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Nada que hablar con los golpistas

Artículo publicado en el diario Expansión el 12 de abril de 2018

Puigdemont El Prófugo dirigiéndose a sus seguidores desde Bélgica antes de las elecciones del 21-D.

La decisión del tribunal de Sleschwig-Holstein de poner en libertad condicional a Puigdemont El Prófugo, sumada a la posterior declaración de la ministra de Justicia alemana adviertiendo que podría quedar en libertad en un país libre como Alemania, en caso de no sustanciarse adecuadamente la acusación de malversación de caudales públicos que sobre él pesa, debería hacernos reflexionar acerca de cómo ha gestionado el Estado español el ataque más grave que ha sufrido nuestra joven democracia. Comparado con lo ocurrido en Cataluña durante los dos últimos años, el golpe del 23-F fue un juego de niños y buena prueba de ello es que la intentona militar de Armada, Bosch y Tejero se desmanteló en unas horas mientras que el entramado político, asociativo y mediático que protagonizó el golpe de Estado en Cataluña sigue intacto cinco meses después.

Josep Antolí (ANC) y David Hereu (CSC), durante la asamblea celebrada en al Departament de Interior del gobierno de la Generalitata para preparar el 1-O.

Hechos incontestables

Pocas dudas hay sobre la naturaleza de los hechos que se han producido en Cataluña durante los últimos meses y que el editorial publicado por El País el 6 de abril califica como “un proceso presidido por la coacción” que “violó la ley de forma sistemática para intentar imponer a la ciudadanía, desde la calle y desde las instituciones, una secesión unilateral, ilegal y obligatoria”. Entre los gravísimos hechos que enumera el diario figuran “derogar la Constitución y el Estatut; elevar unas leyes sediciosas votadas por medio Parlament a sustitutos de esas normas supremas; y hacerlo desobedeciendo a los tribunales y sin la concurrencia de mayoría cualificada, y por métodos que privaron a la oposición (que representa a más de la mitad de los catalanes) de sus funciones representativas y de control”.

Forcadell la guardiana de la urna procediendo al recuento del resultado de la votación que se celebró en el Parlmante el 27 de octubre de 2017 para proclamar la república catalana.

Con independencia de su “calificación judicial”, el diario subraya el carácter violento de la intentona golpista que hizo “usos indebidos y exorbitantes de la fuerza”, mencionando expresamente “obstrucción física de la Justicia; destrucción de vehículos policiales; ocupación ilegal de carreteras; obstaculización de vías férreas con peligro para la integridad de los propios actuantes; intimidaciones y escraches contra personas, partidos y asociaciones considerados rivales o enemigos; violencia sobre objetos callejeros; y actuaciones del Govern y de la policía autonómica tendentes a facilitar algunos de esos abusos”.

Efectivos de la Guardia Civil abandonando los hoteles entre abucheos de grupos organizados por los propios consistorios y los partidos polìticos secesionistas.

Estado débil

Aunque comparto la conclusión de que “ni el tribunal alemán ni la propaganda independentistas pueden cambiar esos hechos, que son ya parte de la historia de los españoles y su lucha por mantener la democracia”, tengo más dudas de que nuestro “Estado de derecho y sus instituciones judiciales” hayan respondido adecuadamente. El golpe de Estado que se desarrolló en Cataluña entre el 6 de septiembre y el 27 de octubre de 2017 fue la culminación de un proceso de insurrección pregonado, cuidadosamente planificado y financiado con dinero público desde las instituciones de autogobierno de la Comunidad Autónoma de Cataluña que se puso en marcha tras las elecciones del 27-S sin que el Estado actuara con la firmeza y contundencia necesarias para atajarlo.

Turull (CDC), Baños (CUP) y Romeva (ERC) presentando las enmiendas a la Resolución I/XI del inicio de la independencia, el 6 de noviembre 2015.

El Parlament, desde la elección de Forcadell como presidenta el 26 de octubre de 2015, y el gobierno de la Generalitat, desde que Puigdemont fue investido el 10 de enero de 2016, se convirtieron en dos instituciones dedicadas a tiempo completo a crear estructuras de Estado, a internacionalizar el conflicto y a consumar la anunciada desconexión. En coordinación casi perfecta, Sánchez, presidente de la ANC, Cuixart, presidente de Òmnium, y Lloveras, presidenta de la Asociación de de Municipios por la Independencia (AMI), se encargaron, con el apoyo de los medios de comunicación de la Generalitat, de sumar efectivos por todos los rincones de Cataluña. A las tres asociaciones se sumaron en los últimos meses los llamados ‘comités de defensa del referéndum’ que protagonizaron los enfrentamientos violentos con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado el 1-O, y ahora se han reconvertido en ‘comités de defensa de la república’ (CDR).

Manifestantes convocados por la ANC, los CDR, la CUP y Arran rompen el cordón policial y entran el parque de la Ciudadela.

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Puigdemont y Junqueras celebrando el golpe de estado en el Parlament el 27 de octubre. El todavía president se fugó pocas horas despu´s a Bélgica.

Frente a la firme voluntad expresada pública y reiteradamente por Puigdemont, Junqueras, Forcadell, Sánchez, Cuixart, Lloveras y demás líderes secesionistas de saltarse leyes y sentencias, las instituciones del Estado y los Tribunales se limitaron a advertirles de los riesgos en que incurrían, y sólo intervinieron cuando la situación devino crítica y el 27-O se proclamó en el Parlament, por segunda vez, la república independiente de Cataluña. Fue sólo entonces cuando el Gobierno pidió autorización al Senado para aplicar el artículo 155, cesar el gobierno de la Generalitat y convocar nuevas elecciones al Parlament. A pesar de la gravedad de los delitos en que habían incurrido, los presuntos delincuentes pudieron escapar con toda tranquilidad a Bélgica y montar el circo mediático que estamos padeciendo desde entonces. Como el resto de la puesta en escena, la huida al extranjero formaba también parte de su estrategia para internacionalizar el ‘conflicto’ una vez proclamada la república.

Sáenz de Santamaría, vicepresidenta del Gobierno de España, ofreciendo a Junqueras, vicepresidente del gobierno de la Generalitat, abrir un diálogo sobre todas las demandas presentadas, a excepción del referéndum.

A la vista de lo ocurrido desde el 27-S, se puede afirmar que el gobierno de Rajoy no ha logrado poner fin al proceso insurreccional en Cataluña. Primero, fracasó su estrategia de aproximación y apaciguamiento seguida en 2016, pues ni consiguió que los partidos secesionistas abandonaran sus planes de iniciar el proceso constituyente ni que aprobaran las leyes de desconexión (referéndum y transitoriedad jurídica) a principios de septiembre de 2017. Segundo, el Gobierno tampoco logró impedir que se celebrara la consulta el 1-O y envió a las

Trapero, Mayor de los Mozos, con Puigdemont y Forn, consejero de Interior. Trapero está siendo investigado como pieza fundamental en la inacción de los Mozos en el asedio a la Consejería de Economía y el 1-O.

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado desplazadas a Cataluña a realizar, en condiciones muy precarias, acciones que deberían haber realizado los Mozos. Tercero, los titubeos y la tardanza del Gobierno en actuar para atajar la insurrección permitió a Puigdemont y a otros golpistas escapar al extranjero y continuar desde el ‘exilio’ denigrando y desacreditando la democracia española, y alentando las esperanzas de sus seguidores.

 

Artadi y Pujol, diputados de JxC, con Torrent (ERC) preparando una de las cuatro investiduras fallidas de candidatos fugados de la justicia (Puigdemont), encarcelados (Sánchez) o investigados (Turull).

Se equivocan quienes creen que Cataluña está hoy mejor que el 27-O. Los secesionistas siguen controlando el Parlament y muy probablemente volverán a controlar el gobierno de la Generalitat en pocas semanas. Centenares de Ayuntamientos catalanes adscritos a la AMI ondean banderas estrelladas en sus balcones y han colocado pancartas en las fachadas reclamando la libertad de los ‘presos políticos’. Las asociaciones secesionistas que han abonado las fianzas de los presuntos delincuentes continúan desarrollando su

Carlos Sastre, asesino convicto del industrial Josep María Moltó, y presidente del sindicato secesionista presentado como un patriota en en TV3.

labor propagandística con total impunidad, y los CDR están más activos que nunca. Los medios de comunicación públicos más los subvencionados por la Genealitat, desde TV3 hasta la radio y el diario local más humildes, siguen actuando como altavoces del secesionismo. Salvo dos centenares de asesores cesados tras aplicarse el 155, todo el aparato administrativo del gobierno de la Generalitat

La cosa viene de lejos: Álvarez (UGT Catalunya), Casals (Òmnium Cultural) y Gallego (CCOO Catalunya) a favor del derecho a decidir y la consultadel 9-N.

permanece intacto y siguen vigentes las normas que impiden a los ciudadanos españoles ejercer en igualdad de condiciones sus derechos constitucionales en Cataluña.

Ante la última exhibición de cinismo de Puigdemont a la salida de la cárcel alemana, exigiendo al Gobierno la excarcelación de los ‘presos políticos’ y el inicio de un diálogo ‘político’ con los golpistas, he recordado las palabras que escribió Javier Marías cuando el

Gaseni, nuevo presidente interino de la AMI, con Torrent, nuevo presidente del Parlament, junto al vicepresidente de la ANC,  en la manifestación del 16 de febrero de 2018.

diario Gara publicó “Ortega Lara vuelve a la cárcel”, después de que el funcionario de prisiones fuera liberado por la Guardia Civil tras haber permanecido secuestrado por ETA en una celda infame durante 532 días. “Cuando el cinismo, la vileza y el escarnio  llegan a tales extremos, se sabe que no hay nada que hablar. Pero entonces, ¿qué queda?”, se preguntaba Marías. Ante las vilezas de Puigdemont y demás líderes secesionistas, a los demócratas sólo nos queda exigir al Gobierno y a la escurridiza oposición más firmeza a la hora de

Casa consistorial del Ayuntamiento Vilobí del Penedés el 23 de febrero de 2018, luciendo la bandera estrellada.

defender nuestra democracia porque con los golpistas “no hay nada que hablar”.

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De Waterloo a Estremera vía Schleswig-Holstein

Artículo publicado en el diario Expansión el 26 de marzo de 2018.

Puigdemont posa mofándose de los 5 requerimientos enviados por el Tribunal Constitucional.

Cuando hace unas semanas Torrent  propuso al expresidente Puigdemont huido de la justicia como candidato para presidir el gobierno de la Generalitat, expresé en las páginas de Expansión que estaba más cerca de hacer compañía a Junqueras y a Forn en Estremera que de ser elegido nuevamente presidente de la Generalitat. Su detención esta mañana en Alemania pone de manifiesto que su estrategia de llevar al límite la confrontación con el Estado, haciendo caso omiso, primero, de las reiteradas advertencias del Tribunal Constitucional, y huyendo, más tarde, a Bélgica para evitar comparecer ante el juez del Tribunal Supremo que lo investiga, estaba condenada al fracaso. Sólo un auténtico megalómano podía pretender convertirse en el presidente de un consejo de la república en el exilio y marcar desde Waterloo la agenda de un gobierno títere instalado en la plaza de San Jaime. Era cuestión de tiempo que su pequeña corte belga empezara a flaquear y que quienes seguían dando la cara en Barcelona se hartaran de seguirle la cuerda.

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Puigdemont celebrando con Junqueras el golpe de estado en el Parlament el 27 de octubre, pocas horas antes de fugarse.

Los hechos que se han sucedido durante los últimos meses en Cataluña han demostrado que los líderes secesionistas, Mas y Puigdemont, Junqueras y Rovira, urdieron una gran mentira con la que lograron arrastrar a casi dos millones de personas al borde del precipicio y provocar una crisis social e institucional sin precedentes en la cuarta economía de la Eurozona. A pesar de sus repetidas afirmaciones, los catalanes hemos podido constatar después de la huida de Puigdemont que la manoseada hoja de ruta no era sino una sarta de improvisaciones que nos iba adentrando en un laberinto cada vez más intrincado, cuyo único mérito consistía en alejarnos más y más de la salida; que las famosas estructuras de estado (hacienda, seguridad social y banco central) que habían de ponerse en marcha el día de la desconexión de España eran una ficción ‘vidalesca’; que los empresarios que supuestamente avalaban con su silencio el proyecto independentista tardaron minutos en hacer las maletas después de la consulta del 1-O y poner tierra de por medio; y, en fin, que en lugar de la lluvia de apoyos internacionales que apuntalarían a la recién constituida república lo único que llegó de fuera fueron descalificaciones a los golpistas, y un apoyo sin fisuras de todos los Estados democráticos y organismos internacionales al Gobierno legítimo de España.

Secuencia de mensajes supuestamente privados enviados por Puigdemont a Comín el 31 enero 2018.

La detención de Puigdemont en Alemania cierra un triste capítulo de la historia de nuestra democracia que ojalá no se hubiera producido nunca. Pero más que lamentarnos por lo que ya no tiene remedio, lo importante ahora es extraer algunas consecuencias con vistas al futuro. La primera conclusión que me gustaría resaltar es que durante el tiempo que Puigdemont presidió el gobierno de Cataluña, los tres poderes del Estado, Gobierno, Congreso y Senado, y Poder Judicial, se comportaron con una extraordinaria prudencia. La parsimonia con que afrontaron la crisis política, evitando caer en las continuas provocaciones del gobierno de la Generalitat y el Parlament de Cataluña, refuerza nuestra confianza en el Estado de Derecho. No obstante, quiero apuntar que un Estado democrático más cuajado que el nuestro habría tenido menos complejos y se habría mostrado quizá más expeditivo a la hora de hora de plantar cara a los gobernantes de una Comunidad Autónoma que alardeaban de saltarse el ordenamiento jurídico y desatender los requerimientos y las sentencias de los tribunales. Convendría

Rajoy en el Senado el 27 de octubre de 2017.

analizar con sumo cuidado todo el proceso secesionista y el entramado administrativo-mediático-asociativo que lo alimentó desde la primera consulta por la independencia el 14 de septiembre de 2009 hasta la proclamación de la independencia el 27 de octubre de 2017, pasando por las consultas del 9-N y el 1-O. ¿Estuvo la maquinaria del Estado a la altura del desafío?

Mas votando en la consulta el 1-O de 2017.

La segunda conclusión importante es que el Estado de Derecho ha salido triunfante del envite. Los principales líderes secesionistas van a ser juzgados y tendrán que responder no por ser republicanos de corazón sino por los posibles delitos (rebelión, sedición, desobediencia, malversación de caudales, etc.) que hayan podido cometer en el ejercicio de sus cargos. El ser elegido democráticamente no otorga a

Puigdemont firmando el decreto de convocatoria de la consulta de autodeterminación el 6 de septiembre de 2017.

ningún gobernante el derecho a saltarse el ordenamiento jurídico, invocando una supuesta voluntad popular. La impunidad ha terminado. A Puigdemont, los catalanes lo elegimos para ocupar un escaño de diputado y los diputados lo eligieron en el Parlamente para presidir el gobierno de la Comunidad Autónoma de Cataluña, no para hacer un referéndum de autodeterminación ni para constituir la república en Cataluña. Esperemos que pronto sea extraditado y tenga la oportunidad de comparecer ante el juez Llarena para convencerle de que ni antes ni después del 1-O cometió delito alguno como presidente del gobierno de la Generalitat y merece la absolución. Me temo que no le resultará fácil lograrlo.

Estremera CP Madrid VII.

Puigdemont con Sánchez, presidente de la ANC, y Cuixart, presidente de Omnium Cultural, preparando del 11 de septiembr de 2016.

 

 

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Nuevo desafío del secesionismo al Estado

Artículo publicado en el diario Expansión el 22 de marzo de 2018.

Torrent “El Cancelador”: le viene grande hasta la bandera.

Tras el fallido intento de investir a Puigdemont hace unas semanas, Torrent ‘El Cancelador’ suspendió el pleno del Parlament convocado para investir a Sánchez, presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) preso en Soto del Real. Llarena, el juez del Tribunal Supremo que ordenó su ingreso en prisión investiga su participación en el intento de secesión de Cataluña organizado por el gobierno de la Generalitat (Puigdemont, Junqueras, Borràs, Comín, Forn, Ponsatí, Puig, Rull, Serret, Turull, etc.) y el Parlament (Forcadell, Rovira, Gabriel), con la colaboración indispensable de Sánchez, Cuixart, presidente de Òmnium Cultural, y Lloveras, entonces presidenta de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI).

Torrent en el acto del ‘9denou’ en Vic.

El interés del asunto no radica tanto en la previsible suspensión del acto en sí cuanto en las declaraciones que hizo Torrent en Vic –ciudad que recibió a Franco como a un héroe y ahora está literalmente plagada de banderas estrelladas y lacitos amarillos– en un acto organizado para celebrar el aniversario de uno de tantos medios de comunicación (el9nou) que subvenciona la presidencia de la Generalitat para promocionar el secesionismo en Cataluña. Resulta paradójico contemplar a la enfervorizada audiencia aplaudirle cuando Torrent reclamó “libertad de expresión y respeto institucional”. ¿Acaso no estaba ejerciéndola con pleno respeto institucional? Quién demostró una vez más falta de respeto institucional fue Torrent cuando advirtió con tono amenazador que “no permitiremos que los tribunales decidan quién es el presidente de la Generalitat de Cataluña”. ¿Acaso algún Tribunal pretende tal desatino? Ninguno, como  ninguno interfirió en su elección. Hay una sola razón, Sr. Torrent, por la que los candidatos propuestos hasta ahora (Puigdemont y Sánchez) no han sido investidos: su empecinamiento en proponer a prófugos o presos.

La cosa viene de lejos: Puigdemont con Sánchez, presidente de la ANC, y Cuixart, presidente de Omnium Cultural, preparando el 11 de septiembre de 2016. Testigo: Munté, consejera de Puigdemont.

Hacer república

Los políticos secesionistas deambulan frustrados y algo desconcertados porque los resultados electorales del 21-D vinieron a confirmar la falta de apoyo social para su proyecto. Hasta un declarado independentista como Carod-Rovira reconocía hace unos días que hace falta algo más que el 47,5 % de los votos para poder sacarlo adelante y les advertía que mayor será la frustración cuanto más tarden en reconocerlo. “Parece mentira –afirmó el exvicepresidente de la Generalitat en otro medio

Carod-Rovira (ERC), exvicepresidente del gobierno de Maragall “¿Es preciso seguir haciendo el ridículo?”.

subvencionado (8TV)– que dos meses y medio después de las elecciones aún estemos así. ¿Tanto cuesta elegir a un candidato que no esté huido o encarcelado? ¿Es preciso seguir haciendo el ridículo?” Torrent está dispuesto a hacer el ridículo hasta que alguien le ordene lo contrario.

Los candidatos de Junts pel Sí, la noche del 27-S. Entonces se las prometían muy felices,… ahora, parecen no reir tanto.

Incluso los catalanes que se sintieron atraídos por la promesa de forjar ‘un país nuevo y  justo’ están preguntándose qué fue de la hoja de ruta de JxSí que prometía proclamar la república en 18 meses contados a partir del 27-S; dónde están las ‘estructuras de estado’ que Puigdemont y Junqueras les aseguraban tener a punto para empezar la desconexión; por qué más de 3.200 sociedades han trasladado sus sedes a otras Comunidades y el asegurado reconocimiento internacional no ha llegado; y se preguntan qué pueden esperar de los líderes que apenas habían terminado de entonar el ‘cop de falç’ huyeron despavoridos por la frontera. “Ciutadans de Catalunya: ja no soc allí”, esta es

Puigdemont en Bruselas con un Mozo de Escuadra en funciones de guardaespaldas.

la primera frase que Puigdemont debería haber dirigido a los catalanes desde Bruselas.

Estamos asistiendo a la descomposición de un proyecto político cuya hoja de ruta ha sufrido mil y un cambios sin que, como apuntaba Carod-Rovira, Mas, Puigdemont y Junqueras hayan tenido la honradez de reconocer su fracaso. Como expliqué en mi artículo “Auge y decadencia del nacional-secesionismo” (Expansión, 23 de diciembre 2017), a pesar de contar con el respaldo de todas las instituciones autonómicas y locales, y el apoyo del potente entramado mediático-asociativo, el respaldo social no sólo ha retrocedido desde 2012 sino que ha despertado a los catalanes deseosos de seguir siendo

Junqueras presentando su hoja de ruta, 11 noviembre 2014.

españoles y europeos. El éxito de la manifestación del pasado 30 de septiembre en Barcelona, en vísperas de la consulta del 1-O, puso de manifiesto la pluralidad de la sociedad catalana, y marcó un punto de inflexión que refrendaron las movilizaciones del 8, 12 y 29 de octubre y 6 de diciembre en 2017, y el 4 de marzo en 2018.

30 septiembre: manifestación en vísperas de la consulta ilegal del 1-O. Vista general de la plaza de San Jaime.

Agotado pero no desmantelado

En la mañana del 26 de octubre, un día antes de la esperpéntica votación en el Parlament que precedió a su huida, el expresident Puigdemont estaba dispuesto a convocar elecciones anticipadas. Sólo faltó para que lo hiciera que el Gobierno de España le garantizara la impunidad de los líderes incursos en causas judiciales por su papel en los tumultos del 20-21 de septiembre frente a la Consejería de Economía, y por la organización de la consulta ilegal del 1-O. Al margen de lo absurda que resultaba su exigencia en un Estado de Derecho donde prevalece la división de poderes, la petición de Puigdemont revela la endeblez de las convicciones de quien al día siguiente votó a favor de constituir la república catalana.

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Puigdemont y Junqueras celebrando el golpe de estado en el Parlament el 27 de octubre, pocas horas antes de huir a Bruselas.”Un cop falç, un cop de…” antes de salir por piernas huyendo.

El desconcierto y las desavenencias actuales entre los líderes secesionistas confirman que ni el control absoluto de la Generalitat (Gobierno, Parlament, Diputaciones y Ayuntamientos) y la mayoría de medios de comunicación en Cataluña, ni las movilizaciones organizadas por la ANC, Òmnium y AMI durante los últimos años han dado los frutos esperados. Pero aunque la resaca ha arrastrado a algunos de sus líderes más adentro, todo apunta a que volverán a las andadas en cuanto el mar nos los devuelva o sean reemplazados por otros. Y es que para la casta secesionista, “hacer república” es el conjuro mágico que propulsa sus carreras políticas, y les proporcionan días de gloria y hasta un confortable modus vivendi, al menos mientras la impunidad dura.

Para constatar lo poco que ha cambiado la situación política tras la aplicación del artículo 155, basta con observar la realidad  cotidiana y ojear el borrador del acuerdo alcanzado por JxC y ERC para repartirse la Generalitat. Los mandos de los Mozos, salvo Trapero, siguen en sus puestos pese a la pasividad y hasta connivencia mostrada el 1-O y las informaciones publicadas sobre el espionaje al que han sometido a catalanes de a pie y a miembros del Gobierno español. La mayoría de Ayuntamientos continúan incumpliendo el ordenamiento jurídico y financiando a la AMI. Gasseni, su presidente provisional, reclamaba hace pocos días “hacer efectiva la república”, y la nueva ejecutiva, presidida por Cervera, reiteraba su rechazo al Estado de Derecho en el manifiesto de Tárrega. Torrent y los portavoces de JxC y ERC cuestionan todos los días la competencia de los Tribunales para pronunciarse sobre actos contrarios al ordenamiento jurídico.

Aspecto actual del Centro de Atención Primaria del Servicio Catalán de Salud (CatSalud) en Vilobí del Penedés.

Ayuntamiento Vilobí del Penedés 23 de febrero de 2018: en rebeldía.

El borrador incluye también el compromiso de “impulsar el Proceso Constituyente, que contempla movilizar a la sociedad catalana… contra la represión policial y jurídica del Estado español”, crear comisiones parlamentarias y realizar una ‘multiconsulta’. Incluso lleva el desafío al Estado de Derecho un punto más allá, al incluir la propuesta de dejar en manos de la corte belga de Puigdemont, compuesta por la “Asamblea de Representantes,

Artadi, Torrent y Pujol en el Parlament tras sellar el acuerdo de investidura.

Presidencia y Consejo”, la “capacidad para impulsar políticas, estrategias, propuestas y la internacionalización”. El desafío lo completa el compromiso de “implementar en los seis meses siguientes la Moción 55/XI sobre la desmilitarización

El Parlament pide al Govern, a instancias de la CUP, prohibir los desfiles militares en Cataluña. Y el PSC de Iceta reclama el traspaso del patrimonio militar a la Generalitat.

de Cataluña aprobada por el Parlament el 14 de julio de 2014”. Como no podía ser de otra manera, la Fiscalía ya ha advertido al juez Llarena que el acuerdo vulnera la legalidad vigente. Ahora que el lector juzgue si la aplicación del 155 ha restablecido (o no) la normalidad democrática en Cataluña.

Asamblea de la AMI el 15 de marzo de 2018: conjurados con Cervera, su nuevo presidente para seguir trabajando por la independencia.

 

 

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Abandonados

Artículo publicado en el diaro Expansión el 24 de febrero de 2018.

Turull, consejero portavoz en el último gobierno de Puigdemont, Baños, diputado de la CUP, y Romeva, consejero de Puigdemont para la internacionalización del proceso, presentando las enmiendas a la Resolución I/XI de inicio de la independencia el 6 de noviembre 2015.

Hace bastante tiempo, demasiado, alerté sobre las negativas consecuencias que había producido el progresivo desvanecimiento (“Cuando el Estado se desvanece”, Expansión 9/07/2013) de las instituciones centrales del Estado (ICE=Gobierno+Cortes+Poder Judicial) en la vida cotidiana de los catalanes. El asunto viene de muy largo y ha ido creciendo a la par que aumentaban las  competencias traspasadas a las instituciones de la Generalitat que, no contentas con administrar sanidad, educación o seguridad con total autonomía, cuestionaron, primero, la facultad de las ICE para aprobar normas básicas o enmendar las normas autonómicas, y acabaron, finalmente, por constituirse en sujeto soberano e iniciar el proceso constituyente que llevó a aprobar las llamadas ‘leyes de

Forcadell, la guardiana de la urna transparente en la que se votó la independencia de Cataluña en cumplimiento del mandato recibido en la consulta ilegal celebrada el 1-O.

desconexión’, a celebrar la consulta del 1 de octubre (1-O) y a proclamar la república catalana.

Todo sigue igual

Rajoy en el Senado el 27 de octubre de 2017 defendiendo la aplicación del articulo 155 de la Constitución.

El Gobierno de España paró el golpe de Estado aplicando el artículo 155 de la Constitución en el tiempo de descuento, convocó apresuradamente elecciones autonómicas el 21-D y los Ministros se hicieron cargo de las Consejerías en el ínterin, a la espera de que el nuevo Parlament invistiera al President. Excepto por los ceses habituales del personal de confianza y el desmantelamiento de las embajadas y algún otro organismo menor, la destitución del gobierno de la Generalitat apenas ha alterado el funcionamiento de las administraciones catalanas, y los Ministros en funciones, como los espíritus puros, no se han dejado ver por aquí en tres meses y medio. Sólo los Tribunales apoyados por los servicios de investigación de la Guardia Civil y la Policía Nacional han continuado trabajando para desenmascarar las argucias y estratagemas desplegadas por el gobierno de Puigdemont y los mandos de la policía autonómica en la preparación del 1-O y la consumación del golpe de Estado.

Sánchez, presidente de la ANC, y Cuixart, presidente de ´Òmnium, arengando a los comités de defensa del referéndum subidos a un vehículo de la Guardia Civil el 20 de septiembre de 2017.

Malparada neutralidad

Incluso menos han cambiado las relaciones cotidianas entre administradores y administrados. En numerosos Ayuntamientos, las banderas estrelladas que engalanaban farolas y rotondas y casas consistoriales siguen ondeando por toda Cataluña. Proyectado en la fachada del auditorio municipal de Sant Cugat del Vallés (SCV), puede admirarse estos días un enorme lazo amarillo y los espectadores ven incrédulos como un sujeto con aspecto lúgubre anuncia antes de iniciarse el concierto que se interpretará (fuera de programa) el ‘canto de los pájaros’ para exigir la libertad de los ‘presos políticos’.

El senador Vidal (ERC) afirma que los comisarios de los Mozos desobedecerán al Estado. El Confidencial, 26 de enero de 2017. El Gobierno estaba avisado.

En Cataluña, las instituciones autonómicas abandonaron hace mucho tiempo cualquier viso de neutralidad administrativa y se convirtieron en correas de transmisión de las consignas del gobierno de la Generalitat, sin que nada hicieran los Gobiernos de España para impedirlo. En los últimos meses, hemos visto infinidad de carteles en dependencias de Consejerías y Ayuntamientos exigiendo la libertad de los presos, y a funcionarios exhibir en la solapa lacitos amarillos en sus puestos de trabajo. Los órganos rectores y las organizaciones sindicales convocaron a los miembros de la comunidad universitaria a manifestarse el 20 de septiembre contra la “represión política” y la “involución democrática”. La pasada semana, la Rectora de la UAB autorizó la celebración de una fiesta organizada por el sindicato de estudiantes de los ‘países catalanes’ en la que se prohibía expresamente exhibir cualquier actitud “machista… españolista o fascista”.

Los acosadores de Balaguer. “Escuela en catalán no acatamos”.

Los profesores en colegios e institutos públicos siguen adoctrinando a niños y a jóvenes sin ningún pudor o recato. Al día siguiente del 1-O, puedo dar fe que piquetes de estudiantes impedían la entrada algunos centros y que algunos directores proporcionaron materiales para que los alumnos fabricaran carteles que equiparaban nuestra democracia con la dictadura de Franco. Se interrumpieron las clases y se conminó a los alumnos a salir a los patios (quienes se resistieron fueron abucheados) donde la función terminó entonando ‘els segadors’. En el franquismo, esto se llamaba ‘formación del espíritu nacional’.

Gaseni, nuevo presidente interino de la AMI, junto a Torrent, nuevo presidente del Parlament, y otros líderes golpistas en la manifestación del 16 de febrero de 2018.

Hace unos días, una amiga desolada me mostraba las palabras que su cuñada había dejado en el chat familiar: “aunque sea profesora de inglés, ahora voy a adoctrinar incluso más”. Una profesora de catalán de instituto recomienda a los alumnos consultar la página “verbscatalans”, donde junto al espacio reservado para introducir el verbo aparece la bandera estrellada; no acaba aquí el asunto: al situar el cursor sobre la bandera aparece el mensaje “Carles Puigdemont President de Catalunya”.

 

El presidente de la ACM Miquel Buch y la presidenta de la AMI Neus Lloveras mamifestándose en Bruselas junto al eurodiputado Tremosa en apoyo a Puigdemont.

Resumen de la regresión democrática del Estado español y sus agravios contra Cataluña, editado por la ACM y la AMI.

El entramado asociativo-mediático que propició y patrocinó el golpe sigue también intacto. Es cierto que Sánchez y Cuixart, presidentes de la ANC y Ómnium, respectivamente, están encarcelados, y Lloveras, la alcaldesa de Vilanova investigada, ha renunciado a presidir la Associació de Municipis per l’Independencia (AMI). Pero las tres organizaciones siguen operativas y Gaseni (ERC), presidente interino de la AMI, declaraba en PUNTAVUI TV que “AMi@_Cat está dispuesta a apoyar al gobierno catalán y a prestar apoyo a la dirección que tome el país”. Hace casi un año que expuse en Expansión las razones por las que la AMI, una asociación que “trabaja única y exclusivamente por la independencia de Cataluña”, debería haber sido ilegalizada. Pues ahí sigue, como la ANC y Òminum, promoviendo la república independiente en casa y en el extranjero.

Sanchís, presidente de TV3.

Y ahí siguen también al frente del entramado mediático los mismos dirigentes que han jaleado las decisiones y acciones de los gobiernos de Mas y Puigdemont durante los últimos años en medios de comunicación públicos o subvencionados por la Generalitat, y han lanzado a sus ‘bien pagaos’ presentadores y contertulios estrellas a acosar a los líderes de los partidos constitucionalistas (Ciudadanos y PP), sometiéndolos a interrogatorios de tercer grado. Al contrario, esos mismos comunicadores han mostrado una solicitud rayana en el servilismo cuando se trataba de difundir las declaraciones de los protagonistas del golpe, concederles entrevistas a golpe de teléfono o reclamar la libertad de los presos. En la dictadura, a este periodismo se le denominaba ‘prensa del régimen’.

Temor

Adoctrinamiento escolar.

Los gobiernos de Rajoy poco o nada han hecho para cambiar la situación desde 2011. Ahora que se han cumplido 100 días de vigencia del artículo 155 sin dar palo al agua, el ministro Méndez de Vigo nos ha sorprendido al declarar que el Gobierno, comprometido con la libertad, estudia la fórmula para que los catalanes puedan decidir si quieren que el castellano sea lengua vehicular. Escucho atónito a algunos tertulianos en Madrid cuestionar la oportunidad de hacerlo ahora por temor a soliviantar e insuflar vida a los alicaídos secesionistas.

Font, portavoz naconal del sindicato USTEC dirigiéndose a los congregados en la Plaza de la Catedral el 8-N de 2017: “No donarem classes en castellà, i a més no renunciem a parlar de política a les aules”.
“No daremos clase en castellano y además no renunciaremos a hablar de política en las aulas”

Al margen del error de apreciación en su diagnóstico –no están tan debilitados–, me llamó poderosamente la atención su escaso conocimiento de la realidad social. Pese a las movilizaciones constitucionalistas del pasado otoño, persiste el temor a hablar con libertad, mucho más en el ámbito escolar, y ninguna familia sensata está dispuesta a arrojar a sus hijos a los leones –maestros y profesores mayoritariamente secesionistas afines el sindicato USTEC–, a menos que se les ofrezcan sólidas garantías. Después de tanto tiempo sin hacer nada, el Gobierno debería empezar la casa por los cimientos no por el tejado.

Les referiré algo que me ocurrió hace unos días y me conmovió profundamente. Me dirigía al coche cuando me crucé con una señora que me preguntó si era el “señor Clemente”. Le respondí afirmativamente y tras presentarse comenzamos a hablar. Se mostró indignada por todo lo que está sucediendo, y cuando le comenté apuntando al Ayuntamiento que acababa de solicitar la retirada de los lazos amarillos que cubrían la entrada del Centro de Salud, me pidió asustada que no señalara porque podrían estar viéndonos. Aquí y ahora, como durante el franquismo, hay miedo, auténtico miedo a expresar lo que uno piensa, especialmente en las comunidades pequeñas.

Aspecto actual del CAP Vilobí del Penedés.

Una estrellada colocada en el Centro de Atención Primaria (CAP) de Vilobí del Penedés, julio 2015.

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Inseguridad jurídica, fractura e inestabilidad

Artículo publicado en el diario Expansión el 31 de enero de 2018

(Amago fallido de investidura en el Parlament)

Torrent, elegido presidente del Parlament de Cataluña el 17 de enero de 2017.

Después de la constitución del Parlament el 17 de enero y la elección de Torrent (ERC) como sucesor de Forcadell (ERC) al frente de la cámara autonómica, el joven republicano que había sostenido públicamente que la república catalana sería una vez proclamada –lo fue el 27 de octubre– reconocida urbi et orbe se dedicó durante unos días a la más modesta tarea de reunirse con los portavoces de los grupos parlamentarios (PP, CUP, PSC, JxC y Ciutadans) para tantear sus intenciones. Concluida la ronda el 19 de enero, Torrent anunció que Puigdemont era el único candidato admisible. Desde ese momento hemos escuchado, y no sólo a los integrantes de su candidatura, JxC, repetir hasta la saciedad que la única opción respetuosa con el mandato recibido del ‘pueblo’ de Cataluña el 21-D es investir a Puigdemont ‘El Prófugo’. Curioso mandato, puesto que el escurridizo sujeto tan sólo obtuvo 968.433 votos de un total de 4.357.368 votos emitidos según la Junta Electoral. Señalarlo como el único candidato posible constituye a la luz de la aritmética electoral una hipérbole desmesurada, ya que por no ser, su lista no fue siquiera la más votado en Cataluña y fue tercera en las provincias de Barcelona y Tarragona, las más populosas.

Torrent da marcha atrás

Puigdemont el Prófugo dirigiéndose al PDeCAT.

Torrent y ERC, el partido del encarcelado exviceptresidente Junqueras, accedieron en primera instancia a que Puigdemont fuera el candidato de consenso de JxC, ERC y CUP, los tres grupos que protagonizaron el “inaceptable intento de secesión” el pasado octubre, y Torrent se comprometió a explorar todas las posibilidades para lograr que fuera investido, haciendo caso omiso del informe de  los letrados de la Cámara que rechazaba su posible investidura telemática o por delegación. Ante la posibilidad de que los diputados independentistas volvieran a saltarse el reglamento del Parlament y votaran al candidato ausente en la sesión de investidura fijada el 30 de enero a las 15:00, el Gobierno de España presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) el 26 de enero para paralizar la investidura, aduciendo que Puigdemont era un prófugo.

Torrent anuncia el mantenimiento de la sesión de investidura el 30 de enero.

El TC no aceptó a trámite el recurso del Gobierno que hubiera paralizado la investidura pero si dejó muy claro en un auto publicado el 26 de enero que Puigdemont sólo podría ser investido si estaba presente en el hemiciclo con permiso del juez Llarena que instruye en el Tribunal Supremo la causa contra Puigdemont y otros ciudadanos a los que les imputa los delitos de rebelión y sedición entre otros. Torrent tenía dos opciones: seguir el camino de Forcadell y desobedeciendo al TC presidir la sesión de investidura, o recular y posponerla. Parece ser que este hombre tan beligerante hasta hace unas semanas no estaba preparado para soportar la lluvia de hojas redondas y delgadas de pan ácimo –hostias según la REA– sobre cuya caída alertaba a sus seguidores recientemente y ha decidido aplazar la sesión de investidura, no sin antes reafirmar su inquebrantable compromiso para proteger al Parlament de injerencias antidemocráticas y llegar hasta el final en la defensa de “los derechos del President Puigdemont”, frente a lo que calificó de chapuza jurídica del TC para complacer al Gobierno.

Inseguridad jurídica, fractura e inestabilidad

Manifestantes entrando en el parque de la Ciudadadela supuestamente blindado por los Mozos de Escuadra.

Ahora todo son conjeturas sobre qué puede ocurrir en las próximas horas porque el plazo de 10 días para realizar la investidura desde la constitución del Parlament el pasado 17 de enero expira el 31. Según algunas fuentes del Parlament, el plazo de 10 días se habría paralizado el día 26 toda vez que el TC concedió un plazo de 10 días a las partes para presentar alegaciones contra su decisión de impedir la investidura telemática o por delegación de Puigdemont. Así, Torrent dispondría de tres días más a partir del momento en que el TC adopte una resolución sobre las posibles alegaciones presentadas por las partes. Otra posibilidad es que la Mesa del Parlament acuerde prorrogar el plazo apelando al artículo 93 del Reglamento que le otorga la potestad de duplicarlos en circunstancias no excepcionales, con lo que en este caso Torrent dispondría de 10 días más. Claro que si la situación se juzga excepcional, el plazo fijado por la Mesa controlada por los tres grupos secesionistas podría alargarse más.

Varios centeneraes de manifestantes protestando enfrente al Parlament por la suspensión de la sesión de investidura.

La suspensión de la sesión de investidura ha vuelto a frustrar a los más beligerantes secesionistas convocados por la ANC y los Comités de Defensa de la República a congregarse en las proximidades del parque de la Ciudadela para apoyar la investidura de Puigdemont. Los portavoces de JxC y CUP han mostrado su disconformidad con lo que consideran una decisión equivocada y unilateral de Torrent. En torno a las 17:47, los manifestantes han roto el primer cordón de seguridad (¿?) formado por los Mozos de Escuadra y según indica una periodista de TV3 los manifestantes han forzado una puerta del parque y penetrado en el recinto por la avenida Lluis Companys. Unos centenares de manifestantes al grito de “Ni un paso atrás” y “No nos marcharemos” han llegado hasta el cordón de seguridad dispuesto delante de la fachada principal del Parlament.

Riera (CUP) criticando la decisión de Torrent.

Lo que Torrent no puede hacer ni los secesionistas desean es que la investidura no llegue a producirse y se convoquen nuevas elecciones en las que podrían perder su cada vez más ajustada mayoría. Esta hipótesis se puede descartar de momento pero será la única salida posible a la crisis si los grupos secesionistas no se avienen a reconocer que Puigdemont está más cerca de la cárcel que de presidir el gobierno de la Generalitat y nombran a un candidato alternativo Apuesto a que lo harán en el último momento aunque las desavenencias visibles ya en la pasada legislatura se agravarán y la XII legislatura será bronca y breve. Mientras el jolgorio pseudodemocrático y pseudorevoluciónario continúa a las puertas del Parlament, la Cámara de Comercio de Barcelona alerta sobre los efectos negativos de la inestabilidad política y recomienda constituir un gobierno lo antes posible para evitar que se agudice la desaceleración económica registrada el último trimestre de 2017. Un detalle menor para Puigdemont y la CUP que siguen haciendo brindis al sol por la república.

Manifestantes convocados por la ANC, los CDR, la CUP y Arran rompen el cordón policial y entran el parque de la Ciudadela.

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Boadella toma la delantera a Puigdemont

Artículo publicado en Catalunya Press y otros diarios el 23 de enero de 2018.

http://www.catalunyapress.es/texto-diario/mostrar/991830/boadella-toma-delantera-puigdemont

Tabarnia, el nuevo elixir y antídoto (aplíquese sólo si rasca o duele) contra ataques severos de independencia, se presentó en rueda de prensa en el Colegio de Periodistas de Barcelona el martes 16 de enero ante una nutrida representación de medios nacionales e internacionales (TV3, RAC1, La Vanguardia, Vilaweb, etc.) de comunicación. El flamante portavoz de la plataforma, Jaume Vives, se ganó justa fama en las redes sociales con sus improvisadas alocuciones verbeneras desde su terraza en la calle Balmes, y ahora se prepara para desarmar a las hordas vociferantes de hoces y butifarras que tanto espanto han provocado entre las empresas.

Rueda de prensa

Presentación de Tabarnia. De izquierda a derecha, Martínez, Vives y López Alegre.

López Alegre, conocido comunicador y analista de la realidad política, actuó como maestro de ceremonias. A modo de introducción, explicó que Tabernia nace con el objetivo de coordinar a grupos que han aparecido en las redes en los últimos meses para dar voz a los ciudadanos que habían permanecido silenciosos y silenciados hasta ahora. No pretende convertirse en un partido político ni tampoco sustituir a otras asociaciones –cuyos representantes habían sido invitados al acto–, sino mantener vivo el espíritu de los catalanes que el pasado otoño inundaron las calles de Barcelona y pusieron en ridículo a los dirigentes secesionistas que se arrogaban hasta ese momento el monopolio de hablar en nombre del ‘pueblo’ de Cataluña. “El pueblo tabernés –concluyó– ya no va a ser el actor pasivo que mira como se destroza Cataluña” mientras arruinan su tejido económico.

Vives en la terraza de Balmes.

Tomó a continuación la palabra, Jaume Vives, portavoz del movimiento, para quién Tabarnia como fenómeno mediático y social  ha devuelto “la esperanza a cientos de miles de catalanes y españoles… que han vivido durante muchos años clandestinamente”, con discreción para evitar represalias, pero que se han puesto en pie cansados de que “con nuestros impuestos se hayan financiado organizaciones que promueven el odio” entre vecinos y han puesto en peligro “la normalidad empresarial y laboral”. Por fin, el pueblo ha despertado y Tabarnia se presenta como el aglutinador de “todos los catalanes dispuestos a frenar la amenaza del independentismo”. Estamos aquí –dijo– para convertirnos en “el espejo donde se vea reflejado el absurdo de los argumentos” independentistas y advirtió que “llegaremos hasta donde haya que llegar” para “recuperar la verdadera historia de Cataluña” y la normalidad laboral y económica y para apoyar la modificación de la ley electoral. Anunció el portavoz la intención de convocar muy pronto una gran manifestación y reafirmó su compromiso de que los catalanes, son  españoles y europeos y “no vamos a permitir que nos echen de la casa que es nuestra casa”.

El plato fuerte

Boadella junto al resto de impulsores de la Plataforma Ciudadanos en 2006.

Desde que se despidió con su libro “Adios Cataluña”a bordo de una golondrina hace una década, en contadas ocasiones se había prestado Boadella a aparecer en público siquiera de forma virtual en Cataluña. El más notorio de los impulsores de Ciudadanos –algunos lo recordarán en la presentación del segundo Manifiesto de la plataforma Ciudadanos en el teatro Tívoli el 4 de marzo de 2006–  se vio compelido a abandonar su hogar, proscrito por el todopoderoso gobierno de la Generalitat y su entramado mediático, y acosado por las hordas de matoncillos que lo insultaban en la calle y lo asediaban en su propia casa. En un régimen totalitario, se comprende perfectamente que algunas personas decidan exiliarse para evitar represalias o sencillamente para vivir sin tener que medir las palabras. Lo terrible del ‘exilio’ de Boadella –no es el único caso – es que un ciudadano de la UE tenga que abandonar Cataluña para llevar una vida normal.

Teatro Tívoli el 3 de marzo de 2006.

Cataluña no es irrespirable, como afirmó con generosidad Boadella al iniciar su intervención telemática como presidente en el exilio de Tabarnia, sino un auténtico infierno social y cultural para todos quienes no comparten la retahíla de sandeces que conforman el credo secesionista: Cataluña es la cuna de la democracia; los catalanes hemos estado oprimidos durante siglos; la democracia española es de baja calidad; la justicia está politizada en España; las leyes que prometo acatar son injustas y es legítimo saltármelas; los corruptos confesos, los sediciosos y los malversadores no pueden ser juzgados ni condenados en España; la inmersión lingüística cohesiona la sociedad catalana; España nos roba; los impuestos devengados en Cataluña deben beneficiar exclusivamente a los catalanes; la república es el bálsamo de Fierabrás; etc. Y si te atreves a levantar la voz contra estos dogmas de parvulario –quizá ello explique su gran éxito entre docentes de infantil y primaria– te expones a ser tachado de mal catalán y antidemócrata y hasta de peligroso ‘feixista’.

Ésta es la razón por la que Boadella inició su alocución con un “Ciutadans de Catalunya: no soc aquí”, dándole la vuelta al famoso saludo de Tarradellas, porque como señaló el cómico en su adiós “aquí existe un problema de libertad”. Lástima que pasara inadvertido para González, Aznar y Zapatero y ahora para Rajoy y Sánchez. Quizá les iría bien pasar una temporadita por ‘aquí’, acudir a un concierto de Navidad o una reunión del AMPA; o soportar la broma de un compañero de trabajo que graciosamente te susurra al oído “no te preocupes, te daremos el pasaporte” –quiero creer que no se refería al pasaporte que daban los comités de milicias antifascistas de Companys–; o, en fin, soportar cómo te increpan viandantes y automovilistas cuando te ven retirar lacitos amarillos de plástico colocados en barandillas, bancos y árboles, como si la ciudad fuera suya, y nosotros ciudadanos de segunda a los que sólo nos cabe acatar en silencio sus mamarrachadas.

XII legislatura

Arrancó la nueva legislatura con el mismo tono bronco y desafiante que terminó la anterior. Maragall El Viejo, elegido presidente de la Mesa de edad, dio rienda suelta a su “acumulación de indignación frente a las agresiones que vivimos cada día” y continuó su perorata reclamando la presencia del gobierno cesado y reprochando al Estado querer humillar a los catalanes, impidiéndoles “construir el país nuevo, justo y digno que queremos ser”. En el limitado universo ‘maragalliano’, quienes no nos hemos sumado a esa formidable “acción colectiva de una parte muy significativa de esta sociedad” no existimos y resulta inútil explicarle que no nos humilla la intervención del Estado democrático sino gente que, como él, exalta a los golpistas.

Siguiendo el guión, Torrent (ERC) fue elegido presidente del Parlament con 65 votos (incluidos los de los tres diputados encarcelados) y JxC y ERC se aseguraron la mayoría de la Mesa que adoptará una decisión clave en los próximos días. En su breve discurso sin alusiones a la fallida república, Torrent se comprometió a defender el derecho de participación de todos los diputados (incluidos los encarcelados y prófugos) e hizo una llamada, sin renunciar a sus principios, a la democracia, al respeto y a la convivencia. Ojalá no se equivoquen quienes han querido ver en estas palabras una indicación de que esta legislatura podría ser más comedida que la precedente, y no una estratagema antes de desempolvar de nuevo la hoz republicana. De momento, el partido de Junqueras ha accedido a que Puigdemont se presente a la investidura y ahora tendrá que decidir si, contraviniendo el informe de  los letrados de la Cámara, acepta la investidura telemática, contradiciendo el deseo expresado por Torrent de tener un “gobierno efectivo”. Claro que tampoco puede descartarse que Puigdemont aparezca por sorpresa en el hemiciclo disfrazado de ‘mosso d’esquadra’. Antes del 31 tendremos la respuesta.

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Puigdemont apuntilla a Mas y al PDeCAT

Artículo publicado en el diario Expansión el 17 de enero de 2018.

Mas entrando a la sede donde tuvo lugar el Consejo Nacional del PDeCAT el 13 de enero de 2017.

Cataluña ha vivido un  fin de semana intenso, protagonizado por la amarga despedida de Artur Mas i Gavarró de la política, y el entierro anticipado de la sardina. Me refiero, claro está, al casi nonato Partido Demócrata Catalán (PDeCAT), constituido en julio de 2016 para poner tierra de por medio con la otrora todopoderosa Convergencia Democrática de Catalunya (CDC), el partido de los Pujol, Mas y Puigdemont. Y la semana que empieza llega también muy cargadita. El lunes, la Audiencia Provincial de Barcelona hizo pública la sentencia del caso Palau-CDC y el miércoles 17 se constituirá el Parlament de Cataluña, un espectáculo circense que promete superar incluso el sainete puesto en escena en la pasada legislatura.

Puigdemont dirigiéndose al PDeCAT el 13 de enero de 2017 después de la despedida de Mas.

 Moises y el PDeCAT al sumidero

Mas decidió ponerse al frente del movimiento independentista y convocó elecciones plebiscitarias después del éxito de la Diada del 11 de septiembre de 2012.

A Artur Mas se le recordará como aquel presidente del gobierno de la Generalitat que haciendo gala de su irrefrenable oportunismo decidió subirse al carro de la independencia el 11 de septiembre de 2012 y sucumbió a manos de una decena de insobornables matronas feministas y pancatalanistas, rabiosamente socialistas y anticapitalistas, que decidieron vetar su investidura y enviarlo a la papelera de la historia. Nombrado presidente del PDeCAT en julio 2016, deambuló errante y errático por la política catalana, esperando inútilmente que el ‘pueblo’ reclamara su vuelta y se ha despedido de la política a las puertas de la Tierra prometida mientras su testaferro les asestaba, a él y a su criaturita, el PDeCAT, el golpe de gracia desde Bruselas.

Mossos d’Esquadra entrando para registrar el Palau de la Musica el 24 de julio de 2009.

Las tribulaciones de Mas y CDC comenzaron el 23 de julio de 2009 cuando la policía judicial irrumpió en el sagrado templo del Palau de Música Catalana y salió de allí cargada, no con viejas partituras olvidadas, sino con trece cajas con abundante documentación cuyo contenido acabó por incendiar el oasis catalán. Las declaraciones de los delincuentes confesos, Millet y Montull, presidente y gerente de la Fundació Palau de la Música-Orfeó Català, permitieron desvelar el modus operandi que utilizaba CDC para financiarse ilegalmente. Según se desprende de las investigaciones, algunas empresas adjudicatarias de obra pública donaban un porcentaje de la cuantía a la Fundación del Palau que los diligentes Millet y Montull se encargaban de hacer llegar a CDC. El presidente Maragall estaba en lo cierto cuando en 2005 le espetó a Mas en sede parlamentaria, ustedes tienen un problema que se llama 3%, aunque al parecer se quedó corto.

La suerte de Mas ha ido de la mano de la de Daniel

Mas abraza a Osàcar en 2011. Osácar, secretario personal (2000-2005) y el tesorero de CDC (2005-2011) y las fundaciones (Trias Farga y CatDem) de CDC, ha sido condenado por la Audiencia Provincial de Barcelona a 4 años y 5 meses de cárcel por los delitos que se le imputaban.

Osácar, el hombre que fue su secretario personal entre 2000 y 2005, y se convirtió en el tesorero de CDC y de la fundación Trias Farga y su sucesora FemCat. La publicación de la sentencia del caso Palau-CDC cifra la cuantía de los fondos recibidos por el partido de Pujol, Mas y Puigdemont en 6,6 millones de euros y el juez condena a Osàcar a 4 años y 5 meses de prisión. Nadie espera que Mas tenga la gallardía de asumir las responsabilidades en que incurrió su subalterno en los años claves en que desempeñó los cargos de  consejero de Política Territorial y Obras Públicas (1995-1997), consejero de Economía (1997-2000) y primer consejero del gobierno de la Generalitat (2000-2003). Hay indicios de que la práctica de cobrar comisiones no se circunscribía a empresas remilgadas que, como Ferrovial, disimulaban por pudor sus pagos patrocinando al Palau, sino que ese trataba de una práctica generalizada. Lo que hoy se ha juzgado es la punta visible del iceberg de la corrupción convergente.

Homs, condenado por el Tribunal Supremo, Turull, exconsejero investigado en libertad bajo fianza, y (Oriol) Pujol, investigado y condenado, arropando todos ellos a Daniel Osàcar, el tesorero de CDC cuando compareció en el Parlament. ¡La nueva Cataluña!

Aunque el caso Palau-CDC fue el inicio del fin de Mas y CiU, su oportunista conversión al secesionismo en 2012 le ha causado también numerosas tribulaciones. A pesar de las presiones ejercidas por la Generalitat, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) le juzgó por desobedecer al Tribunal Constitucional y organizar la consulta ilegal que se celebró en Cataluña el 9 de noviembre de 2014. A la inhabilitación de dos años que le impuso el TSJC, hay que sumar la fianza de 5,2 millones que le exigió el Tribunal de Cuentas para cubrir el daño causado al erario público.

Artur Mas junto a las exconsejeras Joana Ortega e Irene Rigau en el banquillo del TSJC. Fue inhabiliado durane dos años.

Si bien la  ANC puso 2,2 millones para hacer frente a la fianza, quedan 3 millones por pagar y Mas tiene su vivienda y propiedades embargadas. Por si todo esto fuera poco, el juez Llarena del Tribunal Supremo, instructor de la causa por rebelión, secesión y malversación de caudales públicos contra varios ex-consejeros del gobierno de la Generalitat y contra los presidentes de la ANC y Òmium, va a citar a Mas como investigado por su presunta pertenencia al “comité estratégico” que protagonizó el “inaceptable intento de secesión” que culminó con la proclamación de la república catalana el 27 de octubre de 2017.

Mas en su despedida del PDeCAT.

En su lacónica despedida ante los militantes abducidos por Puigdemont, el expresident no pudo reprimir su sentimiento de frustración al verse alejado de la primera línea política y les previno del peligro que entraña arrojarse en brazos de “líderes que confunden la realidad con la ideología”. El reproche, válido para él mismo, iba dirigido a su locuaz epígono flamenco, que le contestó a renglón seguido empleando el plural mayestático: “no sufrimos ningún trastorno de ideología”. Arrojado a la papelera de la historia por su propio partido, Mas dispondrá ahora de todo el tiempo del mundo para hacer frente a las causas judiciales que le esperan. Víctima de la corrupción y de su propia altivez y oportunismo, Mas pasará a engrosar la lista de los peores políticos catalanes: por haber acabado con CiU y haber arruinado su propio partido, dejándolo en manos de un prófugo amoral.

Mas, con la sonrisa algo forzada, da una palmadita a Puigdemont después de que éste le sustituyera al frente del gobierno de la Generalitat.

Adelanto del Carnaval en Cataluña

El 17 de enero están convocados los diputados que obtuvieron escaño en las elecciones del 21-D para constituir el Parlament de Cataluña. Se pondrá en marcha la XII legislatura que, me atrevo a pronosticar, será más bronca e incluso más corta que la precedente. Puigdemont y su grupito de junteros y aduladores insisten en que todo lo que no sea investirle a él presidente será un ‘fraude democrático’ y están dispuestos a retorcer el reglamento de la Cámara y saltarse el Estatut o lo que haga falta. Sorprende tanta insistencia y personalismo, máxime habida cuenta que Puigdemont manifestó en distintas ocasiones tras su azarosa investidura el 10 de enero de 2016 que carecía de ambiciones personales y no se presentaría a la reelección. “No seré presidente dentro de un año”, afirmó el 5 de enero de 2017.

Puigdemont y su gobierno legítimo en la página oficial de la Generalitat abierta desde Bélgica.

Pugidemont no puede refugiarse aduciendo que no fue él quien convocó las elecciones del 21-D, porque en su mano estuvo hacerlo y prefirió salir huyendo. Lo más incomprensible del embrollo republicano –nadie entiende que quien se considera el ‘presidente legítimo’ de un gobierno en el exilio aspire a ser investido por diputados escogidos en unas elecciones ‘ilegítimas’– es que la dirección de ERC haya buscado refugio en los letrados de la Cámara, a los que hizo caso omiso en la pasada legislatura, para poner reparos a la investidura de un ausente Puigdemont. ERC obtuvo 935.861 votos frente a los 948.233 que obtuvo JxC, y los republicanos están tan legitimados por las urnas como JxC para presentar su candidato. De hecho, resultaría una grotesca afrenta para Junqueras, preso por afrontar sus responsabilidades como vicepresidente del gobierno de la Generalitat, que su partido apoyara la elección del expresidente prófugo.

Puigdemont dirigiéndose al PDeCAT.

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