Artículo publicado desde el Observatorio Económico y Social de España y Cataluña (OBESCAT) en el diario Expansión el 6 de junio de 2024. Agradezco de antemano su ayuda para difundirlo entre sus amigos y conocidos.
El próximo 9 de junio (9-J) los ciudadanos podemos dejar claro en la urnas nuestro rechazo a los múltiples engaños y las políticas sectarias desplegadas por los diversos gobiernos de Sánchez desde que llegó a la Moncloa el 1 de junio de 2018, partiendo de una situación de extrema debilidad parlamentaria, y siendo aupado al poder por diversa fuerzas políticas cuyo único punto de coincidencia era debilitar las instituciones centrales del Estado. Unos, como los partidos nacional-secesionistas en Cataluña (ERC, PdECat-JuntsxCat) y el País Vasco (PNV y EH Bildu), para afianzar su poder y sus privilegios en las dos Comunidades donde ya gobernaban; otros como Podemos y Sumar (y todas sus derivadas regionales) decididos a erosionar la Corona y socavar la separación de poderes consagrada en nuestra Constitución.
Como pronosticaba apenas dos meses después en mi artículo “¿Cuánto tiempo aguantarán a Sánchez sus avalistas?” (Expansión, 27/07/2018), el PSOE de Sánchez iba a tener que hacer infinidad de concesiones para mantenerse el poder. Y a buena fe que las ha hecho. No habían pasado ni dos meses, cuando Aragonès, entonces vicepresidente del xenófobo Torra, pasaba la bandeja a Montero, la flamenca ministra de Hacienda, y ésta anunciaba que elevaba el techo del déficit a las CC. AA. Desde entonces han sido muchas las concesiones realizadas por Sánchez para aprobar los PGE y otras leyes tras formar gobierno de coalición con Podemos (2019-2023). Pero a las exigencias económicas de menor o mayor calado, siguieron las políticas que se sustanciaron con la aprobación de los indultos a los golpistas en junio de 2021 y la revisión del Código Penal para eliminar el delito de sedición y rebajar las penas de los delitos de malversación que entró en vigor en junio de 2023.
Pero ni siquiera los buenos resultados obtenidos por el PSC en Cataluña el 23-J (19 diputados) pudieron ocultar los malos resultados del PSOE de Sánchez en el resto de España (102 diputados). Con la investidura de Sánchez a expensas del voto de los siete diputados con que cuenta el prófugo de Waterloo en el Congreso, el grupo socialista se aprestó a negociar en Bruselas y Ginebra una ley de amnistía para borrar todos los delitos cometidos por los secesionistas catalanes entre el 1 de noviembre de 2011 y el 13 de noviembre de 2023, fecha en que el grupo socialista (PSOE-PSC) registró en el Congreso la proposición de Ley Orgánica de amnistía, dos días ante de la investidura de Sánchez. Y tras muchas idas y venidas, el Congreso aprobó finalmente la Ley el pasado 30 de mayo, quedando su aplicación pendiente de los tribunales de justicia a los que los secesionistas, ‘sumaristas’ e incluso algunos líderes del PSOE de Sánchez acusan de formar parte de la ‘fachosfera’. No se podía llegar más lejos en el socavamiento de las instituciones centrales del Estado, deslegitimando de un solo plumazo a los tres poderes que destituyeron el gobierno presidido por el prófugo y disolvieron el Parlamento de Cataluña el 27 de octubre de 2017, y juzgaron y condenaron a los principales cabecillas del golpe no huidos.
El daño hecho resulta ya muy grave, pero puede seguir acrecentándose mientras la debilidad parlamentaria del gobierno de Sánchez lo tenga a merced de sus avalistas. Las nuevas exigencias planteadas por ERC y Junts tras aprobar la amnistía son otorgar a Cataluña una financiación singular que profundice la desigualdad entre los españoles y celebrar un referéndum de autodeterminación, exigencia esta última a la que se suman también PNV y EH Bildu en el País Vasco. Junts exige además que el PSC respalde la investidura del prófugo en Cataluña en reciprocidad por el apoyo de Junts a la investidura de Sánchez. No hay duda de que estamos ante una encrucijada política en la que, según la vía que sigamos en los próximos meses, la igualdad de los ciudadanos y la separación de poderes podrían quedar seriamente tocadas. Y aunque las elecciones europeas no van a resolver nuestros problemas internos, no cabe duda de que un mal resultado del PSOE de Sánchez el 9-J erosionaría su imagen personal dentro y fuera de España y constituiría un paso importante para desalojarlo de la Moncloa.
El peligro que entraña la permanencia de Sánchez al frente del gobierno es un asunto que nos concierne a todos los ciudadanos que defendemos. frente a los populismos de izquierdas (Sumar, En Comú, ERC, EH Bildu, BNG, etc.) y de derechas (CDC-PdECat-Junts y PNV), la democracia representativa y la separación de poderes, y la igualdad de los ciudadanos ante la ley, rechazando, por ende, otorgarles privilegios políticos o económicos en función de la Comunidad donde residan. Durante la dictadura, muchos españoles apoyamos huelgas y acciones de protesta convocadas por el PCE, por muy ridículas que nos parecieran sus simplificaciones teleológicas de la Historia, por mucha desconfianza que nos inspirara su respaldo a regímenes dictatoriales comunistas en Europa, y por muy disparatadas que encontráramos sus pretensiones de estatalizar la economía. Y lo hacíamos por considerar que esos actos testimoniales, pese a su inefectividad para derrocar el régimen franquista, alimentaban un estado de opinión en la sociedad española a favor del tránsito hacia un régimen democrático.
Ahora el reto al que nos enfrentamos es precisamente reforzar nuestro régimen democrático, acosado por los populismos de izquierdas y derechas, y acabar con un gobierno en fase avanzada de descomposición e incapaz de pararles los pies a unos y otros. Para enviar mi voto por correo, he recibido un voluminoso taco con 34 papeletas y me ha resultado hasta entretenido repasar los pintorescos nombres y siglas de la mayoría de las formaciones. Comprendo la tentación de añadir una hojita más al taco por quienes se sienten mal representados y hasta despechados por las formaciones llamadas a obtener escaño y cada uno de nosotros es libre de votar a cualquiera de ellas. El único consejo que me atrevo a formular en esta columna es que no desperdicien su voto, bien respaldando a quienes tan mal nos han gobernado desde el 1 de junio de 2018, bien votando a formaciones que no obtendrán representación ni podrán, por tanto, defender sus propuestas en la Eurocámara.
Permítanme el atrevimiento de dejarles aquí las tres preguntas que me he hecho antes de acudir a la oficina de Correos con mi sobre cerrado, por si pudieran ayudarles a resolver sus dudas Primera: ¿me gustaría que me representen en la Eurocámara dos partidos, PSOE y PSC, que han negociado la amnistía en Bruselas y Ginebra con un prófugo de la justicia española y que, si los tribunales no lo impiden, resultará ser uno de los principales beneficiados de la norma finalmente aprobada el pasado 30 de mayo? Segunda, ¿encuentro aceptable que una ministra como Ribera que votó a favor de la amnistía en el Congreso y ha aplaudido las polémicas decisiones de Sánchez de reconocer a Palestina hace unos días y la soberanía de Marruecos sobre el Sahara Occidental en marzo de 2021, sin consensuarlas en el Consejo de ministros, ni contar con la oposición en España ni el resto de miembros en la UE, sea quien nos represente en la Eurocámara? Y, tercera, ¿puedo en conciencia votar a un partido, el PSOE de Sánchez, sobre el que sobrevuelan las sombras de tres casos de corrupción (Tito Berni, Koldo-Ábalos y Begoña-Sánchez) muy graves? Ustedes tienen la palabra.
Clemente Polo 