Empresarios en el diván

Artículo publicado en El Economista el 23 de octubre de 2017

(http://www.eleconomista.es/economia/noticias/8692690/10/17/Empresarios-en-el-divan.html)

Comités de Defensa del Referéndum  en un centro de votación el 1-O.

Desde el simulacro de referéndum que se celebró el 1 de octubre, se ha producido un éxodo imparable de empresas desde Cataluña al resto de España. El pistoletazo de salida lo dieron el Banc de Sabadell, la cuarta entidad financiera española, y CaixaBank, la emblemática caja surgida de la fusión de la Caja de Pensiones y Caja de Barcelona en 1990 que, tras su fulgurante expansión por toda España, se encaramó al tercer puesto del ranking bancario. En tres semanas, son 1.185 las sociedades (incluidas casi todas en el Ibex 35) que han trasladado su sede social (y la fiscal en bastantes casos) sin que ningún sector productivo (agricultura, industria, construcción y actividades inmobiliarias, finanzas, seguros, comercio, ocio, etc.) se haya librado de la desbandada. Al éxodo societario, hay que sumar la legión de catalanes que, preocupados ante la perspectiva de un futuro muy incierto, prefieren llevarse sus depósitos bancarios, fondos de inversión, carteras de valores, planes de pensiones, etc., a sucursales de sus entidades en otras Comunidades. Salir de la UE y la Eurozona no es una broma.

Relaciones de poder

Aquello que los independentistas afirmaban que nunca sucedería en Cataluña ha irrumpido en la escena, antes incluso de que el Parlament proclame la independencia, con la violencia de un ciclón, y amenaza con dejar en los huesos a la economía catalana. Desde luego quienes han quedado mal parados son los economistas que mayoritariamente consideraban la opción más deseable constituir un estado propio. También les resultará difícil explicar lo acaecido a los ‘podemitas’ porque si los políticos fueran, como ellos sostienen, meros administradores del gran capital, resultaría inconcebible que tres políticos de tan corto alcance como Puigdemont (CDC-PDR-Cat), Junqueras (ERC) y Gabriel (CUP), faltos de cualquier apoyo internacional, sigan al frente del gobierno de la Generalitat y del Parlament de Cataluña, mientras los empresarios abandonan el barco remando en botes salvavidas. ¿Qué ha ocurrido en la sociedad catalana, cuyos habitantes disfrutan de una renta per cápita el 23% superior a la del resto de españoles y el 6% mayor que la media de la UE, para que se desencadene una crisis política y social de esta envergadura?

Félix Millet recibiendo de Pujol la orden de Sant Jordi.

La relación entre los poderes político y económico resulta mucho más compleja y fluida de lo que reconocen los postmarxistas indignados. Durante 23 años, el gobierno de la Generalitat utilizó todos los instrumentos a su alcance, desde la capacidad normativa e inspectora a los crecientes presupuestos de la Generalitat y sus empresas públicas, para establecer un entramado de intereses y redes clientelares donde la cercanía al poder y la sintonía con el partido de Pujol resultaban decisivas para ganar adjudicaciones de obras públicas, obtener contratos de servicios y concesiones administrativas, recibir subvenciones públicas, etc. La actuación de Ferrovial en el caso Palau constituye un ejemplo paradigmático de cómo empresas privadas se veían presionadas, para obtener adjudicaciones de obras, a realizar donaciones al consorcio del Palau de la Música presidido por Millet, quien a su vez financiaba ilegalmente a CDC, el partido de Pujol, Mas y Puigdemont. Este complejo entramado ha condicionado notablemente la actitud de los principales actores económicos en Cataluña.

Turull con Homs, y (Oriol) Pujol, arropando a Daniel Osàcar, secretario personal de Mas (2000-2005) y tesorero de CDC (2005-2011) en el Parlament. Osàcar fue imputado por cobrar comisiones a empresarios que se destinaban a financiar a CDC y a sus fundaciones. ¡La nueva Cataluña!

Sinfonía de empresarios

Bonet, presidente de Freixenet y de la Cámara de Comercio de España-

Con las notables excepciones de Bonet, presidente de Freixenet y de la Cámara de Comercio de España, y de Lara, patriarca presidente del Grupo Planeta, la mayoría de líderes empresariales optaron por mantener un prudente silencio o una calculada equidistancia, incluso cuando Mas y Junqueras alcanzaron, después de la consulta del 9-N en noviembre de 2014, un acuerdo para proclamar la independencia en 18 meses. Pese a que la independencia había dejado de ser una ensoñación romántica a comienzos de 2015, sólo contados empresarios y ejecutivos (como Gallardo de Almirall, Palatchi de Pronovias y Piqué, ex–presidente de Vueling) se han atrevido a salir del armario mientras la mayoría encontraba refugio en la esperanza de que la racionalidad económica y el diálogo acabarían imponiéndose al desvarío político. Entre las asociaciones empresariales, sólo Empresaris de Catalunya ha ido más allá de llamar el diálogo (Foment, Circle d’Economía) y ha subrayado una y otra vez los enormes riesgos y graves perjuicios económicos que la independencia ocasionaría a los catalanes.

En los últimos años, hemos visto también a numerosos empresarios y altos directivos (Grifols de Grifols; Carulla y Tomás de Agrolimen y Ara; Alemany de Abertis; Daurella de Coca-Cola European Partners; Sumarroca de Teyco; Cornadó de Copisa; Massot de Vertix; Raventós de Unipost, etc.), y dirigentes de algunas patronales (González de Pimec y Abad de Cecot) y sindicales (Gallego de CC.OO. y Álvarez UGT) coquetear con el ‘derecho a decidir’ –un eufemismo tras el que los dirigentes de CDC y su fundación FemCat camuflaron durante algún tiempo sus aspiraciones secesionistas–, y hasta mostrarse comprensivos con las resoluciones y leyes, contrarias a la Constitución y al Estatut, aprobadas en el Parlament de Cataluña. Algunos rectificaron y han ido tomando distancia con el gobierno de la Generalitat, a medida que se radicalizaba de la mano de ERC y la CUP, pero otros han mantenido su respaldo pese a la ilegalidad flagrante en que se adentró a partir del 6 de septiembre de 2017.

Álvarez (UGT Catalunya), Casals (Omnium Cultural) y Gallego (CCOO Catalunya) haciendo campaña a favor del derecho a decidir y la consulta.

Empresarios a fin de cuentas

Puigdemont y Gabriel celebrando su acuerdo para constituir una república independiente.

No conviene pedir peras al olmo. A la postre, la mayoría de los empresarios se ha comportado como cabría esperar de su condición: hicieron lo posible por mantener la rentabilidad de sus empresas mientras crecía la inestabilidad política y la inseguridad jurídica en Cataluña, y han hecho las maletas para salvaguardar los intereses de directivos y accionistas en cuanto se materializó la posibilidad de que la Generalitat declare la independencia. Quizá lo único que pueda reprochárseles es no haber explicado a los boquiabiertos catalanes, testigos incrédulos de la salida en tromba de sus empresas, que les engañaban miserablemente quienes les prometían una mejora sustancial de su nivel de vida tras consumarse la independencia. La ‘cuestión catalana’ se ha ido agravando progresivamente y la mayoría de empresarios y ciudadanos sólo aguardan ya a que el Gobierno de España restablezca la estabilidad política y la seguridad jurídica en la Comunidad Autónoma. Esperemos que lo haga con prontitud y evitando en lo posible futuras recaídas.

Los candidatos de Junts pel SÍ han engañado miserablemente a los catalanes mientras los empresarios guardaban silencio.

 

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155, ¿para qué?

Artículo publicado en el diario Expansión el 19 de octubre de 2017

Puigdemont firmando la declaración de independencia en el auditorio del Parlament el 10 de octubre de 2017.

La contestación de Puigdemont al requerimiento del Gobierno de que aclarase si declaró o no la independencia de Cataluña en su comparecencia en el pleno del Parlament el 10 de octubre llegó al filo de las 10 de la mañana del 16, poco antes de que expirara el plazo de 4 días concedido. No tengo ninguna duda de que Puigdemont consumirá también el plazo de 3 días que restan para que el Gobierno aplique el artículo 155 de la Constitución que tanta notoriedad ha adquirido en las últimas semanas. Se trata de un artículo muy abierto que establece que “si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en caso de no ser atendido con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar todas las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general”.

Incumplimiento flagrante

Tras votar la ‘ley’ del referéndum de autodeterminación con el Parlament semivacío. Una diputada de Colau retirando las banderas de España.

A estas alturas, la inmensa mayoría de los ciudadanos no tiene ninguna duda de que el gobierno de la Generalitat y la mayoría de Junts pel Sí y CUP que lo sostiene en el Parlament han incumplido la Constitución, el Estatut y otras leyes del ordenamiento jurídico, entre las cuales podrían citarse la Ley Orgánica del Régimen Electoral General y la Ley de Seguridad Nacional. Lo han hecho, además, con plena conciencia y de manera reiterada al aprobar sucesivas resoluciones e incluso leyes que, como la “ley del referéndum de autodeterminación”, aprobada el 6 de septiembre, instauraba un estado de excepción y anulaba cualquier norma con que pudiera entrar en conflicto, y sobre cuya patente inconstitucionalidad habían sido advertidos por tanto por el Tribunal Constitucional como por los letrados del Parlament. Dos días después, el Parlament aprobó la “ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la república” que regulaba el proceso constituyente a poner en marcha tras la celebración del referéndum.

El gobierno que preside Puigdemont está fuera de la ley al menos desde el 6 de septiembre, incluso si se concede que el “asumo el mandato del pueblo para que Cataluña se convierta en un Estado independiente en forma de república”, no constituye lo que a todas luces pretendió ser, una declaración unilateral de independencia, suspendida unos segundos después por el propio Puigdemont para abrir un período de negociación de dos meses con el Gobierno. Cada día que pasa, resulta más evidente que el gobierno de la Generalitat está en manos de agitadores irresponsables que cuentan con insuficiente respaldo social y político en Cataluña, en España, en la UE y en la ONU, de ahí su desesperada pirueta de proclamar la república, suspenderla y apelar a una imposible negociación con mediadores internacionales.

Su descabellado plan consiste en aumentar la inestabilidad política en España con la vana esperanza de que los daños colaterales –caídas en bolsa, subida de la prima de riesgo, huida de la inversión extranjera, etc.– eleven la presión internacional sobre el Gobierno español y éste se avenga a negociar la independencia de Cataluña. De momento, sólo han conseguido que las principales entidades financieras y centenares de empresas no financieras –incluidas algunas que habían mostrado simpatía hacia al locuaz gobierno de la Generalitat– hayan trasladado su sede social a otras CC. AA., y que el turismo internacional haya caído en picado. ¿De veras creen Puigdemont y Junqueras que un empeoramiento de las perspectivas económicas de España amenizado con caceroladas va a granjearles simpatía alguna en las instituciones de la UE? Nadie verá nunca con buenos ojos a un gobierno regional que además de incumplir la ley pretende revisar las fronteras históricas de España y Francia.

Comisión Europea en Bruselas.

155 Sí o Sí

La vicepresidenta del Gobierno denunciando la bochornosa sesión en el Parlament el 6 de septiembre de 2017.

El Gobierno tendrá que aplicar el artículo 155 el próximo jueves, bien porque Puigdemont levante la suspensión de la declaración de independencia en el último minuto, bien como es más probable porque deje pasar el plazo reiterando su ofrecimiento de reunirse con Rajoy para negociar los términos de la independencia. Pocos deben estar al tanto de la secuencia de medidas que adoptará el Gobierno para restaurar el orden constitucional, aunque tras la experiencia del 21-S y el 1-O espero que no esperen colaboración leal de los Mozos que, presumo, volverán a actuar como fuerzas de interposición para asegurar el éxito de la huelga general y la consiguiente toma de las calles por los ‘comités de defensa del referéndum’ (CDR), reconvertidos en ‘comités de defensa de la república’, integrados por militantes de la ANC-ERC, Omnium-PDE-Cat y CUP. Más dudas existen sobre la capacidad de estas células para hacerse con el control de fronteras, aeropuertos y puertos, centrales eléctricas, etc., acciones contempladas en documentos de la ANC y CUP.

Miembros de Arran y CUP quemando las banderas de España, Francia y la UE el 11 de septiembre de 2017.

En cuanto al alcance de las medidas a adoptar tras invocarse el artículo 155, hay notables disensiones dentro del bando constitucionalista. Ciudadanos pretende que el Gobierno lo utilice para convocar elecciones inmediatamente, incluso a riesgo de que la composición del Parlament resulte similar a la actual. El PSOE, por su parte, ha manifestado que exigirá consensuar el alcance y la duración de cada una de las medidas. El PP es el único partido que defiende, sin más, aplicar las medidas necesarias para restablecer el orden constitucional. Pero si la salida de la gravísima situación a que hemos llegado exige adoptar una medida evidentemente extraordinaria, aunque contemplada en la Constitución, resultaría una incongruencia no atajar las circunstancias que nos abocaron a ello y encontrarnos de aquí a unos meses en parecida situación.

Rajoy con Sánchez en La Moncloa el 7 de septiembre de 2017.

Mozos de Escuadra increpando a efectivos de la Policía Nacional el 1-O.

Sin pretender ser exhaustivo, enumeraré cuatro o cinco objetivos esenciales para este período de transición. Primero, asegurar la neutralidad política de los Mozos de Escuadra y establecer una línea de mando que asegure su compromiso inequívoco con el mantenimiento del orden constitucional y su coordinación con el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Segundo, constatar que la Generalitat no ha desviado recursos públicos a financiar directa o indirectamente actividades inconstitucionales y establecer mecanismos de control del gasto que lo dificulten en el futuro. Tercero, establecer límites muy precisos a las actividades de la consejería de relaciones ‘exteriores’ que todavía dirige Romeva, y proceder a desmantelar las ‘embajadas’ y el consorcio Diplocat. Cuarto, examinar las finanzas del entramado mediático (TV3, Catalunya Radio, televisiones y radios locales, etc.) y asociativo (ANC, Omnium, AMI y AMC) que han patrocinado activamente el proceso de secesión desde al menos septiembre de 2009. Quinto, asegurar la neutralidad del sistema educativo incluyendo el castellano como lengua vehicular y adoptando medidas para impedir la incitación al odio y el adoctrinamiento en los centros escolares y libros de texto.

Sánchez, presidente de la ANC, con Cuixart, presidente de Omnium Cultural, conocida también como Odium Gutural.

 

Los acosadores de Balaguer. “Escuela en catalán no acatamos”.

 

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Manifiesto 12 de octubre 2017

Puigdemont firmando la declaración de independencia en el auditorio del Parlament el 10 de octubre de 2017.

Hace sólo dos días, Puigdemont amagó con proclamar la independencia en el Parlament de Cataluña. Al final, parece que le temblaron las manos y las piernas, y la declaración unilateral de independencia quedó reducida a una confusa pantomima, más propia de patio de colegio que de sede parlamentaria. Después de ver a los dirigentes secesionistas tensar la cuerda al máximo y empujarnos al borde del precipicio, hemos aprendido que su capacidad para engañar a los catalanes y conculcar incluso sus ‘leyes’ fundacionales es ilimitada. La secesión de Cataluña ni se consumó anteayer ni se consumará pasado mañana pero vamos a necesitar bastante tiempo para que las instituciones políticas recobren el pulso democrático y cicatricen las heridas abiertas.

Tras votar la ley del referéndum de autodeterminación con el Parlament semivacío. Una diputada de Colau retirando las banderas de España.

Las diferencias ideológicas y políticas son legítimas y hasta deseables en democracia, siempre, claro está, que se diriman dentro de los cauces previstos en la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico. Desafortunadamente, el gobierno de la Generalitat y la escuálida mayoría que lo sostiene en el Parlament de Cataluña decidieron saltárselos hace tiempo y el resultado ha sido la creciente inestabilidad política, inseguridad jurídica e incertidumbre económica que padecemos. La desbandada de entidades financieras y empresas, y la salida de capitales que ha provocado el mero anuncio de la intención del gobierno de la Generalitat de proclamar la república catalana demuestran, además, que la secesión es un negocio ruinoso para los catalanes.

Las hordas convocadas por la ANC-ERC y Omnium-PDE-Cat destrozando los vehículos de la policía judicial en Barcelona.

La convivencia ha sufrido también un grave deterioro, gracias a los dirigentes de las principales asociaciones secesionistas que, con sus incitaciones al odio y a la desobediencia y la actuación violenta de sus “comités de defensa del referéndum y de la república” han propiciado los enfrentamientos entre catalanes y el acoso a las fuerzas y cuerpos de seguridad vividos en las últimas semanas. Para los constitucionalistas, el orgullo de ser catalán es perfectamente compatible con el de ser español y europeo, y con el mantenimiento de relaciones cordiales con nuestros familiares, vecinos, socios y compatriotas. Advertía Antonio Machado, a este respecto, que desconfiemos de quienes afirman ser gallegos, vascos o extremeños antes que españoles, porque son españoles incompletos. Los secesionistas, con su prepotencia y sectarismo, son catalanes incompletos.

Concentración y manifestación en Barcelona el 30 septiembre 2017.

La manifestación del pasado 30 de septiembre y, sobre todo, la histórica manifestación del 8 de octubre en Barcelona han puesto de manifiesto que la mayoría de catalanes queremos restablecer la normalidad democrática y la convivencia cordial, entre nosotros y con el resto de los españoles. Juntos hemos hecho camino en libertad, concordia y prosperidad desde 1978 y no vemos mejor alternativa que continuar progresando juntos. Por eso, amigos, nos hemos citado aquí hoy para celebrar la Fiesta Nacional de la España donde todos cabemos, abierta a Europa y a Hispanoamérica, y para proclamar nuestra determinación de seguir siendo una sociedad de ciudadanos libres e iguales, fraternal y solidaria. Queremos que Cataluña, como dijo nuestro Nobel Vargas Llosa el pasado domingo, vuelva a ser la sociedad abierta, plural y acogedora que nos cautivó un día y la hicimos para siempre nuestra. Como coreaban los manifestantes el pasado domingo: Cataluña es España y España es Cataluña.

Manifestación en Barcelona el 8 de octubre de 2017.

Todos juntos, democrática y pacíficamente, decidiremos nuestro futuro. Firmeza democrática frente al golpismo delirante.

¡Viva Hispanoamérica!

¡Viva la Unión Europea!

¡Visca Cataluña!

¡Viva España!

En Barcelona, a 12 de octubre de 2017.

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Del chantaje a la tregua y al pánico

Artículo publicado en el diario Expansión el 11 de octubre de 2017

La histórica manifestación que tuvo lugar el 8 de octubre en Barcelona, respaldada por todas las asociaciones que han organizado las celebraciones de la Fiesta Nacional del 12 de octubre en Barcelona desde 2012, permitió constatar que la mayoría de los catalanes, respetuosos y callados hasta ahora, están dispuestos a defender la Constitución y el Estatut de Cataluña. Centenares de miles salieron a la calle, convocados en pocas horas, para reclamar “Democracia, Democracia, Democracia”, como rezaba una de las pancartas, y agradecer la sacrificada labor de la Guardia Civil y la Policía Nacional que la están defendiendo en circunstancias dificilísimas, mientras los mandos de los Mozos de Escuadra respaldan el golpe de estado que se inició el 6 de septiembre en el Parlament de Cataluña. La prepotente televisión del régimen (TV3), en un gesto que la acerca todavía más a las de Honecker y Ceacescu, afirmó que la manifestación había sido convocada por organizaciones de ultraderecha y Falange. ¡Qué más quisieran! No, señores, no: esto va de libertad y democracia, amordazadas y secuestradas por el régimen nacional-secesionista, cuya falta de respeto al pluralismo político lo acerca más, cada día que pasa, a los opresivos regímenes totalitarios.

Efectivos de la Guardia Civil abandonando los hoteles mientras son acosados.

Del chantaje a la tregua

Puigdemont con todos sus consejeros en su comparecencia la noche del 1-O.

La noche del 1-O, Puigdemont compareció ante los medios con su gobierno en pleno para anunciar que ‘millones de catalanes’ habían votado –nadie sabe cuántos, dónde ni cuántas veces–  y el ‘pueblo’ de Cataluña se había ganado el derecho a tener un estado propio en forma de república. ¿Será cierto que la finalidad última de todas las decisiones irresponsables que han ido adoptando Mas y Puigedemont en los últimos años era forzar al Gobierno de España a aceptar una mediación internacional? ¿En serio pensaban que la violencia desplegada por los comités de defensa del referéndum (CDR) –organizados por ERC-ANC, CDC-Omnium y CUP– el 1-O iba a inclinar a su favor la balanza? Da miedo pensar que desconocen hasta ese punto la fortaleza del Estado de Derecho y cómo funcionan la UE, en particular, y la comunidad internacional, en general.

Ejemplar comportamiento democrático en el 1-O.

Mas votando el 1-O.

El 6 de octubre, Mas sorprendía, tal vez más a propios que a extraños, con unas declaraciones en las que reconocía que Cataluña no está preparada para la “independencia real”. ¿Para la virtual, entonces, Sr. Mas? ¿Acaso los análisis del Consell Assesor per la Transició Nacional que aseguraban que todo estaba a punto para convertir Cataluña en la Holanda del Sur o Dinamarca eran sólo una broma pesada? ¿No han completado ya con la Agencia Tributaria y la Agencia de Protección Social la arquitectura de la república? ¿A qué esperan para repartir los 44 millones del dividendo fiscal que el AVE se lleva a Madrid cada día? Seguro que a más de un catalán que escuchó a Mas afirmar que los bancos no sólo no se marcharían sino que se darían codazos por venir a Cataluña, se le habrá quedado cara de bobo estos días al ver como Sabadell y

Sede central de "la Caixa" en Barcelona.

Sede central de “la Caixa” en Barcelona.

Caixabank hacían las maletas. Mas y Puigdemont han vuelto a engañar miserablemente a los ingenuos ciudadanos que votaron el 9-N y acudieron de nuevo a votar el 1-O.

Vila, consejero de Empresa, pidiendo una tregua.

Vila, consejero de Empresa y corresponsable de todas las iniciativas del gobierno de Puigdemont, ha pedido una tregua para dar una última oportunidad al diálogo antes de declarar unilateralmente la independencia. Algunos quizá habrán visto en este gesto un atisbo de recuperación del sentido común por parte de un miembro del gobierno de la Generalitat. Craso error porque, quienes han provocado esta confrontación que se ha llevado por delante la convivencia y amenaza la recuperación económica, sólo pretenden ganar tiempo para seguir controlando la caja de la Generalitat y volver a las andadas en cuanto se presente una coyuntura favorable. Estamos ante una pandilla de agitadores irresponsables que llevan demasiados años jugando con los sentimientos de los ciudadanos y tensando la vida pública hasta límites insoportables e inadmisibles en democracia. Ahora que ven las orejas al lobo, sacan bandera blanca. Demasiado tarde, apechuguen con las consecuencias.

Puigdemont, Junqueras y Mas desafiando al TSJC.

Sálvese quien pueda

La desbandada de entidades financieras, empresas no financieras y salida de capitales que está produciéndose en Cataluña durante los últimos días demuestra que las alertas que lanzábamos algunos economistas desde hace bastantes años no pretendían asustar a los catalanes –agitadores del miedo era la expresión con la que nos descalificaban nuestros colegas partidarios de la independencia–, sino advertirles que la secesión era un pésimo negocio. Cataluña ha tenido su principal mercado en el resto de España durante casi tres siglos y la diversificación del comercio que se ha producido, tras la adhesión de España a la CEE en 1986 y la puesta en marcha del Mercado Único en 1992, si bien la han mitigado, no ha alterado sustancialmente la situación. El resto de España sigue siendo a gran distancia el principal destino de las exportaciones de bienes y servicios producidos en Cataluña y el saldo acumulado de la balanza de bienes y servicios con España ascendió, según el Instituto de Estadística de Cataluña, a 251.969 millones de euros en el período 2000-2016.

Rosell, presidente de la CEOE, y Bonet, presidente de Frixenet y de la Cámara de Comercio, advierten del riesgo de que Cataluña quede fuera de la UE y la Eurozona.

Pocas cosas retraen más a inversores y empresarios que la inestabilidad política, la inseguridad jurídica y la perspectiva de una salida de la UE y el gobierno de Puigdemont ha preparado un cóctel explosivo agitando bien las tres. De nada va a servir, Sr. Vila, añadir un poco de hielo a la mezcla: sólo Puigdemont, la CUP y en menor medida ERC parecen dispuestos a beberse la pócima. Quienes no están por la labor son los financieros, los empresarios y los ciudadanos de a pie que han puesto pies en polvorosa, incluso antes de que Puigdemont se encierre en el Parlament para proclamar no se sabe muy bien qué: la independencia, la independencia diferida o la postindependencia. De lo que sí podemos estar seguros es que Cataluña es ya hoy una Comunidad más cerrada y más pobre que hace unos días y que la situación puede agravarse con consecuencias quizá irreversibles en las próximas semanas.

Junqueras y Rovira anunciando su nuevo país para todos los que piensan como ellos.

Hace falta ser bastante iluso para llegar a creerse que el Gobierno de España iba a permitirles quedarse con un trozo de su territorio y mantener secuestrados a varios millones de españoles. Hace unos días Cuixart, presidente de Omnium Cultural, crecido tras su estelar actuación el 21 de septiembre ante la Consejería de Economía, explicaba que Cataluña, como cualquier hijo crecido quiere independizarse, un manido argumento que como el del divorcio civilizado  expuso  reiterdamente Mas cuando inició su deriva independentista en 2012. La comparación no puede ser más desafortunada porque nadie impide a Cuixart abandonar España: le sugiero que traslade Omnium Cultural a una isla desierta para vivir una catalanidad plena. Puede usted abandonar el hogar familiar (España) cuando desee pero no olvide al salir dejar la llave sobre el mueble de la entrada. La directiva del Barça que se ha posicionado también en numerosas ocasiones a favor de la independencia lo tiene incluso más fácil, puesto que sus clubes no están obligados a participar en las ligas españolas. Dejen ya de dar la tabarra.

Sánchez, presidente de la ANC, con Cuixart, presidente de Omnium Cultural, conocida también como Odium Gutural.

Pero volviendo al asunto principal: los independentistas deberían saber que ningún Gobierno responsable, ni hoy ni mañana ni pasado mañana, va a permitir al gobierno de la Generalitat saltarse la Constitución y apropiarse de una parte del territorio de todos los españoles. Así que no insistan y dejen de dañar la convivencia y perjudicar los bolsillos de todos.

Rajoy y Rivera fotografiados en una de sus últimas reuniones.

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Pacto en la Moncloa

Mas votando el 1-O.

En mayo de 2006, publiqué el artículo “Pacto en la Moncloa” en la revista Temas para el Debate de la Fundación Sistema. En él analizaba el pacto que acababan de cerrar Rodríguez Zapatero, presidente del Gobierno de España, y Artur Mas, delfín de Pujol, y jefe de la oposición en el Parlament de Cataluña, para tramitar la Propuesta de Reforma del Estatut de Cataluña en el Congreso.

Mas en olor de multitudes camino del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

La razón que me ha impulsado a publicarlo hoy en el blog que inicié en 2009 son las sorprendentes declaraciones que hizo el Sr. Mas al Financial Times del 6 de octubre de 2017. En ellas, Mas reconocía que Cataluña no está lista para la “independencia real”.  Quizá ustedes se preguntarán: ¿tanto ruido para tan pocas nueces? ¿Cómo es que la persona que protagonizó el desafío a las instituciones del Estado desde 2012 y eligió a Puigdemont como su sucesor para llevarlo a sus últimas consecuencias –referéndum de autodeterminación e incio del proceso con se echa ahora atrás? Aparte de la amenaza de embargo que pesa sobre Mas, quizá e lector encuentre otra explicación leyendo este artículo.

Pacto en la Moncloa 

Temas para el Debate, nº 138, pp. 62-64, mayo 2006

Rodríguez Zapatero con Artur Mas en La Moncloa.

Los medios de comunicación informaron a los españoles el domingo 22 de enero del pacto en la Moncloa (PEM) que esa misma noche habían alcanzado el Presidente del Gobierno de España, Sr. Rodríguez Zapatero y el Secretario General de Convergencia i Unió (CiU),  Sr. Más i Gavarró. El acuerdo alcanzado por ambos líderes ha servido para que PSOE y CiU, los dos partidos mayoritarios en las Cortes y en el Parlament de la Comunidad Autónoma (CA), respectivamente, hayan introducido durante su tramitación en el Congreso los oportunos recortes al proyecto de Estatut aprobado el 30 de septiembre de 2005 en el Parlament. El referéndum de ratificación que se anuncia para finales de junio pondrá así punto y final a casi tres años de enconados debates teológico-políticos, con un sustantivo trasfondo económico, que han sido seguidos, todo sea dicho, con gran indiferencia por la mayoría de los catalanes.

Maragall con Zapatero haciendo de Don Tancredo en el balcón del Palau de la Generalitat, con Montilla y un sonriente Carod-Rovira (ERC).

Incluso el observador menos avispado podía anticipar que el PSOE, un partido que aspira a seguir gobernando España la próxima legislatura, estaba abocado a recortar sustancialmente el contenido de un proyecto que recogía la mayoría de las aspiraciones del nacionalismo independentista durante su tramitación en las Cortes. En mi artículo Realidad Social y Estatuto (El País, 17 enero 2006), mantuve que así sería y pronostiqué también que los nacionalistas aceptarían esos recortes, siempre que ello supusiera más recursos para la Generalitat y reforzara su posición negociadora en su inexorable marcha hacia la independencia. La única duda que quedaba por despejar era si los dos partidos nacionalistas, CiU y ERC, se mantendrían unidos durante la negociación en las Cortes, o, si por el contrario, buscarían un acuerdo por separado que les diera protagonismo a corto plazo y reforzara sus expectativas electorales. La duda se despejó el 22 de enero. Desde ese momento las dos formaciones pugnan en los medios de comunicación por demostrar cuál de ellas es más nacionalista: la que aceptó el aumento de sueldo o la que lo rechaza por insuficiente y exige además una paga extra y el aguinaldo.

 Motivaciones

Maragall y Mas aplaudiendo tras aprobarse la Propuesta de Reforma del Estatut de Cataluña el 30 de septiembre de 2005.

Se han hecho todo tipo de cábalas sobre las motivaciones que impulsaron a los líderes del PSOE y CiU a cerrar con tanta rapidez el PEM, a espaldas de sus compañeros de viaje e incluso de partido. ¿Es acaso el PEM la obra consumada de dos líderes responsables, con altura de miras, sabedores de que, llegada la hora de la verdad, toca abandonar las posiciones enrocadas, los cuidados gestos para la galería, y sentar las bases de un entendimiento duradero entre España y la CA de Cataluña? O, ¿estamos, por el contrario, ante una maquiavélica carambola a cinco bandas, ejecutada por el capitán del navío y un alférez díscolo, dos líderes fríos con objetivos contrapuestos, que llegados a un punto de la travesía, olvidan las promesas hechas, soslayan los compromisos adquiridos y ordenan al piloto alejarse del lugar a toda máquina mientras descuelgan por la borda un bote salvavidas con algunos oficiales adormilados?

Mas y Homs celebrando la aprobación del proyecto de Estatut el 30 de septiembre de 2005.

Qué valoración otorguemos los ciudadanos el PEM depende de cuál de los dos escenarios anteriores nos merezca mayor crédito. En el primer caso, el acuerdo constituiría el triunfo de la política con mayúscula, de los principios sobre las estrechas consideraciones partidistas y el rédito electoral inmediato; sería, en suma, el final feliz de una búsqueda ardua y sincera por encontrar un mejor encaje a una sociedad multicultural, la catalana, en un Estado multicultural, el español. Muy distinta consideración merecería el pacto, si estuviéramos ante un desenlace azaroso que aúna circunstancialmente los destinos de dos hombres acosados por la imposibilidad de cumplir sus promesas, ansiosos por deshacerse del pesado lastre que puede hacer zozobrar las expectativas electorales de sus tribus inquietas. Para salir de dudas, vale la pena detenernos un momento a examinar la trayectoria de los artífices del PEM en los últimos tres años.

Maragall con Zapatero al presentar la Propuesta de Reforma del Estatut en el Congreso-

En cuanto al Presidente, es evidente que media un largo trecho desde aquella rotunda y entusiasta afirmación de “aceptaré el Estatuto que apruebe el Parlamento de Cataluña”, hecha el 13 de noviembre de 2003 en plena campaña electoral, hasta la más medida y distante de  “ni rechazo frontal,… ni aceptación sin más”, expresada en León el 2 de octubre de 2005, solo dos días después de la aprobación del proyecto en el Parlament de Cataluña. ¡Un buen trecho y también unas elecciones de por medio que, contra pronóstico, auparon al Sr. Rodríguez Zapatero a presidir el Gobierno de España! El trecho era ya una brecha evidente cuando el Presidente declaraba solemnemente en el Senado el 21 de diciembre de 2005 que “mi único compromiso con el Parlamento de Cataluña [es que] respaldo que haya un (nuevo) Estatuto”. Lo que no sabemos, ni seguramente se sabrá nunca, es si esta metamorfosis del hoy Presidente del Gobierno de España constituye un acomodo oportunista a la nueva realidad de poder surgida de las urnas el 14-M, o una indicación de que el entonces líder de la oposición no podía ni remotamente sospechar que el PSC avalaría un proyecto de Estatut cuyas exigencias en competencias y financiación, por citar dos materias sensibles, iban a suscitar el rechazo de la mayoría de los dirigentes del PSOE y, lo que es más importante, de la mayoría de los españoles.

Rajoy saluda a Rodríguez Zapatero tras ser investido Presidente.

Sea como fuere, lo cierto es que el Presidente tenía que reconducir con rapidez el proyecto, minimizando eso sí su exposición pública, y detener la continuada erosión de las expectativas electorales que a cuenta del Estatuto estaba padeciendo su partido. Para lograrlo, delegó en el Sr. Pérez Rubalcaba las ingratas tareas de organizar maratonianos reuniones de trabajo con tozudos parlamentarios y entretener sagazmente a los medios de comunicación. Entretanto, él se reunía discreta o secretamente en la Moncloa con los líderes de los partidos catalanes que aprobaron el Estatuto, albergando el secreto propósito de cerrar con rapidez un acuerdo con la fuerza nacionalista mayoritaria. Esta era, sin duda, su mejor opción, porque además de librar a su partido de la pesadilla del Estatut, el acuerdo con CiU deja al PSOE en unas condiciones envidiables para gobernar España con el apoyo de la formación nacionalista, si, como es bastante probable, el PSOE no alcanza la mayoría absoluta en las próximas elecciones legislativas.

Pujol nombra a Mas su sucesor al frente de CDC.

La trayectoria recorrida por el Sr. Mas y Gavarró, es mucho más desconcertante para quién no esté al tanto del pragmatismo y las urgencias de la tribu convergente, malacostumbrada a ocupar y vivir de la Administración Autonómica durante dos décadas, a disponer con liberalidad partidista de los recursos públicos  -el reciente escándalo de las encuestas y estudios ocultos realizados con fines electorales  es una pieza menor en la galerías de abusos y despilfarros-, y a financiarse incluso cobrando ilegalmente una comisión del 3% a contratistas privados, según dijo el mismísimo President de la Generalitat, el Sr. Maragall i Mira, en sede parlamentaria (Diari de Sesions, 24-02-2015, pág. 29). Esta cómoda situación que algunos creían vitalicia quedó trastocadas la no alcanzar CiU la mayoría suficiente para gobernar y tomar las riendas de la Generalitat el Gobierno tripartito.

Pujol pregunta: “¿Hemos llegado a Itaca?” Mas le responde: No a Scila y Caribdis.

Al no poder ser elegido President, el Sr. Mas i Gavarró,  pasó a convertirse en el más brioso y exigente nacionalista en el Parlament  a resultas del Estatut. El 28 de septiembre, dos días antes de la aprobación del proyecto en el Parlament, el líder convergente no dudó en amenazar al resto de partidos con descarrilar el proyecto si no se aceptaba el exigente modelo de financiación propuesto por CiU, porque, según recoge el diario de sesiones, el modelo “no podemos desnaturalizarlo: nos jugamos demasiado. Todo el mundo sabe, en nuestro país, que éste, que es el gran tema o ahora lo planteamos bien y lo resolvemos bien o luego lo lamentaremos”. El mismo 30 de septiembre, recién aprobado el proyecto por el Parlament, el líder de CiU declaraba enfáticamente que “si el proyecto de Estatuto Catalán se viera modificado a su paso por las Cortes, el pueblo catalán lo rechazaría, y eso sí sería un drama”.

Artur Mas en el Congreso de los Diputados.

La determinación de defender el proyecto contra viento y marea fue revalidada un mes después, el 2 de noviembre de 2005, con ocasión de la solemne sesión de aceptación a trámite del proyecto en las Cortes. Allí, ante un hemiciclo a rebosar, el Sr. Mas i Gavarró ratificaba mayestáticamente su compromiso inquebrantable con el resto de fuerzas políticas que habían aprobado el proyecto, advirtiendo al presidente del Gobierno que “defenderemos [CiU] el Estatut aprobado por el Parlament en su integridad”. Unas semanas más tarde, el 21 de noviembre, el líder convergente dictaba una conferencia, “Cataluña sin límites: el país que queremos, el país que haremos”, en la que reafirmaba su intención de seguir la hoja de ruta “pasara lo que pasara en Madrid” y advertía “que pediría responsabilidades a quién correspondiera, si falla el Estatuto en la negociación en el Congreso”. Mediado ya diciembre, el Sr. Mas i Gavarró se mostraba incluso más contundente que el Sr. Carod-Rovira, líder de ERC, al juzgar “absolutamente inaceptable” la propuesta de financiación hecha por el Sr. Solbes en nombre del Gobierno, aseverando que “mutila completamente el proyecto” hasta el punto de que “si la llegáramos a aceptar estaríamos peor que con el Estatut de 1979, es decir, sería u autogol”.  El líder de CiU prometió entonces hacer “un esfuerzo titánico para que la propuesta del Parlament, en lo que afecta a la financiación, pueda salvarse con dignidad”. (El País, 17-12-2005) Su posición parecía tan inflexible que al advertirle el President de la Generalitat el 10 de enero que “el Estatuto se puede firmar en las Cortes sin Convergencia i Unió”, el líder convergente respondió con su habitual arrogancia: “un Estatuto que saliera de Madrid sin el voto de CiU perdería consistencia y credibilidad tanto en Cataluña como en España”.

Salgado, Sevilla y Solbes con otros pesos pesados de los gobiernos de Rodríguez Zapatero y González.

Si al Sr. Rodríguez Zapatero se le cruzaron en su camino la Presidencia de España y la intransigencia del PSC, ¿qué ha llevado al Sr. Mas i Gavarró a abrazar lo que antes y después del receso navideño era “absolutamente inaceptable”? El mismo lo ha explicado con toda naturalidad: “Catalunya tenía dos opciones: recortarse las alas el 30 de septiembre para acomodar el Estatut al PSOE o subir el listón a lo más alto. De haber optado por rebajar nuestra reivindicación, ahora no tendríamos un imaginario de futuro para Catalunya. Mi objetivo sigue siendo el texto aprobado por el Parlament. No hemos conseguido alcanzarlo de una sola vez, pero sí que podemos hacerlo mediante dos o tres saltos como el que ahora hemos dado”. (La Vanguardia, 29-01-2006) El Muy Honorable Sr. Pujol i Soley se apresuró también a aclararlo, para evitar cualquier posibilidad de equívoco, al recibir el galardón “especial” de los XVII Premios Sabino Arana en Bilbao el 29 de enero de 2005: el texto que ahora se negocia afirmó el ex President de la Generalitat “no será un texto para muchos años ni será para la generación que ahora accede a la política”. (La Vanguardia, 30-01-2016)

A buen entendedor pocas palabras. El Sr. Pérez Rubalcaba anda ahora muy ocupado en convencer a tanto ciudadano desconcertado e inquieto de que el “Estatuto quedará limpio como una patena” y “durará mucho tiempo”. (El País, 05-02-2006)  Es lo que toca decir y lo que vamos a oír una y otra vez en campañas financiadas con dinero público de aquí a que se celebre el referéndum de ratificación en Cataluña. Pero cualquier ciudadano puede ya anticipar lo que ocurrirá dentro de un par de años en España si el Sr. Rodríguez Zapatero (¡o el mismo Sr. Rajoy, llegado el caso!) no obtiene mayoría absoluta en las elecciones legislativas y ha de contar con los responsables diputados de CiU para formar una mayoría estable en el Congreso. No cuesta imaginar mucho en esa tesitura al Sr. Mas i Gavarró ejerciendo de domador en el hemiciclo madrileño y haciendo restallar el látigo de sus votos mientras ordena a los taimados diputados socialistas: ¡A saltar, a saltar!

¿Alta política o regate en corto? A la vista de lo ocurrido en los últimos meses, más parece el PEM la última cabriola de una política autonómica espasmódica, improvisada por el gobierno de turno cada vez que los partidos nacionalistas catalanes, en un ejercicio de responsabilidad, prestan sus votos para asegurar la gobernabilidad de España. Lo que ni PSOE ni PP, en su ansía por gobernar, parecen haberse preguntado es a dónde nos lleva esta política.

La urna en que votó Artur Mas a favor de la independencia en la consulta del 10 de abril de 2011 a favor de la independencia.

 

Mas burlánose del gobierno español y del Tribunal Constitucional el 9 de noviembre de 2014 ante la embelesada mirada de su esposa.

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Insurrectos y acomplejados

Artículo publicado en el diario Expansión el 7 de octubre de 2017

Mozos de Escuadra increpando a efectivos de la Policía Nacional.

La pasividad de los Mozos de Escuadra el 21 de septiembre, mientras las hordas congregadas por la ANC, Omnium y CUP destruían vehículos de la policía judicial durante el registro de la consejería de Economía, dio una pista de lo que podía ocurrir y sucedió el 1-O: la mayoría de los Mozos incumplió flagrantemente las órdenes de la magistrada Armas de desalojar y sellar los centros de votación antes de las 6:00 horas para impedir la celebración de la ilegal consulta. ¿Acaso alguien creyó que el consejero Forn y el mayor Trapero iban a cumplir las órdenes? ¡Si su misión era precisamente facilitar la apertura de los centros! No me sorprendería nada que los mandos de los Mozos conocieran la localización de los centros desde los que se distribuyeron urnas y papeletas.

Un policía nacional calmando a un niño en brazos de su irresponsable padre.

Puigdemont y los Mozos burlaron al Estado

Ningún Gobierno que se precie puede enviar a un coronel de la Guardia Civil a coordinar el operativo de seguridad, cuando se está fraguando nada menos que un golpe de Estado, sin investirle de la autoridad necesaria para cumplir su misión. Que los  Mozos nada iban a hacer para impedir la apertura de los centros de votación se tornó en certeza cuando anunciaron que no los desalojarían con gente dentro. El Gobierno, burlado, debería haber ordenado inmediatamente la detención de Forn y Trapero por desobediencia reiterada a una orden judicial conducente a la consumación de los delitos de desobediencia y sedición.

Trapero, mayor de los Mozos, con Puigdemont y Forn.

Aunque resulte ingrato detener a los representantes del Estado en Cataluña, ésa es la obligación del Gobierno cuando aquellos se sitúan deliberadamente fuera del orden constitucional, utilizan fondos públicos para delinquir y desacatan las órdenes de los Tribunales. Todos los miembros del gobierno de Cataluña están fuera de la Ley desde al menos el 6 de septiembre, cuando aprobaron la “ley del referéndum de autodeterminación” y se confabularon para conspirar contra el orden constitucional, y consumar, como  hicieron finalmente, su propósito delictivo el 1 de octubre. De 24 días dispuso el Gobierno de España para ilegalizar a la ANC, a Omnium y a la AMI, y para detener a los principales golpistas: Puigdemont, Junqueras y Forcadell y a los portavoces de los grupos parlamentarios Junts pel Sí y CUP. Hoy mismo escuché a Sáenz de Santamaría afirmar que Puigdemont está fuera de la ley. Con todos mis respetos: si así es, el Gobierno debe instar a la Fiscalía a solicitar una orden de detención. Los delincuentes no pueden andar sueltos, máxime cuando amenazan con ejecutar en horas un delito todavía mayor: proclamar la independencia de Cataluña.

Sánchez, presidente de la ANC, con Cuixart, presidente de Omnium Cultural, conocida también como Odium Gutural.

Mediación internacional

El gobierno de la Generalitat casi logró el 1-O la fotografía que buscaba desesperadamente: ofrecer las imágenes del enfrentamiento de ciudadanos con efectivos de la GC y la PN para solicitar la mediación internacional. Y digo que casi lo lograron porque la prensa internacional compró inicialmente la mercancía servida en bandeja por la Generalitat y sus medios de comunicación. Nada dijo de las provocaciones, insultos y acciones violentas de los ‘pacíficos’ miembro de la CUP integrados en los comités de defensa del referéndum, bien asesorados por el buenazo de Otegui y expertos terroristas. La violencia vivida en Cataluña desde día 21 de septiembre ha sido instigada y financiada por la CUP, la ANC y Ominum Cultural e indirectamente por Puigdemont y su gobierno.

Torrecilla, concejal de ERC, que forcejeó al ser desalojada y lanzó graves acusaciones contra las fuerzas de seguridad, acusaciones que resultaron ser burdas exageraciones.

Poco a poco va saliendo a la luz la cruda realidad: más de 400 policías lesionados, videos trucados con escenas de represión de los Mozos y la falsa noticia de la concejal de ERC a la que un policía había roto cuatro dedos, uno a uno. Esa burda ficción corrió como la pólvora por la red y llevó a un indignado amigo mío (de vacaciones en Canadá) a echármelo en cara. Infórmate bien, le contesté. Toda una campaña orquestada para reclamar la mediación internacional a la que Puigdemont se agarra como a un clavo ardiendo mientras el Banco Sabadell anuncia su salida de Cataluña. Los catalanes no sólo no han sido víctimas del resto de españoles sino que éstos han sido la fuente, casi única o principal, de su prosperidad desde 1714 hasta hoy mismo. No en vano historiadores catalanes acuñaron la expresión “Cataluña, la fábrica de España” y la renta per cápita de los catalanes era todavía el 23% mayor que la del resto de españoles en 2016 y el 6% superior a la media europea en 2015. No está nada mal para tratarse de un pueblo oprimido y expoliado.

Gestión fallida

La gestión del Gobierno de España del intento de la Generalitat de internacionalizar el conflicto ha dejado, por incomparecencia, mucho que desear. Nunca se debió permitir las actividades desplegadas por la consejería de ‘exteriores’, las ‘embajadas’ y el consorcio Diplocat. Tampoco se respondió apropiadamente a las giras propiciadas para promover la causa en Estados Unidos y la UE a las que el Gobierno podría haber respondido enviando a científicos, juristas, intelectuales, artistas, deportistas, etc. para exponer la realidad de España y desmentir las fabulaciones secesionistas.  Hace unos días, Coixet, reputada directora cinematográfica, tuvo que escribir una carta a sus amigos repartidos por medio mundo para desmentir las deformaciones interesadas que buscan desacreditar nuestra democracia; y desde ese día, está siendo acosada por los secesionistas. Pocos intelectuales, aparte de nuestro Nobel Vargas Llosa, han levantado la bandera de la libertad y la igualdad para denunciar el recorte de derechos fundamentales y las amenazas que padecemos los ciudadanos catalanes. El Gobierno debería ser consciente de que quien permite difundir infundios puede acabar perdiendo la batalla de la opinión pública internacional. Con su mutismo y falta de iniciativas, el ministro Dastis da la impresión de que ni está ni se le espera.

Vargas Llosa: “el referéndum de cataluña es un disparate absurdo”.

Puigdemont con Junqueras y Romeva en uno de sus últimos intentos de acudir a Bruselas a llamar en vano la atención de las instituciones de la UE. ¿Olvidaron poner la bandera estrellada? Patéticos.

Felizmente, Puigdemont y Romeva sólo han logrado de momento distraer unos minutos a los comisarios y parlamentarios europeos, exhibiendo en el hemiciclo su ridícula bandera estrellada. Y confío en que mientras sigan trucando videos, inventándose agresiones inexistentes e incitando a la violencia en las calles de Barcelona no van a ganarse su simpatía. Auguro que sólo conseguirán unas palmaditas de diputados flamencos y escoceses resentidos, y algún ‘podemita’. Lo que seguramente sí pasa desapercibido en la UE es la privación de derechos, opresión y discriminación que padecen los catalanes constitucionalista en las administraciones de la Generalitat, medios de comunicación, hospitales, juzgados, centros universitarios, empresas… pero sobre todo la que padecen nuestros hijos en las escuelas, institutos y Universidades públicas.

Los acosadores de Balaguer. “Escuela en catalán no acatamos”. Democracia en estado puro.

Rajoy y Sánchez en su “reunión prescindible” el 25 agosto 2016.

Hemos llegado al punto en que el Gobierno tiene que actuar y da la impresión que falta lucidez y determinación. Mejor sería, desde luego, contar con el respaldo del PSOE, pero si Sánchez y Robles anteponen reprobar a la Vicepresidenta a defender la democracia, desatendiendo opiniones de socialistas tan cualificados como Guerra, PP y Ciudadanos tienen que seguir adelante: el PSOE se sumará o saltará en pedazos. El Gobierno tiene que vencer su paralizante acomplejamiento, convencerse y convencer al mundo de que España es un Estado democrático que sólo pretende salvaguardar los derechos de los catalanes y del resto de españoles, amenazados por el estado de excepción impuesto por el gobierno de la Generalitat. Nadie pidió a Mas responsabilidades por ordenar a los Mozos desalojar violentamente de los indignados ‘comunitas’ de la Plaza de Cataluña en 2015. Lo que nadie olvida –menos aún los fríos inversores– es ver a un gobierno impotente, incapaz de desplegar las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para defender el orden constitucional.

Efectivos de la Guardia Civil abandonando los hoteles en que se alojaban entre abucheos.

La vicepresidenta del Gobierno denunciando la bochornosa sesión en el Parlament el 6 de septiembre de 2017.

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Por la democracia: 8 de octubre, concentraciones y manifestación unitaria en Barcelona

Democracia, Democracia, Democracia

Programa: 8 de octubre de 2017

  • 10:00: concentración frente al cuartel de la Guardia Civil en Travesera de Gracia 291-293 para agradecer su presencia, sacrificio y ejemplar comportamiento en Cataluña estos días. No puedes faltar: necesitan nuestro apoyo y cariño.

    Concentración y manifestación del 30 septiembre 2017.

  • 10:35: manifestación desde Travesera de Gracia hasta Plaza Urquinaona: recorrido Nápoles, Córcega y Pau Clarís.
  • 12:00: manifestación desde Plaza Urquinaona hasta la Jefatura Superior de la Policía Nacional en Vía Layetana.
  • 12:30-12:35: concentración delante de la Jefatura Superior de Policía para agradecer su presencia y ejemplar comportamiento.
  • 12:35: manifestación desde Vía Layetana hasta la sede del Parlamento de Cataluña en el parque de la Ciudadela donde nuestro nobel Vargas Llosa leerá un manifiesto.

Efectivos de la Guardia Civil abandonando los hoteles donde se alojaban.

Espanya i Catalans, Somatemps, Regeneración Democrática, MC 12-O y Profesores por el Bilingüismo, las asociaciones que han organizado la celebración de la Fiesta Nacional del 12 de octubre en Barcelona durante los últimos años y la reciente manifestación del 30 de septiembre, convocan a todos los catalanes y españoles a concentrarse frente al cuartel de la Guardia Civil en Travesera de Gracia 291-293 (metro Joanic, línea L4) el 8 de octubre de 2017 a las 10:00 para agradecer a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado la defensa del orden constitucional ante la intentona golpista que encabeza el ya ilegal gobierno de la Generalitat presidido por Puigdemont y Junqueras y secundado por 72 diputados de Junts pel Sí y CUP, y las asociaciones secesionistas ANC, Omnium Cultural y AMI.

Miembras de Arran y Cup quemando las banderas de España, Francia y la UE el 11 de septiembre de 2017.

 

Puigdemont (AMI), Forcadell (ANC) y Sánchez. El mismo perro tobillero con distintos collares.

Vehículos de la policía judicial destrozados por las hordas de la ANC, Omnium y CUP. ¿Violencia policial? ¡ANDA YA! Golpe de Estado.

Ha pasado el tiempo de las llamadas al sentido común y ha  llegado el momento de restablecer sin titubeos, como manifestó el rey Felipe VI en su alocución a los españoles, el orden constitucional. Después de los vergonzosos acontecimientos que protagonizaron los miembros del gobierno de la Generalitat y los Mozos de Escuadra el 1 de octubre en toda la Comunidad Autónoma de Cataluña, los

Tras votar la ley del referéndum de autodeterminación con el Parlament semivacío. Una diputada de Colau retirando las banderas de España.

catalanes exigimos que se ponga fin al estado de excepción que se impuso a los catalanes el 6 de septiembre con la aprobación de la ilegal ‘ley’ del referéndum de autodeterminación en el Parlament de Cataluña.

 

¡Viva España! ¡Visca Catalunya! ¡Viva Felipe VI!

Felipe VI reclamando el restablecimiento del orden constitucional el 4 de octubre de 2017.

 

 

¡Viva la Constitución Española y el Estatut de Cataluña!

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