Nada que hablar con los golpistas

Artículo publicado en el diario Expansión el 12 de abril de 2018

Puigdemont El Prófugo dirigiéndose a sus seguidores desde Bélgica antes de las elecciones del 21-D.

La decisión del tribunal de Sleschwig-Holstein de poner en libertad condicional a Puigdemont El Prófugo, sumada a la posterior declaración de la ministra de Justicia alemana adviertiendo que podría quedar en libertad en un país libre como Alemania, en caso de no sustanciarse adecuadamente la acusación de malversación de caudales públicos que sobre él pesa, debería hacernos reflexionar acerca de cómo ha gestionado el Estado español el ataque más grave que ha sufrido nuestra joven democracia. Comparado con lo ocurrido en Cataluña durante los dos últimos años, el golpe del 23-F fue un juego de niños y buena prueba de ello es que la intentona militar de Armada, Bosch y Tejero se desmanteló en unas horas mientras que el entramado político, asociativo y mediático que protagonizó el golpe de Estado en Cataluña sigue intacto cinco meses después.

Josep Antolí (ANC) y David Hereu (CSC), durante la asamblea celebrada en al Departament de Interior del gobierno de la Generalitata para preparar el 1-O.

Hechos incontestables

Pocas dudas hay sobre la naturaleza de los hechos que se han producido en Cataluña durante los últimos meses y que el editorial publicado por El País el 6 de abril califica como “un proceso presidido por la coacción” que “violó la ley de forma sistemática para intentar imponer a la ciudadanía, desde la calle y desde las instituciones, una secesión unilateral, ilegal y obligatoria”. Entre los gravísimos hechos que enumera el diario figuran “derogar la Constitución y el Estatut; elevar unas leyes sediciosas votadas por medio Parlament a sustitutos de esas normas supremas; y hacerlo desobedeciendo a los tribunales y sin la concurrencia de mayoría cualificada, y por métodos que privaron a la oposición (que representa a más de la mitad de los catalanes) de sus funciones representativas y de control”.

Forcadell la guardiana de la urna procediendo al recuento del resultado de la votación que se celebró en el Parlmante el 27 de octubre de 2017 para proclamar la república catalana.

Con independencia de su “calificación judicial”, el diario subraya el carácter violento de la intentona golpista que hizo “usos indebidos y exorbitantes de la fuerza”, mencionando expresamente “obstrucción física de la Justicia; destrucción de vehículos policiales; ocupación ilegal de carreteras; obstaculización de vías férreas con peligro para la integridad de los propios actuantes; intimidaciones y escraches contra personas, partidos y asociaciones considerados rivales o enemigos; violencia sobre objetos callejeros; y actuaciones del Govern y de la policía autonómica tendentes a facilitar algunos de esos abusos”.

Efectivos de la Guardia Civil abandonando los hoteles entre abucheos de grupos organizados por los propios consistorios y los partidos polìticos secesionistas.

Estado débil

Aunque comparto la conclusión de que “ni el tribunal alemán ni la propaganda independentistas pueden cambiar esos hechos, que son ya parte de la historia de los españoles y su lucha por mantener la democracia”, tengo más dudas de que nuestro “Estado de derecho y sus instituciones judiciales” hayan respondido adecuadamente. El golpe de Estado que se desarrolló en Cataluña entre el 6 de septiembre y el 27 de octubre de 2017 fue la culminación de un proceso de insurrección pregonado, cuidadosamente planificado y financiado con dinero público desde las instituciones de autogobierno de la Comunidad Autónoma de Cataluña que se puso en marcha tras las elecciones del 27-S sin que el Estado actuara con la firmeza y contundencia necesarias para atajarlo.

Turull (CDC), Baños (CUP) y Romeva (ERC) presentando las enmiendas a la Resolución I/XI del inicio de la independencia, el 6 de noviembre 2015.

El Parlament, desde la elección de Forcadell como presidenta el 26 de octubre de 2015, y el gobierno de la Generalitat, desde que Puigdemont fue investido el 10 de enero de 2016, se convirtieron en dos instituciones dedicadas a tiempo completo a crear estructuras de Estado, a internacionalizar el conflicto y a consumar la anunciada desconexión. En coordinación casi perfecta, Sánchez, presidente de la ANC, Cuixart, presidente de Òmnium, y Lloveras, presidenta de la Asociación de de Municipios por la Independencia (AMI), se encargaron, con el apoyo de los medios de comunicación de la Generalitat, de sumar efectivos por todos los rincones de Cataluña. A las tres asociaciones se sumaron en los últimos meses los llamados ‘comités de defensa del referéndum’ que protagonizaron los enfrentamientos violentos con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado el 1-O, y ahora se han reconvertido en ‘comités de defensa de la república’ (CDR).

Manifestantes convocados por la ANC, los CDR, la CUP y Arran rompen el cordón policial y entran el parque de la Ciudadela.

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Puigdemont y Junqueras celebrando el golpe de estado en el Parlament el 27 de octubre. El todavía president se fugó pocas horas despu´s a Bélgica.

Frente a la firme voluntad expresada pública y reiteradamente por Puigdemont, Junqueras, Forcadell, Sánchez, Cuixart, Lloveras y demás líderes secesionistas de saltarse leyes y sentencias, las instituciones del Estado y los Tribunales se limitaron a advertirles de los riesgos en que incurrían, y sólo intervinieron cuando la situación devino crítica y el 27-O se proclamó en el Parlament, por segunda vez, la república independiente de Cataluña. Fue sólo entonces cuando el Gobierno pidió autorización al Senado para aplicar el artículo 155, cesar el gobierno de la Generalitat y convocar nuevas elecciones al Parlament. A pesar de la gravedad de los delitos en que habían incurrido, los presuntos delincuentes pudieron escapar con toda tranquilidad a Bélgica y montar el circo mediático que estamos padeciendo desde entonces. Como el resto de la puesta en escena, la huida al extranjero formaba también parte de su estrategia para internacionalizar el ‘conflicto’ una vez proclamada la república.

Sáenz de Santamaría, vicepresidenta del Gobierno de España, ofreciendo a Junqueras, vicepresidente del gobierno de la Generalitat, abrir un diálogo sobre todas las demandas presentadas, a excepción del referéndum.

A la vista de lo ocurrido desde el 27-S, se puede afirmar que el gobierno de Rajoy no ha logrado poner fin al proceso insurreccional en Cataluña. Primero, fracasó su estrategia de aproximación y apaciguamiento seguida en 2016, pues ni consiguió que los partidos secesionistas abandonaran sus planes de iniciar el proceso constituyente ni que aprobaran las leyes de desconexión (referéndum y transitoriedad jurídica) a principios de septiembre de 2017. Segundo, el Gobierno tampoco logró impedir que se celebrara la consulta el 1-O y envió a las

Trapero, Mayor de los Mozos, con Puigdemont y Forn, consejero de Interior. Trapero está siendo investigado como pieza fundamental en la inacción de los Mozos en el asedio a la Consejería de Economía y el 1-O.

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado desplazadas a Cataluña a realizar, en condiciones muy precarias, acciones que deberían haber realizado los Mozos. Tercero, los titubeos y la tardanza del Gobierno en actuar para atajar la insurrección permitió a Puigdemont y a otros golpistas escapar al extranjero y continuar desde el ‘exilio’ denigrando y desacreditando la democracia española, y alentando las esperanzas de sus seguidores.

 

Artadi y Pujol, diputados de JxC, con Torrent (ERC) preparando una de las cuatro investiduras fallidas de candidatos fugados de la justicia (Puigdemont), encarcelados (Sánchez) o investigados (Turull).

Se equivocan quienes creen que Cataluña está hoy mejor que el 27-O. Los secesionistas siguen controlando el Parlament y muy probablemente volverán a controlar el gobierno de la Generalitat en pocas semanas. Centenares de Ayuntamientos catalanes adscritos a la AMI ondean banderas estrelladas en sus balcones y han colocado pancartas en las fachadas reclamando la libertad de los ‘presos políticos’. Las asociaciones secesionistas que han abonado las fianzas de los presuntos delincuentes continúan desarrollando su

Carlos Sastre, asesino convicto del industrial Josep María Moltó, y presidente del sindicato secesionista presentado como un patriota en en TV3.

labor propagandística con total impunidad, y los CDR están más activos que nunca. Los medios de comunicación públicos más los subvencionados por la Genealitat, desde TV3 hasta la radio y el diario local más humildes, siguen actuando como altavoces del secesionismo. Salvo dos centenares de asesores cesados tras aplicarse el 155, todo el aparato administrativo del gobierno de la Generalitat

La cosa viene de lejos: Álvarez (UGT Catalunya), Casals (Òmnium Cultural) y Gallego (CCOO Catalunya) a favor del derecho a decidir y la consultadel 9-N.

permanece intacto y siguen vigentes las normas que impiden a los ciudadanos españoles ejercer en igualdad de condiciones sus derechos constitucionales en Cataluña.

Ante la última exhibición de cinismo de Puigdemont a la salida de la cárcel alemana, exigiendo al Gobierno la excarcelación de los ‘presos políticos’ y el inicio de un diálogo ‘político’ con los golpistas, he recordado las palabras que escribió Javier Marías cuando el

Gaseni, nuevo presidente interino de la AMI, con Torrent, nuevo presidente del Parlament, junto al vicepresidente de la ANC,  en la manifestación del 16 de febrero de 2018.

diario Gara publicó “Ortega Lara vuelve a la cárcel”, después de que el funcionario de prisiones fuera liberado por la Guardia Civil tras haber permanecido secuestrado por ETA en una celda infame durante 532 días. “Cuando el cinismo, la vileza y el escarnio  llegan a tales extremos, se sabe que no hay nada que hablar. Pero entonces, ¿qué queda?”, se preguntaba Marías. Ante las vilezas de Puigdemont y demás líderes secesionistas, a los demócratas sólo nos queda exigir al Gobierno y a la escurridiza oposición más firmeza a la hora de

Casa consistorial del Ayuntamiento Vilobí del Penedés el 23 de febrero de 2018, luciendo la bandera estrellada.

defender nuestra democracia porque con los golpistas “no hay nada que hablar”.

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De Waterloo a Estremera vía Schleswig-Holstein

Artículo publicado en el diario Expansión el 26 de marzo de 2018.

Puigdemont posa mofándose de los 5 requerimientos enviados por el Tribunal Constitucional.

Cuando hace unas semanas Torrent  propuso al expresidente Puigdemont huido de la justicia como candidato para presidir el gobierno de la Generalitat, expresé en las páginas de Expansión que estaba más cerca de hacer compañía a Junqueras y a Forn en Estremera que de ser elegido nuevamente presidente de la Generalitat. Su detención esta mañana en Alemania pone de manifiesto que su estrategia de llevar al límite la confrontación con el Estado, haciendo caso omiso, primero, de las reiteradas advertencias del Tribunal Constitucional, y huyendo, más tarde, a Bélgica para evitar comparecer ante el juez del Tribunal Supremo que lo investiga, estaba condenada al fracaso. Sólo un auténtico megalómano podía pretender convertirse en el presidente de un consejo de la república en el exilio y marcar desde Waterloo la agenda de un gobierno títere instalado en la plaza de San Jaime. Era cuestión de tiempo que su pequeña corte belga empezara a flaquear y que quienes seguían dando la cara en Barcelona se hartaran de seguirle la cuerda.

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Puigdemont celebrando con Junqueras el golpe de estado en el Parlament el 27 de octubre, pocas horas antes de fugarse.

Los hechos que se han sucedido durante los últimos meses en Cataluña han demostrado que los líderes secesionistas, Mas y Puigdemont, Junqueras y Rovira, urdieron una gran mentira con la que lograron arrastrar a casi dos millones de personas al borde del precipicio y provocar una crisis social e institucional sin precedentes en la cuarta economía de la Eurozona. A pesar de sus repetidas afirmaciones, los catalanes hemos podido constatar después de la huida de Puigdemont que la manoseada hoja de ruta no era sino una sarta de improvisaciones que nos iba adentrando en un laberinto cada vez más intrincado, cuyo único mérito consistía en alejarnos más y más de la salida; que las famosas estructuras de estado (hacienda, seguridad social y banco central) que habían de ponerse en marcha el día de la desconexión de España eran una ficción ‘vidalesca’; que los empresarios que supuestamente avalaban con su silencio el proyecto independentista tardaron minutos en hacer las maletas después de la consulta del 1-O y poner tierra de por medio; y, en fin, que en lugar de la lluvia de apoyos internacionales que apuntalarían a la recién constituida república lo único que llegó de fuera fueron descalificaciones a los golpistas, y un apoyo sin fisuras de todos los Estados democráticos y organismos internacionales al Gobierno legítimo de España.

Secuencia de mensajes supuestamente privados enviados por Puigdemont a Comín el 31 enero 2018.

La detención de Puigdemont en Alemania cierra un triste capítulo de la historia de nuestra democracia que ojalá no se hubiera producido nunca. Pero más que lamentarnos por lo que ya no tiene remedio, lo importante ahora es extraer algunas consecuencias con vistas al futuro. La primera conclusión que me gustaría resaltar es que durante el tiempo que Puigdemont presidió el gobierno de Cataluña, los tres poderes del Estado, Gobierno, Congreso y Senado, y Poder Judicial, se comportaron con una extraordinaria prudencia. La parsimonia con que afrontaron la crisis política, evitando caer en las continuas provocaciones del gobierno de la Generalitat y el Parlament de Cataluña, refuerza nuestra confianza en el Estado de Derecho. No obstante, quiero apuntar que un Estado democrático más cuajado que el nuestro habría tenido menos complejos y se habría mostrado quizá más expeditivo a la hora de hora de plantar cara a los gobernantes de una Comunidad Autónoma que alardeaban de saltarse el ordenamiento jurídico y desatender los requerimientos y las sentencias de los tribunales. Convendría

Rajoy en el Senado el 27 de octubre de 2017.

analizar con sumo cuidado todo el proceso secesionista y el entramado administrativo-mediático-asociativo que lo alimentó desde la primera consulta por la independencia el 14 de septiembre de 2009 hasta la proclamación de la independencia el 27 de octubre de 2017, pasando por las consultas del 9-N y el 1-O. ¿Estuvo la maquinaria del Estado a la altura del desafío?

Mas votando en la consulta el 1-O de 2017.

La segunda conclusión importante es que el Estado de Derecho ha salido triunfante del envite. Los principales líderes secesionistas van a ser juzgados y tendrán que responder no por ser republicanos de corazón sino por los posibles delitos (rebelión, sedición, desobediencia, malversación de caudales, etc.) que hayan podido cometer en el ejercicio de sus cargos. El ser elegido democráticamente no otorga a

Puigdemont firmando el decreto de convocatoria de la consulta de autodeterminación el 6 de septiembre de 2017.

ningún gobernante el derecho a saltarse el ordenamiento jurídico, invocando una supuesta voluntad popular. La impunidad ha terminado. A Puigdemont, los catalanes lo elegimos para ocupar un escaño de diputado y los diputados lo eligieron en el Parlamente para presidir el gobierno de la Comunidad Autónoma de Cataluña, no para hacer un referéndum de autodeterminación ni para constituir la república en Cataluña. Esperemos que pronto sea extraditado y tenga la oportunidad de comparecer ante el juez Llarena para convencerle de que ni antes ni después del 1-O cometió delito alguno como presidente del gobierno de la Generalitat y merece la absolución. Me temo que no le resultará fácil lograrlo.

Estremera CP Madrid VII.

Puigdemont con Sánchez, presidente de la ANC, y Cuixart, presidente de Omnium Cultural, preparando del 11 de septiembr de 2016.

 

 

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Nuevo desafío del secesionismo al Estado

Artículo publicado en el diario Expansión el 22 de marzo de 2018.

Torrent “El Cancelador”: le viene grande hasta la bandera.

Tras el fallido intento de investir a Puigdemont hace unas semanas, Torrent ‘El Cancelador’ suspendió el pleno del Parlament convocado para investir a Sánchez, presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) preso en Soto del Real. Llarena, el juez del Tribunal Supremo que ordenó su ingreso en prisión investiga su participación en el intento de secesión de Cataluña organizado por el gobierno de la Generalitat (Puigdemont, Junqueras, Borràs, Comín, Forn, Ponsatí, Puig, Rull, Serret, Turull, etc.) y el Parlament (Forcadell, Rovira, Gabriel), con la colaboración indispensable de Sánchez, Cuixart, presidente de Òmnium Cultural, y Lloveras, entonces presidenta de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI).

Torrent en el acto del ‘9denou’ en Vic.

El interés del asunto no radica tanto en la previsible suspensión del acto en sí cuanto en las declaraciones que hizo Torrent en Vic –ciudad que recibió a Franco como a un héroe y ahora está literalmente plagada de banderas estrelladas y lacitos amarillos– en un acto organizado para celebrar el aniversario de uno de tantos medios de comunicación (el9nou) que subvenciona la presidencia de la Generalitat para promocionar el secesionismo en Cataluña. Resulta paradójico contemplar a la enfervorizada audiencia aplaudirle cuando Torrent reclamó “libertad de expresión y respeto institucional”. ¿Acaso no estaba ejerciéndola con pleno respeto institucional? Quién demostró una vez más falta de respeto institucional fue Torrent cuando advirtió con tono amenazador que “no permitiremos que los tribunales decidan quién es el presidente de la Generalitat de Cataluña”. ¿Acaso algún Tribunal pretende tal desatino? Ninguno, como  ninguno interfirió en su elección. Hay una sola razón, Sr. Torrent, por la que los candidatos propuestos hasta ahora (Puigdemont y Sánchez) no han sido investidos: su empecinamiento en proponer a prófugos o presos.

La cosa viene de lejos: Puigdemont con Sánchez, presidente de la ANC, y Cuixart, presidente de Omnium Cultural, preparando el 11 de septiembre de 2016. Testigo: Munté, consejera de Puigdemont.

Hacer república

Los políticos secesionistas deambulan frustrados y algo desconcertados porque los resultados electorales del 21-D vinieron a confirmar la falta de apoyo social para su proyecto. Hasta un declarado independentista como Carod-Rovira reconocía hace unos días que hace falta algo más que el 47,5 % de los votos para poder sacarlo adelante y les advertía que mayor será la frustración cuanto más tarden en reconocerlo. “Parece mentira –afirmó el exvicepresidente de la Generalitat en otro medio

Carod-Rovira (ERC), exvicepresidente del gobierno de Maragall “¿Es preciso seguir haciendo el ridículo?”.

subvencionado (8TV)– que dos meses y medio después de las elecciones aún estemos así. ¿Tanto cuesta elegir a un candidato que no esté huido o encarcelado? ¿Es preciso seguir haciendo el ridículo?” Torrent está dispuesto a hacer el ridículo hasta que alguien le ordene lo contrario.

Los candidatos de Junts pel Sí, la noche del 27-S. Entonces se las prometían muy felices,… ahora, parecen no reir tanto.

Incluso los catalanes que se sintieron atraídos por la promesa de forjar ‘un país nuevo y  justo’ están preguntándose qué fue de la hoja de ruta de JxSí que prometía proclamar la república en 18 meses contados a partir del 27-S; dónde están las ‘estructuras de estado’ que Puigdemont y Junqueras les aseguraban tener a punto para empezar la desconexión; por qué más de 3.200 sociedades han trasladado sus sedes a otras Comunidades y el asegurado reconocimiento internacional no ha llegado; y se preguntan qué pueden esperar de los líderes que apenas habían terminado de entonar el ‘cop de falç’ huyeron despavoridos por la frontera. “Ciutadans de Catalunya: ja no soc allí”, esta es

Puigdemont en Bruselas con un Mozo de Escuadra en funciones de guardaespaldas.

la primera frase que Puigdemont debería haber dirigido a los catalanes desde Bruselas.

Estamos asistiendo a la descomposición de un proyecto político cuya hoja de ruta ha sufrido mil y un cambios sin que, como apuntaba Carod-Rovira, Mas, Puigdemont y Junqueras hayan tenido la honradez de reconocer su fracaso. Como expliqué en mi artículo “Auge y decadencia del nacional-secesionismo” (Expansión, 23 de diciembre 2017), a pesar de contar con el respaldo de todas las instituciones autonómicas y locales, y el apoyo del potente entramado mediático-asociativo, el respaldo social no sólo ha retrocedido desde 2012 sino que ha despertado a los catalanes deseosos de seguir siendo

Junqueras presentando su hoja de ruta, 11 noviembre 2014.

españoles y europeos. El éxito de la manifestación del pasado 30 de septiembre en Barcelona, en vísperas de la consulta del 1-O, puso de manifiesto la pluralidad de la sociedad catalana, y marcó un punto de inflexión que refrendaron las movilizaciones del 8, 12 y 29 de octubre y 6 de diciembre en 2017, y el 4 de marzo en 2018.

30 septiembre: manifestación en vísperas de la consulta ilegal del 1-O. Vista general de la plaza de San Jaime.

Agotado pero no desmantelado

En la mañana del 26 de octubre, un día antes de la esperpéntica votación en el Parlament que precedió a su huida, el expresident Puigdemont estaba dispuesto a convocar elecciones anticipadas. Sólo faltó para que lo hiciera que el Gobierno de España le garantizara la impunidad de los líderes incursos en causas judiciales por su papel en los tumultos del 20-21 de septiembre frente a la Consejería de Economía, y por la organización de la consulta ilegal del 1-O. Al margen de lo absurda que resultaba su exigencia en un Estado de Derecho donde prevalece la división de poderes, la petición de Puigdemont revela la endeblez de las convicciones de quien al día siguiente votó a favor de constituir la república catalana.

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Puigdemont y Junqueras celebrando el golpe de estado en el Parlament el 27 de octubre, pocas horas antes de huir a Bruselas.”Un cop falç, un cop de…” antes de salir por piernas huyendo.

El desconcierto y las desavenencias actuales entre los líderes secesionistas confirman que ni el control absoluto de la Generalitat (Gobierno, Parlament, Diputaciones y Ayuntamientos) y la mayoría de medios de comunicación en Cataluña, ni las movilizaciones organizadas por la ANC, Òmnium y AMI durante los últimos años han dado los frutos esperados. Pero aunque la resaca ha arrastrado a algunos de sus líderes más adentro, todo apunta a que volverán a las andadas en cuanto el mar nos los devuelva o sean reemplazados por otros. Y es que para la casta secesionista, “hacer república” es el conjuro mágico que propulsa sus carreras políticas, y les proporcionan días de gloria y hasta un confortable modus vivendi, al menos mientras la impunidad dura.

Para constatar lo poco que ha cambiado la situación política tras la aplicación del artículo 155, basta con observar la realidad  cotidiana y ojear el borrador del acuerdo alcanzado por JxC y ERC para repartirse la Generalitat. Los mandos de los Mozos, salvo Trapero, siguen en sus puestos pese a la pasividad y hasta connivencia mostrada el 1-O y las informaciones publicadas sobre el espionaje al que han sometido a catalanes de a pie y a miembros del Gobierno español. La mayoría de Ayuntamientos continúan incumpliendo el ordenamiento jurídico y financiando a la AMI. Gasseni, su presidente provisional, reclamaba hace pocos días “hacer efectiva la república”, y la nueva ejecutiva, presidida por Cervera, reiteraba su rechazo al Estado de Derecho en el manifiesto de Tárrega. Torrent y los portavoces de JxC y ERC cuestionan todos los días la competencia de los Tribunales para pronunciarse sobre actos contrarios al ordenamiento jurídico.

Aspecto actual del Centro de Atención Primaria del Servicio Catalán de Salud (CatSalud) en Vilobí del Penedés.

Ayuntamiento Vilobí del Penedés 23 de febrero de 2018: en rebeldía.

El borrador incluye también el compromiso de “impulsar el Proceso Constituyente, que contempla movilizar a la sociedad catalana… contra la represión policial y jurídica del Estado español”, crear comisiones parlamentarias y realizar una ‘multiconsulta’. Incluso lleva el desafío al Estado de Derecho un punto más allá, al incluir la propuesta de dejar en manos de la corte belga de Puigdemont, compuesta por la “Asamblea de Representantes,

Artadi, Torrent y Pujol en el Parlament tras sellar el acuerdo de investidura.

Presidencia y Consejo”, la “capacidad para impulsar políticas, estrategias, propuestas y la internacionalización”. El desafío lo completa el compromiso de “implementar en los seis meses siguientes la Moción 55/XI sobre la desmilitarización

El Parlament pide al Govern, a instancias de la CUP, prohibir los desfiles militares en Cataluña. Y el PSC de Iceta reclama el traspaso del patrimonio militar a la Generalitat.

de Cataluña aprobada por el Parlament el 14 de julio de 2014”. Como no podía ser de otra manera, la Fiscalía ya ha advertido al juez Llarena que el acuerdo vulnera la legalidad vigente. Ahora que el lector juzgue si la aplicación del 155 ha restablecido (o no) la normalidad democrática en Cataluña.

Asamblea de la AMI el 15 de marzo de 2018: conjurados con Cervera, su nuevo presidente para seguir trabajando por la independencia.

 

 

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Pensiones y derechos

Artículo publicado en el diario Expansión el 12 de marzo de 2018

Pensionistas concentrados frente al Congreso de los Diputados.

Hace unos días entre 3.000 y 4.000 pensionistas tomaron la Carrera de San Jerónimo y tuvimos ocasión de verlos cortar el tráfico, empujar con energía digna de mejores empresas las vallas que se habían colocado para proteger el Congreso, y forcejear airadamente con los desorientados miembros de la Policía Nacional allí destacados para proteger a sus señorías. La posibilidad de hincar el diente al Gobierno no pasó desapercibida para los grupos de la oposición que salieron en tromba en cuanto avistaron sangre. Errejón, Garzón, Mayoral y otros miembros de la cúpula de Podemos, nostálgicos quizá de los tiempos heroicos en Plaza del Sol y acuciados por las malas noticias que les sirven las encuestas, se lanzaron alborozados a confraternizar con sus mayores y aprovecharon tan propicia ocasión para registrar la solicitud de celebrar un pleno y obligar a Rajoy y a la ministra Bañez a “dar la cara”. Ante la ofensiva de la oposición, Rajoy respondió anunciando que comparecerá a petición propia en el Congreso el14 de marzo y retó a la oposición a cuantificar sus propuestas.

Pensionistas indignados intentando saltarse el cordón policial frente al Congreso de los Diputados.

La manifestación de los pensionistas estuvo precedida por el anuncio de Sánchez de volver a la vieja fórmula de actualizar las pensiones con el IPC y crear dos nuevos impuestos, que recaerían sobre las ‘transacciones financieras’ y la ‘banca rescatada’, parar aumentar los recursos del sistema. En vísperas de la manifestación del 1 de marzo, Escudero confirmó que el PSOE estaría en la manifestación el 1 de marzo para exigir una revaluación de las pensiones del 1,6%, muy por encima del 0,25% fijado por el Gobierno. La medida supondría incrementar la factura de las pensiones contributivas este año en torno a 1.800 millones que se sumarían al agujero de 19.000 millones del año pasado. Para demostrar que la cosa va en serio, Lastra, vicesecretaria de Sánchez, confirmó que su grupo ha registrado una proposición de ley en el Congreso que pretende obligar a Ciudadanos a retratarse, después de que la formación de Rivera rechazara dos iniciativas similares de los socialistas en 2016 y 2017.

Derechos y recursos

Sánchez, con Robles y Lastra, exige al Gobierno actualizar las pensiones con el IPC.

Vivimos en una sociedad donde casi cualquier cosa que beneficie a algún colectivo con cierto peso pasa a considerarse un ‘derecho’ y a reivindicarse como tal por algún partido político, siendo muy pocos los ciudadanos a los que les preocupa afinar el concepto y las circunstancias que permiten hacerlo efectivo. El derecho a percibir una pensión contributiva es sólo uno más entre la infinidad de derechos reconocidos en nuestra legislación a recibir  prestaciones de las Administraciones Públicas: sanidad, educación, justicia, seguridad, desempleo, maternidad baja laboral, ayudas y subsidios, incapacidad, etc. El problema radica en que para que determinados colectivos, pensionistas en este caso, puedan hacer efectivo su ‘derecho’ resulta indispensable que las Administraciones cuenten con recursos detraídos vía impuestos de otros ciudadanos.

Báñez, Ministra de Empleo y Seguridad Social en el hemiciclo.

A este respecto, conviene reconocer que casi todos los ciudadanos coinciden en considerar que su contribución al Estado de Bienestar excede en mucho los beneficios que reciben, y se sienten legitimados para protestar en cuanto consideran que se están vulnerando sus ‘derechos’. No digo que no sea así en algunos casos pero la afirmación resulta insostenible para la sociedad en su conjunto. Nunca los ciudadanos han recibido más servicios públicos y transferencias que hoy, y además hay una evidencia incontestable de que las aportaciones resultan insuficientes para costearlos. En 2016, sin ir más lejos, las AAPP obtuvieron recursos equivalentes al 37,7% del PIB pero sus necesidades de financiación alcanzaron el 42,2%, y las Administraciones tuvieron que endeudarse para cubrir el agujero de 4,5 p.p. del PIB.

Para comprobar que no estamos ante una circunstancia extraordinaria sino habitual, basta con echar una ojeada a las cuentas públicas entre 1995 y 2016. Durante estos 22 años, las Administraciones registraron superávits presupuestarios tan sólo en tres ocasiones (2005, 2006 y 2007) y la necesidad de financiación acumulada durante el período ascendió a la imponente cifra de 788.051 millones. Además, el grueso de esta cifra, 722.036 millones, se acumuló entre 2008 y 2016, una indicación inapelable de que para el conjunto de la sociedad los beneficios recibidos por los ciudadanos en los últimos años han sido muy superiores a los recursos detraídos para financiarlos.

La principal consecuencia de la insuficiencia crónica de recursos de las Administraciones para financiar los ‘derechos’ durante la última década ha sido el espectacular aumento de la deuda pública que pasó de 384.662 millones en diciembre de 2007 a 1.144.629 en diciembre de 2017, con un incremento de 759.967 millones. Además de las consecuencias presupuestarias negativas que puede acarrear en el futuro la previsible subida de tipos y el consiguiente aumento de la carga de intereses, la elevada deuda de la economía española reduce de manera significativa los grados de libertad del Gobierno para implementar políticas fiscales expansivas ante una futura recesión y deja al Tesoro en una situación delicada, a merced de cambios repentinos en la confianza de los inversores como pudimos constatar con toda su crudeza en 2012. Recurrir al endeudamiento continuado para implementar ‘derechos’ resulta, se mire como se mire, indeseable e insostenible.

Desigual reparto de costes

España registró dos recesiones encadenadas, 2008-2010 y 2011-2013, acompañadas por una severa crisis financiera. Entre 2008 y 2013, el PIB nominal cayó 8,1% y el PIB real 8,0%, y para el conjunto del período 2008-2017 el PIB nominal creció 3,1% y el PIB real aumentó el  3,0%.  Las dos recesiones redujeron en 3,7 millones el número de ocupados, y aunque se han creado cerca de 2 millones de empleos en los últimos años, los salarios y condiciones laborales de hoy son muy distintas a las de 2017. Los trabajadores más jóvenes fueron golpeados con especial dureza porque además de soportar tasas de paro extraordinariamente elevadas vieron interrumpidas sus carreras profesionales. A finales de 2017, la economía arrojaba un saldo de casi 2 millones más de parados que en  2007, y los segmentos de trabajadores más jóvenes siguen registrando tasas de paro muy superiores a la ya elevada tasa media (16,6% en el cuarto trimestre de 2017). Sin duda, quienes perdieron sus puestos de trabajo y se vieron obligados a sobrevivir con prestaciones y subsidios a los desempleados, y hasta con ayudas de sus familiares más próximos fueron los grandes perjudicados durante estos años.

En contraste con las personas activas, los pensionistas salieron bastante bien parados del envite. Entre 2008 y 2013, las pensiones contributivas y la pensión media crecieron 8,04 y 18,89 por ciento, respectivamente, y para el conjunto del período 2008-2017, las cifras fueron 13,40 y 27,92 por ciento, con un aumento del gasto total en pensiones del 45,05%. Basta con comparar estas cifras con las variaciones del PIB nominal o la evolución de los salarios para concluir que los pensionistas han sido un colectivo privilegiado en comparación con la suerte de la inmensa mayoría de parados e incluso ocupados. El Fondo de Reserva está ya prácticamente agotado y para poder pagar las pensiones de 2017 y 2018, el Gobierno ha tenido que suplementar los ingresos del sistema con dos créditos presupuestarios de 10.193 y 15.000 millones, respectivamente.

Muchas pensiones siguen siendo, sin duda, bajas, como lo son también la mayoría de salarios y otras prestaciones en España, pero si algo deberíamos haber aprendido estos años es que los ‘derechos’ no pueden satisfacerse indefinidamente endeudándonos. Aumentamos impuestos o recortamos ‘derechos’, ése es el dilema. Pero la oposición ‘sensata’ (Podemos es plato aparte) prefiere seguir jugando al despiste con los electores. El PSOE se conforma con apuntar con el índice al chivo expiatorio de los ‘bancos’, y Ciudadanos, el partido que aspira a modernizar España, se inclina hacia el realismo mágico: propone aumentar nuestros ‘derechos’ (extender la baja por paternidad, establecer un complemento salarial para jóvenes, facilitar la conciliación laboral, establecer un modelo de educación trilingüe, etc.) y bajar impuestos (Sucesiones, IRPF) al mismo tiempo. El miércoles veremos si la oposición se atreve a bajar al ruedo o torea desde la andanada.

Rivera y Garicano. su consejero económico.

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Abandonados

Artículo publicado en el diaro Expansión el 24 de febrero de 2018.

Turull, consejero portavoz en el último gobierno de Puigdemont, Baños, diputado de la CUP, y Romeva, consejero de Puigdemont para la internacionalización del proceso, presentando las enmiendas a la Resolución I/XI de inicio de la independencia el 6 de noviembre 2015.

Hace bastante tiempo, demasiado, alerté sobre las negativas consecuencias que había producido el progresivo desvanecimiento (“Cuando el Estado se desvanece”, Expansión 9/07/2013) de las instituciones centrales del Estado (ICE=Gobierno+Cortes+Poder Judicial) en la vida cotidiana de los catalanes. El asunto viene de muy largo y ha ido creciendo a la par que aumentaban las  competencias traspasadas a las instituciones de la Generalitat que, no contentas con administrar sanidad, educación o seguridad con total autonomía, cuestionaron, primero, la facultad de las ICE para aprobar normas básicas o enmendar las normas autonómicas, y acabaron, finalmente, por constituirse en sujeto soberano e iniciar el proceso constituyente que llevó a aprobar las llamadas ‘leyes de

Forcadell, la guardiana de la urna transparente en la que se votó la independencia de Cataluña en cumplimiento del mandato recibido en la consulta ilegal celebrada el 1-O.

desconexión’, a celebrar la consulta del 1 de octubre (1-O) y a proclamar la república catalana.

Todo sigue igual

Rajoy en el Senado el 27 de octubre de 2017 defendiendo la aplicación del articulo 155 de la Constitución.

El Gobierno de España paró el golpe de Estado aplicando el artículo 155 de la Constitución en el tiempo de descuento, convocó apresuradamente elecciones autonómicas el 21-D y los Ministros se hicieron cargo de las Consejerías en el ínterin, a la espera de que el nuevo Parlament invistiera al President. Excepto por los ceses habituales del personal de confianza y el desmantelamiento de las embajadas y algún otro organismo menor, la destitución del gobierno de la Generalitat apenas ha alterado el funcionamiento de las administraciones catalanas, y los Ministros en funciones, como los espíritus puros, no se han dejado ver por aquí en tres meses y medio. Sólo los Tribunales apoyados por los servicios de investigación de la Guardia Civil y la Policía Nacional han continuado trabajando para desenmascarar las argucias y estratagemas desplegadas por el gobierno de Puigdemont y los mandos de la policía autonómica en la preparación del 1-O y la consumación del golpe de Estado.

Sánchez, presidente de la ANC, y Cuixart, presidente de ´Òmnium, arengando a los comités de defensa del referéndum subidos a un vehículo de la Guardia Civil el 20 de septiembre de 2017.

Malparada neutralidad

Incluso menos han cambiado las relaciones cotidianas entre administradores y administrados. En numerosos Ayuntamientos, las banderas estrelladas que engalanaban farolas y rotondas y casas consistoriales siguen ondeando por toda Cataluña. Proyectado en la fachada del auditorio municipal de Sant Cugat del Vallés (SCV), puede admirarse estos días un enorme lazo amarillo y los espectadores ven incrédulos como un sujeto con aspecto lúgubre anuncia antes de iniciarse el concierto que se interpretará (fuera de programa) el ‘canto de los pájaros’ para exigir la libertad de los ‘presos políticos’.

El senador Vidal (ERC) afirma que los comisarios de los Mozos desobedecerán al Estado. El Confidencial, 26 de enero de 2017. El Gobierno estaba avisado.

En Cataluña, las instituciones autonómicas abandonaron hace mucho tiempo cualquier viso de neutralidad administrativa y se convirtieron en correas de transmisión de las consignas del gobierno de la Generalitat, sin que nada hicieran los Gobiernos de España para impedirlo. En los últimos meses, hemos visto infinidad de carteles en dependencias de Consejerías y Ayuntamientos exigiendo la libertad de los presos, y a funcionarios exhibir en la solapa lacitos amarillos en sus puestos de trabajo. Los órganos rectores y las organizaciones sindicales convocaron a los miembros de la comunidad universitaria a manifestarse el 20 de septiembre contra la “represión política” y la “involución democrática”. La pasada semana, la Rectora de la UAB autorizó la celebración de una fiesta organizada por el sindicato de estudiantes de los ‘países catalanes’ en la que se prohibía expresamente exhibir cualquier actitud “machista… españolista o fascista”.

Los acosadores de Balaguer. “Escuela en catalán no acatamos”.

Los profesores en colegios e institutos públicos siguen adoctrinando a niños y a jóvenes sin ningún pudor o recato. Al día siguiente del 1-O, puedo dar fe que piquetes de estudiantes impedían la entrada algunos centros y que algunos directores proporcionaron materiales para que los alumnos fabricaran carteles que equiparaban nuestra democracia con la dictadura de Franco. Se interrumpieron las clases y se conminó a los alumnos a salir a los patios (quienes se resistieron fueron abucheados) donde la función terminó entonando ‘els segadors’. En el franquismo, esto se llamaba ‘formación del espíritu nacional’.

Gaseni, nuevo presidente interino de la AMI, junto a Torrent, nuevo presidente del Parlament, y otros líderes golpistas en la manifestación del 16 de febrero de 2018.

Hace unos días, una amiga desolada me mostraba las palabras que su cuñada había dejado en el chat familiar: “aunque sea profesora de inglés, ahora voy a adoctrinar incluso más”. Una profesora de catalán de instituto recomienda a los alumnos consultar la página “verbscatalans”, donde junto al espacio reservado para introducir el verbo aparece la bandera estrellada; no acaba aquí el asunto: al situar el cursor sobre la bandera aparece el mensaje “Carles Puigdemont President de Catalunya”.

 

El presidente de la ACM Miquel Buch y la presidenta de la AMI Neus Lloveras mamifestándose en Bruselas junto al eurodiputado Tremosa en apoyo a Puigdemont.

Resumen de la regresión democrática del Estado español y sus agravios contra Cataluña, editado por la ACM y la AMI.

El entramado asociativo-mediático que propició y patrocinó el golpe sigue también intacto. Es cierto que Sánchez y Cuixart, presidentes de la ANC y Ómnium, respectivamente, están encarcelados, y Lloveras, la alcaldesa de Vilanova investigada, ha renunciado a presidir la Associació de Municipis per l’Independencia (AMI). Pero las tres organizaciones siguen operativas y Gaseni (ERC), presidente interino de la AMI, declaraba en PUNTAVUI TV que “AMi@_Cat está dispuesta a apoyar al gobierno catalán y a prestar apoyo a la dirección que tome el país”. Hace casi un año que expuse en Expansión las razones por las que la AMI, una asociación que “trabaja única y exclusivamente por la independencia de Cataluña”, debería haber sido ilegalizada. Pues ahí sigue, como la ANC y Òminum, promoviendo la república independiente en casa y en el extranjero.

Sanchís, presidente de TV3.

Y ahí siguen también al frente del entramado mediático los mismos dirigentes que han jaleado las decisiones y acciones de los gobiernos de Mas y Puigdemont durante los últimos años en medios de comunicación públicos o subvencionados por la Generalitat, y han lanzado a sus ‘bien pagaos’ presentadores y contertulios estrellas a acosar a los líderes de los partidos constitucionalistas (Ciudadanos y PP), sometiéndolos a interrogatorios de tercer grado. Al contrario, esos mismos comunicadores han mostrado una solicitud rayana en el servilismo cuando se trataba de difundir las declaraciones de los protagonistas del golpe, concederles entrevistas a golpe de teléfono o reclamar la libertad de los presos. En la dictadura, a este periodismo se le denominaba ‘prensa del régimen’.

Temor

Adoctrinamiento escolar.

Los gobiernos de Rajoy poco o nada han hecho para cambiar la situación desde 2011. Ahora que se han cumplido 100 días de vigencia del artículo 155 sin dar palo al agua, el ministro Méndez de Vigo nos ha sorprendido al declarar que el Gobierno, comprometido con la libertad, estudia la fórmula para que los catalanes puedan decidir si quieren que el castellano sea lengua vehicular. Escucho atónito a algunos tertulianos en Madrid cuestionar la oportunidad de hacerlo ahora por temor a soliviantar e insuflar vida a los alicaídos secesionistas.

Font, portavoz naconal del sindicato USTEC dirigiéndose a los congregados en la Plaza de la Catedral el 8-N de 2017: “No donarem classes en castellà, i a més no renunciem a parlar de política a les aules”.
“No daremos clase en castellano y además no renunciaremos a hablar de política en las aulas”

Al margen del error de apreciación en su diagnóstico –no están tan debilitados–, me llamó poderosamente la atención su escaso conocimiento de la realidad social. Pese a las movilizaciones constitucionalistas del pasado otoño, persiste el temor a hablar con libertad, mucho más en el ámbito escolar, y ninguna familia sensata está dispuesta a arrojar a sus hijos a los leones –maestros y profesores mayoritariamente secesionistas afines el sindicato USTEC–, a menos que se les ofrezcan sólidas garantías. Después de tanto tiempo sin hacer nada, el Gobierno debería empezar la casa por los cimientos no por el tejado.

Les referiré algo que me ocurrió hace unos días y me conmovió profundamente. Me dirigía al coche cuando me crucé con una señora que me preguntó si era el “señor Clemente”. Le respondí afirmativamente y tras presentarse comenzamos a hablar. Se mostró indignada por todo lo que está sucediendo, y cuando le comenté apuntando al Ayuntamiento que acababa de solicitar la retirada de los lazos amarillos que cubrían la entrada del Centro de Salud, me pidió asustada que no señalara porque podrían estar viéndonos. Aquí y ahora, como durante el franquismo, hay miedo, auténtico miedo a expresar lo que uno piensa, especialmente en las comunidades pequeñas.

Aspecto actual del CAP Vilobí del Penedés.

Una estrellada colocada en el Centro de Atención Primaria (CAP) de Vilobí del Penedés, julio 2015.

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Aquí no hay presos políticos, Sr. Torrent

Artículo publicado en el diario Expansión el 14 de febrero de 2018

Torrent dirigiéndose a la cámara tras ser elegido presidente del Parlament el 17 de enero de 2018.

Tras ser elegido presidente del Parlament de Cataluña el pasado 17 de enero, Torrent (ERC) dejó claro desde el primer momento que haría todo lo que estuviera en su mano por defender los derechos de todos los diputados de la institución que preside, y muy especialmente los de aquellos diputados que están en prisión en España o huyeron escapando de la justicia a Bélgica. El buen alcalde de Sarriá de Ter que animaba a los suyos a resistir con ánimo templado a las fuerzas invasoras –“nos lloverán hostias”, les decía–  se ha tomado tan en serio su papel de ‘defensor del diputado’ que lo encontramos un día departiendo con Puigdemont El Prófugo en Bruselas y al otro visitando a Junqueras El Piadoso en Estremeras. Lástima que de tan interesantes entrevistas con gente tan bondadosa y distinguida no haya tenido a bien contarnos las obras de caridad que planean acometer en el futuro.

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Puigdemont y Junqueras celebrando el golpe de Estado en el Parlament el 27 de octubre de 2017.

¿Impericia informativa?

Aunque nada comentó de lo tratado en el encuentro sobre el curso de las negociaciones para convocar la sesión de investidura, Torrent aprovechó la presencia de las cámaras a la salida del recinto para denunciar que las reuniones con Junqueras y Forn no deberían haberse celebrado entre los “muros de una prisión”. No fue ni mucho menos lo más grave que dijo el president del Parlament que declaró estar a disposición de dos hombres –el exvicepresidente económico Junqueras y el exconsejero de Interior Forn bajo cuyo mando estaban los Mozos de Escuadra durante los tumultos que se produjeron frente a la consejería de Economía el 20-21 de septiembre y durante la ilegal consulta el 1-O– “de paz, de profunda convicción democrática”, encarcelados por sus ideas, “por una causa política”. En otras palabras, según Torrent, Junqueras, Forn –y también Sánchez y Cuixart– son “presos políticos” cuyos derechos están siendo pisoteados por el Estado español, y ahí está para probarlo el lacito amarillo que lleva prendido en la solapa de la chaqueta incluso en actos institucionales.

Torrent anuncia el mantenimiento de la sesión de investidura el 30 de enero de 2018, finalmente cancelada.

He de decir que no me sorprendieron las declaraciones del presidente Torrent sino que el canal 24 horas de TVE las repitiera como una salmodia respetable durante toda la jornada del 8 de febrero. La obligación de la cadena de noticias es informar puntualmente de los hechos no difundir la especie de que Junqueras y Forn son presos políticos. Que lo haga 3×24, el canal de noticias de TV3, entra dentro de lo previsible, pero que semejante desatino se produzca en la televisión de todos los españoles demuestra no sé si acomplejamiento, impericia o ineptitud. ¿Acaso 3×24 repetiría durante horas las declaraciones de algún político español que sostuviera que Junqueras y Forn son dos presuntos delincuentes, golpistas para ser más exactos, a los que se les investiga por tratar de destruir nuestra democracia? Me temo que no.

Torrent, con su lacito amarillo, en la manifestación para exigir la excarcelación de los ‘presos políticos’ el 16 de febrero de 2018.

Lo sorprendente en este caso, y otros muchos similares a los que podría referirme, es que ninguno de los periodistas presentes –o al menos no quedó recogido en las declaraciones de ningún medio–  pidió al Sr. Torrent que explicara por qué él, cuyas ideas son muy parecidas a las de Junqueras y Forn, no está en la cárcel. Si Junqueras y Forn estuvieran en prisión por sus ideas, Torrent estaría haciéndoles compañía en la celda de al lado. Buena prueba de que España es una democracia extraordinariamente garantista es precisamente que una persona con las ideas y trayectoria de Torrent ha sido elegida nada menos que presidente del Parlament, el cargo público mejor pagado de toda España, y que la mayoría de los diputados de JxC, ERC y la CUP están libres y expresan sus ideas con total libertad.

Presos políticos y democracia

No, Sr. Torrent, Junqueras y Forn están en la cárcel no por ser hombres de paz y profundas convicciones democráticas, y hasta religiosas en el caso de Junqueras, sino por haber desempeñado un papel clave en la preparación y ejecución de un golpe de Estado que pretendía acabar con nuestra democracia y culminó con la proclamación de la república catalana en el Parlament, primero el 10 de octubre, y de manera inequívoca el 27 de octubre. Son hechos muy graves no ideas, los que han llevado a Junqueras y a Forn a la cárcel, y por los que su predecesora en el cargo, la Sra. Forcadell, está también siendo investigada por el Tribunal Supremo y se encuentra en libertad provisional. No dudo que usted esté dispuesto a defender los derechos políticos de los presos hasta sus últimas consecuencias, aunque creo que a ellos les resultará más útil contar con buenos abogados y acatar el orden constitucional de aquí en adelante.

Ciudadanos obtuvo al final 36 escaños y 4 el PP.

Las últimas elecciones celebradas el 21 de diciembre demuestran que de los 5.554.455 de electores sólo 2.079.340 votaron a las tres listas JxC (948.233), ERC (935.861) y CUP (195.246) que abogan por la independencia. Ustedes no están legitimados para hablar en nombre del pueblo de Cataluña, aunque tengan una ajustada mayoría en el Parlament de 70 diputados. A partir de ahora, harían mejor en dedicarse  a aclarar sus ‘ideas’ porque aunque las tres formaciones se unieron para constituir la república catalana antes de que Puigdemont se diera a la fuga, nadie sabe a ciencia cierta si esa república sería

Trapero, mayor de los Mozos, con Puigdemont y Forn preparando el 1-O.

virtual o socialista, laica o religiosa, si aspiraba a formar parte de la UE o a salir del “club de países decadentes” que, según Puidemont, la integran, o si pretendían, como abogan su partido, ERC, y la CUP alterar las fronteras de varios Estados de la UE para constituir los “països catalans”, una entidad carente de cualquier base histórica o sociológica, con menos fundamento y recorrido incluso que la juglaresca parodia de Tabarnia.

Junqueras no responderemos ante un juez español sino ante un tribunal internacional. A lo mejor ante ambos.

A pesar de que Torrent sigue insistiendo en que Junqueras y Forn están en prisión por sus ideas, la página oficial de ERC reconoce que su único delito “fue llevar a término el mandato democrático del 27-S y el 1-O y haber proclamado la república de Cataluña”. Aquí, me temo, hay algo más que ideas. Dejando al margen la monserga del supuesto mandato democrático, la frase anterior esconde que el 1-O se celebró una consulta ilegal, contraviniendo la prohibición expresa del Tribunal Constitucional, a la que se destinaron fondos públicos proporcionados por la consejería de Economía y que contó con la complicidad de los mandos de los Mozos de Escuadra a cuyo frente estaba Forn. Se mire como se mire, el comportamiento de ambos ni fue democrático ni ajustado a la Constitución, al Estatut y al resto del ordenamiento jurídico. Por esos delitos, Sr. Torrent, están en prisión, no por su acreditada bondad ni por sus acendrados sentimientos republicanos. Si usted no logra ver en esas actuaciones delito alguno, permítame advertirle que tiene un serio problema porque puede traspasar la línea roja e incurrir en un delito sin ser consciente de ello.

Puigdemont firmando el decreto de convocatoria del referéndum de autodeterminación el 6 de octubre de 2017.

 

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La lista de Puigdemont

Artículo publicado en el diario Expansión el 7 de febrero de 2018.

Secuencia de mensajes supuestamente privados enviados por Puigdemont a Comín el 31 enero 2018.

Poco después de reconocer en su intercambio de mensajes con Comín (¿ERC?), exconsejero del gobierno de la Generalitat cesado y prófugo de la Justicia, que la república agonizaba y Moncloa ganaba la partida “porque nos han sacrificado los nuestros”, Puigdemont tocaba a rebato a los suyos e iniciaba tras el fin de semana una ronda de contactos para exigir a una cada vez más insustancial ERC sumisión incondicional al ‘führer’ exiliado. Para comprender hasta qué punto resulta grotesca la situación política en Cataluña, les invito a trasladarla a otro Estado democrático. Supongan, por un instante, que el presidente Trump incumpliera la Constitución, fuera destituido e imputado, y tras huir a México se presentara a unas nuevas elecciones presidenciales, y pretendiera seguir ejerciendo desde allí como presidente ‘legítimo’ de los Estados Unidos con apoyo de un “congreso de cargos electos”. Algunos lectores se dirán que este hipotético escenario resulta de todo punto inverosímil. Y tienen razón: Trump nunca habría logrado escapar a la justicia y participar en otras elecciones, algo que lamentablemente sí ocurrió en España.

Puigdemont posa mofándose de los 5 requiremientos enviados por el Tribunal Constitucional.

ERC sometida al pujolismo

Los líderes de ERC han demostrado al menos desde 2012 enorme falta de iniciativa y servilismo a los dictados de Mas, primero, y luego de Puigdemont. En ningún momento, un desdibujado y emboscado Junqueras logró trasladar al electorado la sensación de estar liderando el proceso constituyente y permitió que fueran Mas y Puigdemont quienes llevaran la batuta, pasando incluso por alto los abrumadores indicios constatados de corrupción generalizada en el partido del 3% sus rivales, guardándose para sí y su círculo más íntimo sus dudas sobre la fiabilidad de los líderes convergentes. Tras el amago fallido de sacar adelante la investidura telemática o por delegación el 30 de enero, Puigdemont acusó de traición a Torrent y a otros líderes de ERC quienes con asumido servilismo continúan peregrinando a Bruselas para entrevistarse con El Prófugo. Le ofrecen la presidencia simbólica para él y la presidencia real para quien él designe. Puigdemont quiere ambas.

Junqueras de president a presidente de mesa de cartón en Sant Vicenç dels Horts, donde es alcalde el 9 de noviembre de 2014.

ERC parece no haber aprendido nada de lo ocurrido en la X y XI legislaturas cuando Junqueras aceptó un reparto de papeles que resultó fatídico para los intereses de su partido. En la X, Junqueras secundó desde la oposición todas las iniciativas del gobierno de Mas en minoría, incluida la consulta del 9-N en la que Junqueras ofició de mesero junto a una urna de cartón mientras Mas acaparaba todo el mérito ante los medios. Y en la XI accedió a un reparto de papeles igualmente nefasto para sus intereses con Forcadell (ERC) en la presidencia del Parlament y cediendo a Puigdemont toda la iniciativa y el protagonismo. Todo indica que esta situación se repetirá en la XII legislatura con Torrent interpretando el papel de Forcadell en el Parlament y la persona que designe Puigdemont haciendo el papel de Puigdemont en el gobierno de la Generalitat.

Torrent (ERC) dirigiéndose a los diputados tras ser elegido presidente del Parlament el 17 de enero de 2018.

A pesar de que ERC cuenta con casi idéntico respaldo electoral que JxC –12.300 votos las separan– y sus líderes son conscientes de que la república hoy está más lejos que en septiembre de 2015, sus líderes continúan dudando si deben dejarse arrastrar por la locuacidad del nuevo amo de la Masía convergente. Puigdemont está más cerca de ir a la cárcel que de ser el nuevo presidente de la república catalana y los líderes de ERC deberían haber aprendido la lección de que saltarse el ordenamiento constitucional y burlarse del TC no sale gratis, como lo atestigua el Junqueras y otros republicanos que pueden seguir su camino en breve. Ha llegado el momento de reconocer que las políticas de confrontación sistemática con el Estado de Derecho que propugna la alianza de ‘puigdemonistas y cuperas’ sólo servirán para prolongar la inestabilidad política y agravar la ya delicada situación económica.

Puigdemont con Gabriel y Boya, dirigentes de la CUP, cerrando acuerdos en el Palau de la Generalitat.

 Volver a las andadas

Riera con el resto de diputados de la CUP en el amago fallido de sesión de investidura el 30 de enero de 2018.

Estos días hemos sabido gracias a la indiscreción de la CUP que el plan de Puigdemont, caso de haberse consumado su ignominiosa investidura telemática, era retomar el proceso constituyente allí donde lo dejó el 27 de octubre tras su vergonzosa huida a Bélgica. Llegados a este punto no está de más recordar la trayectoria y posiciones de algunos de los líderes que le acompañan en este descabellado viaje que si algo ha logrado es fracturar a la sociedad catalana y dejar muy tocada su economía, tras la marcha de miles de sociedades y la abrupta caída del turismo, una de las principales exportaciones de Cataluña, registrada en el último trimestre de 2017. De la sociedad abierta e integradora de comienzos de los años 80 no queda nada y en el actual ambiente enrarecido quienes no comulgan con el secesionismo son tachados inmediatamente de franquistas y fascistas.

Puigdemont y Forcadell en la Diada 2017 con Sánchez, presidente de la ANC.

Por razones de espacio, me referiré a algunos diputados que ocupaban posiciones destacadas en la lista del Prófugo, avalada por 948.233 ciudadanos, 161.499 menos que los que respaldaron a Ciudadanos el 21-D. La segunda posición por Barcelona la ocupaba Sánchez, presidente de la ANC en prisión preventiva, miembro del comité estratégico que preparó el “inaceptable intento de secesión” de Cataluña abortado el 27 de octubre tras proclamar la república catalana. La exconsejera Ponsatí, huida también de la Justicia, y el exconsejero Forn, encarcelado, figuraban en tercera y séptima posiciones, respectivamente, en la lista de Barcelona, si bien ambos renunciaron a su acta para favorecer la investidura (Ponsatí) o su situación judicial (Forn).

Turull, Baños (CUP) y Romeva (ERC) presentando las enmiendas a la Resolución I/XI del inicio de la independencia, 6 de noviembre 2015.

Turull, exconsejero de Presidencia, y Rull, exconsejero de Política Territorial, Obras Públicas y Sostenibilidad ocupaban la cuarta y quinta posiciones, respectivamente, por Barcelona. Ambos pasaron unos días en prisión preventiva y abandonaron la cárcel tras declarar ante el juez Llarena que asumían la aplicación del artículo 155. Pese a ello, el lector podrá comprobar que Rull se presenta en su cuenta de twitter como “consejero del Gobierno legítimo de Cataluña”, tiene un enlace a la página de internet de su ‘consejería en el exilio’, y se declara ciudadano de Terrassa en los Països Catalans. Algo más cauto se muestra Turull que se limita a informar en su cuenta que fue nombrado consejero de la Presidencia y portavoz por el president Puigdemont. Puig, consejero también cesado y prófugo, que se negó a devolver las obras artísticas al Monasterio de Sijena ocupaba la segunda posición en la lista de Gerona.

Rull, cuenta de twitter.

Conclusión

Puigdemont con los cuatro exconsejeros prófugos, Ponsatí, Puig, Serret y Comín, la noche del 21 de diciembre de 2017.

No hace falta insistir más para comprender que Puigdemont y los principales cargos electos de su lista no sólo no sólo no aceptan la Constitución que prometieron acatar para recibir sus actas de diputados autonómicos sino que planean constituir el gobierno legítimo de la república catalana en Bruselas con el respaldo de la Asamblea de Cargos Electos para seguir adelante con el plan de secesión que pusieron en marcha con  la Resolución 1/XI y concretaron en las ‘Conclusiones finales de la llamada ‘Comisión de Estudio del Proceso Constituyente’ aprobadas en el Parlament el 27 de julio de 2016. A este asunto dediqué mi artículo “Aval al plan secesionista de la CUP” publicado en Expansión el 28 de julio de 2016.

Rajoy anunciando la destitución de Puigdemont y su gobierno el 28 de octubre de 2017.

El Gobierno de España creyó quizá ingenuamente que con la intervención minimalista puesta en marcha tras el golpe de estado del 27 de octubre y la inmediata convocatoria de elecciones el 21-D pondría fin a la carrera de Puigdemont. El error de cálculo del Gobierno ha sido grave y ahora tendrá que lidiar con un gobierno nada simbólico presidido por Puigdemont en Bruselas que transmite instrucciones al gobierno efectivo en Barcelona. Algo tendrá que hacer Rajoy para poner fin a lo que ya podemos calificar como golpe de estado crónico y para evitar que la incipiente república catalana se financie con fondos del FLA. Los riesgos para la economía catalana y la española son muy serios y conviene recordar que la intención de Puigdemont es precisamente desestabilizar la democracia española.

El senador Vidal (ERC) afirma que los comisarios de los Mozos desobedecerán al Estado. El Confidencial, 26 de enero de 2017. El Gobierno estaba avisado.

Lluis Salvadó, segundo de Junqueras en la Consejería de Economía, presentando la Agencia Tributaria Catalana. La pregunta que muchos se hacen es cuánto dinero sacaron fuera de España y si ese dinero está financiando a Puigdemont en Bruselas.

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