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Torra: incoherente usurpador

Artículo publicado en el diario Expansión el 23 de mayo de 2018.

Torra en el acto de toma de posesión reducido a su mínima expresión y con ausencia de representantes de las instituciones centrales del Estado. Torre prometió fidelidad únicamente al ‘pueblo’ y al Parlament de Cataluña.

Las primeras declaraciones, decisiones y actos protagonizados por Torra tras su elección como presidente del gobierno de la Generalidad han confirmado su inequívoca voluntad de elevar la tensión social en Cataluña y reavivar la confrontación de la Generalidad con las instituciones centrales del Estado que caracterizó la presidencia de Puigdemont. Tal y como avanzó en sus discursos de investidura, los objetivos de su gobierno ‘provisional’ son restablecer las leyes de desconexión anuladas por el Tribunal Constitucional, movilizar a las bases de los partidos y asociaciones secesionistas y animarlas a tomar la calle (empoderar a la ciudadanía, fue el ampuloso término empleado), y retomar el proceso constituyente allí donde lo dejó su mentor el 27 de octubre, cuando después de proclamar la república y aplicarse el artículo 155 se dio a la fuga. No me cabe duda que éste (o Estremera) será también el destino de Torra, si insiste en mantener su desafío al Estado.

Puigdemont, Torra, Artadi en Berlín el 10 mayo de 2018 en la reunión en que se decidió investir a Torra.

Coherencia incoherente  

Varios gestos coherentes con ese plan de restitución han marcado los primeros días del mandato que el propio Torra ha calificado de ‘excepcional’. El primero, fue viajar a Berlín para reunirse con el cesado Puigdemont y dejar muy claro a Rajoy y a las autoridades de la UE quién es el ‘legítimo’ presidente de la Generalidad y quién su fiel secretario. El segundo, aprovechar el acto de toma de posesión de su cargo, reducido intencionadamente a su mínima expresión formal, para avisar que su única obligación de fidelidad es con el  ‘pueblo’ de Cataluña y el Parlament que lo representa, evitando hacer cualquier referencia de acatamiento a la Constitución y al Estatut. Por último, Torra se inclinó por desafiar a Rajoy incluyendo en su gobierno a dos exconsejeros de Puigdemont encarcelados (Rull y Turull) y a otros dos exconsejeros prófugos (Comín y Puig), a fin de disipar cualquier duda sobre su intención de restituir el gobierno ‘legítimo’ cesado el 27-O. Y para demostrar su compromiso inequívoco con su designación, Torra se desplazó a la cárcel de Estremera para entrevistarse con Rull y Turull.

Torra ejerciendo de president tras tomar posesión del cargo, nombra consejeros a dos exconsejeros prófugos y a dos exconsejeros encarcelados.

Estamos ante una política de aspavientos para la galería cuya pretendida coherencia esconde una incoherencia de partida que desactiva su pretendida radicalidad: el haber aceptado participar en unas elecciones que ellos mismos consideran ilegítimas. Si hubieran sido realmente coherentes con su propio relato, los líderes secesionistas se habrían negado a participar en las elecciones autonómicas convocadas por el Gobierno de España y habrían exigido la restitución del gobierno de Puigdemont. Incluso la fiera CUP cuyos líderes alardean de rechazar cualquier tentación autonomista y apostar por la desobediencia, se concurrió a las elecciones autonómicas del 21-D para preservar su principal fuente de ingresos: los sueldos de sus diputados en el Parlament. Tan cínicos como el mismo Torra, quien al aceptar concurrir a unas elecciones ilegítimas y prestarse luego a ser investido se convirtió en usurpador del ‘legítimo’ president en el ‘exilio’.

Efectos contraproducentes

Torra y Borrás fueron los negociadores designados por Puigdemont para asegurarse la abstención de la CUP.

Si Torra leyera estas líneas, quizá sonriera con ese aire de superioridad impostada del que hace gala al escuchar a sus adversarios en el Parlament, mientras decide donde encuadrarlos en su singular bestiario. Más allá de actitudes personales y poses tribales, hay un hecho objetivo incontestable: el ceremonial de confusión al que estamos asistiendo no busca restituir el gobierno de Puigdemont, una empresa imposible, sino meramente trasladar esa impresión a sus desconcertados votantes. Estamos ante una compleja operación de márquetin cuya verdadera finalidad es recuperar lo antes posible el control del presupuesto de la Generalitat para seguir inyectando desde las Consejerías, las Diputaciones y los Ayuntamientos la gasolina que sostiene el entramado administrativo-mediático-asociativo secesionista. Los puestos de trabajo y la adhesión fervorosa de decenas de miles de militantes e interesados afectos al régimen están en juego.

Torra departiendo amablemente con Riera, portavoz de la CUP, al finalizar la sesión de investidura.

Desconozco si Torra, recién llegado a la alta política, es plenamente consciente del terremoto que ha provocado pero no tengo ninguna duda de que los líderes de ERC y de lo que queda de CDC (PDeCAT), más duchos en lidiar con ingresos y gastos, saben que de prolongarse el 155 resultará imposible mantener la ficción del gobierno en el exilio, continuar financiando el hipertrofiado aparato mediático de la Generalidad y las costosas campañas de propaganda y proselitismo que la ANC, Òmnium Cultural, la AMI y la AMC, y las organizaciones sindicales (CCOO, UGT,

Los dirigentes sindicales Pacheco (CCOO) y Ros (UGT)encabezando la manifestación a favor de los golpistas el 15 de abril de 2018.

USTEC, Intersindical-CSC, etc.) vienen desarrollando por todos los rincones de Cataluña desde hace una década. Los saldos de las cajas de resistencia han debido quedar algo tocados tras abonar las costosas facturas de abogados y las fianzas de los encausados, y el castillo de arena podría deshacerse en pocos meses si se interrumpe el flujo de dinero público. La elección de Torra como décimo (o séptimo) presidente de la Generalidad y la exacerbación de la política gestual quizá hayan confortado a los votantes más amarillos pero puede resultar perjudicial para la financiación del proceso.

Torra, investido ya como president, posa con lazo amarillo tamaño de bolsillo para reclamar la libertad de los políticos encarcelado y fugados.

Después del agitado período que acabó con la destitución del gobierno de Puigdemont y la disolución del Parlament, el movimiento nacional-secesionista necesitaba una pausa. Lo inteligente habría sido aceptar el batacazo de octubre, olvidarse del patético Puigdemont, y situar al frente del gobierno de la Generalidad a un político más pragmático, dispuesto a llegar a acuerdos con Iceta y Domenech, dos catalanistas siempre prestos a tender puentes con los secesionistas. Iceta, por ejemplo, desaprueba la prisión preventiva de los golpistas y considera un simple ‘error’ los nombramientos de consejeros que no podrán ejercer sus cargos. En lugar de consensuar una salida con ellos para atrapar al Gobierno de España en sus redes, los secesionistas han optado por Torra y su descarnado proyecto de restitución. El candidato obtuvo los aplausos fervorosos de 65 diputados y también el rechazo sin paliativos de otros 65.

Rajoy y Sánchez en La Moncloa.

La elección de Torra y sus primeras decisiones han tenido consecuencias incluso más importantes en Las Cortes. A la vista del desafío planteado, PP, PSOE y Ciudadanos han aparcado sus diferencias sobre la estructura territorial del Estado y guardado sus propuestas de reforma constitucional. Mención especial merece, por lo novedosa, la firmeza mostrada por el secretario general del PSOE, refrendada por Robles, su portavoz en el Congreso, y Calvo, su secretaria de Igualdad. Sánchez apoya sin titubeos la decisión del Gobierno de impedir el nombramiento de políticos encarcelados o fugados y mantener vigente el artículo 155 entretanto no haya gobierno. El líder socialista tampoco ha descartado aplicar el artículo 155 reforzado, si Torra no rectifica. Pero, sin duda, lo más relevante de las últimas manifestaciones de Sánchez ha sido su propuesta de modificar el ordenamiento jurídico para exigir a cualquier electo acatar el orden constitucional al tomar posesión del cargo.

Torra visitando a los exconsejeros encarcelados en la prisión de Estremera.

Los políticos, como el resto de ciudadanos, pueden ser liberales o marxistas, monárquicos o republicanos. Lo que no pueden hacer es saltarse la Constitución y el ordenamiento jurídico invocando, como hacen Torra y la CUP, la ‘legitimidad popular’ expresada el 1-O. La fórmula empleada al tomar posesión del cargo de presidente de la CA de Cataluña resulta inadmisible en un Estado democrático, y el Gobierno debería haberle exigido acatamiento expreso a la Constitución antes de haber publicado su nombramiento. No se hizo con Puigdemont y así nos ha ido. Lástima que este acercamiento táctico entre los dos partidos con mayor representación en el Congreso llegue algo tarde y no sea el inicio de una fructífera relación que podría haber facilitado aprobar los PGE sin contraer gravosas hipotecas con el PNV. Me temo que no estamos a tiempo.

Puigdemont con los cuatro exconsejeros prófugos la noche del 21 de diciembrfe de 2017.

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Nuevo desafío del secesionismo al Estado

Artículo publicado en el diario Expansión el 22 de marzo de 2018.

Torrent “El Cancelador”: le viene grande hasta la bandera.

Tras el fallido intento de investir a Puigdemont hace unas semanas, Torrent ‘El Cancelador’ suspendió el pleno del Parlament convocado para investir a Sánchez, presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) preso en Soto del Real. Llarena, el juez del Tribunal Supremo que ordenó su ingreso en prisión investiga su participación en el intento de secesión de Cataluña organizado por el gobierno de la Generalitat (Puigdemont, Junqueras, Borràs, Comín, Forn, Ponsatí, Puig, Rull, Serret, Turull, etc.) y el Parlament (Forcadell, Rovira, Gabriel), con la colaboración indispensable de Sánchez, Cuixart, presidente de Òmnium Cultural, y Lloveras, entonces presidenta de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI).

Torrent en el acto del ‘9denou’ en Vic.

El interés del asunto no radica tanto en la previsible suspensión del acto en sí cuanto en las declaraciones que hizo Torrent en Vic –ciudad que recibió a Franco como a un héroe y ahora está literalmente plagada de banderas estrelladas y lacitos amarillos– en un acto organizado para celebrar el aniversario de uno de tantos medios de comunicación (el9nou) que subvenciona la presidencia de la Generalitat para promocionar el secesionismo en Cataluña. Resulta paradójico contemplar a la enfervorizada audiencia aplaudirle cuando Torrent reclamó “libertad de expresión y respeto institucional”. ¿Acaso no estaba ejerciéndola con pleno respeto institucional? Quién demostró una vez más falta de respeto institucional fue Torrent cuando advirtió con tono amenazador que “no permitiremos que los tribunales decidan quién es el presidente de la Generalitat de Cataluña”. ¿Acaso algún Tribunal pretende tal desatino? Ninguno, como  ninguno interfirió en su elección. Hay una sola razón, Sr. Torrent, por la que los candidatos propuestos hasta ahora (Puigdemont y Sánchez) no han sido investidos: su empecinamiento en proponer a prófugos o presos.

La cosa viene de lejos: Puigdemont con Sánchez, presidente de la ANC, y Cuixart, presidente de Omnium Cultural, preparando el 11 de septiembre de 2016. Testigo: Munté, consejera de Puigdemont.

Hacer república

Los políticos secesionistas deambulan frustrados y algo desconcertados porque los resultados electorales del 21-D vinieron a confirmar la falta de apoyo social para su proyecto. Hasta un declarado independentista como Carod-Rovira reconocía hace unos días que hace falta algo más que el 47,5 % de los votos para poder sacarlo adelante y les advertía que mayor será la frustración cuanto más tarden en reconocerlo. “Parece mentira –afirmó el exvicepresidente de la Generalitat en otro medio

Carod-Rovira (ERC), exvicepresidente del gobierno de Maragall “¿Es preciso seguir haciendo el ridículo?”.

subvencionado (8TV)– que dos meses y medio después de las elecciones aún estemos así. ¿Tanto cuesta elegir a un candidato que no esté huido o encarcelado? ¿Es preciso seguir haciendo el ridículo?” Torrent está dispuesto a hacer el ridículo hasta que alguien le ordene lo contrario.

Los candidatos de Junts pel Sí, la noche del 27-S. Entonces se las prometían muy felices,… ahora, parecen no reir tanto.

Incluso los catalanes que se sintieron atraídos por la promesa de forjar ‘un país nuevo y  justo’ están preguntándose qué fue de la hoja de ruta de JxSí que prometía proclamar la república en 18 meses contados a partir del 27-S; dónde están las ‘estructuras de estado’ que Puigdemont y Junqueras les aseguraban tener a punto para empezar la desconexión; por qué más de 3.200 sociedades han trasladado sus sedes a otras Comunidades y el asegurado reconocimiento internacional no ha llegado; y se preguntan qué pueden esperar de los líderes que apenas habían terminado de entonar el ‘cop de falç’ huyeron despavoridos por la frontera. “Ciutadans de Catalunya: ja no soc allí”, esta es

Puigdemont en Bruselas con un Mozo de Escuadra en funciones de guardaespaldas.

la primera frase que Puigdemont debería haber dirigido a los catalanes desde Bruselas.

Estamos asistiendo a la descomposición de un proyecto político cuya hoja de ruta ha sufrido mil y un cambios sin que, como apuntaba Carod-Rovira, Mas, Puigdemont y Junqueras hayan tenido la honradez de reconocer su fracaso. Como expliqué en mi artículo “Auge y decadencia del nacional-secesionismo” (Expansión, 23 de diciembre 2017), a pesar de contar con el respaldo de todas las instituciones autonómicas y locales, y el apoyo del potente entramado mediático-asociativo, el respaldo social no sólo ha retrocedido desde 2012 sino que ha despertado a los catalanes deseosos de seguir siendo

Junqueras presentando su hoja de ruta, 11 noviembre 2014.

españoles y europeos. El éxito de la manifestación del pasado 30 de septiembre en Barcelona, en vísperas de la consulta del 1-O, puso de manifiesto la pluralidad de la sociedad catalana, y marcó un punto de inflexión que refrendaron las movilizaciones del 8, 12 y 29 de octubre y 6 de diciembre en 2017, y el 4 de marzo en 2018.

30 septiembre: manifestación en vísperas de la consulta ilegal del 1-O. Vista general de la plaza de San Jaime.

Agotado pero no desmantelado

En la mañana del 26 de octubre, un día antes de la esperpéntica votación en el Parlament que precedió a su huida, el expresident Puigdemont estaba dispuesto a convocar elecciones anticipadas. Sólo faltó para que lo hiciera que el Gobierno de España le garantizara la impunidad de los líderes incursos en causas judiciales por su papel en los tumultos del 20-21 de septiembre frente a la Consejería de Economía, y por la organización de la consulta ilegal del 1-O. Al margen de lo absurda que resultaba su exigencia en un Estado de Derecho donde prevalece la división de poderes, la petición de Puigdemont revela la endeblez de las convicciones de quien al día siguiente votó a favor de constituir la república catalana.

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Puigdemont y Junqueras celebrando el golpe de estado en el Parlament el 27 de octubre, pocas horas antes de huir a Bruselas.”Un cop falç, un cop de…” antes de salir por piernas huyendo.

El desconcierto y las desavenencias actuales entre los líderes secesionistas confirman que ni el control absoluto de la Generalitat (Gobierno, Parlament, Diputaciones y Ayuntamientos) y la mayoría de medios de comunicación en Cataluña, ni las movilizaciones organizadas por la ANC, Òmnium y AMI durante los últimos años han dado los frutos esperados. Pero aunque la resaca ha arrastrado a algunos de sus líderes más adentro, todo apunta a que volverán a las andadas en cuanto el mar nos los devuelva o sean reemplazados por otros. Y es que para la casta secesionista, “hacer república” es el conjuro mágico que propulsa sus carreras políticas, y les proporcionan días de gloria y hasta un confortable modus vivendi, al menos mientras la impunidad dura.

Para constatar lo poco que ha cambiado la situación política tras la aplicación del artículo 155, basta con observar la realidad  cotidiana y ojear el borrador del acuerdo alcanzado por JxC y ERC para repartirse la Generalitat. Los mandos de los Mozos, salvo Trapero, siguen en sus puestos pese a la pasividad y hasta connivencia mostrada el 1-O y las informaciones publicadas sobre el espionaje al que han sometido a catalanes de a pie y a miembros del Gobierno español. La mayoría de Ayuntamientos continúan incumpliendo el ordenamiento jurídico y financiando a la AMI. Gasseni, su presidente provisional, reclamaba hace pocos días “hacer efectiva la república”, y la nueva ejecutiva, presidida por Cervera, reiteraba su rechazo al Estado de Derecho en el manifiesto de Tárrega. Torrent y los portavoces de JxC y ERC cuestionan todos los días la competencia de los Tribunales para pronunciarse sobre actos contrarios al ordenamiento jurídico.

Aspecto actual del Centro de Atención Primaria del Servicio Catalán de Salud (CatSalud) en Vilobí del Penedés.

Ayuntamiento Vilobí del Penedés 23 de febrero de 2018: en rebeldía.

El borrador incluye también el compromiso de “impulsar el Proceso Constituyente, que contempla movilizar a la sociedad catalana… contra la represión policial y jurídica del Estado español”, crear comisiones parlamentarias y realizar una ‘multiconsulta’. Incluso lleva el desafío al Estado de Derecho un punto más allá, al incluir la propuesta de dejar en manos de la corte belga de Puigdemont, compuesta por la “Asamblea de Representantes,

Artadi, Torrent y Pujol en el Parlament tras sellar el acuerdo de investidura.

Presidencia y Consejo”, la “capacidad para impulsar políticas, estrategias, propuestas y la internacionalización”. El desafío lo completa el compromiso de “implementar en los seis meses siguientes la Moción 55/XI sobre la desmilitarización

El Parlament pide al Govern, a instancias de la CUP, prohibir los desfiles militares en Cataluña. Y el PSC de Iceta reclama el traspaso del patrimonio militar a la Generalitat.

de Cataluña aprobada por el Parlament el 14 de julio de 2014”. Como no podía ser de otra manera, la Fiscalía ya ha advertido al juez Llarena que el acuerdo vulnera la legalidad vigente. Ahora que el lector juzgue si la aplicación del 155 ha restablecido (o no) la normalidad democrática en Cataluña.

Asamblea de la AMI el 15 de marzo de 2018: conjurados con Cervera, su nuevo presidente para seguir trabajando por la independencia.

 

 

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Pensiones y derechos

Artículo publicado en el diario Expansión el 12 de marzo de 2018

Pensionistas concentrados frente al Congreso de los Diputados.

Hace unos días entre 3.000 y 4.000 pensionistas tomaron la Carrera de San Jerónimo y tuvimos ocasión de verlos cortar el tráfico, empujar con energía digna de mejores empresas las vallas que se habían colocado para proteger el Congreso, y forcejear airadamente con los desorientados miembros de la Policía Nacional allí destacados para proteger a sus señorías. La posibilidad de hincar el diente al Gobierno no pasó desapercibida para los grupos de la oposición que salieron en tromba en cuanto avistaron sangre. Errejón, Garzón, Mayoral y otros miembros de la cúpula de Podemos, nostálgicos quizá de los tiempos heroicos en Plaza del Sol y acuciados por las malas noticias que les sirven las encuestas, se lanzaron alborozados a confraternizar con sus mayores y aprovecharon tan propicia ocasión para registrar la solicitud de celebrar un pleno y obligar a Rajoy y a la ministra Bañez a “dar la cara”. Ante la ofensiva de la oposición, Rajoy respondió anunciando que comparecerá a petición propia en el Congreso el14 de marzo y retó a la oposición a cuantificar sus propuestas.

Pensionistas indignados intentando saltarse el cordón policial frente al Congreso de los Diputados.

La manifestación de los pensionistas estuvo precedida por el anuncio de Sánchez de volver a la vieja fórmula de actualizar las pensiones con el IPC y crear dos nuevos impuestos, que recaerían sobre las ‘transacciones financieras’ y la ‘banca rescatada’, parar aumentar los recursos del sistema. En vísperas de la manifestación del 1 de marzo, Escudero confirmó que el PSOE estaría en la manifestación el 1 de marzo para exigir una revaluación de las pensiones del 1,6%, muy por encima del 0,25% fijado por el Gobierno. La medida supondría incrementar la factura de las pensiones contributivas este año en torno a 1.800 millones que se sumarían al agujero de 19.000 millones del año pasado. Para demostrar que la cosa va en serio, Lastra, vicesecretaria de Sánchez, confirmó que su grupo ha registrado una proposición de ley en el Congreso que pretende obligar a Ciudadanos a retratarse, después de que la formación de Rivera rechazara dos iniciativas similares de los socialistas en 2016 y 2017.

Derechos y recursos

Sánchez, con Robles y Lastra, exige al Gobierno actualizar las pensiones con el IPC.

Vivimos en una sociedad donde casi cualquier cosa que beneficie a algún colectivo con cierto peso pasa a considerarse un ‘derecho’ y a reivindicarse como tal por algún partido político, siendo muy pocos los ciudadanos a los que les preocupa afinar el concepto y las circunstancias que permiten hacerlo efectivo. El derecho a percibir una pensión contributiva es sólo uno más entre la infinidad de derechos reconocidos en nuestra legislación a recibir  prestaciones de las Administraciones Públicas: sanidad, educación, justicia, seguridad, desempleo, maternidad baja laboral, ayudas y subsidios, incapacidad, etc. El problema radica en que para que determinados colectivos, pensionistas en este caso, puedan hacer efectivo su ‘derecho’ resulta indispensable que las Administraciones cuenten con recursos detraídos vía impuestos de otros ciudadanos.

Báñez, Ministra de Empleo y Seguridad Social en el hemiciclo.

A este respecto, conviene reconocer que casi todos los ciudadanos coinciden en considerar que su contribución al Estado de Bienestar excede en mucho los beneficios que reciben, y se sienten legitimados para protestar en cuanto consideran que se están vulnerando sus ‘derechos’. No digo que no sea así en algunos casos pero la afirmación resulta insostenible para la sociedad en su conjunto. Nunca los ciudadanos han recibido más servicios públicos y transferencias que hoy, y además hay una evidencia incontestable de que las aportaciones resultan insuficientes para costearlos. En 2016, sin ir más lejos, las AAPP obtuvieron recursos equivalentes al 37,7% del PIB pero sus necesidades de financiación alcanzaron el 42,2%, y las Administraciones tuvieron que endeudarse para cubrir el agujero de 4,5 p.p. del PIB.

Para comprobar que no estamos ante una circunstancia extraordinaria sino habitual, basta con echar una ojeada a las cuentas públicas entre 1995 y 2016. Durante estos 22 años, las Administraciones registraron superávits presupuestarios tan sólo en tres ocasiones (2005, 2006 y 2007) y la necesidad de financiación acumulada durante el período ascendió a la imponente cifra de 788.051 millones. Además, el grueso de esta cifra, 722.036 millones, se acumuló entre 2008 y 2016, una indicación inapelable de que para el conjunto de la sociedad los beneficios recibidos por los ciudadanos en los últimos años han sido muy superiores a los recursos detraídos para financiarlos.

La principal consecuencia de la insuficiencia crónica de recursos de las Administraciones para financiar los ‘derechos’ durante la última década ha sido el espectacular aumento de la deuda pública que pasó de 384.662 millones en diciembre de 2007 a 1.144.629 en diciembre de 2017, con un incremento de 759.967 millones. Además de las consecuencias presupuestarias negativas que puede acarrear en el futuro la previsible subida de tipos y el consiguiente aumento de la carga de intereses, la elevada deuda de la economía española reduce de manera significativa los grados de libertad del Gobierno para implementar políticas fiscales expansivas ante una futura recesión y deja al Tesoro en una situación delicada, a merced de cambios repentinos en la confianza de los inversores como pudimos constatar con toda su crudeza en 2012. Recurrir al endeudamiento continuado para implementar ‘derechos’ resulta, se mire como se mire, indeseable e insostenible.

Desigual reparto de costes

España registró dos recesiones encadenadas, 2008-2010 y 2011-2013, acompañadas por una severa crisis financiera. Entre 2008 y 2013, el PIB nominal cayó 8,1% y el PIB real 8,0%, y para el conjunto del período 2008-2017 el PIB nominal creció 3,1% y el PIB real aumentó el  3,0%.  Las dos recesiones redujeron en 3,7 millones el número de ocupados, y aunque se han creado cerca de 2 millones de empleos en los últimos años, los salarios y condiciones laborales de hoy son muy distintas a las de 2017. Los trabajadores más jóvenes fueron golpeados con especial dureza porque además de soportar tasas de paro extraordinariamente elevadas vieron interrumpidas sus carreras profesionales. A finales de 2017, la economía arrojaba un saldo de casi 2 millones más de parados que en  2007, y los segmentos de trabajadores más jóvenes siguen registrando tasas de paro muy superiores a la ya elevada tasa media (16,6% en el cuarto trimestre de 2017). Sin duda, quienes perdieron sus puestos de trabajo y se vieron obligados a sobrevivir con prestaciones y subsidios a los desempleados, y hasta con ayudas de sus familiares más próximos fueron los grandes perjudicados durante estos años.

En contraste con las personas activas, los pensionistas salieron bastante bien parados del envite. Entre 2008 y 2013, las pensiones contributivas y la pensión media crecieron 8,04 y 18,89 por ciento, respectivamente, y para el conjunto del período 2008-2017, las cifras fueron 13,40 y 27,92 por ciento, con un aumento del gasto total en pensiones del 45,05%. Basta con comparar estas cifras con las variaciones del PIB nominal o la evolución de los salarios para concluir que los pensionistas han sido un colectivo privilegiado en comparación con la suerte de la inmensa mayoría de parados e incluso ocupados. El Fondo de Reserva está ya prácticamente agotado y para poder pagar las pensiones de 2017 y 2018, el Gobierno ha tenido que suplementar los ingresos del sistema con dos créditos presupuestarios de 10.193 y 15.000 millones, respectivamente.

Muchas pensiones siguen siendo, sin duda, bajas, como lo son también la mayoría de salarios y otras prestaciones en España, pero si algo deberíamos haber aprendido estos años es que los ‘derechos’ no pueden satisfacerse indefinidamente endeudándonos. Aumentamos impuestos o recortamos ‘derechos’, ése es el dilema. Pero la oposición ‘sensata’ (Podemos es plato aparte) prefiere seguir jugando al despiste con los electores. El PSOE se conforma con apuntar con el índice al chivo expiatorio de los ‘bancos’, y Ciudadanos, el partido que aspira a modernizar España, se inclina hacia el realismo mágico: propone aumentar nuestros ‘derechos’ (extender la baja por paternidad, establecer un complemento salarial para jóvenes, facilitar la conciliación laboral, establecer un modelo de educación trilingüe, etc.) y bajar impuestos (Sucesiones, IRPF) al mismo tiempo. El miércoles veremos si la oposición se atreve a bajar al ruedo o torea desde la andanada.

Rivera y Garicano. su consejero económico.

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Insurrectos y acomplejados

Artículo publicado en el diario Expansión el 7 de octubre de 2017

Mozos de Escuadra increpando a efectivos de la Policía Nacional.

La pasividad de los Mozos de Escuadra el 21 de septiembre, mientras las hordas congregadas por la ANC, Omnium y CUP destruían vehículos de la policía judicial durante el registro de la consejería de Economía, dio una pista de lo que podía ocurrir y sucedió el 1-O: la mayoría de los Mozos incumplió flagrantemente las órdenes de la magistrada Armas de desalojar y sellar los centros de votación antes de las 6:00 horas para impedir la celebración de la ilegal consulta. ¿Acaso alguien creyó que el consejero Forn y el mayor Trapero iban a cumplir las órdenes? ¡Si su misión era precisamente facilitar la apertura de los centros! No me sorprendería nada que los mandos de los Mozos conocieran la localización de los centros desde los que se distribuyeron urnas y papeletas.

Un policía nacional calmando a un niño en brazos de su irresponsable padre.

Puigdemont y los Mozos burlaron al Estado

Ningún Gobierno que se precie puede enviar a un coronel de la Guardia Civil a coordinar el operativo de seguridad, cuando se está fraguando nada menos que un golpe de Estado, sin investirle de la autoridad necesaria para cumplir su misión. Que los  Mozos nada iban a hacer para impedir la apertura de los centros de votación se tornó en certeza cuando anunciaron que no los desalojarían con gente dentro. El Gobierno, burlado, debería haber ordenado inmediatamente la detención de Forn y Trapero por desobediencia reiterada a una orden judicial conducente a la consumación de los delitos de desobediencia y sedición.

Trapero, mayor de los Mozos, con Puigdemont y Forn.

Aunque resulte ingrato detener a los representantes del Estado en Cataluña, ésa es la obligación del Gobierno cuando aquellos se sitúan deliberadamente fuera del orden constitucional, utilizan fondos públicos para delinquir y desacatan las órdenes de los Tribunales. Todos los miembros del gobierno de Cataluña están fuera de la Ley desde al menos el 6 de septiembre, cuando aprobaron la “ley del referéndum de autodeterminación” y se confabularon para conspirar contra el orden constitucional, y consumar, como  hicieron finalmente, su propósito delictivo el 1 de octubre. De 24 días dispuso el Gobierno de España para ilegalizar a la ANC, a Omnium y a la AMI, y para detener a los principales golpistas: Puigdemont, Junqueras y Forcadell y a los portavoces de los grupos parlamentarios Junts pel Sí y CUP. Hoy mismo escuché a Sáenz de Santamaría afirmar que Puigdemont está fuera de la ley. Con todos mis respetos: si así es, el Gobierno debe instar a la Fiscalía a solicitar una orden de detención. Los delincuentes no pueden andar sueltos, máxime cuando amenazan con ejecutar en horas un delito todavía mayor: proclamar la independencia de Cataluña.

Sánchez, presidente de la ANC, con Cuixart, presidente de Omnium Cultural, conocida también como Odium Gutural.

Mediación internacional

El gobierno de la Generalitat casi logró el 1-O la fotografía que buscaba desesperadamente: ofrecer las imágenes del enfrentamiento de ciudadanos con efectivos de la GC y la PN para solicitar la mediación internacional. Y digo que casi lo lograron porque la prensa internacional compró inicialmente la mercancía servida en bandeja por la Generalitat y sus medios de comunicación. Nada dijo de las provocaciones, insultos y acciones violentas de los ‘pacíficos’ miembro de la CUP integrados en los comités de defensa del referéndum, bien asesorados por el buenazo de Otegui y expertos terroristas. La violencia vivida en Cataluña desde día 21 de septiembre ha sido instigada y financiada por la CUP, la ANC y Ominum Cultural e indirectamente por Puigdemont y su gobierno.

Torrecilla, concejal de ERC, que forcejeó al ser desalojada y lanzó graves acusaciones contra las fuerzas de seguridad, acusaciones que resultaron ser burdas exageraciones.

Poco a poco va saliendo a la luz la cruda realidad: más de 400 policías lesionados, videos trucados con escenas de represión de los Mozos y la falsa noticia de la concejal de ERC a la que un policía había roto cuatro dedos, uno a uno. Esa burda ficción corrió como la pólvora por la red y llevó a un indignado amigo mío (de vacaciones en Canadá) a echármelo en cara. Infórmate bien, le contesté. Toda una campaña orquestada para reclamar la mediación internacional a la que Puigdemont se agarra como a un clavo ardiendo mientras el Banco Sabadell anuncia su salida de Cataluña. Los catalanes no sólo no han sido víctimas del resto de españoles sino que éstos han sido la fuente, casi única o principal, de su prosperidad desde 1714 hasta hoy mismo. No en vano historiadores catalanes acuñaron la expresión “Cataluña, la fábrica de España” y la renta per cápita de los catalanes era todavía el 23% mayor que la del resto de españoles en 2016 y el 6% superior a la media europea en 2015. No está nada mal para tratarse de un pueblo oprimido y expoliado.

Gestión fallida

La gestión del Gobierno de España del intento de la Generalitat de internacionalizar el conflicto ha dejado, por incomparecencia, mucho que desear. Nunca se debió permitir las actividades desplegadas por la consejería de ‘exteriores’, las ‘embajadas’ y el consorcio Diplocat. Tampoco se respondió apropiadamente a las giras propiciadas para promover la causa en Estados Unidos y la UE a las que el Gobierno podría haber respondido enviando a científicos, juristas, intelectuales, artistas, deportistas, etc. para exponer la realidad de España y desmentir las fabulaciones secesionistas.  Hace unos días, Coixet, reputada directora cinematográfica, tuvo que escribir una carta a sus amigos repartidos por medio mundo para desmentir las deformaciones interesadas que buscan desacreditar nuestra democracia; y desde ese día, está siendo acosada por los secesionistas. Pocos intelectuales, aparte de nuestro Nobel Vargas Llosa, han levantado la bandera de la libertad y la igualdad para denunciar el recorte de derechos fundamentales y las amenazas que padecemos los ciudadanos catalanes. El Gobierno debería ser consciente de que quien permite difundir infundios puede acabar perdiendo la batalla de la opinión pública internacional. Con su mutismo y falta de iniciativas, el ministro Dastis da la impresión de que ni está ni se le espera.

Vargas Llosa: “el referéndum de cataluña es un disparate absurdo”.

Puigdemont con Junqueras y Romeva en uno de sus últimos intentos de acudir a Bruselas a llamar en vano la atención de las instituciones de la UE. ¿Olvidaron poner la bandera estrellada? Patéticos.

Felizmente, Puigdemont y Romeva sólo han logrado de momento distraer unos minutos a los comisarios y parlamentarios europeos, exhibiendo en el hemiciclo su ridícula bandera estrellada. Y confío en que mientras sigan trucando videos, inventándose agresiones inexistentes e incitando a la violencia en las calles de Barcelona no van a ganarse su simpatía. Auguro que sólo conseguirán unas palmaditas de diputados flamencos y escoceses resentidos, y algún ‘podemita’. Lo que seguramente sí pasa desapercibido en la UE es la privación de derechos, opresión y discriminación que padecen los catalanes constitucionalista en las administraciones de la Generalitat, medios de comunicación, hospitales, juzgados, centros universitarios, empresas… pero sobre todo la que padecen nuestros hijos en las escuelas, institutos y Universidades públicas.

Los acosadores de Balaguer. “Escuela en catalán no acatamos”. Democracia en estado puro.

Rajoy y Sánchez en su “reunión prescindible” el 25 agosto 2016.

Hemos llegado al punto en que el Gobierno tiene que actuar y da la impresión que falta lucidez y determinación. Mejor sería, desde luego, contar con el respaldo del PSOE, pero si Sánchez y Robles anteponen reprobar a la Vicepresidenta a defender la democracia, desatendiendo opiniones de socialistas tan cualificados como Guerra, PP y Ciudadanos tienen que seguir adelante: el PSOE se sumará o saltará en pedazos. El Gobierno tiene que vencer su paralizante acomplejamiento, convencerse y convencer al mundo de que España es un Estado democrático que sólo pretende salvaguardar los derechos de los catalanes y del resto de españoles, amenazados por el estado de excepción impuesto por el gobierno de la Generalitat. Nadie pidió a Mas responsabilidades por ordenar a los Mozos desalojar violentamente de los indignados ‘comunitas’ de la Plaza de Cataluña en 2015. Lo que nadie olvida –menos aún los fríos inversores– es ver a un gobierno impotente, incapaz de desplegar las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para defender el orden constitucional.

Efectivos de la Guardia Civil abandonando los hoteles en que se alojaban entre abucheos.

La vicepresidenta del Gobierno denunciando la bochornosa sesión en el Parlament el 6 de septiembre de 2017.

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La resaca del 1-O

Artículo publicado en el diario Expansión el 2 de octubre de 2017

Puigdemont pidiendo el Sí en el referéndum del 1-O y desacreditando a las instituciones democráticas del Estado.

Por fin, acabó el patético espectáculo que ha ofrecido el gobierno de la Generalitat a España y al mundo el 1-O. El ruido sordo de los helicópteros sobrevolando los cielos de Barcelona cesó hace unas horas y la mayoría de catalanes reanudaremos con normalidad nuestras actividades cotidianas mañana. Quizá no todos, pero sí la mayoría. Hay algo, sin embargo, que no volverá a la normalidad en bastante tiempo: la convivencia y la concordia.

El daño está hecho

Sánchez, presidente de la ANC, con Cuixart, presidente de Omnium Cultural, conocida también como Odium Gutural.

La Generalitat ha logrado dividir la sociedad catalana y la fractura abierta con la inestimable colaboración de los medios de comunicación y las asociaciones secesionistas (ANC, Omnium y AMI), espoleando a sus huestes a lanzarse contra quienes no compartimos sus aspiraciones, tardará décadas en cerrarse. En cuanto a la vida política, los acontecimientos de las últimas semanas han puesto de manifiesto que mientras Puigdemont y Junqueras sigan al frente del gobierno de la Generalitat, y Forcadell y Gabriel continúen al mando de las fuerzas de choque en el Parlament, es de todo punto inviable restaurar la normalidad constitucional en Cataluña. Forcadell lo advirtió hace tiempo cuando proclamó que “nuestro adversario es el Estado español. Lo tenemos que tener muy claro. Y los partidos españoles que hay en Catalunya, como Ciudadanos y el Partido Popular”. En fin, ya ven qué espíritu de concordia y mano tendida anida en el pecho de los más egregios dirigentes de la república ‘españófoba’.

Forcadell arropada por Hagrid El guardabosques, Flequillo Airado y el Orfeó Secesionista, ante la sede del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

Valientes cobardes

Puigdemont con Sánchez, presidente de la ANC, y Cuixart, presidente de Omnium Cultural, preparando del 11 de septiembr de 2016.

Policía Nacional calmando a un niño en brazos de su irresponsable padre. Claro ejemplo de brutalidad policial.

El 1-O hemos podido ver a ‘heroicos’ ciudadanos, con niños sobre sus hombros, enfrentarse a la Policía Nacional (PN) y a la Guardia Civil (GC) en Barcelona y otras ciudades de Cataluña,  mientras los Mozos de Escuadra volvían a hacer gala de la misma pasividad que dio alas a las hordas de ‘valientes’ de la ANC y Omnium que destrozaron los vehículos de la policía judicial, el pasado 21 de septiembre. Comenzaron los Mozos incumpliendo, como era previsible, la orden judicial de precintar los centros elegidos para albergar las urnas, y dejaron en manos de la PN y GC la tarea de desalojar a las familias que habían pernoctado en ellos, dispuestas a utilizar a sus hijos como escudos humanos.

Torrecilla, concejal de ERC, una de las heroinas falsas del 1-O. 4 hospitalizados tras las ‘brutales’ cargas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

La tarde del sábado visité el centro de enseñanza (CEIP) en que estudiaron mis hijos y pude constatar que un par de docenas de madres y algún padre habían tomado el gimnasio donde presumiblemente se iban a colocar las urnas. A una treintena escasa de metros de la entrada está el cuartel de Mozos que nada hicieron para impedir la ocupación ni para desalojarlos en la madrugada del 1-O. Esta mañana me he desayunado con la noticia de que Conesa, alcaldesa convergente (PDE-Cat) de Sant Cugat del Vallés, había colocado una urna en el pabellón deportivo anejo al Ayuntamiento, en un acto retransmitido por los medios de comunicación del propio consistorio. Si la heroicidad de Conesa me ha llegado a casa en cuestión de minutos, supongo que los Mozos estaban también al tanto. Por cierto, que el citado pabellón saltó a la fama por ser una de las obras por las que el partido de Pujol, Mas, Puigdemont y Conesa se embolsó una comisión del 2,5%, cuando Turull, actual portavoz del gobierno de la Generalitat, era gerente del Ayuntamiento.

Turull, gerente de Sant Cugat del 3%, portavoz parlamentario de CDC y ahora consejero portavoz del gobierno de la Generalitat.

Conesa, alcaldesa de Sant Cugat, colocando la primera urna en el pabellón deportivo en la madrugada del 1-O.

¡Ay de los tibios!

Algunos parecen no haberse enterado todavía de qué iba el asunto y reparten culpas entre los Gobiernos de la Generalitat y España. Quizá esto no sea un referéndum sino un simulacro, como sostiene Iceta (PSC), pero el Estado no puede permanecer pasivo cuando gobernantes irresponsables convocan a los ciudadanos a conculcar la Constitución, el Estatut, las sentencias y mandatos judiciales. Reflexione: estamos ante el mayor ataque a nuestra democracia desde 1981. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han actuado, siempre a instancias de los jueces, para impedir el atropello que pretendían consumar los golpistas realizando un referéndum ilegal, y los únicos culpables de los enfrentamientos son, como ha dicho Rajoy, quienes han incitado a los ciudadanos a salir a calle. Los golpistas, como en 1981, tienen nombres y apellidos y deben ser

Coches destrozados de la policía judicial de la Guardia Civil frente a la Consejería de Economía en la Rambla de Cataluña. ¿Dónde estaban los Mozos? “Estaban tomando cañas…”

detenidos y juzgados por sus actos y por las lamentables consecuencias ocasionadas.

¿Estaba preparado el Gobierno?

Resulta evidente que el operativo desplegado por el Gobierno para impedir el referéndum se ha visto desbordado. A los hechos me remito: los Mozos no han cumplido con su cometido y la mayoría de los centros de votación no se precintaron y han permanecido abiertos todo el día. No, no estaba preparado para responder con rapidez y eficacia. Estas intervenciones no se improvisan y aunque lo ocurrido el 1-O no tendrá consecuencias a corto plazo, el Gobierno de España debería reflexionar también, y cambiar su estrategia si no quiere exponerse a que, de tanto ir a la fuente (9-N, 1-O), el cántaro se rompa. Sería una ingenuidad imperdonable creer que no volverán a intentarlo de nuevo y negociar mañana una salida con los golpistas.

Forcadell, Puigdemont y Sánchez, los mismos perros con distintos collares.

Otegui recibido con todos los honores por Forcadell, en su nueva etapa como presidenta del Parlament: el negocio de su vida.

Además de exigir responsabilidades a quienes han orquestado el 1-O, el Gobierno tiene que retener las competencias sobre las principales figuras impositivas y transferencias sociales, preservar el carácter estatal de nuestro sistema judicial, y continuar  manteniendo un control exhaustivo de las órdenes de pago del gobierno de la Generalitat. Pero hay que ir bastante más allá. Visto lo ocurrido, convendría recuperar competencias en materia de seguridad para impedir que la policía autonómica esté al mando de un golpista declarado (Forn) y asegurar así que los Mozos cumplirán las órdenes de los jueces en el futuro. Más incluso: hay que aumentar la presencia permanente de efectivos de la PN y la GC en Cataluña.

Las hordas convocadas por la ANC, Omnium y CUP dando un ejemplo de civismo republicano.

Junqueras, Puigdemont y Romeva, consejero de exteriores, en uno de sus vanos intentos de atraer la atención en Bruselas.

El Gobierno tiene también que desmantelar la consejería que dirige Romeva e impedir que la Generalitat financie organismos como Diplocat o el Consell Assesor per la Transició Nacional. Finalmente, resulta inexcusable recuperar competencias educativas para impedir que escuelas e institutos actúen como centros de adoctrinamiento donde se promueve la hispanofobia y se transmiten a niños y jóvenes interpretaciones sesgadas de la historia de Cataluña y España. Hay mucho por hacer, Sr. Méndez de Vigo, en esta materia. Y urge hacerlo porque el tiempo, si no cambiamos nada, corre en contra nuestra.

 

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Una república sin derecho a réplica

Artículo publicado en el diario Expansión el 8 de septiembre de 2017

Forcadell, ejerciendo de mordaza de la oposición, se saltó todos los principios democráticos. 

Bochorno es la palabra que cualquier demócrata sintió al escuchar a los portavoces de los grupos parlamentarios de Ciudadanos, PSC, PP y CSQEP en el Parlament protestar inútilmente contra los reiterados intentos de la presidenta Forcadell de silenciarlos para sacar adelante el cambio en el orden del día, propiciado por los grupos parlamentarios Junts pel Sí (JxS) y CUP, y aprobar, por vía de urgencia, la denominada “ley del referéndum de autodeterminación” en el Parlament de Cataluña. El áspero debate permitió constatar el nulo respeto a los procedimientos democráticos de los líderes de ERC, PDE-Cat y CUP en su alocada huida hacia el 1-O.

Junqueras, Puigdemont y Forn, consejero de interior, celebrando la aprobación de la ‘ley’ del referéndum de autodeterminación con el hemiciclo semivacío.

Verlos en acción dinamitar el Estado de Derecho en el hemiciclo, vulnerando sin inmutarse en su escaño los derechos más elementales de los diputados –tales como conocer los proyectos de ley con 48 horas de antelación, disponer de plazos razonables para presentar enmiendas o solicitar informes jurídicos a los Letrados de la Cámara y dictámenes al Consejo Estatutario– habrá servido para despejar las dudas que todavía albergaban algunos políticos y ciudadanos sobre la naturaleza del  prometido “nuevo país para todos”. Gracias por aclararnos que en su república no hay derecho a réplica.

“Anem a votar, anem a votar”

El diputado Coscubiela denunciando la quiebra de los procedimientos democráticos auspicidada por el gobierno de Puigdemont-Junqueras el 6 de septiembre de 2017.

Esta es la frase que repitió Forcadell mientras intentaba acallar las protestas de todos los portavoces de la oposición que, con independencia de sus posiciones políticas, pedían la palabra para denunciar el atropello a la democracia que los diputados de JxS y CUP estaban perpetrando. Como les recriminó Coscubiela (CSQEP), “esto no es un cambio del orden del día” sino más bien la aplicación del principio dictatorial de “a todo aquel que no me gusta le tapo la boca”. Dicho y hecho: Forcadell le cerró el micrófono mientras el diputado gesticulaba con voz ya inaudible ante las cámaras. Tras el intento del vicepresidente Espejo (Ciudadanos) de intervenir en el pleno, cortado con voz alterada por Forcadell, la que fuera primera presidenta de la ANC llamó a un primer receso para que la mesa de portavoces pudiera reunirse, como exigían los diputados de la oposición, a tratar el trascendental cambio en el orden del día.

Arrimadas, lideresa de Ciudadanos, y Espejo, diputado y vicepresidente del Parlament.

Gabriel, diputada de la CUP, presentando el cartel de su coalición a favor del sí en el ilegal referéndum del próximo 1 de octubre. En él pueden verse, junto a las caricaturas de políticos y diputados constitucionalistas, el mandato “barrámoslos” adobado con las palabras “autodeteminación, desobediencia y paises catalanes”.

La llamada ‘ley del referéndum de autodeterminación’ establece en su Art. 3.2 un “estado de excepción” que deja en suspenso la Constitución, el Estatut de Cataluña, la Ley Orgánica del Régimen Electoral General y cualquier norma o sentencia que entre en conflicto con ella. No hace falta ser un experto constitucionalista para darse cuenta del dislate jurídico y los riesgos que entraña para la salvaguarda de los derechos de los ciudadanos y la libertad de empresa que un grupo de diputados iluminados se arroguen todos los poderes y violen todas las reglas básicas de la democracia constitucional, la única que garantiza los derechos individuales y colectivos, y proporciona a las minorías seguridad jurídica frente a la arbitrariedad de las mayorías. Cuando a ello se añade la vulneración reiterada por los grupos de JxS y CUP de los principios y salvaguardas establecidos para tramitar con garantías los proyectos legislativos, ignorando las leyes y los reglamentos de las cámaras, el escenario que emerge en Cataluña es de una gravedad extrema.

 No es tiempo de peros

Votación con el hemiciclo semivacío tras abandonarlo los diputados de Ciudadanos, PSC y PP. Al fondo, se ve a la diputada Àngels Martínez de Podemos retirar las banderas españolas que habían dejado en sus escaños, junto a las banderas de Cataluña, los diputados del PP.

Como era previsible, las quejas y apelaciones al reglamento y al sentido común de la oposición cayeron en saco roto y el gobierno de Puigdemont-Junqueras acabó modificando el orden del día y Forcadell concedió un par de horas a la oposición para presentar enmiendas, sin aclarar el procedimiento a seguir ni aceptar que la mesa se reuniera para establecerlas. Algunos grupos de la oposición anunciaron que pedirán amparo al Tribunal Constitucional (TC) mientras la Fiscalía anticipab que presentará ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña una querella contra Forcadell y los miembros de la mesa que votaron a favor de tramitar la ‘ley’. A esta hora, el pleno, cuyo final está cantado, retoma la sesión tras dos horas de interrupción mientras la oposición sigue pidiendo explicaciones a Forcadell que sólo está interesada en proceder a votar las enmiendas.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría,durante su comparecencia ante los medios, en el Palacio de La Moncloa el 6 de septiembre de 2017.

En su comparecencia ante los medios de comunicación, la vicepresidenta Sáenz de Santamaría, informó que el presidente del Gobierno ha ordenado a la Abogacía del Estado interponer un incidente de ejecución de sentencia ante el TC para paralizar las decisiones adoptadas en el Parlament y decantar las responsabilidades penales en que pudieran haber incurrido Forcadell y los miembros de la mesa que llevaron la ‘ley’ al pleno. Sáenz de Santamaría aseguró que el Gobierno está preparado para defender los derechos de los catalanes y la democracia en Cataluña, y aprobará el recurso al TC en el Consejo de Ministros extraordinario convocado para hoy mismo.

Rivera, Sánchez e Iglesias al inicio de un debate electoral.

Celebro el apoyo sin matices que Rivera, presidente de Ciudadanos, trasladó al Gobierno un día antes del aquelarre secesionista en el Parlament, y comparto la petición que le hizo a Rajoy de que el próximo 1 de octubre no vuelva a repetirse el bochornoso espectáculo vivido el 9-N, con la utilización partidista de las instituciones de autogobierno y los medios de comunicación, la ocupación de espacios públicos y la malversación de caudales. Más preocupante resulta la ambigua posición de Sánchez, secretario general del PSOE, que ese mismo día se reunía con el nada fiable Iglesias, líder de la sección madrileña de Podemos, y asumía en rueda de prensa las aspiraciones de Cataluña, El País Vasco y Galicia (al menos) a ser reconocidas como nación. En alguna ocasión he manifestado mi oposición, no tanto a la desfasada pretensión de reconocer como nación a un territorio sino a que ello conlleve privilegios para sus habitantes, y quiebre la igualdad de todos los españoles que proclama nuestra Constitución. Pero hasta donde sé, el proyecto federalista que abanderan el PSC-PSOE supone, además del reconocimiento de la nación catalana, el blindaje de la inmersión lingüística y la concesión de privilegios fiscales inadmisibles para cualquier socialdemócrata tibio. Hoy, Sr. Sánchez, no es día para poner palos en la rueda sino para pensar en el interés de todos los españoles y apoyar las medidas que adopte el Gobierno para preservar nuestro Estado social y democrático de Derecho.

Rajoy con Sánchez en La Moncloa el 7 de septiembre de 2017.

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Cataluña, en el filo de la navaja

Artículo publicado en el diario Expansión el 27 de julio de 2017

El último barómetro del Centre d’Estudis d’Opinió del gobierno de la Generalitat de Cataluña muestra una caída continuada del porcentaje de catalanes que quieren que Cataluña sea un estado independiente, desde 47,7 % hace un año hasta 41,1% en junio de 2017. En sentido contrario ha evolucionado el porcentaje de ciudadanos que no quieren que Cataluña se convierta en un Estado independiente que con el 49,4% vuelve a situarse muy cerca del máximo (50,0%) alcanzado hace dos años. Por otra parte, la suma de los catalanes que consideran que Cataluña debería ser una Comunidad Autónoma (30,5 %) o una Región (5,3 %) supera ligeramente a la de aquellos (34, 7 %) que consideran que debería  ser un estado independiente, algo que no había ocurrido en el período que aparece en el gráfico. El porcentaje de quienes consideran que Cataluña debería ser un estado dentro de una España federal cayó 8 puntos porcentuales entre finales de 2014 y mediados de 2016 y ha registrado una levísima recuperación en el último año.

Iceta y Parlon, máximos dirigentes del PSC.

La opción federalista resulta, por tanto clave, para inclinar a un lado u otro la balanza. La cuestión es que nadie sabe a ciencia cierta a dónde nos quieren arrastrar los partidarios de un estado federal, cuando de hecho la España de las Autonomías ya lo es en casi todos los aspectos si se la compara con estados federales como Estados Unidos o Alemania. Aunque es cierto que el PSC –el único partido que defiende abiertamente el modelo federal en Cataluña– se ha librado de bastantes de sus líderes filosecesionistas, que se han incorporado a ERC o a CDC (PDE-Cat),  lo cierto es que la concepción federal que patrocina el PSC de Iceta y Parlón no deja tranquilo a ningún socialdemócrata libre del virus nacionalista.

Iceta, secretario nacional del PSC. Dice que quieren una España federal… que, por no tener, parece no tener ni bandera. Me temo que el que el PSC ha renunciado a poner la bandera de la UE en sus actos sólo para no tener que poner la bandera constitucional española.

Porque, francamente, resulta poco reconfortante para los socialdemócratas, y hasta me atrevería a afirmar que para cualquier republicano, la pretensión del PSC de convertir a España en una “nación de naciones” con el propósito de reconocer la “identidad nacional” de Cataluña; o su defensa a ultranza de la inmersión lingüística que impulsaron los gobiernos tripartitos liderados por el PSC de Maragall y Montilla, a la que califican sin pudor como “un modelo educativo de éxito”; o su apuesta reiterada en materia de financiación autonómica por el principio tan poco socialista de que han de recibir más los territorios dónde más se recauda; o, para terminar, las vergonzosas alianzas de gobierno que mantienen los ediles del PSC con los concejales de partidos secesionistas (ERC, CDC-PDE-Cat y CUP) en numerosos municipios de Cataluña.

Jiménez, presidente de la comisión gestora del PSOE, conversando con Iceta durante la crisis.

Lo más preocupante del asunto es que la crisis que se abrió entre el PSOE y el PSC, cuando los diputados del PSC en el Congreso votaron en contra de la investidura de Rajoy saltándose el acuerdo adoptado por el Comité Federal del PSOE, se saldó con la victoria del PSC por goleada: su deslealtad se premió aceptando que sus representantes continúen en los órganos de dirección del PSOE a cambio de la etérea promesa de que no volverán a hacerlo. Hoy, el PSC sigue siendo un partido independiente con voz y voto en los órganos de dirección del PSOE y los dirigentes del PSOE continúan yendo a Barcelona a aplaudir a Iceta y a Parlón, y a regalarles los oídos alabando su maravillosa  “nación” y criticando el “inmovilismo” de Rajoy. Este modelo de relación asimétrica es el que ahora pretenden exportar al conjunto del Estado.

“A bailá, a bailá…”.

La victoria del tándem Pedro Sánchez-Patxi López frente a Susana Díaz en las primarias del PSOE, donde el PSC jugó un papel fundamental, constituye una seria amenaza a la igualdad de los españoles. Me temo que Sánchez, como Zapatero en 2003, va a asumir las exigencias del PSC. El resultado entonces fue la Propuesta de Reforma de Estatut de Cataluña que aprobó el Parlament el 30 de septiembre de 2005 que proyectaba una España prácticamente confederal, en la que la Generalitat de Cataluña asumía control de todas las competencias, incluidas las educativas, judiciales y fiscales, y dejaba únicamente en manos del gobierno de España defensa y política exterior. Como nunca lo han repudiado, me temo que éste sigue siendo el modelo de Estado por el que apuestan los dirigentes del PSC, camuflado ahora tras el eslogan “España nación de naciones”: la Generalitat es soberana y las instituciones del Estado deben reconocer su plena autonomía.

Sánchez con Iceta jugando a los cubos rojos: tuyo mío; mío tuyo, en la reunión que mantuvieron en Barcelona el 14 julio de 2017. Nosotros (PSC) para nosotros (PSC) y vosotros (PSOE) para nosotros (PSC).

Resultaría fundamental para superar la crisis política en Cataluña y despejar el futuro de la España constitucional contar en Cataluña y en el País Vasco con un auténtico partido socialdemócrata que apueste por la igualdad en derechos y deberes de todos los ciudadanos españoles. Lástima que ni los socialdemócratas catalanes que presentaron la Plataforma para la recuperación de la federación catalana del PSOE, en Cataluña, ni la mayoría de socialdemócratas que ven con buenos ojos la idea en el resto de España, se hayan decidido a saltar al ruedo y exigir algo que algunos demandábamos ya a Pérez Rubalcaba en 2013.

 

 

 

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