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Insurrectos y acomplejados

Artículo publicado en el diario Expansión el 7 de octubre de 2017

Mozos de Escuadra increpando a efectivos de la Policía Nacional.

La pasividad de los Mozos de Escuadra el 21 de septiembre, mientras las hordas congregadas por la ANC, Omnium y CUP destruían vehículos de la policía judicial durante el registro de la consejería de Economía, dio una pista de lo que podía ocurrir y sucedió el 1-O: la mayoría de los Mozos incumplió flagrantemente las órdenes de la magistrada Armas de desalojar y sellar los centros de votación antes de las 6:00 horas para impedir la celebración de la ilegal consulta. ¿Acaso alguien creyó que el consejero Forn y el mayor Trapero iban a cumplir las órdenes? ¡Si su misión era precisamente facilitar la apertura de los centros! No me sorprendería nada que los mandos de los Mozos conocieran la localización de los centros desde los que se distribuyeron urnas y papeletas.

Un policía nacional calmando a un niño en brazos de su irresponsable padre.

Puigdemont y los Mozos burlaron al Estado

Ningún Gobierno que se precie puede enviar a un coronel de la Guardia Civil a coordinar el operativo de seguridad, cuando se está fraguando nada menos que un golpe de Estado, sin investirle de la autoridad necesaria para cumplir su misión. Que los  Mozos nada iban a hacer para impedir la apertura de los centros de votación se tornó en certeza cuando anunciaron que no los desalojarían con gente dentro. El Gobierno, burlado, debería haber ordenado inmediatamente la detención de Forn y Trapero por desobediencia reiterada a una orden judicial conducente a la consumación de los delitos de desobediencia y sedición.

Trapero, mayor de los Mozos, con Puigdemont y Forn.

Aunque resulte ingrato detener a los representantes del Estado en Cataluña, ésa es la obligación del Gobierno cuando aquellos se sitúan deliberadamente fuera del orden constitucional, utilizan fondos públicos para delinquir y desacatan las órdenes de los Tribunales. Todos los miembros del gobierno de Cataluña están fuera de la Ley desde al menos el 6 de septiembre, cuando aprobaron la “ley del referéndum de autodeterminación” y se confabularon para conspirar contra el orden constitucional, y consumar, como  hicieron finalmente, su propósito delictivo el 1 de octubre. De 24 días dispuso el Gobierno de España para ilegalizar a la ANC, a Omnium y a la AMI, y para detener a los principales golpistas: Puigdemont, Junqueras y Forcadell y a los portavoces de los grupos parlamentarios Junts pel Sí y CUP. Hoy mismo escuché a Sáenz de Santamaría afirmar que Puigdemont está fuera de la ley. Con todos mis respetos: si así es, el Gobierno debe instar a la Fiscalía a solicitar una orden de detención. Los delincuentes no pueden andar sueltos, máxime cuando amenazan con ejecutar en horas un delito todavía mayor: proclamar la independencia de Cataluña.

Sánchez, presidente de la ANC, con Cuixart, presidente de Omnium Cultural, conocida también como Odium Gutural.

Mediación internacional

El gobierno de la Generalitat casi logró el 1-O la fotografía que buscaba desesperadamente: ofrecer las imágenes del enfrentamiento de ciudadanos con efectivos de la GC y la PN para solicitar la mediación internacional. Y digo que casi lo lograron porque la prensa internacional compró inicialmente la mercancía servida en bandeja por la Generalitat y sus medios de comunicación. Nada dijo de las provocaciones, insultos y acciones violentas de los ‘pacíficos’ miembro de la CUP integrados en los comités de defensa del referéndum, bien asesorados por el buenazo de Otegui y expertos terroristas. La violencia vivida en Cataluña desde día 21 de septiembre ha sido instigada y financiada por la CUP, la ANC y Ominum Cultural e indirectamente por Puigdemont y su gobierno.

Torrecilla, concejal de ERC, que forcejeó al ser desalojada y lanzó graves acusaciones contra las fuerzas de seguridad, acusaciones que resultaron ser burdas exageraciones.

Poco a poco va saliendo a la luz la cruda realidad: más de 400 policías lesionados, videos trucados con escenas de represión de los Mozos y la falsa noticia de la concejal de ERC a la que un policía había roto cuatro dedos, uno a uno. Esa burda ficción corrió como la pólvora por la red y llevó a un indignado amigo mío (de vacaciones en Canadá) a echármelo en cara. Infórmate bien, le contesté. Toda una campaña orquestada para reclamar la mediación internacional a la que Puigdemont se agarra como a un clavo ardiendo mientras el Banco Sabadell anuncia su salida de Cataluña. Los catalanes no sólo no han sido víctimas del resto de españoles sino que éstos han sido la fuente, casi única o principal, de su prosperidad desde 1714 hasta hoy mismo. No en vano historiadores catalanes acuñaron la expresión “Cataluña, la fábrica de España” y la renta per cápita de los catalanes era todavía el 23% mayor que la del resto de españoles en 2016 y el 6% superior a la media europea en 2015. No está nada mal para tratarse de un pueblo oprimido y expoliado.

Gestión fallida

La gestión del Gobierno de España del intento de la Generalitat de internacionalizar el conflicto ha dejado, por incomparecencia, mucho que desear. Nunca se debió permitir las actividades desplegadas por la consejería de ‘exteriores’, las ‘embajadas’ y el consorcio Diplocat. Tampoco se respondió apropiadamente a las giras propiciadas para promover la causa en Estados Unidos y la UE a las que el Gobierno podría haber respondido enviando a científicos, juristas, intelectuales, artistas, deportistas, etc. para exponer la realidad de España y desmentir las fabulaciones secesionistas.  Hace unos días, Coixet, reputada directora cinematográfica, tuvo que escribir una carta a sus amigos repartidos por medio mundo para desmentir las deformaciones interesadas que buscan desacreditar nuestra democracia; y desde ese día, está siendo acosada por los secesionistas. Pocos intelectuales, aparte de nuestro Nobel Vargas Llosa, han levantado la bandera de la libertad y la igualdad para denunciar el recorte de derechos fundamentales y las amenazas que padecemos los ciudadanos catalanes. El Gobierno debería ser consciente de que quien permite difundir infundios puede acabar perdiendo la batalla de la opinión pública internacional. Con su mutismo y falta de iniciativas, el ministro Dastis da la impresión de que ni está ni se le espera.

Vargas Llosa: “el referéndum de cataluña es un disparate absurdo”.

Puigdemont con Junqueras y Romeva en uno de sus últimos intentos de acudir a Bruselas a llamar en vano la atención de las instituciones de la UE. ¿Olvidaron poner la bandera estrellada? Patéticos.

Felizmente, Puigdemont y Romeva sólo han logrado de momento distraer unos minutos a los comisarios y parlamentarios europeos, exhibiendo en el hemiciclo su ridícula bandera estrellada. Y confío en que mientras sigan trucando videos, inventándose agresiones inexistentes e incitando a la violencia en las calles de Barcelona no van a ganarse su simpatía. Auguro que sólo conseguirán unas palmaditas de diputados flamencos y escoceses resentidos, y algún ‘podemita’. Lo que seguramente sí pasa desapercibido en la UE es la privación de derechos, opresión y discriminación que padecen los catalanes constitucionalista en las administraciones de la Generalitat, medios de comunicación, hospitales, juzgados, centros universitarios, empresas… pero sobre todo la que padecen nuestros hijos en las escuelas, institutos y Universidades públicas.

Los acosadores de Balaguer. “Escuela en catalán no acatamos”. Democracia en estado puro.

Rajoy y Sánchez en su “reunión prescindible” el 25 agosto 2016.

Hemos llegado al punto en que el Gobierno tiene que actuar y da la impresión que falta lucidez y determinación. Mejor sería, desde luego, contar con el respaldo del PSOE, pero si Sánchez y Robles anteponen reprobar a la Vicepresidenta a defender la democracia, desatendiendo opiniones de socialistas tan cualificados como Guerra, PP y Ciudadanos tienen que seguir adelante: el PSOE se sumará o saltará en pedazos. El Gobierno tiene que vencer su paralizante acomplejamiento, convencerse y convencer al mundo de que España es un Estado democrático que sólo pretende salvaguardar los derechos de los catalanes y del resto de españoles, amenazados por el estado de excepción impuesto por el gobierno de la Generalitat. Nadie pidió a Mas responsabilidades por ordenar a los Mozos desalojar violentamente de los indignados ‘comunitas’ de la Plaza de Cataluña en 2015. Lo que nadie olvida –menos aún los fríos inversores– es ver a un gobierno impotente, incapaz de desplegar las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para defender el orden constitucional.

Efectivos de la Guardia Civil abandonando los hoteles en que se alojaban entre abucheos.

La vicepresidenta del Gobierno denunciando la bochornosa sesión en el Parlament el 6 de septiembre de 2017.

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La resaca del 1-O

Artículo publicado en el diario Expansión el 2 de octubre de 2017

Puigdemont pidiendo el Sí en el referéndum del 1-O y desacreditando a las instituciones democráticas del Estado.

Por fin, acabó el patético espectáculo que ha ofrecido el gobierno de la Generalitat a España y al mundo el 1-O. El ruido sordo de los helicópteros sobrevolando los cielos de Barcelona cesó hace unas horas y la mayoría de catalanes reanudaremos con normalidad nuestras actividades cotidianas mañana. Quizá no todos, pero sí la mayoría. Hay algo, sin embargo, que no volverá a la normalidad en bastante tiempo: la convivencia y la concordia.

El daño está hecho

Sánchez, presidente de la ANC, con Cuixart, presidente de Omnium Cultural, conocida también como Odium Gutural.

La Generalitat ha logrado dividir la sociedad catalana y la fractura abierta con la inestimable colaboración de los medios de comunicación y las asociaciones secesionistas (ANC, Omnium y AMI), espoleando a sus huestes a lanzarse contra quienes no compartimos sus aspiraciones, tardará décadas en cerrarse. En cuanto a la vida política, los acontecimientos de las últimas semanas han puesto de manifiesto que mientras Puigdemont y Junqueras sigan al frente del gobierno de la Generalitat, y Forcadell y Gabriel continúen al mando de las fuerzas de choque en el Parlament, es de todo punto inviable restaurar la normalidad constitucional en Cataluña. Forcadell lo advirtió hace tiempo cuando proclamó que “nuestro adversario es el Estado español. Lo tenemos que tener muy claro. Y los partidos españoles que hay en Catalunya, como Ciudadanos y el Partido Popular”. En fin, ya ven qué espíritu de concordia y mano tendida anida en el pecho de los más egregios dirigentes de la república ‘españófoba’.

Forcadell arropada por Hagrid El guardabosques, Flequillo Airado y el Orfeó Secesionista, ante la sede del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

Valientes cobardes

Puigdemont con Sánchez, presidente de la ANC, y Cuixart, presidente de Omnium Cultural, preparando del 11 de septiembr de 2016.

Policía Nacional calmando a un niño en brazos de su irresponsable padre. Claro ejemplo de brutalidad policial.

El 1-O hemos podido ver a ‘heroicos’ ciudadanos, con niños sobre sus hombros, enfrentarse a la Policía Nacional (PN) y a la Guardia Civil (GC) en Barcelona y otras ciudades de Cataluña,  mientras los Mozos de Escuadra volvían a hacer gala de la misma pasividad que dio alas a las hordas de ‘valientes’ de la ANC y Omnium que destrozaron los vehículos de la policía judicial, el pasado 21 de septiembre. Comenzaron los Mozos incumpliendo, como era previsible, la orden judicial de precintar los centros elegidos para albergar las urnas, y dejaron en manos de la PN y GC la tarea de desalojar a las familias que habían pernoctado en ellos, dispuestas a utilizar a sus hijos como escudos humanos.

Torrecilla, concejal de ERC, una de las heroinas falsas del 1-O. 4 hospitalizados tras las ‘brutales’ cargas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

La tarde del sábado visité el centro de enseñanza (CEIP) en que estudiaron mis hijos y pude constatar que un par de docenas de madres y algún padre habían tomado el gimnasio donde presumiblemente se iban a colocar las urnas. A una treintena escasa de metros de la entrada está el cuartel de Mozos que nada hicieron para impedir la ocupación ni para desalojarlos en la madrugada del 1-O. Esta mañana me he desayunado con la noticia de que Conesa, alcaldesa convergente (PDE-Cat) de Sant Cugat del Vallés, había colocado una urna en el pabellón deportivo anejo al Ayuntamiento, en un acto retransmitido por los medios de comunicación del propio consistorio. Si la heroicidad de Conesa me ha llegado a casa en cuestión de minutos, supongo que los Mozos estaban también al tanto. Por cierto, que el citado pabellón saltó a la fama por ser una de las obras por las que el partido de Pujol, Mas, Puigdemont y Conesa se embolsó una comisión del 2,5%, cuando Turull, actual portavoz del gobierno de la Generalitat, era gerente del Ayuntamiento.

Turull, gerente de Sant Cugat del 3%, portavoz parlamentario de CDC y ahora consejero portavoz del gobierno de la Generalitat.

Conesa, alcaldesa de Sant Cugat, colocando la primera urna en el pabellón deportivo en la madrugada del 1-O.

¡Ay de los tibios!

Algunos parecen no haberse enterado todavía de qué iba el asunto y reparten culpas entre los Gobiernos de la Generalitat y España. Quizá esto no sea un referéndum sino un simulacro, como sostiene Iceta (PSC), pero el Estado no puede permanecer pasivo cuando gobernantes irresponsables convocan a los ciudadanos a conculcar la Constitución, el Estatut, las sentencias y mandatos judiciales. Reflexione: estamos ante el mayor ataque a nuestra democracia desde 1981. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han actuado, siempre a instancias de los jueces, para impedir el atropello que pretendían consumar los golpistas realizando un referéndum ilegal, y los únicos culpables de los enfrentamientos son, como ha dicho Rajoy, quienes han incitado a los ciudadanos a salir a calle. Los golpistas, como en 1981, tienen nombres y apellidos y deben ser

Coches destrozados de la policía judicial de la Guardia Civil frente a la Consejería de Economía en la Rambla de Cataluña. ¿Dónde estaban los Mozos? “Estaban tomando cañas…”

detenidos y juzgados por sus actos y por las lamentables consecuencias ocasionadas.

¿Estaba preparado el Gobierno?

Resulta evidente que el operativo desplegado por el Gobierno para impedir el referéndum se ha visto desbordado. A los hechos me remito: los Mozos no han cumplido con su cometido y la mayoría de los centros de votación no se precintaron y han permanecido abiertos todo el día. No, no estaba preparado para responder con rapidez y eficacia. Estas intervenciones no se improvisan y aunque lo ocurrido el 1-O no tendrá consecuencias a corto plazo, el Gobierno de España debería reflexionar también, y cambiar su estrategia si no quiere exponerse a que, de tanto ir a la fuente (9-N, 1-O), el cántaro se rompa. Sería una ingenuidad imperdonable creer que no volverán a intentarlo de nuevo y negociar mañana una salida con los golpistas.

Forcadell, Puigdemont y Sánchez, los mismos perros con distintos collares.

Otegui recibido con todos los honores por Forcadell, en su nueva etapa como presidenta del Parlament: el negocio de su vida.

Además de exigir responsabilidades a quienes han orquestado el 1-O, el Gobierno tiene que retener las competencias sobre las principales figuras impositivas y transferencias sociales, preservar el carácter estatal de nuestro sistema judicial, y continuar  manteniendo un control exhaustivo de las órdenes de pago del gobierno de la Generalitat. Pero hay que ir bastante más allá. Visto lo ocurrido, convendría recuperar competencias en materia de seguridad para impedir que la policía autonómica esté al mando de un golpista declarado (Forn) y asegurar así que los Mozos cumplirán las órdenes de los jueces en el futuro. Más incluso: hay que aumentar la presencia permanente de efectivos de la PN y la GC en Cataluña.

Las hordas convocadas por la ANC, Omnium y CUP dando un ejemplo de civismo republicano.

Junqueras, Puigdemont y Romeva, consejero de exteriores, en uno de sus vanos intentos de atraer la atención en Bruselas.

El Gobierno tiene también que desmantelar la consejería que dirige Romeva e impedir que la Generalitat financie organismos como Diplocat o el Consell Assesor per la Transició Nacional. Finalmente, resulta inexcusable recuperar competencias educativas para impedir que escuelas e institutos actúen como centros de adoctrinamiento donde se promueve la hispanofobia y se transmiten a niños y jóvenes interpretaciones sesgadas de la historia de Cataluña y España. Hay mucho por hacer, Sr. Méndez de Vigo, en esta materia. Y urge hacerlo porque el tiempo, si no cambiamos nada, corre en contra nuestra.

 

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Una república sin derecho a réplica

Artículo publicado en el diario Expansión el 8 de septiembre de 2017

Forcadell, ejerciendo de mordaza de la oposición, se saltó todos los principios democráticos. 

Bochorno es la palabra que cualquier demócrata sintió al escuchar a los portavoces de los grupos parlamentarios de Ciudadanos, PSC, PP y CSQEP en el Parlament protestar inútilmente contra los reiterados intentos de la presidenta Forcadell de silenciarlos para sacar adelante el cambio en el orden del día, propiciado por los grupos parlamentarios Junts pel Sí (JxS) y CUP, y aprobar, por vía de urgencia, la denominada “ley del referéndum de autodeterminación” en el Parlament de Cataluña. El áspero debate permitió constatar el nulo respeto a los procedimientos democráticos de los líderes de ERC, PDE-Cat y CUP en su alocada huida hacia el 1-O.

Junqueras, Puigdemont y Forn, consejero de interior, celebrando la aprobación de la ‘ley’ del referéndum de autodeterminación con el hemiciclo semivacío.

Verlos en acción dinamitar el Estado de Derecho en el hemiciclo, vulnerando sin inmutarse en su escaño los derechos más elementales de los diputados –tales como conocer los proyectos de ley con 48 horas de antelación, disponer de plazos razonables para presentar enmiendas o solicitar informes jurídicos a los Letrados de la Cámara y dictámenes al Consejo Estatutario– habrá servido para despejar las dudas que todavía albergaban algunos políticos y ciudadanos sobre la naturaleza del  prometido “nuevo país para todos”. Gracias por aclararnos que en su república no hay derecho a réplica.

“Anem a votar, anem a votar”

El diputado Coscubiela denunciando la quiebra de los procedimientos democráticos auspicidada por el gobierno de Puigdemont-Junqueras el 6 de septiembre de 2017.

Esta es la frase que repitió Forcadell mientras intentaba acallar las protestas de todos los portavoces de la oposición que, con independencia de sus posiciones políticas, pedían la palabra para denunciar el atropello a la democracia que los diputados de JxS y CUP estaban perpetrando. Como les recriminó Coscubiela (CSQEP), “esto no es un cambio del orden del día” sino más bien la aplicación del principio dictatorial de “a todo aquel que no me gusta le tapo la boca”. Dicho y hecho: Forcadell le cerró el micrófono mientras el diputado gesticulaba con voz ya inaudible ante las cámaras. Tras el intento del vicepresidente Espejo (Ciudadanos) de intervenir en el pleno, cortado con voz alterada por Forcadell, la que fuera primera presidenta de la ANC llamó a un primer receso para que la mesa de portavoces pudiera reunirse, como exigían los diputados de la oposición, a tratar el trascendental cambio en el orden del día.

Arrimadas, lideresa de Ciudadanos, y Espejo, diputado y vicepresidente del Parlament.

Gabriel, diputada de la CUP, presentando el cartel de su coalición a favor del sí en el ilegal referéndum del próximo 1 de octubre. En él pueden verse, junto a las caricaturas de políticos y diputados constitucionalistas, el mandato “barrámoslos” adobado con las palabras “autodeteminación, desobediencia y paises catalanes”.

La llamada ‘ley del referéndum de autodeterminación’ establece en su Art. 3.2 un “estado de excepción” que deja en suspenso la Constitución, el Estatut de Cataluña, la Ley Orgánica del Régimen Electoral General y cualquier norma o sentencia que entre en conflicto con ella. No hace falta ser un experto constitucionalista para darse cuenta del dislate jurídico y los riesgos que entraña para la salvaguarda de los derechos de los ciudadanos y la libertad de empresa que un grupo de diputados iluminados se arroguen todos los poderes y violen todas las reglas básicas de la democracia constitucional, la única que garantiza los derechos individuales y colectivos, y proporciona a las minorías seguridad jurídica frente a la arbitrariedad de las mayorías. Cuando a ello se añade la vulneración reiterada por los grupos de JxS y CUP de los principios y salvaguardas establecidos para tramitar con garantías los proyectos legislativos, ignorando las leyes y los reglamentos de las cámaras, el escenario que emerge en Cataluña es de una gravedad extrema.

 No es tiempo de peros

Votación con el hemiciclo semivacío tras abandonarlo los diputados de Ciudadanos, PSC y PP. Al fondo, se ve a la diputada Àngels Martínez de Podemos retirar las banderas españolas que habían dejado en sus escaños, junto a las banderas de Cataluña, los diputados del PP.

Como era previsible, las quejas y apelaciones al reglamento y al sentido común de la oposición cayeron en saco roto y el gobierno de Puigdemont-Junqueras acabó modificando el orden del día y Forcadell concedió un par de horas a la oposición para presentar enmiendas, sin aclarar el procedimiento a seguir ni aceptar que la mesa se reuniera para establecerlas. Algunos grupos de la oposición anunciaron que pedirán amparo al Tribunal Constitucional (TC) mientras la Fiscalía anticipab que presentará ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña una querella contra Forcadell y los miembros de la mesa que votaron a favor de tramitar la ‘ley’. A esta hora, el pleno, cuyo final está cantado, retoma la sesión tras dos horas de interrupción mientras la oposición sigue pidiendo explicaciones a Forcadell que sólo está interesada en proceder a votar las enmiendas.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría,durante su comparecencia ante los medios, en el Palacio de La Moncloa el 6 de septiembre de 2017.

En su comparecencia ante los medios de comunicación, la vicepresidenta Sáenz de Santamaría, informó que el presidente del Gobierno ha ordenado a la Abogacía del Estado interponer un incidente de ejecución de sentencia ante el TC para paralizar las decisiones adoptadas en el Parlament y decantar las responsabilidades penales en que pudieran haber incurrido Forcadell y los miembros de la mesa que llevaron la ‘ley’ al pleno. Sáenz de Santamaría aseguró que el Gobierno está preparado para defender los derechos de los catalanes y la democracia en Cataluña, y aprobará el recurso al TC en el Consejo de Ministros extraordinario convocado para hoy mismo.

Rivera, Sánchez e Iglesias al inicio de un debate electoral.

Celebro el apoyo sin matices que Rivera, presidente de Ciudadanos, trasladó al Gobierno un día antes del aquelarre secesionista en el Parlament, y comparto la petición que le hizo a Rajoy de que el próximo 1 de octubre no vuelva a repetirse el bochornoso espectáculo vivido el 9-N, con la utilización partidista de las instituciones de autogobierno y los medios de comunicación, la ocupación de espacios públicos y la malversación de caudales. Más preocupante resulta la ambigua posición de Sánchez, secretario general del PSOE, que ese mismo día se reunía con el nada fiable Iglesias, líder de la sección madrileña de Podemos, y asumía en rueda de prensa las aspiraciones de Cataluña, El País Vasco y Galicia (al menos) a ser reconocidas como nación. En alguna ocasión he manifestado mi oposición, no tanto a la desfasada pretensión de reconocer como nación a un territorio sino a que ello conlleve privilegios para sus habitantes, y quiebre la igualdad de todos los españoles que proclama nuestra Constitución. Pero hasta donde sé, el proyecto federalista que abanderan el PSC-PSOE supone, además del reconocimiento de la nación catalana, el blindaje de la inmersión lingüística y la concesión de privilegios fiscales inadmisibles para cualquier socialdemócrata tibio. Hoy, Sr. Sánchez, no es día para poner palos en la rueda sino para pensar en el interés de todos los españoles y apoyar las medidas que adopte el Gobierno para preservar nuestro Estado social y democrático de Derecho.

Rajoy con Sánchez en La Moncloa el 7 de septiembre de 2017.

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Cataluña, en el filo de la navaja

Artículo publicado en el diario Expansión el 27 de julio de 2017

El último barómetro del Centre d’Estudis d’Opinió del gobierno de la Generalitat de Cataluña muestra una caída continuada del porcentaje de catalanes que quieren que Cataluña sea un estado independiente, desde 47,7 % hace un año hasta 41,1% en junio de 2017. En sentido contrario ha evolucionado el porcentaje de ciudadanos que no quieren que Cataluña se convierta en un Estado independiente que con el 49,4% vuelve a situarse muy cerca del máximo (50,0%) alcanzado hace dos años. Por otra parte, la suma de los catalanes que consideran que Cataluña debería ser una Comunidad Autónoma (30,5 %) o una Región (5,3 %) supera ligeramente a la de aquellos (34, 7 %) que consideran que debería  ser un estado independiente, algo que no había ocurrido en el período que aparece en el gráfico. El porcentaje de quienes consideran que Cataluña debería ser un estado dentro de una España federal cayó 8 puntos porcentuales entre finales de 2014 y mediados de 2016 y ha registrado una levísima recuperación en el último año.

Iceta y Parlon, máximos dirigentes del PSC.

La opción federalista resulta, por tanto clave, para inclinar a un lado u otro la balanza. La cuestión es que nadie sabe a ciencia cierta a dónde nos quieren arrastrar los partidarios de un estado federal, cuando de hecho la España de las Autonomías ya lo es en casi todos los aspectos si se la compara con estados federales como Estados Unidos o Alemania. Aunque es cierto que el PSC –el único partido que defiende abiertamente el modelo federal en Cataluña– se ha librado de bastantes de sus líderes filosecesionistas, que se han incorporado a ERC o a CDC (PDE-Cat),  lo cierto es que la concepción federal que patrocina el PSC de Iceta y Parlón no deja tranquilo a ningún socialdemócrata libre del virus nacionalista.

Iceta, secretario nacional del PSC. Dice que quieren una España federal… que, por no tener, parece no tener ni bandera. Me temo que el que el PSC ha renunciado a poner la bandera de la UE en sus actos sólo para no tener que poner la bandera constitucional española.

Porque, francamente, resulta poco reconfortante para los socialdemócratas, y hasta me atrevería a afirmar que para cualquier republicano, la pretensión del PSC de convertir a España en una “nación de naciones” con el propósito de reconocer la “identidad nacional” de Cataluña; o su defensa a ultranza de la inmersión lingüística que impulsaron los gobiernos tripartitos liderados por el PSC de Maragall y Montilla, a la que califican sin pudor como “un modelo educativo de éxito”; o su apuesta reiterada en materia de financiación autonómica por el principio tan poco socialista de que han de recibir más los territorios dónde más se recauda; o, para terminar, las vergonzosas alianzas de gobierno que mantienen los ediles del PSC con los concejales de partidos secesionistas (ERC, CDC-PDE-Cat y CUP) en numerosos municipios de Cataluña.

Jiménez, presidente de la comisión gestora del PSOE, conversando con Iceta durante la crisis.

Lo más preocupante del asunto es que la crisis que se abrió entre el PSOE y el PSC, cuando los diputados del PSC en el Congreso votaron en contra de la investidura de Rajoy saltándose el acuerdo adoptado por el Comité Federal del PSOE, se saldó con la victoria del PSC por goleada: su deslealtad se premió aceptando que sus representantes continúen en los órganos de dirección del PSOE a cambio de la etérea promesa de que no volverán a hacerlo. Hoy, el PSC sigue siendo un partido independiente con voz y voto en los órganos de dirección del PSOE y los dirigentes del PSOE continúan yendo a Barcelona a aplaudir a Iceta y a Parlón, y a regalarles los oídos alabando su maravillosa  “nación” y criticando el “inmovilismo” de Rajoy. Este modelo de relación asimétrica es el que ahora pretenden exportar al conjunto del Estado.

“A bailá, a bailá…”.

La victoria del tándem Pedro Sánchez-Patxi López frente a Susana Díaz en las primarias del PSOE, donde el PSC jugó un papel fundamental, constituye una seria amenaza a la igualdad de los españoles. Me temo que Sánchez, como Zapatero en 2003, va a asumir las exigencias del PSC. El resultado entonces fue la Propuesta de Reforma de Estatut de Cataluña que aprobó el Parlament el 30 de septiembre de 2005 que proyectaba una España prácticamente confederal, en la que la Generalitat de Cataluña asumía control de todas las competencias, incluidas las educativas, judiciales y fiscales, y dejaba únicamente en manos del gobierno de España defensa y política exterior. Como nunca lo han repudiado, me temo que éste sigue siendo el modelo de Estado por el que apuestan los dirigentes del PSC, camuflado ahora tras el eslogan “España nación de naciones”: la Generalitat es soberana y las instituciones del Estado deben reconocer su plena autonomía.

Sánchez con Iceta jugando a los cubos rojos: tuyo mío; mío tuyo, en la reunión que mantuvieron en Barcelona el 14 julio de 2017. Nosotros (PSC) para nosotros (PSC) y vosotros (PSOE) para nosotros (PSC).

Resultaría fundamental para superar la crisis política en Cataluña y despejar el futuro de la España constitucional contar en Cataluña y en el País Vasco con un auténtico partido socialdemócrata que apueste por la igualdad en derechos y deberes de todos los ciudadanos españoles. Lástima que ni los socialdemócratas catalanes que presentaron la Plataforma para la recuperación de la federación catalana del PSOE, en Cataluña, ni la mayoría de socialdemócratas que ven con buenos ojos la idea en el resto de España, se hayan decidido a saltar al ruedo y exigir algo que algunos demandábamos ya a Pérez Rubalcaba en 2013.

 

 

 

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Ya no cuela

Artículo publicado en el diario Expansión el 21 de junio de 2017

Puigdemont, primer presidente de la Associació de Municipis per l’Independencia, dirigiéndose como presidente del gobierno de la Generalitat a la asamblea de la AMI en 2017.

Hace poco, un familiar me confesó que cuando escribo sobre la situación en Cataluña le cuesta ponerse en mi lugar. Algunos amigos y colegas que viven en otras Comunidades me han manifestado también su creciente hartazgo . “¡Que se vayan de una vez!”, me soltó un taxista sin reparar en las nefastas consecuencias que tendría para quienes vivimos en Cataluña y para el resto de españoles. Reconozco que relatar las últimas ocurrencias (casi siempre desatinadas) con que nos obsequia Puigdemont (antes las que hacía Mas, su mentor), bajo la atenta vigilancia de Hagrid –el guardabosques encargado de cuidar a las “criaturas mágicas”– puede resultar cansino. Sin embargo, las últimas performances de la compañía PuigCupQueras (con Guardiola como artista invitado) me obligan a volver sobre este enojoso asunto.

Guardiola, hijo de la Masía y jugador de la selección española, artista invitado en la última obra de la compañía PuigCupQueras.

 

Democracia devaluada

Puigdemont y Gabriel celebrando su acuerdo para constituir una república independiente.

Desde el 27 de septiembre de 2015, el gobierno de la Generalitat gobierna exclusivamente para aquellos catalanes que votaron a la coalición electoral Junts pel Sí, integrada por CDC y ERC, y al conglomerado pancatalanista y anticapitalista CUP-CC. Entre los tres partidos, obtuvieron el 47,7 % de los votos válidos (36,8 % del censo) y 72 diputados de los 135 que componen el Parlament. A partir de la constitución de la cámara, los dos grupos parlamentarios han aprobado varias resoluciones para iniciar y desarrollar un proceso constituyente que el Tribunal Constitucional ha anulado por su pregonada inconstitucionalidad. Forcadell, presidenta del Parlament, y otros tres diputados miembros de la Mesa están siendo investigados por desacatar estas sentencias.

Forcadell arropada por Hagrid y Puigdemont y el Orfeó Secesionista, ante la sede del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

 

Junqueras, Puigdemont y Romeva en el Parlament de Cataluña.

Lo más llamativo del llamado ‘proceso secesionista’ es la perversa concepción de  la democracia que lo alimenta. Sus líderes sostienen seriamente que España es una democracia de baja calidad, porque ni el Gobierno, ni Las Cortes ni el Tribunal Constitucional les autorizan a realizar un referéndum para preguntar a los catalanes si “quieren que Cataluña sea un estado independiente en forma de república”. En su delirio, las resoluciones y normas que aprueban ellos con ajustadas mayorías (72 diputados o menos) en el Parlament son democracia de 24 quilates, mientras que las resoluciones y normas aprobadas en el Congreso, sede de la soberanía popular, por mayorías holgadas son consideradas opresivas.

Congreso histórica sesión plenaria del 8 de abril 2014 en la que se rechazó la pretensión de los partidos catalanes de que se transfiriese al gobierno catalán la potestad de celebrar referéndums de autodeterminación.

Puigdemont y Gabriel celebrando un acuerdo para iniciar la puesta en marcha de la república independiente.

Puigdemont, Junqueras y Gabriel son, a pesar de sus poses, alérgicos a la democracia. Afirman ser demócratas pero su comportamiento lo desmiente. ¿Por qué si no han rechazado el ofrecimiento del Gobierno (acordado con PSOE y Ciudadanos) de acudir al Congreso a defender su proyecto y se han apresurado a fijar el referéndum el 1 de octubre? Porque sólo aceptan las reglas del juego democrático cuando tienen la mayoría asegurada, por exigua que ésta sea. Pero tan preocupante o más que esta aviesa concepción de la democracia, es la naturaleza de “su” futurible república, donde la libertad y la división de poderes brillan por su ausencia. El “hombre de la estaca” (Llach, antaño cantautor y hoy “bien pagao” inquisidor) advierte a los funcionarios que tendrán que pensárselo muy bien, que sufrirán… porque la Generalitat sancionará a quienes incumplan la “ley de transitoriedad jurídica”, una norma del Parlament que pretende derogar en 24 horas la Constitución. Por su parte, Vidal, ex-juez y ex-senador de ERC, desveló imprudentemente que de los 801 jueces que ejercen en Cataluña sólo quedarán con quienes “comparten nuestros sueños e ideales”.

Lluis Llach, antaño cantautor, hoy ‘bien pagao’ inquisidor.

 

Foto de familia del ‘pacto nacional por el derecho a decidir’. Enmarcado en un círculo aparece el rostro de Carles Sastre, terrorista convicto de Terra Lliure condenado por el asesinato del empresario José María Bultó Marqués, junto al ex-juez y ex-senador Vidal.

Gobierno firme

Afortunadamente para los demócratas que vivimos y trabajamos en Cataluña, la Vicepresidenta Sáenz de Santamaría ha comprendido, tras varias visitas al Principado, lo bochornoso que resulta que no se deje “hablar a la gente que piensa otra cosa” y “cómo se les ningunea en todo tipo de instituciones”. Celebramos, asimismo, que haya constatado de primera mano la imposibilidad de iniciar un diálogo con el gobierno de la Generalitat para alcanzar acuerdos dentro del marco constitucional. Algunos barruntábamos que su intento estaba condenado al fracaso desde el principio, porque la débil argamasa que mantiene unidos a los tres partidos secesionistas es precisamente la promesa de proclamar la república y garantizar impunidad a quienes han vulnerado (o van a vulnerar) el ordenamiento jurídico.

Sáenz de Santamaría visitando la exposición en homenaje a las víctimas de Hipercor en Barcelona.

En la moción de censura que presentó Podemos, el presidente Rajoy reiteró que no permitirá, mientras gobierne, que un subconjunto de ciudadanos (los empadronados en Cataluña) decida sobre cuestiones (autodeterminación de Cataluña) que afectan a todos. Ahora bien, aunque el gobierno de Rajoy tiene mayoría absoluta en el Senado sólo cuenta con 137 diputados en el Congreso, un número muy alejado de la mayoría absoluta. Pero es que incluso si el PP tuviera 176 diputados, resulta indispensable contar con el respaldo de otros grupos parlamentarios para afrontar el órdago del gobierno de la Generalitat, y todo lo que puede acontecer antes y después del 1 de octubre.

Rajoy interviniendo en la moción de censura que presentó Podemos en el Congreso el 13 de junio de 2017.

Soledad del Gobierno

Iglesias abraza a Montero al término de su intervención en la moción de censura.

La moción de censura que protagonizó el tándem Iglesias-Montero permitió aclarar la posición de Podemos: apoyo sin reservas a sus fraternales compañeros catalanes –peculiar hermandad  “republicana” que excluye compartir territorio y renta– para que decidan su futuro. El diputado Tárdà (ERC) correspondió apoyando la moción. En su intervención, confirmó que el referéndum se celebrará el 1 de octubre e insinuó que su resultado podría ser la antesala de la proclamación de la tercera república en España. Olvidó el devoto enterrador de la Monarquía añadir un pequeño detalle: en esa tercera república ya no estará Cataluña.

Iglesias abraza a Tardà tras la intervención del diputado de ERC.

Sánchez puño en alto entonando “La internacional” el 24 de mayo de 2017.

En cuanto al PSOE, la victoria del Sánchez que hemos visto en las primarias, puño en alto entonando “La internacional”, apunta a un Sánchez bien distinto al que presentó su candidatura a presidente de Gobierno –con una gigantesca bandera constitucional como telón de fondo–, en junio de 2015. Aunque su adversario directo sigue siendo Iglesias, no hay que descartar que el PSOE, mediatizado por el PSC, mantenga una calculada ambigüedad sobre Cataluña. En respuesta al anuncio de la fecha del referéndum, Ábalos, portavoz de Sánchez en el Congreso, se limitó a expresar “no estamos de acuerdo, no aceptamos el desafío”, al tiempo que reiteraba la necesidad de encontrar un espacio para la política “entre unos que insisten en cumplir la ley y otros que insisten en no cumplirla”. Ya en la moción de censura, Ábalos manifestó a Iglesias la disposición del PSOE a formar mayorías alternativas.

Sánchez con Iceta en la sede del PSC sin la bandera constitucional.

Sánchez con la bandera constitucional en el acto de presentación de su candidatura a la presidencia del Gobierno en junio de 2015.

Esta suerte de equidistancia constituye la mayor amenaza que planea sobre el futuro de nuestra democracia. ¿Acaso incumplir la ley y cumplirla son dos opciones equiparables? Del dicho al hecho hay un trecho, pero resulta bastante preocupante que la nueva dirección partido que gobernó España durante veintiún años y aspira a volver a La Moncloa, considere siquiera “construir una alternativa” con quienes prometieron “liquidar el régimen de 1978” y ahora pretenden iniciar un histórico “proceso constituyente sin el PP”. De momento, el Gobierno sólo cuenta con Ciudadanos –toco madera– para defender dos principios democráticos esenciales de nuestra Constitución: primero, todos los españoles somos libres e iguales; y, segundo, los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos al ordenamiento jurídico. La asunción del concepto de estado plurinacional en el XXXIX Congreso Federal, considerada un error histórico por Susana Díaz, apunta a que el partido de Sánchez-Iceta-Armengol no está dispuesto a respaldarlos.

39º Congreso del PSOE. la delegación andaluza liderada por Díaz abandona la sala antes de votarse la ponencia política el 18 de junio de 2017.

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El fracaso de la política

Artículo publicado en el diario Expansión el 10-11 de septiembre de 2016

Constitución española.La situación política española ha alcanzado en los últimos años unos niveles de deterioro preocupantes para quienes consideramos la política el instrumento principal del que disponen las sociedades complejas para conciliar objetivos e intereses discordantes y aun contradictorios, e impedir que algún grupo social o partido imponga sus puntos de vista al resto de ciudadanos. Desde 1978, disponemos de una Constitución y un ordenamiento jurídico que, por primera vez en nuestra historia contemporánea han permitido conjugar, gracias al reconocimiento de los derechos individuales y sociales y al establecimiento de un sistema político representativo y una razonable división de poderes, pluralidad y orden social. Hay, sin embargo, políticos irresponsables que trivializan los logros de la Transición y están minando los fundamentos del edificio levantado con tanto esfuerzo tras la muerte de Franco.

Fraga y Carrillo, símbolos de una reconciliación imposible, hoy cuestionada por algunos.

Fraga y Carrillo, símbolos de una reconciliación imposible, hoy cuestionada por algunos.

Las dificultades hasta ahora insuperables para conformar un gobierno sólido y estable después de dos elecciones generales en seis meses constituyen una clara muestra de la incapacidad de algunos dirigentes para encauzar de manera constructiva el debate político dentro del marco constitucional, al anteponer sus intereses personales o los de sus partidos al interés general. Y no es ésta incapacidad la única ni tampoco la más importante de las amenazas que se ciernen sobre nuestro sistema político porque, como todo el mundo sabe, el gobierno y el Parlament de Cataluña están controlados desde finales de 2012 por tres partidos políticos (ERC, CDC y CUP) que, aprovechando la legitimidad y representatividad que les proporciona el propio orden constitucional, adoptan resoluciones fuera del ámbito de sus competencias, ignoran la división de poderes del Estado, incumplen las sentencias de los Tribunales y pretenden constituirse en estado independiente dentro de unos meses.

Forcadell presidiendo la Mesa del Parlament que dio luz verde a la resolución para crear un estado catalán independendiente en forma de república.

Forcadell, anterior presidente de la ANC,  presidiendo ahora la Mesa del Parlament que dio luz verde a la resolución para crear un estado catalán independiente en forma de república.

Crisis de gobierno

Los acontecimientos que se han ido sucediendo desde que se conocieron los resultados de las elecciones del 20-D –la negativa de Sánchez, secretario general del PSOE, a hablar con Rajoy; el descabellado intento del líder socialista de presentar su candidatura a presidente del Gobierno contando con el apoyo de 130 diputados; la negativa de Sánchez a replantearse su posición tras los resultados electorales del 26-J que reforzaron al PP y debilitaron al PSOE y a Ciudadanos; y la también fallida investidura de Rajoy con apoyo de 170 diputados– ponen de manifiesto que algunos líderes políticos están enredados en hacer política y han perdido la noción, si es que alguna vez la tuvieron, de cuál es el verdadero objeto de la política: alcanzar acuerdos razonables para conciliar intereses contrapuestos.

Rajoy tras el no de Sánchez en el debate de investidura.

Rajoy tras el no de Sánchez en el debate de investidura.

Rajoy y Sánchez en su reunión prescindible 25 agosto 2016

Rajoy y Sánchez en su reunión prescindible el pasado 25 agosto 2016.

Sánchez, sin embargo, sigue empecinado en descartar cualquier posibilidad de diálogo con el PP, parapetándose en dos coartadas bastante burdas e inapropiadas en alguien que pretende gobernar la decimocuarta potencia económica del mundo: primera, las políticas de los gobiernos de Rajoy fueron antisociales y tienen que ser revertidas; y, segunda, Rajoy y el PP no son aceptables como compañeros de viaje por sus actitudes y conexiones con las tramas de corrupción. Más útil nos resultaría a los ciudadanos que Sánchez expusiera los cambios presupuestarios y normativos que juzga indispensables para participar en un gobierno de coalición y dejara a los jueces decidir sin intromisiones quiénes merecen sentarse en el banquillo. A la vista de la composición del Congreso, un gobierno de coalición en el que estén los dos partidos más votados (y tal vez alguno más) sigue siendo la opción más idónea para hacer frente a los retos económicos y políticos de los próximos años.

A punto

urull CDC), Baños (CUP) y Romeva presentando las enmiendas a la resolución del inicio de la independencia, 6 de noviembre 2015

Turull (CDC), Baños (CUP) y Romeva (Junts pel Sí) presentando las enmiendas a la resolución de inicio del proceso de  independencia, 6 de noviembre 2015.

Otro ejemplo del fracaso de la política lo ilustra la actitud sectaria e intransigente de los políticos cuyos partidos pretenden constituir la República catalana. Convencidos (o al menos así lo afirman en público) de que tienen un mandato mayoritario del ‘pueblo’ catalán, los líderes de los tres partidos (ERC, CDC y CUP) que obtuvieron 1.957.348 votos en las elecciones el pasado 27 de septiembre (47,56 % de los votos contabilizados y 36,83% del censo) pretenden aprovechar la legitimidad que les otorga nuestro sistema constitucional y la mayoría absoluta de que disponen en el Parlament  (72 diputados de 135, gracias a una ley electoral que favorece a las circunscripciones menos pobladas) para aprobar resoluciones y leyes fuera de su ámbito competencial e imponer una suerte de dictadura al resto de catalanes y partidos que no comparten su objetivo. En mi artículo “Aval al plan secesionista de la CUP” (Expansión, 28 julio 2016) explicaba en detalle cómo Puigdemont y Junqueras pretenden sustituir las instituciones autonómicas de Cataluña que reflejan la pluralidad por otras ilegitimas (Foro Social Constituyente y Asamblea Constituyente) controladas exclusivamente por ellos.

Puigdemont, anterior presidente de la Associació de Municipis per la independencia, con su vicepresidente Junqueras y Munté en la reunión del Consejo del gobierno catalán el 19 enero 2016.

Puigdemont, anterior presidente de la Associació de Municipis per l’Independencia (AMI), con el vicepresidente Junqueras y la portavoz Munté en la reunión del Consejo del gobierno catalán el 19 enero 2016.

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Puntero que simbolizaba que había vía libre hacia la independencia en la Diada 2015.

27/07/2016 Los diputados de C's y PP abandonan el pleno. El pleno del Parlament ha aprobado este miércoles las conclusiones de la comisión de estudio que apuestan por impulsar un "proceso constituyente" en Cataluña pese a que el Tribunal Constitucional (TC) advirtió de que esta iniciativa vulnera la Constitución y pidió a los diputados y miembros de la Mesa que impidieran la votación. CATALUÑA ESPAÑA EUROPA BARCELONA POLÍTICA

Los diputados de C’s y PP abandonan el pleno del Parlament el pasado 27 de julio antes de aprobarse las conclusiones de la comisión de estudio del proceso constituyente ignorando los autos del Tribunal Constitucional.

Las multitudinarias manifestaciones que organizaron la ANC, Omnium Cultural y la Associació de Municipis per l’Independencia (AMI), con apoyo financiero y mediático de todas las administraciones de la Generalitat de Cataluña, los tres últimos 11 de septiembre han jugado un importante papel dentro del plan para movilizar a una población a la que se ha engañado deliberadamente, ocultándole tanto los beneficios que les reportó y reporta ser españoles como las nefastas consecuencias que tendría la secesión de Cataluña. Las tres asociaciones en las que la Generalitat delega la organización del acto decidieron olvidarse del puntero que simbolizó en 2015 que había vía libre hacia la independencia porque ahora todo está a punto, “al contar este 11 de septiembre, por primera vez, con un Parlament con mayoría independentista y un gobierno de la Generalitat con un mandato y un compromiso inequívocos a favor de la independencia”. Tan maduro está el melón que los organizadores han optado por convocar manifestaciones menores en Barcelona, Berga, Lérida, Salt y Tarragona, por miedo tal vez a un pinchazo cuando sólo restan 6 meses y 16 días para que expire el plazo de 18 meses que ERC y CDC se dieron para constituir su República.

Tiempo para la Política

Sánchez debate de investidura 3108116

Sánchez antes de iniciar su intervención en el debate de investidura de Rajoy el 31 de agosto de 2016.

Nadie puede responsabilizar a Rajoy ni al PP de que España no tenga ya Gobierno ni tampoco de que algunos políticos irresponsables patrocinen una suerte de golpe de estado en Cataluña. En el primer caso, son los líderes actuales del PSOE quienes, al negarse a negociar para alcanzar acuerdos, han antepuesto sus intereses personales o partidistas a los generales. Igualmente desacertado ha sido achacar a las políticas de Rajoy y el PP el crecimiento del movimiento secesionista en Cataluña porque las fuentes que lo alimentan y hacen fluir son el sistema educativo catalán y los presupuestos de la Generalitat de Cataluña.

Tanto la solución al problema más inmediato de formar gobierno como al más complejo y delicado de vencer al secesionismo requiere primar el espíritu constructivo y dejar a un lado los manidos clichés (partidos nuevos-partidos viejos, nueva política-vieja política, reforma federal-segunda transición, etc.) tras los que los políticos se escudan con frecuencia. El fracaso de la política constituye el mayor riesgo para la supervivencia del único sistema político que los españoles hemos sido capaces de otorgarnos en  para resolver pacíficamente nuestras legítimas diferencias y dejar atrás golpes de Estado, dictaduras y guerras civiles. Incomprensiblemente, algunos políticos lo están poniendo en riesgo.

Sánchez con Rajoy firmando en La Moncloa el pacto para castigar con cadena perpetua a los terroristas.

Sánchez con Rajoy firmando en La Moncloa el pacto para castigar con cadena perpetua a los terroristas.

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Razones y sinrazones de otra investidura fallida

Artículo publicado en el diario Expansión el 1 de septiembre de 2016

Rajoy y Rivera sellando el acuerdo de investidura_800Mientras algunos españoles exprimían los últimos días de vacaciones de este caluroso agosto y la otra mitad trabajaba para hacerlo posible, los equipos negociadores del PP y Ciudadanos negociaban y finalmente cerraban el 27 de agosto el acuerdo de 150 puntos que ha permitido a Rajoy presentar en el Congreso su candidatura a presidente del Gobierno, un intento que todos los partidos sabían de antemano que estaba condenado al fracaso. Tanto Rajoy como Rivera eran conscientes de que el pacto de investidura alcanzado por ambas formaciones nacía muerto, ante la negativa cerrada de Sánchez a hablar con Rajoy, y sus partidos se apresuraron a anunciar que su vigencia caducaría si Rajoy no obtenía la confianza de la Cámara Baja.

Rajoy y Sánchez en su reunión prescindible 25 agosto 2016La mayoría de los ciudadanos hace tiempo que se ha desentendido del asunto, cansados de escuchar durante tantos meses declaraciones reiterativas y desencantados al constatar la imposibilidad de que PP y PSOE se sienten en una mesa para buscar puntos de encuentro que permitan formar un gobierno sólido y estable. El desencuentro entre Rajoy y Sánchez era tan patente –de prescindible calificó el segundo la reunión que mantuvieron un día antes de la investidura– que sólo a los más curiosos nos intriga todavía aclarar por qué Rivera se había decantado finalmente por llegar a un acuerdo con el PP, en lugar de reavivar el acuerdo que firmó con el PSOE hace seis meses, y por qué Rajoy se había avenido a protagonizar la sesión de investidura tras negarse a hacerlo, en circunstancias aritméticamente parecidas, hace ocho meses.

Las razones de Rivera y Rajoy

Rajoy abriendo el debate de investidura 300816En el caso de Ciudadanos, no resulta difícil adivinar por qué la formación naranja se ha prestado a negociar a toda prisa un acuerdo con el PP que incluye, según Rivera, 100 de las 200 medidas acordadas con Sánchez el pasado febrero. El mismo Rivera –o quizá sea otro– que tildó a Rajoy de perezoso en la sesión de investidura de Sánchez el pasado 3 de marzo, el mismo que afirmó sin pestañear que Rajoy no podía liderar el proceso de regeneración democrática, y el mismo que prometió que Ciudadanos no prestaría sus votos a un gobierno presidido por Rajoy, se mostraba satisfecho del acuerdo alcanzado con el PP y dispuesto a otorgar la confianza de su grupo al candidato Rajoy.

Rajoy y Rivera sellando el acuerdo de investidura_800Quizá el cambio de actitud de Rivera resulte menos sorprendente a quienes conocen su errática trayectoria política y la facilidad con que puede modular su discurso con toques liberales o socialdemócratas, según convenga a la ocasión. Resulta comprensible que Ciudadanos haya pretendido otorgar cierta solemnidad al proceso de negociación con el PP y hasta que lo haya adornado con algunos desplantes para la galería, pero lo cierto es que tras el severo correctivo que sufrieron Ciudadanos y PSOE en las urnas el 26-J –ambos partidos suman ahora 117 diputados ahora frente a los 137 del PP–, a Rivera sólo le quedaba comerse sus palabras de hace unos meses y votar sí en la investidura de Rajoy, aprovechando la ocasión para realzar su perfil socialdemócrata y dejar en evidencia a un despechado Sánchez.

Distribución de escaños en el Congreso 26-JAunque Rajoy cuenta con 14 diputados más en el Congreso, los 170 diputados del PP (137),  Ciudadanos (32) y CC que apoyaron su candidatura, resultan tan insuficientes para sustentar un gobierno estable como los 164 que podrían haberlo hecho tras las elecciones del pasado diciembre. A pesar de ello, Rajoy se dio cuenta de que el PP tenía que volver a tomar la iniciativa, convocar a los líderes de los partidos con los que cabía alcanzar un acuerdo (PSOE, Ciudadanos y CC), y dejar muy claro a los ciudadanos que su partido estaba abierto a alcanzar acuerdos con el PSOE en cinco grandes áreas: crecimiento económico y creación de empleo, reducción del IRPF cuando el déficit lo permita, sostenibilidad del sistema de pensiones, afrontar el reto secesionista en Cataluña y promover la regeneración democrática.Iglesias y Domenech abrazados

 La obcecación de Sánchez

Sánchez debate de investidura 3108116Las incongruentes declaraciones de Antonio Hernando, portavoz del PSOE en el Congreso, hace unos días –si el no de su partido a Rajoy estaba claro, todavía lo está más tras el acuerdo alcanzado con Rivera– prueban el desconcierto en que están sumidos sus actuales líderes. El repetido NO de Sánchez en la sesión de investidura y su obsesión por culpar al PP de todos los problemas de los españoles –¡hace falta estar ciego para no ver que estamos bastante mejor que a finales de 2011!– nos lleva a dudar de que tengan algo que aportar a la solución de los problemas a los que el Gobierno tendrá que enfrentarse en los próximos años.

Sánchez en el Comité Federal que decidió que votará NO en la investidura de Rajoy el 9 de julio de 2016.

Sánchez en el Comité Federal que decidió que votará NO en la investidura de Rajoy el 9 de julio de 2016.

Aunque Sánchez se niegue a reconocerlo e inste una y otra vez al PP a buscar apoyos en otros partidos ‘afines’, demanda imposible a la vista de la composición del Congreso, la pelota está ahora en su tejado y los dirigentes del PSOE tendrán que decidir en las próximas semanas si quieren que recaiga sobre el partido que ha gobernado España durante 21 de los 38 años transcurridos desde la aprobación de la Constitución en 1978, la responsabilidad de que vuelvan a disolverse Las Cortes y se convoquen nuevas elecciones generales en Navidad. Si las llamadas a la sensatez que han hecho algunos antiguos dirigentes del PSOE, desde González a Zapatero, desde Fernández Vara a Barrera, han sido desoídas por la actual dirección del partido, pocas esperanzas cabe albergar de que Sánchez y sus lugartenientes consideren los argumentos de quienes hemos defendido durante los últimos meses la conveniencia de constituir un gobierno de coalición para afrontar los graves problemas económicos y políticos de nuestro país. No obstante, nuestra obligación es seguir intentándolo.Tardá y Rufián entre rufianes anda el juego

Rajoy escuchando el No de SánchezEn mi opinión, el PSOE tiene mucho que ganar si se decide a compartir las responsabilidades de gobierno con el PP y dedica sus energías a promover políticas de estado que exigen la cooperación de los dos partidos más votados. Y al contrario, seguirá perdiendo terreno si los dirigentes socialistas se empecinan en confundirse en la oposición con Podemos y sus divergencias, mientras PP y Ciudadanos se apuntan en su haber algunas medidas de marcado carácter socialdemócrata incluidas en los 150 puntos de su acuerdo. Como le ocurrió al PSC en Cataluña, el PSOE está a un tris de perder su vitola de partido de gobierno y quién sabe, si como aquel, de manera irreversible. El giro socialdemócrata de Ciudadanos indica que sus líderes han caído en la cuenta de lo complicado que resulta arañar votos al PP y apuestan ahora por conquistar al electorado socialista más moderado. Rivera huele sangre y necesita votos del PSOE para llegar a ser decisivo en la política nacional. No me sorprendería que PP y Ciudadanos, si hay elecciones en Navidad, sumen 176 escaños, y Rivera aspire a convertirse en el nuevo líder de la socialdemocracia española.Rajoy a otra cosa mariposa tras el no en el debate de investidura

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