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De parlamentarios a okupas

Artículo publicado en el diario Expansión el 19 de julio de 2017

Diputados de Junts pel Sí y Cup presentando el borrador de la “ley del referéndum de autodeterminación” en el Parlament.

Tanto el acto que protagonizaron en la mañana del 4 de julio ocho diputados de los grupos parlamentarios CUP y Junts pel Sí (JxS) en el auditorio del Parlament –fuera del hemiciclo donde se debaten y se votan las iniciativas legislativas– para explicar la llamada “ley del referéndum de autodeterminación” a sus propios diputados, como la subsiguiente puesta en escena que realizaron esa misma tarde el presidente y el vicepresidente del gobierno de la Generalitat en el Teatro Nacional de Cataluña para presentar en sociedad el engendro jurídico, permitió constatar su profundo desprecio por los tres principios claves de la democracia representativa: división de poderes, división de competencias e imperio de la Ley. Que luego no se rasguen las vestiduras si algunos acaban, como Mas y Homs, sentados en el banquillo por aprobar un texto que deroga nada menos que la Constitución y desacata las sentencias de los Tribunales. Ningún pretendido “mandato popular” exime a quienes delinquen, gobernantes y diputados autonómicos incluidos, de responder de sus actos en un Estado de Derecho.

Puigdemont, prima dona de la compañía nacional república catalana, ensayando la obra “Butifarréndum o Muerte”en el Teatro Nacional de Cataluña el 4 de julio de 2017.

 “Régimen jurídico excepcional” en Cataluña

En la sesión matutina, cuatro dirigentes de la CUP (Gabriel, Garriga, Salellas y Serra) presentaron junto a cuatro diputados de la coalición JxS (Corominas y Turull por CDC-PDE-Cat y Orobitg y Rovira por ERC) las primicias de la “ley” que pretende establecer un “régimen jurídico excepcional” en Cataluña para cobijar un referéndum inconstitucional y antiestatutario, y, por tanto, palmariamente ilegal. Hay dos circunstancias destacables. Primera: que la coalición antisistema, anticapitalista y manifiesta vocación imperialista, CUP, que sólo obtuvo el 8,2 % de los votos válidos en las elecciones autonómicas del 27 de septiembre de 2015, tuviera los mismos representantes en la mesa presidencial que la coalición JxS, que logró el 39,5% de los votos, demuestra quién maneja en realidad los hilos del gobierno de Puigdemont. Segunda: que sólo un reducidísimo número de diputados y miembros del gobierno, según confesó el cesado consejero Baiget, estén al tanto de lo que se cocina en la canonjía del Palau, confirma la naturaleza totalitaria del proyecto que impulsan los conspiradores.

Salellas, Gabriel, Turull y Rovira en la mesa del Parlament: Dios los cría y ellos se juntan.

No hay duda alguna de que estamos ante un complot urdido por un pequeño grupo de diputados y miembros del gobierno de la Generalitat que, aprovechando su circunstancial mayoría en el Parlament de Cataluña –72 diputados que representan al 47,7% de los votantes y al 36,8% del censo–, insuficiente incluso para reformar el Estatut de Cataluña, pretenden aprobar una “ley suprema” que “prevalece jerárquicamente sobre todas aquellas normas con las que pueda entrar en conflicto”, incluidas la Constitución, el Estatut, la Ley Orgánica del Régimen Electoral General y el resto del ordenamiento jurídico. Con este audaz golpe de mano, los secesionistas pretenden liquidar el Estado democrático social de Derecho en Cataluña,  y suspender los derechos constitucionales de los españoles allí empadronados.

Puigdemont conversando con Juncker y Merkel  en su última visita al Parlament europeo.

A falta de mejores argumentos, la “ley” apela, en primera instancia, al derecho a la autodeterminación de los pueblos reconocido por la Asamblea de la ONU. Como nunca Cataluña ha sido una colonia y los catalanes tienen los mismos derechos que el resto de españoles, recurrir a semejante subterfugio produce hilaridad. En el fondo, a los conspiradores les trae sin cuidado lo que piensen o digan los organismos internacionales –el Consejo de Europa manifestó recientemente que un referéndum sólo puede hacerse respetando la legalidad constitucional– porque su insustancial alegato se dirige a convencer a sus votantes más ingenuos de que una legalidad internacional superior a la española avala su, jurídicamente hablando, monstruosa criatura.

Sede de la Comisión de Venecia.

En segunda instancia, los proponentes de la ley aducen la negativa del Gobierno de España a acordar la celebración del referéndum, una excusa tan cómica y cínica como la anterior. ¿Alguien en su sano juicio puede pretender que un Gobierno democrático incumpla la Constitución que refrendaron el 87,1% de los españoles y el 90,4% de los catalanes? Nuestra Constitución, como el Estatut y el resto de normas vigentes, puede reformarse siguiendo los procedimientos y mayorías previstos en el ordenamiento jurídico, y sólo los enemigos de la democracia y los dictadores solapados se consideran legitimados para saltárselas con subterfugios tan pueriles.

Sáenz de Santamaría, vicepresidenta del Gobierno de España, ofreciendo a Junqueras, vicepresidente del gobierno de la Generalitat, diálogo sobre todas las demandas presentadas, a excepción del referéndum.

 Preparativos del “butifarréndum”

Puigdemont anunciando la pregunta y la fecha del referéndum el 9 de junio de 2017.

Puigdemont, Junqueras y el selecto grupito de diputados que están en el ajo han despejado pocas de las muchas dudas que suscita el referéndum anunciado para el próximo 1 de octubre. A la espera de un futuro “decreto de normas complementarias”, la “ley” establece que podrán participar los ciudadanos que “tienen derecho a voto en las elecciones al Parlament” y que corresponde al gobierno de la  Generalitat elaborar el censo, nombrar el número y límites de las secciones electorales y nombrar a los integrantes de las mesas que se dispondrán en locales municipales “que se utilizan habitualmente como centros de votación”. Las papeletas incluirán la pregunta “¿Queréis que Cataluña sea un estado independiente en forma de república?”, en catalán y castellano. En cuanto al resultado, la “ley” contempla que si el “sí” ganara por un solo voto, aunque sólo votaran Puigdemont y Junqueras, el Parlament proclamará la independencia en el plazo de 48 horas y se iniciará el “proceso constituyente”.

Puigdemont y Gabriel celebrando su acuerdo para constituir una república independiente.

Otegui recibido con todos los honores por Forcadell, presidenta del Parlament.

La “ley” contempla también crear un organismo denominado “sindicatura electoral de Catalunya”, con sede en el Parlament, que sustituiría a la Junta Electoral Central y a las Juntas Electorales Provinciales de Cataluña, los organismos legítimos encargados de velar para que “las decisiones políticas en las que se refleja el derecho de sufragio se realicen en plena libertad”. A este nuevo organismo le correspondería designar las “sindicaturas de demarcación”, validar el censo y las papeletas, proporcionar acreditaciones, supervisar las mesas electorales, etc. Puesto que el gobierno de la Generalitat carece de competencias para elaborar el censo electoral y sustituir a la Junta Electoral Central, el plan esbozado constituye otro despropósito jurídico. En caso de que el gobierno de la Generalitat y los diputados de JxS y CUP en el Parlament sigan adelante con los planes para hacer el referéndum, tendrán que hacer frente a las denuncias que presenten los ciudadanos en cuanto se les comunique su inclusión en un censo ilegal puesto a disposición de un organismo ilegal.

 ¿Diputados u okupas?

Que una decena de diputados con Puigdemont, Junqueras y Gabriel a la cabeza pretendan saltarse la Constitución y el Estatuto de Cataluña y doblegar al resto de instituciones del Estado constituye un auténtico delirio sin parangón en ninguna democracia occidental. El plan de marcado cariz totalitario carece de respaldo alguno en el Derecho Internacional y contraviene nuestro ordenamiento jurídico, incluido el propio Estatut donde se establece que “Cataluña tiene en el Estado español y la UE su espacio político y geográfico de referencia e incorpora los valores, los principios y las obligaciones que se deriven de formar parte de ellos”.

Puigdemont con su gobierno de los peores. Los consejeros Baiget,Jané, Munté y Ruiz han sido cesados por su tibieza.

Confieso tener curiosidad por ver cuántos diputados, además de Puigdemont, Junqueras y los diez “cuperos”, se atreven a aprobar la “ley suprema” y arriesgarse a pasar de diputados autonómicos a okupas del Parlament. El gobierno de la Generalitat ha tenido que cesar a Baiget y a otros tres consejeros tibios, y forzar la dimisión “por razones políticas” de Batlle, director de los Mossos. Sustituidos todos por secesionistas fanáticos, me temo que no serán las últimas víctimas de la nonata república de PuigCupqueras.

Tardà, Llach y líderes de la CUP con su buen amigo Otegui.

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¿Te acuerdas?

Puigdemont, segundo presidente de la Associació de Municipis per l’Independencia, dirigiéndose como presidente del gobierno de la Generalitat a la asamblea de la AMI en 2017.

El 17 de marzo pedí la dimisión del Sr. Puigdemont como presidente del gobierno de la Generalitat y la convocatoria de elecciones autonómicas:

https://clementepolo.wordpress.com/2017/03/17/peticion-de-disolucion-del-parlament-y-convocatoria-de-elecciones-autonomicas-en-cataluna/

Puigdemont en el acto de presentación de la pregunta y fecha del referéndum de autodeterminación 9 de junio de 2017.

Desde entonces, la actuación de este personaje (su alias guerrero en los medios secesionistas es “Peluquín airado”) desde enero de 2016 no ha hecho sino confirmar los peores presagios que auguraba su nombramiento.  Hace unos días Puigdemont cesó a un total de cuatro consejeros de su propio partido que dudaban sobre la conveniencia de llevar hasta el final su plan de realizar un ilegal “referéndum de autodeterminación” el próximo 1 de octubre. Por si alguien tenía alguna duda, la decisión de Puigdemont ha dejado bien claro que el  gobierno de la Generalitat ha dejado de ser un gobierno democrático, esto es, un gobierno respetuoso con la división de poderes y competencias y el imperio de la Ley.

Presentación de la “ley del referendum de autodeterminación” en el Teatro Nacional de Cataluña. Importe de la factura: 17.600 €. Y se extrañan de que se investigue quién la pagó.

Pretende Puigdemont derogar la Constitución y el Estatut aprobando una “ley suprema” con apoyo de 72 diputados autonómicos, número insuficiente incluso para reformar el Estatut de Cataluña. Pues bien, el Artc. 3.2 de la citada ley establece la jerarquía de esta norma sobre cualquier otra con la que pueda entrar en conflcito, incluidas la Constitución, el Estatut de Cataluña, la Ley Orgánica del Régimen Electoral General y el resto del ordenamiento jurídico.

Espero que Puigdemont, Junqueras y todos los demás protagonistas del golpe de mano que están a punto de dar contra el Estado social y democrático de Derecho sean inhabilitados pronto siguiendo los pasos de Mas, Homs, Rigau, Ortega, Forcadell, Borràs, etc.  No es posible que sigan actuando como presidente, vicepresidente y consejeros del gobierno de la Generalitat o como diputados del Parlament de la Comunidad Autónoma de Cataluña ciudadanos que no respetan siquiera las leyes gracias a las cuáles ostentan sus cargos y cobran sus suculentos sueldos.

Puigdemont, prima dona de la Cia Nacional de la república catalana, ensayando la obra “Butifarréndum o Muerte” en el Teatro Nacional de Cataluña el 4 de julio de 2017.

¡Basta ya!

Si estás de acuerdo con estos argumentos, firma esta petición para ponerlos en una urna y exhibirlos en el museo de seudohistoria de Cataluña:

https://www.change.org/p/ciudadanos-espa%C3%B1oles-pedir-la-disoluci%C3%B3n-del-parlament-y-la-convocatoria-de-elecciones-auton%C3%B3micas-en-catalu%C3%B1a

 

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Tres compromisos

Puigdemont, prima dona de la Cia Nacional de la república catalana, en el ensayo general de la obra “Butifarréndum o Muerte”. Teatro Nacional de Cataluña 4 de julo de 2017.

Texto en el que basé mi conferencia en el Centro Cívico Can Cabanyes de Badalona el 13 de julio de 2017.

  • Muchas gracias a todos ustedes por haber venido a escucharnos en esta calurosa tarde de julio. Soy Clemente Polo, profesor de Economía de la UAB, presidente de la asociación Regeneración Democrática y Vicepresidente del MCEC, una asociación con la que colaboro desde 2014.
  • A la vuelta del verano tenemos tres citas importantes con la historia y quiero empezar recordándolas para que las apuntéis en vuestra agenda. Con independencia de lo que ocurra de aquí al 1 de octubre, las asociaciones que defendemos los valores que inspiran la Constitución de 1978, libertad y justicia, igualdad y pluralismo político, vamos a llamar a los ciudadanos que los comparten a manifestar su rechazo al proceso de secesión que impulsan Puigdemont y Junqueras desde el gobierno de la Generalidad con apoyo de dos grupos parlamentarios, Junts pel Sí (JxS=CDC+ERC) y CUP.
  • Manifestacón en Vía Layetana, 6 de diciembre de 2016.

    Empezaré por la cita más lejana, el 6 de diciembre, también la más trascendente desde un punto de vista político; a continuación, me referiré a la más popular de las tres, la Fiesta Nacional del 12-O; y finalmente, dedicaré la mayor parte de mi intervención a hablar sobre la más cercana y excepcional: el 1-O. El orden que he elegido no es casual sino que pretende subrayar que, con independencia de lo que suceda de aquí al 1-O, nosotros vamos a mantener nuestra propia agenda.

 

  • El próximo 6 de diciembre conmemoraremos el refrendo de la Constitución de 1978 por todos los ciudadanos españoles. Las asociaciones constitucionalistas convocaremos de nuevo la manifestación que recorrerá la Vía Layetana desde la Plaza Urquinaona y finalizará en la Plaza de San Jaime, frente al palacio del gobierno de la Generalidad, tal y como hemos venido haciendo desde 2012.
    • En estos días inciertos en que vemos a tantos políticos ansiosos por reformar la Constitución, queremos reafirmar nuestro compromiso con el marco político que refrendaron el 87,9% de los votantes españoles y el 90,5% de los votantes catalanes y ha convertido en realidad el sueño de los españoles de vivir en libertad, concordia y prosperidad durante cuatro décadas. A quienes este logro les parezca pequeño, les recomendaría que echen una ojeada a la historia moderna y contemporánea de España.
    • Sabemos que la Constitución de 1978 es perfectible pero mucho me temo que las reformas que hoy se propugnan, incluso desde partidos pretendidamente de izquierdas, sólo servirán para blindar o reforzar las actuales asimetrías y desigualdades. Precisamente porque estas reformas apuntan hacia regímenes federales asimétricos (o incluso confederales) ponen, en nuestra opinión, en riesgo la igualdad de todos los españoles que proclama la Constitución. ¿Por qué antes de reformar la Constitución no se ocupan algunos partidos de cumplirla y velar para que se cumpla? Pase lo que pase el 1-O, les aseguro que nosotros celebraremos este año el trigésimo noveno aniversario de la Constitución de 1978.

      Plaza de San Jaime, 6 de diciembre.

      12 de octubre 2016 en Plaza de Cataluña.

  • La segunda cita que tenemos que apuntar en nuestra agenda es el 12 de octubre. Algunas asociaciones (Convivencia Cívica, Movimiento Cívico Espanya i Catalans, Regeneración Democrática, Sociedad Civil Catalana, Somatemps y 12-O) hemos mantenido ya reuniones para organizar la manifestación que, como en años anteriores, recorrerá Paseo de Gracia y finalizará en la Plaza de Cataluña, donde tendrá lugar, como el año pasado, dos actos: uno cívico y con marcado carácter político para celebrar la Fiesta Nacional de España; y otro más festivo con el que queremos destacar los lazos fraternales que unen a los españoles con los países hispanoamericanos del otro lado del Atlántico.
    • La celebración se producirá este año sólo once días después del anunciado referéndum de autodeterminación. Convendría, por ello, que hagamos una celebración unitaria (como siempre hemos intentado que lo fuera), sin contraprogramaciones, con presencia de los líderes de los partidos constitucionalistas que quieran sumarse, y con un objetivo claro: congregar una multitud que empequeñezca la Plaza de Cataluña.
    • Pero sabemos que no es fácil movilizar a los ciudadanos cuando, como es nuestro caso, no se dispone de recursos ni se cuenta con el apoyo de los medios de comunicación públicos y subvencionados, algo con lo que sí cuentan las asociaciones secesionistas (AMI y AMC, ANC y Omnium Cultural) para organizar las manifestaciones multitudinarias el 11-S.

      La pancarta con el lema España en el corazón / Espanya al cor.

    • A diferencia de ellos, nosotros hemos organizado el 6-D y el 12-O sin ayuda de partidos políticos y hasta enfrentándonos a los obstáculos que se nos han puesto para tratar de desanimarnos. Tenemos pocos aliados y además bastante tacaños. El año pasado, ningún medio de comunicación “amigo” acudió a la conferencia de prensa que ofrecimos para anunciar el 12-O en el Colegio de Periodistas. Carlos Herrera (COPE), un potencial aliado nuestro, me entrevistó durante 5 minutos dos días antes del 12-O después de emitir algunas cuñas (pagadas) en su cadena. Fuera de los limitados canales de Facebook en los que anunciamos los actos, nuestros blogs y muros personales y cuentas de Twitter, poco más podemos hacer para movilizar a los españoles residentes en Cataluña.
    • Cualquier acto, incluso nuestras austeras celebraciones del 12-O y 6-D, requiere contar con algo de dinero para montar el escenario, contratar la megafonía, abonar los seguros, imprimir la pancarta y algunos carteles, etc. Y nuestras asociaciones son pobres de solemnidad hasta el punto de que el dinero para costearlos ha salido en ocasiones de nuestros bolsillos.
    • Este año queremos esmerarnos para que el 12-O de 2017 sea mejor que el de años pasados. Son muchas las acciones que queremos realizar durante el mes de septiembre y vuestra ayuda resulta imprescindible para llevarlas a cab Os necesitamos para movilizar a las personas que en Badalona piensan como nosotros pero hoy no están aquí, necesitamos vuestra ayuda para estar presentes con carpas en la calle a partir del 1 de septiembre, para organizar actos como éste en otras localidades del cinturón de Barcelona, etc. Tenemos que ponernos manos a la obra y desentumecer a los cientos de miles de catalanes que quieren seguir siendo españoles y europeos y desean que el Barcelona, el Español y el Gerona sigan jugando en la primera división de la Liga Española.
    • Por eso quiero invitaros a todos los que estáis hoy aquí a que no os marchéis a casa sin darnos vuestro nombre, dirección de correo electrónico y teléfono, para ponernos en contacto y haceros copartícipes de la organización de nuestros actos. Tenéis que ser protagonistas. Para ganar esta batalla tenemos que empezar por crear organizaciones locales tan potentes como las que tienen las asociaciones secesionistas y estar presentes en todos los rincones de Cataluña. Sólo así podremos difundir nuestro mensaje a favor de una sociedad abierta, esperanzada y solidaria y contraponerlo al discurso tribal, victimista y egoísta que, con marcado carácter xenófobo y hasta racista, ha calado en amplios sectores de la sociedad catalana.
  • Puigdemont en el momento de anunciar la convocatoria y la pregunta del referéndum el 6 de junio. Munté, Forcadell y Junqueras aplaudiendo.

    Aunque nuestro interés primordial sea organizar y promocionar los actos del 12-O y 6-D, las asociaciones constitucionalistas no podemos ignorar la amenaza que supone la celebración del referéndum el 1 de octubre, nuestra cita excepcional de este año. Como sabéis, Puigdemont anunció el pasado 9 de junio la pregunta que quiere plantearnos a los españoles empadronados en esta Comunidad Autónoma:

 “¿Queréis que Cataluña sea un estado independiente en forma de república”?

  • Hemos sabido hace pocos días que si ganara el “sí”, aunque sólo votaran Puigdemont, Junqueras y Colau y el resultado fuera 2 “síes” y 1 voto en blanco, el Parlament de Cataluña proclamaría la república en un plazo no superior a dos días contados a partir del momento en que se oficialicen los resultados. Quizá pretendan hacerlo el 6 de octubre para emular la “gesta” que protagonizó Companys ese mismo día en 1934, cuando proclamó desde el balcón de la entonces Plaza de la República (ahora Plaza de San Jaime) el Estado Catalán de la inexistente República Federal española. Horas después fue detenido, juzgado y encarcelado por sublevarse contra el gobierno legítimo de la II República.

    Placa que retiró el alcalde Trias (CDC) de la actual Plaza de San Jaime. Así se llamó desde 1843 hasta 1931 en que pasó a llamarse Plaza de la República.

  • Como sabéis 8 diputados del Parlament de Cataluña, 4 de la coalición CUP (Gabriel, Garriga, Salellas y Serra) y 4 de la coalición JxS (Corominas, Turull, Orobitg y Rovira), presentaron el pasado 4 de julio la llamada “ley del referéndum de autodeterminación” en un patio del Parlament de Cataluña. Puigdemont, alias “Peluquín Airado”, y Junqueras, alias “Ojo Extraviado”, se encargaron de presentar el engendro jurídico en sociedad esa misma tarde en el Teatro Nacional de Cataluña.
  • Por cierto, que hoy mismo la Guardia Civil se ha personado en el Teatro Nacional de Cataluña, en calidad de policía judicial, para averiguar quién abonó los 17.600€ a que ascendió el alquiler del local donde Puigdemont y Junqueras presentaron la “ley del referéndum de autodeterminación” el pasado 4 d julio. Al parecer la pagó el grupo parlamentario de JxS con el dinero de todos los ciudadanos. Esperemos que se decanten las responsabilidades de los presuntos malversadores de caudales públicos.
  • De momento, se trata del borrador oficioso de un proyecto de ley cuyos

    Presentación de la “ley del referendumde autodeterminación” en el Teatro Nacional de Cataluña. Importe de la factura: 17.600 €. Y se extrañan de que se investigue quién la pagó.

    promotores no se han atrevido a registrarlo y tramitarlo en el Parlament, ni a debatirlo y votarlo en el hemiciclo. Cuenta con el apoyo entusiasta de los 10 diputados de la CUP y con el apoyo de Puigdemont y Junqueras y buena parte del rebaño de 60 diputados que pastorean los dirigentes de CDC y ERC. Se oponen al proyecto los 25 diputados de Ciudadanos, los 16 del PSC y los 11 del PP. Por su parte, los 11 diputados de Colau (CatSíqueesPot) lo apoyan con reservas: quieren a toda costa evitar aparecer en la foto junto a quienes se oponen al referéndum, para robarle votos al PSC, si bien su deseo oculto es que Puigdemont naufrague y convoque elecciones anticipadas. Esta es la situación política en el Parlament de Cataluña.

  • Diputados de Junts pel Sí y Cup presentando el borrador de la “ley suprema”.

    ¿Qué podemos decir sobre esta pretendida “ley suprema” elaborada en secreto por una decena de diputados? El objetivo principal de la ley es proporcionar cobertura legal a un ilegal referéndum de autodeterminación y a todas las personas e instituciones que participen en su organización. Para ello, el Art. 3.2 establece “un régimen jurídico excepcional” que “prevalece jerárquicamente sobre todas aquellas normas con las que pueda entrar en conflicto”, como la Constitución y el Estatut, la Ley Orgánica del Régimen Electoral General y el resto del ordenamiento jurídico español.

  • Está claro que el gobierno de Puigdemont y Junqueras pretende aprovechar la circunstancial mayoría que tiene en el Parlament de Cataluña para tramitar y aprobar la “ley” por sorpresa este verano, con el aval de 72 diputados autonómicos que obtuvieron el 47,7% de los votos válidos y 36,8% del censo en las elecciones del 27-S, un número insuficiente incluso para reformar el Estatut de Cataluña. Se trata de una “ley” manifiestamente inconstitucional que ignora la división de poderes, invade las competencias de otras instancias del Estado y se sitúa por encima de la Constitución y el propio Estatut de Cataluña.
  • Puigdemont presentando la “ley suprema” en el Teatro Nacional de Cataluña.

    Con este audaz golpe de mano Puigdemont y Junqueras pretenden liquidar el Estado democrático social de Derecho y suspender los derechos constitucionales de los españoles empadronados en Cataluña. Constituye un despropósito jurídico sin parangón en ningún Estado democrático que intenta finiquitar en 48 horas con la democracia en Cataluña y dejarnos a los catalanes en una situación de indefensión ante la acumulación en manos de los 72 diputados secesionistas del poder ejecutivo, legislativo y judicial. La situación recuerda aquella famosa consigna que hizo celebre la revolución bolchevique: “Todo el poder para los soviets”.

  • El Parlament tras aprobar la resolución de inicio del proceso constituyente.

    ¿Cómo debemos responder los demócratas al órdago del gobierno de la Generalitat y del Parlament de Cataluña? Voy a suponer (aunque no está claro que vayan o puedan hacerlo) que el gobierno de la Generalidad y la banda de los 72 presentan y aprueban en 24 horas la llamada “ley del referéndum de autodeterminación” durante el mes de agosto. A continuación voy a sugerir algunas pautas para afrontar los acontecimientos que pueden presentarse hasta el 1-O:

  • Primero: en cuanto la “ley del referéndum” sea aprobada en el Parlament este verano, la Abogacía del Estado interpondrá en nombre del Gobierno de España el correspondiente recurso ante el Tribunal Constitucional (TC). Tal y como ha ocurrido con otras resoluciones del Parlament –inicio del proceso constituyente, conclusiones finales de la comisión de estudio de proceso constituyente, etc.- el recurso será admitido a trámite por el TC y la “ley” quedará inmediatamente suspendida: no existirá ninguna “ley suprema” que ampare las conductas delictivas.
  • Sede del Tribunal Constitucional.

    A partir de ese momento, todos los miembros del gobierno de la Generalitat y los diputados del Parlament que la hayan aprobado, así como aquellos que pretendan implementarla, habrán incurrido o incurrirán en delitos por los que tendrán que responder ante los Tribunales, como ha ocurrido en los casos del presidente Mas, los consejeros Homs, Ortega y Rigau, los diputados Forcadell, Nuet, Corominas y Simó y la consejera Borràs.Esperamos que a todos los que decidan seguir adelante y organizar el referéndum se les imputen, además de los delitos de desobediencia grave, usurpación de funciones y prevaricación, el delito de malversación de caudales públicos. En situación similar se hallarán también los funcionarios del gobierno de la Generalitat que elaboren el censo y los miembros de la “sindicatura electoral de Cataluña” que usurpen las funciones de la Junta Electoral Central y de las Juntas Electorales Provinciales de Cataluña, los organismos facultados por Ley Orgánica del Régimen Electoral General para garantizar la libre participación y la limpieza de los procesos electorales. Tampoco escaparán de la Justicia los cargos electos de los Ayuntamientos que pongan a disposición del gobierno de la Generalitat centros públicos para realizar el referéndum.

    Artur Mas junto a las exconselleras Joana Ortega e Irene Rigau en el banquillo.

  • Segundo: aunque es al Estado a quien corresponde enfrentarse al gobierno de la Generalitat y detener en seco la “ley del referéndum“, las asociaciones cívicas tenemos que estar junto al Gobierno, el TC y Las Cortes en este trance, y respaldar todas las medidas y autos que adopten para impedir la celebración del referéndum.
  • Tercero: las asociaciones cívicas tenemos además que estar preparadas para acosar con denuncias al gobierno de la Generalitat. La “ley del referéndum” deja en manos de la administración electoral del gobierno de la Generalitat, bajo supervisión de la “sindicatura electoral de Catalunya”, la elaboración del censo electoral y la designación de los presidentes y vocales de las mesas electorales. Se sigue de lo anterior que estos dos organismos tendrán que enviarnos nuestra tarjeta censal, e indicarnos, la sección y la mesa donde podemos votar, e incluso comunicarnos, en su caso, que hemos sido nombrados presidentes o vocales de mesa.
  • Puesto que el gobierno de la Generalitat carece de competencias para elaborar el censo electoral, una tarea que la Junta Electoral Central encomienda al Instituto Nacional de Estadística, los ciudadanos podremos presentar una denuncia en cuanto se nos comunique que nuestros datos personales figuran en un “censo” ilegal elaborado por el gobierno de la Generalitat. Ningún organismo administrativo puede obtener o disponer de nuestros datos personales, mucho menos la “sindicatura electoral de Catalunya” constituida al amparo de una “ley” suspendida por el TC. Tenemos que empapelar con denuncias el edificio del gobierno de la Generalitat en la Plaza de San Jaime el 6-D.
  • Así entienden la democracaia las diputados de la CUP rompiendo fotos del Rey en el Parlament de Cataluña.

    Cuarto: convendría pone en marcha campañas para denunciar el carácter antidemocrático del referéndum. Hay bastantes ciudadanos a los que se les ha convencido con atractivos eslóganes, como “derecho a decidir”, que estamos ante un legítimo ejercicio democrático avalado por el Derecho Internacional, la Constitución y hasta el Estatut. Hay que convencerlos de que los argumentos de los partidos y asociaciones secesionistas son falsos y que no deben participar en un referéndum que se salta las tres reglas básicas de la democracia: división de poderes, división de competencias e imperio de la Ley. La “ley del referéndum de autodeterminación” viola los tres. Todo un record.

  • Quinto: No estoy seguro que el referéndum llegue a realizarse el 1-O, como dan por hecho incluso personas tan poco sospechosas de connivencia con el secesionismo como (Arcadi) Espada. Sáenz de Santamaría y el propio Rajoy han reiterado que el referéndum no se hará y confío en que así sea. Sería un éxito importante del Gobierno de España, tanto a nivel nacional como internacional, impedirlo. Para ello, el Gobierno ,además de recurrir al TC la “ley del referéndum”, debería permanecer invigilando y seguir muy de cerca todos los movimientos de consejeros y diputados para impedir que compren las urnas, que editen las papeletas, que hagan campañas institucionales en favor de la participación, que cedan espacios públicos, etc. Junqueras, vicepresidente del gobierno de la Generalitat, y Romeva, consejero de asuntos exteriores y relaciones institucionales, han manifestado su dispoción a responsabilizarse de la adquisición de las urnas; y Colau, la alcaldesa de Barcelona, ha indicado que el Ayuntamiento de Barcelona colaborará para que el 1-O sea un éxito. Pues bien, convendría que advertirles a los tres que si hacen lo que anuncian incurrirán en varios delitos.

    Mas burlánose del gobierno español y del Tribunal Constitucional el 9 de noviembre de 2014 ante la embelesada mirada de su esposa.

  • Sexto: ¿qué debemos hacer los ciudadanos el día 1? No hace falta deciros que no hay que ir a votar. En el hipotético caso de que llegaran a abrirse algunos centros de votación en nuestra ciudad, aconsejo acercarnos al centro que se nos haya asignado en la tarjeta censal para constatar si nuestro nombre figura en el censo. En ese caso, podemos dirigirnos a la comisaría más próxima y denunciar al presidente de la mesa.
  • Concentración de alcaldes de la AMI ante el Parlament de Cataluña para respaldar a los encausados.

    Séptimo: si el referéndum no se celebra, como esperamos y seria deseable, no puede descartarse que Puigdemont se encierre junto con los dirigentes de la CUP y los líderes de las asociaciones secesionistas en el Parlament de Cataluña para escenificar su protesta por la falta de democracia. Podrían incluso convocar a las huestes juveniles de los partidos  (JERC, Arran, etc.) a rodear el edificio en la Ciudadela para defender a sus corajudos líderes. No creo que aguanten mucho tiempo y la estrategia más inteligente, si llegamos a esta situación, tal vez sea dejarles que se conviertan en okupas del Parlament (sin sueldo) durante unos días para que se despedacen entre ellos.

Los diputados de C’s y PP abandonan el pleno del pleno del Parlament antes de votarse las conclusiones de la Comisión para el inicio de el 27 de julio de 2016.

Amigos, el día 1 pasará a mejor vida pero lo que no pasará es el odio y la ponzoña que han sembrado en contra del esperanzador proyecto de una España democrática en la que, por fin, cabemos todos los ciudadanos y todos, con independencia de nuestras creencias religiosas e ideología política, somos libres e iguales ante la ley. Para superar  esta gravísima situación, necesitamos contar con un gobierno al frente de la Generalidad que devuelva a la educación y los medios de comunicación la independencia que nunca debieron perder y utilice el dinero de todos para proporcionar mejores servicios. Antes de que proclamen su república monstruosa, tenemos que desalojarlos de la antigua plaza de la Republica.

Muchas gracias por su atención.

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¿Hay que ilegalizar la AMI?

Artículo publicado en el diario Expansión el 29 de junio de 2017

AMI: asamblea general en Palamós, 3 de marzo de 2017.

La Associació de Municipis per l’Independencia (AMI) se constituyó en el año 2011 al  calor de las “consultes per l’independencia” que se iniciaron en Arenys de Munt el 14 de septiembre de 2009 y culminaron en Barcelona el 10 de abril de 2011. La AMI “está formada por instituciones que representan el mundo local y tiene como principal objetivo sumar esfuerzos para conseguir, en un futuro cercano, la creación de un Estado propio para Cataluña en el marco de la Unión Europea”. En un recuadro de su página de Internet se subraya “que se trata de un movimiento que aglutina todas las sensibilidades políticas y trabaja única y exclusivamente por la independencia de Cataluña”, un objetivo a todas luces imposible de encajar en nuestro ordenamiento constitucional.

Una asociación anticonstitucional

Según el último informe de gestión de 2015 (presentado el 8 de abril de 2016), la AMI está integrada por 785 Ayuntamientos catalanes, las 4 Diputaciones Provinciales, 35 Consejos comarcales, 9 Entidades Municipales Descentralizadas y 1 consorcio. La mayoría de alcaldes en municipios adheridos a la AMI pertenecen a CDC (381) y ERC (239), aunque hay también 15 con alcaldes del PSC y la población de sus municipios alcanza el 43,65% de Cataluña. Este informe (como los anteriores) proporciona una información exhaustiva de las reuniones, resoluciones y campañas desarrolladas para promover la secesión de Cataluña. Veamos algunos de sus hitos recientes más significativos.

Vila d’Abadal, primer presidente de la AMI en el acto de firma de la hoja de ruta acordada por Mas y Junqueras el 30 de marzo de 2015. Junto a ellos, Forcadell, presidenta de la ANC, y Casals, presidenta de Omnium Cultural.

En una reunión celebrada en el Palau de la Generalitat el 30 de marzo de 2015, Vila d’Abadal, alcalde de Vic y primer presidente de la AMI, firmó, junto al presidente Mas (CDC), Junqueras (ERC), Forcadell (ANC) y Casals (Omnium Cultural) el documento “Hoja de ruta” del proceso unitario soberanista catalán, donde se detallaban los pasos a dar para alcanzar la independencia en 18 meses contados a partir de las elecciones del 27 de septiembre. Unos meses después, ya con Carles Puigdemont como presidente, la AMI aprobó una moción de apoyo a la resolución I/XI de inicio del proceso constituyente que había sido aprobada en el Parlament el 9 de noviembre de 2015 y el TC declaró nula el 2 de diciembre.

Puigdemont, segundo presidente de la Asociación de Municipios Indepedencia.

 

Los diputados de C’s y el PP abandonan el pleno del pleno del Parlament antes de votarse las conclusiones finales de la comisión de estudio del proceso constituyente el 27 de julio de 2016.

El 27 de julio de 2016, se votaron en el Parlament las “Conclusiones finales” de la “comissió d’estudi del process constituent”. La presidenta Forcadell y cuatro vocales de la mesa de portavoces (Barrufet, Corominas, Nuet y Simó) están siendo investigados por llevarlas al Pleno, ignorando la opinión contraria de los letrados del Parlament y las reiteradas advertencias del TC. Lloveras, tercera presidenta de la AMI, asistió a esa ‘histórica’ sesión y “celebraba, al final de la votación, que el proceso de construcción de una nueva república dé un paso «cumpliendo los pasos que se habían fijado»”.

Lluis LLach, el hombre de la estaca: antaño cantautor, hoy ‘bienpagao’ inquisidor.

Lloveras, presidenta de la AMI, con Sánchez, presidente de la ANC, y Cuixart, presidente de Omnium Cultural, el 26 de julio de 2016 en el Parlament.

En varias ocasiones, la AMI ha movilizado a sus alcaldes y concejales ante la sede del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para arropar a los encausados por la consulta del 9-N (Mas, Ortega y Rigau) y a los diputados que desobedecieron al TC. A principios de mayo, Lloveras declaró tras una reunión de la Comisión ejecutiva “estar preparados para tener «una implicación activa» en cuanto «se apriete el botón del play» del referéndum en las próximas semanas”.

Mas acude a declarar ante el TSJC el 15 de octubre de 2015, arropado por los alcaldes de la AMI.

Reunión de la comisión ejecutiva de la AMI, presidida por Lloveras, en Tàrrega el 4 mayo 2016: estamos listos para cuando se apriete el “play”.

Tras el anuncio hecho por Puigdemont de la fecha y la pregunta del referéndum, la AMI ha anunciado que “como agentes locales, nos ponemos a la disposición del gobierno catalán y el Parlament para todo que pueda requerir para esta cita con las urnas… El mundo local asumirá aquellas responsabilidades que le sean requeridas”. De momento, la AMI y la Asociación catalana de Municipios (ACM) han convocado el 1 de julio de 2017 a los representantes de los municipios adheridos para escenificar, en el Paraninfo de la Universidad de Barcelona, su apoyo al proceso secesionista: “queremos que los alcaldes vengan a mostrar su compromiso con la celebración del referéndum y el derecho a decidir del pueblo catalán. No queremos continuar con las imposiciones del gobierno español”.

Desmantelar la AMI

Lloveras, tercera presidenta de la AMI, junto al presidente de la Asociación Catalana de Municipios, presentando el acto que se celebrará en el Paraninfo de la Universidad de Barcelona el 1 de julio de 2017 .

No nos dejemos engañar por estas apelaciones vacías al ‘pueblo’ de Cataluña y a la democracia refrendaria. No estamos ante imposiciones arbitrarias del “gobierno español”, como la AMI da a entender, sino ante una Constitución refrendada por todos los ciudadanos, unas normas democráticamente aprobadas a las que los poderes públicos están sujetos, y unas sentencias que todos hemos de acatar. Lo que resulta profundamente antidemocrático es que el gobierno de la Generalitat y dos grupos parlamentarios, Junts pel Sí y CUP-CC que cuentan con una exigua mayoría –insuficiente incluso para reformar el Estatut de Autonomía de Cataluña–, pretendan realizar un referéndum inconstitucional que el Congreso rechazó por una mayoría abrumadora el 8 de abril de 2014, y ratificó el pasado 17 de mayo.

Puigdemont, segundo presidente de la Associació de Municipis per l’Independencia, dirigiéndose ya como presidente del gobierno de la Generalitat a la asamblea de la AMI en 2017.

Como ciudadano español y europeo que vivo y trabajo en Cataluña me pregunto cómo es posible que la AMI desarrollado su actividad y extendiendo sus redes impunemente. ¿Acaso los miembros de la Comisión Ejecutiva de la AMI, con sus tres presidentes a la cabeza –Vila d’Abadal, Puigdemont y Lloveras– no han incurrido en los mismos delitos que han producido la inhabilitación del ex-presidente Mas y los exconsejeros Homs, Ortega y Rigau?  Y, ¿qué decir de los concejales que al tomar posesión de sus actas y jurar sus cargos añadieron, a instancias de la AMI, “estoy a disposición del gobierno de la Generalitat de Cataluña que surja de las elecciones del 27 de septiembre de 2015, para ejercer la autodeterminación de nuestro pueblo y proclamar, juntamente con todas nuestras instituciones, EL ESTADO CATALÁN LIBRE Y SOBERANO”?

Los Ayuntamientos por la independencia.

Informes de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local por la Independencia.

Hay también otro asunto de capital importancia cuya legalidad convendría examinar. Según los Estatutos de la AMI, los municipios asociados “han de contribuir al sostenimiento económico de la asociación satisfaciendo al menos la cuota [ordinaria] establecida” que fija el Consejo Directivo  “teniendo en cuenta la población de cada entidad asociada”. En otras palabras, sus actividades anticonstitucionales las financiamos los ciudadanos con los impuestos y tasas que ingresan los Ayuntamientos. ¿No estamos ante un caso flagrante de malversación de caudales públicos? Cabe incluso preguntarse si Ayuntamientos y Diputaciones, en tanto que entidades de derecho, pueden adherirse a una asociación cuyo objetivo central –lograr la independencia de Cataluña– y los medios que propugna para alcanzarlo –celebrar un referéndum de autodeterminación ilegal– han sido declarados inconstitucionales.

Congreso de los Diputados: histórica sesión plenaria del 8 de abril 2014 en la que se rechazó la pretensión de algunos partidos catalanes de que se transfiriese al gobierno de la Generalitat  la potestad de celebrar un referéndum de autodeterminación.

Cataluña vive una situación insurreccional, similar a la que había en El País Vasco en 2003 antes de la ilegalización del partido Herri Batasuna y otras organizaciones afines a ETA. El argumento que entonces se dio para ilegalizarlas fue precisamente “la utilización por la banda terrorista ETA del apoyo de partidos políticos, cuyo amparo se encuentra precisamente en el funcionamiento del propio Estado de Derecho y los postulados de la Constitución, cuyo sustento y bases pretende destruir”. En Cataluña no existe ETA pero sí partidos políticos y asociaciones, como la AMI, que amparadas en el funcionamiento del Estado de Derecho pretenden destruir sus bases. El mantenimiento del orden constitucional exige actuar con firmeza frente a ellos y descartar cualquier tentación de hacer hoy concesiones que lamentaremos mañana. Queda poco tiempo.

Cartel anunciador del acto del 1 de julio de 2017.

Forcadell arropada por Puigdemont y Junqueras y el Orfeó Secesionista, ante la sede del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

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El 12-O… EnMarcha

El 28 de junio de 2017, los representantes de las asociaciones que han organizado la celebración de la Fiesta Nacional de España en la Plaza de Cataluña de Barcelona desde 2012 nos reunimos, por segunda vez, para reafirmar nuestro compromiso de realizar un acto unitario el próximo 12 de octubre de 2017. La celebración incluirá, como en otros años, una manifestación que recorrerá el Paseo de Gracia y finalizará en Plaza de Cataluña, donde se desarrollará un acto de reafirmación política seguido por el desfile de comparsas hispanoamericanas que simbolizan los fraternales lazos que unen a los pueblos de las dos márgenes del Atlántico.

 

 

Puigdemont anunciando la pregunta y la pregunta del referéndum el 6 de junio en la sede del gobierno la Generalitat. Munté, Forcadell y Junqueras aplaudiendo.

Ni el anuncio hecho por Puigdemont de  la celebración de un referéndum el próximo 1 de octubre, ni la intención de aprobar con nocturnidad y alevosía las leyes de “desconexión” en el Parlament en los próximos meses, ni la amenaza del “hombre de la estaca” (Lluis Llach, antaño cantautor, hoy “bien pagao” inquisidor)  de que la Generalitat sancionará a los funcionarios díscolos que incumplan la llamada “ley de transitoriedad jurídica” podrán impedir que salgamos a la calle a festejar casi  cuatro décadas de libertad, concordia y prosperidad.

Puigdemont reunido con Gabriel y Boya, dos dirigentes del partido anticapitalista y antisistema CUP-CC en el palacio del gobierno de la Generalitat.

 

Llach, antaño cantautor y hoy ‘bien pagao’ inquisidor, presidiendo junto a Serra (CUP-CC) la comisión de estudio del proceso constituyente.

De momento, queremos enviar un mensaje claro y nítido a quienes no respetan el derecho constitucional a la libertad de expresión ni la cooficialidad de la lengua mayoritaria de los catalanes; a quienes dedican todas sus energías a emponzoñar con falsedades y medias verdades la historia compartida y a desfigurar la realidad social hasta límites grotescos; a quienes amenazan con saltarse las leyes democráticamente aprobadas y se jactan de desacatar las sentencias de los Tribunales: sepan que no les vamos a dar tregua y que por mucho que nos opriman y amenacen no nos moverán. El 12-O, todos a Paseo de Gracia y Plaza de Cataluña.

12-O, 2016. Cabecera de la manifestación.

Clemente Polo durante su intervención en la Plaza de Cataluña el 12 de octubre de 2016.

 

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Espanya i Catalans ante el referéndum de autodeterminación

Puigdemont y Junqueras tras anunciar la convocatoria del referéndum de autodeterminación a celebrar el 1 de octubre de 2017.

El vicepresidente Junqueras y el  presidente Puigdemont han comparecido hoy ante los medios de comunicación para anunciar su intención de celebrar un referéndum de autodeterminación en la Comunidad Autónoma de Cataluña el próximo 1 de octubre. “¿Quiere que Cataluña sea un estado independiente en forma de república?” es la pregunta que el consejo del gobierno de la Generalitat ha acordado, en una reunión extraordinaria, plantear a los ciudadanos catalanes.

 

 

Mas y Homs con el resto de la comparsa ante la falla del 3%.

Acorralados por la corrupción y el desgobierno, Puigdemont y Junqueras han decidido saltarse a la torera la legalidad vigente y desacatar las sentencias de los Tribunales contrarias a sus intereses partidistas. En la presente situación, resulta oportuno recordar el Art. 9 de nuestra Constitución que declara solemnemente que “los ciudadanos y poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico”.  Pues bien, uno de esos poderes públicos son las instituciones de la Generalitat de Catalunya.

Logo de la asociación Regeneración Democrática.

 

El movimiento cívico Espanya i Catalans (EiC) quiere manifestar su repulsa ante una decisión deliberadamente anticonstitucional que pone en riesgo la libertad, la concordia y la prosperidad que disfrutamos todos los ciudadanos españoles desde 1978, así como el normal funcionamiento de las instituciones de autogobierno de Cataluña. Por ello, nuestra asociación solicita al gobierno de España, a Las Cortes y a los Tribunales que adopten todas las iniciativas necesarias para asegurar el mantenimiento del orden constitucional, al tiempo que anuncia que volveremos a celebrar la Fiesta Nacional de España en la Plaza de Cataluña de Barcelona el próximo 12 de octubre. No nos amedrentarán con sus amenazas.

Fiesta Nacional de España, 12 de octubre de 2016 en Barcelona.

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El retablo de la corrupción de CDC

Artículo publicado en el diario Expansión el 21 de marzo de 2017

Millet y Montull en el banquillo. Ambos han confesado en la Audiencia de Barcelona que CDC recibía a través del Palau el 3 % de empresas a las que adjudicaba obras.

La semana pasada pudimos al fin escuchar las declaraciones de los tres saqueadores confesos del Palau de la Música en la vista oral que se está celebrando de Barcelona para decantar sus responsabilidades y las de los líderes de Convergencia Democràtica de Catalunya (CDC), el partido de Pujol, Mas y Puigdemont. Primero declaró el Sr. Millet, otrora poderoso amo del Consorci del Palau de la Música Catalana, la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música y la Associació Orfeó Català; a continuación lo hizo el Sr. Montull, gerente del Consorci y mano derecha del Sr. Millet; y, finalmente, declaró la Sra. Montull, hija del Sr. Montull y directora financiera. No deja de ser paradójico que la vista se esté celebrando en la Ciudad de la Justicia, una de las obras adjudicadas por Pujol y Mas en las que Millet y el Palau actuaron, según reconocieron, como recaudadores del famoso 3% para CDC.

Millet recibiendo de Pujol la orden de Sant Jordi.

Caso Palau-CDC

Gemma Montull.

Los tres imputados coincidieron en confirmar el papel de intermediarios que Millet y el Palau desempeñaron entre empresas que, como Ferrovial, patrocinaban la institución musical, y CDC, y confirmaron las sospechas de que las burdas prácticas contables e irregularidades manifiestas constatadas en la gestión del Palau y sus fundaciones no pudieron perpetrarse sin la connivencia de los líderes convergentes. En mi artículo “Dos bobos muy listos… y sus cómplices nacionalistas” publicado el 23 de noviembre de 2009, ya apuntaba que “los Sres. Millet y Montull tuvieron también que contar con la complicidad de todos los responsables de las Consejerías de Cultura y Economía y Finanzas de la Generalitat que ignoraron las relevantes irregularidades que presentaban las cuentas del Consorci y de la Fundació y las salvedades y anomalías recogidas en las auditorías y los informes de la Sindicatura de Cuentas” que fueron elevados al gobierno que presidía Pujol y del que Mas era su primer consejero. Las declaraciones del Sr. Montull ante el juez instructor relatando cómo se hacían pagos en metálico a orquestas y comisionistas revelaban unas prácticas inconcebibles en una institución semipública.

El Sr. Vilajoana, responsable de la Consellería de Cultura cuando se produjeron los hechos comentó que las advertencias fueron ignoradas porque “la Fundación del Palau tenía resultados positivos”. Al Capone también. Y el todavía honorable president Pujol achacó todo a un “gran despiste” muy sospechoso, añadiría, porque “mientras los dirigentes de Convergencia Democrática de Cataluña (CDC) sufrían ‘un gran despiste’, la Fundación Trías Fargas recibía fondos de la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música a cuenta de convenios de colaboración ficticios. Quizá Pujol organizaba cursos para los miembros del Orfeó  donde explicaba lo importante que era mantener la boca cerrada. Hoy sabemos que, además de los impostados convenios de colaboración, el Palau financiaba a CDC abonando facturas con gastos de campañas electorales y con la entrega de sobres con dinero que recogían el Sr. Torrent, tesorero de CDC fallecido en 2005, y el Sr. Osàcar, secretario personal de Mas (2000-2005) y tesorero de CDC y sus fundaciones Trias-Fargas y Cat-Dem desde 2005 hasta su imputación en 2011.

Mas abraza a su secretario personal (2000-2005) y tesorero de CDC (2005-2011), Daniel Osàcar, imputado por financiación ilegal de CDC, tras ganar las elecciones del 28N en 2010.

Turull, Homs y (Oriol) Pujol arropando a Osácar en dependencias del Parlament. Osácar fue consejero personal de Mas entre 2000 y 2005 y Tesorero de CDC desde 2005 a 2011.

Caso Pujol

No es éste el único frente judicial que tienen abierto los líderes de CDC. Está, en primer lugar, el proceso, todavía en fase de instrucción, contra la ‘famiglia’ Pujol al completo que ha ido creciendo desde que el padre desvelara en julio de 2014 que había mantenido una fortuna oculta al fisco en paraísos fiscales durante 34 años, y ha acabado con la imputación de todos los miembros del clan familiar, incluida la madre guardiana de las esencias de la catalanidad. La Fiscalía Anticorrupción imputa al primogénito, Jordi Pujol Ferrusola, constituir una organización criminal para delinquir y blanquear dinero. Resulta también paradójico que el hombre que vació Banca Catalana pero logró salir indemne envolviéndose en la bandera cuatribarrada haya acabado su vida política engullido por el fango de la corrupción estrellada.

Pujol abroncando a los diputados en su comparecencia en el Parlament en la que se negó a aclarar el origen de los fondos que mantuvo en paraísos fiscales durante 34 años.

El vals de Mas con Pujol en el último congreso de CDC, antes de la caída del padre fundador.

Pujol fue el mentor político y el hombre que pasó a Mas las claves de acceso al poder convergente hace unos años. Primero, lo puso al frente de la consejería de Política Territorial (1995-1997), encargada de decidir las adjudicaciones de obras públicas; más tarde, premió su buen hacer entregándole la consejería de Economía (1997-2001); y, por último, lo nombró primer Consejero en el último gobierno presidido por Pujol (2001-2003). Las declaraciones de Millet y Montull que implican a los tesoreros Torrent y Osàcar ponen de manifiesto que Mas ha mentido a los catalanes al negar repetidamente que su partido se financió exigiendo a las empresas la comisión del 3% que ya el president Maragall denunció en el Parlament de Cataluña en 2005.

Caso Vendrell

Viloca, tesorero de CDC y la fundación CAT-Dem, detenido por agentes de la Guardia Civil.

¿Qué ha ocurrido en los últimos años? ¿Rectificó CDC después de destaparse el caso Palau-CDC en julio de 2009? La causa que se está instruyendo en los juzgados del Vendrell a instancias de una denuncia realizada por una concejal de Esquerra Republicana de Catalunya en el Ayuntamiento de Torredembarra indica que el partido de Mas y Puigdemont siguió empleando las mismas prácticas ilícitas para financiarse tras ganar las elecciones autonómicas en 2010 y acceder de nuevo al gobierno de la Generalitat. La instrucción de esta causa ya ha producido la detención en dos ocasiones de Viloca, el tesorero de CDC que sustituyó a Osàcar tras su imputación en 2011. En los registros efectuados en la sede del partido se requisó abundante documentación, incluidos restos de documentos triturados que han podido reconstruirse y demuestran que altos responsables del partido de Mas se reunieron con directivos de empresas para negociar comisiones destinadas a financiar a CDC rebautizada como PDE-Cat.

Mas con Gordó, consejero de Justicia de Mas.

Según informaciones publicadas, la Fiscalía Anticorrupción considera que Gordó, consejero de Justicia de Mas, actuó como ‘conseguidor o recaudador’. En concreto, están bajo sospecha diversas obras adjudicadas por el Consorcio de Educación, trabajos en un dique en el Puerto de Barcelona, la mejora de la carretera C-55, la remodelación de la plaza de les Glòries cuando Trias era alcalde de Barcelona y la construcción de un instituto en Manresa. La Fiscalía investiga también la relación de Puigdemont con el empresario Bassols y la trama del 3% cuando era alcalde de Gerona.

Puigdemont, alcalde de Gerona, en su época de ‘recaudador’ con el empresario Bassols ‘fem país’ en el Camp Nou.

Retablo mayor

Mas y Homs con el resto de la comparsa ante la falla del 3%.

Estos tres casos judiciales conforman el retablo mayor de la Corrupción que tallaron los maestros Pujol y Mas en el taller de CDC con sus ayudantes (Torrents, Osàcar, Viloca, Millet, Montull, etc.), aprendices (Puigdemont, Gordó, etc.) y patrocinadores (empresarios y directivos). Una vez descorrida la tela que lo ocultaba, hemos visto a los dirigentes convergentes con las manos en la masa. A Pujol, Mas, Homs y Puigdemont no les queda otra que desacreditar el sistema judicial español con toda clase de aspavientos y declaraciones extemporáneas sobre la calidad de nuestra democracia y convencer a ERC y CUP de la necesidad de proclamar la república catalana a cambio de impunidad para los suyos. La CUP les apoyará una vez más, y Junqueras y ERC tendrán que sopesar si se tiran al monte en tan dudosa compañía o exigen a Puigdemont convocar elecciones para recoger la cosecha.

Fernández, alias ‘sandalia voladora’, rabioso e incorruptible antisistema y anticapitalista de la CUP-CC, arrodillado ante Mas, alias ‘mentón altivo’.

Puigdemont y Gabriel (CUP-CD) celebrando su acuerdo para constituir una república independiente saltándose el orden constitucional.

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