Dos reformas del mercado eléctrico contraproducentes

Adjunto enlace a mi artículo publicado desde el Observatorio Económico y Social de España y Cataluña (OBESCAT) en el diario El Liberal el 29 de octubre de 2022. Agradezco de antemano su ayuda para difundirlo entre sus amigos y conocidos.

Como analicé con bastante detalle en dos artículos recientes, “Las reformas del gobierno aumentan el precio de la luz I” y “Las reformas del gobierno aumentan el precio de la luz II” publicados el 14 y el 20 de agosto, respectivamente, en el diario El Liberal, tanto la reforma del sistema de facturación para los clientes con tarifa regulada aprobada por el gobierno el 1 de junio de 2021, como la reforma implementada el 13 de junio de 2022 para imponer un ‘tope’ al precio del gas natural utilizado por algunas centrales térmicas para generar electricidad, no han reducido los precios de la electricidad abonados por los clientes de las compañías eléctricas, y han resultado especialmente gravosos para los acogidos a la tarifa regulada con discriminación horaria a los que me referiré como clientes PVPC de aquí en adelante. Insisto: las reformas no han reducido el precio de la electricidad a pesar de los anuncios gubernamentales de que las reformas iban a “rebajar la factura eléctrica de los hogares, las empresas y la industria”.

La reforma de 1 de junio de 2021

Esta reforma alteró sustancialmente la factura eléctrica para los clientes PVPC. Para empezar, el hasta entonces único peaje de distribución y transporte por potencia contratada se desglosó en dos, denominados P1 y P2, y los dos peajes de distribución y transporte por energía consumida existentes se desglosaron en tres, denominados P1 punta, P2 llano y P3 valle. En los días laborables, la reforma redujo en 4 horas el tramo P3 valle, circunscrito a partir de ese momento a la franja entre las 24:00 y 8:00 horas, y recortó en 2 horas el tramo P1 horas punta, distribuido en dos franjas horarias, de 10:00 a 14.00 y de 18.00 a 24.00 horas. Por último, introdujo un nuevo tramo de 6 horas distribuido también en dos franjas horarias de 8:00 a 10:00 y de 14:00 a 18:00 horas. A cambio de la reducción en horas valle durante los días laborables, la reforma amplió de 12 a 24 horas las horas valle en sábados y domingos.

Pero sin duda, el hecho más destacable de la reforma fue la introducción del concepto ‘coste de energía’ en la factura que se convirtió en una cifra imposible de verificar para el sufrido cliente. En efecto, el cliente podía hasta el 1 de junio de 2021 multiplicar el consumo realizado en cada uno de los dos tramos horarios por el precio del kWh en cada tramo para calcular el gasto realizado. Pues, bien se tuvo que conformar con conocer el importe total del gasto realizado, sin posibilidad alguna de verificar la cuantía facturada por las empresas eléctricas. La reforma convirtió la factura en una caja negra.

El nuevo sistema de facturación, además de restar transparencia y fiabilidad a la factura eléctrica, constituyó un completo fiasco para los consumidores porque, como demostré en el primero de los dos artículos citados, los precios de la electricidad en las nuevas horas valle, entre las 24:00 y las 08:00 horas en días laborables que habían sido sustancialmente más bajos que los precios en las horas punta antes de implantarse la reforma el 1 de junio de 2021, llegaron a superar incluso los precios en las nuevas horas punta, entre las 8;00 y las 10:00 horas y entre las 18:00 y las 24:00 horas, pese a que la demanda nacional de electricidad en horas nocturnas seguía siendo muy inferior a la demanda en horas puntas.

Gráfico 1. Término de facturación de energía activa PVPC el 30 de agosto de 2022

Fuente: e.sios Red Eléctrica Española (REE).

Como puede comprobarse en el Gráfico 1 correspondiente al 30 de agosto de 2022, el desdibujamiento de los tramos horarios no fue cosa de unos pocos días o semanas tras la implantación del nuevo sistema de facturación, sino que se convirtió en un hecho habitual, un cruel sarcasmo para los clientes PVPC que han tenido que soportar desde entonces precios de la electricidad en las horas valle superiores incluso a los precios en las horas punta, impidiéndoles de manera efectiva obtener beneficio alguno por utilizar el sistema eléctrico cuando la demanda nacional de electricidad  entre las 24:00 y las 08:00 horas es considerablemente más baja.

La pregunta que plantea el desdibujamiento de los tramos horarios a partir de la reforma en la facturación implementada el 1 de junio de 2021 es por qué por los dos organismos encargados de regular el sistema eléctrico español, el Gobierno de España y la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC), permitieron a las compañías eléctricas facturar precios mucho más elevados a los clientes acogidos a la tarifa regulada PVPC cuando los precios en los tramos valle no representaban ventaja alguna para ellos. La única respuesta congruente es que ambas instituciones respaldaban la política de las grandes compañías eléctricas interesadas en eliminar el segmento regulado del mercado para negociar los precios de la electricidad con cada cliente individualmente en el segmento ‘libre’ y aprovecharse de su posición dominante en el mercado para alterar los precios sin control gubernamental alguno.

La reforma de 14 de junio de 2022

El objetivo de la reforma implementada en vísperas del verano era imponer de manera extraordinaria un tope 50 €/MWh en media al precio del gas natural (GN) durante un año para reducir los costes de generación de las centrales térmicas que utilizan este combustible fósil para generar electricidad. Han pasado ya varios meses desde la implementación de la reforma y podemos examinar con cierta perspectiva cuáles han sido sus efectos. La Moncloa anunció a bombo y platillo que el “Gobierno limita “el precio del gas para reducir la factura eléctrica de las familias, las empresas y la industria”, y han sido numerosos los medios de comunicación que han asegurado a los españoles que la reforma bajó el precio de la luz

Cuadro 1. Precios (en €/MWh) y energías (en GWh) en el mercado diario eléctrico español

Fuente: Evolución del mercado de electricidad. Informe mensual septiembre 2022, Cuadro 5.7, p. 38. Operador Mercado Ibérico de Electricidad (OMIE).

¿Realmente ha sido así? La cuestión por dilucidar es qué precio, si alguno, se ha reducido y si esa reducción se ha dejado sentir en los precios finales soportados por los clientes de las compañías eléctricas como pretendía el Gobierno. El Cuadro 1 muestra la evolución de los precios medios en el mercado diario eléctrico español entre octubre de 2021 y septiembre de 2022, el último mes para el que están disponibles las cifras. Como puede observarse el precio medio alcanzó dos máximos relativos en octubre de 2021, 200,06 €/MWh, y diciembre de 2021, 239,17 €/MWh, y el máximo absoluto en marzo de 2022, 283,30, en las semanas siguientes a la invasión de Ucrania. A partir de ese momento, el precio medio se redujo en los meses siguientes, y lo hizo con especial intensidad en julio, tras implementarse el ‘tope’ al GN el 14 de junio de 2022, si bien parece haberse estancado entre 140 y 155 €/MWh desde entonces A la vista de esta evolución podría uno sacar la conclusión apresurada de que la reforma ha logrado su objetivo de reducir el precio de generación en el mercado diario eléctrico español.

Ahora bien, ¿se ha trasladado esa reducción en el precio de generación a los consumidores? La respuesta es un rotundo no. Tal como avanzaba en el segundo de mis artículos publicado el 20 de agosto, para implementar la reforma era necesario introducir una compensación en los mecanismos de formación de precios para cubrir la diferencia entre el precio realmente abonado por el GN utilizado en las centrales térmicas que utilizan este combustible para generar electricidad y el tope o precio ficticio de aproximadamente 40 €/MWh impuesto por el gobierno para calcular el precio, igualmente ficticio, de la electricidad en el mercado de generación. Este concepto denominado ‘mecanismo de ajuste’ (MA) se ha trasladado, como anticipaba entonces, a los precios finales soportados por los clientes de las compañías eléctricas.

Cuadro 2. Precio final medio de la demanda nacional y PVPC el 30 de agosto de 2022

El panel superior del Cuadro 2 muestra el precio final medio de la demanda nacional el 30 de agosto de 2022 a las 07:00 horas, cuando el precio alcanzó su valor máximo, 436,21 €/MWh, y a las 16:00 horas en que alcanzó su valor mínimo 323,33 €/MWh. Obsérvese que los precios medios diarios a los que se cerraron los contratos el día anterior 220,00 €/MWh y 160,10 €/MWh, fueron muy inferiores a los precios finales. Esta abultada diferencia entre ambos precios la explica el componente MA que supuso nada menos que 209,32 €/MWh a las 07:00 horas y 149,01 €/MWh a las 16 horas. Como se muestra en la segunda y cuarta columnas, el peso del MA en el precio final medio de la demanda nacional fue 47,99% a las 07:00 horas y 46,09% a las 16:00 horas. Sin contar el MA, los precios medios diarios fueron significativamente más bajos por la imposición del tope al precio del GN, pero la necesidad de compensar a las centrales térmicas que utilizan este combustible supuso casi la mitad del precio medio final de la demanda nacional el 30 de agosto de 2022.

El segundo panel del Cuadro 2 revela que la situación resultó incluso más gravosa para los clientes acogidos a la tarifa regulada PVPC. El precio medio diario e intradiario (PMDeID) fue 265,54 €/MWh a las 07:00 horas y 183,75 a las 16:00 horas, bastante más elevados que los correspondientes precios medios diarios: 220,00 €/MWh a las 07:00 y 160,10 €/MWh a las 16:00 horas. Además, el MA coste de producción alcanzó las imponentes cifras 354,54 €/MWh a las 07:00 horas y 211,64 €/MWh a las 16:00 horas, mucho más elevados también. El PVPC se situó en 637,56 €/MWh (o 0,63756 €/kWh) a las 07:00 horas y en 437,19 €/MWh (o 0,43719 €/kWh) a las 16:00 horas. Por último, el panel inferior del Cuadro 2 revela hasta qué punto los clientes PVPC, con la aquiescencia del gobierno y la CNMC han sido víctimas propiciatorias de las compañías eléctricas, y han estado soportando precios mucho más elevados que el precio final medio de la demanda nacional. En concreto, el precio PVPC el 30 de agosto de 2022 excedió el precio final medio de la demanda nacional en 46,16% a las 07:00 horas y en 35,21% a las 16:00.

No crean que los resultados en el Cuadro 2 para el 30 de agosto han sido elegidos cuidadosamente para avalar mis conclusiones. Como puede comprobarse en el Cuadro 3 y en el Gráfico 2 el mecanismo de ajuste se ha convertido en un componente muy importante del precio final medio a partir de la reforma implementada el 14 de junio de 2022, y si su protagonismo se ha ido reduciendo en las últimas semanas no ha sido por la efectividad de ‘topar’ el precio del GN utilizado en las centrales térmicas, sino porque el descenso de los precios en el mercado diario ha reducido la cuantía de las compensaciones transferidas a las centrales eléctricas que utilizan este combustible fósil. De hecho, la información proporcionada por el Mercado Ibérico del Gas (MIBGAS) sobre la evolución de los precios permite concluir que la compensación ha desaparecido completamente a partir del 17 de octubre de 2022 al situarse los precio del GN en el mercado diario por debajo de los 50 €/MWh.

Cuadro 3. Componentes del precio final medio del sistema eléctrico español 2021-2022

Fuente: Evolución del mercado de electricidad. Informe mensual septiembre 2022, Cuadro 5.31 p. 50. OMIE.

Gráfico 2. Componentes del precio final medio del sistema eléctrico español 2021-2022

 Fuente: Evolución del mercado de electricidad. Informe mensual septiembre 2022, Cuadro 5.30 p. 49. OMIE.

Dando palos de ciego

Al igual que ocurrió con la irrupción de la pandemia que pilló al Gobierno de España sin haber adoptado medida alguna durante los meses de enero y febrero y la primera quincena de marzo de 2020 para prevenir la irrupción del Covid-19, la ministra Ribera y el Gobierno de España en su conjunto ignoraron durante muchos meses la amenaza que suponía el aumento del precio de la electricidad claramente perceptible a partir de marzo de 2021 y no elaboraron ningún plan de contingencia para amortiguar las subidas de precios del GN ocasionadas por las crecientes tensiones en Centroeuropa y el cierre del gasoducto del Magreb, clausurado el 31 de octubre de 2021, que constituía la principal vía de aprovisionamiento de GN de España hasta ese momento.

La decisión de la UE de acelerar unilateralmente el proceso de transición ecológica disparó el precio de los derechos de emisión de gases a partir de 2018, incrementando los costes de producción de todas las centrales térmicas y grandes industrias energéticas que utilizan combustibles fósiles (GN, carbón y gasoil) en la UE. Y ni siquiera fueron capaces de cambiar el paso cuando los precios de los productos energéticos iniciaron su escalada en el primer semestre de 2021 y el precio de los derechos de emisión continuó aumentando hasta alcanzar su máximo valor histórico (cercano a 100 €/MWh), a mediados de agosto de 2022, ocho años antes de lo previsto por algunos analistas. Las familias y las empresas localizadas en la UE están pagando también muy cara la falta de previsión de la Comisión, el Consejo y el Parlamento europeos para hacer frente a las consecuencias del aumento del precio de los productos energéticos entre las que la elevada inflación y el consiguiente endurecimiento de la política monetaria constituyen dos de principales y más preocupantes derivadas.

Las dos principales reformas implementadas por el gobierno español, la primera el 1 de junio de 2021 y la segunda el 14 de junio de 2022, no han servido para aumentar la transparencia en la facturación de las compañías eléctricas ni tampoco para contener la subida de precios de un sector que según el propio gobierno está obteniendo beneficios extraordinarios que ahora quiere gravar con impuesto extraordinario. La ministra Ribera ha reconocido públicamente en más de una ocasión que el meollo del problema reside en el “diseño del mercado” eléctrico instaurado a nivel europeo, pero tras 18 meses de subidas de precios el gobierno español y la UE en su conjunto siguen debatiendo en reuniones infructuosas qué hacer para modificarlo.

Resulta muy difícil reconocer que se equivocaron y más fácil achacar los problemas a Putin y a la invasión de Ucrania, aunque las subidas de precios comenzaron mucho antes del inicio de las hostilidades. Con frecuencia, se apuntan soluciones ineficaces tales como topar el precio del gas, analizada en este artículo, o simplemente absurdas, como imponer precios máximos a los productos energéticos importados por la UE. O bien se recurre a la solución mágica de “acelerar la transición energética” hacia fuentes de energía renovables y limpias que reduzcan la dependencia de Rusia y propicien al mismo tiempo la reducción de gases de efecto invernadero. El problema con esta solución ‘mágica’ es que sus proponentes no explican si esas energías supuestamente renovables y limpias son verdaderamente ‘sostenibles’, esto es, si van a mejorar el bienestar de las familias y la competitividad de las empresas europeas. Porque si no es así seguiremos pagando un alto precio. Sobran los discursos políticamente correctos en Bruselas y en las principales capitales de la desunida UE y brillan por su ausencia los estudios rigurosos que cuantifiquen las consecuencias de las soluciones propuestas.

La nueva reforma del mercado eléctrico

Adjunto enlace a mi artículo publicado desde el Observatorio Económico y Social de España y Cataluña (OBESCAT) en el diario El Liberal el 5 de noviembre de 2022. Agradezco de antemano su ayuda para difundirlo entre sus amigos y conocidos.

La nueva reforma que planea implementar el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) antes del inicio de 2023 está probablemente llamada a ser un nuevo fiasco para los consumidores acogidos al mercado regulado, como ya lo fue la reforma del sistema de facturación vigente desde el 1 de junio de 2021, y como lo está siendo la reforma del 14 de junio de 2022 que impuso un ‘tope’ de 50 €/MWh al precio del gas natural (GN) empleado en algunas centrales térmicas para generar electricidad.

Según las noticias publicadas hasta ahora, la reforma en ciernes pretende reducir la volatilidad del Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC) haciendo que el precio facturado por las compañías eléctricas a estos clientes sea una media ponderada del precio actual y los precios futuros a varios plazos. Para entendernos, algo así como si al comprar un litro de aceite en el supermercado, la cajera nos dijera que el precio a pagar no es el que hemos visto en la estantería sino una media ponderada de ese precio y los precios del aceite en contratos para entrega de aceite a tres, seis y doce meses, precios futuros sobre los que el pequeño consumidor ignora todo.

Poner el foco en la volatilidad de los precios de la electricidad en el segmento regulado constituye un error de bulto por dos razones. En primer lugar, porque existen otros mecanismos más transparentes para reducir la enorme variabilidad del precio a lo largo del día y de un día para otro, como ocurre en la mayoría de los mercados donde los consumidores conocen los precios antes de cerrar la transacción y éstos permanecen relativamente estables durante días, semanas e incluso meses. con independencia de cuál sea la oferta y la demanda en el momento de cerrar la transacción. Y, en segundo lugar, porque desvía la atención del problema principal, a saber, el elevado precio de la electricidad que vienen pagando los clientes con tarifa PVPC por culpa, en buena parte, de unas reformas gubernamentales que han resultado contraproducentes y algunas decisiones políticas que han disparado el precio del GN y los precios de derechos de emisión en la UE.

A la vista de la notable incertidumbre existente sobre los detalles de la nueva reforma, me ha parecido oportuno formular algunas preguntas a las que intentaré responder con la mayor objetividad posible en este artículo.

¿Conocemos con exactitud los detalles y la letra pequeña de la nueva reforma del mercado eléctrico que la ministra Ribera quiere aprobar a principios de noviembre e implementar a partir del 1 de enero de 2023?

Estamos ante una propuesta todavía sin ultimar en la que, según manifestó la ministra Ribera, los ‘expertos’ están  trabajando. En la página del MITECO, una nota de prensa explica “la propuesta de Real Decreto para reducir la volatilidad del Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC), la tarifa eléctrica regulada, contratada por los titulares de unos nueve millones de puntos de suministro, el 35% del país”, consistente en “incorporar a la fórmula de cálculo del PVPC una cesta de precios a medio y largo plazo para evitar las fuertes oscilaciones, sin perder las referencias de precios a corto plazo que fomentan el ahorro y el consumo eficiente”. Ni una palabra sobre los abusivos precios que, como expuse en mi artículo “Dos reformas del mercado eléctrico contraproducentes”, publicado el 29 de octubre en este diario, soportan los clientes del mercado regulado.

Al parecer, el Ministerio ha otorgado un contrato de asistencia técnica a Fabra, catedrática de la Universidad Carlos III, para que elabore la propuesta de reforma del sistema eléctrico, una decisión nada neutral habida cuenta que Fabra es consejera ‘independiente’ de Enagás a propuesta del PSOE, asesora del Ministerio de Economía y Transformación Digital de Calviño, y miembro del Foro sobre Transición Energética Justa e Inclusiva que preside la ministra Ribera. Fabra es hija del incombustible (Jorge) Fabra, exconsejero de Endesa, expresidente de Red Eléctrica Española y miembro del Consejo de Seguridad Nuclear, viejo comunista con un largo historial de ocupador de puestos públicos bien remunerados, y demagogo profesional desde sus años mozos de estudiante en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales en Somosaguas. Todo se queda en casa.

¿Cómo funciona el mercado eléctrico?

En la actualidad, el precio que soportan los clientes con tarifa regulada o clientes PVPC depende, en primer lugar, del precio de la electricidad determinado por las ofertas y las demandas presentadas en el Mercado Ibérico de Electricidad (MIBEL). La oferta la realizan las empresas generadoras que cuentan con centrales que utilizan tecnologías diversas (nuclear, hidráulica, eólica, fotovoltaica, carbón, gas natural, etc.) para generar electricidad. Las grandes empresas generadoras cuentan con un parque de centrales diversificado, y pueden producir electricidad con cada una de ellas con el objetivo de maximizar su beneficio. Respetando las limitaciones impuestas por cada tecnología, las empresas presentan sus ofertas para el día siguientes y el precio al que están dispuestas a suministrar la energía. En el otro lado del mercado, las empresas comercializadoras que suministran electricidad a las familias, sociedades y Administraciones Públicas presentan sus demandas de electricidad en cada momento.

Como puede apreciarse en el Gráfico 1, la demanda y la oferta son mucho más bajas entre las 00:00 y las 08:00 horas que corresponde al tramo horario denominado P1 valle en la facturación a los clientes PVPC. La cantidad de electricidad demandada y ofrecida, tal y como refleja el Gráfico 1, suele alcanzar un mínimo en torno a las 03:00-04:00 horas y un máximo en torno a las 20:00-21:00 horas.

Gráfico 1. Generación y consumo de electricidad el 10 de octubre de 2022

Fuente: e.sios, Red Eléctrica Española.

El Operador del Mercado Ibérico de Electricidad (OMIE) casa las ofertas y demandas, y el precio fijado es el más elevado de todos los precios ofrecidos por las centrales cuya producción resulta necesaria para satisfacer la demanda en cada momento del día. El Gráfico 2 muestra los precios en los mercados diario e intradiario y el precio final soportado por los clientes PVPC el lunes 10 de octubre de 2022. En el panel superior se presenta el desglose del precio final a las 04:00 horas en que el precio de generación en el mercado diario e intradiario alcanzó su valor mínimo, 0,12187 €/kWh, y el panel inferior el desglose del precio final a las 20:00 en que el precio de generación en el mercado diario e intradiario alcanzó su valor máximo 0,31249 €/kWh.

Gráfico 2. Término activo de facturación de energía clientes PVPC el 10 octubre de 2022 

Fuente: Sistema de información del operador del sistema (e.sios), Red Eléctrica Española.

Obsérvese que existe una notable diferencia entre el precio en los mercados diario e intradiario y el precio final soportado por los clientes PVPC que se explica en gran parte por el elevado importe del concepto ‘excedente o déficit mecanismo de ajuste coste producción’ (MA de aquí en adelante), representado en el Gráfico 2 por la cuña superior de tono más claro que se coló en las facturas a partir de la reforma implementada el 14 de junio de 2022 cuando el Gobierno impuso un ‘tope’ al precio del GN para supuestamente bajar el precio de la luz. A las 04:00 horas del 10 de octubre, ese sobrecoste ascendió a 0,10418 €/kWh, una cifra muy próxima al precio de generación en los mercados diario e intradiario, 0,12187 €/kWh, y como puede apreciarse en el Gráfico 2 la elevada incidencia del MA se mantuvo durante la mayor parte del tramo P1 valle entre las 24:00 y las 08:00 horas. A las 20:00 horas, la cifra del MA, 0,06542 €/kWh fue menor incluso que el importe por peajes y cargos, 0,07441 €/kWh (cuña intermedia en el Gráfico 2) soportados por los clientes PVPC, y muy inferior al precio máximo fijado en los mercados diario e intradiario, 0,31249 €/kWh. No obstante, conviene tener presente que ha habido infinidad de días y horas desde el 14 de junio de 2022 en que la cifra del MA ha superado y hasta duplicado el precio de generación en los mercados diario e intradiario

El precio final soportado por los clientes PVPC varía considerablemente en función de la hora y el día, dependiendo de la evolución del precio establecido en los mercados diario e intradiario, el importe de los peajes y cargos y la magnitud del MA. Como puede observarse en el Gráfico 2, el lunes 10 de octubre, por ejemplo, el precio mínimo fue 0,23980 €/kWh a la 01:00 horas y el precio máximo 0,46878 €/kWh a las 20:00 horas. Al día siguiente, martes 11 de octubre, el precio mínimo fue 0,26917 €/kWh a las 14:00 horas y el máximo 0,43268 €/kWh a las 20:00 horas. Y el día de la Hispanidad, 12 de octubre, el precio mínimo fue 0,20556 €/kWh a las 12:00 y el máximo 0,34029 €/kWh a las 0:00 horas.

Existe, como acabamos de comprobar, una alta variabilidad en el precio de la electricidad en el mercado regulado a lo largo del día y de un día a otro, que depende de tres factores. Uno, las fluctuaciones del precio de generación, determinadas a su vez por la demanda y la oferta de energía eléctrica en cada momento. Dos, de la cuantía del MA que a su vez depende de la diferencia entre el precio de mercado del GN y el ‘tope’ de 50 €/MWh fijado por el gobierno. Y, tres, del importe de los peajes y cargos, muy bajos (0,00303 €/kWh) en el tramo P1 valle, bastante más altos (0,02847 €/kWh) en el tramo P2 llano, y muy elevados en el tramo P3 punta (0,07441 €/kWh) en el que suponen un porcentaje significativo del precio final soportado por los clientes PVPC. Ésta es casi la única diferencia sustancial de coste que queda entre los tramos horarios desde la reforma en la facturación implementada el 1 de junio de 2021.

Los peajes son precios regulados “destinados a recuperar los costes de las redes de transporte y distribución y son determinados por la CNMC”, y nutren las cuentas de REE, la empresa que transporta y distribuye la electricidad en España, presidida por Corredor, exministra de Vivienda (2008-2010) con Rodríguez Zapatero, que cobró 546.000 euros por el desempeño de su cargo en 2021. Una carga muy liviana en comparación con los cargos que fija MITECO y soportan las familias, las empresas y la industria “para cubrir el resto de los costes regulados, tales como la financiación de las renovables, el sobrecoste de producción de energía en los territorios no peninsulares o las anualidades del déficit”. Como puede comprobarse en el Gráfico 3, la cuantía total de los costes regulados ascendió a nada menos que 17.627 millones de euros en 2019.

Gráfico 3. Costes regulados del sistema eléctrico en 2019

Fuente: “El coste de la electricidad para las empresas españolas”, Boletín Económico 1/2021, p. 5. Banco de España.

La ministra Ribera al frente del MITECO y la CNMC (organismo del que su marido es consejero) son quienes fijan los precios de los peajes y el resto de los costes regulados, respectivamente, y deberían explicar a los clientes PVPC y a las familias y empresas por qué tienen que financiar ellos con sus facturas primas a renovables, cogeneración y residuos, los déficits acumulados hasta 2014, y, en fin, cómo determina el MITECO los costes de distribución y transporte más allá de asegurar a Red Eléctrica Española la obtención de unos pingües beneficios y el pago de desorbitados sueldos a su presidenta, consejeros y directivos. Si el Gobierno y la UE quieren primar determinadas tecnologías, ¿por qué no las subvencionan directamente en lugar de traspasar la carga a los hombros de las familias y empresas? El mercado eléctrico no es, pese a las apariencias, un mercado competitivo y transparente y los únicos responsables de que no lo sea son los órganos reguladores: MITECO y la CNMC.

¿En qué consiste la reforma?

La reforma, como ya he avanzado se propone establecer un precio para la electricidad igual a una media ponderada del precio corriente fijado en el mercado ibérico de electricidad, y los precios futuros a un mes, un trimestre y media anual. Si bien la ‘cosa’ está todavía por concretar, se puede afirmar que ligar el precio cargado en “la factura de las familias, empresas e industria” a los precios futuros de la electricidad no va a reducir necesariamente la volatilidad del precio de la electricidad, pero sí va a introducir una complejidad adicional en la factura de los clientes acogidos a la tarifa regulada PVPC.

Que el precio de la factura pase a ser ahora una media ponderada del precio actual y los precios futuros de la electricidad va a dificultar incluso más a los sufridos clientes en este segmento del mercado saber cuánto pagan por la energía consumida. Mi pronóstico es que, de llevarse a cabo la nueva reforma, los clientes PVPC van a quedarse más a oscuras si cabe de lo que ya lo están desde que el Gobierno aprobó el nada transparente sistema de facturación vigente desde el 1 de junio de 2021, en el que quiero recordar el grueso de la factura corresponde al concepto ‘Costes de la energía’ imposible de verificar por los clientes.

¿Se reducirán la volatilidad del precio y el importe de la factura de los clientes PVPC?

Impulsar una reforma tan poco transparente con la aparentemente loable intención de reducir la volatilidad de los precios sólo garantiza fluctuaciones del índice menores que las de los precios más volátiles incluidos en el índice, no necesariamente menor que la volatilidad de los precios corrientes. Además, tal y como indicaba en la introducción, existen otros mecanismos para reducir la variabilidad de los precios. En la inmensa mayoría de mercados, los precios no varían con la hora y el día, pese a que las cantidades demandadas y ofrecidas están variando continuamente.

Cuando las familias y empresas adquirimos cualquier producto no financiero, a excepción de la electricidad, observamos que los precios se mantienen relativamente estables durante días, semanas e incluso meses, con independencia de cuál sea la oferta y la demanda en el preciso momento en que pasamos por caja, y a ningún establecimiento se le ocurre cambiar los precios en función del número de artículos que quedan en las estanterías y la afluencia de compradores en ese momento. Ligar el precio presente a los precios futuros supone, además, ignorar que el precio corriente ya incorpora y refleja las expectativas de los precios futuros, del mismo modo que el precio actual de una acción de cualquier sociedad refleja la expectativa de beneficios y la cotización futuras.

Por ello, resulta difícil escapar a la conclusión de que la variación horaria de los precios del mercado eléctrico tiene como objetivo principal facilitar a las empresas eléctricas esquilmar al cliente, apropiándose del excedente del consumidor, y permitir a las grandes empresas utilizar su poder de mercado para satisfacer la demanda al precio más elevado posible en cada momento. En un artículo titulado “El papel del coste de los derechos de emisión de CO₂ y del encarecimiento del gas en la evolución reciente de los precios minoristas de la electricidad en España” publicado por el Banco de España, se presenta un gráfico reproducido aquí como Gráfico 4, en el que se representa la curva de oferta en el mercado mayorista de electricidad en España.

El asunto es algo más complejo de lo que aparenta el Gráfico 4 porque la subida del precio del GN ha modificado la estructura de oferta y porque si esta curva de oferta escalonada representara adecuadamente el mercado tendríamos que esperar precios más bajos en las horas nocturnas cuando la demanda es baja, un resultado que con frecuencia no se observa en el mercado español, debido a que a esas horas la demanda se satisface operando centrales térmicas con elevados costes de producción. Según los autores de este artículo, 50% del aumento de los precios de la electricidad en España se explica por el aumento del precio del GN y 20% por el aumento de los derechos de emisión de CO₂. Este es el alto precio que estamos pagando las familias y las empresas en la UE por la renuncia a importar gas de Rusia y la política unilateral de transición energética.

Gráfico 4. Curva de oferta en el mercado mayorista de la electricidad en España

Fuente: “El papel…” óp. cit., Documentos ocasionales, N.º 2110, p. 14. Banco de España.

Si el objetivo de la reforma es hacer más compleja e inescrutable la factura de la luz, la iniciativa va en la dirección correcta, pero si lo que se pretende con este nuevo intento es, como nos dijo el Gobierno, “rebajar la factura de las familias, las empresas y la industria”, me atrevo a afirmar que va a constituir un nuevo fracaso de la ministra Ribera y del Gobierno en su conjunto. El precio de la luz no se reducirá a menos que se modifiquen las reglas en el mercado de generación para que el precio no lo fijen las centrales más ineficientes requeridas en cada momento para satisfacer la demanda de energía eléctrica. El propio MITECO ha avanzado la posibilidad de imponer un techo al precio de la electricidad sin aclarar quién se hará cargo de la diferencia cuando el coste de producción de algunas centrales supere ese precio.

Otra posibilidad es que el Gobierno establezca un sistema de compensaciones intrasectoriales por el que se obligue a las centrales con bajos costes a compensar a las centrales que utilizan GN u otras tecnologías ineficientes para internalizar los costes derivados del ‘mecanismo de ajuste’ que ahora soportan los clientes en sus facturas. Una ventaja de esta propuesta es que incentivaría a las grandes empresas del sector a amortizar las centrales ineficientes e invertir en centrales más eficientes. Otra ventaja es que es mucho más ágil que la propuesta del Gobierno de gravar con un impuesto los beneficios extraordinarios a las empresas energéticas y utilizar los ingresos obtenidos para ayudar a los colectivos más vulnerables a pagar la factura de la luz, un mecanismo de transferencias, engorroso y caro de administrar y poco fiable. Además de eliminar el MA de las facturas de los clientes PVPC, el Gobierno debería extremar la vigilancia del sector para impedir que los precios finales soportados por los clientes PVPC sean muy superiores al precio final medio de la demanda nacional.

Un proyecto de PGE 2023 más que cuestionado I

Adjunto enlace a mi artículo publicado desde el Observatorio Económico y Social de España y Cataluña (OBESCAT) en el diario El Liberal el 15 de octubre de 2022. Agradezco de antemano su ayuda para difundirlo entre sus amigos y conocidos.

El proyecto de Presupuestos Generales de España 2023 (PGE 2023, de aquí en adelante), pretende, según explicó Montero, ministra de Hacienda y Función Pública y responsable de su elaboración, avanzar en justicia social y eficiencia económica al mismo tiempo, dos objetivos que los economistas consideramos difícil de reconciliar, cuando por justicia social se entiende redistribuir la renta, como es el caso, y por eficiencia económica mejorar la situación de alguien en la sociedad sin empeorar la de ningún otro. Para lograr ese imposible doble objetivo, el gobierno Sánchez pretende, en primer lugar, “ayudar a la sociedad a transitar en una situación de dificultad” y “perseguir un reparto justo de los efectos de la guerra”, lo que exige que “quien más tiene más debe aportar”. Pero al mismo tiempo, el gobierno va a destinar una parte de los recursos del Estado a “transformar el modelo productivo” acelerando “las reformas para hacer la economía más resiliente, sostenible, innovadora y productiva”. Vamos directos al país de las mil maravillas.

Estamos ante un ejercicio solemne de prestidigitación lingüística con el que la ministra viene a decirnos que no hay motivo para preocuparse por las subidas de impuestos que ya están soportando las familias y empresas ni por los nuevos impuestos que van a llegar en 2023, porque esos recursos se van a destinar a mejorar la situación de los colectivos más vulnerables (justicia social) y a transformar nuestra economía en él no va más de la resiliencia, sostenibilidad, innovación y productividad (eficiencia económica). ¿Recuerdan el indecoroso eslogan “Salimos más fuertes” puesto en circulación por el gobierno Sánchez en mayo de 2020 tras la primera oleada de Covid-19 que  había dejado un exceso de mortalidad de 50.000 personas entre el 9 de marzo y el 10 de mayo de 2022? Pues con igual descaro, el gobierno pretende ahora convencernos de que la sociedad va a salir más cohesionada y fuerte gracias a estos presupuestos, cuando el principal objetivo de las cuentas es convencer a algunos colectivos con importante peso social (pensionistas, empleados públicos, receptores de prestaciones de desempleo y otras prestaciones sociales, etc.) que Sánchez es su mejor valedor y su apuesta más segura en las elecciones generales de 2023.

Las organizaciones empresariales han sido unánimes al denunciar de falta de rigor de las cuentas por las optimistas previsiones de crecimiento del PIB en 2023; al tacharlas de electoralistas por el aumento del gasto corriente en personal y transferencias sociales; al considerarlas perjudiciales para el ahorro y la inversión productiva por el aumento de la presión fiscal soportada por familias y sociedades a causa de la inflación, el aumento de las bases mínima y máxima de cotización y la introducción de nuevos impuestos sobre empresas energéticas y entidades financieras; y, en fin, al apuntar el riesgo que supone seguir incurriendo en déficits y aumentando la deuda pública cuando el BCE está elevando los tipos de interés para frenar la inflación. Contrariamente a lo afirmado por la ministra Calviño, el proyecto de PGE 2023 no se ajusta a la política presupuestaria de consolidación fiscal recomendada por el Fondo Monetaria Internacional (FMI), ni sigue el consejo del Banco Central Europeo (BCE) de que “las actuaciones sean lo más focalizadas posible”.

Contrasta sobremanera el optimismo del gobierno de España con el sombrío cuadro de la economía mundial que presentó Georgieva al inicio de la reunión anual de los miembros del FMI en Washington el pasado 11 de octubre. La directora general del FMI advirtió que “los riesgos de recesión están aumentando” y “un tercio de la economía mundial registrará al menos dos trimestres consecutivos de contracción este o el próximo año”, y que incluso “cuando el crecimiento sea positivo, se percibirá como una recesión por la reducción de las rentas reales y el aumento de los precios”. Si la primera prioridad es “actuar decisivamente incluso si la economía inevitablemente se ralentiza” para atajar la inflación, la segunda prioridad es “implementar una política fiscal responsable que proteja a los más vulnerables, sin añadir combustible a la inflación”, ni dañar la inversión productiva, añadiría yo. (Subrayado mío.)

Desde esta perspectiva, el fuerte aumento del gasto corriente y los continuados déficits y aumento de la deuda pública más allá de 2025 que contemplan el proyecto de PGE 2023, no están justificados ni pueden considerarse política fiscal responsable, porque no son imprescindibles para proteger a los más vulnerables y van casi con toda seguridad a añadir más combustible a la inflación, al igual que las subidas impositivas van a restar dinamismo al sector privado e impulsar políticas gubernamentales de ‘transformación’ de dudosa eficacia y rentabilidad social. Este artículo, lo voy a dedicar a examinar el escenario macroeconómico que sustenta el proyecto de PGE 2023 y en el de la próxima semana analizaré los ingresos y gastos del Estado, y el déficit y la deuda pública, prestando especial atención a la situación de la Seguridad Social (SS).

El escenario macroeconómico 2022-2023

El Cuadro 1 presenta las cifras que aparecen en el escenario macroeconómico que acompaña el proyecto de PGE 2023. El gobierno asume que el gasto en consumo final privado descontada la inflación crecerá 1,3% en 2023, una décima más que en 2021, y el gasto en consumo final de las AA. PP. se recuperará desde la caída con que se prevé cerrará 2022 (1,0%) y crecerá 0,4% en 2023. Por otra parte, el crecimiento de la Formación bruta de capital fijo registrará un fuerte repunte desde 5,1% e 2022 a 7,9% impulsado por los Bienes de equipo y la Construcción que con un crecimiento de 8,4% más que duplica el crecimiento en 2022 (3,8%). En conjunto la demanda nacional contribuirá 2,4 puntos porcentuales (p. p.) en 2023 frente a 1,5% en 2022. En contraste, el crecimiento de las exportaciones (7,3%) a menor ritmo que el de las importaciones (8,2%) restará 0,3 p.p. al crecimiento del PIB real (PIB, de aquí en adelante) para dejarlo en 2,1%, algo menos de la mitad del crecimiento anticipado en 2022 (4,4%).

Cuadro 1. Escenario macroeconómico 2022-2023 en el proyecto de PGE 2023

Nota: ETC, equivalente a tiempo completo.

Fuente: Proyecto de Presupuestos Generales del Estado 2023, Libro Amarillo, Cuadro II.2, p. 112, Proyecto PGE 2023.

El escenario anticipa también una notable reducción del crecimiento del PIB nominal que pasaría de 8,6% en 2022 a 6,0% en 2023, atribuido casi en su totalidad a la reducción del PIB puesto que el deflactor del PIB apenas se reduce 2 décimas, desde 4,0% en 2022 a 3,8% en 2022. Con relación al mercado laboral, el proyecto prevé que el empleo medido en términos de ocupados equivalentes a tiempo completo, una variable inobservable que proporciona la Contabilidad Nacional Trimestral (CNTR), se reducirá desde 2,9% en 2022 a 0,6% en 2023, lo que no será impedimento para que la tasa de paro se reduzca 6 décimas desde 12,8% a 12,2% de la población activa. La pregunta que resulta obligado formularse a la vista del relativamente optimista escenario anticipado por el gobierno en 2023 es si la aceleración del crecimiento de la demanda nacional, en un contexto de desaceleración global, está justificado o es meramente la expresión de un deseo por parte de un gobierno obligado a pasar por las urnas el próximo año.

Crecimiento del PIB sesgado al alza

Para valorar la fiabilidad que merecen las previsiones gubernamentales, lo primero que cabe hacer es contrastarlas con las proyecciones macroeconómicas de la economía española 2022-2024 publicadas por el Banco de España (BdE) hace unos días. Como se desprende del Cuadro 1, existen diferencias sustanciales entre las cifras incluidas en el escenario macroeconómico del gobierno y las proyecciones del BdE, tanto en lo que atañe a la evolución de la demanda nacional como la demanda neta exterior.

Cuadro 2. Escenario macroeconómico PGE 2023 y proyecciones macroeconómicas BdE

Nota: IAPC índice armonizado de precios de consumo.

Fuente: elaboración propia a partir del Proyecto de PGE 2023 y Banco de España.

Con relación a la primera, destaca la abultada diferencia entre el crecimiento de la Formación bruta de capital anticipado por el gobierno, 7,9%, en 2023 y el casi estancamiento proyectado por el BdE, 0,5%. Estamos hablando de una diferencia de 6,2 p.p. Por otra parte, las tasas de crecimiento de exportaciones e importaciones en el escenario gubernamental son mucho más elevadas de las proyectadas por el BdE, y además este organismo prevé, al contrario que el gobierno, que el crecimiento de las exportaciones (4,0%) superará al de las importaciones (3,1%), y la aportación del sector exterior al PIB (0,5 p.p.) será positiva y no negativa (-0,3%) como anticipa el gobierno. En conjunto, el BdE proyecta un crecimiento del PIB de 1,4% frente al 2,1% anticipado por el gobierno.

Teniendo en cuenta que el BdE se encarga de elaborar las estadísticas del sector exterior y las previsiones contractivas a nivel global manejadas por el FMI, parece razonable otorgar más peso a la estimación algo menos dinámica, aunque positiva, del sector exterior proyectada por el BdE que a la más dinámica pero negativa anticipada por el gobierno. Además, el gobierno ha revisado al alza las tasas de crecimiento incluidas en la actualización del Programa de Estabilidad 2022-2025 enviado por el gobierno a Bruselas en junio que cifraban el aumento en 2023 de las exportaciones en 2,8% y el de las importaciones en 3,3%, ambas cifras más cercanas a las proyectadas por el BdE. En cuanto a la aportación de la demanda nacional, la proyección bastante más prudente del BdE sobre la evolución de la Formación bruta de capital encaja mejor con el escaso dinamismo anticipado para el consumo por el aumento de los precios, la ralentización de la construcción por el aumento de los costes y las subidas de tipos de interés ya implementadas o a implementar en los próximos meses que afectarán a la demanda de viviendas y otros bienes duraderos.

En síntesis, la proyección de 1,4% de crecimiento del PIB realizada por el BdE, aunque sustancialmente más baja que la anticipada por el gobierno (2,1%), parece concordar mejor con la ralentización del crecimiento mundial reconocida ya como un hecho por el FMI y la OCDE y el impacto negativo que cabe esperar de las agresivas políticas antiinflacionistas puestas en marcha por la FED y el BCE, una apreciación que refuerzan las previsiones independientes de crecimiento del PIB de España en 2023 publicadas en los últimos días por diversos organismos internacionales y nacionales: la OCDE, 1,5%, la Airef, 1,3%, el FMI, 1,2%, y BBVA Research, 1,0%. El rango de estimaciones independientes difiere tanto de la cifra incluida en el escenario macroeconómico, 2,1%, que sólo cabe concluir que el gobierno anticipa una previsión de crecimiento del PIB que nadie salvo él mismo da por buena.

¿Cómo afecta el sesgo alcista del PIB a otras variables macroeconómicas?

Aunque las organizaciones empresariales y la oposición al gobierno han aprovechado el sesgo alcista en el crecimiento del PIB para desacreditar las restantes previsiones incluidas en el proyecto de PGE 2023, resulta recomendable no sacar conclusiones precipitadas, entre otras cosas porque si bien las previsiones sobre la evolución del empleo y la tasa de paro dependen de la evolución del PIB y podrían estar sesgadas también al alza, la evolución de los ingresos públicos, por ejemplo, depende de la evolución del PIB nominal, y éste a su vez de la evolución de los precios y salarios nominales. Con relación al empleo y la tasa de paro, las previsiones del gobierno y las proyecciones del BdE en el Cuadro 2 anticipan aumentos y caídas respectivamente muy modestos en 2023 que podrían ser incluso menores si el crecimiento del PIB se ralentiza en los próximos trimestres, como prevén la mayoría de los organismos internacionales y nacionales. 

No es del todo sorprendente que la actualización del informe Perspectivas Económicas Mundiales del FMI se titule “Contrarrestando la crisis del coste de vida. Inflación e incertidumbre” , ni que el título del correspondiente informe de la OCDE sea “Pagando el precio de la guerra”. Resulta difícil prever cómo evolucionarán el PIB y la inflación, entre otras cosas porque resulta difícil saber cuánto durará la guerra en Ucrania y porque no puede descartarse que se produzca incluso una escalada del conflicto que tendría consecuencias muy negativas para todo el Planeta y desastrosas para los países europeos. Lo más que puede hacerse en este escenario tan incierto son algunas conjeturas realistas y cruzar los dedos para que la guerra no se prolongue en exceso y algunos países no se involucren más de lo que ya lo están.

Aunque el aumento de los precios de la energía se dejó sentir con fuerza en España a partir del segundo trimestre de 2021, bastantes meses antes del inicio de la invasión de Ucrania, lo cierto es que el aumento de las tensiones provocadas por la prolongación del conflicto, incluidas la imposición de sanciones económico-financieras a Rusia y la consiguiente reducción de suministros de gas natural, petróleo y carbón rusos a la UE, así como de cereales y aceite de girasol procedentes de Ucrania, no ha ayudado a moderar las fuertes subidas de los precios de la energía y los alimentos que se van trasladado al conjunto de bienes y servicios y recortando el poder de compra de los salarios. A ello hay que añadir el aumento de los tipos de interés que está afectando a hipotecas y préstamos que van a recortar aún más el consumo de las familias y la inversión de las empresas y van elevar los costes financieros de todos ellos.

El escenario macroeconómico del proyecto de PGE 2023 anticipa que el deflactor del PIB se reducirá desde 4,4% en 2022 a 3,8% en 2023, en tanto que el BdE proyecta un aumento desde 3,5% en 2022 a 4,5% en 2023. Con relación a los precios de consumo, el gobierno anticipa que el deflactor del consumo privado se reconducirá desde 7,7% en 2022 a 4,1% en 2023, en tanto el BdE proyecta una reducción del crecimiento del índice armonizado de los precios de consumo (IAPC) desde 8,7% en 2022 a 5,6% en 2023. Está claro que el BdE es menos optimista que el gobierno sobre la evolución de los precios en 2023, pero como también es más pesimista sobre la evolución del PIB, el resultado es que ambos anticipan o proyectan casi la misma tasa de crecimiento del PIB nominal, 6,0% y 5,9%, respectivamente. En todo caso, esta tasa supone una reducción de 2,6 y 2,2 p.p., respectivamente, respecto a las previstas para 2022 (8,6% y 8,1%, respectivamente).

Tras este análisis, cabe concluir que al margen de las discrepancias entre el escenario del proyecto de PGE 2023 y las proyecciones macroeconómicas del BdE sobre el crecimiento del PIB y la tasa de inflación, ambas concuerdan en que el PIB nominal crecerá en torno a 6%. Incluso si las previsiones de crecimiento del PIB resultarán sesgadas al alza en ambos casos, bien porque la guerra se alarga o se agrava y persisten las disrupciones en los suministros, esta circunstancia podría compensarse con una inflación superior a la anticipada o proyectada. En el segundo trimestre de 2022, la tasa interanual de crecimiento del coste salarial por trabajador alcanzó 4,3% y según la CNTR la remuneración de los asalariados por ocupado creció 4,1% y los impuestos menos subvenciones sobre la producción 19,6%. Al impacto sobre los precios del aumento de las rentas salariales hay que sumar el que tendrá el fuerte aumento del gasto social sin desempleo de 27.523 millones (19.547 millones sólo en pensiones) en el proyecto de PGE 2023. Por todo ello, considero en exceso prudentes los aumentos de precios anticipados en los PGE 2923 e incluso en las proyecciones macroeconómicas del BdE.

Llueve sobre mojado

Las previsiones del gobierno sobre el crecimiento del PIB, 2,1%, y el aumento de los precios, 3,8%, incluidas en el proyecto de PGE 2023 son en exceso optimistas, tanto lo son que ningún otro organismo las comparte y todos esperan que el PIB crezca menos de lo anticipado por el gobierno y los precios lo hagan más, incluso si no se agudizan las tensiones geopolíticas a causa de la guerra en Ucrania. ¿Cuánto menos y cuánto más? El BdE anticipa un crecimiento del PIB de 1,4%, 7 décimas menos que el gobierno, y como muestra la línea naranja en el Gráfico 1 no espera ya que el PIB recupere el nivel de 2019 hasta finales de 2023 o comienzos de 2024. Las previsiones de la OCDE, el FMI, la Airef y BBVA Research para 2023 son incluso algo más pesimistas.

Gráfico 1. Evolución del PIB en 2019-2022 y proyecciones del PIB en 2022-2024

Fuente:” Proyecciones macroeconómicas de la economía española 2022-2024”, p. 4, BdE.

En cuanto a la evolución de los precios, el gobierno anticipa en el proyecto de PGE 2023 que el crecimiento del deflactor del PIB se reducirá en 2023 a 3,8% en tanto el BdE proyecta que en su escenario central se reducirá a 4,5% en 2023 y a 2% en 2024, si bien no descarta que en un escenario adverso, con subidas de los precios de la energía y salarios mayores, se superarían esas esas proyecciones en 1,5 p.p. El gobierno anticipa también que el deflactor del consumo privado se reducirá de 7,7% en 2022 a 4,1% en 2023 y el BdE poyecta que la tasa de crecimiento del IAPC se reducirá de 8,8% en 2022 a 5,5% en 2023. Las cifras de aumento de los precios de consumo que da el FMI son 8,8% en 2022 y 4,9% en 2023, algo inferior esta última a la del BdE (5,5%). Por su parte, BBVA Research ha elevado a 9,3% el aumento del IPC en 2022, si bien prevé que bajará a 4,9% en 2023.

Aunque existen diferencias en algunos de los indicadores empleados para medir el aumento de los precios, se pueden extraer dos conclusiones generales: primera, el gobierno anticipa cifras de crecimiento de los precios inferiores al resto de instituciones en 2022 y 2023; y, segunda, el gobierno y el resto de los organismos de previsión confían en que las agresivas subidas de tipos de interés que está implementando el BCE van a recortar bastante más la inflación que el crecimiento del PIB en España en 2023. Ya veremos, porque a veces la prudencia y el deseo de no presentar un cuadro excesivamente negro del futuro pesan demasiado en la balanza de los organismos de previsión.

A todo ello, hay que añadir las dudas que suscitan la estimación avance de crecimiento del segundo trimestre de 2022 publicada por el INE el pasado 29 de julio, 1,1%, y la revisión al alza realizada el 24 de septiembre que elevó el crecimiento del PIB hasta 1,5%. En dos artículos publicados en este diario “¿De veras aumentó el PIB en el segundo trimestre de 2022?” y “Revisión al alza del PIB bajo sospecha” he cuestionado esas estimaciones. En el primero argumenté lo implausible que resultaba la estimación avance de crecimiento del PIB (1,1%) publicada en julio, a causa de la elevada aportación de la demanda nacional. Y en el segundo expuse las dudas que suscitaba la fuerte aportación del sector exterior en la revisión de la CNTR publicada en septiembre. Como además el gobierno forzó la dimisión del anterior presidente del INE el 26 de julio de 2022, al que acusó de incurrir en errores ‘metodológicos’ que sesgaban al alza el aumento de los precios y a la baja el crecimiento del PIB, la sombra de la duda va más allá del escenario macroeconómico incluido en el proyecto de PGE 2023 y afecta a la credibilidad del sistema estadístico español en su conjunto.

Un proyecto de PGE 2023 más que cuestionado II

Adjunto enlace a mi artículo publicado desde el Observatorio Económico y Social de España y Cataluña (OBESCAT) en el diario El Liberal el 22 de octubre de 2022. Agradezco de antemano su ayuda para difundirlo entre sus amigos y conocidos.

En mi artículo de la semana pasada examiné con bastante detalle el escenario macroeconómico incluido el proyecto de Presupuestos Generales de España 2023 (PGE 2023, de aquí en adelante) presentado por el Gobierno el 6 de octubre, que sirve (o debería servir), para sustentar las previsiones sobre la evolución de los ingresos, la necesidad de financiación y la deuda pública. Los resultados que obtuvimos pueden resumirse de modo muy sumario en dos conclusiones generales y un par de corolarios.

La primera conclusión es que ningún organismo internacional o nacional prevé que el PIB real (PIB, de aquí en adelante) de la economía española crecerá 2,1% en 2023 como anticipa este gobierno sino bastante menos, presentando la cifra avanzada por Calviño y Montero en el proyecto de PGE 2023 un sesgo alcista muy notable sobre las previsiones de la OCDE (1,5%), el Banco de España (BdE) (1,4%), %, la Airef, 1,3%, el FMI (1,2%), BBVA Research (1,0%) y Funcas (0,7%). La bonanza que espera el Gobierno se sustenta en un crecimiento de la demanda nacional muy superior al que proyecta el BdE impulsado por el crecimiento de la formación bruta de capital fijo.

La segunda conclusión general es que el proyecto PGE 2023 anticipa subidas de precios inferiores a las proyectadas por el BdE. En concreto, el deflactor del PIB se reducirá de 4,4% en 2022 a 3,8% en 2023 según el Gobierno, mientras que el BdE proyecta una subida desde 3,5% en 2022 a 4,5% en 2023. El Gobierno anticipa también que el deflactor del consumo privado se reducirá de 7,7% en 2022 a 4,1% en 2023, en tanto el BdE considera que el índice armonizado de precios de consumo (IAPC) pasará de 8,7% a 5,6%. Así que, si bien Gobierno y BdE esperan que el ritmo de crecimiento de los precios de consumo se moderará considerablemente en 2023, el BdE proyecta una subida del deflactor del PIB, el indicador más completo de la evolución de los precios de los bienes y servicios producidos en España, mientras que el Gobierno anticipa una caída en 2023.

El primer corolario que podemos extraer es que el modesto aumento del empleo y la tímida reducción de la tasa de paro podrían quedar en agua de borrajas, si el PIB crece menos de lo anticipado por el Gobierno. El segundo corolario es que el menor crecimiento del PIB podría compensarse por una inflación superior a la anticipada por el Gobierno en su escenario macroeconómico. De hecho, el crecimiento del PIB nominal en el proyecto de PGE 2023 (6,0%) y el proyectado por el BdE (5,9%) resultan indistinguibles, aunque esta coincidencia no implica que puedan darse por buenas las previsiones de ingresos incluidas en los PGE 2023, puesto que la recaudación depende tanto o más que de la evolución del PIB nominal de los ajustes en las bases y los tipos impositivos, así como por la introducción de nuevas figuras impositivas sobre las empresas energéticas, las entidades financieras y las grandes fortunas.

En este artículo voy a examinar con cierto detenimiento los ingresos y gastos para valorar si como afirmó Montero, ministra de Hacienda y Función Pública y responsable de la elaboración del proyecto, los PGE 2023 van a reforzar la justicia social y la eficiencia económica al mismo tiempo, dos objetivos que, como indicaba la semana pasada “los economistas consideramos difícil reconciliar, cuando por justicia social se entiende redistribuir la renta, como es el caso, y por eficiencia económica mejorar la situación de alguien en la sociedad sin empeorar la de ningún otro”, o si estamos ante un mero ejercicio de prestidigitación lingüística “con el que la ministra viene a decirnos que no hay motivo para preocuparse por las subidas de impuestos que ya están soportando las familias y empresas, ni por los nuevos impuestos que van a llegar en 2023”, porque los ingresos se destinarán a una buena causa.

Ingresos consolidados del Estado en el proyecto de PGE 2023

El Cuadro 1 presenta los ingresos consolidados presupuestados del Estado, Organismos Autónomos, Seguridad Social y Resto de Organismos en 2022 y 2023. En las dos primeras columnas aparecen las cifras absolutas en los PGE 2022 y el proyecto de PGE 2023, en la tercera columna la diferencia entre ambas y en la cuarta columna la variación porcentual.  El cuadro presenta la información desglosada para los ocho capítulos del presupuesto y diversos subtotales:   I. Impuestos directos y cotizaciones sociales; II. Impuestos indirectos; III. Tasas, precios públicos y otros ingresos; IV. Transferencias corrientes; V. Ingresos patrimoniales; I-V Operaciones corrientes que incluye los capítulos I a V; VI. Enajenación de inversiones reales; VII. Transferencias de capital; VI-VII. Operaciones de capital; I-VII. Operaciones no financieras que incluye los capítulos I-VII; VIII. Activos financieros; y I-VIII Total capítulos I-VIII.

Como puede observarse en la tercera y cuarta columnas las cifras que aparecen son negativas para la mayoría de los capítulos (II, III, V, VII y VIII) y sólo los capítulos I, Impuestos directos y cotizaciones sociales, III Tasas precios públicos y VI, Enajenación inversiones reales, registran aumentos en 2022. En conjunto, el aumento de los ingresos para los ocho capítulos resulta bastante modesto, 3,4%, sin embargo, el aumento presupuestado para el conjunto de Operaciones no financieras, capítulos I-VIII, crece 6,1%, una décima más que el aumento del PIB nominal anticipado por el Gobierno en el escenario macroeconómico de los PGE 2023.

Cuadro 1. Ingresos consolidados del Estado en los PGE 2022 y en el proyecto de PGE 2023

Fuente: elaboración propia a partir del proyecto de PGE 2023, Libro Amarillo, pp. 122 y 264.

Por la importancia de las cifras, el rasgo más destacado del proyecto de ingresos es el aumento del capítulo I, Impuestos directos y cotizaciones sociales que se incrementa en 24.957 millones, crece 10,2% sobre la cifra presupuestada en 2022 y eleva la participación de este capítulo en el total ingresos de 64,7% a 69,0%. Las Tasas, precios públicos y otros ingresos, una partida relativamente menor en las cuentas, aumenta 893 millones, crece 6,6%, y deja prácticamente inalterada la participación del capítulo III en el total de ingresos presupuestados. El último capítulo que anticipa un aumento de los ingresos es la enajenación de inversiones reales, si bien su carácter casi simbólico no merece comentario alguno. En el lado negativo, resulta sorprendente la estabilidad de los ingresos del capítulo II, Impuestos indirectos, que decrecen en 71 millones y reducen su participación desde 15,4% a 14,8% sobre el total de ingresos, y la reducción de los ingresos del capítulo VII, Transferencias de capital, que caen en 2.927 millones y reducen su participación de 5,2% a 4,2%.

Tres rasgos me parecen dignos de resaltar del presupuesto de ingresos para 2023:

• El primero es el fuerte aumento de los ingresos fiscales por impuestos directos y cotizaciones sociales 10,23% que se desglosa en crecimiento de los impuestos directos de 11,30% y de las cotizaciones sociales de 9,74%. Ambos crecen 5,30 y 3,74 puntos porcentuales (p.p.) por encima del crecimiento del PIB nominal (6,0%) anticipado por el Gobierno en el proyecto, una clara indicación del aumento de la presión fiscal que soportarán los contribuyentes. Dentro de los impuestos directos, destaca el fuerte aumento de la recaudación prevista por el impuesto de Sociedades que aumenta 16,51%.
• El segundo hecho destacable es la ligera caída anticipada en los ingresos por impuestos indirectos desde 57.880 millones en los PGE 2022 a 57.809 millones en el proyecto de PGE 2023. La cifra carece de credibilidad porque si el PIB nominal avanza 6% en 2023 resulta implausible que la recaudación por IVA no lo haga a un ritmo similar, sino que se reduzca 1,03%. Esta incredulidad está respaldada por el hecho de que avance de liquidación del PGE 2022 que presenta el propio Gobierno en el Libro Amarillo del proyecto de PGE 2023 muestra que el Estado va a recaudar 62.671 millones en 2022, superando en 4.791 millones la cifra de ingresos (57.880 millones) presupuestados en 2022 y en 4.862 la cifra prevista en el proyecto de PGE 2023.
• Por último, se registra un aumento de la presión impositiva definida por el cociente de la suma de impuestos directos, cotizaciones sociales e impuestos indirectos sobre el PIB nominal de 0,49 p.p que, a causa de la infravaloración de la recaudación por impuestos indirectos, podría resultar algo mayor.

Mi conjetura es que el gobierno Sánchez pretende ocultar la verdadera recaudación que va a obtener con los impuestos indirectos en 2023, como ya ocurrió con el PGE 2022, con un doble propósito. Primero, justificar la ‘necesidad’ de elevar los impuestos directos sobre la renta de las personas físicas y sociedades, así como las cotizaciones sociales. Y segundo, trasladar a la sociedad una imagen pretendidamente ‘progresista’ de unas cuentas del Estado donde los ingresos por impuestos directos aumentan varios puntos más que el PIB nominal, mientras que los ingresos por impuestos indirectos disminuyen incluso en términos absolutos respecto a los presupuestados en 2022, con el propósito de ocultar el aumento de la presión fiscal que los contribuyentes vamos a soportar en IVA e impuestos especiales en 2023, un año en que Sánchez tendrá que afrontar elecciones generales y pasar por las urnas

Sobre el fuerte aumento de los ingresos por cotizaciones sociales, 10,23% respecto a los presupuestados en 2022, sólo cabe decir que en un contexto de bajo crecimiento del PIB y del empleo, en el mejor de los casos, constituye una equivocación de bulto seguir elevando las cotizaciones sociales, un gravamen que reduce la creación de puestos de trabajo, eleva los costes de producción de todos los bienes y servicios, ya tensionados por las subidas de los precios de la energía y otros productos intermedios, así como de los salarios, y, en fin, erosiona la competitividad de las empresas exportadoras. Un auténtico despropósito que no encaja en absoluto con el objetivo manifestado por el Gobierno de acelerar con este proyecto de PGE 2023 “las reformas para hacer la economía más resiliente, sostenible, innovadora y productiva”. Este fuerte aumento de las cotizaciones sociales nos aleja de alcanzar tan loable objetivo.

Gastos consolidados del Estado en el proyecto de PGE 2023

El Cuadro 2 presenta los gastos presupuestados en el proyecto de PGE 2023 clasificados por capítulos con desgloses de operaciones corrientes, capítulos I a IV, fondo de contingencia, capitulo V, operaciones de capital, capítulos VI y VII, total operaciones no financieras, capítulos I a VII, activos financieros, capítulo VIII, pasivos financieros, capítulo IX, total operaciones no financieras, capítulos VIII y IX, y total presupuesto, capítulos I a IX. Al igual que en el Cuadro 1, las dos primeras columnas proporcionan la cuantía de las partidas de gasto presupuestadas en 2022 y 2023, la tercera columna presenta la variación absoluta y la cuarta columna la variación porcentual. Una característica distintiva del Cuadro 2 es que desglosa el gasto financiado con fondos propios y el financiado por la UE con cargo a los recursos procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

Las partidas de gasto en el proyecto de PGE 2023 registran aumentos muy dispares, si bien el ritmo de avance del conjunto de operaciones no financieras con cargo al presupuesto nacional es 6,22%, una cifra que se reduce a 5,55% cuando se incluye el PRTR. En todo caso, son cifras no muy alejadas del crecimiento del PIB nominal (6,0%) anticipado en el escenario macroeconómico del Gobierno. Como puede observarse en las últimas filas del Cuadro 2, las ratios Gasto operaciones corrientes sobre el PIB y Gasto operaciones no financieras sobre el PIB, registran reducciones de 0,14 p.p. en ambos casos, lo que permite afirmar que las cifras presupuestadas se acompasan al crecimiento del PIB nominal y no alteran significativamente los recursos absorbidos por los gastos corrientes y no financieros del Estado.

Cuadro 2. Gastos consolidados del Estado PGE 2022 y proyecto de PGE 2023

Fuente: elaboración propia a partir del proyecto de PGE 2023, Libro Amarillo, pp. 124.

Los capítulos en que se sobrepasa en mucho esas cifras son el capítulo II. Gastos en bienes y servicios que crece 11,73% y el capítulo VI. Inversiones reales que crece 30,03% impulsado tanto por el Presupuesto Nacional (24,61%) como por los recursos del PRTR (61,71%). En el extremo opuesto, cabe mencionar el capítulo III. Gastos financieros que aumenta 3,64% impulsado al alza por la subida de los tipos de interés, y el capítulo VII. Transferencias de capital donde el fuerte crecimiento con cargo al Presupuesto Nacional (14,66%) resulta más que compensado por la reducción de las transferencias de capital por cuenta del PRTR (-10,43%). En conjunto, el total de I-IV. Operaciones corrientes crece 5,48% y el total de I-VII de operaciones no financieras 5,55%, si bien el aumento en este caso con cargo al Presupuesto Nacional 6,22% excede por dos décimas el crecimiento del PIB nominal.

La cifra más elevada de todo el presupuesto de gastos corresponde al capítulo IV. Transferencias corrientes. Entre esas transferencias destacan por su cuantía las pensiones (190.687 millones), las transferencias a otras Administraciones Públicas (66.052 millones), otras prestaciones económicas (22.999 millones), prestaciones a los desempleados (21.278 millones), transferencias a la UE (17.779 millones), fomento del empleo (7.443 millones), servicios sociales y promoción social (5.743 millones) y acceso a la vivienda (992 millones). En conjunto, el capítulo IV crece 5,37%, algo menos que el PIB nominal, pero el gasto presupuestado en pensiones, que pasa de 171.140 millones en 2022 a 190.687 millones en el proyecto de PGE 2023 (véase, proyecto de PGE 2023, Libro Amarillo, p. 135), crece 11,42% y los servicios sociales y de promoción social 17,74%.

Saldos, déficit y deuda

El proyecto de PGE 2023 presenta un escenario excesivamente optimista sobre el crecimiento del PIB real, sobrevalorado a la luz del resto de estimaciones, y la inflación, casi con toda seguridad infravalorada. Además, el proyecto ignora los efectos positivos que cabe esperar de la inflación sobre las cifras de recaudación, especialmente patente en el caso de los impuestos indirectos que cuya recaudación se asume van a disminuir ligeramente. Esta circunstancia, sumada a que el crecimiento de los gastos corrientes y de capital presupuestados, 5,5%, es medio punto inferior al crecimiento del PIB nominal, permite afirmar con cierta confianza que resultará factible en principio reducir el déficit público en 2023, siempre que se cumplan o se mejoren las previsiones de ingresos y los gasto no se aumenten más durante la tramitación de los presupuestos en Las Cortes, algo bastante improbable.

El Cuadro 3 muestra los saldos por operaciones corrientes y de capital. Como puede observarse, el saldo de las operaciones corrientes es ligeramente positivo, 4.560 millones, y el de las operaciones de capital algo más negativo, -6.067 millones. El resultado conjunto da un saldo de operaciones no financieras de las cuentas consolidadas del Estado de -1.548 millones que reduce la ratio del saldo sobre el PIB de -5,05% en 2022 a -4,87% en 2023. Comparando la cifra correspondiente a 2023, -4,87%, con la Necesidad de financiación de las AA. PP. -3,9% (Libro Amarillo, p. 65), observamos una diferencia sustancial que no sabemos si cabe achacar a que el resto de las Administraciones registrarán saldos positivos, o a que el Gobierno, consciente de la infravaloración de los ingresos impositivos por las razones ya explicadas, anticipa una reducción del déficit del Estado bastante mayor de la que se deduce del proyecto de PGE 2023.

Cuadro 3. Saldos operaciones corrientes, de capital y no financieras 2022 y 2023

Fuente: elaboración propia a partir del Libro Amarillo del proyecto de PGE 2023.

De todos modos, conviene ser muy cautos sobre la magnitud del déficit público en 2023. La comunicación enviada por el gobierno Sánchez a Bruselas el 15 de octubre, apenas una semana después de presentar solemnemente el proyecto de presupuestos en el Congreso, en la que manifiesta la intención de “gastar 10.000 millones más para combatir la inflación”, produce perplejidad y obliga a tomar con mucha precaución las cifras de gastos incluidas en el proyecto de PGE 2023, al menos hasta que concluya su tramitación en el Congreso. De repente, el Gobierno parece haber caído en la cuenta de que va a ingresar bastante más de lo anticipado en el presupuesto que acaba de presentar, y se ha apresurado a gastarlo antes de las elecciones de 2023, en lugar de destinar ese maná producido por la inflación a reducir el déficit público para convencer a los mercados de que este gobierno está comprometido a alcanzar la estabilidad presupuestaria.

Como puede observarse en el Cuadro 2, los gastos financieros en que incurrirá el Estado en 2023 para pagar los intereses de la deuda pública absorberán 31.372 millones a sumar a los 108.835 millones desembolsados entre 2018 y 2021. Con una deuda pública que en junio de 2022 alcanzó 1,966 billones y una deuda de 1,475 billones según el protocolo de déficit excesivo, la necesidad de recurrir a los mercados para financiar 70.000 millones (Libro Amarillo, p. 311) de emisiones netas a lo largo de 2023, con los tipos de interés al alza por el cambio en el rumbo de la política monetaria, resultaría aconsejable, como manifestó el gobernador del Banco de España en su comparecencia en la Comisión de Presupuestos en el Congreso, algo más de prudencia por parte del Gobierno de España, uno de los países de la UE que, como muestra el Gráfico 1, presenta una ratio Deuda pública / PIB muy elevada.

Gráfico 1. Deuda según el protocolo de déficit excesivo de las AA. PP. 2000-2022

Fuente: Banco de España.

Un Gobierno muy reacio a acometer la consolidación fiscal

Con relación a la firmeza del compromiso del gobierno Sánchez con la consolidación fiscal, hay algunas indicaciones muy reveladoras de sus oscuras intenciones sobre la materia. Ante la afirmación avanzada por La Moncloa en abril de 2022 y recogida casi literalmente en el texto del proyecto de PGE 2023 de que “será necesario proseguir con la agenda de reformas económicas, emprender inversiones públicas de calidad y mejorar la composición de las finanzas públicas, de forma que la reducción de la deuda no dependa únicamente de la consolidación presupuestaria” (Libro amarillo, p. 117), uno no puede evitar preguntarse cuáles serán esas “reformas económicas” e “inversiones públicas de calidad” que permitirán reducir la deuda sin recortar el gasto público, y la única respuesta posible es con más impuestos, una intención enmascarada tras la ambigua expresión “mejor composición de las finanzas públicas”.

No contento con estas vaguedades el Gobierno aboga por transformar “los objetivos de sostenibilidad fiscal a medio plazo en una regla sencilla que contribuiría a un marco más comprensible, fácil de aplicar y contracíclico”. (Libro amarillo, p. 117). La regla actual ya es muy sencilla y fácil de aplicar: cumplir los criterios de déficit y deuda acordados en Maastricht que, por cierto, no se han cumplido nunca. Todo lo que suponga levantar el techo de deuda para dar por buenos los altos niveles alcanzados tras la Gran Recesión y la Recesión Pandémica en tantos países de la UE reducirán enormemente el margen de la política fiscal para instrumentar políticas contracíclicas cuando se produzcan nuevas perturbaciones adversas, dejará a las economías expuestas a padecer situaciones críticas como las vividas en los mercados de deuda en 2012, y supondrá una pesada herencia para los contribuyentes que tendrán que afrontar el pago de intereses de la ingente deuda acumulada durante décadas.

Llama sobremanera la atención que la ministra Calviño afirme sin ruborizarse que el FMI avala las políticas del gobierno español. A esto se le llamaba antes coger el rábano por las hojas. Una cosa, ministra, es focalizar la política fiscal para compatibilizar la consolidación fiscal con la defensa de los colectivos más afectados por la crisis energética y la subida de precios, y otra muy distinta retrasar sine die los ajustes presupuestarios necesarios para cuadrar las cuentas públicas y gastar más de lo que se planea recaudar año tras otro. Permítanme recordarles, Sras. Calviño y Montero, que el déficit acumulado por las AA. PP. entre 2018 y 2021 asciende a 265.485 millones, según la Intervención General de la Administración del Estado, y que su gobierno contempla incurrir en nuevos déficits año tras año y situarlo debajo de 3% del PIB en 2025 (Libro amarillo, p. 257), Dios mediante

Desde luego no desde la justicia social y la eficiencia económica pueden justificarse las subidas impositivas de impuestos directos y cotizaciones sociales que quiere implementar el Gobierno, no con la intención de reducir el déficit y la deuda como aconseja la prudencia presupuestaria en un contexto de tanta incertidumbre, sino para revalorizar todas las pensiones y otros gastos sociales incluso por encima del crecimiento del IPC y acometer inversiones reales no avaladas por estudios rigurosos que prueben su rentabilidad social. La credibilidad constituye un activo importante de los gobiernos y el proyecto de PGE 2023 presentado por el equipo económico del gobierno Sánchez no ayuda precisamente a reforzar la credibilidad del Reino de España.

Guerra, inflación, empobrecimiento y hambre

Artículo publicado desde el Observatorio Económico y Social de Cataluña (OBESCAT) en el diario El Liberal el 8 de octubre de 2022. Agradezco de antemano su ayuda para difundirlo entre sus amigos y conocidos.

La guerra que se está librando en Ucrania desde el pasado 24 de febrero no sólo ha convertido en espectáculo cotidiano la destrucción, muerte y desolación padecida en el escenario del conflicto, donde el gobierno de Ucrania, ayudado por Estados Unidos, Reino Unido y algunos países de la UE, por una parte, y el ejército ruso junto con las fuerzas ucranianas prorrusas, por otra, están librando feroces combates, sino que existe la posibilidad de que la prolongación de la guerra acabe por escalar el conflicto, y la devastación, circunscrita de momento a Ucrania, pueda alcanzar cualquier rincón de Europa, donde la mayoría de los ciudadanos continuamos mal que bien con nuestras rutinas cotidianas, pese al aumento de los precios y la perspectiva de una nueva recesión a la vista.

De tanto en tanto, escuchamos incluso a los expertos contemplar abiertamente sin inmutarse la posible utilización por parte del gobierno ruso de armas nucleares tácticas para hacer frente a los reveses sufridos en el campo de batalla, pese que ello agravaría la devastación y el sufrimiento de todos los habitantes en Ucrania y dejaría abierto el camino a una conflagración mundial donde podría emplearse armamento estratégico nuclear. Si la UE no estaba preparada para afrontar siquiera la crisis energética que ha resultado del aumento de las tensiones en Ucrania en 2021 y la posterior invasión rusa el 24 de febrero de 2022, un conflicto perfectamente acotado y sobre el que la Comisión Europea anda a la búsqueda de improvisadas soluciones, ¿cómo podemos contemplar y analizar sin inmutarnos una escalada de la guerra de esta naturaleza que podría sumir de nuevo a Europa al completo en la devastación y miseria más absolutas?

Azuzar el conflicto

Estados Unidos siempre consideró deseable para avanzar su proyección hegemónica en Europa que Ucrania, al igual que otros países que habían formado parte de la Unión Soviética o del Pacto de Varsovia, se alejaran de la órbita de influencia de la Federación de Rusia (Rusia), un país con una población relativamente pequeña, pero poseedor de un vaso territorio, enormes reservas energéticas y minerales, y un notable arsenal nuclear. Antes de la anexión de Crimea en febrero-marzo de 2014, los diplomáticos de la UE parecían inclinarse en favor de la intervención de Naciones Unidas para resolver las tensiones en Ucrania, en tanto el gobierno estadounidense aspiraba a formar un gobierno afín a sus intereses y contrario a los de Rusia.

Los manifestantes en la Plaza de la Independencia (Maidan Square en terminología anglosajona), contrarios al presidente Yanukovych, elegido democráticamente, y partidarios de la integración de Ucrania en la UE, recibieron la reconfortante visita de Nuland, vicesecretaria del Departamento de Estado para Asuntos Europeos y Euroasiáticos del gobierno de Obama, y el apoyo explícito del vicepresidente Kerry. La filtración del contenido de una conversación mantenida entre la vicesecretaria y el embajador estadounidense en Ucrania sobre cómo debía conformarse el nuevo gobierno de transición en Ucrania sin contar con la UE –“Qué se joda la UE”, fueron las palabras empleadas por la educada vicesecretaria- era una clara indicación de las nada amigables intenciones de los Estados Unidos hacia Rusia e incluso hacia la UE. La tensión entre Ucrania y Rusia siguió elevándose tras la anexión de Crimea en febrero-marzo de 2014 y durante la presidencia de Poroshenko (2014-2019) quien, en su visita de estado a Estados Unidos en septiembre 2014, solicitó en una emotiva sesión conjunta del Congreso ayuda militar letal y no letal para continuar luchando “una guerra por el mundo libre”.

A partir de 2014, la imposición de sanciones por parte de la UE, siguiendo la estela de Estados Unidos, elevaron el nivel de tensión en el Este de Ucrania donde en algunas zonas el sentimiento prorruso era predominante. Ni siquiera los acuerdos Minsk I en 2014 y Minsk II en 2015, firmados por los gobiernos de Ucrania y los líderes de las milicias rebeldes en el Este del país, lograron reducir la tensión. Aunque el segundo de los acuerdos, auspiciado por la Organización para la Seguridad y Cooperación Europea (OSCE), contó con el respaldo de los gobiernos de Alemania y Francia, el cuarto punto del acuerdo que comprometía a las partes “a empezar un diálogo sobre autogobierno provisional para las regiones de Donetsk y Luhansk y reconocer un estatus especial para ellas compatible con la legislación ucraniana” nunca llegó a cumplirse. Y a nadie pareció importarle demasiado que se incumpliera.

La situación no mejoró cuando Zelensky obtuvo una amplia victoria en la segunda ronda de las elecciones de 2019, logrando imponerse tanto en las regiones del oeste de Ucrania donde Poroshenko contaba con mayor respaldo, como en las regiones del Este, incluido el Dombás, donde su victoria era considerada por la población prorrusa un mal menor. La promesa de Zelenski de “resolver una guerra que dura más de cinco años” encontró resistencia entre los seguidores de Poroshenko que, con su líder a la cabeza, se manifestaron en Kiev en vísperas de la cumbre celebrada en París el 9 de diciembre de 2019 para exigirle que no hiciera concesiones sobre la soberanía en la región, lo que equivalía a cerrar la posibilidad a alcanzar un acuerdo negociado con Rusia para poner fin al conflicto. Putin insistió en la necesidad en conceder autonomía a las regiones en conflicto, como se había acordad en Minsk II, en tanto Zelenski reclamó recuperar el control de la frontera con Rusia en la región. Quedaron en verse cuatro meses después, pero no cumplieron el compromiso de seguir hablando. Trump optó por quedarse al margen y no fue hasta el acceso de Biden a la Casa Blanca en enero de 2021 cuando Zelenski comenzó a sentirse más respaldado por Washington.

En todo caso, la crisis ucraniana cocinada a fuego lento desde 2014 hasta finales de 2021 ha vuelto a poner de manifiesto: 1) la inoperancia de la ONU y otras organizaciones internacionales como la OSCE para jugar un papel mediador efectivo en la resolución pacífica de disputas territoriales y evitar el desencadenamiento de conflictos armados; 2) el sometimiento de las instituciones de la UE y los gobiernos de los países miembros a los intereses estratégicos de Estados Unidos para aumentar la confrontación con Rusia, una inclinación especialmente acusada en aquellos países de la UE  que estuvieron bajo la bota del imperialismo soviético y ahora están bajo la influencia de los Estados Unidos; y 3) la inhibición clamorosa de algunos líderes mundiales que al no estar alineados con Estados Unidos y mantener relaciones amistosas  con el régimen de Putin podrían (y deberían) haber desempeñado un papel mediador para encontrar una solución y evitar la guerra.

Víctimas colaterales

De momento, los ciudadanos en la UE estamos digiriendo como podemos las fuertes subidas de los precios de la energía y los alimentos en 2021, avivadas tras el inicio de la invasión rusa de Ucrania el 24 de febrero de 2022, y estamos empezando a padecer los efectos de una agresiva subida de los tipos de interés que el BCE ha puesto en marcha para atajar la subsiguiente inflación ocasionada por el espectacular aumento de los precios de la energía y los alimentos. Y a resultas de todo ello nos encontramos a las puertas de una nueva contracción económica que recortará el empleo y elevará la tasa de paro en la UE. Como se muestra en el Gráfico 1, al aumento de los precios de la energía ha superado ya con creces los picos anteriores y nos augura a los ciudadanos de la UE un invierno donde vamos a tener que pasar más frío del habitual.

Grave como pueda antojarse la situación desde nuestra acomodada perspectiva eurocéntrica, resulta incluso mucho más preocupante la situación de otros países completamente ajenos al conflicto bélico con niveles de vida muy inferiores a los nuestros, países donde las disrupciones en los suministros procedentes de Rusia y Ucrania y el consiguiente aumento de los precios de los alimentos, aceites y fertilizantes augura, no ya pérdidas de bienestar moderadas como en las economías avanzadas europeas, sino auténticas dificultades para alimentar a poblaciones altamente vulnerables, y la necesidad de poner en marcha programas de ayuda internacional para hacer frente a la creciente factura de las importaciones de bienes con alto contenido calórico.

Gráfico 1. Precios de alimentos, cereales, energía y fertilizantes 20º5-2022

Fuente: “Tackling the global food prices. Impact, policy response and the role of the IMF”, Note 2022/04, p. 6. IMF, September 29^th.

Gráfico 2. Índice de precio real de los alimentos e inseguridad alimentaria global

Fuente: IMF.

El Gráfico 2 muestra la fuerte subida que ha registrado el índice de precios (real) de los alimentos elaborado por la UN Food Agriculture Organization (FAO) y el consiguiente aumento de personas malnutridas que ha pasado de menos de 600 millones en 2018 a más de 800 millones en 2022. El aumento del número de personas malnutridas no amenaza únicamente a las poblaciones de los países subsaharianos en África, sino que va a afectar también a países de América Central, Asia Central y el área SEMED (South Eastern Mediterranean) que, según la FAO, son también importadores netos de calorías. En 2021, las importaciones de cereal de estos últimos países procedentes de Rusia y Ucrania oscilaban entre un mínimo de 20% en el caso de Marruecos y un máximo de 75% en el caso de Egipto y Líbano.

Aunque no sean ni mucho menos los únicos países que han impuesto restricciones y tasas a las exportaciones en esta crisis, el conflicto bélico y las necesidades para afrontar la guerra han llevado a Ucrania y a Rusia a imponerlas con el doble propósito de asegurar el suministro a sus poblaciones y castigar al enemigo. La decisión tiene importancia para el resto del mundo puesto que, según la FAO, “en 2021, Rusia o Ucrania, o ambos, figuraban entre los tres mayores exportadores de trigo, cebada y maíz, colza y aceite de colza, semillas y aceite de girasol” y “la Federación de Rusia fue el primer exportador mundial de fertilizantes de nitrógeno, el segundo de fertilizantes de potasio y el tercero de fertilizantes de fósforo”.

Gráfico 3. Índices FAO de precios de cereales, aceites vegetales y fertilizantes 2019-2022

Fuente: “Implications of the war in Ukraine for agrifood trade and food security in the Southern and Eastern Mediterranean”, pp. 21 y 22, UN FAO.

En conjunto, las restricciones a las exportaciones y la imposición de tasas a la exportación han alcanzado en 2022 niveles incluso superiores a los registrados en la crisis alimentaria de 2008 y la reciente crisis pandémica, y sus efectos se han dejado sentir en los precios que, como se muestra en el Gráfico 3, han alcanzado sus máximos históricos en 2022. Ese mismo estudio de la FAO prevé que la reducción de exportaciones de cereales y aceites vegetales desde los graneros de Rusia y Ucrania podría elevar los precios de los alimentos y forrajes en la campaña 2022-2023 entre 8% y 22%, sobre los ya elevados precios actuales. Otro estudio publicado también por la FAO estima que los gobiernos de las economías menos avanzadas tendrán que hacer frente a un aumento de 9.000 millones de dólares anuales en 2022 y 2023 en la factura de importaciones de cereales y fertilizantes requeridos para alimentar a sus poblaciones.

Urge parar la guerra

A la vista de la sangría, devastación y miseria que han producido conflagraciones anteriores en Europa, resultaría ingenuo decir ahora que resulta incomprensible la actitud de quienes, como Putin, han antepuesto su miserable objetivo, la anexión de cuatro regiones en Ucrania en este caso, a preservar el bienestar de la inmensa mayoría de ucranianos, rusos y ciudadanos de todo el mundo, personas a quienes hoy nos toca sufrir en mayor o menor medida la barbarie de una nueva guerra librada una vez más en suelo europeo, pero cuyas consecuencias salpican a centenares de millones de personas en todo el mundo. Masacrarnos mutuamente ha sido algo que hemos venido haciendo durante siglos y a veces con gran entusiasmo, y quienes hoy estamos asistiendo a este nuevo conflicto somos tan solo los herederos de quienes sobrevivieron los conflictos pasados.

Putin es, sin duda, un gobernante peligroso, pero elegido en las urnas, al fin y al cabo, y está al frente de un gobierno despótico que cuenta con suficiente armamento para provocar daños de carácter irreparable y magnitud infinitamente superior a la muerte, horror y miseria que la invasión de Ucrania ya ha causado. Esta guerra subrogada que Estados Unidos y el Reino Unido están librando contra Putin, con la aquiescencia y apoyo de la UE, no tendrá ganadores, solo supervivientes, y sí muchos perdedores: los caídos, heridos y mutilados, quienes pierdan a sus seres queridos, sus viviendas y cosechas, quienes padezcan hambre, pasen frío o pierdan su empleo a causa de la subida de los precios de la energía, los alimentos y los fertilizantes. Ninguno de los líderes de la Unión Soviética, a excepción de Gorbachov, merecía más respeto que Putin, y, sin embargo, resultó posible alcanzar acuerdos con Estados Unidos para no desatar la furia nuclear.

Esta guerra hay que pararla antes de que devenga en algo peor y lo asombroso es que casi nadie se atreva a decirlo, ningún líder con peso suficiente lo esté intentando, e incluso haya analistas que contemplen sin inmutarse la posibilidad de emplear armas nucleares para solventarla. La tibieza y la miopía en nuestras acomodadas sociedades nos lleva a creernos ricos e invulnerables, cuando en realidad nuestro bienestar pende de un fino hilo, y nuestras vidas están en manos de líderes que esconden intereses hegemónicos detrás de sus buenas palabras en defensa de la libertad y la democracia y se niegan a aceptar la existencia de otras potencias a las que hay que respetar y con las que resulta imprescindible alcanzar acuerdos para no vernos abocados a una conflagración de consecuencias nefastas para todo el mundo y hasta para la vida en el planeta Tierra.

ANÁLISIS / Guerra, inflación, empobrecimiento y hambre

Revisión al alza del PIB bajo sospecha

Artículo publicado desde el Observatorio Económico y Social de Cataluña (OBESCAT) en el diario El Liberal el 1 de octubre de 2022. Agradezco de antemano su ayuda para difundirlo entre sus amigos y conocidos.

El pasado 6 de agoto publiqué en este diario un artículo titulado “¿De veras aumentó el PIB en el segundo trimestre de 2022?” en el que comentaba la estimación avance de las principales macromagnitudes publicadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE) unos días antes. En las semanas previas, Poo, presidente del supuestamente independiente organismo estadístico que tiene encomendadas la elaboración de las Cuentas Nacionales y el IPC, entre otras muchas estadísticas, había estado sometido a una fuerte presión por parte del Gobierno y acababa de presentar su dimisión. El gobierno con Calviño, ministra de Economía, Competitividad y Transformación Digital, a la cabeza, achacaba al INE aplicar una metodología inadecuada para calcular el precio de la electricidad, lo que a su entender sesgaba al alza el aumento de los precios y reducía el aumento del consumo de las familias y del PIB (a precios constantes).

La estimación avance en julio cifraba el aumento intertrimestral del PIB en 1,1% frente a una caída de 0,2% en el primer trimestre y parecía confirmar la buena marcha de la economía española tras el tropezón del trimestre anterior. En mi artículo sostuve que “hay buenas razones para tener dudas sobre la verosimilitud de las cifras en apariencia tan satisfactorias publicadas la semana pasada por el INE, dudas unas de naturaleza política y otras de carácter técnico”, e incluso me atrevía a afirmar que “los argumentos que voy a presentar sugieren que las estimaciones publicadas por el Instituto, contrariamente a lo que venía sosteniendo el Gobierno, infravaloran la inflación y sobrevaloran el crecimiento del PIB”. En concreto, la evidencia que presenté sugería que el aumento de los precios de la electricidad era incluso mayor que el recogido en el IPC y que el consumo de los hogares a precios constantes y el PIB eran inferiores a las cifras avanzadas por el INE.

¿Quién tenía razón?

Las estimaciones del PIB publicadas el 24 de septiembre, con Elena Manzanera ya ejerciendo de presidenta del INE desde agosto, han revisado al alza el crecimiento del PIB en el segundo trimestre de 2022 desde 1,1% hasta 1,5%, indicando contrariamente a lo que sostuve en mi artículo que la economía creció 4 décimas más de lo anticipado en julio. A primera vista, estaba equivocado en mis apreciaciones y la economía no iba peor, como sostenía en el artículo, sino incluso mejor. No deja de ser una sospechosa coincidencia que la revisión al alza se produjera tras situar al frente del INE a una persona cuyo currículo, a diferencia de Poo, resulta casi anecdótico, y fue vicepresidenta de Coordinación y Planificación del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía desde 2004 hasta 2019, bajo las presidencias de Chaves (1990-2013), Griñán (2009-2013) y Susana Díaz (2013-2019) de la Junta, y con María Jesús Montero como consejera de Salud (2004-2013) y Hacienda (2013-2018).

Cuadro 1. Tasas de variación del consumo final y formación bruta de capital en 2022

(En %)

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la Contabilidad Nacional Trimestral (CNTR), INE.

En todo caso, conviene examinar con cuidado la revisión de las estimaciones realizada por el INE antes de sacar conclusiones precipitadas. El primer hecho destacable, como muestra el Cuadro 1, es que el crecimiento del consumo final se ha reducido de 2,1% en julio a 0,5% en septiembre, 1,6 puntos porcentuales (p.p.) menos, confirmando la posición que sostuve en mi artículo de que el crecimiento del consumo estaba sobrevalorado. En el caso del consumo final de los hogares, se confirma también la caída al pasar de 3,2% en julio a 1,2% en septiembre, una caída de 2,0 p.p. Por otra parte, la formación bruta de capital avanzada en julio, 2,2% se ha desplomado hasta 0,8% en septiembre. Puesto que el consumo y la formación bruta de capital (inversión bruta) conforman la demanda nacional de bienes y servicios, ésta se ha desplomado igualmente de 2,2% avanzado en julio a 0.6% en septiembre. Los nuevos datos confirman que ni el consumo de los hogares ni la inversión de las empresas estaban tirando con fuerza en el segundo trimestre de 2022.

El milagro del sector exterior

De todo lo dicho hasta ahora se puede concluir que las revisiones realizadas del crecimiento del consumo final y la inversión bruta el 24 de septiembre de 2022 no hacen sino confirmar lo anticipado en mi artículo de que la economía española no iba tan bien como el gobierno pretendía hacernos creer. Entonces, ¿cómo se explica que el crecimiento estimado del PIB en septiembre sea 4 décimas superior al avanzado el pasado 27 de julio? Como puede apreciarse en el Cuadro 2, el aumento se explica por la mayor aportación de las exportaciones netas de bienes y servicios (b. y s.) al PIB, esto es, a la diferencia entre exportaciones e importaciones de b. y s. En concreto, la tasa de crecimiento de las exportaciones estimada en septiembre 4,9% es 3,3 p.p. superior a la avanzada en julio (1,6%), y al contrario la tasa de crecimiento de las importaciones en julio, 4,6%, se ha reducido a 2,8% en septiembre,

Cuadro 2. Tasas de variación de las exportaciones e importaciones de b. y s. en 2022

(En %)

Var. intertrimestral	24-sep-22	27-jul-22	Diferencia
Exportaciones b. y s.	4,9	1,6	3,3
Importaciones b. y s.	2,8	4,6	-1,8
Var. interanual	24-sep-22	27-jul-22	Diferencia
Exportaciones b. y s.	23,1	18,5	4,6
Importaciones b. y s.	8,8	10,4	-1,6

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la CNTR, INE.

Cuando las tasas se calculan sobre el mismo trimestre del año anterior, las exportaciones aumentan 23,1% en septiembre frente a 18,5% en julio, en tanto que el crecimiento de las importaciones se reduce a 8,8% en septiembre desde 10,4% en julio. Aumentar el crecimiento de las exportaciones y reducir el de las importaciones ha obrado el milagro no sólo de compensar la caída en el crecimiento del consumo y la inversión bruta reconocido por el INE, 1,6 p.p. sobre el trimestre anterior y 2,9 p.p. sobre el segundo trimestre del año anterior, sino que han permitido elevar en 4 décimas la tasa de crecimiento del PIB. Así se ha obrado el milagro de aumentar el crecimiento.

Si no nos gustan los datos… fabricamos otros

Ante una revisión de tanto calado que varía drásticamente las tasas de crecimiento de la demanda nacional, pero eleva la tasa de crecimiento del PIB de 1,1% a 1,5% por el aumento de la aportación del sector exterior, uno esperaría un análisis concienzudo que explicara en detalle los cambios introducidos y su justificación. En vano buscará esa explicación en la Nota de Prensa publicada por el INE para dar a conocer los resultados el 24 de septiembre que se limita a constatar mecánica y lacónicamente cuánto sube o baja cada variable. Con relación al sector exterior, el apartado ‘Revisiones y actualización de datos’ se limita a constatar en la página 14 del documento que los datos revisados “integran la información trimestral de la Balanza de Pagos, que el Banco de España publica hoy”, y advierte que “de acuerdo a la política de revisión anunciada de la operación, se ha llevado a cabo la revisión de los modelos de ajuste estacional y de calendario de cada una de las series publicadas”. Empieza bien su mandato la Sra. Manzanera.

La cuestión clave a dilucidar es si está o no justificado el aumento de la aportación del sector exterior en la revisión de la CNTR realizada por el INE a partir de la información en la Balanza de Pagos elaborada por el Banco de España. Antes de proceder a realizar la comparación entre las cifras de exportaciones e importaciones corrientes en la CNTR publicada por el INE y los ingresos y pagos por exportaciones e importaciones, respectivamente, en la Balanza de Pagos, resulta instructivo comparar los deflactores implícitos de las exportaciones e importaciones que el INE ha empleado y pueden obtenerse a partir de las cifras de exportaciones e importaciones a precios corrientes y de los índices de volumen de las mismas variables en la CNTR.

Cuadro 3. Variación de los deflactores de exportaciones e importaciones de b. y s. en 2022

(En %)

Nota: GHNTRE es el gasto de hogares no residentes en el territorio económico y GHRRDM el gasto de los hogares residentes en el resto del mundo.

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la CNTR, INE.

Como puede observarse en el Cuadro 3, los deflactores empleados por el INE para deflactar tanto el total de exportaciones como las exportaciones de bienes, servicios y servicios turísticos son sistemáticamente inferiores a los empleados para deflactar las correspondientes importaciones. En el caso de las variaciones intertrimestrales (ITT) la diferencia es 2,28 (=7,76 – 5,48) p.p., y en el de las interanuales de 12,11 (=29,11 – 17,00) p.p. El problema es que cuando las revisiones en el crecimiento del PIB dependen de manera crucial de la diferencia en los valores de los deflactores empleados, el INE no puede pasar de puntillas sin explicar por qué los precios de los bienes y servicios exportados han aumentado mucho menos que los bienes y servicios importados.

La evolución reciente de los índices de precios en España no permite dar por descontado que los precios de las exportaciones hayan crecido a tasas inferiores a los de las importaciones. La evolución del Índice de Precios de Consumo Armonizado que se muestra en el Gráfico 1 indica, por ejemplo, que los precios en España (línea verde) están aumentando más, no menos, que en el conjunto de la Eurozona (línea roja) y que Alemania (línea morada) y Francia (línea azul), dos socios comerciales claves desde el punto de vista de los intercambios internacionales. Tampoco la evolución del Índice de Precios Productores de Manufacturas en la Eurozona (línea roja), Alemania (línea azul), Francia (línea lila) y España (línea verde) que aparece en el Gráfico 2 avala que los precios en España crezcan por debajo de los precios de sus socios. En resumen, resulta sospechoso cuando menos que los precios de las exportaciones de bienes y servicio crezcan a mucho menor ritmo que los precios de las importaciones.

Gráfico 1. Variación interanual del IPC armonizado (IPCA) en la Eurozona, Alemania, Francia y España

(En %)

Fuente: Harmonized Consumer Price Index. Eurostat.

Gráfico 2. Índice de precios de producción manufacturera en la Eurozona, Alemania, Francia y España

Fuente: Domestic Producer Prices in Manufacturing. Eurostat

Paso, por último, a comparar las tasas de crecimiento de las exportaciones e importaciones de bienes y servicios a precios corrientes en la CNTR con los ingresos y pagos por exportaciones e importaciones de bienes y servicios en la Balanza de Pagos elaborada por el Banco de España. El Cuadro 4 presenta las tasas de variación intertrimestrales e interanuales obtenidas para el conjunto de bienes y servicios, bienes, conjunto de servicios y turismo. Como el lector puede observar, aunque la variación intertrimestral de todos los bienes y serviciosno difiere excesivamente, las discrepancias de la variación interanual entre las dos fuentes son enormes. En el caso de los servicios y particularmente en el gasto de los hogares no residentes en el territorio económico (GHNRTE) e ingresos por turismo y en el gasto de los hogares residentes en el resto del mundo (GHRRDM) y pagos por turismo las discrepancias son tan abultadas que resulta difícil comprender cómo las cifras de la Balanza de Pagos pueden ser la fuente de las estimaciones de las exportaciones e importaciones a precios corrientes en la CNTR publicada por el INE.

Cuadro 4. Variación de las exportaciones e importaciones a precios corrientes en la CNTR y de los ingresos y pagos en la Balanza de bienes y servicios en el segundo trimestre de 2022

(En %)

Fuentes: elaboración propia a partir de los datos de la CNTR, INE y Balanza de Pago del Banco de España.

Conclusiones

El análisis cuidadoso de los datos revisados de la Contabilidad Nacional Trimestral correspondientes al segundo trimestre de 2022 publicados por el INE el 24 de septiembre nos permiten extraer cuatro conclusiones importantes:

Primera: tal y como avancé en mi artículo titulado “¿De veras aumentó el PIB en el segundo semestre?” publicado el 30 de julio, las estimaciones avanzadas por el INE sobrevaloraban el consumo y la demanda nacional, como se desprendía de los argumentos que presenté y que apuntaban a una sobrevaloración del crecimiento del PIB.

Segunda: paradójicamente, pese a reducir a la baja el crecimiento de la demanda de consumo e inversión en el segundo trimestre, el INE eleva de 1,1% a 1,5% la tasa de crecimiento del PIB. Puesto que la tasa intertrimestral de la demanda nacional es 1,6 puntos porcentuales más baja tras la revisión de las cifras completada en septiembre, el INE explica la formidable recuperación del PIB a la excepcionalmente elevada aportación del sector exterior que exhibe tasas de crecimiento de las exportaciones de bienes y servicios más elevadas y tasas más bajas de crecimiento de las importaciones.

Tercera: el excepcional crecimiento de las exportaciones e importaciones a precios constantes (indicadores de volumen) permite calcular los deflactores implícitos empleados por el INE para pasar de valores a precios corrientes a precios constantes. Pues bien, esos valores indican que las tasas de crecimiento de los deflactores de las exportaciones empleadas son muy inferiores a los de las importaciones. Sin embargo, ni la evolución del indicador armonizado de precios de consumo ni la de los precios de producción de las manufacturas elaborada por Eurostat indica que la evolución de los precios domésticos haya sido inferior a la de nuestros socios más próximos.

Cuarta: el INE justifica los cambios drásticos en las estimaciones de las variables del sector exterior por la incorporación de las estimaciones de ingresos por exportaciones y pagos por importaciones en las Balanzas de Bienes y Servicios elaboradas por el Banco de España. Sin embargo, la comparación de las cifras de exportaciones e importaciones en términos nominales en la CNTR y de los ingresos y pagos de bienes, servicios y turismo en la Balanza de Pagos muestran discrepancias de tal magnitud que resulta difícil aceptar que éstas últimas puedan ser la fuente empleada para calcular las primeras.

En todo caso y dando por buenas las dudosas cifras publicadas por el INE el 24 de septiembre, resulta innegable que el crecimiento del PIB en el segundo trimestre pende del comportamiento del sector exterior y que la aportación de la demanda nacional (consumo final e inversión bruta) ha caído 1,6 puntos porcentuales con relación a la avanzada en julio. Si a ello añadimos las dudas que existen sobre las cifras estimadas de exportaciones e importaciones nos quedamos con la triste conclusión de que bajo el gobierno Sánchez hasta la fiabilidad de las estadísticas de Contabilidad Nacional está bajo sospecha.

ANÁLISIS / Revisión al alza del PIB bajo sospecha

El informe de The Lancet sobre la gestión de la pandemia

Artículo publicado desde el Observatorio Económico y Social de España y Cataluña (OBESCAT) en el diario El Liberal el 24 de septiembre de 2022. Agradezco de antemano su ayuda para difundirlo entre sus amigos y conocidos.

El pasado 14 de septiembre la revista The Lancet publicó el informe elaborado por una comisión independiente creada para proporcionar una perspectiva global sobre la pandemia originada por el virus SARS-CoV-2 (Covid-19, de aquí en adelante) con el propósito de contribuir a establecer “una nueva era de cooperación multilateral bajo la dirección de unas instituciones de la ONU fuertes para reducir los peligros del Covid-19, prevenir la nueva pandemia y posibilitar al mundo alcanzar los objetivos acordados de desarrollo sostenible”. El informe titulado ‘Comisión The Lancet: lecciones sobre el futuro a partir de la pandemia Covid-19’ (TLC, de aquí en adelante) establece la cronología de la pandemia, analiza la gestión realizada tanto por instituciones multilaterales como por los gobiernos nacionales, y presenta algunas recomendaciones para mejorar la coordinación y gestión en las próximas crisis que, a buen seguro, llegarán.

Según el Instituto para la Evaluación y Medición de la Salud (Institute for Health and Metric Evaluation, IHMS, de aquí en adelante), con sede en la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington, el número de muertos por Covid-19 contabilizados supera 7,33 millones, aunque el número total estimado de fallecidos se aproxima a 18,02 millones. El 21 de septiembre, el Coronavirus Resource Center de la Universidad John Hopkins cifraba en 6,53 millones el número de fallecidos y 612,95 millones el número de infectados; cifras similares, 6,53 millones de muertos y 618,16 millones de casos totales, aparecían ese mismo día en la página de internet ‘worldometer Covid-19 live update’.

Un revolcón tremendo

Estas cifras hablan por sí solas y despejan cualquier duda acerca de la contagiosidad y letalidad de un virus, dos características constatadas desde su irrupción en Wuhan en las primeras semanas de 2020, pero a las que algunos responsables políticos encargados de gestionar la pandemia en Occidente restaron importancia a lo largo de enero, febrero y la primera quincena de marzo de 2020, llegando incluso a manifestar públicamente que estaban más preocupados por el virus de la gripe que por el Covid-19. Para no quedarnos en meras palabras, el Center for Desease Control en Estados Unidos estima en 28.000 las personas fallecidas por la gripe en la campaña 2018-2019, el año anterior al inicio de la pandemia, en tanto que la cifra acumulada de fallecidos por Covid-19 en Estados Unidos alcanza 1,079 millones desde el inicio de la pandemia. La diferencia en letalidad entre ambas infecciones resulta abismal.

La infección causada por el Covid-19 no sólo produce muchas más muertes que el estacional virus de la gripe, ese viejo conocido, sino que deja secuelas mucho más persistentes en un porcentaje elevado de las personas que han superado la infección. El estudio completado por el IHMS para OMS/Europa estima que 145 millones de personas infectadas desarrollaron diversos síntomas a medio y largo plazo, tales como fatiga, dolor físico y cambios de estado de ánimo, problemas cognitivos, y dificultades respiratorias. Se estima que entre un 10% y un 20% de los infectados, la enfermedad no termina cuando se da por superada clínicamente, sino que continúan padeciendo síntomas que disminuyen su salud física y mental y limitan su capacidad laboral durante períodos de tiempo considerables. La OMS/Europa estima que 17 millones han padecido Covid-19 persistente en la región europea, resultando su incidencia mayor en los infectados que padecieron Covid severo y fueron hospitalizados, y significativamente mayor en las mujeres (1 de cada 3) que en los hombres (1 de cada 4). No obstante, el estudio indica que sólo 1% de los afectados presentan síntomas transcurrido un año.

Por último, la pandemia produjo disrupciones en la producción, transporte y abastecimiento que originaron la Recesión Epidémica (RE), una contracción de la actividad que en la mayoría de las economías ha sido la más intensa padecida en muchísimas décadas. Entre las causas que agravaron la RE, la inacción de la mayoría de los gobiernos para prevenir la expansión de los contagios jugó un papel primordial en la fase inicial de la pandemia, circunstancia que obligó a los gobernantes a adoptar medidas drásticas in extremis para contener los contagios que, si bien paralizaron las actividades económicas no esenciales, no pudieron ya mitigar la avalancha de enfermos, muchos de ellos en situación crítica, y la consiguiente sobresaturación de los sistemas hospitalarios con que se saldó la letal primera oleada. Además, la mayoría de los gobiernos no aprovecharon los períodos de confinamiento estricto para poner en marcha protocolos efectivos que permitieran detectar con rapidez los nuevos focos de contagio e impedir que muy pronto se produjeran nuevas oleadas que obligaron a los responsables políticos a imponer nuevas medidas restrictivas que prolongaron las disrupciones en la actividad y alargaron la duración de la RE.

Cómo hacer frente a un brote infeccioso

El informe elaborado por TLC menciona cinco tipos de actuaciones de carácter genérico para hacer frente con éxito a un brote infeccioso:

1. Prepararse y establecer protocolos para impedir la irrupción de enfermedades infecciosas.
2. Contener la transmisión comunitaria y evitar la propagación descontrolada de la infección.
3. Dotar a los servicios sanitarios de material adecuado para atender con seguridad a los infectados y salvar vidas.
4. Repartir equitativamente el coste entre todos los miembros de la sociedad.
5. Innovar, desarrollar y producir nuevos tratamientos terapéuticos para hacer frente a la infección.

En el caso del Covid-19, la tasa de reproducción básica R₀ =2,4 implicaba en ausencia de medidas para contener o mitigar la infección un crecimiento exponencial de los casos y el colapso de los sistemas hospitalarios, fiando la contención de la epidemia a alcanzar la inmunidad de rebaño. No obstante, la tasa de reproducción básica cabe reducirla adoptando medidas para contener la transmisión comunitaria del virus. Entre ellas cabe mencionar, la realización de pruebas de detección masivas, la imposición de medidas de aislamiento y seguimiento de los infectados, el uso de mascarillas y el distanciamiento físico, limitar las grandes concentraciones y mejorar la ventilación de los centros de trabajo. Si tras la adopción de este tipo de medidas la tasa de reproducción se sitúa entre 1,0 y 2,4, se mantiene el aumento exponencial de casos, aunque a menor ritmo, la curva se aplana, y los infectados pueden recibir mejor atención hospitalaria. Cuando esas medidas permiten reducir la tasa por debajo de 1,0, la epidemia declina. Con medidas restrictivas incluso más agresivas, la tasa se aproxima a 0, un escenario denominado Covid-cero en China, en que el número de casos y fallecidos alcanza cifras muy bajas.

Fiarlo todo a que la epidemia siga su curso hasta alcanzar una hipotética inmunidad de rebaño, cuando un porcentaje significativo de los infectados pierde la vida y millones resultan infectados, tiene un coste en vidas truncadas, deterioro de la salud y sufrimiento muy altos, y en el caso del Covid-19 casi ningún gobierno (a excepción quizá del brasileño) se inclinó abiertamente por esta alternativa. Por otra parte, la implementación de medidas para frenar la transmisión comunitaria impone también costes humanos y económicos a la sociedad, tanto más severos a corto plazo cuanto más estrictas son las restricciones, si bien conviene tener en cuenta que las restricciones más agresivas posibilitan recuperar antes la ‘normalidad’ y mitigan los costes humanos y económicos causados por la prolongación en el tiempo de medidas restrictivas menos intensas. Como se reconoce en el informe de TLC (p. 6) “la respuesta epidémica de muchos gobiernos ha estado dictada por consideraciones políticas y administradores del sistema hospitalario más que por consideraciones de salud pública y especialistas”.

Si bien todas estas medidas son indispensables para hacer frente a un brote infeccioso grave, como la irrupción del Covid-19, el informe subraya la necesidad de contar para implementarlas con “un marco ético de prosociabilidad”, entendido como “la orientación de los individuos y las regulaciones gubernamentales al servicio de las necesidades de la sociedad como un todo, más que a los estrechos intereses individuales”. Peligrosa como parecerá a muchos la idea de limitar los derechos individuales, resulta evidente que, en situaciones de emergencia social graves, como las ocasionadas por una guerra o una epidemia, las autoridades deben disponer de capacidad para coartar el ejercicio de esos derechos individuales cuando ponen en grave riesgo la vida de sus semejantes.

Conviene subrayar que el concepto de prosociabilidad tiene en el mundo globalizado actual una dimensión internacional que supera el de las relaciones interpersonales con nuestros vecinos e incluso el marco nacional con nuestros compatriotas, puesto que el éxito de las medidas adoptadas por el gobierno de un país depende en gran medida de las adoptadas por los restantes países. Como se apunta en el informe, la probabilidad de lograr acuerdos cuando el número de jugadores involucrados en una partida es alto y sus intereses dispares se reduce considerablemente, incluso cuando los jugadores son los responsables de gobiernos que forman parte de una federación o unión de Estados y alcanzar un acuerdo podría resultar beneficioso para cada uno de ellos. Postular como se hace en el informe publicado por TLC (p. 7) que “los gobiernos Nacionales deberían por tanto coordinar sus acciones con el resto del mundo para alcanzar un resultado equitativo y globalmente eficiente” no pasa de ser una expresión de buenos deseos. Y, sin embargo, sin coordinación dentro del territorio de cada Estado y a nivel global resulta muy difícil controlar una pandemia.

Inacción y prepotencia

Aunque subsisten todavía bastantes dudas sobre el origen del coronavirus SARS-CoV-2 y su transmisión a humanos, todo lo que se conoce apunta a que el gobierno central de China no dispuso de información sobre la irrupción del virus en Wuhan hasta finales de 2019. El centro regional de la OMS en China tuvo conocimiento de un caso de neumonía de etiología desconocida en Wuhan el 31 de diciembre de 2019 y solicito más información a las autoridades chinas al día siguiente. El director Centro de Control de Enfermedades de China telefoneó a su homólogo en Estados Unidos el 4 de enero para informarle de la situación y el 5 de enero la OMS anunció a todo el mundo la existencia de 44 casos, 11 de ellos en estado muy grave, en Wuhan, si bien el agente causante era todavía desconocido.

Un investigador chino publicó la secuencia del genoma del SARS-CoV-2 en una base de datos el 11 de enero y un día después lo hizo el gobierno chino. El 23 de enero las autoridades ordenaron el cierre de Wuhan y otras 5 ciudades de la provincia de Hubei. A pesar del agravamiento de la situación, la OMS “declinó declarar una emergencia global el nuevo coronavirus, esperando hasta el 30 de enero para declarar una Emergencia de Salud Pública de interés internacional”. No cabe duda de que si las autoridades provinciales chinas hubieran dado antes la alarma y la OMS hubiera lanzado mensajes algo más contundentes, se podría haber controlado el foco inicial y mitigado la transmisión comunitaria de la infección dentro y fuera de China. Tampoco puede dudarse de que si la OMS hubiera sido más contundente a la hora de reconocer la posibilidad de transmisión entre humanos, hubiera adelantado su declaración de Emergencia de Salud Pública algunos días, hubiera advertido del riesgo de viajar a China, hubiera aconsejado el uso de mascarillas para reducir la transmisión del virus (algo que lamentablemente no hizo hasta el 5 de junio de 2020), y hubiera reconocido la importancia de la transmisión aérea del virus (algo que no hizo hasta el 30 de abril de 2021 pese a habérselo solicitado 238 científicos en julio de 2020), se habría podido contener en buena medida la expansión de los contagios y reducir el número de fallecidos considerablemente en 2020.

Sin embargo, resulta un tanto cínico achacar a las autoridades de China o a la dirección de la OMS por no haber alertado y lanzado mensajes más contundentes a la comunidad internacional, puesto que en la segunda quincena de enero todos los gobiernos del mundo conocían cuál era el patógeno causante de la epidemia, su elevada transmisibilidad y letales consecuencias, y las contundentes medidas adoptadas por el gobierno chino para atajar la epidemia en Wuhan. Gobiernos y agencias gubernamentales encargados de vigilar y controlar las enfermedades infecciosas disponían de esa información, pero casi ninguno vio la necesidad de cambiar el paso y adoptar medidas en las semanas siguientes para prevenir la irrupción del nuevo coronavirus en sus países, detectar con prontitud los focos y establecer protocolos que dificultaran la transmisión comunitaria, y, en fin, facilitar a la población y a los sistemas sanitarios con los medios de protección apropiados para hacerle frente.

Más bien al contrario, la mayoría de los gobiernos y responsables de las agencias gubernamentales, especialmente en las economías más avanzadas y sistemas hospitalarios más desarrollados, se esforzaron en transmitir tranquilidad a los ciudadanos a quienes se les aseguró que podían seguir sin cambiar un ápice sus vidas, sin alterar sus rutinas laborales y planes de viaje, y sin adoptar medidas individuales y colectivas para no resultar infectados y prevenir la transmisión incontrolada del virus. Algunos llegaron tan lejos como a asegurarnos que el impacto del nuevo coronavirus resultaría insignificante y dejaron caer que estaban más preocupados con el virus de la gripe que con el Covid-19.  Sólo cuando el virus se había expandido ya sin control y la avalancha de casos y fallecimientos habían desbordado los sistemas sanitarios, hospitalarios y hasta mortuorios, la mayoría de los gobiernos decidió confinar a la población. Aquí los retrasos en adoptar decisiones se cuentan no por días sino por bastantes semanas.

Resulta destacar que el informe publicado por TLC incluye entre las principales causas de la catástrofe humanitaria, social y económica vivida en 2020 y 2021 “el fracaso de los gobiernos para examinar y adoptar la mejor evidencia para controlar la pandemia”, “el fracaso para asegurar la provisión global de bienes claves… incluyendo material de protección, diagnóstico, medicinas…”, “la falta de datos a tiempo, seguros y sistemáticos sobre infecciones, muertes, variantes y respuestas de los sistemas sanitarios”, “la incapacidad o falta de interés en combatir la desinformación sistemática”, y “la ausencia de redes globales y nacionales de seguridad para proteger a las poblaciones más vulnerables”. Resulta reconfortante constatar que buena parte de los artículos que publiqué entre el 14 de marzo de 2020 y el 21 de junio de 2021 ponían el dedo en la inacción y desinformación gubernamental y sus consecuencias mortales. Permítanme recordarles algunos de sus títulos: “Coronavirus: un convidado de piedra que mata”, “La dimensión política de la epidemia”, “Argucias gubernamentales y catástrofe humanitaria”, “La ardua tarea de los ‘doblegadores’ de curvas”, “El Covid desnuda a la clase política de Occidente”, “Vidas truncadas I”, “Triunfalismo indecente y fuera de lugar”, “En manos de quienes estamos”, “Subir cuesta menos que bajar”, “Covid-19: las consecuencias mortales de la desinformación”, “100.000 muertos más en la mochila”, etc., etc.

¿Hemos aprendido algo?

Examinar con rigor lo ocurrido, conocer con mayor exactitud cuáles fueron los fallos cometidos por organismos internacionales, gobiernos y agencias gubernamentales puede resultar muy útil para afrontar la próxima crisis pandémica, si quienes los cometieron están dispuestos a reconocerlos y, sobre todo, a adoptar medidas para corregirlos y evitar su repetición en el futuro. Lo cierto es que la letalidad de la pandemia ha sido doblegada no por los gobiernos sino por las vacunas y las medidas de prevención adoptadas a nivel individual y colectivo. Pero subsisten dudas importantes sobre la aparición de nuevas variantes y la efectividad de las vacunas, al mismo tiempo que las medidas de prevención se van relajando en todos los países para seguir empujando la rueda de la vida y la economía, con independencia de sus consecuencias.

Pocos ciudadanos quieren volver la mirada atrás y extraer algunas enseñanzas de lo ocurrido. Menos que nadie los políticos responsables del fracaso en la gestión de la pandemia que en algunos casos continúan al frente de los gobiernos que gestionaron con tan poco acierto la crisis en 2020 Y si poco o nada hicieron antes de que el Covid-19 irrumpiera en sus países para mitigar su impacto, poco o nada están haciendo ahora que los sistemas hospitalarios atienden con relativa holgura a los infectados más graves, y las cifras diarias de fallecidos atribuidos al virus se cuentan por unas pocas decenas o centenas, dependiendo del tamaño de la población. Algunos países ya no se molestan siquiera en contar todos los casos, detectar nuevos focos, proporcionar cifras de recuperados, etc. La recomendación recogida en el informe elaborado por TLC de mantener políticas de vacunación reforzada (vaccination-plus policies) para acabar con la pandemia, contempla numerosas acciones de investigación y reforzamiento de los sistemas vigilancia y atención sanitaria que van mucho más allá de inocular dosis de refuerzo a los grupos más vulnerables de la población y prestar atención sanitaria a los infectados.

Reforzar el papel y los medios de la OMS, mejorar la coordinación entre países, aumentar la seguridad en los laboratorios de todo el mundo, continuar investigando para mejorar la efectividad de las vacunas, establecer sistemas de alerta y seguimiento efectivos a fin de detectar nuevos focos y prevenir la transmisión comunitaria, diseñar mecanismos para disponer de información en tiempo real del número de infectados, fallecidos y recuperados, atender a quienes padecen Covi-persistente, etc., son hoy preocupaciones tan secundarias en la agenda política de nuestros gobernantes como lo fueron en su día adoptar medidas para prevenir la irrupción y transmisión comunitaria del virus, a pesar de conocerse los estragos que estaba causando en Wuhan en enero de 2020. Bienvenida también la apelación del comité a mejorar la coordinación entre Estados y a recuperar el multilateralismo en estos tiempos donde los intereses nacionales y el ardor guerrero vuelven a campar a sus anchas por Europa y Asia.

ANÁLISIS / El informe de The Lancet sobre la gestión de la pandemia

La UE ante la crisis energética

Artículo publicado desde el Observatorio Económico y Social de España y Cataluña (OBESCAT) en el diario El Liberal el 17 de septiembre de 2022. Agradezco de antemano su ayuda para difundirlo entre sus amigos y conocidos.

Cuando alguien da el paso de iniciar hostilidades, mucho más cuando éstas pueden desencadenar un conflicto con su mayor proveedor de energía, quienes lo hacen deberían haber diseñado con antelación planes de contingencia y estar preparados para desplegarlos con agilidad a fin de minimizar sus consecuencias económicas adversas. La UE está padeciendo en este 2022 los efectos de algunas decisiones que en mi artículo “Inflación, política monetaria y precios de la energía”, publicado en el diario El Liberal el 3 de septiembre, califiqué de ingenuidades, y a las que responsabilicé de la fuerte alza de los precios de la energía registrada en 2021 y comienzos de 2022, bastantes meses antes de que Rusia invadiera Ucrania, subidas que pronto se trasladaron a los precios de casi todos los bienes y servicios y han llevado al BCE a subir los tipos de interés y a colocarnos cada vez más cerca de adentrarnos en una recesión en toda regla.

En ese artículo, apuntaba en el debe de las instituciones de la UE dos ingenuidades políticas mayúsculas. Primera, la creencia de que era posible adoptar una política unilateral de transición ecológica para reducir las emisiones y combatir el cambio climático sin empeorar el bienestar de los ciudadanos ni menoscabar la competitividad de las empresas localizadas en la UE. Y segunda, la creencia igualmente ilusoria de que era posible anteponer una política exterior inspirada por la defensa (un tanto hipócrita, todo sea dicho) de los derechos humanos, sin prestar atención a las realidades políticas y a la defensa de los intereses de sus propios ciudadanos. Ambas ingenuidades están detrás del fuerte aumento de los precios de los derechos de emisión en la UE desde 2018 y más intensamente desde comienzos de 2021, así como de las tensiones políticas en Centroeuropa que han disparado los precios del gas natural y la electricidad en 2021 y 2022, y a la postre, han llevado las tasas de inflación a valores no vistos desde los años 70 y 80 del pasado siglo.

El confuso Estado de la Unión

Lo peor del caso es que la Comisión Europea (CE) no contaba con ningún plan de contingencia para afrontar la nueva emergencia y la propia Comisión y la mayoría de los gobiernos de los Estados miembros llevan meses paralizados o dando palos de ciego ante una crisis energética que, como ya ocurrió con la pandemia en 2020, ha vuelto a dejar al descubierto las carencias de gobernanza de la UE y los gobiernos nacionales. En el discurso sobre el Estado de la Unión que la presidenta Von der Leyen pronunció el 14 de septiembre, el lector encontrará un alto grado de autocomplacencia con los avances registrados en el último año: por los elevados porcentajes de vacunados alcanzados en casi todos los países; por el liderazgo de la Unión para impulsar la transición ecológica y digital y aumentar la resiliencia de las economías europeas, concretado con la puesta en marcha del plan Nueva Generación EU; y, en fin, por el papel en favor de la democracia y los derechos humanos desempeñado por la diplomacia de la UE en la crisis Rusia-Ucrania y el apoyo prestado al gobierno Zelensky desde el inicio de la invasión.

Ni asomo de autocrítica por la gestión de la pandemia que ha afectado de momento a decenas de millones de ciudadanos, ha dejado cientos de miles víctimas y ha provocado una recesión que se prolongó más tiempo que en Estados Unidos y no digamos ya que en China; por la falta de prudencia y realismo de sus políticas unilaterales de transición ecológica que han disparado los precios de los derechos de emisión en plena crisis energética; y, en fin, por la falta de cintura de la diplomacia europea que tras la anexión de Crimea confió en que podía imponer sanciones a Rusia sin tener en cuenta que ello podía agravar la crisis energética y arrastrarnos a una nueva recesión económica. Como cantaba Sinatra, “Regrets, I’ve had few/But then again, too few to mention”. No se trataba tanto de ceder a los impulsos expansionistas de Putin como de intentar buscar una solución negociada al conflicto larvado en el Este de Ucrania desde 2014 para evitar el estallido de una nueva guerra que va a debilitar a toda Europa.

El nivel de desconcierto en que está sumida la gobernanza de la Unión en materia energética quedó claramente expuesto cuando la presidenta Von der Leyen compareció el 7 de septiembre para presentar cinco propuestas con las que hacer frente a las fuertes subidas del precio de la electricidad en la UE, un hecho que equívocamente achacó “a la manipulación rusa del mercado de gas”. Éstas son las cinco propuestas:

1. Reducir de forma obligatoria el consumo de electricidad en las horas punta (‘smart saving’) para aplanar la curva y evitar los picos de demanda que, según Von der Leyen, aumentan el precio de la electricidad al requerir a las centrales que utilizan gas “entren en el mercado”.
2. Imponer un tope a los ingresos obtenidos por las centrales con bajas emisiones de carbono (nucleares y energías renovables) y distribuir los beneficios inesperados (“unexpected profits”) entre los Estados para que proporcionen ayudas a las familias y empresas vulnerables.
3. Imponer un tope a los beneficios inesperados (“unexpected profits”) de las empresas de combustibles fósiles (petroleras y gasistas) y recaudar a modo de impuesto solidario una parte de esos beneficios extraordinarios para repartirlos entre los Estados a fin de que proporcionen ayudas a las familias y empresas vulnerables e impulsar la inversión en energías limpias para uso propio en los hogares (“clean home-grown energy sources”).
4. Reducir la volatilidad de los mercados de futuros de gas proporcionando liquidez a las empresas eléctricas para acceder a contratos a largo plazo a precios ventajosos.
5. Imponer un techo a los precios del gas y al resto de productos fósiles importados de Rusia a fin de recortar los ingresos con que cuenta Rusia para financiar la guerra.

Estamos ante una serie de propuestas difusas, difíciles de acordar e implementar, e incluso contradictorias entre sí y hasta contraproducentes. Empecemos con la propuesta, razonable a primera vista, de reducir la demanda de electricidad 5% en horas punta y 10% en promedio. Hay dos razones para dudar de su efectividad. En España, por ejemplo, los precios de la electricidad en las horas valle (24:00-08:00 horas), cuando la demanda de electricidad es mucho más baja que durante el resto del día, son más elevados que en las horas llanas (08:00-10:00 y 14:00-18:00 horas) e incluso superiores a las horas punta (10:00-14:00 y 18.00-24:00). Porque el precio de la electricidad no lo determina tan solo el nivel de demanda, sino que tiene una influencia incluso mayor los tipos de centrales que marcan el precio de oferta. Por otra parte, no hay ninguna garantía de que la demanda de electricidad se reduzca a ninguna hora del día si los beneficios inesperados de las empresas eléctricas y petroleras, contemplados en las medidas 2º y 3ª, se destinan a proporcionar ayudas a las familias y empresas ‘vulnerables’.

Continuemos con la 2º propuesta de gravar los “ingresos y beneficios excepcionales que la guerra en Ucrania ha llevado a las empresas energéticas”. Según los cálculos presentados por Timmerman, vicepresidente de la CE, el 14 de septiembre, la medida permitiría recaudar 117.000 millones de ingresos que se distribuirán entre los Estados miembros para ayudar a las familias y empresas ‘vulnerables’. Estos recursos excepcionales se obtendrán “de los así llamados productores inframarginales” de energía eléctrica a los que se impondrá un techo a sus ingresos de 180 €/MWh.  Con relación a la 3ª propuesta, las informaciones publicadas tras la reunión mantenida por las ministras responsables de energía en Bruselas el 9 de septiembre indicaban que se abandonaba por falta de consenso. No obstante, Timmermans, volvía a la carga en su comparecencia y avanzaba la intención de la CE de pedir a “las empresas de combustibles fósiles fuera del sector eléctrico que se han beneficiado también enormemente de la situación del mercado… una contribución a la solidaridad para apoyar a los consumidores de electricidad”.

Reducir sin más los ingresos excepcionales de las centrales más eficientes no es precisamente lo más recomendable desde un punto de vista de la eficiencia, y recaudar impuestos y distribuirlos a millones de empresas y familias ‘vulnerables’ no deja de ser un mecanismo engorroso y caro de administrar e implementar que garantiza únicamente menores precios de la electricidad a los hogares y a las empresas ‘vulnerables’ que reciban ayudas gubernamentales. Además, las familias y empresas que reciban esas ayudas aumentarán su consumo de electricidad y tensionarán aún más los precios.

Si el objetivo de la CE a corto plazo es reducir el precio que pagan los hogares y las empresas por la electricidad, ¿no resultaría más fácil calcular con transparencia un precio medio del MWh en los mercados de generación, y compensar transitoriamente a las centrales con costes más elevados para asegurar su viabilidad cuando su producción resulte estrictamente necesaria para satisfacer la demanda? Esta propuesta debería extremar la vigilancia gubernamental sobre el sector eléctrico en cada país miembro para asegurar que las centrales ineficientes sólo entran en el mercado cuando su producción resulta indispensable para satisfacer la demanda. Con la mirada puesta en el medio plazo, resultaría también más simple y eficiente que los Estados obligaran a las empresas eléctricas a invertir los ingresos inesperados o extraordinarios en la construcción de centrales con menores costes operativos para aumentar la oferta y reducir el precio de la electricidad. Esta política de inversiones debería diseñarse de forma que asegure que la nueva composición de la oferta permitirá satisfacer la demanda de electricidad a precios inferiores a los actuales durante todo el día, con independencia de la hora y las condiciones climatológicas.

En cuanto a la 4ª propuesta, no se comprende muy bien qué compañías eléctricas (“energy utility companies”) necesitan liquidez para asegurarse contratos a largo plazo en los mercados de futuros, porque, ¿acaso no habíamos quedado en que estaban flotando sobre una balsa de ingresos y beneficios ‘excepcionales’? En todo caso, si esa liquidez adicional permite a otros actores pujar por el gas en los mercados de futuros, lo normal es que el precio suba incluso más. Y es que la subida del precio del gas natural poco tiene que ver con la falta de liquidez en los mercados y mucho con la certeza de que la guerra económica de la UE contra Rusia, sumada a la necesidad urgente de buscar nuevos proveedores para reducir la dependencia del gas ruso, algo que Von der Leyen destacó con orgullo en su comparecencia, implican que vamos a pagar mucho más por el gas que nos está llegando para sustituir el gas ruso y por el que nos llegará en los próximos años.

La 5ª y última propuesta avanzada por Von der Leyen, imponer precios máximos a los bienes energéticos importados de Rusia, significa en la práctica dejar de importarlos, puesto que Rusia no va a suministrarlos por debajo de sus precios de mercado y seguro que podrá colocar sus excedentes en otras regiones del mundo. De llevarse a cabo la medida, la mayor escasez de gas, petróleo y carbón provocará nuevos picos en los precios de los bienes energéticos en la UE a corto plazo y resultará en precios permanentes más elevados cuando se haya completado la sustitución de los productos rusos con importaciones provenientes de otros lugares a precios más elevados a los que habíamos estado pagando hasta ahora. Un negocio redondo para los consumidores y las empresas en la UE. Sobre esta propuesta, Timmermans prefirió guardar un prudente silencio en su comparecencia.

Un modelo cuestionable y mejorable

En diciembre de 2018, el Parlamento de la UE aprobó una directiva de la CE que, siguiendo las directrices establecidas en “Energía limpia para todos los Europeos” lanzada en 2016, fijaba en al menos 32% el porcentaje de producción eléctrica a alcanzar con energías renovables en todos los países de la UE en 2030. No contenta con ello y pese a las fuertes subidas que ya habían registrado los precios de los derechos de emisión desde 2018, y muy especialmente en 2021 y 2022, agravadas por la crisis de suministros de gas natural por el aumento de las tensiones en Ucrania y la imposición de sanciones a Rusia tras la invasión de Ucrania, la CE no sólo no cambió el paso sino que pretende acelerarlo y elevar al menos a 45% la participación de renovables en la producción eléctrica en todos los países de la UE para reducir en al menos 55% las emisiones de gases. La cuestión que la CE no ha explicado a los ciudadanos europeos es si esta política unilateral de transición ecológica para combatir el cambio climático servirá para reducir el precio de la electricidad en la UE o lo aumentará más, como ha venido ocurriendo desde 2018.

Algunas de las propuestas adelantadas por Von der Leyen y Timmermans parecen cuestionar, sin decirlo abiertamente para no verse obligados a reconocer sus propios errores, la idoneidad del modelo marginalista de fijación de precios en el mercado eléctrico impuesto por la CE, un modelo inapropiado para un sector donde conviven empresas con poder de mercado y centrales con estructuras de costes muy dispares que producen un bien homogéneo: electricidad. Y la pregunta que cabe hacerse es por qué, si esto es así, la CE ha tardado tanto tiempo en plantearse la reforma del mercado eléctrico y ha permitido que las empresas eléctricas hayan obtenido ingresos y beneficios ‘excepcionales’, habida cuenta que el alza de precios del gas natural y la electricidad se inició en el primer trimestre 2021 y ha ralentizado el proceso de recuperación económica tras la Recesión Epidémica.

Uno se pregunta también si la CE no tendría que revisar sus planes unilaterales de transición ecológica en sentido inverso al que lo viene haciendo desde 2018, para reducir el precio de los derechos de emisión de CO₂ que se ha multiplicado por 4,5 desde marzo de 2020, y está penalizando a todas las centrales e industrias intensivas en energía que utilizan productos fósiles para generar electricidad, precisamente aquellas a las que Von der Leyen culpa de los altos precios de la electricidad registrados en las horas punta. Alguna responsabilidad tiene la CE y su presidenta en este asunto. No parece ser tampoco ésta la intención de la CE porque como Timmermans apuntó al final de su comparecencia “en última instancia, nuestra transición energética verde es la única vía para liberarnos del yugo energético de Putin… la era de combustibles fósiles baratos ha terminado y cuanto más rápido nos movamos a energías baratas, limpias y caseras, antes seremos inmunes al chantaje energético de Rusia y de cualquier otro que pueda pensar que se nos puede chantajear con la energía”. Lo de barata y sostenible habría que ponerlo al menos entre interrogantes porque no es precisamente lo que la evolución de los precios de los productos energéticos en los últimos años indica.

Menos sanciones y ardor guerrero y más iniciativas para encontrar una salida negociada a la terrible guerra que se está librando en Ucrania y va a dejar un país devastado, Ucrania, una Rusia empobrecida y una UE muy debilitada. Decía Víctor Hugo “Un día vendrá en el que nosotros, Rusia, Inglaterra, Italia, Alemania, vosotras todas, naciones del continente, sin perder vuestras cualidades distintivas y vuestra gloriosa individualidad, vosotras os fundiréis estrechamente en una unidad superior y constituiréis la fraternidad europea, al igual que Normandía, Bretaña, Borgoña, Lorena y Alsacia, todas nuestras provincias, se han fundido en Francia”. Buscar la división y el enfrentamiento en el continente europeo y desaprovechar los recursos conjuntos con que contamos en beneficio mutuo sólo favorece a aquellas potencias que quieren beneficiarse de nuestro mercado único y mantenernos desunidos, una tarea ésta para la que, todo sea dicho, necesitamos poca ayuda.

Ese ideal parece estar hoy tan lejos como entonces y lo único que podemos hacer en estos momentos es proponer algunas medidas para paliar los efectos adversos de esta esta crisis energética y esta nueva guerra europea. La UE podría, por ejemplo, alterar su modelo de fijación de precios permitiendo a los países miembros establecer un precio igual al coste medio de generación más un margen suficiente que les posibilite obtener un beneficio aceptable a las centrales eficientes y subvencionar a las centrales con costes operativos superiores al precio medio. Naturalmente, se debería implantar un mecanismo de vigilancia para asegurar que las centrarles eficientes operan a plena capacidad y las ineficientes sólo entran en el mercado cuando su producción es estrictamente requerida para satisfacer la demanda. Esta posibilidad resulta mucho más sencilla de implementar que gravar los beneficios ‘excepcionales’, repartirlos entre los Estados miembros y permitir a éstos que los distribuyan entre hogares y empresas ‘vulnerables’.

A largo plazo, las empresas generadoras deberían acometer inversiones en centrales capaces de satisfacer la demanda de electricidad a precios más bajos que los actuales, sin olvidar que algunas centrales bajas en emisiones por las que apuesta con tanto ahínco la CE, como las eólicas y fotovoltaicas, sólo operan cuando hay viento y luz, respectivamente, y la demanda de electricidad hay que satisfacerla a todas las horas del día con independencia de las condiciones climatológicas. Los elevados precios de la electricidad en España entre las 00:00 y 08:00 horas, cuando menor es la demanda eléctrica, indican que el problema no es la demanda en horas punta. Menos palabrería y menos fijar porcentajes para renovables, y mejor regulación del sector y más iniciativas efectivas para reducir el precio de la electricidad y asegurar la competitividad de las empresas europeas. A ver si la CE y el resto de las instituciones europeas se enteran de una vez de lo que está en juego y se ponen manos a la obra.

El bueno de Pepe Griñán

Artículo publicado desde el Observatorio Económico y Social de España y Cataluña (OBESCAT) en el diario El Liberal el 10 de septiembre de 2022. Agradezco de antemano su ayuda para difundirlo entre sus amigos y conocidos.

La falta de decoro en este cada día más desangelado corral soleado parece no tener límite. Las reacciones a la sentencia del Tribunal Supremo que confirmaba la condena a Griñán y otros miembros de la Junta de Andalucía dictada por la Audiencia de Sevilla por el caso de los ERE, el mayor caso de malversación y prevaricación continuadas constatado desde 1978 en España y sus Comunidades Autónomas, constituyen una afrenta a cualquier ciudadano que haya pagado impuestos y reafirma la posición de quienes procuran eludirlos. Que los ‘compis’ de partido hayan mostrado su solidaridad y apoyo al bueno de Pepe, presidente del centenario partido entre 2009 y 2012, era algo previsible y hasta comprensible por mero corporativismo. Más asombrosa ha resultado la gran unanimidad de que han hecho gala los profesionales del cuarto poder, incluidos la mayoría de los comentaristas habituales en medios de comunicación poco afines al gobierno, que han coincidido en mostrar su aprecio personal por Griñán y la incomodidad que les provocaba verlo ingresar en prisión.

¿En qué lugar dejan los líderes ‘socialistas’ históricos y actuales que han manifestado públicamente su solidaridad con los condenados por los EREs al socialismo democrático que dicen representar y a la independencia del poder judicial que dicen respetar? ¿Cómo se puede comprender y hasta justificar que un gobierno autonómico destinara cientos de millones durante años y años a un negociado, cuando menos turbio y en bastantes casos fraudulento, y mostrar comprensión hacia el consejero de Economía y el presidente de la Junta que permitieron que el invento se perpetuara sin hacer nada para investigarlo? ¿Cómo se puede siquiera sentir incomodidad al ver que los principales responsables de la trama han sido condenados tras una investigación que se prolongó años, en parte por la propia magnitud y complejidad de la trama, pero en parte por la falta de cooperación de la propia Junta para esclarecerla? ¿Cómo pudo, en fin, el expresidente González afirmar que “volvería a nombrarle ministro” y el presidente Sánchez llegar a decir que en este caso “han pagado justos por pecadores”?

Ver entrar a alguien en prisión resulta siempre doloroso para los familiares y allegados del condenado, aunque muchos de esos mismos ‘compis’ del PSOE que hoy muestran su solidaridad con el bueno de Griñán se han regocijado en otras ocasiones cuando las condenados militaban en otros partidos políticos. A todos nos gustaría vivir en una sociedad donde las personas, las empresas y las Administraciones Públicas respetaran las leyes, los jueces tuvieran bastantes menos casos sobre su mesa pendientes de sentencia y las cárceles estuvieran algo más vacías. Casi nadie quiere ver entrar en prisión a Griñán ni a ninguna otra persona de cualquier rango o condición. Pero tampoco queremos que la Administración Central, las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales se gobiernen como cortijos privados donde el partido de turno se salta con reiteración y premeditación todas las normas del derecho administrativo y hace todo lo posible para impedir a los órganos de intervención fiscalizar sus actividades.

No importa que Griñán y algunos de los condenados no se llevaran un solo euro al bolsillo, como sí ocurrió en la trama mafiosa organizada por el clan Pujol en Cataluña, un asunto, por cierto, pendiente todavía de juicio. Lo relevante en este caso es que dinero proveniente de los contribuyentes para el sostenimiento de la Junta de Andalucía se gastó eludiendo los procedimientos y controles debidos, y Griñán y la mayoría de los condenados facilitaron o participaron activamente en la trama de malversación de recursos públicos. Conocer o no al imputado, que tenga un talante afable o desabrido, que nos caiga simpático o antipático son cuestiones completamente irrelevantes al caso juzgado, que uno querría pensar no deberían afectar a la valoración de sus propios compañeros de partido, ni de los periodistas y opinadores profesionales, ni de los ciudadanos en general, sean o no votantes del PSOE. Quienes hoy muestran su apoyo a Griñán tras haber sido condenado lo que nos están diciendo en realidad es que prevaricar y malversar es un modelo aceptable y comprensible de administración de los recursos públicos y no debería estar penalmente castigado.

Griñán sólo podrá eludir su ingreso en un centro penitenciario si el gobierno Sánchez le concede el indulto, algo que los familiares van a solicitar en cuanto se notifique la sentencia a los imputados. Según se ha adelantado en algunos medios de comunicación, los familiares de Griñán argumentan que la sentencia es desproporcionada a tenor de las penas impuestas en otros casos, el daño psicológico sufrido por el afectado durante los diez años que ha durado el proceso y la existencia de dos votos particulares, pendientes todavía de conocer, que eximirían a Griñán del delito de malversación y su ingreso en prisión. A la espera de conocer las razones que puedan exponer estos dos magistrados, me inquietaría como ciudadano y contribuyente que puedan no ver en la administración irregular de 670 millones de euros durante una década un delito reiterado de malversación.

El escenario más plausible es que Griñán ingrese en prisión y el gobierno Sánchez lo indulte a renglón seguido, para distanciar lo más posible el traumático episodio de ver ingresar en prisión a quien fuera ministro de Trabajo (1993-1995), consejero de Economía (2003-2009), presidente de la Junta de Andalucía (2009-2013), y presidente del PSOE (2012-2014), de las elecciones locales y autonómicas y de las elecciones generales. Unas elecciones que no pintan nada bien para Sánchez y las interesadas conjunciones planetarias que lo auparon a La Moncloa el 1 de junio de 2018 (Unidos Podemos, ERC, PDECat, PNV, Bildu, Compromís y Nueva Canarias) y que respaldaron su investidura el 7 de enero de 2020 (Unidas Podemos, ERC, PNV, Bildu, Más País, Compromís, Nueva Canarias, BNG y Teruel Existe).

No sabemos qué dirán y harán los socios de gobierno y el resto de los partidos políticos que sostienen a Sánchez en el Congreso, aunque lo más probable es que antepongan sus intereses partidistas y de ‘país propio’ a cualquier otra consideración legal o ética. En cuanto al propio partido socialista, el fidelísimo Patxi seguro que está ya preparando un buen fuego en su asador para crear una espesa cortina de humo que oculte tanto la declaración de principios que abre el Código Ético PSOE (2014), a saber, que “el Socialismo Democrático es tanto un proyecto político de transformación social como una actitud ética de la que depende la salud democrática de una sociedad”, como la exigencia recogida en ese Código de que ‘los cargos públicos del PSOE se comprometen a no proponer ni apoyar el indulto de cargos públicos condenados por delitos de corrupción, violencia de género, delitos de acoso o discriminación, contra la libertad e indemnidad sexuales, torturas o contra la integridad moral, así como la comisión de hechos constitutivos de delitos graves”. (Subrayado mío.)

Patxi ya nos ha adelantado que lo único que hicieron los buenos de Pepe Griñán y Manolo Chaves «fue agilizar unos trámites para que el dinero de los ERE llegara mucho mejor, más fácil y más eficazmente a las empresas y personas que lo necesitaban”, y que “ni sus acérrimos enemigos dicen, porque los hechos están ahí, que se hayan llevado ni un solo euro de dinero público”.  Al entender del ex lehendakari vasco, los magistrados que los condenaron y los que han ratificado su condena han condenado a personas honorables que se limitaron a agilizar los trámites administrativos para que el dinero de los ERE llegara “más fácil y más eficazmente” donde tenía que llegar. Si no entiendo mal su posición, el amigo Patxi es partidario de eliminar cualquier fiscalización del gasto público para que el dinero llegue antes a quien lo necesita, y quién mejor que los buenos de Chaves, Griñán y Patxi para decidir quién lo necesita. En esto queda el compromiso cívico y moral del PSOE contra la corrupción.

El bueno de Pepe Griñán

Inflación, política monetaria y precios de la energía

Artículo publicado desde el Observatorio Económico y Social de España y Cataluña (OBESCAT) en el diario El Liberal el 3 de septiembre de 2022. Agradezco de antemano su ayuda para difundirlo entre sus amigos y conocidos.

Las fuertes subidas de los precios energéticos ocasionadas por el aumento de las tensiones geopolíticas en 2021 se han intensificado tras la invasión de Ucrania el 24 de febrero de 2022, y las tasas de inflación en algunas economías avanzadas se han aproximado e incluso alcanzado los dos dígitos, una situación insólita desde los shocks que registró el mercado del petróleo en 1973-74 y 1979-80. En el caso de los Estados Unidos, las subidas de precios han coincidido con un mercado laboral que ha recuperado los niveles de empleo previos a la pandemia (en torno a 159 millones de ocupados) y exhibe tasas de paro inferiores al 4% de la población activa en los últimos meses. La situación en la Eurozona no difiere en lo esencial de la de Estados Unidos, puesto que el número de personas ocupadas ha aumentado en aproximadamente 2,2 millones desde finales de 2019 hasta julio de 2022, y la tasa de paro, aunque todavía muy superior a la de Estados Unidos, se ha reducido casi 1 punto porcentual hasta situarse en 6,6%.

La posición de la Reserva Federal ante este aumento de los precios, la expuso de forma bastante directa y transparente su presidente, Jerome Powell en la reunión de Jackson Hole el pasado 26 de agosto:

El foco principal de atención del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) en estos momentos es rebajar la inflación hasta nuestro objetivo de 2%…. Restaurar la estabilidad de precios llevará cierto tiempo y exige utilizar con contundencia todos nuestros instrumentos para alcanzar un mejor balance entre oferta y demanda. Reducir la inflación va muy probablemente a requerir un periodo considerable de crecimiento inferior al tendencial. Además, se producirá con alta probabilidad un ablandamiento (‘softening’) en las condiciones del mercado laboral. Mientras que tipos de interés más elevados, crecimiento a menor ritmo, y mercados laborales más blandos recortarán la inflación, ello impondrá también sufrimiento a las familias y empresas.

Si la pérdida de poder de compra de los asalariados ocasionada por el aumento en los precios y el consiguiente debilitamiento de las demandas de consumo de las familias e inversión de las empresas no causa per se una caída de la producción y el empleo, hay pocas dudas de que las subidas de tipos sí producirán esas caídas y moderarán la pulsión alcista de salarios y precios. La receta propuesta por Powell “de utilizar con contundencia todos nuestros instrumentos” para “alcanzar un mejor balance entre oferta y demanda” y rebajar la inflación hasta 2%, es lo que un banquero central está obligado a decir, aunque se trate de una receta de carácter general y dudosa efectividad en las circunstancias actuales.

Inflación y tipos de interés

Es bien sabido que las subidas continuadas de los precios, incluso cuando son moderadas, imponen costes a la sociedad. Para empezar, la inflación erosiona el valor de los activos cuyo valor nominal es fijo, como los saldos de dinero legal y bancario mantenidos por las familias y empresas, una pérdida que puede asimilarse a un impuesto que los tenedores de esos activos intentarán eludir reduciendo sus saldos. Además, la inflación redistribuye la renta en favor de los deudores y genera incertidumbre en las familias y empresas cuando varía de forma errática. Por último, las subidas de precios pueden realimentarse cuando los trabajadores renegocian sus contratos para mantener el poder de compra de los salarios y las empresas trasladan a los precios de los bienes y servicios los aumentos de precios de los factores empleados para producirlos.

Precisamente es el riesgo de que las expectativas de inflación se enquisten en la sociedad una de las consideraciones aducidas por los banqueros centrales para atajar con prontitud y contundencia el actual proceso inflacionista. Ahora bien, el gran peligro de las subidas de tipos y las restricciones de liquidez en economías muy endeudadas y zarandeadas todavía por una pandemia que no puede darse por controlada es que tenga un impacto negativo sobre la producción y el empleo a corto y medio plazos, y afecte a la solvencia de las empresas e incluso a la estabilidad del sistema financiero. Perdonen mi heterodoxia, pero la actitud de los banqueros centrales me recuerda a aquellos tiempos en que los médicos tenían fe ciega en practicar sangrías para tratar todo tipo de enfermedades, especialmente las infecciosas, con resultados generalmente perjudiciales, cuando no desastrosos, para el enfermo.

La declaración de intenciones de Powell responde a un planteamiento cuasi dogmático: hay que reducir la tasa de inflación al 2% y para ello hay que reblandecer la economía hasta alcanzar un “mejor balance entre oferta y demanda”. Se empieza dando por descontado que el objetivo de 2% es una cifra sagrada e inmutable y se continúa dando por bueno que las subidas de tipos de interés son el instrumento adecuado para eliminar el presunto desequilibrio entre oferta y demanda causante de las subidas de precios. Pero mantener el objetivo de inflación en 2% y aplicar subidas de tipos de interés para alcanzarlo, con independencia de la naturaleza del desajuste entre oferta y demanda causante de las subidas de precios, nos devuelve a un mundo donde se practicaba la sangría como terapia universal.

Inflación y precios de la energía

A finales de 2019, Estados Unidos tenía tasas de inflación algo superiores a 2%, niveles de ocupación similares a los actuales y tasas de paro inferiores a 4%. Nadie hablaba de que hubiera un desajuste entre oferta y demanda. En el segundo trimestre de 2022, la inflación superaba 8%, aunque el nivel de ocupación (158,732 millones en agosto) era similar al de diciembre de 2019, y la tasa de paro basculaba como entonces por debajo de 4%.  Con algunos matices, algo similar podría decirse de los cambios ocurridos en la Eurozona entre diciembre de 2019 y julio de 2022. ¿Qué ha cambiado entre 2019 y 2022 para que los precios hayan aumentado tanto? ¿Estamos ante un desajuste generalizado entre oferta y demanda y conviene endurecer la política monetaria o responden a otras causas más específicas que las subidas de tipos dejarán inalteradas?

Aunque las bajas tasas de paro en Estados Unidos otorgan cierta credibilidad a la idea de que ha llegado el momento de reblandecer los mercados, para utilizar el término empleado por Powell, conviene no perder de vista que las subidas de los precios en 2021 y 2022 en la Eurozona tienen otras causas más directas y que el endurecimiento de la política monetaria no va a hacerlas desaparecer. En primer lugar, están las disrupciones en la producción ocasionadas por la pandemia que han elevado los costes de producción y provocado desabastecimiento en algunos sectores. En segundo lugar, están las crecientes tensiones geopolíticas en Centroeuropa que dispararon los precios de los bienes energéticos en 2021 y comienzos de 2022, y culminaron con la invasión de Ucrania e imposición de nuevas sanciones a Rusia. Por último, están algunas decisiones políticas desacertadas, unas adoptadas por las instituciones europeas para impulsar la transición ecológica que han provocado un fuerte aumento de los precios de los derechos de emisión de gases en 2021 y 2022, otras por los gobiernos nacionales cuando decidieron por razones no estrictamente económicas imponer moratorias a la construcción de centrales nucleares y fijar el cierre de las todavía operativas.

Lógicamente, las subidas de los precios de los bienes energéticos en 2021 y 2022 han acabado trasladándose a todos los sectores productivos, especialmente a aquellos más intensivos en el uso de energía. Algunas plantas productivas están ahora ya contra las cuerdas, y han reducido la producción e incluso cerrado sus instalaciones ante la imposibilidad de hacer frente a los elevados precios de la energía. La pregunta que deberían formularse los banqueros centrales es si la holgura que las subidas de los tipos de interés van a crear en los mercados reducirán los precios de la energía que pagan las familias y restablecerán la competitividad de las empresas, o si por el contrario los recortes en la demanda de bienes y servicios y la caída de la producción y el empleo terminarán de arruinarlas.

Que nadie se haga ilusiones, por otra parte, con extender al resto de la UE el apaño de imponer un ‘tope’ al precio del gas natural empleado en centrales eléctricas, porque, como expliqué en mi artículo “Las reformas del gobierno aumentan el precio de la electricidad II”, esta estratagema contable diseñada por los gobiernos de España y Portugal no ha reducido los precios de la electricidad sino que ha introducido un nuevo concepto opaco en la factura denominado ‘excedente o déficit mecanismo ajuste coste producción’ que en algunas horas del día duplica el precio de la electricidad en el mercado diario e intradiario. Son otras las iniciativas que debería adoptar la UE para reducir el precio de la electricidad a corto y medio plazo.

Ingenuidades y propuestas

Las instituciones de la UE deberían adoptar con urgencia algunas iniciativas para encontrar una salida aceptable a medio y corto plazo a la difícil situación a que nos han abocado dos ingenuidades políticas mayúsculas. Primera, la creencia de que era posible adoptar una política unilateral de transición ecológica para reducir las emisiones y combatir el cambio climático sin empeorar el bienestar de los ciudadanos ni menoscabar la competitividad de las empresas localizadas en la UE. Y segunda, la creencia igualmente ilusoria de que era posible anteponer una política exterior inspirada por la defensa (un tanto hipócrita, todo sea dicho) de los derechos humanos, sin prestar atención a las realidades políticas y a la defensa de los intereses propios. Ambas ingenuidades están, como ya he indicado en este artículo, detrás del gran aumento de los precios de los derechos de emisión en la UE y de las tensiones políticas en Centroeuropa que dispararon los precios del gas natural y la electricidad en 2021 y 2022, y a la postre, los precios de la mayoría de los bienes y servicios.

Los precios de los derechos de emisión, como ya he comentado en alguna ocasión, sólo penalizan a las empresas localizados en la UE y las instituciones europeas deberían haber impuesto gravámenes equivalentes a los productos importados de otros países con legislaciones medioambientales más laxas. En cuanto a las tensiones en Centroeuropa, las instituciones europeas tendrían que haber sido mucho más cautas y haber tomado en consideración que el agravamiento de las tensiones ponía en peligro los suministros de gas natural y petróleo rusos e iba a disparar los precios de la energía que pagan los hogares y las empresas. Avivar esas tensiones en 2021 sin contar con un plan de contingencia para hacer frente al desabastecimiento de bienes energéticos constituyó una temeridad que ha frenado en seco la recuperación de la crisis pandémica y puede abocar a una nueva recesión a la UE. Ucrania va a quedar devastada, Rusia muy empobrecida y la UE bastante tocada.

A muy corto plazo y para evitar males mayores, se podría subvencionar transitoriamente el gas natural empleado en las centrales eléctricas para reducir no sólo el precio de generación, como ocurre tras la reforma implantada el 14 de junio en España y Portugal, sino también los precios finales que soportan las familias y las empresas. Otra línea de acción compatible con la anterior sería fijar el precio de la electricidad igual al precio medio de generación, abandonando el modelo marginalista y estableciendo algún mecanismo de compensación para las centrales más ineficientes. Antes de descartar estas posibilidades, la UE tendría que sopesar el coste que supondría para las arcas públicas implantar estas medidas transitorias frente al coste a pagar si las subidas de tipos para rebajar la tasa de inflación a 2% nos hunden en una nueva recesión, con la consiguiente destrucción de rentas y empleos, caída de la recaudación y aumento de los gastos sociales.

A medio plazo, la UE haría bien en decidir qué quiere ser de mayor y el papel que quiere jugar en el tablero político internacional. Aunque sigo pensando que sería altamente deseable, tanto por razones humanitarias como económicas, alcanzar una solución negociada a la guerra de Ucrania, se puede descartar por improbable que las instituciones de la UE den pasos en esta dirección en los próximos meses. En el ámbito del mercado eléctrico, la UE tiene que diseñar un modelo del mercado eléctrico que contemple una combinación de tipos de centrales compatible con sus objetivos medioambientales y el deseo de reducir la dependencia del gas ruso, y al mismo tiempo garantice el suministro de electricidad a precios competitivos. La tarea no es fácil, pero el riesgo de no hacerlo ahora es que la UE puede acabar convertida en un gran parque temático.