Archivo de la etiqueta: Puigdemont

155, ¿para qué?

Artículo publicado en el diario Expansión el 19 de octubre de 2017

Puigdemont firmando la declaración de independencia en el auditorio del Parlament el 10 de octubre de 2017.

La contestación de Puigdemont al requerimiento del Gobierno de que aclarase si declaró o no la independencia de Cataluña en su comparecencia en el pleno del Parlament el 10 de octubre llegó al filo de las 10 de la mañana del 16, poco antes de que expirara el plazo de 4 días concedido. No tengo ninguna duda de que Puigdemont consumirá también el plazo de 3 días que restan para que el Gobierno aplique el artículo 155 de la Constitución que tanta notoriedad ha adquirido en las últimas semanas. Se trata de un artículo muy abierto que establece que “si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en caso de no ser atendido con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar todas las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general”.

Incumplimiento flagrante

Tras votar la ‘ley’ del referéndum de autodeterminación con el Parlament semivacío. Una diputada de Colau retirando las banderas de España.

A estas alturas, la inmensa mayoría de los ciudadanos no tiene ninguna duda de que el gobierno de la Generalitat y la mayoría de Junts pel Sí y CUP que lo sostiene en el Parlament han incumplido la Constitución, el Estatut y otras leyes del ordenamiento jurídico, entre las cuales podrían citarse la Ley Orgánica del Régimen Electoral General y la Ley de Seguridad Nacional. Lo han hecho, además, con plena conciencia y de manera reiterada al aprobar sucesivas resoluciones e incluso leyes que, como la “ley del referéndum de autodeterminación”, aprobada el 6 de septiembre, instauraba un estado de excepción y anulaba cualquier norma con que pudiera entrar en conflicto, y sobre cuya patente inconstitucionalidad habían sido advertidos por tanto por el Tribunal Constitucional como por los letrados del Parlament. Dos días después, el Parlament aprobó la “ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la república” que regulaba el proceso constituyente a poner en marcha tras la celebración del referéndum.

El gobierno que preside Puigdemont está fuera de la ley al menos desde el 6 de septiembre, incluso si se concede que el “asumo el mandato del pueblo para que Cataluña se convierta en un Estado independiente en forma de república”, no constituye lo que a todas luces pretendió ser, una declaración unilateral de independencia, suspendida unos segundos después por el propio Puigdemont para abrir un período de negociación de dos meses con el Gobierno. Cada día que pasa, resulta más evidente que el gobierno de la Generalitat está en manos de agitadores irresponsables que cuentan con insuficiente respaldo social y político en Cataluña, en España, en la UE y en la ONU, de ahí su desesperada pirueta de proclamar la república, suspenderla y apelar a una imposible negociación con mediadores internacionales.

Su descabellado plan consiste en aumentar la inestabilidad política en España con la vana esperanza de que los daños colaterales –caídas en bolsa, subida de la prima de riesgo, huida de la inversión extranjera, etc.– eleven la presión internacional sobre el Gobierno español y éste se avenga a negociar la independencia de Cataluña. De momento, sólo han conseguido que las principales entidades financieras y centenares de empresas no financieras –incluidas algunas que habían mostrado simpatía hacia al locuaz gobierno de la Generalitat– hayan trasladado su sede social a otras CC. AA., y que el turismo internacional haya caído en picado. ¿De veras creen Puigdemont y Junqueras que un empeoramiento de las perspectivas económicas de España amenizado con caceroladas va a granjearles simpatía alguna en las instituciones de la UE? Nadie verá nunca con buenos ojos a un gobierno regional que además de incumplir la ley pretende revisar las fronteras históricas de España y Francia.

Comisión Europea en Bruselas.

155 Sí o Sí

La vicepresidenta del Gobierno denunciando la bochornosa sesión en el Parlament el 6 de septiembre de 2017.

El Gobierno tendrá que aplicar el artículo 155 el próximo jueves, bien porque Puigdemont levante la suspensión de la declaración de independencia en el último minuto, bien como es más probable porque deje pasar el plazo reiterando su ofrecimiento de reunirse con Rajoy para negociar los términos de la independencia. Pocos deben estar al tanto de la secuencia de medidas que adoptará el Gobierno para restaurar el orden constitucional, aunque tras la experiencia del 21-S y el 1-O espero que no esperen colaboración leal de los Mozos que, presumo, volverán a actuar como fuerzas de interposición para asegurar el éxito de la huelga general y la consiguiente toma de las calles por los ‘comités de defensa del referéndum’ (CDR), reconvertidos en ‘comités de defensa de la república’, integrados por militantes de la ANC-ERC, Omnium-PDE-Cat y CUP. Más dudas existen sobre la capacidad de estas células para hacerse con el control de fronteras, aeropuertos y puertos, centrales eléctricas, etc., acciones contempladas en documentos de la ANC y CUP.

Miembros de Arran y CUP quemando las banderas de España, Francia y la UE el 11 de septiembre de 2017.

En cuanto al alcance de las medidas a adoptar tras invocarse el artículo 155, hay notables disensiones dentro del bando constitucionalista. Ciudadanos pretende que el Gobierno lo utilice para convocar elecciones inmediatamente, incluso a riesgo de que la composición del Parlament resulte similar a la actual. El PSOE, por su parte, ha manifestado que exigirá consensuar el alcance y la duración de cada una de las medidas. El PP es el único partido que defiende, sin más, aplicar las medidas necesarias para restablecer el orden constitucional. Pero si la salida de la gravísima situación a que hemos llegado exige adoptar una medida evidentemente extraordinaria, aunque contemplada en la Constitución, resultaría una incongruencia no atajar las circunstancias que nos abocaron a ello y encontrarnos de aquí a unos meses en parecida situación.

Rajoy con Sánchez en La Moncloa el 7 de septiembre de 2017.

Mozos de Escuadra increpando a efectivos de la Policía Nacional el 1-O.

Sin pretender ser exhaustivo, enumeraré cuatro o cinco objetivos esenciales para este período de transición. Primero, asegurar la neutralidad política de los Mozos de Escuadra y establecer una línea de mando que asegure su compromiso inequívoco con el mantenimiento del orden constitucional y su coordinación con el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Segundo, constatar que la Generalitat no ha desviado recursos públicos a financiar directa o indirectamente actividades inconstitucionales y establecer mecanismos de control del gasto que lo dificulten en el futuro. Tercero, establecer límites muy precisos a las actividades de la consejería de relaciones ‘exteriores’ que todavía dirige Romeva, y proceder a desmantelar las ‘embajadas’ y el consorcio Diplocat. Cuarto, examinar las finanzas del entramado mediático (TV3, Catalunya Radio, televisiones y radios locales, etc.) y asociativo (ANC, Omnium, AMI y AMC) que han patrocinado activamente el proceso de secesión desde al menos septiembre de 2009. Quinto, asegurar la neutralidad del sistema educativo incluyendo el castellano como lengua vehicular y adoptando medidas para impedir la incitación al odio y el adoctrinamiento en los centros escolares y libros de texto.

Sánchez, presidente de la ANC, con Cuixart, presidente de Omnium Cultural, conocida también como Odium Gutural.

 

Los acosadores de Balaguer. “Escuela en catalán no acatamos”.

 

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Del chantaje a la tregua y al pánico

Artículo publicado en el diario Expansión el 11 de octubre de 2017

La histórica manifestación que tuvo lugar el 8 de octubre en Barcelona, respaldada por todas las asociaciones que han organizado las celebraciones de la Fiesta Nacional del 12 de octubre en Barcelona desde 2012, permitió constatar que la mayoría de los catalanes, respetuosos y callados hasta ahora, están dispuestos a defender la Constitución y el Estatut de Cataluña. Centenares de miles salieron a la calle, convocados en pocas horas, para reclamar “Democracia, Democracia, Democracia”, como rezaba una de las pancartas, y agradecer la sacrificada labor de la Guardia Civil y la Policía Nacional que la están defendiendo en circunstancias dificilísimas, mientras los mandos de los Mozos de Escuadra respaldan el golpe de estado que se inició el 6 de septiembre en el Parlament de Cataluña. La prepotente televisión del régimen (TV3), en un gesto que la acerca todavía más a las de Honecker y Ceacescu, afirmó que la manifestación había sido convocada por organizaciones de ultraderecha y Falange. ¡Qué más quisieran! No, señores, no: esto va de libertad y democracia, amordazadas y secuestradas por el régimen nacional-secesionista, cuya falta de respeto al pluralismo político lo acerca más, cada día que pasa, a los opresivos regímenes totalitarios.

Efectivos de la Guardia Civil abandonando los hoteles mientras son acosados.

Del chantaje a la tregua

Puigdemont con todos sus consejeros en su comparecencia la noche del 1-O.

La noche del 1-O, Puigdemont compareció ante los medios con su gobierno en pleno para anunciar que ‘millones de catalanes’ habían votado –nadie sabe cuántos, dónde ni cuántas veces–  y el ‘pueblo’ de Cataluña se había ganado el derecho a tener un estado propio en forma de república. ¿Será cierto que la finalidad última de todas las decisiones irresponsables que han ido adoptando Mas y Puigedemont en los últimos años era forzar al Gobierno de España a aceptar una mediación internacional? ¿En serio pensaban que la violencia desplegada por los comités de defensa del referéndum (CDR) –organizados por ERC-ANC, CDC-Omnium y CUP– el 1-O iba a inclinar a su favor la balanza? Da miedo pensar que desconocen hasta ese punto la fortaleza del Estado de Derecho y cómo funcionan la UE, en particular, y la comunidad internacional, en general.

Ejemplar comportamiento democrático en el 1-O.

Mas votando el 1-O.

El 6 de octubre, Mas sorprendía, tal vez más a propios que a extraños, con unas declaraciones en las que reconocía que Cataluña no está preparada para la “independencia real”. ¿Para la virtual, entonces, Sr. Mas? ¿Acaso los análisis del Consell Assesor per la Transició Nacional que aseguraban que todo estaba a punto para convertir Cataluña en la Holanda del Sur o Dinamarca eran sólo una broma pesada? ¿No han completado ya con la Agencia Tributaria y la Agencia de Protección Social la arquitectura de la república? ¿A qué esperan para repartir los 44 millones del dividendo fiscal que el AVE se lleva a Madrid cada día? Seguro que a más de un catalán que escuchó a Mas afirmar que los bancos no sólo no se marcharían sino que se darían codazos por venir a Cataluña, se le habrá quedado cara de bobo estos días al ver como Sabadell y

Sede central de "la Caixa" en Barcelona.

Sede central de “la Caixa” en Barcelona.

Caixabank hacían las maletas. Mas y Puigdemont han vuelto a engañar miserablemente a los ingenuos ciudadanos que votaron el 9-N y acudieron de nuevo a votar el 1-O.

Vila, consejero de Empresa, pidiendo una tregua.

Vila, consejero de Empresa y corresponsable de todas las iniciativas del gobierno de Puigdemont, ha pedido una tregua para dar una última oportunidad al diálogo antes de declarar unilateralmente la independencia. Algunos quizá habrán visto en este gesto un atisbo de recuperación del sentido común por parte de un miembro del gobierno de la Generalitat. Craso error porque, quienes han provocado esta confrontación que se ha llevado por delante la convivencia y amenaza la recuperación económica, sólo pretenden ganar tiempo para seguir controlando la caja de la Generalitat y volver a las andadas en cuanto se presente una coyuntura favorable. Estamos ante una pandilla de agitadores irresponsables que llevan demasiados años jugando con los sentimientos de los ciudadanos y tensando la vida pública hasta límites insoportables e inadmisibles en democracia. Ahora que ven las orejas al lobo, sacan bandera blanca. Demasiado tarde, apechuguen con las consecuencias.

Puigdemont, Junqueras y Mas desafiando al TSJC.

Sálvese quien pueda

La desbandada de entidades financieras, empresas no financieras y salida de capitales que está produciéndose en Cataluña durante los últimos días demuestra que las alertas que lanzábamos algunos economistas desde hace bastantes años no pretendían asustar a los catalanes –agitadores del miedo era la expresión con la que nos descalificaban nuestros colegas partidarios de la independencia–, sino advertirles que la secesión era un pésimo negocio. Cataluña ha tenido su principal mercado en el resto de España durante casi tres siglos y la diversificación del comercio que se ha producido, tras la adhesión de España a la CEE en 1986 y la puesta en marcha del Mercado Único en 1992, si bien la han mitigado, no ha alterado sustancialmente la situación. El resto de España sigue siendo a gran distancia el principal destino de las exportaciones de bienes y servicios producidos en Cataluña y el saldo acumulado de la balanza de bienes y servicios con España ascendió, según el Instituto de Estadística de Cataluña, a 251.969 millones de euros en el período 2000-2016.

Rosell, presidente de la CEOE, y Bonet, presidente de Frixenet y de la Cámara de Comercio, advierten del riesgo de que Cataluña quede fuera de la UE y la Eurozona.

Pocas cosas retraen más a inversores y empresarios que la inestabilidad política, la inseguridad jurídica y la perspectiva de una salida de la UE y el gobierno de Puigdemont ha preparado un cóctel explosivo agitando bien las tres. De nada va a servir, Sr. Vila, añadir un poco de hielo a la mezcla: sólo Puigdemont, la CUP y en menor medida ERC parecen dispuestos a beberse la pócima. Quienes no están por la labor son los financieros, los empresarios y los ciudadanos de a pie que han puesto pies en polvorosa, incluso antes de que Puigdemont se encierre en el Parlament para proclamar no se sabe muy bien qué: la independencia, la independencia diferida o la postindependencia. De lo que sí podemos estar seguros es que Cataluña es ya hoy una Comunidad más cerrada y más pobre que hace unos días y que la situación puede agravarse con consecuencias quizá irreversibles en las próximas semanas.

Junqueras y Rovira anunciando su nuevo país para todos los que piensan como ellos.

Hace falta ser bastante iluso para llegar a creerse que el Gobierno de España iba a permitirles quedarse con un trozo de su territorio y mantener secuestrados a varios millones de españoles. Hace unos días Cuixart, presidente de Omnium Cultural, crecido tras su estelar actuación el 21 de septiembre ante la Consejería de Economía, explicaba que Cataluña, como cualquier hijo crecido quiere independizarse, un manido argumento que como el del divorcio civilizado  expuso  reiterdamente Mas cuando inició su deriva independentista en 2012. La comparación no puede ser más desafortunada porque nadie impide a Cuixart abandonar España: le sugiero que traslade Omnium Cultural a una isla desierta para vivir una catalanidad plena. Puede usted abandonar el hogar familiar (España) cuando desee pero no olvide al salir dejar la llave sobre el mueble de la entrada. La directiva del Barça que se ha posicionado también en numerosas ocasiones a favor de la independencia lo tiene incluso más fácil, puesto que sus clubes no están obligados a participar en las ligas españolas. Dejen ya de dar la tabarra.

Sánchez, presidente de la ANC, con Cuixart, presidente de Omnium Cultural, conocida también como Odium Gutural.

Pero volviendo al asunto principal: los independentistas deberían saber que ningún Gobierno responsable, ni hoy ni mañana ni pasado mañana, va a permitir al gobierno de la Generalitat saltarse la Constitución y apropiarse de una parte del territorio de todos los españoles. Así que no insistan y dejen de dañar la convivencia y perjudicar los bolsillos de todos.

Rajoy y Rivera fotografiados en una de sus últimas reuniones.

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Insurrectos y acomplejados

Artículo publicado en el diario Expansión el 7 de octubre de 2017

Mozos de Escuadra increpando a efectivos de la Policía Nacional.

La pasividad de los Mozos de Escuadra el 21 de septiembre, mientras las hordas congregadas por la ANC, Omnium y CUP destruían vehículos de la policía judicial durante el registro de la consejería de Economía, dio una pista de lo que podía ocurrir y sucedió el 1-O: la mayoría de los Mozos incumplió flagrantemente las órdenes de la magistrada Armas de desalojar y sellar los centros de votación antes de las 6:00 horas para impedir la celebración de la ilegal consulta. ¿Acaso alguien creyó que el consejero Forn y el mayor Trapero iban a cumplir las órdenes? ¡Si su misión era precisamente facilitar la apertura de los centros! No me sorprendería nada que los mandos de los Mozos conocieran la localización de los centros desde los que se distribuyeron urnas y papeletas.

Un policía nacional calmando a un niño en brazos de su irresponsable padre.

Puigdemont y los Mozos burlaron al Estado

Ningún Gobierno que se precie puede enviar a un coronel de la Guardia Civil a coordinar el operativo de seguridad, cuando se está fraguando nada menos que un golpe de Estado, sin investirle de la autoridad necesaria para cumplir su misión. Que los  Mozos nada iban a hacer para impedir la apertura de los centros de votación se tornó en certeza cuando anunciaron que no los desalojarían con gente dentro. El Gobierno, burlado, debería haber ordenado inmediatamente la detención de Forn y Trapero por desobediencia reiterada a una orden judicial conducente a la consumación de los delitos de desobediencia y sedición.

Trapero, mayor de los Mozos, con Puigdemont y Forn.

Aunque resulte ingrato detener a los representantes del Estado en Cataluña, ésa es la obligación del Gobierno cuando aquellos se sitúan deliberadamente fuera del orden constitucional, utilizan fondos públicos para delinquir y desacatan las órdenes de los Tribunales. Todos los miembros del gobierno de Cataluña están fuera de la Ley desde al menos el 6 de septiembre, cuando aprobaron la “ley del referéndum de autodeterminación” y se confabularon para conspirar contra el orden constitucional, y consumar, como  hicieron finalmente, su propósito delictivo el 1 de octubre. De 24 días dispuso el Gobierno de España para ilegalizar a la ANC, a Omnium y a la AMI, y para detener a los principales golpistas: Puigdemont, Junqueras y Forcadell y a los portavoces de los grupos parlamentarios Junts pel Sí y CUP. Hoy mismo escuché a Sáenz de Santamaría afirmar que Puigdemont está fuera de la ley. Con todos mis respetos: si así es, el Gobierno debe instar a la Fiscalía a solicitar una orden de detención. Los delincuentes no pueden andar sueltos, máxime cuando amenazan con ejecutar en horas un delito todavía mayor: proclamar la independencia de Cataluña.

Sánchez, presidente de la ANC, con Cuixart, presidente de Omnium Cultural, conocida también como Odium Gutural.

Mediación internacional

El gobierno de la Generalitat casi logró el 1-O la fotografía que buscaba desesperadamente: ofrecer las imágenes del enfrentamiento de ciudadanos con efectivos de la GC y la PN para solicitar la mediación internacional. Y digo que casi lo lograron porque la prensa internacional compró inicialmente la mercancía servida en bandeja por la Generalitat y sus medios de comunicación. Nada dijo de las provocaciones, insultos y acciones violentas de los ‘pacíficos’ miembro de la CUP integrados en los comités de defensa del referéndum, bien asesorados por el buenazo de Otegui y expertos terroristas. La violencia vivida en Cataluña desde día 21 de septiembre ha sido instigada y financiada por la CUP, la ANC y Ominum Cultural e indirectamente por Puigdemont y su gobierno.

Torrecilla, concejal de ERC, que forcejeó al ser desalojada y lanzó graves acusaciones contra las fuerzas de seguridad, acusaciones que resultaron ser burdas exageraciones.

Poco a poco va saliendo a la luz la cruda realidad: más de 400 policías lesionados, videos trucados con escenas de represión de los Mozos y la falsa noticia de la concejal de ERC a la que un policía había roto cuatro dedos, uno a uno. Esa burda ficción corrió como la pólvora por la red y llevó a un indignado amigo mío (de vacaciones en Canadá) a echármelo en cara. Infórmate bien, le contesté. Toda una campaña orquestada para reclamar la mediación internacional a la que Puigdemont se agarra como a un clavo ardiendo mientras el Banco Sabadell anuncia su salida de Cataluña. Los catalanes no sólo no han sido víctimas del resto de españoles sino que éstos han sido la fuente, casi única o principal, de su prosperidad desde 1714 hasta hoy mismo. No en vano historiadores catalanes acuñaron la expresión “Cataluña, la fábrica de España” y la renta per cápita de los catalanes era todavía el 23% mayor que la del resto de españoles en 2016 y el 6% superior a la media europea en 2015. No está nada mal para tratarse de un pueblo oprimido y expoliado.

Gestión fallida

La gestión del Gobierno de España del intento de la Generalitat de internacionalizar el conflicto ha dejado, por incomparecencia, mucho que desear. Nunca se debió permitir las actividades desplegadas por la consejería de ‘exteriores’, las ‘embajadas’ y el consorcio Diplocat. Tampoco se respondió apropiadamente a las giras propiciadas para promover la causa en Estados Unidos y la UE a las que el Gobierno podría haber respondido enviando a científicos, juristas, intelectuales, artistas, deportistas, etc. para exponer la realidad de España y desmentir las fabulaciones secesionistas.  Hace unos días, Coixet, reputada directora cinematográfica, tuvo que escribir una carta a sus amigos repartidos por medio mundo para desmentir las deformaciones interesadas que buscan desacreditar nuestra democracia; y desde ese día, está siendo acosada por los secesionistas. Pocos intelectuales, aparte de nuestro Nobel Vargas Llosa, han levantado la bandera de la libertad y la igualdad para denunciar el recorte de derechos fundamentales y las amenazas que padecemos los ciudadanos catalanes. El Gobierno debería ser consciente de que quien permite difundir infundios puede acabar perdiendo la batalla de la opinión pública internacional. Con su mutismo y falta de iniciativas, el ministro Dastis da la impresión de que ni está ni se le espera.

Vargas Llosa: “el referéndum de cataluña es un disparate absurdo”.

Puigdemont con Junqueras y Romeva en uno de sus últimos intentos de acudir a Bruselas a llamar en vano la atención de las instituciones de la UE. ¿Olvidaron poner la bandera estrellada? Patéticos.

Felizmente, Puigdemont y Romeva sólo han logrado de momento distraer unos minutos a los comisarios y parlamentarios europeos, exhibiendo en el hemiciclo su ridícula bandera estrellada. Y confío en que mientras sigan trucando videos, inventándose agresiones inexistentes e incitando a la violencia en las calles de Barcelona no van a ganarse su simpatía. Auguro que sólo conseguirán unas palmaditas de diputados flamencos y escoceses resentidos, y algún ‘podemita’. Lo que seguramente sí pasa desapercibido en la UE es la privación de derechos, opresión y discriminación que padecen los catalanes constitucionalista en las administraciones de la Generalitat, medios de comunicación, hospitales, juzgados, centros universitarios, empresas… pero sobre todo la que padecen nuestros hijos en las escuelas, institutos y Universidades públicas.

Los acosadores de Balaguer. “Escuela en catalán no acatamos”. Democracia en estado puro.

Rajoy y Sánchez en su “reunión prescindible” el 25 agosto 2016.

Hemos llegado al punto en que el Gobierno tiene que actuar y da la impresión que falta lucidez y determinación. Mejor sería, desde luego, contar con el respaldo del PSOE, pero si Sánchez y Robles anteponen reprobar a la Vicepresidenta a defender la democracia, desatendiendo opiniones de socialistas tan cualificados como Guerra, PP y Ciudadanos tienen que seguir adelante: el PSOE se sumará o saltará en pedazos. El Gobierno tiene que vencer su paralizante acomplejamiento, convencerse y convencer al mundo de que España es un Estado democrático que sólo pretende salvaguardar los derechos de los catalanes y del resto de españoles, amenazados por el estado de excepción impuesto por el gobierno de la Generalitat. Nadie pidió a Mas responsabilidades por ordenar a los Mozos desalojar violentamente de los indignados ‘comunitas’ de la Plaza de Cataluña en 2015. Lo que nadie olvida –menos aún los fríos inversores– es ver a un gobierno impotente, incapaz de desplegar las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para defender el orden constitucional.

Efectivos de la Guardia Civil abandonando los hoteles en que se alojaban entre abucheos.

La vicepresidenta del Gobierno denunciando la bochornosa sesión en el Parlament el 6 de septiembre de 2017.

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Por la democracia: 8 de octubre, concentraciones y manifestación unitaria en Barcelona

Democracia, Democracia, Democracia

Programa: 8 de octubre de 2017

  • 10:00: concentración frente al cuartel de la Guardia Civil en Travesera de Gracia 291-293 para agradecer su presencia, sacrificio y ejemplar comportamiento en Cataluña estos días. No puedes faltar: necesitan nuestro apoyo y cariño.

    Concentración y manifestación del 30 septiembre 2017.

  • 10:35: manifestación desde Travesera de Gracia hasta Plaza Urquinaona: recorrido Nápoles, Córcega y Pau Clarís.
  • 12:00: manifestación desde Plaza Urquinaona hasta la Jefatura Superior de la Policía Nacional en Vía Layetana.
  • 12:30-12:35: concentración delante de la Jefatura Superior de Policía para agradecer su presencia y ejemplar comportamiento.
  • 12:35: manifestación desde Vía Layetana hasta la sede del Parlamento de Cataluña en el parque de la Ciudadela donde nuestro nobel Vargas Llosa leerá un manifiesto.

Efectivos de la Guardia Civil abandonando los hoteles donde se alojaban.

Espanya i Catalans, Somatemps, Regeneración Democrática, MC 12-O y Profesores por el Bilingüismo, las asociaciones que han organizado la celebración de la Fiesta Nacional del 12 de octubre en Barcelona durante los últimos años y la reciente manifestación del 30 de septiembre, convocan a todos los catalanes y españoles a concentrarse frente al cuartel de la Guardia Civil en Travesera de Gracia 291-293 (metro Joanic, línea L4) el 8 de octubre de 2017 a las 10:00 para agradecer a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado la defensa del orden constitucional ante la intentona golpista que encabeza el ya ilegal gobierno de la Generalitat presidido por Puigdemont y Junqueras y secundado por 72 diputados de Junts pel Sí y CUP, y las asociaciones secesionistas ANC, Omnium Cultural y AMI.

Miembras de Arran y Cup quemando las banderas de España, Francia y la UE el 11 de septiembre de 2017.

 

Puigdemont (AMI), Forcadell (ANC) y Sánchez. El mismo perro tobillero con distintos collares.

Vehículos de la policía judicial destrozados por las hordas de la ANC, Omnium y CUP. ¿Violencia policial? ¡ANDA YA! Golpe de Estado.

Ha pasado el tiempo de las llamadas al sentido común y ha  llegado el momento de restablecer sin titubeos, como manifestó el rey Felipe VI en su alocución a los españoles, el orden constitucional. Después de los vergonzosos acontecimientos que protagonizaron los miembros del gobierno de la Generalitat y los Mozos de Escuadra el 1 de octubre en toda la Comunidad Autónoma de Cataluña, los

Tras votar la ley del referéndum de autodeterminación con el Parlament semivacío. Una diputada de Colau retirando las banderas de España.

catalanes exigimos que se ponga fin al estado de excepción que se impuso a los catalanes el 6 de septiembre con la aprobación de la ilegal ‘ley’ del referéndum de autodeterminación en el Parlament de Cataluña.

 

¡Viva España! ¡Visca Catalunya! ¡Viva Felipe VI!

Felipe VI reclamando el restablecimiento del orden constitucional el 4 de octubre de 2017.

 

 

¡Viva la Constitución Española y el Estatut de Cataluña!

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La resaca del 1-O

Artículo publicado en el diario Expansión el 2 de octubre de 2017

Puigdemont pidiendo el Sí en el referéndum del 1-O y desacreditando a las instituciones democráticas del Estado.

Por fin, acabó el patético espectáculo que ha ofrecido el gobierno de la Generalitat a España y al mundo el 1-O. El ruido sordo de los helicópteros sobrevolando los cielos de Barcelona cesó hace unas horas y la mayoría de catalanes reanudaremos con normalidad nuestras actividades cotidianas mañana. Quizá no todos, pero sí la mayoría. Hay algo, sin embargo, que no volverá a la normalidad en bastante tiempo: la convivencia y la concordia.

El daño está hecho

Sánchez, presidente de la ANC, con Cuixart, presidente de Omnium Cultural, conocida también como Odium Gutural.

La Generalitat ha logrado dividir la sociedad catalana y la fractura abierta con la inestimable colaboración de los medios de comunicación y las asociaciones secesionistas (ANC, Omnium y AMI), espoleando a sus huestes a lanzarse contra quienes no compartimos sus aspiraciones, tardará décadas en cerrarse. En cuanto a la vida política, los acontecimientos de las últimas semanas han puesto de manifiesto que mientras Puigdemont y Junqueras sigan al frente del gobierno de la Generalitat, y Forcadell y Gabriel continúen al mando de las fuerzas de choque en el Parlament, es de todo punto inviable restaurar la normalidad constitucional en Cataluña. Forcadell lo advirtió hace tiempo cuando proclamó que “nuestro adversario es el Estado español. Lo tenemos que tener muy claro. Y los partidos españoles que hay en Catalunya, como Ciudadanos y el Partido Popular”. En fin, ya ven qué espíritu de concordia y mano tendida anida en el pecho de los más egregios dirigentes de la república ‘españófoba’.

Forcadell arropada por Hagrid El guardabosques, Flequillo Airado y el Orfeó Secesionista, ante la sede del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

Valientes cobardes

Puigdemont con Sánchez, presidente de la ANC, y Cuixart, presidente de Omnium Cultural, preparando del 11 de septiembr de 2016.

Policía Nacional calmando a un niño en brazos de su irresponsable padre. Claro ejemplo de brutalidad policial.

El 1-O hemos podido ver a ‘heroicos’ ciudadanos, con niños sobre sus hombros, enfrentarse a la Policía Nacional (PN) y a la Guardia Civil (GC) en Barcelona y otras ciudades de Cataluña,  mientras los Mozos de Escuadra volvían a hacer gala de la misma pasividad que dio alas a las hordas de ‘valientes’ de la ANC y Omnium que destrozaron los vehículos de la policía judicial, el pasado 21 de septiembre. Comenzaron los Mozos incumpliendo, como era previsible, la orden judicial de precintar los centros elegidos para albergar las urnas, y dejaron en manos de la PN y GC la tarea de desalojar a las familias que habían pernoctado en ellos, dispuestas a utilizar a sus hijos como escudos humanos.

Torrecilla, concejal de ERC, una de las heroinas falsas del 1-O. 4 hospitalizados tras las ‘brutales’ cargas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

La tarde del sábado visité el centro de enseñanza (CEIP) en que estudiaron mis hijos y pude constatar que un par de docenas de madres y algún padre habían tomado el gimnasio donde presumiblemente se iban a colocar las urnas. A una treintena escasa de metros de la entrada está el cuartel de Mozos que nada hicieron para impedir la ocupación ni para desalojarlos en la madrugada del 1-O. Esta mañana me he desayunado con la noticia de que Conesa, alcaldesa convergente (PDE-Cat) de Sant Cugat del Vallés, había colocado una urna en el pabellón deportivo anejo al Ayuntamiento, en un acto retransmitido por los medios de comunicación del propio consistorio. Si la heroicidad de Conesa me ha llegado a casa en cuestión de minutos, supongo que los Mozos estaban también al tanto. Por cierto, que el citado pabellón saltó a la fama por ser una de las obras por las que el partido de Pujol, Mas, Puigdemont y Conesa se embolsó una comisión del 2,5%, cuando Turull, actual portavoz del gobierno de la Generalitat, era gerente del Ayuntamiento.

Turull, gerente de Sant Cugat del 3%, portavoz parlamentario de CDC y ahora consejero portavoz del gobierno de la Generalitat.

Conesa, alcaldesa de Sant Cugat, colocando la primera urna en el pabellón deportivo en la madrugada del 1-O.

¡Ay de los tibios!

Algunos parecen no haberse enterado todavía de qué iba el asunto y reparten culpas entre los Gobiernos de la Generalitat y España. Quizá esto no sea un referéndum sino un simulacro, como sostiene Iceta (PSC), pero el Estado no puede permanecer pasivo cuando gobernantes irresponsables convocan a los ciudadanos a conculcar la Constitución, el Estatut, las sentencias y mandatos judiciales. Reflexione: estamos ante el mayor ataque a nuestra democracia desde 1981. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han actuado, siempre a instancias de los jueces, para impedir el atropello que pretendían consumar los golpistas realizando un referéndum ilegal, y los únicos culpables de los enfrentamientos son, como ha dicho Rajoy, quienes han incitado a los ciudadanos a salir a calle. Los golpistas, como en 1981, tienen nombres y apellidos y deben ser

Coches destrozados de la policía judicial de la Guardia Civil frente a la Consejería de Economía en la Rambla de Cataluña. ¿Dónde estaban los Mozos? “Estaban tomando cañas…”

detenidos y juzgados por sus actos y por las lamentables consecuencias ocasionadas.

¿Estaba preparado el Gobierno?

Resulta evidente que el operativo desplegado por el Gobierno para impedir el referéndum se ha visto desbordado. A los hechos me remito: los Mozos no han cumplido con su cometido y la mayoría de los centros de votación no se precintaron y han permanecido abiertos todo el día. No, no estaba preparado para responder con rapidez y eficacia. Estas intervenciones no se improvisan y aunque lo ocurrido el 1-O no tendrá consecuencias a corto plazo, el Gobierno de España debería reflexionar también, y cambiar su estrategia si no quiere exponerse a que, de tanto ir a la fuente (9-N, 1-O), el cántaro se rompa. Sería una ingenuidad imperdonable creer que no volverán a intentarlo de nuevo y negociar mañana una salida con los golpistas.

Forcadell, Puigdemont y Sánchez, los mismos perros con distintos collares.

Otegui recibido con todos los honores por Forcadell, en su nueva etapa como presidenta del Parlament: el negocio de su vida.

Además de exigir responsabilidades a quienes han orquestado el 1-O, el Gobierno tiene que retener las competencias sobre las principales figuras impositivas y transferencias sociales, preservar el carácter estatal de nuestro sistema judicial, y continuar  manteniendo un control exhaustivo de las órdenes de pago del gobierno de la Generalitat. Pero hay que ir bastante más allá. Visto lo ocurrido, convendría recuperar competencias en materia de seguridad para impedir que la policía autonómica esté al mando de un golpista declarado (Forn) y asegurar así que los Mozos cumplirán las órdenes de los jueces en el futuro. Más incluso: hay que aumentar la presencia permanente de efectivos de la PN y la GC en Cataluña.

Las hordas convocadas por la ANC, Omnium y CUP dando un ejemplo de civismo republicano.

Junqueras, Puigdemont y Romeva, consejero de exteriores, en uno de sus vanos intentos de atraer la atención en Bruselas.

El Gobierno tiene también que desmantelar la consejería que dirige Romeva e impedir que la Generalitat financie organismos como Diplocat o el Consell Assesor per la Transició Nacional. Finalmente, resulta inexcusable recuperar competencias educativas para impedir que escuelas e institutos actúen como centros de adoctrinamiento donde se promueve la hispanofobia y se transmiten a niños y jóvenes interpretaciones sesgadas de la historia de Cataluña y España. Hay mucho por hacer, Sr. Méndez de Vigo, en esta materia. Y urge hacerlo porque el tiempo, si no cambiamos nada, corre en contra nuestra.

 

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Bastaron 24 horas

Artículo publicado en el diario Expansión el 23 de septiembre de 2017

Ayer me dirigía a una conferencia en el centro de Barcelona por la siempre populosa Puerta del Ángel. De las farolas pendían carteles de la ANC invitando a votar el 1-O y dando la bienvenida a la república. Una decena de números de Mozos de Escuadra y Guardia Urbana estaban desplegados y permanecían en pie junto a sus vehículos o agazapados en su interior. Tres horas después deshice el camino en sentido contrario y contemplé idéntica escena. No pude reprimirme. Me dirigí a dos buenos Mozos que charlaban animadamente en castellano y les pregunté por qué no retiraban los carteles que anunciaban un referéndum ilegal. Uno de ellos me contestó “hemos recibido una incidencia, lo siento” y echaron a andar. No he pasado esta mañana por el lugar pero a buen seguro que las banderolas de la ANC siguen colgadas en las farolas, como lo están en gran parte de Cataluña.

Las asociaciones ANC y Omnium Cultural (Gutural sería más apropiado) son responsables de haber convocado a las hordas salvajes que se exhibieron a gusto. ¿Se imaginan cómo sería la vida cotidiana en un país gobernado por esta gentuza con sus leyes y sus jueces y sin nadie que les pare los pies?

Coches destrozados de la policía judicial de la Guardia Civil frente a la Consejería de Economía en la Rambla de Cataluña. ¿Dónde estaba el Mayor de los Mozos? “Y no estaba muerto no, no, estaba tomando cava…”

http://www.lamoncloa.gob.es/multimedia/videos/presidente/Paginas/2017/20092017_rajoycomparece.aspx?galv2r=0

Rajoy dirigiéndose a los españoles el 20 de septiembre de 2017.

Manifestación salvaje convocada por la ANC, Omnium y CUP ante la sede del TSJC con la televisión nacional-secesionista para servirla en directo.

El presidente del Gobierno ha empeñado su palabra en que el referéndum no se hará y esperamos que, por el bien de la inmensa mayoría de los españoles y europeos, la amenaza de Puigdemont y Junqueras de celebrarlo no llegue a consumarse. Pero como el incidente que les acabo de relatar demuestra, el Gobierno de España no cuenta con los Mozos para impedirlo; más bien al contrario, si nos atenemos a las declaraciones que hicieron los responsables de la Consejería de Interior respecto a su papel el 1-O. La actitud desafiante de los manifestantes convocados por la ANC y Omnium frente a la sede de la Consejería de Economía, después de que un juez ordenara a la policía judicial efectuar varios registros, y el acoso a que sometieron a los agentes cuando intentaban abandonar el edificio al finalizar su tarea, dan una idea de hasta qué punto el orden público está en entredicho en Cataluña. Por si todo esto fuera poco, las hordas de manifestantes se han trasladado a la sede del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y a la Ciudad de la Justicia para acosar a los jueces y fiscales encargados de interrogar a los detenidos. Campan por sus respetos sin que los Mozos hagan nada para impedirlo.

Sánchez, presidente de la ANC, pidiendo el voto en el ilegal 1-O.

El ministro Catalá se queja del acoso que padecen jueces y fiscales en Cataluña.

El Ministro de Justicia ha despachado el asunto condenando el acoso al tercer poder del Estado. Sr. Catalá: usted no puede limitarse a denunciar los hechos porque, como Gobierno, tiene obligación de impedirlos. Los jueces y fiscales llevan años denunciando el tratamiento que reciben en los medios de comunicación de la Generalitat y están hartos de soportar los cánticos del orfeón secesionista frente sus sedes y, lo que resulta incluso más ominoso, ver a los alcaldes blandiendo amenazadoramente sus varas. La Vicepresidenta denuncia también “el clima de acoso” y pregunta a Puigdemont hasta cuándo va a seguir abusando y tensionando a la sociedad catalana. ¡Basta ya! ¿Qué más tienen que hacer para que detengan, no a los segundos de a bordo, sino a los primeros, a los auténticos responsables de coartar la libertad de expresión e instaurar un estado de excepción en la Comunidad Autónoma de Cataluña? ¿A qué espera el Gobierno para ponerlos a disposición de los Tribunales cuya autoridad dicen no reconocer?

Mas ante la sede del TSJC el 15 de octubre de 2015 con los alcaldes convocados por la AMI.

Méndez de Vigo, portavoz del Gobierno en rueda de prensa posterior al Consjeo de Ministros.

Desconozco las decisiones que ha adoptado el Consejo de Ministros para afrontar lo que es ya una sedición en toda regla, organizada por el gobierno de la Generalitat. Pero deseo y espero que no sea, como han adelantados varios Ministros, una oferta de diálogo, más financiación y hasta de reforma de la Constitución. Vayan con cuidado porque en el otro extremo de los Pirineos, Urkullu se ha animado y está pidiendo un estado confederal, como el que recogía la Propuesta de Reforma del Estatut de Cataluña que el PSC, CiU y ERC aprobaron en el Parlament en 2005. Mucho temo que la comisión territorial, aprobada ayer en el Congreso a instancias del PSOE-PSC, pretenda acabar con la Constitución de 1978 y consumar la disolución de España como comunidad de ciudadanos libres e iguales.

Hernando, portavoz del PP, y Robles, portavoz del PSOE-PSC, poniéndose de acuerdo sobre la Comisión Territorial.

Rivera en el Congreso defendiendo su resolución de apoyo al Gobierno frente a los secesionistas.

Sólo Rivera ha estado a la altura de las circunstancias y no ha defraudado a los españoles en este momento crítico. Ciudadanos ha votado en contra de la creación de la citada comisión, y Rivera ha manifestado que si bien está por el diálogo –¡quién podría no estarlo!–, no se puede dialogar con los golpistas Puigdemont y Junqueras, algo que la Vicepresidenta ha podido constatar de primera mano. La ausencia del Presidente en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros no puede tranquilizarnos a los españoles residentes en Cataluña, a quienes hemos apoyado al Gobierno de España hasta ahora, a pesar del abandono que hemos padecido durante décadas: mientras se nos vetaba e insultaba en los medios de comunicación públicos y subvencionados; mientras nuestras familias sufrían vejaciones y amenazas por solicitar la utilización del castellano como lengua vehicular; mientras soportábamos la hostilidad ambiental que nos asfixia en nuestros centros de trabajo cada día, etc.

Los acosadores de Balaguer. “Escuela en catalán no acatamos”. Los niños pueden ser tan malas personas como los padres.

Puigdemont, presidente de los secesionistas, pidiendo el Sí en el referéndum del 1-O y desacreditando a las instituciones democráticas del Estado en Sant Cugat del Vallés el 22 de septiembre de 2017.

Sr. Rajoy: los catalanes demócratas y constitucionalistas no podemos aguantar un pacto más con los secesionistas. El cómico Boadella tuvo que abandonar su tierra hace algunos años para escapar de la sociedad atrabiliaria y xenófoba que, alimentada con los presupuestos de la Generalitat, hoy amenaza a jueces, fiscales, diputados y ciudadanos de a pie. ¿Tendremos que marcharnos, siguiendo los pasos de Boadella o hemos de esperar a que nos expulsen de su república? Los golpistas van a por todas y su obligación como Presidente es restablecer el orden constitucional con la misma determinación y contundencia con que el Jefe del Estado atajó el golpe militar en 1981. Bastaron 24 horas.

El cómico Boadella despidiéndose de la Cataluña atrabilaria y xenófoba de Mas y PuigCupqueras.

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En manos de ‘arranitas’ y ‘cuperas’

Artículo publicado en el diario Expansión el 15 de septiembre de 2017

Noche de las antorchas y buen rollito: CUP, Arran, Endavant, el Sindicat d’estudiants del ‘països catalans’, y otras ‘famiglias’ antisistema quemando ejemplares de la Constitución e imágenes del Rey a las puertas del Born el 16 de septiembre de 2016.

Los ciudadanos hemos asistido perplejos este verano a los actos vandálicos y autopropagandísticos que perpetraron y reivindicaron las hordas de Arran, la organización juvenil de la Coordinadora d’Unitat Popular (CUP), contra intereses turísticos en Barcelona y Mallorca, sin que el gobierno de la Generalitat en Cataluña ni el Balear hayan interpusieran denuncias contra la organización donde militan las autoras de los hechos, calificados benévolamente por la CUP como ‘actos simbólicos’ contra un modelo de turismo al que culpan de la destrucción del territorio y la precarización del empleo.

Reacción de la CUP al atentado yihadista  en Barcelona: “las guerras vuestras, los muertos nuestros”. Todo un ejemplo de de empatía y solidaridad internacionalista.

La tibia reacción del  gobierno Puigdemont-Junqueras en Cataluña, el único territorio donde la CUP cuenta con cierta implantación, tiene una explicación muy sencilla: los 10 diputados antisistema resultaban imprescindibles para aprobar la “ley del referéndum de autodeterminación” y la denominadaley de transitoriedad jurídica y fundacional de la república”, registradas en el Parlament el 31 de julio y 27 de agosto, respectivamente.

Votando la ley del referéndum de autodeterminación con el Parlament semivacío.

Ambas leyes fueron aprobadas co los votos de los 71 diputados secesionistas, tras forzar su inclusión en el orden del día del pleno celebrado los días 6-7 de septiembre, pese a no contar con los preceptivos informes jurídicos solicitados por los diputados de la oposición que abandonaron el hemiciclo antes de la votación. Estas dos ‘leyes’, anuladas ya por el Tribunal Constitucional, pretenden suspender la Constitución, el Estatut y el resto del ordenamiento jurídico e instaurar un estado de “excepción en Cataluña” para realizar el anunciado referéndum de autodeterminación el 1-O e iniciar inmediatamente el proceso constituyente de la república con todos los poderes detentados por los dirigentes de ERC-CUP y la cabellera de Puigdemont flotando entre los restos del naufragio de Convergencia.

Violencia totalitaria

Miembros de Arran y Cup quemando las banderas de España, Francia y la UE el 11 de septiembre de 2017. y Junqueras va diciendo a los catalanes que su república catalana estaría en la UE. No con estos socios… y no tiene otros. Bueno, sí el flequillos.

Arran, como la CUP, su matriarcal placenta, son organizaciones cuya acción revolucionaria se articula en torno a tres objetivos. Primero, lograr “la independencia de los “Países Catalanes” para defendernos de los ataques de los Estados español y francés que desde hace más de trescientos años pretenden borrar la identidad del pueblo trabajador catalán”. Segundo, “acabar con el sistema capitalista” y apostar “por la construcción del socialismo, el cual nos ha de conducir a una sociedad sin clases ni opresiones de ningún tipo”. Y, tercero, “la lucha personal y colectiva que supone para todas las personas el sistema patriarcal basado en el dominio del hombre sobre la mujer y de los valores preconcebidos como masculinos por encima de todos los demás”.

Territorio de los inexistentes ‘països catalans’ donde la CUP y ERC desarrollan su actividad política.

No busquen apreciaciones analíticas más finas ni coherencia lógica en los argumentos de las hechiceras que establecen la agenda de sus procaces guerreras porque sus matriarcales afirmaciones, como las verdades reveladas, son indiscutibles. Nada les importa que no exista rastro alguno en los atlas históricos de sus “países catalanes” cuya independencia propugnan ni evidencia alguna de que sus cambiantes habitantes –hoy descendientes mayoritariamente de ciudadanos llegados de otras partes de España–, hayan padecido la opresión de los Estados español y francés durante centurias, más allá de las propias de cada época y sus circunstancias. Sus otras dos prioridades son igualmente paradójicas: pretenden acabar con el detestable sistema capitalista gracias al cual la CUP ingresa varios millones anuales con los disparatados sueldos de sus diputadas y concejalas que pueden dedicarse a tiempo completo a elaborar ‘leyes’ inconstitucionales y a intimidar con amenazas a quienes no comparten su credo.

La brigada de la muerte cuyo cabecilla fue Pascual Fresquet.

En línea con la tradición anarquista revolucionaria de tan funesto recuerdo en Cataluña, la CUP se define como una organización asamblearia y socialista que propugna la “democracia participativa” y menosprecia la democracia constitucional y el Estado de Derecho, la seguridad jurídica, la empresa privada, la religión, el matrimonio, la escuela concertada, etc., considerados instrumentos de explotación social y ejercicio de la violencia patriarcal. Aunque prefieren presentarse como meras defensoras del sector público y el cooperativismo, rechazan frontalmente la propiedad privada de los medios de producción. Su “papel histórico… es tomar el poder” para construir “un Estado Socialista y Feminista en los Países Catalanes que podrá conducir al conjunto de la humanidad hacia la libertad”, y responsabilizan de sus actos violentos a la violencia del sistema capitalista.

Anarquistas de la brigada Ferrer-Carod en pleno acto de heroísmo en el Bajo Aragón.

Gabriel y Fernández celebrando los asesinatos de ETA con sus amigos batasunos en Bilbao.

Dar pocas pistas sobre cómo se desarrollaría el proceso de transición hacia su futurible Arcadia socialista-feminista resulta esencial para enmascarar su indigencia intelectual y vocación totalitaria. Pero como botones de muestra, ahí están su exigencia de imponer “la socialización forzosa y urgente” de la catedral de Barcelona para convertirla en economato y centro musical; su aparatosa campaña “¡Parir es un derecho, no una imposición! Derecho al aborto libre y gratuito”, que presentan como una “vindicación de clase, una declaración de guerra contra la derecha ultracatólica y la ofensiva conservadora”; su radical propuesta de convertir “los centros de trabajo en espacios de intervención política” donde los trabajadores decidirían en asamblea qué y cómo producen; y, en fin, su patrocinio de las ocupaciones de viviendas y la realización de escraches contra sus enemigos políticos a quienes amenazan con barrerlos de Cataluña.

Gabriel con la portavoz de Arran presentando los carteles del Sí barrámoslos.

Gabriel y Fernández dirigiendo el escrache de Arran contra la sede del PP en Barcelona en marzo 2017.

 

Trabajar menos, cobrar más

Gabriel en el escrache a la Guardia Civil 31 julio 2017.

Todo un programa político y social cuya mezcla de ingenuidad, ignorancia y vaciedad producirían sonrojo si no fuera por el ánimo guerrero que alienta a las jóvenes ‘arranitas’ y a sus más maduritas mentoras ‘cuperas’, y la determinación totalitaria con que pretenden imponerlo. Lo cierto es que cuando se separa la hojarasca de su tupida verborrea, entretejida con apelaciones vacías a la conciencia de clase y la solidaridad de los pueblos, el discurso que emerge resulta decepcionante, no ya para cualquier socialdemócrata, sino incluso para los ciudadanos comprometidos con los ideales ilustrados de libertad e igualdad.

Diputadas de la CUP quemando fotos del Rey. Menudas socias que se han echado los representantes de la sociedad catalana.

‘Arranitas’ y ‘cuperas’ sostienen que “en un contexto donde ya disponemos prácticamente de todos los bienes materiales necesarios para desarrollar nuestras vidas”, todo lo que queda por hacer es “repartir el trabajo y la riqueza. Trabajar menos horas y aumentar nuestros salarios para que los ricos paguen su estafa”. Ésta es, en esencia, la fórmula maestra que las diputadas Boya, Gabriel, Reguant, Vohí, y Cia proponen para mejorar el nivel de vida de los trabajadores. Pero quizá el aspecto más contradictorio de su programa ‘revolucionario’ sea la asunción por sus lideresas de la ideología nacionalista, pequeño-burguesa, que les lleva a anteponer la independencia de los ‘países catalanes’ a la emancipación de los trabajadores. Levantar muros y crear nuevos estados para dividir a los “estafados” resulta incongruente con su objetivo de “conducir al conjunto de la humanidad hacia la libertad”.

Cúpula de la CUP en la campaña de las elecciones autonómicas del 27-S.

Inseguridad jurídica: deslocalización y fuga de capitales

Mas con Junqueras y Romeva al final del debate de investidura el 9 de noviembre de 2015 con cara de circunstancias.

Que todas las decisiones importantes adoptadas por el gobierno de la Generalitat y el Parlament de Cataluña en los últimos años –la caída del president Mas, el inicio del proceso constituyente, las purgas de consejeros, la pugna mantenida para aprobar la ‘ley’ de transitoriedad jurídica antes del 1-O– hayan sido dictadas por una pandilla de activistas contrarios a los ideales ilustrados y al proceso de integración europea, da una idea de la irresponsabilidad de los líderes políticos al frente de la Generalitat. Cuando el ex-presidente Mas llama a “desprecintar colegios electorales” y el hombre fuerte del gobierno, Junqueras, declara socio “prioritario” y “absolutamente fiable” a la CUP, nadie debería sorprenderse que algunas empresas hayan trasladado sus sedes y algunos ciudadanos se hayan llevado sus activos fuera de Cataluña. Se trata todavía de movimientos tímidos que anticipan la avalancha de deslocalizaciones empresariales y salida masiva de capitales que se producirían si el gobierno de la Generalitat y los diputados de JxS lograran, como pretende la CUP, sacar a Cataluña de España, de la UE y del euro, un escenario que el Gobierno español ni puede permitirse ni espero permita.

Gabriel con Junqueras y Dante Fanchín (Podem) en Sant Boi de Llobregat el 9 de septiembre de 2016.

Puigdemont con Gabriel y Boya, dirigentes de la CUP en el Palau de la Generalitat.

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