fratricidas, o prefieren pasar página a dos años de desgobierno y malas noticias económicas para encarar el futuro con esperanza. La fractura social y el enconamiento son tan grandes que nadie puede asegurar que las elecciones nos acercarán a la salida del laberinto.

Elecciones excepcionales

Son las cuartas elecciones autonómicas en 7 años. Los catalanes votamos en 2010, 2012 y 2015, y vamos a hacerlo de nuevo en 2017, cuando en circunstancias normales las elecciones se habrían producido en 2010, 2014 y 2018. Algo va francamente mal cuando la duración media de las legislaturas a duras penas supera los 2 años, en lugar de los 4 previstos. La brevedad de la legislatura precedente no es la única razón por la que debamos considerar las elecciones del 21-D singulares y hasta excepcionales. Lo son también porque no las convocó Puigdemont, el anterior presidente de la Generalitat, que fue cesado junto con el resto de su gobierno después de que el Parlament de Cataluña votara el 27 de octubre una resolución, según la cual, Cataluña se constituía en un estado independiente en forma de república.

Puigdemont huido de la justicia en Bruselas con un Mozo de Escuadra haciendo funciones de guardaespaldas.

Desde su destitución, Puigdemont anda huido por Bélgica acompañado por cuatro de sus exconsejeros, y, aunque dice considerarse el presidente legítimo en el exilio, concurre a estas elecciones autonómicas con un nuevo partido, Junts per Catalunya, en cuyas listas figuran en las primeras posiciones Sánchez, presidente de la ANC encarcelado, algunos de los consejeros huidos y otros consejeros detenidos y ya excarcelados. Igualmente insólita es la situación de Junqueras, el que fuera vicepresidente de Puigdemont, que se encuentra en prisión y es el candidato de ERC a la presidencia del gobierno de la Generalitat. Forcadell, la presidenta del Parlament disuelto, y varios ex consejeros de Puigdemont, todos ellos en libertad condicional figuran en los primeros puestos de las listas de ERC. Como casi todos saldrán elegidos, el día 22 nos encontraremos con que al menos una decena de diputados del nuevo Parlament, y dos de los aspirantes a presidir el gobierno de la Generalitat, Junqueras y Puigdemont, estarán encarcelados o huidos, y todos a la espera de sentarse en el banquillo del Tribunal Supremo para responder de los delitos de rebelión, sedición y malversación. El tríptico secesionista lo completan los renovados candidatos de la CUP que ya han manifestado que no apoyarán a ningún candidato que no rompa con la “lógica colonial del Estado” y se apreste a impulsar la república constituida el 27 de octubre.

Arrimadas, líder de la oposición, con Espejo, vicepresidente del Parlament.

A las elecciones concurren también tres partidos, llamémosles por brevedad, constitucionalistas: Ciudadanos, PSC y PP, los tres partidos cuyos diputados se ausentaron del Parlament el 27 de octubre. Sus líderes, Arrimadas, Iceta y García Albiol, respectivamente, se han comprometido a acabar de un modo u otro con el proceso secesionista. Arrimadas, la candidata de Ciudadanos, es la única de los tres que, a tenor de lo que apuntan algunas encuestas, libra una apretada lucha con ERC para ganar las elecciones. Promete hacer una auditoría y apagar el proceso. Iceta, primer secretario del PSC, apuesta por la reconciliación y se ha comprometido a no apoyar a Puigdemont y Junqueras. El compromiso de García Albiol, muy alejado de los puestos de cabeza, es sumar para que Cataluña tenga un presidente constitucionalista.

García-Albiol, líder del PP en el Parlament de Catalunya, abandonando el pleno del Parlament antes de votarse las conclusiones de la Comisión de Estudio del Proceso Constituyente el 27 de julio de 2016.

Resultado muy incierto

Todas las encuestas publicadas hasta ahora indican que los seis partidos a los que me he referido, más Catalunya en Comú-Podem (CeC-Podem), lograrán representación parlamentaria. Puesto que ninguna encuesta otorga a los partidos constitucionalistas los 68 diputados que permitirían asegurar la investidura de alguno de sus líderes, y sí hay varias que dan esa mayoría a los tres partidos secesionistas, no hay seguridad alguna de que las elecciones del 21-D pondrán punto y final al proceso de secesión, y, por ende, a la inestabilidad política e inseguridad jurídica que se ha adueñado de Cataluña desde las elecciones de 2012.

La investidura de Arrimadas no está asegurada, incluso si Ciudadanos resultara el partido más votado. Iceta no apoyará su investidura salvo en el improbable caso de que los tres partidos constitucionalistas lograran la mayoría absoluta. En el caso algo más probable de que no alcancen la mayoría absoluta pero superen en escaños a los partidos secesionistas, Arrimadas podría intentarlo pero los diputados de CeC-Podem, el partido de Colau y Domenech se opondrán a investirla. Iceta, por su parte, está jugando con habilidad sus escasas bazas, presentándose como el candidato catalanista comprometido con el diálogo y la reconciliación. En realidad, Iceta es un nacionalista interesado en aumentar la autonomía, mejorar la financiación de Cataluña, e impulsar una reforma ‘federal’ de la Constitución para convertir España en un estado confederal. Dispuesto a dialogar y a llegar a pactos, sí, pero con una preocupante inclinación a hacerlo con ERC, los ‘comunitas’ y hasta la CUP, que contrasta con la dureza exhibida contra Ciudadanos y, no digamos, contra el PP. Aunque posee una habilidad constatada para forjar tripartitos, la probabilidad de lograrlo en esta ocasión es pequeña, porque  ERC tendría que aparcar el compromiso de impulsar la república y renunciar una vez más a la presidencia de la Generalitat para entregársela a Iceta.

El gran riesgo que presentan estas elecciones anticipadas es que los tres partidos secesionistas ganen de nuevo las elecciones y ERC sea la fuerza más votada. Si lograran superar el listón de 68 diputados, la investidura del candidato de ERC estaría asegurada en primera votación, siempre que ofreciera garantías a la CUP de seguir adelante con el proceso constituyente. En caso de no conseguir la mayoría absoluta, el candidato de ERC podría superar la votación de investidura gracias a la abstención de los diputados de CeC-Podem. Aunque la situación no sería exactamente igual que en 2015, puesto que la justicia va a seguir su curso inexorable y saltarse la Constitución y el Estatut ya no va a salirles gratis, la inestabilidad política y la inseguridad jurídica se prolongarían, y la fractura social se ahondaría.

Compás de espera

Domenech con Colau, Iglesias y Garzón en un mitin en Nou Barris.

Para salir de dudas tendremos que esperar a la noche del 21-D, o incluso bastante más tiempo si la fragmentación del Parlament y la dificultad de alcanzar acuerdos obligara a Rajoy a convocar nuevas elecciones, tras una o dos investiduras fallidas. No sería éste, ni mucho menos, el peor de los escenarios. Durante los meses de interinidad que se abrirían, la normalidad administrativa y la neutralidad de las instituciones estarían garantizadas, y los partidos y asociaciones secesionistas seguirían sin poder meter la mano en la caja de la Generalitat, como ocurría hasta que el Gobierno aplicó el artículo 155 y dejó claro que la impunidad con que habían operado hasta entonces había llegado a su fin.

 

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La sociedad civil catalana ante el 6-D

Artículo publicado en el diario Expansión el 5 de noviembre de 2017

Puigdemont y Junqueras celebrando la constitución de la república junto a un centenar de alcaldes congregados para la ocasión en el Parlament.

Hasta hace pocos meses, la mayoría de ciudadanos catalanes que se sentían demócratas e inequívocamente constitucionalistas guardaban un prudente silencio, entre anestesiados y atemorizados por la todopoderosa y desafiante Generalitat (Gobierno, Parlamento, Diputaciones y Ayuntamientos) que controla, además del ingente presupuesto del sector público, cercano a los 40.000 millones, casi todos los órganos rectores de instituciones públicas y semipúblicas y los omnipresentes medios de comunicación, siempre prestos a difundir las consignas del régimen nacional-secesionista, y a descalificar y estigmatizar a quienes osan oponerse a su plan de constituir un estado independiente en forma de república. La situación ha cambiado notablemente este otoño pero las amenazas a la libertad e igualdad de los españoles seguirán muy presentes tras las elecciones autonómicas del 21-D.

El despertar de la sociedad civil catalana

30-S: vista de la plaza de San Jaime.

El pasado 30 de septiembre, las asociaciones cívicas Espanya i Catalans, Somatemps, Regeneración Democrática, Movimiento 12-O y Profesores por el Bilingüismo desafiaron una vez más al poder establecido y convocaron una manifestación en Barcelona que alcanzó un notable éxito de asistencia. Fue el pistoletazo de salida de las tres manifestaciones multitudinarias que se celebraron los días 8, 12 y 29 de octubre, en las que centenares de miles de catalanes tomaron las calles de Barcelona para reclamar libertad, democracia y respeto a la Constitución y al ordenamiento jurídico. Las secuelas de esas movilizaciones se han dejado sentir también en infinidad de manifestaciones y concentraciones en otras ciudades de Cataluña, las últimas en Badalona y Gerona el 25 y 26 de noviembre, respectivamente.

12-O 2016: manifestación en Barcelona.

Estas movilizaciones recientes hacen más meritoria si cabe la tenaz labor de resistencia que estas modestas asociaciones han venido desarrollando desde 2012 para mantener vivas en Barcelona las celebraciones de la Fiesta Nacional de España el 12 de octubre (12-O) y el aniversario del refrendo de la Constitución Española el 6 de diciembre (6-D). Así cayera un sol de justicia o chuzos de punta, sin apenas recursos y conscientes de que su esfuerzo tenía un valor meramente testimonial, algunos catalanes se empeñaron en mantener encendida la llama de la libertad y la justicia, la igualdad y la pluralidad en Cataluña, haciendo oídos sordos a las siempre inmisericordes descalificaciones de los medios de comunicación, y sobreponiéndose a la incomprensión de otras asociaciones y partidos.

12-O 2017: Plaza de Cataluña.

30-S: manifestación en Vía Layetana.

En 2014, publiqué un artículo titulado “Ausencias significativas” (Crónica Global, 9 de diciembre) en el que lamentaba que “casi todos los partidos políticos y algunas asociaciones decidieron que sus líderes tenían cosas mejores de las que ocuparse ese día, y en lugar de movilizar a sus bases celebraron la efeméride por separado, bien ese día bien unos días antes”. La situación ha mejorado mucho desde entonces y las manifestaciones del 8, 12 y 29 de octubre en Barcelona contaron con el respaldo de todas las asociaciones constitucionalistas. Pese a que un medio de comunicación anunció hace unos días que Sociedad Civil Catalana (SCC) renunciaba “a manifestarse el día 6… para no enfrentar a los partidos constitucionalistas”, deseamos y esperamos que los actos que la asociación planea hacer en Bruselas, Washington y Tarragona no sean obstáculo para adherirse a la manifestación convocada por Espanya i Catalans y otras asociaciones en Barcelona el 6 de diciembre. En ningún caso, la celebración del refrendo popular de la Constitución debería ser motivo de enfrentamiento entre partidos constitucionalistas.

Peligros tras el 21-D

La aprobación de la Constitución de 1978 constituye un hito sin precedentes en la historia política de España porque, gracias a ella, los españoles hemos podido vivir en libertad, concordia y prosperidad por primera vez durante casi cuatro décadas ininterrumpidas. La Constitución es para los ciudadanos de a pie la principal garantía con que cuentan para detener las arbitrariedades de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Para los catalanes, la Constitución cobra incluso más importancia por la inclinación de la Generalitat a saltarse el ordenamiento jurídico. Paradójicamente, esa misma Constitución y el resto de normas democráticas que pretendían derogar las llamadas ‘leyes’ de desconexión son las que ahora amparan el derecho de Puigdemont,  Junqueras y el resto de sediciosos a tener un juicio justo. Contrariamente a lo que afirman los secesionistas, en España no hay presos políticos porque nadie va a la cárcel por expresar ideas a menos que cometa actos tipificados como delitos.

Puigdemont con Junqueras, Forcadell con Buch, presidente de la ACN, y Lloveras, presidenta de la AMI.

Hay una segunda razón de peso para celebrar el XXXIX aniversario de la Constitución este 6-D. Como las setas en un otoño lluvioso y benigno, cada día aparece una nueva propuesta para reformar la Carta Magna con la excusa de ponerla al día. Algunos se muestran escandalizados porque han pasado 39 años y nos hemos adentrado en el siglo XXI con una Constitución del XX. El asunto lleva años coleando y hay tantas propuestas sobre la mesa y con fines tan variopintos que resulta difícil augurarles mucho futuro. Algunas afectan a detalles relativamente nimios que en nada impiden el normal funcionamiento de las instituciones pero hay otras que podrían ahondar las desigualdades entre españoles, limitar subrepticiamente la libertad de circulación y aumentar, en lugar de reducir, las disfunciones administrativas y los conflictos competenciales.

Los padres de la Constitución de 1978.

Hay reformistas que abogan por aplicar el principio de proporcionalidad de manera estricta, otros partidarios de convertir el Senado en una ‘auténtica’ cámara territorial y hasta algunos que pretenden eliminar la Cámara Alta. Hay quienes desean acabar con aforamientos y Diputaciones, otros introducir derechos sociales y algunos reformar el Título VIII para precisar las competencias de cada instancia ejecutiva y legislativa; etc. A casi nadie parece habérsele ocurrido pensar que los principales problemas a los que nos enfrentamos los españoles en el siglo XXI, incluido el auge del secesionismo en Cataluña, podrían no ser culpa de la Constitución ni tampoco resolverse con su reforma. Siendo realistas, las únicas reformas imprescindibles son aquéllas que podría compartir una mayoría cualificada de nuestros representantes políticos y acordarse, por ende, con suma facilidad.

Maragall y Mas aplaudiendo tras aprobarse la Propuesta de Reforma del Estatut el 30 de septiembre de 2005.

No se me malinterprete: animo a los expertos constitucionalistas y administrativistas a seguir avanzando propuestas de reforma y a los ciudadanos a estar muy atentos para impedir que les den gato por liebre. Por ello, propongo someter cada propuesta a un sencillo test: ¿servirá para reforzar la libertad e igualdad los españoles o para blindar y reforzar los privilegios de unos ciudadanos a costa de otros? Pónganse sobre aviso en cuanto escuchen al reformista de turno defender la superioridad del “modelo federal” para sustanciar la noción de ‘nación de naciones’; o apelar a los ‘derechos históricos’ y ‘singularidades nacionales’ de tal o cual ‘pueblo’ para justificar el establecimiento de un “régimen jurídico singular’ sobre la base de una ‘relación bilateral con el Estado’.

Presentación de algunas ideas para reformar la Constitución de 1978.

Me explico. La reciente propuesta avanzada por un equipo de diez catedráticos –cinco de ellos adscritos a Universidades catalanas– sugiere que para evitar conflictos competenciales “los Estatutos solo deberían ser aprobados por el Parlamento autonómico” y aboga por “reforzar los mecanismos para que las Comunidades Autónomas participen en las decisiones del Estado y la Unión Europea”. ¿Qué habría sido de los ciudadanos constitucionalistas en Cataluña si la Propuesta de Reforma de Estatut aprobada por el Parlament el 30 de septiembre de 2005 se hubiera convertido en ley sin pasar por los filtros del Congreso y del Tribunal Constitucional? Y, ¿podrían funcionar con normalidad las instituciones del Estado y de la UE con participación de gobiernos cómo los que ha tenido Cataluña en los últimos 5 años? Al parecer, los líderes de Podemos y los secesionistas catalanes no son los únicos empeñados en acabar con España y con la UE: cuentan con la inestimable ayuda de algunos eminentes juristas.

Iglesias (Podemos) abraza a Tardà (ERC) tras la intervención del diputado de en el Congreso el 14 de junio de 2017.

 

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El 6-D en Plaza Urquinaona celebramos el XXXIX aniversario de la Constitución Española

Congreso de los Diputados

Ayer, como viene ocurriendo desde hace varias legislaturas, el Congreso abrió a los ciudadanos su puerta principal, flanqueada por los dos hermosos leones de bronce que simbolizan la defensa de la sede de la soberanía nacional. Y sentí un gran orgullo al ver entrar con total normalidad democrática a los ciudadanos que habían hecho pacientemente cola durante varias horas, dejando atrás un año especialmente agitado desde el punto de vista político, el año en el que por primera vez el Gobierno de España ha tenido que aplicar el artículo 155 de la Constitución para destituir al gobierno de una Comunidad Autónoma declarado en rebeldía. Resultaba un espectáculo edificante ver a gentes llegadas de todas partes de España deambular, con una sonrisa en los labios, por los pasillos habitualmente reservados a nuestros representantes políticos, contemplar satisfechos el hemiciclo donde se desarrollan las sesiones de control y los plenos, y ocupar orgullosos los asientos de diputados y miembros del Gobierno mientras se hacían las fotos de rigor para inmortalizar el momento.

Aitor Esteban (PNV), Llach, presidente de la comisión de estudio del proceso constituyente en el Parlament, Junqueras y Puigdemont, vicepresidente y presidente del gobierno de la Generalitat, protestando frente al Congreso por el enjuiciamiento del exconsejero Homs, a cuenta de la organización de la consulta del 9-N en 2014.

Fernando Abril y Alfonso Guerra en el Congreso de los Diputados durante la Transición.

El próximo 6 de diciembre se cumplirán 39 años del refrendo popular de la Constitución Española de 1978. Al volver la vista atrás, uno no puede sino sentir una enorme gratitud hacia los protagonistas de la agitada transición y sonreír al contemplar fotografías ya históricas de Fernando Abril-Martorell (UCD) con Alfonso Guerra (PSOE), de Manuel Fraga (AP) con Santiago Carrillo (PCE), y de los siete padres de la Constitución, algunos de ellos ya fallecidos. Que dos personas como Fraga, ministro de Franco que como tal asumió sin levantar la voz el régimen franquista, y Carrillo, que como comunista militante había asumido sin rechistar el totalitarismo soviético, aceptaran dirimir sus profundas diferencias ideológicas en el marco de la Constitución constituye un hito histórico.

Fraga y Carrillo, símbolos de una reconciliación imposible, hoy cuestionada por algunos.

Los siete ‘padres’ de la Constitución: Cisneros, Pérez-Llorca, Herrero, Roca, Fraga, Peces Barba y Solé Tura.

Para quienes vivimos la dictadura de Franco con incomodidad y hasta rechazo, pocos, muchos menos de los que ahora la denuncian con 42 años de retraso y la comparan grotescamente con la España constitucional,  para nosotros, estos 39 años de democracia han constituido un auténtico bálsamo, una suerte de compensación por toda la merma de libertades y arbitrariedades padecidas durante los 36 años que transcurrieron desde el final de la Guerra Civil el 1 de abril de 1939 hasta la muerte del general Franco el 20 de noviembre de 1975. Permítanme que insista: la aprobación de la Constitución de 1978 constituye un hito sin precedentes en la historia política de España porque gracias a ella los españoles hemos podido vivir en libertad, concordia y prosperidad, por primera vez durante casi cuatro décadas ininterrumpidamente. La Constitución es para los ciudadanos de a pie la principal garantía con que contamos para frenar las desviaciones y arbitrariedades en que pueden incurrir los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Paradójicamente, esa Constitución y el resto de normas democráticas que algunos pretendieron ilegalmente derogar en Cataluña durante los dos últimos años son precisamente las que amparan ahora su derecho a un juicio justo. Contrariamente a lo que afirman algunos partidos políticos y asociaciones secesionistas, en España no hay presos políticos porque la Constitución garantiza que nadie va a la cárcel por expresar sus ideas, a menos que en nombre de esas ideas cometa actos tipificados como delitos.

Junqueras, vicepresidente del Gobierno de la Generalitat, afirmó en RAC1 el 13 de marzo de 2017 que “no responderemos ante un juez español sino ante un tribunal internacional”.

Hay otra poderosa razón para celebrar el XXXIX aniversario de la Constitución este 6 de diciembre. Cada día aparece una nueva propuesta para reformar la Carta Magna con las más variadas excusas. El asunto lleva años coleando y hay tantas propuestas sobre la mesa y con fines tan variopintos y aun contradictorios que resulta difícil augurarles mucho futuro. Algunas afectan a detalles relativamente nimios que en nada impiden el normal funcionamiento de las instituciones pero hay otras que con la excusa de actualizar el Estado de las Autonomías podrían ahondar las desigualdades entre españoles, limitar subrepticiamente la libertad de circulación de personas, bienes, servicios y capitales, y aumentar las disfunciones administrativas y los conflictos competenciales. A los constitucionalistas, nos conviene estar atentos para impedir que nos den gato por liebre.

Catedráticos de Derecho Constitucional y Administrativo presentando una propuesta de reforma de la Constitución.

Desde 2012, algunas asociaciones cívicas como Espanya i Catalans, Convivencia Cívica Catalana y Regeneración Democrática vienen celebrando el 6-D en Barcelona. Este año, volveremos a concentrarnos de nuevo en Plaza Urquinaona a las 11:00 para marchar en manifestación a las 12:00 hacia la Plaza de San Jaime, antigua plaza de la Constitución. Os esperamos.

¡Larga vida a la Constitución!

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