Castells y la convivencia democrática en la universidad

Adjunto enlace a mi último artículo publicado desde el Observatorio Económico y Social de Cataluña (OBESCAT) en el diario El Liberal el 12 de septiembre de 2021. Agradezco de antemano su ayuda para difundirlo entre sus amigos y conocidos:

Entre las cosas buenas que tiene la jubilación es la de no tener que asistir tantas reuniones en el centro de trabajo con frecuencia superfluas y aburridas. Un compañero sostenía, no sin razón, que algunas personas poseen la asombrosa habilidad de convertir cualquier asunto, nimio o trivial, en motivo de discusión y discordia, siendo capaces de crear un conflicto allí donde antes no existía ninguno. “A ver con qué nos sale éste ahora”, era el pensamiento que cruzaba por la cabeza de la mayoría de los compañeros en cuanto el sujeto de marras levantaba la mano para pedir la palabra. No sé por qué (o tal vez sí) me he acordado de aquel incordio al que le urgía hacerse notar de manera gratuita, al leer el Anteproyecto de Ley de Convivencia Universitaria elaborado por el Ministerio de Universidades.

Amenazas a la convivencia democrática en el ámbito universitario

Es cierto que en las Universidades de Cataluña (las que mejor conozco) se han producido y siguen produciéndose erupciones más o menos violentas que desbordan el marco de la convivencia democrática por la que se rigen sus órganos de gobierno y el funcionamiento de la vida académica. En mi Universidad, uno tenía que contar con que una vez al trimestre, siempre en jueves como prólogo del fin de semana, se convocaba huelga con una u otra excusa, y que ese día grupos de piquetes formados por unos pocos individuos levantaban barricadas para impedir el acceso al recinto universitario y paralizar todas las actividades. Huelga decir que no se trataba de piquetes informativos sino coactivos formados con frecuencia por grupos de encapuchados que campaban por sus respetos. En varias ocasiones, fui testigo también de incidentes profundamente antidemocráticos y hasta muy violentos, como los vividos con motivo de la visita privada del presidente Aznar a un centro del CSIC en la UAB en 1999, o el brutal escrache contra Rosa Díez en 2010 organizado por militantes de organizaciones estudiantiles afines a la ideología nacional-secesionista. Incluso más brutal si cabe fue el escrache perpetrado contra Álvarez de Toledo, candidata del PP al Congreso, en la UAB el 11 de abril de 2019.

En los últimos años y con diversos motivos, las protestas fueron a más y terminaron en varias ocasiones con ocupaciones del Rectorado. Sin pretensión de exhaustividad, enumeraré algunos casos recientes que proporcionan una idea de cuáles eran las motivaciones académicas y extraacadémicas de quienes han protagonizado semejantes heroicidades. Algo más de un centenar de estudiantes ocuparon el Rectorado de la UAB en abril de 2013 para protestar por el incumplimiento de un acuerdo del Claustro que exigía a la Rectora desacatar la subida de tasas aprobada por el gobierno de la Generalidad. El 22 de septiembre de 2017, ‘Universitats per la República’ convocó una manifestación en defensa de la consulta ilegal de autodeterminación que iba a celebrarse el 1 de octubre (1-O) y varios miles de estudiantes ocuparon el edificio histórico de la Universidad de Barcelona (UB), sede actual del Rectorado. Varios cientos de estudiantes de la Universidad e Institutos de Lérida hicieron lo propio el 25 de septiembre de 2017 para denunciar que el Rector no apoyara la consulta del 1-O. Y ya en 2018, un centenar de estudiantes de la UAB volvió a ocupar el Rectorado para conmemorar el quinto aniversario de la ocupación de 2013.

El 16 de octubre de 2019, el Sindicato de Estudiantes (SE) y el Sindicato de Estudiantes de los ‘Països Catalans’ (SEPC), en protesta por la sentencia del Tribunal Supremo contra los principales responsables del proceso insurreccional que culminó con la declaración de independencia de Cataluña el 27 de octubre de 2017, tomaron el Rectorado de la UAB. En diciembre de 2020, ya en plena pandemia volvieron a hacerlo para exigir “una presencialidad segura”, denunciar los perjuicios que les ocasionaba la fórmula híbrida de clases presenciales y virtuales, pedir la flexibilización de los períodos de entrega de los trabajos y “no aumentar el volumen de trabajo”. Más recientemente, en febrero de 2021, otro grupo con numerosas banderas del SEPC tomaban el rectorado de la UB en protesta por el encarcelamiento de Hasél y acusaban a los Rectores, en general, de ser cómplices de la represión del Estado.  

A la vista de los casos relatados, se puede concluir que se producen situaciones de conflicto y quiebra de la convivencia democrática en las Universidades de Cataluña -pese a estar gobernadas desde hace muchos años por órganos democráticos donde todos los colectivos están representados-, que si bien tienen en algunos casos motivaciones vagamente académicas (frenar reformas curriculares, reducir las tasas, exigir la presencialidad segura, etc.), responden en muchos otros a la voluntad de algunos sindicatos estudiantiles de imponer sus particulares puntos de vista políticos, e impedir con el uso de la fuerza bruta (piquetes, barricadas, ocupaciones de centros, etc.) ejercer sus derechos a otros miembros de la comunidad universitaria.

En lugar de poner remedio a estas reiteradas actuaciones de carácter incívico y hasta violento, las autoridades académicas han seguido alimentando con subvenciones a las organizaciones que las promueven y levantando las sanciones impuestas a los infractores en aquellos raros casos en que han sido identificados y sancionados. Si “el anacrónico y preconstitucional Decreto de 8 de septiembre de 1954 por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Académica de los Centros Oficiales de Enseñanza Superior y de Enseñanza Técnica dependientes del Ministerio de Educación Nacional, dado en El Pazo de Meirás, continúa vigente de manera parcial”, no parece que las autoridades académicas lo hayan aplicado con demasiado celo desde la instauración de la democracia en 1978.

¿Ayudará la nueva ley a resolver estos problemas?

En todo caso, la gran pregunta que cabe formular es si el Anteproyecto de Ley de Convivencia Universitaria elaborado por el Ministerio de Universidades servirá para “establecer las bases de la convivencia en el ámbito universitario” y alcanzar el que señala como su principal objetivo: “la resolución de los conflictos en el seno de la comunidad universitaria”.  La piedra angular de la norma la constituye “un sistema doble de mecanismo y procedimiento de mediación. El primero pretende encauzar, por la vía de la mediación, el mayor número de conflictos que pudieran plantearse por vulneraciones a las Normas de Convivencia aprobadas por las universidades en ejercicio de su autonomía, en los términos que fija la propia Ley” y “pretende que el nuevo régimen disciplinario, cuyo contenido se modifica sustancialmente conforme a los principios y procedimientos democráticos, se aplique de forma supletoria y residual… [únicamente] cuando las partes rechacen acudir al procedimiento de mediación”. Finalmente, “la Ley establece unos mecanismos de sustitución de sanciones con los cuales se quiere reforzar el valor prioritario que se da a la educación en el ámbito de la convivencia universitaria”.

En principio, uno esperaría que cuando se vulneren gravemente las Normas de Convivencia aprobadas democráticamente por las universidades, lo que corresponde es sancionar al infractor, no iniciar un proceso de mediación, más propio de situaciones donde las partes tienen intereses conflictivos, pero igualmente legítimos. En fin, sigamos. Leyendo este Anteproyecto uno tiene la impresión de que los órganos de gobierno de las universidades españolas se han negado hasta ahora a dialogar y a buscar salidas pactadas a los conflictos que se han planteado, y se han dedicado a sancionar de manera inmisericorde con el Reglamento franquista en la mano, aprobado para más INRI en el Pazo de Meirás, a los estudiantes díscolos. Nada más lejos de la realidad. Los sindicatos de estudiantes han optado con frecuencia por perturbar la normalidad académica, convocando huelgas y realizando ocupaciones para presionar a las autoridades universitarias, poniendo sobre la mesa peticiones con frecuencia imposibles de satisfacer, tales como incumplir los programas curriculares o eliminar las tasas universitarias. En todo caso, la cuestión a dilucidar es si los mecanismos de mediación introducidos por esta nueva norma servirán para remediar la situación o no.

Veamos en qué consiste el nuevo diseño de mediación. En primer lugar, se establece que “los principios sobre los que se configuran estos medios alternativos son los de voluntariedad, confidencialidad, equidad, imparcialidad, buena fe y respeto mutuo, flexibilidad, calidad y transparencia”, nada más y nada menos, y que “para garantizar estos principios y concretarlos en el marco de los procedimientos, se podrán elaborar manuales de actuación” y las “universidades fomentarán la formación técnica de las personas mediadoras”. El esquema se completa con la creación de una “Comisión de Convivencia, que podrá estar presidida por la persona titular de la Defensoría Universitaria y con representación paritaria de los distintos sectores”. De algo estoy convencido: alguien se ha estrujado el cerebro diseñando un mecanismo tan preciso y efectivo.

Pasemos ahora a examinar el procedimiento disciplinario dirigido a “corregir las infracciones del estudiantado que alteren gravemente la convivencia o que impidan el normal desarrollo de las funciones de docencia, investigación y transferencia del conocimiento”. La potestad disciplinaria la ejercerá el Rector, salvo en los casos de infracciones leves en que podrán ejercerla los Vicerrectores. Los principios que han de guiar el procedimiento de instrucción “son los de independencia, autonomía y transparencia” y la potestad disciplinaria atenerse a los principios de “legalidad y tipicidad de las faltas y sanciones, eliminando, así, el amplio margen de discrecionalidad existente hasta el momento”. Alguien acaba de redescubrir ahora el Amazonas, o ¿acaso los escasísimos procedimientos disciplinarios que se han instruido hasta ahora se han completado sin autonomía ni transparencia y las sanciones han sido arbitrarias? No conozco ningún caso, quizá el ministro sí.

En cuanto a la clasificación de las faltas, encuentro muy acertado que “destruir y deteriorar de manera irreparable o sustraer obras del patrimonio de la universidad” se califique como falta muy grave y que “cometer fraude académico entendido éste como cualquier comportamiento premeditado tendente a falsear los resultados de un examen o trabajo, propio o ajeno, realizados como requisito para superar una asignatura o acreditar el rendimiento académico” sean considerados faltas graves. Quizá ahora los profesores, decanos y rectores, podría uno pensar, lo tengan más fácil cuando se produzcan las próximas huelgas o se cace a algún alumno copiando en un examen. En la Universidad estadounidense en que el ministro impartió docencia, copiar en un examen se castigaba con la expulsión sin más. Pero hay una diferencia importante a destacar: en el Anteproyecto presentado por el Ministerio, las faltas muy graves se castigan con “expulsión de dos meses hasta tres años de la universidad en que se hubiera cometido la falta” y “la pérdida de derechos de matrícula parcial, durante un curso académico”, en tanto que las graves conllevan sólo la “expulsión de hasta un mes de la universidad donde se hubiera cometido” y la pérdida de los derechos de matrícula de la asignatura en que se cometió el fraude durante un curso académico. Eso si no hay mediación.

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Cómo nos confunden las eléctricas con ayuda del gobierno

Adjunto enlace a mi último artículo publicado desde el Observatorio Económico y Social de Cataluña (OBESCAT) en el diario El Liberal el 4 de septiembre de 2021. Agradezco de antemano su ayuda para difundirlo entre sus amigos y conocidos:

Detenerse a examinar la factura eléctrica es para los clientes con posibles, e incluso para quienes disfrutan de una posición económica desahogada, un ejercicio sin duda árido y bastante aburrido. Quizá, por ello, cuando la reciben se limitan a echarle una ojeada superficial, resoplan un poco al comprobar lo que les han soplado ese mes y pasan a ocuparse de otros asuntos más atractivos y excitantes. Estamos ante un documento inapelable y ejemplar en apariencia por las explicaciones, los gráficos y cálculos que incluye. La primera impresión incluso para los más concienzudos es que hay poco que rascar: sabemos que pagamos cada mes algo más, pero de poco o nada sirve lamentarse porque, como nos ha dicho, la ministra Ribera “probablemente nos queden todavía por delante algunos meses duros” ¿Por qué será que me suena la frase? ¡Ah!, ya caigo: fue cuando el presidente Sánchez advirtió a los españoles el 14 de marzo de 2020 que nos quedaban semanas muy duras por delante. En realidad, eran meses muy duros los que nos quedaban por delante, como ahora.

Basta, sin embargo, con prestarle algo más de atención a la factura y examinar con cierto detenimiento los gráficos y cuadros incluidos en ella, para que nos surjan algunas dudas sobre su presunta transparencia y ejemplaridad, y se pongan en estado de alerta nuestras pequeñas células grises, como diría Poirot. Y qué duda cabe que la alarmante subida de los precios en la generación de la electricidad que los sufridos clientes estamos padeciendo desde el pasado febrero -cuyas causas analicé en mi artículo “Achicharrados en un suave verano” publicado el pasado 21 de agosto en este diario-, y la insistencia de mi ‘cuñao’, todo hay que decirlo, me han hecho encontrar un huequecito estos días septembrinos para desentrañar la misteriosa factura de la luz del pasado mes de julio. Pronto nos dará otro susto la del mes de agosto.

Cambios injustificados y agujeros negros

Centraré la atención en las facturas de la empresa distribuidora, ‘energíaXXI’, de la que soy cliente, aunque supongo que los documentos no difieren en lo esencial de los que otras compañías envían a sus resignados clientes. El anverso de la última factura correspondiente al período 30 de junio a 1 de agosto incluye, además de la información relativa al cliente y el resumen de la factura, dos gráficos en colores, uno de barras donde se proporciona ‘Información sobre el consumo eléctrico’ y un diagrama circular ‘Destino del importe de la factura’ donde se detalla a quién va a parar nuestro dinero. Esta información se completa en el reverso con un apartado denominado ‘Desglose de la factura’; un segundo bloque de ‘Información para el consumidor’ donde se indica las características del contrato, ‘Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC)’, en mi caso, y las condiciones para acceder al ‘Bono social para consumidores vulnerables’; y un apartado final donde aparecen dos gráficos y un cuadro en los que se desglosa el ‘Origen de la electricidad’ para la ‘Mezcla de Producción en el sistema eléctrico español 2020’ y la ‘Mezcla Comercializadora de Referencia 2020’. Salvo este último bloque del reverso, el resto de la información tiene consecuencias para nuestros bolsillos.

No se puede a primera vista pedir más transparencia al enviarnos la empresa una información en apariencia tan exhaustiva y detallada. Pero a poco que nos molestemos en rascar la superficie, empezamos a ver cosas, digamos, raras o anómalas. Una primera observación de carácter menor es que el número de días incluido en la factura varía cada mes, y en los primeros siete meses de 2021, por ejemplo, sólo la facturación correspondiente al período 1 de febrero al 1 de marzo coincide con los 28 días de febrero. No encuentro ninguna explicación para que el número de días facturados sea 35 días en un caso (1 de marzo a 5 de abril) y en otro de 28 (3 de mayo a 31 de mayo). Más bien parece una arbitrariedad injustificada que dificulta las comparaciones intermensuales y confunde al cliente. 

Diferencias relevantes en las facturas a partir del 31 de mayo

La información que aparece en el anverso de las dos últimas facturas, correspondientes a los períodos 31 de mayo a 30 de junio y 30 de junio a 1 de agosto, difiere de la incluida en las facturas de meses anteriores. Además de los datos del cliente, resumen de la factura y datos del contrato, las facturas anteriores al 31 de mayo incluían un gráfico de barras ‘Evolución del consumo’, similar al que ahora se denomina ‘Información de consumo eléctrico’ en las últimas facturas, salvo por la circunstancia de que en las facturas posteriores al 31 de mayo la información de consumo se desglosa en las tres franjas horarias, ‘punta’, ‘llano’ y ‘valle’, que han sustituido a las dos franjas existentes, ‘punta’ y ‘valle’, hasta esa fecha. Este cambio no es tan inocente, como podría parecer a primera vista, puesto que la nueva franja de horas ‘valle’ dura tan solo 8 horas, en lugar de 12 horas, como ocurría hasta el 31 de mayo, y las 4 horas sustraídas a esta franja las compañías las facturan ahora como consumo ‘llano’ y ‘punta’, esto es, a un coste para el usuario mucho más elevado. Bastaría con extender el período valle a 12 horas de nuevo para reducir la factura de los clientes considerablemente.

El segundo gráfico incluido en el anverso de las nuevas facturas presenta los porcentajes que suponen los ‘costes de energía’, ‘cargos’, ‘peajes’, ‘impuestos’ y ‘alquiler de contador’. Un gráfico muy parecido se incluía en el reverso de las facturas anteriores al 31 de mayo con un desglose entre ‘Costes regulados’, ‘Coste de producción y costes de comercialización’, e ‘Impuestos aplicados’. Si bien es cierto que el desglose es ahora algo más fino, también lo es que en cada sección de la tarta se incluye únicamente el porcentaje de cada rúbrica, mientras que en las facturas anteriores al 31 de mayo figuraban las cifras absolutas, una información mucho más relevante que se presentaba con un tamaño de letra que no requería utilizar lupa, como ocurre ahora.

De momento, el examen de los cambios en la facturación nos permite concluir que los clientes no hemos ganado nada y hemos perdido horas ‘valle’ e información fácilmente relevante. Además, el desglose del concepto ‘Costes regulados’ en las facturas anteriores al 31 de julio informaba al cliente cuál era la cuantía destinada a ‘Incentivos a las energías renovables, cogeneración y residuos’, al ‘Coste de redes de transporte y distribución’ y a ‘Otros costes regulados (Incluida la anualidad del déficit)’. Esa información ha desaparecido con los cambios introducidos y la pregunta que los usuarios nos hacemos es por qué tenemos que pagar nosotros los incentivos a las energías renovables o la anualidad del déficit. Los clientes no somos los responsables de los costes ocasionados por las políticas adoptadas por los gobiernos y la UE para impulsar determinados tipos de energías, y los déficits que hayan podido ocasionar esas políticas deberían asumirlos las instituciones que las promueven.

Por último, en el anverso de las facturas anteriores al 31 de mayo de 2021 se incluía también un Cuadro donde se presentaba el desglose del consumo en horas ‘punta’ (P1 13:00-23:00 horas a partir del 31 de marzo y 12:00-24:00 entre esa fecha y el 31 de octubre) y ‘valle’ (12 horas restantes). Y en el reverso de la factura se presentaba un Cuadro detallado con el desglose de la factura en ‘Facturación por potencia contratada’, que incluía el peaje de acceso y un coste fijo de comercialización, y ‘Facturación por energía consumida’ que se calculaba multiplicando los consumos realizados por los precios correspondientes a horas ‘punta’ y ‘valle’. La suma de ambas cantidades daba un subtotal al que se añadían el coste de alquiler de equipos de medida y el impuesto de la electricidad y el IVA.

Pues bien, desde el cambio en la facturación realizado a partir del 31 de mayo, los ‘Peajes de transporte, distribución y cargos’ aparecen dos veces: en el apartado de ‘Facturación por potencia contratada (“Término fijo”), como ocurría hasta esa fecha, y también en el apartado ‘Facturación por energía consumida (“Término variable”)’. El resultado de este cambio en mi factura de dos meses consecutivos con un consumo de kWh similar es claro: al pagar dos veces peajes y calcularse el importe de estos en la parte variable con discriminación horaria de ‘punta’, ‘llano’ y ‘valle’, la cuantía de mi factura por peajes fijos y variables aumentó 15,31%.

Pero, sin duda, lo más escandaloso de la nueva facturación implantada a partir del 31 de mayo es que el cliente no puede replicar el importe que la empresa distribuidora le factura como ‘Costes de la energía’ que, como es lógico, constituye el grueso de la rúbrica ‘Facturación por energía consumida (“Término variable”)’. A diferencia de lo que ocurre en el cálculo del importe de los peajes y de lo que ocurría con la cuantía facturada como ‘Coste de la energía’ hasta el 31 de mayo, las facturas ahora no especifican cómo calculan la cifra más importante que los clientes tenemos que abonar por las buenas o por las malas.

A la ministra Ribera

Después de esta pequeña incursión en este escabroso territorio de empresas eléctricas cuyos consejos de administración han acogido a expresidentes de gobierno, a tantos exministros y exsecretarios de Estado, se me ocurren unas cuantas recomendaciones que me gustaría elevar a la Sra. Ribera que, según ella misma ha manifestado, nada puede hacer para bajarnos la factura de electricidad que soportamos los ciudadanos por el consumo de electricidad en nuestros hogares, porque las empresas pueden al menos trasladar los precios más elevados a sus clientes.

  • En primer lugar, como decía en mi artículo anterior sobre el tema, empiece ministra por mejorar la eficiencia en el sector de generación impulsando las inversiones requeridas para eliminar las centrales obsoletas, y como eso no puede hacerse de hoy para mañana y llevará algún tiempo, vigile entretanto a las empresas para evitar que recurran a centrales obsoletas a fin de elevar los precios del suministro y ampliar los márgenes de las centrales más eficientes operadas por esas mismas empresas.
  • En segundo lugar, explíquenos por qué los peajes que hasta el 31 de mayo aparecían únicamente en el apartado de ‘Facturación por potencia contratada’, aparecen a partir de esa fecha tanto en la ‘Facturación por potencia contratada’ como en la ‘Facturación por energía consumida’, supongo que el cambió contó con la aprobación de su Ministerio. Lo tiene bastante fácil si quiere reducir la factura.
  • En tercer lugar, debería aclarar a los consumidores por qué tenemos que pagar los ‘Incentivos a las energías renovables, cogeneración y residuos’ y ‘Otros costes regulados (Incluida la anualidad del déficit)’ que, si bien ahora no figuran en las facturas más recientes de forma explícita, aunque con toda seguridad siguen ahí, sí aparecían en el apartado de ‘Costes regulados’ en las facturas anteriores al 31 de mayo. Como consumidor aspiro a que se me facture la electricidad producida por centrales eficientes y que los incentivos a las energías renovables sean asumidos por el Estado y de la UE, si esas políticas imponen elevan los precios de la electricidad.
  • En cuarto lugar, me gustaría saber quién soporta los descuentos de entre un 25% y 50% en la factura de electricidad que otorga el Bono Social a los consumidores vulnerables, porque, al igual que los incentivos a las energías renovables ese coste debería recaer sobre el Estado, no sobre los consumidores que seguimos pagando puntualmente nuestra cada vez más asfixiante factura. La solidaridad a golpe de decreto está muy bien, pero el coste de debería recaer sobre los Presupuestos Generales del Estado.
  • En quinto lugar, ¿por qué tenemos que pagar un alquiler por un contador que no deja de ser un instrumento de la empresa necesario para medir los consumos? La cantidad que nos cobran puede parecer irrisoria, 0,91€ en mi último recibo, pero multiplicado por 12 meses la cifra asciende a 10,92 al año y por 11 millones de clientes PVPC a la nada despreciable cantidad de 120 millones de euros anuales. Como el precio de un contador no supera los 100€ en el mercado, posiblemente no más de la mitad de esa cantidad para una compañía eléctrica, el alquiler proporciona beneficios a la compañía una vez transcurridos poco más de 4 años. El Estado debería obligar a las compañías distribuidoras a ofrecer la posibilidad de adquirirlo al precio de coste.
  • En sexto lugar, bastaría con volver a la situación anterior al 31 de mayo extendiendo la franja horaria ‘valle’ a 12 horas para reducir apreciablemente la factura de millones de clientes. Está en su mano Sra. Ribera dar marcha atrás y volver a la situación vigente hasta el 31 de mayo.
  • Por último, Sra. Ribera, ahí tiene el BOE a su disposición para exigir a las empresas que detallen cómo calculan el concepto ‘Costes de la energía’, la principal rúbrica de la factura de la mayoría de los clientes, para que los ciudadanos podamos replicar los cálculos con exactitud, tal como ocurre en el caso de los peajes, y comprobar que al menos estas empresas respetan las cuatro reglas de la Aritmética.

Ahora, no me diga Sra. Ribera que nada puede hacer el gobierno para aliviar la factura de los achicharrados clientes de las empresas eléctricas y deje de repetir que “probablemente nos queden todavía por delante algunos meses duros”. Sí se puede, Sra. ministra, está en su mano hacerlo, así que póngase manos a la obra.

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La contrarreforma de las pensiones

Adjunto enlace a mi último artículo publicado desde el Observatorio Económico y Social de Cataluña (OBESCAT) en el diario El Liberal el 28 de agosto de 2021. Agradezco de antemano su ayuda para difundirlo entre sus amigos y conocidos:

Desde hace bastantes años, las cotizaciones sociales (CS) que ingresan los empresarios y los hogares, en su calidad tanto de asalariados como autónomos, en la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) resultan insuficientes para cubrir las transferencias que realizan los diversos organismos que gestionan las prestaciones sociales de la Seguridad Social (SS) que, junto con las remuneraciones a los empleados públicos y las compras de bienes y servicios, constituyen los gastos más importantes del sistema. En términos de Contabilidad Nacional, las cuentas de los Fondos de la SS arrojan un déficit acumulado desde 2010 que asciende a 145.765 millones de euros en 11 años. En 2020, el año de la Recesión Epidémica el déficit alcanzó 29.685 millones a pesar de que la TGSS recibió 37.956 millones en transferencias del Estado para suplementar los ingresos por CS, una cifra incluso superior a las ya muy elevadas transferencias recibidas durante la Gran Recesión (2008-2013).

La situación de la Seguridad Social

En 2017, el último año completo con Rajoy al frente de la Presidencia del Gobierno de España, Las Cortes aprobaron una reforma de las pensiones que, entre otras cosas, limitaba la revalorización de las pensiones a 0,25% cuando las cuentas de las AA. PP. arrojaran un déficit, con independencia de la evolución del IPC. El propósito obvio era no aumentar más el déficit y asegurar la sostenibilidad del sistema de pensiones a largo plazo limitando el crecimiento de la creciente factura. Pero habida cuenta que el conjunto de las Administraciones ha registrado déficits en 23 de los 26 años transcurridos desde 1995 a 2020 (ambos incluidos), y que el último año en que las Administraciones obtuvieron un superávit fue 2007, esta regla aplicada retroactivamente desde 2008 habría supuesto que las pensiones se habrían revalorizado 3,3% y la pérdida de poder adquisitivo habría sido de 26% (=29,3%-3,3), suponiendo una tasa de crecimiento del IPC de 2 % igual el objetivo de inflación del BCE. Obviamente, una reforma con estas consecuencias habría resultado altamente impopular, por el peso electoral de los millones de pensionistas y el progresivo empobrecimiento que les habría ocasionado. En descargo del gobierno de Rajoy cabe decir que éste daba por descontado un tanto a la ligera que sus políticas equilibrarían las cuentas públicas y el techo de 0,25% fijado a la revalorización dejaría de ser operativo en el futuro.

Ni la recuperación iniciada en 2014 ni la llegada de Sánchez a la presidencia del gobierno el 1 de junio de 2018, aupado por Podemos, los partidos separatistas catalanes y los nacionalistas y separatistas vascos, han alterado sustancialmente una situación que se ha agravado considerablemente en 2020, pero que no cabe considerar transitoria o coyuntural sino endémica o estructural. En efecto, las cuentas de la SS registraron déficits crecientes desde el inicio de la Gran Recesión (2009-2013), que la recuperación del crecimiento entre 2014 y 2019 amortiguó sin lograr revertir la tendencia. Y la Recesión Epidémica en 2020 le ha otorgado el golpe de gracia al ampliar el agujero hasta los 29.685 millones.

Gráfico 1. Necesidad de financiación de los Fondos de la Seguridad Social 1995-2020

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Fuente: elaboración propia a partir de las cifras de Contabilidad Nacional de la IGAE.

La fuente principal de financiación de la SS ha sido tradicionalmente las cotizaciones sociales que empleadores y hogares ingresan en la TGSS con las que se financian las prestaciones sociales no en especie que proporciona el sistema. Como el Gráfico 2 muestra con toda claridad, los ingresos por CS fueron superiores a la cuantía de las prestaciones hasta 2008, pero se abrió una considerable brecha durante la Gran Recesión que, si bien se cerró parcialmente durante la fase de recuperación vivida entre 2013 y 2019, volvió a ensancharse en 2020 para alcanzar su mayor valor absoluto con unos ingresos por cotizaciones de 151.336 millones y unas prestaciones sociales de 201.678 millones. Ante la incapacidad de la SS de financiar las prestaciones con las cotizaciones, la diferencia se cubrió durante algún tiempo con retiradas del Fondo de Reserva acumulado antes de la Gran Recesión, y agotado este recurso con transferencias del Estado, o, dicho de forma más transparente con aumentos de la deuda pública en circulación, puesto que la Administración Central tampoco ha registrado superávits para cubrir el déficit de la SS en los últimos años.

Gráfico 2. Prestaciones y cotizaciones sociales y transferencias del Estado 1995-2020

Fuente: elaboración propia a partir de las cifras de Contabilidad Nacional de la IGAE.

La contrarreforma diseñada en el Anteproyecto de Ley aprobado por el gobierno de Sánchez el 24 de agosto nos devuelve a la casilla de partida en cuanto a la revalorización de las pensiones con el IPC e introduce algunos retoques para incentivar el retraso en la edad de jubilación y acercar la edad efectiva a la teórica, cambios que por su gradualidad y cautela no van a resolver los problemas estructurales de la SS que tienen su raíz, en última instancia, en al aumento del gasto en prestaciones a ritmo muy superior al de los ingresos por cotizaciones que dependen del número de afiliados a la SS y los tipos que se aplican a las bases de cotización. Veamos qué ha ocurrido con estas variables en los últimos años.

El Gráfico 3 muestra con toda claridad que el número de afiliados registró una importante caída durante la Gran Recesión y que a pesar de la recuperación de la actividad entre 2014 y 2019, el número de afiliados en julio de 2021, 19.546.843, apenas superaba la cifra registrada en mayo de 2007, 19.384.100. La tasa de variación media anual en trece años fue tan solo de 0,059%, una cifra que muestra la dificultad de la economía española de generar empleo a tasas importantes. Podemos conceder que las circunstancias han sido muy adversas, pero otros países padecieron también la Gran Recesión y han generado más puestos de trabajo.

Gráfico 3. Afiliados a la Seguridad Social 1982-2021 (en miles)

Fuente: elaboración propia a partir de las cifras del Boletín de Estadísticas Laborales, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

En ese lapso comprendido entre 2007 y 2021, el número de pensiones contributivas y la pensión media contributiva no han cesado de crecer: 18,82% el primero y 53,1% la segunda. Estos incrementos implican un aumento en el gasto en pensiones contributivas de 81,91%. El Gráfico 4 resume en una imagen la senda fuertemente ascendente que ha seguido el gasto anual en pensiones contributivas en los últimos años. Aunque el aumento de la pensión media no se explica únicamente por el aumento del IPC, no está mal recordar que ha sido muy superior al crecimiento del IPC, 18,53%, entre 2007 y 2021.

Gráfico 4. Gasto anual en pensiones contributivas 2005-2021

Fuente: elaboración propia con datos extraídos de Estadísticas de pensiones del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Sostenibilidad de las pensiones

De todo lo dicho se siguen dos conclusiones incontestables. Primera, resulta de todo punto imposible sostener con los ingresos por cotizaciones sociales, la principal fuente de financiación de la SS, la creciente factura de pensiones contributivas que sólo puede seguir creciendo en el futuro, alimentada por el crecimiento del número de pensionistas y por la cuantía de la pensión media. El hecho de que el sistema haya registrado déficits desde 2008 constituye una prueba irrefutable de que el sistema actual de la SS no es sostenible, digan lo que digan los políticos responsables de gestionarlo.

Segunda, proporcionar un marco estable al sistema ligando la variación de la cuantía de las pensiones al crecimiento del IPC cuando sea positivo, dejándola inalterada en caso de que sea negativo, va a tranquilizar a los pensionistas, pero no va a hacer el sistema más sostenible sino todo lo contrario. Por otra parte, los retoques previstos en el Anteproyecto de Ley aprobado por el Consejo de Ministros pueden ayudar a paliar el desequilibro de las cuentas a largo plazo, aunque la gradualidad de las medidas previstas para incentivar la jubilación demorada y dificultar la jubilación anticipada, o de la proyectada ampliación de 15 a 25 años del período contemplado para calcular la cuantía de la pensión de jubilación, no van recortar el déficit a corto plazo ni van a resolver el problema de infrafinanciación del sistema a largo plazo.

La estabilidad del sistema que aporta el Anteproyecto del gobierno de Sánchez se sustenta en última instancia en las transferencias del Estado para cubrir el déficit de la SS, y cuando un Estado, registra un déficit crónico importante, como ocurre en España desde 1995, esas transferencias del Estado a otra Administración sólo pueden financiarse aumentando los impuestos o la deuda pública. Todo indica que los responsables gubernamentales de gestionar el sistema de la SS y los agentes sociales que han participado en las negociaciones para reformarlo están solo interesados en echar un apaño para ir tirando y sobrellevar sin grandes sobresaltos los dos o tres próximos años, dejando la papeleta de resolver los problemas de fondo a quienes les sucedan. Más impuestos, más transferencias y más deuda parece ser la receta de política económica de este gobierno ‘sánchez-podemita’.

La principal preocupación y prioridad de la política económica de un gobierno responsable, una vez superada la todavía muy activa epidemia, debería ser otra muy distinta: crear puestos de trabajo. Quiero recordar que a excepción del período 1995-2007, el único en el que por cierto la SS no registró déficits, nuestro mercado laboral apenas ha generado empleo neto ni ha aumentado el número de cotizantes, esto es, la cifra de trabajadores afiliados a la SS. Y para crear ese empleo tan necesario y recortar el déficit de la SS son otras las políticas que convendría implementar: facilitar la iniciativa reduciendo los costes de crear empresas e incentivando la inversión productiva; reducir la carga de las cotizaciones sociales para abaratar la contratación de trabajadores; abaratar el precio de la electricidad, reducir la duración de las prestaciones a los desempleados para incentivar la búsqueda de trabajo; gravar las importaciones con impuestos medioambientales antes de seguir imponiendo más regulaciones e impuestos a las empresas locales; etc. En fin, un programa que nada tiene que ver con las subidas de impuestos y el SMI, el aumento de la deuda pública y la creciente estatalización de la economía que tiene en su agenda el gobierno para los próximos tres años.

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Achicharrados en un suave verano

Adjunto enlace a mi último artículo publicado desde el Observatorio Económico y Social de Cataluña (OBESCAT) en el diario El Liberal el 21 de agosto de 2021. Agradezco de antemano su ayuda para difundirlo entre sus amigos y conocidos:

Ni la vacunación de una buena fracción de la población ni la recuperación parcial registrada por la producción y el empleo en el segundo trimestre de 2021, dos noticias que prometían mejores tiempos, nos van a dejar disfrutar el verano, porque del pasado reciente mejor no hablar. Las generadoras de energía eléctrica y las distribuidoras de energía, los mismos perros con distintos collares, han tomado el relevo al virus y están dispuestas a amargarnos la existencia estableciendo unos precios históricos, por elevados, que no han cesado de crecer desde el pasado febrero. Este verano la mayoría de los españoles viven acongojados a la espera de la cara de la próxima factura, salvo los más jóvenes que realizan el botellón aprovechando el alumbrado público.

Hasta hace poco los españoles teníamos que hacer un máster avanzado para saber a dónde podíamos viajar, a qué hora terminaba el toque de queda en cada ciudad de destino y sopesar cuál era la situación hospitalaria en cada lugar por si acaso nos tenían que ingresar. Ahora, la gran preocupación de muchos españoles es saber a qué hora podemos hacernos las judías verdes y poner la colada, si debemos encender el horno sólo los sábados y domingos o comprarnos un hornillo de camping gas, si encendemos el aire acondicionado a la hora de la siesta o recurrimos al clásico abanico para aliviarnos cuando el calor aprieta.

Precio de la generación y precio ‘voluntario’ al pequeño consumidor

Como se muestra en el Gráfico 1, el precio de generación de electricidad por MWH ha pasado de 25€ aproximadamente entre el 21 de febrero y el 21 de marzo a acercarse y superar los 100€ en agosto, cifra superada muchos días durante un mes en el que por cierto el consumo de electricidad se modera por la menor actividad en la Industria, la Construcción y algunos sectores de Servicios a causa de las vacaciones estivales. En pocas palabras, el precio de generar la electricidad que consumimos se ha multiplicado desde febrero por 4, y si estuviéramos en un mes invernal muchos serían los españoles que se verían en la tesitura de salir al campo para recoger ramitas, cocinar con el caldero sobre las ascuas y arrebujarse toda la familia en torno al hogar para calentarse.

Gráfico 1. Precio del mercado diario de la generación de electricidad 2020-2021

Fuente: Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE).

Pero los quebradores de cabeza de las familias españolas no acaban ahí, más bien empiezan. Como el Gráfico 2 pone de manifiesto, los precios ‘voluntarios’ que pagamos los pequeños consumidores pueden llegar a más que duplicar los precios instantáneos que fija el mercado (precio de mercado) para casar la oferta y la demanda. Se me escapan cuáles pueden ser las razones por las que los precios al consumidor tienen que duplicar los precios de mercado entre las 7 de la mañana y las 2 de la tarde y entre las 6 de la tarde y las 10 de la noche, cuando el precio de mercado presenta una trayectoria prácticamente plana durante todas las franjas horarias.

Gráfico 2. Evolución del precio voluntario al pequeño consumidor y el precio de mercado

(20 agosto de 2021)

Fuente: Red Eléctrica Española.

Ineficiencia productiva y deficiente regulación

Como muestra el Gráfico 3 extraído de un documento reciente publicado por el Banco de España, presenta la estructura de generación eléctrica (eje de abscisas) y sus efectos sobre los precios de mercado (eje de ordenadas) que determinan las centrales más ineficientes requeridas para satisfacer la demanda. Como puede apreciarse con toda claridad en dicho gráfico, las centrales nucleares, eólicas e hidráulicas fluyentes, situadas en la parte izquierda, son las más eficientes, y las centrales de punta (fueloil), otras obsoletas e hidráulicas regulables, que aparecen en la parte derecha, las más ineficientes. El tramo central lo ocupan las centrales de carbón y ciclo combinado más competitivas seguidas por las centrales de carbón y ciclo combinado menos competitivas e hidráulicas regulables.

Gráfico 3. Centrales eléctricas ordenadas por su nivel de eficiencia.

Fuente: “El papel del coste de los Derechos de Emisión de CO2 y del encarecimiento del gas en la evolución de los precios minoristas de la electricidad en España”, Documentos Ocasionales N.º 2120, agosto 2021. Banco de España.

Puesto que el precio de mercado mayorista lo determinan las centrales más ineficientes requeridas para satisfacer la demanda, está claro que la causa principal de los elevados precios en el mercado de generación de electricidad recae en la necesidad de utilizar centrales de carbón y ciclos combinados poco competitivas, y, sobre todo, centrales de fueloil, obsoletas e hidráulicas regulables, para satisfacer la demanda. Ante esta situación, hay que preguntarse por qué siguen operativas las centrales ineficientes, qué empresas se benefician más de la elevación de precios que provocan, y por qué ante una ineficiencia tan flagrante y perjudicial para los consumidores, el regulador no ha obligado a las grandes empresas que se lucran con la subida de precios a acometer las inversiones necesarias para reemplazarlas por centrales más competitivas. Y, en última instancia, a preguntarnos por qué, los ministros del ramo nada han hecho para mejorar la situación en los últimos años y ahora nos dicen que la situación es la que es y “el gobierno no tiene forma ahora de bajar el precio de la luz” a corto plazo. Ministra Ribera, no confunda a los españoles: la causa de la subida del precio de la luz es una ineficiencia en la generación del producto y nada tiene que ver con las subidas del petróleo.

En cuanto al reciente aumento de los precios del mercado mayorista, el citado estudio del Banco de España culpa, en primer lugar, al aumento de los precios del gas que incide en los precios de generación en las centrales de ciclo combinado, y, en segundo lugar, a los aumentos en el precio de los Derechos de Emisión Transferibles de la UE que se han cuadriplicado como consecuencia de la política de la UE de reducir las emisiones de los Grandes Emisores estáticos, y las centrales generadoras de electricidad lo son. En otras palabras, las políticas de transición ecológica impulsadas por la UE para alcanzar la neutralidad de emisiones en 2050 están repercutiendo ya en las facturas mensuales de electricidad de los consumidores y aumentarán a medida que se intensifiquen los objetivos.

Ser ecológico queda muy bien, pero acaba afectando a nuestro bolsillo, más todavía si los consumidores que pagan sin rechistar la factura de la luz acaban pagando indirectamente los beneficios otorgados por el gobierno a los consumidores más vulnerables. De algo podemos estar seguros: los descuentos en la factura y otros beneficios a los que da derecho el bono social impulsado por el gobierno de Sánchez para favorecer a los consumidores más vulnerables no los asumen en su totalidad las compañías eléctricas en su cuenta de resultados. El precio de la luz está además afectando a los costes de las empresas y favoreciendo la deslocalización de la actividad productiva hacia regiones del planeta con regulaciones medioambientales más laxas. Además de la pérdida de empleo que conlleva la deslocalización de la actividad productiva y la dependencia que genera o puede generar en situaciones adversas o de conflicto bélico, las autoridades de la UE deberían preguntarse cuáles son las emisiones a la atmósfera y la contaminación de los mares originada por las importaciones de productos que hemos dejado de producir en casa.

Disfruten el final del verano 2021

Como la ministra del ramo nos ha dicho, este gobierno nada puede hacer para reducir el precio de la electricidad, así que aprovechen la circunstancia para ejercitar la mano abriendo y cerrando interruptores. Tampoco puede hacer nada este gobierno para contener la inmigración ilegal, ni para reducir las elevadas cifras de parados y tasa de paro en nuestra economía, ni para controlar a las masas de jóvenes que, hartos de soportar restricciones ineficaces para controlar el Covid-19 durante año y medio, han hecho del botellón santo y seña este verano, mientras el personal sanitario se rasga las vestiduras en los telediarios. Eso sí: exhumar a Franco, sí puede. Pero no se amarguen demasiado la existencia, porque como dijo el poeta bueno “Todo llega y todo pasa. /Nada eterno: no hay gobierno que perdure/ni mal que cien años dure”, aunque tengo que reconocer que la perspectiva de esperar cien años no me consuela demasiado. Disfruten lo que puedan enmascarados.

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Ni olvido ni nostalgia

Adjunto enlace a mi último artículo publicado desde el Observatorio Económico y Social de Cataluña (OBESCAT) en el diario El Liberal el 14 de agosto de 2021. Agradezco de antemano su ayuda para difundirlo entre sus amigos y conocidos:

Uno de los legados políticos más perniciosos del régimen franquista es paradójicamente el antifranquismo, entendido como impulso político dirigido a revolver los rescoldos que pueden encontrarse desperdigados por la sociedad y la geografía española de un régimen que quedó completamente abolido y superado desde el momento en que las Cortes aprobaron y los ciudadanos españoles refrendaron la Constitución Española, y juntos iniciamos el único período auténticamente democrático de la historia de España, plagada de reinados poco edificantes, convulsos espadazos y revoluciones inconclusas, guerras fratricidas y antagonismos exacerbados y excluyentes, una sucesión casi interminable que se prolongó hasta el final de la Guerra Civil.


Como una mala resaca, la utilización partidista del antifranquismo, reemergió con cierta timidez tras casi tres décadas de hibernación durante las presidencias de Rodríguez Zapatero (2004-2008 2008-2011) y ya de manera más abierta y vicaria desde que Sánchez Castejón fue aupado a La Moncloa el 1 de junio de 2018 y allí se sostiene desde entonces gracias al apoyo de fuerzas políticas que precisamente no aceptan la Constitución de 1978 como marco de convivencia -algunas incluso la combatieron extorsionando a cientos de miles de personas y matando a cerca de otras mil durante las décadas de sangre y plomo animados por la esperanza de provocar la involución política que justificaba sus atrocidades- y ahora pretenden sacar tajada de un presidente que para mantenerse en el poder está dispuesto a acabar con la España de ciudadanos libres, iguales y solidarios instaurada en 1978.

Antifranquistas de nuevo cuño

Destacan entre ellos bastantes líderes y militantes del PSOE, así como de otros partidos ‘hermanados’ o federados de varias Comunidades Autónomas periféricas -el Partido de los Socialistas de Cataluña (PSC), el Partido Socialista del País Valenciano, el Partido Socialista de Euskadi-Euskadiko Esquerra y el Partido Socialista de les Islas Baleares- que, como el propio presidente Sánchez y su ministro Bolaños, responsable de la exhumación de Franco, son hijos políticos de la democracia, vivieron si acaso de refilón los estertores del franquismo, y casi todos ellos iniciaron su militancia socialista varios años después de la muerte del dictador. En suma, casi ninguno de estos nuevos ardorosos antifranquistas padeció directamente en sus carnes los atropellos del régimen ni lo combatió personalmente de manera activa antes de 1975.

A falta de un programa político ilusionante para el conjunto de los españoles, los gobiernos socialistas de Rodríguez Zapatero y Sánchez se han limitado a aumentar el gasto, los impuestos y el déficit público, sin mejorar la eficiencia de los programas a los que han destinado los crecientes recursos controlados por las Administraciones Públicas, y a impulsar transferencias a la carta de competencias y recursos a las Comunidades Autónomas, dictadas más por la necesidad de satisfacer los intereses y caprichos de sus avalistas en el Congreso que para  asegurar la igualdad de oportunidades de los ciudadanos españoles con independencia de la Comunidad donde residen. Un programa político que propicia la desigualdad en derechos y deberes y oculta con sibilina hipocresía sus implicaciones detrás de expresiones ampulosas tales como nación multinivel, nación de naciones o federalismo asimétrico.

Para disimular esa falta de ideas y propuestas sustantivas que propicien la igualdad y el bienestar de todos los españoles, los líderes socialistas se han inclinado por explotar el filón del antifranquismo en los últimos años, hurgando en los escasos y desangelados vestigios del régimen franquista, olvidados o ignorados por una gran parte de los ciudadanos, y exhibiendo impúdicamente su afilado antifranquismo a destiempo: cuarenta y seis años después de la muerte del dictador. Todo vale para hacer gala de su pretendida superioridad moral y establecer nexos entre sus gobiernos ‘progresistas’ y los oasis democráticos que supuestamente jalonaron la historia de España, especialmente la II República. Un juego contrario, en mi opinión, al espíritu de reconciliación y concordia que hizo posible la Transición, y muy peligroso porque alimenta las bajas pasiones y actitudes excluyentes causantes de tantos conflictos en el pasado.

Antifranquistas por cicatrices familiares

Podemos encontrar también antifranquistas de corazón que sufrieron bien de manera directa, bien de manera interpuesta a través de las epopeyas vividas por familiares cercanos, las arbitrariedades y desafueros que sacudieron a la sociedad española desde el triunfo del Frente Popular y durante la Guerra Civil y los primeros años de la tenebrosa postguerra. Con independencia de los posicionamientos políticos de nuestros padres o abuelos, hay pocas razones para sentirse orgulloso de los sucesos vividos en aquellos para tantos españoles trágicos tiempos, y, lo más deseable, en mi opinión, para evitar polémicas estériles y revivir enfrentamientos afilados es asumir el pasado en toda su crudeza, y procurar extraer algunas lecciones para evitar nuevas tragedias en el futuro. Ésta es la posición que primó entre los artífices del pacto constitucional que permitió instaurar la democracia en España en 1978, conscientes casi todos ellos de que era hora de pasar página y acabar con aquellas dos Españas que a tantos españolitos habían helado el corazón.

Comprendo el dolor y las penurias de tantos republicanos que solos o con sus familias partieron al exilio, una circunstancia siempre, por no elegida voluntariamente, dura, incluso para los más afortunados que pudieron rehacer sus vidas en otros lugares del mundo. Como comprendo incluso mejor por razones que expliqué en mi artículo “Memoria y desmemoria” hace un par de semanas en este diario, el miedo y el dolor causado por las detenciones, las afrentas y los castigos arbitrarios infligidos a republicanos que no tuvieron ocasión o deseo de exiliarse, y sufrieron la persecución inmisericorde y hasta encarnizada a veces de las autoridades del nuevo régimen. y dieron con sus huesos en cunetas, cárceles o campos de trabajo forzoso.

¡Como no entender la aversión casi instintiva de sus descendientes ante cualquier exaltación gratuita de aquel período tan negro de nuestra historia, así como la desconfianza que despierta todavía en ellos cualquier nexo, real o imaginario, entre algunos líderes y partidos políticos actuales con aquella España una, grande y libre, en la que los chicos empezábamos las mañanas en los Institutos entonando el Cara al Sol! Pero cualquier demócrata auténtico debería sentir también el mismo desasosiego al escuchar a los antifranquistas de nuevo cuño hacer apología de la II República, cuando la realidad es que la sucesión de desórdenes públicos, detenciones arbitrarias, torturas y asesinatos, perpetrados por algunos partidos y organizaciones sindicales en nombre del ‘pueblo’ fueron moneda de curso legal en la República, a partir del triunfo del Frente Popular en febrero de 1936 y hasta el final de la contienda. La legalidad del Estado republicano sucumbió ante la violencia desalmada alimentada por las fuerzas oscuras de la rapiña y la venganza, no por la justicia.

Ni olvido del franquismo ni nostalgia de la II República

La grandeza de la Transición española residió precisamente en pasar página a una historia traumática y poco edificante para casi todos, sin olvidar el pasado ya imborrable e inamovible, pero sin exigir a ninguno de sus protagonistas responsabilidades por lo acaecido antes, durante y después de la Guerra Civil. La madurez personal se alcanza cuando uno asume su propia realidad con sus grandezas y limitaciones. Algo similar ocurrió en la vida política tras la muerte de Franco, cuando líderes con un indubitable pasado estalinista como Carrillo y La Pasionaria, figuras con fuertes ataduras con el régimen franquista como el Rey Juan Carlos I, Fraga o Suárez, y políticos emergentes como González, Guerra y Tierno, decidieron asumir la historia de España, dejando a un lado sus ensoñaciones excluyentes, con el propósito de establecer un marco aceptable y aceptado de convivencia democrática donde cabían todos.

Esa fue la difícil tarea histórica que los convocó en 1975, y a resolver las numerosas dificultades que surgieron por el camino se aplicaron todos ellos con dedicación y generosidad, anteponiendo lo primordial a cuestiones tan insignificantes como dónde estaba enterrado Franco o quién lo había acompañado en su entierro; quién había visitado el mausoleo de Lenin, llorado la muerte de Stalin o disfrutado de los favores del dictador Ceacescu. Y todos juntos acordaron establecer una monarquía constitucional, renunciando al águila imperial los unos y a la tricolor republicana los otros, ambas ya hoy reliquias históricas que sólo avientan unos pocos antifranquistas y antimonárquicos trasnochados. Ni olvido ni nostalgia del pasado, ése fue el espíritu con el que los padres de la Constitución abordaron la Transición de la dictadura a la democracia, algo que parecen haber echado en saco roto los actuales dirigentes del PSOE, y desde luego sus socios de gobierno y sus avalistas empeñados en echar por tierra lo conseguido con el esfuerzo y sacrificio de tantos españoles bienintencionados.

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¿Cómo va la ‘cosa’?

En este momento, disponemos de información suficiente para hacernos una idea de cómo está procediendo la recuperación en China y Estados Unidos, las dos superpotencias políticas y económicas, y enmarcar la evolución de la economía española dentro del contexto de la recuperación global. La Oficina Nacional de Estadísticas de China presentó el 12 de julio su estimación de la evolución del PIB en el segundo trimestre de 2021, el Bureau of Economic Analysis (BEA) de Estados Unidos hizo lo propio el 29 de julio, y un día después, el 30 de julio, el INE publicaba el avance de la CNTR de España. Por su parte, el FMI actualizaba el 27 de julio sus Perspectivas de Crecimiento Mundial, y si bien mantenía en 6% la tasa de crecimiento global para 2021, advertía que aumentaba la brecha en el ritmo de la recuperación entre las economías desarrolladas y las economías emergentes y en vías de desarrollo, a causa de las diferencias en el ritmo de vacunación.

China y Estados Unidos afianzan su crecimiento

China fue el primer país en que irrumpió el Covid-19 a finales de 2019 y comienzos de 2020, y fue también el primero y único en controlar la epidemia pocos meses después, casi un año antes de que estuvieran disponibles las vacunas y algunos países desarrollados empezaran a inmunizar a sus poblaciones. Un éxito que pocos países pueden reclamar para sí. Los efectos de la eficaz gestión sanitaria de la epidemia realizada por el gobierno de China en el primer trimestre de 2020 se dejaron sentir casi inmediatamente en la evolución de su economía, y el PIB mostró, como puede comprobarse en el Gráfico 1, tasas de variación positivas ya en los tres trimestres siguientes, que se afianzaron y robustecieron en los dos primeros trimestres de 2021. Fue así como China, pese al severo retroceso registrado en el primer trimestre de 2020, con una caída interanual de 6,8%, logró cerrar en positivo 2020, con un crecimiento del PIB de 2,3%, en tanto la mayoría de las economías avanzadas, incapaces de controlar los contagios, registraban fuertes caídas del PIB. Las últimas proyecciones del FMI publicadas hace unos días indican que el gigante asiático terminará 2021 con un crecimiento del PIB de 8,1%. No está nada mal.

Gráfico 1. China: tasa interanual de variación del PIB julio 2018 – julio 2021

Fuente: Trading Economics y National Bureau of Statistics of China.

La evolución de la economía estadounidense en 2020 muestra las cicatrices que ha dejado la epidemia. Pese a las medidas expansivas adoptadas por la Reserva Federal y los potentes paquetes de ayudas a familias, empresas y Estados aprobados por el presidente Trump, el año se cerró con una caída del PIB de 3,5%. El Gráfico 2 muestra las fuertes caídas registradas en la tasa interanual del PIB de Estados Unidos en los tres últimos trimestres de 2020, un período en el que China estaba ya recuperándose, seguidas por una modesta recuperación en el primer trimestre de 2021 (0,5%), y la ya muy intensa recuperación en el segundo trimestre de 2021 (12,2%) en relación con el segundo trimestre de 2020 en el que la economía registró su mayor caída interanual.

Gráfico 2. Estados Unidos: tasa interanual de variación del PIB julio 2018 – julio 2021

Fuente: Tradingeconomics y U.S. Bureau of Economic Analysis (BEA).

El hecho más destacable en la evolución de los índices de volumen empleados para calcular las tasas de variación del PIB real es que los niveles de producción en el primer y segundo trimestres de 2021 son ya superiores no solo en relación con sus correspondientes valores en 2020, sino superiores también a los niveles de producción en los respectivos trimestres de 2019, el último año de normalidad antes de la irrupción del Covid-19. El coste en términos de producción perdida durante el año puede estimarse en 5,5% del PIB (3,5% a causa de la caída y 2% por ausencia de crecimiento), o aproximadamente en 1,18 billones de dólares, al que habría que sumar el aumento en el déficit público ocasionado por los paquetes fiscales aprobados para ayudar a familias y empresas.

Pese a que los resultados de Estados Unidos son bastante mejores que los de otras economías desarrolladas, resulta innegable que las pérdidas ocasionadas por la pandemia han sido enormes. Hay también pocas dudas de que la recuperación económica que está viviendo Estados Unidos en los dos primeros trimestres de 2021 está claramente ligada a las ambiciosas campañas de vacunación iniciadas a mediados de diciembre de 2020 con el objetivo de alcanzar a 100 millones de estadounidenses en abril.  En el momento de escribir este artículo, de los casi 334 millones de habitantes, 163,6 millones están ya completamente vacunados (49,3% de la población), y 189,5 millones han recibido al menos una dosis (57,5% de la población).

Gracias a las campañas de vacunación, las cifras de contagios y fallecidos se han reducido drásticamente en Estados Unidos desde diciembre de 2020 y enero de 2021, si bien todavía varias decenas de miles de estadounidenses se infectan cada día y entre 300 y 500 personas mueren a causa del Covid-19. Después de varios meses de descensos continuados, se observa un preocupante repunte de nuevos casos y fallecidos en las últimas semanas, consecuencia tal vez de la creciente dificultad de alcanzar a grupos de población poco inclinados o incluso reacios a vacunarse. La epidemia está lejos de estar controlada y su negativa evolución en las últimas semanas puede debilitar el ritmo de la recuperación económica. De momento, la Reserva Federal y el Tesoro se mantienen expectantes, conscientes de que pese al fortalecimiento de la recuperación “la senda de la economía continúa dependiendo del curso del virus. El progreso en la vacunación continuará reduciendo probablemente los efectos de la crisis sanitaria sobre la economía, aunque persisten los riesgos sobre la perspectiva económica”.

España: poco de lo que presumir

Estos días, se ha repetido hasta la saciedad que, según el FMI, España será la economía desarrollada que más crecerá, 6,2%, en 2021. Lo que no se dice con tanta frecuencia es que España fue la economía desarrollada que registró la mayor contracción del PIB, 10,84%, en 2020. El avance de la Contabilidad Nacional Trimestral (CNTR) publicado por el INE el 30 de julio proporciona buenas noticias, puesto que estima en 2,77% el aumento del PIB en el segundo trimestre de 2021 respecto al trimestre anterior, y en 19,78% respecto al segundo trimestre de 2020, el período en que las actividades económicas no esenciales se paralizaron tras decretar el gobierno el estado de alarma. Quiero recordar que el PIB se contrajo nada menos que 21,6% en ese segundo trimestre de 2020, respecto al mismo trimestre de 2019, y la mera comparación de ambas cifras, la caída en 2020 (21,6%) y el aumento en 2021 (19,78%) indica que estamos todavía bastante lejos de recuperar los valores que alcanzó la producción en 2019, el último año en que las actividades económicas se desarrollaron con normalidad.

Gráfico 3. España: tasa interanual de variación del PIB 2011-2021

Fuente: CNTR, INE.

En efecto, incluso asumiendo que las previsiones del FMI se cumplan y España acabe creciendo 6,2%, el PIB en 2021 quedaría todavía 5,31% por debajo del PIB de 2019, lo que supone una pérdida de producción de aproximadamente 66.123,7 millones, igual a la diferencia entre el PIB de 2019 (1.244.730 millones) y el PIB estimado en 2021 (1.178.323,4 millones). A esta pérdida de producción ocasionada por la epidemia, cabría sumar los 55.289,1 millones que se habrían producido si el PIB hubiera crecido 2% en 2020 y 2021, una cifra similar al crecimiento registrado en 2019, el más bajo desde 2014. Finalmente, tampoco se puede olvidar al calcular el coste ocasionado por el Covid-19, el formidable aumento que ha registrado la deuda pública desde diciembre de 2019 hasta abril de 2021, 213.321,3 millones, una cifra que eleva la deuda total a 1.401.702,3 millones y coloca a la economía española en una situación de gran vulnerabilidad ante probables subidas de los tipos de interés y futuras perturbaciones adversas.

Ni medalla de bronce

Como advierte la Reserva Federal la senda de la economía estadounidense en la situación actual depende de la eficacia de las políticas sanitarias para controlar el virus. De los tres países a los que hemos dedicado este artículo, sólo las contundentes políticas aplicadas en China en el primer trimestre de 2020 lograron contener con rapidez la expansión de los contagios, incluso en ausencia de vacunas, y posibilitaron recuperar la actividad económica en un tiempo récord. Por el contrario, la experiencia indica que las políticas ensayadas en Estados Unidos, España y la mayoría de los países occidentales -estados de alarma, restricciones intermitentes a la movilidad, limitaciones horarias, etc.- han resultado poco eficaces para doblegar la curva de contagios y posibilitar la pronta recuperación de sus economías, quedando a expensas del desarrollo de vacunas. Todos ellos lo han pagado muy caro, y ahí están las elevadas cifras de fallecidos por Covid-19 y las severas recesiones que han padecido para probarlo.

España destaca entre de las sociedades occidentales por los elevados costes humanos y económicos que viene soportando desde marzo de 2020. A diferencia de lo ocurrido en China, el estado de alerta, las restricciones a la movilidad y las limitaciones intermitentes a la actividad económica no sirvieron para controlar la epidemia y evitar nuevas oleadas de contagios, y la recuperación económica anunciada por el presidente Sánchez a finales de 2020 nunca llegó a materializarse. En torno a 100.000 personas perdieron su vida prematuramente entre marzo de 2020 y febrero de 2021 y la pérdida de producción en porcentaje del PIB en 2020, 10,84%, triplicó la registrada en Estados Unidos (3,5%).

Estos registros no invitan precisamente a sacar pecho por la gestión realizada y sólo la puesta en marcha de la campaña de vacunación a finales de diciembre abrió las puertas a la esperanza. Controlar la epidemia no es únicamente una cuestión sanitaria y humanitaria sino un paso indispensable para recuperar el terreno perdido en los dos últimos años y hacer frente a la inmensa deuda que nos queda en herencia. Pero como la experiencia de Estados Unidos y España en las últimas semanas indica, no se pueden descartar repuntes en las cifras de nuevos contagios y fallecimientos, incluso cuando se han alcanzado porcentajes de vacunación relativamente elevados. Porque apenas hemos dejado atrás la traumática experiencia vivida en 2020 y lo que llevamos de 2021, y porque el futuro presenta todavía numerosas incertidumbres, alardear de “medalla de oro en vacunación y recuperación” con los cadáveres todavía calientes y la economía tan tocada se me antoja una tremenda irresponsabilidad.

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Memoria y desmemoria

Adjunto enlace a mi último artículo publicado desde el Observatorio Económico y Social de Cataluña (OBESCAT) en el diario El Liberal el 25 de julio de 2021. Agradezco de antemano su ayuda para difundirlo entre sus amigos y conocidos:

Ver al nuevo ministro de la Presidencia, de nombre Bolaños, abogado de profesión y militante del PSOE por devoción, anunciarnos la presentación de un Anteproyecto de ley de Memoria Democrática donde se establece qué es lo que debemos pensar y podemos decir acerca de la Guerra Civil, la persona y la dictadura del general Franco -96 veces aparece la palabra ‘dictadura’, 28 veces ‘franquista(s)’, 20 ‘franquismo’ y 3 Franco en 66 páginas-, se me antoja un despropósito no muy distinto al que sería redactar una norma que estableciera cómo debemos valorar a Azaña o Companys, por citar dos personajes bajo cuyas presidencias se torturó y asesinó durante la II República, o a La Pasionaria, lideresa comunista que llegó a afirmar que “no cabe más solución que una mitad de España extermine a la otra”, y casi tan disparatado como lo sería juzgar desde las circunstancias históricas y valores actuales a Augusto, Carlomagno, Enrique VIII, Felipe II, Luis XIV, Robespierre, María Antonieta, Washington, Fernando VII, Napoleón o Lincoln, por citar unas pocas figuras con relevancia histórica.

Este gobierno ‘progresista’ no sólo está decidido a establecer por ley los parámetros dentro de los cuáles los ciudadanos debemos de valorar a los protagonistas de la Historia, sino que, en su intento de cercenar la libertad de pensamiento y su expresión pública, dos derechos fundamentales recogidos en la Constitución Española de 1978, pretende en nombre de la ‘memoria democrática’ borrar cualquier testimonio de una época que, se quiera o no, forma parte de nuestra memoria, y hasta multar o encarcelar si hace falta a quienes se atrevan a disentir públicamente de “los nuevos paradigmas memoriales”. Por cierto, qué poco espacio ocupa en su selectiva memoria que los gobiernos de la Generalidad de Cataluña, desde que fuera presidente Montilla (PSC-PSOE) cercenen ahora mismo, no hace 80 años, derechos fundamentales recogidos en nuestra Constitución que impiden a los ciudadanos educarse en su lengua, acceder a las Administraciones Públicas a menos que puedan certificar un elevado conocimiento del idioma catalán, y multen a quienes osan no rotular sus negocios en catalán. O que algunos terroristas de ETA sean homenajeados en El País Vasco.

Farsa democrática

Las actitudes edificantes y reconciliadoras en apariencia, pero profundamente sectarias, autoritarias y coercitivas en el fondo, de que hace gala el gobierno de coalición formado por miembros de un ‘renovado’ PSOE -cada vez más alejado del espíritu de concordia que hizo posible la transición de la dictadura a la democracia-, y la coalición electoral Unidas Podemos, pretenden exigirnos a los ciudadanos por las buenas o las malas fidelidad y hasta complicidad a lo que podríamos denominar los principios fundamentales del movimiento ‘sanchista’ que podemos resumir en dos: apología de la II República como nexo democrático con el único período que podemos considerar democrático en la historia de España, el que se inició con aprobación de la Constitución en 1978, y la condena sin paliativos de la dictadura franquista. Puede que algunos militantes socialistas se lleven ingratas sorpresas si escarban un poco en la memoria de sus familias.

El 'Puta España" sustituye al Almirante CerveraPero el principal peligro que entrañan estas actitudes no reside tanto en que se repitan en otros Ayuntamientos de España la barbaridad vivida en Barcelona, donde Colau haciendo gala de su formidable ignorancia, retiró la placa dedicada al almirante Cervera, sospechoso a ojos de la ‘superalcaldesa’ de ser un facha, cuanto en que esta norma, en lugar de propiciar la concordia y promover la convivencia pacífica entre los españoles, reaviva rencores y enfrentamientos vividos en una de las épocas más violentas y trágicas de nuestra Historia. Mucho me temo que con esta norma el gobierno pretende distraer nuestra atención de asuntos más cercanos, dirigiéndola a sucesos ocurridos en una etapa tan distante de nuestra vida cotidiana, para esconder los 100.000 muertos que perdieron su vida prematuramente en 2020 y lo que llevamos de 2021, y el desastre económico en que la gestión gubernamental de la epidemia Covid-19 ha sumido a la sociedad española.

Cada día que pasa de esta infausta XIV Legislatura, se refuerza mi convicción de que Franco, aunque desenterrado con fanfarria del Valle de los Caídos, en una operación diseñada por el propio Bolaños y ejecutada finalmente el 24 de octubre de 2019, ha acabado triunfando. No porque su régimen haya subsistido como él pretendía, puesto que fue desmantelado entre 1975 y 1978 en la operación política más brillante ejecutada en toda la Historia Contemporánea de España por hombres con un inequívoco pasado franquista, sino porque tras una etapa donde prevaleció el respeto al adversario político y la convivencia cordial entres los españoles, el gobierno de Sánchez, siguiendo la estela de Rodríguez Zapatero, está empeñado en resucitar las dos piedras angulares que, con mayor o menor intensidad, estuvieron presentes en el régimen franquista desde 1939 hasta 1975: controlar el pensamiento de los españoles y castigar a los ciudadanos disidentes. Estas dos semillas de la discordia han encontrado terreno fértil en las huestes de una izquierda moralizante y con vocación inquisidora, cuyos líderes actuales apenas conocieron y padecieron el franquismo, y hacen apología de una república donde se detenía arbitrariamente, se torturaba y asesinaba a ‘fascistas’.

¡Qué cruz!

Permítanme un par de apuntes biográficos. Aunque pasé numerosos fines de semana en Los Molinos entre 1970 y 1975 e impartí clases en el Colegio Universitario María Cristina en El Escorial en el curso 1972-1973 -rememorado por Azaña en El Jardín de los Frailes-, muy cerca de la Abadía, y pasé decenas de veces de largo por la entrada al recinto, nunca visité el monumento mientras Franco estuvo vivo. Y no fue hasta mucho más tarde, agosto de 2017 para ser exacto, cuando tras visitar El Escorial lo visité junto con mis dos hijos. Recorrimos la Abadía, nos acercamos hasta la tumba de Franco, y tuvimos la oportunidad de conversar sobre aquel período histórico bajo la alargada sombra de la monumental cruz que hasta hace poco Podemos pretendía demoler. Pertenecientes a generaciones muy distintas, ninguno de los tres sentimos la necesidad de exhumar a nadie, ni demoler cruces ni quemar Iglesias -tarea en la que la democrática II República alcanzó gran destreza-, ni retirar nombres a calles y plazas, sino asumir la realidad histórica de España, tal cual, y hablar con calma sobre lo sucedido en años cargados de sombras grises, policía secreta y tribunales de orden público.

Hijo de padre detenido y encarcelado en diciembre de 1936 y excarcelado en junio de 1937 – cuyos bienes le fueron incautados por “su oposición al triunfo del movimiento nacional” hasta noviembre de 1941, según se desprende del expediente 1.907-Z incoado por el Tribunal Especial de Responsabilidades Políticas-, poco sospechoso de haber colaborado en pensamiento u obra con el aparato franquista durante los primeros veinticinco años de mi vida -más allá de haber firmado un contrato para acceder a una plaza de profesor ayudante en la Universidad de Madrid en 1972 que me exigía fidelidad a los principios fundamentales del movimiento-, contemplo estupefacto las maniobras de distracción de Sánchez y Bolaños quienes, lejos de  buscar el esclarecimiento de los hechos históricos y reparar a todas las víctimas, pretenden obligarnos a comulgar con ruedas de molino y aceptar una versión maniquea de la historia del siglo XX.

Tras el fiasco del plan de desescalada ejecutado al finalizar el período de confinamiento al término de la primera oleada de Covid-19 en la primavera de 2020 -se han producido casi 4 millones más de casos y más de 50.000 personas han fallecido prematuramente desde entonces- atribuido también al ubicuo Bolaños, ahora las grandes preocupaciones del gobierno de Sánchez son exhumar los restos de José Antonio Primo de Rivera y suprimir la Orden Imperial del Yugo y las Flechas y los “títulos nobiliarios concedidos entre 1948 y 1978, que representen la exaltación de la Guerra y Dictadura” . Con un poco de suerte, a lo mejor esta extraña pareja encuentran unos minutos para ocuparse de gestionar la quinta oleada de la epidemia, para reparar a quienes han perdido su vida, sus empleos y negocios desde el 14 de marzo de 2020, para  frenar el desbocado aumento del precio de la luz que está friendo a fuego lento a los españoles este verano, y para recortar la fabulosa deuda que van a dejarnos en herencia.

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Pasar página a toda prisa

Adjunto enlace a mi último artículo publicado desde el Observatorio Económico y Social de Cataluña (OBESCAT) en el diario El Liberal el 17 de julio de 2021. Agradezco de antemano su ayuda para difundirlo entre sus amigos y conocidos:

Mucho se ha especulado en los medios de comunicación sobre las razones de la crisis de gobierno anunciada por el presidente Sánchez el sábado pasado. Quizá ni el propio presidente tenga una explicación convincente más allá de la sentida necesidad de recomponer urgentemente la muy deteriorada imagen de un gobierno incapaz de gestionar la mayor crisis humanitaria y la recesión económica más grave que ha padecido la sociedad española en muchas décadas. Cuando este gobierno apruebe el anteproyecto de ley de Memoria Democrática en las próximas semanas, les pido a los ciudadanos españoles que recuerden a los más 100.000 fallecidos que perdieron prematuramente su vida durante el primer año y medio de esta tan democrática XIV Legislatura. Y cuando el presidente les hable de un rosado futuro económico en 2030 o 2050, que recuerden que el PIB registró una caída de 10,84% en 2020, la mayor de todas las grandes economías desarrolladas y la más severa registrada por la economía española desde la Guerra Civil.

No, con estos ministros y esta pesada carga en su mochila, el presidente no podía acometer la segunda parte de esta funesta XIV Legislatura y aspirar a mejorar los pobres resultados que cosechó en las tres últimas elecciones generales a las que concurrió como secretario general del PSOE y aspirante a presidir el gobierno de España: 78 diputados del PSOE más 7 del PSC en junio de 2016; 111 diputados del PSOE más 12 del PSC en abril de 2019 y 109 diputados del PSOE más 12 del PSC en noviembre de 2019. Quién sabe si quizá en los breves 45 segundos en que acompañó Sánchez al presidente Biden por un pasillo durante la cumbre de la OTAN el pasado 14 de junio, “una primera y pequeña toma de contacto”, el presidente estadounidense le aconsejó remodelar su gobierno y cambiar sus políticas hacia ciertas dictaduras en Hispanoamérica si quería mejorar sus relaciones con Estados Unidos, cuyo presidente, recordemos también, ni siquiera se molestó en devolverle a Sánchez la llamada que éste le hizo para felicitarle tras ser investido presidente.

Soltar lastre

No se han tomado muy bien la crisis algunos de los ministros salientes y otros que han perdido peso. Uno de ellos, con una larga trayectoria como fiel escudero y diligente deshollinador de chimeneas que seguramente se consideraba intocable, ha salido tan escocido que ni siquiera mencionó en su despedida a quien le había nombrado para el cargo. Otra ministra que quizá desconocía los méritos que la habían hecho acreedora de tan alto honor en su día, se marchaba con un amargo regusto en la boca ignorando -¿no era progresista, se preguntaba, estar al lado del Frente Polisario?- por qué había sido cesada ahora. Uno de los que se queda, acostumbrado como jefe de cocina a urdir platos principales con salsa tripartita, ha recibido también con manifiesto malestar ser reubicado como pinche del maestro pastelero en las fiestas de la cultura. Sánchez sabe que dentro de unos días su malestar y descontento se desvanecerán como burbujas de gaseosa y podrá, Covid mediante, contar con “un nuevo equipo para afrontar una recuperación justa, digital, verde y feminista”. ¡Cuánta palabrería vacua!

Como les decía al final de mi artículo de la semana pasada en El Liberal, “el rápido aumento del número de infectados en España en las últimas semanas indica que estamos adentrándonos en la quinta oleada, y ésta sí es una muy mala noticia, tanto por el riesgo que entraña para la salud de todos nosotros, mayores vacunados y jóvenes todavía por vacunar, como porque aleja de nuevo la ansiada vuelta a la normalización de la actividad económica”, y les recomendaba que “no se dejen entontecer por los cantos de sirena”. Esta semana ya hemos escuchado algunos. Sánchez recibió en persona personalmente a von der Leyen, presidenta de la Comisión de la UE, y se congratuló de que recibiremos 9.000 millones en transferencias de la UE antes de finales de julio para promover la transición digital y ecológica. Nadie puede entristecerse cuando le regalan 9.000 millones, pero conviene situar la noticia en el contexto de nuestra muy debilitada economía para valorar su verdadero alcance.

No será fácil

Como he mencionado en el primer párrafo, la recesión que sufrió España en 2020 redujo, según el INE, el PIB en 10,84%, lo que sobre un PIB de 1.244.772 millones en 2019, supone una pérdida de producción real equivalente a 134.933 millones. Este es el montante total en que se han reducido la remuneración de los asalariados, el excedente de explotación bruto y las rentas mixtas de las empresas y los autónomos, y los impuestos ligados a la producción e importaciones de las Administraciones Públicas. No hace falta insistir en que, ante la magnitud de la caída, los 9.000 millones de transferencias en la UE son un paliativo muy ligero para una economía que está también en la UCI, por mucho que el presidente alardee de haber gestionado la crisis con notable. ¡Qué se lo digan a todos los ciudadanos que han visto recortadas de manera tan severa sus rentas o han perdido sus empresas y negocios en 2020 y lo que llevamos de 2021!

Para tener una idea más concreta de la insostenible situación en que se encuentran algunos sectores, como Hostelería y Restauración, golpeados por las restricciones impuestas y el desplome del turismo internacional, conviene tener muy presente que el gasto de los turistas internacionales en los primeros cinco meses de 2021, ascendió, según el INE, a 3.349,17 millones, frente a 11.730,33 en 2020 y 30.566,35 en 2019, el último año en que las actividades en este sector se desenvolvieron con normalidad. La caída resulta escalofriante y el repunte de casos por Covid-19 registrado en las últimas semanas amenaza con frenar la incipiente recuperación que había registrado el turismo internacional en los meses de abril y mayo, los últimos para los que disponemos de cifras. Ya me contarán qué efecto siquiera indirecto puede tener para los empresarios y trabajadores afectados en estos sectores los 9.000 millones de la UE, después de 17 meses de cierres, restricciones horarias y la perspectiva de un nuevo fiasco este verano.

El presidente puede cambiar a los subalternos de su cuadrilla y hacer promesas gratuitas a futuro sobre cuyo incumplimiento nadie podrá pedirle cuentas, pero hay dos hechos incontestables sobre los que los españoles sí podemos y debemos pedirle cuentas. En primer lugar, Sánchez incumplió la promesa hecha a sus electores de que no formaría un gobierno de coalición con Unidas Podemos, sustentado por la variopinta fauna de partidos nacionalistas y secesionistas cuyo único nexo entre ellos es acabar con la España de ciudadanos libres e iguales constituida en 1978. En segundo lugar, la incapacidad del gobierno para atajar la epidemia en el primer semestre de 2020 ha constituido un fracaso de gestión estrepitoso, tanto por el elevado número de víctimas como por las cuantiosas pérdidas que ha ocasionado a la sociedad española. Quien no supo comprender que la única manera de evitar la catástrofe humanitaria y económica que se cernía sobre nosotros requería adoptar medidas eficaces para controlar con rapidez la epidemia y evitar nuevas oleadas, no merece ser un día más presidente del gobierno de España.

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No ganamos la Eurocopa, aunque nos quedó un buen sabor de boca

Adjunto enlace a mi último artículo publicado desde el Observatorio Económico y Social de Cataluña (OBESCAT) en el diario El Liberal el 10 de julio de 2021. Agradezco de antemano su ayuda para difundirlo entre sus amigos y conocidos:

La Eurocopa 2020 se acerca a su punto final y sólo dos equipos representando a Inglaterra e Italia tienen ya la posibilidad de conquistarla el próximo domingo. Varios pretendientes de posibles como Alemania, Bélgica, Francia y Portugal con equipos cargadas de estrellas quedaron apeados en cuartos de final. Inglaterra, el equipo que, pese a jugar casi todo el campeonato en casa había pasado la fase de grupos por los pelos, con dos victorias por la mínima (1-0) frente a Croacia y Chequia y un empate a cero con Escocia, arrolló a Dinamarca en la segunda parte y la prórroga del partido de semifinales. Paradójicamente, los daneses que habían cuajado un excelente campeonato -a excepción del primer partido de la fase de grupos en que su estrella Eriksen cayó fulminado en el campo jugando contra Finlandia-, desfallecieron en Wembley mientras la hinchada inglesa, sin mascarillas ni distancia de seguridad alguna, empujaba a su escuadra hacia la victoria en tanto el número de casos totales por Covid-19 seguía disparado en las islas.

La primera semifinal que enfrentó a españoles e italianos resultó mucho más equilibrada. España se enfrentaba a un equipo que había sorprendido practicando un fútbol veloz y ofensivo hasta ese momento y que contaba con todos sus efectivos disponibles a excepción de Spinazzola, caído en cuartos de final frente a la coriácea y algo ruda Bélgica. No se amilanaron los españoles ante el envite, tuvieron el control del balón durante un buen trecho de la primera parte y contaron, como en partidos anteriores, con varias ocasiones que no materializaron por falta de acierto a la hora de rematar la faena. Aunque Italia sólo había dejado destellos de su peligrosidad en un par de ocasiones y apenas había inquietado la portería de Unai Simón, culminó tras la reanudación un veloz contrataque con un gran gol de Chiesa en el minuto 59.

El partido se ponía cuesta arriba para la selección dirigida por Luis Enrique que, sin embargo, se sobrepuso, fiel al estilo de juego que había desarrollado hasta entonces, y mantuvo la compostura pese a que cada minuto que pasaba nos acercaba al inmerecido desenlace. En el minuto 60, Morata, al que incomprensiblemente el seleccionador español había dejado en el banquillo, sustituía a Ferran Torres, y nueve minutos más tarde Rodri y Moreno, reemplazaban a un desfondado Koke y a un poco acertado Oyarzabal. Italia a punto estuvo de cerrar el partido en un mano a mano de Berardi con Unai y Morata finalizaba en el minuto 79 una excelente jugada que él mismo había iniciado, y a pase de Olmo marcaba un gran gol que ponía las cosas en su sitio.

España atacó incansablemente hasta que sonó el pitido final en la segunda parte de la prórroga, mientras la escuadra italiana defendía con todos sus efectivos el asedio de España, buscando descaradamente decidir la pugna en la tanda de penaltis. Le salió bien la apuesta al equipo de Mancini, porque los fallos de Olmo y Morata, los dos protagonistas de la jugada del gol de España, desde los once metros dieron al traste con el sueño de estar en la final en Wembley el próximo domingo. Nada hay que reprochar a quienes saltaron al campo frente a Italia, si bien algunos aficionados no entendimos la decisión de Luis Enrique de dejar en el banquillo a Morata y Moreno, los dos delanteros con mejores estadísticas goleadores esta temporada, y completar el tridente atacante con Oyarzabal y Ferran Torres. Como mero aficionado al balompié con muchas eurocopas y mundiales a la espalda, entiendo que ni la trayectoria futbolística de estos dos jugadores, ni las temporadas completadas por ambos en sus clubes respectivos, Real Sociedad y Manchester City, ni sus actuaciones en otros partidos de la Eurocopa 2020, avalaban una apuesta tan arriesgada. Consciente de que a toro pasado resulta fácil corroborar las prevenciones y apuestas personales, y de que de éstas hay al menos tantas como aficionados, lo cierto es que la entrada de Morata hizo más incisiva a la selección española que logró empatar el partido y estuvo muy cerca de hacerse con la victoria.

Pueden, en todo caso, volver todos los seleccionados a casa muy orgullosos de haber competido casi hasta el final y haber terminado entre las cuatro mejores selecciones europeas. Me atrevo a decir que, en pocas profesiones si existieran competiciones internacionales donde medir nuestras habilidades, llegaríamos los españoles tan lejos. Especialmente agradecidos debemos estar los aficionados al gran Sergio Busquets, sin duda, uno de los baluartes de la selección española, cuyas actuaciones en este torneo han demostrado que la experiencia de un veterano, cuajada con los mayores éxitos tanto con la selección como con el Barcelona, aporta solidez y visión de juego a un equipo renovado. El joven Pedri, a su lado, demostró una gran madurez y solvencia en el manejo del balón, y se vislumbra como el ansiado reemplazo del añorado Xavi en el centro del campo. Esperemos que las lesiones respeten a Morata de aquí al próximo mundial, y el jugador pueda tener la continuidad que no ha logrado ni en el Atlético de Madrid ni en la Juventus en las dos últimas temporadas. Y ojalá que alguno de los delanteros que le han acompañado en la Eurocopa 2020, o de los que se quedaron en casa, mejoren su efectividad goleadora y resulten más determinantes en el próximo mundial.

Volviendo a la pregunta que formulaba en el título de mi artículo (“Ganará España la Eurocopa 2020 en 2021?”) de hace cuatro semanas en este diario, la incógnita ya está resuelta y podemos responderla sin temor a equivocarnos: España no ha ganado el torneo, pero su desempeño nos ha dejado un buen sabor de boca a los aficionados, futbolísticamente hablando. Porque en lo tocante a otros temas más serios, la pandemia por Covid-19 que obligó a retrasar el torneo a 2021 está muy lejos de haber sido controlada. El rápido aumento del número de infectados en España en las últimas semanas indica que estamos adentrándonos en la quinta oleada, y ésta sí es una muy mala noticia, tanto por el riesgo que entraña para la salud de todos nosotros, mayores vacunados y jóvenes todavía por vacunar, como porque aleja de nuevo la ansiada vuelta a la normalización de la actividad económica. No se dejen entontecer por los cantos de sirena, cuídense mucho, aunque estén vacunados, y disfruten el verano a su manera sin levantar la guardia.

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