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Balance de una década

Artículo publicado en el diario Expansión el 20 de mayo de 2017

La economía española ha registrado desde el cuarto trimestre de 2008 dos recesiones económicas encadenadas, 2008-2010 y 2011-2013, adobadas con una profunda crisis financiera 2009-2013, a las que ha seguido un período de recuperación sostenida a partir del primer trimestre de 2014. La evolución tanto del PIB nominal que creció sólo el 3,05% entre 2007 y 2016 como del PIB real que disminuyó el 0,6% en ese mismo período, resumen perfectamente por qué puede caracterizarse este período como la segunda ‘década’ negra –la primera corresponde al período 1975-1984– de la economía española.

Con este panorama de fondo, pocos son los ciudadanos que han registrado mejoras apreciables en su bienestar y resulta difícil encontrar un hogar donde la situación de alguno de sus miembros, ya sea el sustentador principal, el cónyuge, los hijos, etc., no haya empeorado durante la pasada década. Hay, no obstante, algunos colectivos que han salido mejor parados del trance mientras otros han cosechado pérdidas sustanciales y continúan en precario tras tres años de recuperación. El tema es muy amplio y, por limitaciones de espacio, voy a centrar mi atención en la situación actual de los pensionistas (8,6 millones), los autónomos (3,1 millones) y los asalariados (15,3 millones), y los parados (4,3 millones), con especial atención a los jóvenes.

 Pensionistas

Rodriguez Zapatero anunciando en el Congreso los primeros recortes el 12 de mayo de 2010.

A pesar de que las pensiones se congelaron en 2011 y los pensionistas se quejan con frecuencia de lo bajas que son sus pensiones, lo cierto es que han sido uno de los colectivos más beneficiados. Las cifras son incontestables: a pesar de que el número de pensionistas y pensiones creció en torno al 13,5% entre 2007 y 2016, la pensión media contributiva se revalorizó el 35,9% desde 2007 (673,69 €) hasta febrero de 2017 (915,53 €) y el gasto total en pensiones contributivas creció el 55,5%. A la vista de la diferencia abismal que existe entre estas tasas y las del crecimiento del PIB, produce estupor escuchar a Ramón Espinar, portavoz de Podemos en el Senado, afirmar en TVE que “los pensionistas han perdido poder de compra año tras año”. Anda algo mal informado.

Espinar portavoz de Podemos en el Senado.

Incluso reconociendo que la pensión media actual no garantiza una vida confortable a aquellos pensionistas que no disponen de otros recursos, lo que nadie puede negar es el enorme esfuerzo que ha hecho la sociedad española para aumentar las pensiones mientras otros ciudadanos veían erosionarse sus rentas al perder sus empresas o empleos. En cuanto a la sostenibilidad del sistema, conviene recordar que la factura mensual asciende a 8.500 millones, 17.000 millones cuando se abona paga extraordinaria, y que el Gobierno se ha visto obligado a echar mano del Fondo de Reserva de la Seguridad Social (SS) para hacer frente a obligaciones que exceden los recursos del sistema. Aunque el proceso de creación de empleo podría aliviar algo la situación en los próximos trimestres, el previsible aumento del número de pensionistas impide ser optimista. En pocas palabras: el sistema tendrá dificultades para abonar las pensiones si el Fondo de Reserva está exhausto cuando llegue la próxima recesión.

 Autónomos, asalariados y parados

Líderes sindicales encabezando la manifestación del 1 de mayo.

El balance para los asalariados ha resultado también positivo, aunque menos satisfactorio que para los pensionistas. El salario mínimo interprofesional creció el 14,83% desde 2007 (570,6€) hasta 2016 (655,2€) y el 24,02 % hasta 2017 (707,7). Otros indicadores salariales, como el coste salarial total por trabajador que proporciona la Encuesta Trimestral de Coste Laboral del INE cifra el aumento en el 5,4% entre 2008 y 2016, y el salario medio a tiempo completo en empresas con más de 10 trabajadores aumentó, según Datosmacro.com, el 21,5% desde 2007 (21.989€) a 2016 (26.710 €), y el 11,94% entre 2008 (23.252€) y 2013 (26.027€). La Encuesta de Estructura Salarial del INE indica que los empleados en las AA. PP., cuyos salarios exceden en un 35% a los del sector privado, descendieron el 1,2% entre 2010-2014. En conjunto, se puede afirmar que los asalariados que lograron mantener su puesto de trabajo mejoraron o mantuvieron su poder adquisitivo.

5.965.400 paradosQuienes de veras empeoraron su posición son los trabajadores que perdieron sus empresas o puestos de trabajo. El número de ocupados, según la EPA, cayó algo más de 3,7 millones entre 2008 y 2014 y la recuperación sólo ha creado 1,5 millones en los tres últimos años. Hay 550.000 empleados menos por cuenta propia y 1,7 millones menos trabajadores asalariados. En el mejor de los casos, las prestaciones y los subsidios a los desempleados han podido paliar transitoriamente el desplome de sus rentas pero no evitarlo. Además, la recuperación no ha supuesto, para los afortunados que han encontrado trabajo, volver a sus antiguos puestos sino aceptar empleos en actividades con salarios inferiores. En el primer trimestre de 2017, sólo el sector Servicios presenta un balance positivo con 220.000 ocupados más que en el primer trimestre de 2008, mientras que Industria arroja la pérdida de casi 800.000 empleos y Construcción de cerca de 1,6 millones. No hay razones para pensar que el empleo en estos sectores volverá a los niveles de 2007-2008.

Protesta contra el paro en la Plaza del Sol.

Dentro de los asalariados, los parados más jóvenes sufrieron el mayor castigo y su situación continúa siendo penosa, a pesar de la recuperación económica. Basta con comparar el número de asalariados en el cuarto trimestre de 2016 con las del cuarto trimestre de 2007 para hacernos una idea de la magnitud de la debacle que produjeron las dos recesiones en los trabajadores entre 16-19 años, -257.400; 20-24 años, -799.200; 25-29 años, -1.120.800; y 30-34 años, -973.500. En total, hay 3.140.000 asalariados menos en estos cuatro grupos de edad donde se concentra el 37% de los 4,3 millones de parados, aunque sólo representan al 27% de los activos, y presentan tasas de paro muy superiores a la media. La conclusión a que apuntan estas cifras es que los jóvenes que se incorporan ahora al mercado con edades entre 16 y 24 años tienen muchas menos oportunidades de encontrar empleo que hace una década; y que quienes se incorporaron hace una década tienen mayores dificultades para desarrollar una carrera profesional, por modesta que ésta sea.

 Algunas propuestas

Rivera con Garicano.

No existe una fórmula maestra para acabar con el paro, especialmente el juvenil, y mejorar los salarios. Los empleos de calidad por los que claman las sindicales y algunos partidos ‘nuevos’ no llegarán si no los crean empresas y alguna dificultad habrá para que no hayan surgido ya. Resulta ilusorio creer que bastaría con que las Administraciones patrocinaran un ‘plan de choque’ o impulsaran el cambio del ‘modelo productivo’, para que brotaran como champiñones “empleos con salarios dignos”. De momento, parece más sensato apostar por apuntalar el crecimiento, promoviendo las exportaciones, reforzando el mercado interior y facilitando la creación de empresas, aunque permanezca inalterada la estructura productiva y salarial.

Bañez, ministra de Empleo y Seguridad Social.

Uno de los problemas que dificulta el desarrollo de una carrera profesional es la temporalidad que afecta con mayor intensidad a los trabajadores más jóvenes, y las reformas laborales de Zapatero y Rajoy no han resuelto. La caída del porcentaje de contratados temporales fue fruto de las recesiones, no de esas reformas, y ha vuelto a aumentar al recuperarse la economía. En lugar de subvencionar la conversión de contratos temporales en indefinidos, resultaría más efectivo y menos costoso permitir que los contratos indefinidos incluyan cláusulas que contemplen su extinción en caso de finalizar la obra o actividad estacional objeto del contrato, y la indemnización por despido dependa únicamente del tiempo trabajado.

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Atrapados en el estado de la nación

Artículo publicado en el diario Expansión el 27 de febrero de 2013

Rajoy al inicio del debate sobre el estado de la nación 2014La cita anual en el debate sobre el estado de la nación de este año ha puesto de manifiesto el escaso margen de maniobra de que disponen tanto el gobierno como el principal partido de la oposición. Aunque la broma de que los economistas sólo predecimos el pasado se ha convertido ya en un recurso periodístico, lo cierto es que algunos (no muchos, es verdad) miembros del gremio lúgubre advertimos enseguida por qué la recesión que se inició en el último trimestre de 2008, tras el período de expansión más largo desde el establecimiento de la democracia, iba a ser severa y larga. La recesión, la crisis financiera y sus secuelas (destrucción de empleo, paro, caída del crédito y aumento de la morosidad, y finanzas públicas maltrechas) estuvieron ayer omnipresentes en el hemiciclo y dejaron en evidencia a unos y a otros, por razones distintas.Rajoy y Rubalcaba en el debate sobre el EN 201º4

 

Rubalcaba ante el espejo

Pérez Rubalcaba era ministro de Interior de Rodríguez Zapatero (RZ) al inicio de la recesión, responsabilidad a la que acumuló las de vicepresidente y portavoz desde octubre de 2010 hasta su dimisión en mayo de 2011 para convertirse en el candidato del PSOE en las elecciones de noviembre. La credibilidad de RZ y quienes como Rubalcaba compartieron las responsabilidades de gobierno durante ese tiempo quedó irremediablemente dañada por su manifiesta incapacidad para comprender la naturaleza de la recesión y la crisis financiera que padecía la economía española, y por aplicar unas políticas expansivas por el lado del gasto al tiempo que permitían que se desplomaran los recursos públicos. Las consecuencias de semejante dislate eran fácilmente previsibles: el déficit público alcanzó el 11,1 % del PIB en 2009 y la deuda pública creció a partir de entonces a un ritmo insostenible, dejando a la economía española al albur de las veleidades de unos mercados financieros donde imperaba una gran desconfianza que, en el caso de la UE y a diferencia de los EE.UU, se acentuaba por la falta de un gobierno federal y un banco central dispuestos a afrontar con contundencia la complicada situación.

Rodríguez Zapatero reconoce los malos resultados la noche del 22-MRZ tuvo que dar un giro dramático a sus políticas en mayo de 2010, e inició los recortes del gasto y las elevaciones de impuestos que Rajoy se ha visto obligado a mantener e incluso intensificar tras su victoria electoral en noviembre de 2011. Por eso, cuando Rubalcaba reprochaba a Rajoy las consecuencias de sus políticas, destrucción de empleo, aumento del paro, recortes de los servicios públicos y otras prestaciones, subidas de impuestos, tibieza ante el fraude fiscal, aumento de la desigualdad, etc., uno no sabía si los reproches los dirigía a Rajoy o a él mismo. Rajoy contraatacaba apuntando a la pesada herencia recibida (el déficit, la inmensa pila de facturas acumuladas en los cajones de las AA.PP. y la desastrosa situación de algunas entidades financieras) y enumerando los avances logrados en los dos últimos años, como el crecimiento de las exportaciones y la mejora del saldo exterior, o la reducción de la prima de riesgo y el déficit público.DEBATE NACIÓN

 

Rajoy y sus promesas

El problema de Rajoy es que llegó al gobierno con un programa bien distinto al que ha desarrollado durante estos dos años, porque prometió a los españoles sacarles del marasmo en que se hallaba inmersa la economía española sin necesidad de grandes sacrificios: el déficit se reduciría sin subir impuestos ni recortar servicios públicos, pensiones o derechos de los trabajadores, así de sencillo. Su diagnóstico, como señalé oportunamente en otro artículo publicado en abril de 2010, también era equivocado, de ahí que desde su primer consejo de Ministros, Rajoy tuvo que poner en marcha políticas contradictorias con su programa electoral. La excusa de que encontraron con un déficit superior al esperado y 8 millones de facturas pendientes de pago tampoco resulta creíble, pues cualquier persona informada conocía perfectamente la gravedad de la situación.Rajoy saluda a Rodríguez Zapatero tras ser invesido Presidente

Después de dos años nadando a contracorriente, Rajoy presentó durante el debate algunas tímidas propuestas para reducir determinados impuestos y subvencionar contrataciones, con la mirada puesta en las elecciones de 2015. Casi al mismo tiempo que el Presidente las anunciaba, Rehn, comisario de Economía de la UE, elevaba la previsión de crecimiento de la UE para España en 2014 del 0,5 al 1 por ciento pero advertía que reducir impuestos y alcanzar los objetivos de déficit en 2014 y 2015 constituye todo un reto, una manera educada de decirle al gobierno español que el horno no está para bollos. Cuando una economía tiene un déficit público que supera los 65.000 millones y un volumen de deuda pública que alcanzará el billón de euros a finales de 2014, anunciar reducciones impositivas raya con la temeridad. El gobierno cometería una grave equivocación si, por falta de ambición, no va más allá incluso de los objetivos de reducción del déficit público marcados por Bruselas; o si, para cumplir dichos objetivos, carga todo el peso del ajuste en la reducción del gasto durante los próximos años, porque las condiciones operativas de muchos servicios públicos son ya muy precarias y recortar más algunas prestaciones agravaría la creciente desigualdad y el malestar social, como Rubalcaba le reprochó en el debate.Montoro en el debate sobre el EN 2014

 Una reforma fiscal en profundidad

El gobierno ha encargado a una comisión de expertos presentar propuestas para acometer una reforma en profundidad del sistema fiscal cuya capacidad recaudatoria, pese a los elevados tipos nominales, es muy inferior a la de otros países de la UE. Eliminar deducciones que merman la eficacia recaudatoria, aproximar el gravamen por módulos a los ingresos reales, y dedicar más recursos a combatir el fraude fiscal son medidas imprescindibles para aumentar la recaudación sin elevar los tipos. En lugar de insistir en establecer bonificaciones transitorias de dudosa eficacia la contratación, convendría también abordar de una vez por todas la reforma de la financiación de las prestaciones de la Seguridad Social, sustituyendo las cotizaciones sociales por otros ingresos como el IVA, que permitirían reducir los costes laborales, aumentar la contratación y el empleo y reforzar la competitividad de las empresas españolas.La Seguridad Social: análisis institucional, modelización y simulación de políticas

 

Duran i Lleida en el debate sobre el EN 2014La cuestión catalana  

No quisiera terminar esta crónica sin referirme a la cuestión catalana, muy presente en el debate. Duran i Lleida, portavoz de CiU, informó a Rajoy de que “Cataluña son 7,5 millones de personas que no tienen ningún  problema con los españoles” (al menos, eso es lo que pensamos quienes nos sentimos españoles) y que “Cataluña no repudia la realidad catalana que se expresa en castellano”, aunque olvidó añadir que su gobierno impide que la lengua oficial en todo el Estado se emplee como lengua vehicular en Cataluña, algo impensable en cualquier otro Estado del mundo. Afirmó sin titubeos que “la consulta es legal”, pronosticó que “una mayoría declarará una independencia unilateral si no hay acuerdo político” y concluyó que si “no quiere una España amputada” debería apostar por el diálogo.

Mas apurando el elixir de la independencia

Mas apurando el elixir de la independencia

Mas con Forcadell examinando las nuevas mercancias

Mas con Forcadell examinando las nuevas mercancias

Dialogar, ¿sobre qué? ¿Para qué va a sentarse Rajoy con Mas, Junqueras, Herrera y demás políticos catalanes que votaron a favor de la independencia en las consultas celebradas hace unos años, que han reafirmado una y otra vez su compromiso con la independencia desde entonces y que han alentado y financiado a las organizaciones ‘civiles’ que la promueven? Rubalcaba ganaría bastantes enteros si dejara de hacer demagogia agitando su fantasmagórica reforma federal, porque no hay federación que valga para quienes ya han abrazado la independencia. Por su parte, Rajoy no puede sentarse ahora a discutir los términos de la independencia  con Mas (o con Junqueras, cuando le suceda) por la misma razón que expuso Lincoln en su primer discurso inaugural en 1861, cuando dirigiéndose a sus “insatisfechos conciudadanos” les recordó que en sus manos, no en las de él, “estaba la cuestión crucial de la guerra civil. El gobierno no os atacará… vosotros no habéis inscrito vuestro juramento en el Cielo para destruir el gobierno,  mientras que yo habré contraído el más solemne compromiso de preservarlo, protegerlo y defenderlo”. Hace bien Rajoy recordando que la soberanía reside en el conjunto del pueblo español pero conviene que vaya pensando ya en las medidas que adoptará cuando una facción proclame unilateralmente la independencia en Cataluña. No falta mucho.Mas con la bandera y los líderes de los partidos nacional-independentistasLincoln jurando su cargo en 1861

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Alternativas a la nociva austeridad

Artículo publicado en el diario Expansión el 16 de mayo de 2012

Al locuaz Rodríguez Zapatero que creyó poder afrontar la severa recesión y la crisis financiera echando la endeudada economía sobre la espalda del Estado –aumentando la inversión pública, las transferencias a los desempleados y avalando a las entidades financieras– mientras los ingresos de las AAPP se desplomaban, le ha sucedido al frente del Gobierno un cauto Rajoy que ha hecho de la austeridad la piedra angular de su política económica. Cuando se le pregunta por qué hay que recortar los servicios públicos, incluidos los que había prometido no tocar, responde sin titubeos haciendo alarde de su probado sentido común: las administraciones, como las familias, no pueden gastar más de lo que ingresan. Un principio sencillo, aparentemente incontestable, que algunos economistas de quinta fila aplauden y jalean en algunos medios. Lo cierto es que esa comparación además de inexacta, ha llevado al Gobierno a implementar unas políticas contractivas cuyos efectos sobre la economía van a resultar muy perjudiciales a corto y medio plazo. ¿Lo peor de todo? Hay otras vías menos nocivas para avanzar hacia el equilibrio presupuestario.

Empecemos por lo más obvio, la inexactitud de la comparación. Cualquier persona sabe que las familias, las empresas no financieras y las entidades financieras pueden gastar más de lo que ingresan, y lógicamente cuando lo hacen se endeudan. Suele ocurrir cuando compran un automóvil o una vivienda, emprenden o amplían un negocio, o adquieren otras empresas. Gastar más de lo que se ingresa y endeudarse es un hecho habitual, y además beneficioso en la mayoría de los casos tanto para el prestatario como para el prestamista. Si aplicáramos la máxima de Rajoy al sector privado, pocas familias habrían adquirido una vivienda y pocas empresas alcanzado su dimensión actual. Los problemas que padece la economía española no tienen su origen en gastar más de lo que se ingresa sino en haber adquirido activos –suelo, viviendas, empresas de construcción, etc.– a crédito que no han generado los ingresos esperados y posibilitado hacer frente a las deudas contraídas. Es haber destinado tantos recursos a invertir en activos devaluados lo que ha debilitado la inversión privada y el consumo, destruido varios millones de empleos y puesto a las entidades financieras en una situación muy delicada.

En cuanto a la deseabilidad de acomodar los gastos a los ingresos, se puede afirmar que la mayoría de los economistas profesionales, desde la publicación de la Teoría general del empleo, el interés y el dinero en 1936, ha considerado deseable que gobiernos y bancos centrales implementen políticas contra-cíclicas, fiscales y monetarias, para suavizar los efectos de caídas de la demanda privada, y hasta encuentra aceptable que adopten medidas heterodoxas, como ha hecho la Reserva Federal desde 2008, para evitar que la combinación de una recesión severa y una crisis financiera acabe en una depresión económica. Hay, naturalmente, también algunos economistas que siguen confiando en los recortes de salarios y precios para restaurar la plena ocupación de los recursos, e incluso algunos que se muestran partidarios de que las autoridades persigan políticas pro-cíclicas o de austeridad, como Rajoy gusta denominarlas. Hay que elegir entre ambas posiciones y la primera, en mi opinión, tiene un respaldo empírico mucho más sólido. En particular, pocos profesionales recomendarían al Gobierno español perseguir hoy políticas pro-cíclicas y al BCE seguir contemplando el espectáculo desde la barrera.

Pues bien, las declaraciones y decisiones que han adoptado Rajoy y su equipo económico desde la llegada al Gobierno en diciembre los sitúa en el ala más radical del segundo grupo. Quieren alcanzar la estabilidad presupuestaria lo antes posible y hasta amenazan con exigir responsabilidades penales a aquellos gestores públicos que incumplan la norma. Poco o nada parece preocuparles los efectos negativos que las continuadas reducciones del gasto público están teniendo sobre la actividad económica y el empleo a corto plazo, ni el empeoramiento de la calidad de servicios públicos básicos, como sanidad y educación, o las infraestructuras y los recortes en I+D+I a medio plazo. Ante las crecientes dificultades de las distintas administraciones para hacer frente a los gastos, se han limitado a concluir que el “estado de bienestar no es sostenible”, verdad de Perogrullo pues cualquier programa, por modesto que sea, resulta insostenible cuando no se recauda lo suficiente para financiarlo. Y lo que desde luego no parece habérseles ocurrido –ni durante los ochos años en que gobernaron, ni durante los ocho años que estuvieron en la oposición ni tras su vuelta al Gobierno– es que el equilibrio presupuestario también puede alcanzarse aumentando los ingresos públicos.

La Hacienda española necesita, además de reordenar competencias, priorizar y fiscalizar mejor el gasto, una profunda reforma. No me refiero a subir algunos tipos o eliminar deducciones, algo que ya hizo Rodríguez Zapatero y ha vuelto a hacer Rajoy con resultados recaudatorios decepcionantes, sino a poner en pie un sistema fiscal potente y ágil, capaz de detectar y gravar las rentas y actividades que hoy escapan al fisco y castigar con dureza y prontitud a los defraudadores. Si el INE está en lo cierto, el PIB alcanzó 1,053 billones en 2007 y, casi la misma cifra, 1,073 billones, en 2011. Sin embargo, los ingresos no financieros de las AAPP se desplomaron durante esos años, desde 433.029 millones en 2007, a 402.278 en 2008, 367.661 en 2009, 381.427 en 2010 y 377.085 en 2011. La pérdida acumulada de recursos respecto a 2007 alcanza la imponente suma de 207.385 millones en cuatro años, una cuantía que explica por sí sola por qué las AAPP se han visto obligadas a despedir a sus empleados, a endeudarse para pagar las nóminas, a retener sine die las facturas de sus proveedores, a cerrar quirófanos, a recortar los fondos destinado a educación e investigación, y a endeudarse hasta las cejas.

Incluso si la UE y el BCE siguen empecinados en reducir los déficits presupuestarios a una velocidad excesiva, Rajoy puede seguir dos caminos muy distintos. Continuar recortando el gasto tres o cuatro años más y elevando “temporalmente” algunos tipos impositivos cuya efectividad recaudatoria está muy mermada por la expansión de la economía sumergida y las caídas en la actividad y el empleo que ocasionarán las reducciones del gasto. O reformar a fondo el sistema fiscal para aumentar su capacidad recaudatoria, gravando las rentas no salariales y las actividades invisibles que las generan a tipos efectivos comparables a los que soportan los salarios y las actividades no opacas. La segunda opción, además de suavizar el impacto de las políticas contractivas sobre el consumo y la inversión privada, el empleo y la morosidad, permitiría sostener servicios públicos básicos cuyo desmantelamiento puede agravar la marginación de los sectores más desfavorecidos de la sociedad y la creciente tensión social. Tampoco estaría mal que escuchara los consejos de Buffet y otros millonarios e incrementara la progresividad del IRPF, o estableciera como su amigo Sarkozy un impuesto “temporal” sobre grandes fortunas, o siguiera los pasos del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y declarase la guerra a los bancos suizos. Hay pues alternativas serias a la pala y la piqueta empleada por Rajoy (y Mas en Cataluña) hasta ahora. Falta tal vez voluntad para ponerlas en marcha.

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