Los ‘podemitas’ ahora quieren ser tambien banqueros

Artículo publicado en el diario Expansión el 18 de octubre de 2018.

Iglesias , al frente de sus lugartenientes (algunos ya han pasado a mejor vida), entra pisando fuerte en el Congreso.

La propuesta no de ley que el grupo de Podemos y sus divergencias (Unidos Podemos, En Comú, Compromís, En Marea, etc.) presentó en el Congreso para constituir una gran entidad financiera pública ha recibido una fría acogida por parte del grupo del PSOE (solo predispuesto a potenciar el papel inversor del ICO) parece tener escaso recorrido. No obstante, la iniciativa nos ha proporcionado una nueva pista sobre las nobles intenciones que anidan en los dirigentes del principal grupo que aupó a Sánchez a la presidencia del Gobierno el 1 de junio y ahora sustenta el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2019: intervenir y estatalizar por principio. Muchos de estos aguerridos muchachos disfrutan de envidiables sueldos públicos sin otro mérito constatado que haber sido elegidos diputados, alcaldes o concejales, o sentarse en el Consejo de Administración de algún organismo público. No me extraña que, urgidos por su buen corazón, se pregunten qué pueden hacer para que el Estado proporcione también sustento y abrigo a tantos ciudadanos (incluso bastante mejor formados que ellos) con dificultades para llegar a fin de mes.

Fórmula infalible para ganar elecciones

Sánchez se reune con el ‘mentiroso’ Iglesias para desatascar la elaboración de los PGE 2019.

Con independencia de la naturaleza del problema, la solución de los ‘podemitas’ consiste siempre en aplicar una fórmula infalible: gastar más con cargo a los Presupuestos que ellos conciben como un acordeón ilimitado que puede expandirse a voluntad, bien emitiendo más deuda, bien aumentando la recaudación impositiva. No tienen un pelo de tontos. El objetivo último de su estrategia es ampliar la base de potenciales votantes favorecidos por sus políticas (pensionistas, trabajadores con SMI, perceptores de subsidios, ayudas para alquiler, bonos energéticos, etc.), con independencia de las consecuencias que

Junta de accionistas de Bankia en 2012.

estas medidas puedan tener a medio y largo plazos. Ésta es la vía a seguir, le han dicho a Sánchez, para ganar las próximas elecciones. Lo que no está tan claro es si el gran beneficiario de estas políticas serán Sánchez y el PSOE o Iglesias y Podemos.

El intento de recuperar el ‘espíritu’ de las Cajas de Ahorro, creando un gran banco público mediante la fusión de Bankia y el ICO, para proporcionar crédito a ciudadanos y empresas en condiciones más

Candidatos para la nueva cúpula de la banca pública.

ventajosas que las ofrecidas por otras entidades financieras, se sustenta en la errónea noción de que un banco público está para ayudar a los ciudadanos y los Presupuestos para asumir las pérdidas originadas por los créditos fallidos. Pone los pelos de punta sólo pensar que el modelo de las Cajas, cuya sumisión al poder político y pésima gestión causaron la crisis financiera más severa que ha padecido la economía española, sea la fuente de inspiración de esta

Iglesias con Garzón, en la época heroica antes de comprarse trajes nuevos.

iniciativa legislativa. A nadie le sorprenderá que la mera exposición de la intención de estatalizar la entidad, reflotada con tan alto coste para los contribuyentes (22.000 millones), haya desestabilizado aún más la cotización de las acciones de Bankia, sometidas al acoso de las apuestas bajistas del mercado desde hace semanas. Pues imagínense, por un momento, a Álvaro, responsable de Podemos para asuntos económicos, a Garzón o a Monedero, reemplazando a Goirigolzarri. No duden de que si Sánchez los necesita tras las próximas elecciones, volverán a la carga (y a por el cargo).

Estatalizar o intervenir

El debate entre lo público y lo privado en Economía (y también en Política) debería plantearse como un asunto a dilucidar en el campo de la razón práctica, no en el de la pura ideología. Las entidades financieras, como las empresas o las Universidades, pueden ser públicas o privadas: la importancia no radica en la diferencia de titularidad sino en la eficacia con que se gestionan y cumplen sus funciones. La gran mayoría de economistas liberales admite la conveniencia de regular los mercados, incluidas las Bolsas, y las entidades financieras, y establecer organismos de supervisión para constatar que los partícipes cumplen las normas acordadas. Asimismo, admiten la existencia de externalidades y otros fallos de mercado que hacen

Bernanke defiende la respuesta de la RF a la crisis en Atlanta el 9 de abril de 2012.

aconsejable en ocasiones la intervención del Estado para corregirlas. Keynes, por ejemplo, fue un liberal que analizó las causas del desempleo masivo que golpeó a las economías de mercado el siglo pasado y propuso utilizar, además de las políticas monetarias, las políticas fiscales para sacar a las economías occidentales de la Gran Depresión. Los nuevos instrumentos de política monetaria incorporados por Bernanke al arsenal de la Reserva Federal para hacer frente a la última crisis financiera y a la Gran Recesión (2007-2009) constituyen otro ejemplo paradigmático de liberalismo intervencionista.

Intervenir para regular los mercados y subsanar sus fallos no puede equipararse con estatalizar las actividades económicas y cargar los sobrecostes, impagos y créditos fallidos a las familias y sociedades que generan renta. Aunque nuestras entidades financieras, empresas de comunicaciones y transportes, televisiones Universidades, etc. pueden tener titularidad pública o privada, la reciente experiencia con nuestras Cajas de Ahorros, las numerosas empresas públicas fallidas y las notorias deficiencias (en la organización del trabajo y la rendición de cuentas) que lastran el funcionamiento de organismos y empresas públicas (desde Correos a Aena, desde RTVE a las Universidades, etc.), aconsejan mirar con mucha aprehensión y cautela cualquier iniciativa dirigida a estatalizar actividades que pueden dejarse (con todas las regulaciones sensatas que se quiera) en manos de la iniciativa privada. Una actitud precavida que refuerza mi experiencia personal en diversos ámbitos de las Administraciones Públicas y la resistencia numantina de las organizaciones sindicales, con gran peso en el sector público, a cualquier intento de reforma que ponga en entredicho los ‘derechos adquiridos’ de los empleados públicos.

Montoro firmando un acuerdo ‘histórico’ con los principales líderes sindicales.

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Riesgo extremo de incendios en Cataluña

Artículo publicado en el diario Expansión el 12 de octubre de 2018.

Torra el animador de los Comités de Defensa de la República el 20 de septiembre de 2018.

Desde que comenzó este curso en Cataluña el 12 de septiembre, hay profesores que aprovechan cada ocasión que les brindan sus asignaturas, incluso las más insospechadas, para reivindicar la consulta del 1-O y la república proclamada el 27-O. Baste un ejemplo como botón de muestra. Me cuentan que un profesor de Biología comparó el carácter incontrolado de las erupciones volcánicas con la intervención de la Policía Nacional y la Guardia Civil el 1-O. Después de las recientes palabras de Torra, pronto podrán también los profesores de Matemáticas al explicar los puntos de inflexión aludir a que “una condena [de los procesados por el juez Llarena] sería un punto de inflexión y no retorno”. Si no fuera porque cada día hay más republicanos dispuestos a partirte el tabique nasal o ponerte un lazo corredizo en el cuello, estas bobadas pueriles sólo provocarían sonoras carcajadas.

CUP noche de las antorchas y cristales rotos.

La nube tóxica

Desde hace bastantes años, los catalanes respiramos un ambiente cargado de vapores tóxicos cuyos efectos han alterado la capacidad de raciocinio y dado alas a grupos organizados (Arran-CUP, los CDR, la Intersindical-CSC, etc.) dispuestos a enarbolar la antorcha de la violencia republicana. No, no se trata de los chuscos delirios de grandeza propagados por agentes de la ANC que atribuyen al genio ‘catalán’ la democracia, el descubrimiento de América, el libro Don Quijote de la ‘Taca’ o cualquier invento realizado desde al menos los fenicios. Lo verdaderamente preocupante es constatar que haya tantos ciudadanos, algunos con apellidos (Fernández, Gabriel, González, Sánchez, etc.) de dudoso origen carolingio, convencidos de que los ‘catalanes’ han sido expoliados por los ‘españoles’ durante siglos –¡cuando en realidad fueron los grandes beneficiarios de la unidad administrativa y política forjada a partir de 1714!–, y padecen ahora una insoportable opresión política –pese a que nuestra Constitución reconoce y ampara la libertad e igualdad de todos los españoles–.

Gabriel y Fernández celebrando la historia de asesinatos de ETA con los batasunos en Bilbao.

¿Cómo hemos llegado hasta aquí y qué podemos hacer para revertir la situación? Son dos preguntas clave para empezar a desandar el peligroso camino del odio y el enfrentamiento. Aunque la realidad siempre es compleja, la causa principal de la creciente desafección y la consiguiente fractura social abierta en la sociedad catalana son el fruto de la estrategia de los dirigentes políticos de instrumentalizar las instituciones de autogobierno (incluido el sistema educativo), los medios de comunicación públicos y subvencionados y algunas asociaciones para propagar una visión deformada de la realidad política, social y económica de Cataluña y para deslegitimar instituciones claves del Estado (Cortes, Gobierno de España y Administración Central y Tribunales).

‘Escola’ y medios contaminados

Font, dirigente del sindicato USTEC-STE, dirigiéndose a los congregados en la Plaza de la Catedral el 8-N de 2017: “No donarem classes en castellà, i a més no renunciem a parlar de política a les aules”.
“No daremos clase en castellano y además no renunciaremos a hablar de política en las aulas”.

La anécdota del profesor que aprovecha la clase de Biología para denigrar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, lejos de constituir una salida de tono excepcional es nuestro pan de cada día. El 2 de octubre de 2017, las clases se interrumpieron en los centros escolares y se congregó a los alumnos en los patios con pancartas que equiparaban la democracia española con la dictadura franquista. El aquelarre acabó con profesores y alumnos entonando ‘els segadors’. En la huelga general del pasado 8 de noviembre, Font, dirigente del sindicato (asambleario) USTEC-STEs mayoritario entre docentes de Primaria y Secundaria, advirtió “que no daremos clase en castellano y, además, no renunciaremos a hablar de política en las aulas”. Ni el consejero ni el ministro del ramo vieron motivo alguno para recordarle que las sentencias se han de cumplir. USTEC, en cambio, sí cumplió su palabra y convocó concentraciones ‘laziamarillas’ en las puertas de los centros de enseñanza para conmemorar el 1-O, y para reafirmar su compromiso con “el derecho de autodeterminación que entendemos es un derecho irrenunciable del pueblo catalán”. Además, USTEC, junto con la ANC y los CDR, han iniciado una campaña para promocionar “l’escola republicana” y “apoyar a los docentes frente a la represión”.

USTEC construimos la escuela republicana.

El adoctrinamiento (formación del espíritu nacional, se denominaba durante el franquismo) en la escuela catalana procede siguiendo el principio homeopático: pequeñas dosis que van calando poco a poco en niños y adolescentes hasta convencerlos de que Cataluña es un ‘pueblo’ oprimido que, como tal, merece determinar libremente su futuro. Además del granito aportado por los profesores republicanos, es a través del contenido de los libros de texto, de las lecturas y charlas programadas, de las directrices lingüísticas de la Consejería, de la atmósfera sectaria presente en las fiestas escolares (¡recuerden la ‘fiesta de otoño’ organizada para ocupar los centros donde se votó el 1-O!), etc., como se moldea a los alumnos y familias transmitiéndoles una visión distorsionada y engañosa de las realidades política, social y económica de Cataluña y España. En La España Raptada: la formación del espíritu nacionalista (2012), el profesor Heras examina el papel de los libros de texto como herramienta al servicio de la ‘construcción de la identidad nacional’. La eurodiputada Pagazaurtúndua presentó un informe  (noviembre, 2017) ante la Agencia Europea de Derechos Humanos para denunciar la vulneración de los derechos de los niños en la escuela catalana. Recientemente, se ha conocido la existencia de un Informe elaborado por la Alta Inspección que Méndez de Vigo guardó en un cajón del Ministerio de Educación y el gobierno Sánchez se niega a publicar aduciendo “falta de rigor”.

 

A ninguna familia razonable se le puede exigir la heroicidad de enfrentarse a la Generalitat y al conglomerado “somescola.cat’, y soportar por sí sola las penosas consecuencias que puede acarrearle reclamar para sus hijos el derecho constitucional, reconocido en numerosas sentencias judiciales firmes, a recibir al menos el 25% de la enseñanza en castellano. La presión ambiental suele bastar para acallar ese deseo y tragarse en silencio los sapos ante la terrorífica perspectiva de exponer a sus hijos al brutal acoso de compañeros,

Torra al llegar al IES Palau de Sant Andreu de la Barcal para reconfortar al profesorado el 29 septiembre de 2018

familias y asociaciones respaldadas por las instituciones locales, como ocurrió a una familia en Balaguer. Mención aparte merecen los profesores que vejaron a los hijos de guardias civiles tras el 1-O en el instituto IES Palau de Sant Andreu de la Barca, el mismo donde Torra fue abucheado cuando acudió recientemente para confortar a los inquisidores.

La notable autonomía de la Generalitat y el control omnímodo que ejerce sobre los medios de

Puigdemont, presidente del gobierno de la Generalitat y prófugo de la Justicia) con Sánchez (presidente de la ANC) y Cuixart (presidente de Omnium Cultural), ambos encarcelados, y Lloveras imputada por el TSJC,  reunidos  en el palacio de la Generalitat para preparar el 11 de septiembre de 2016.

comunicación (públicos y subvencionados) y el movimiento asociacionista (ANC, Òmnium, AMI, organizaciones sindicales, etc.) han posibilitado convencer también a muchísimos ciudadanos adultos de que están políticamente oprimidos y económicamente expoliados. Aunque resulta imposible resumir en dos líneas lo sucedido, quiero destacar dos momentos decisivos: el editorial único publicado en la prensa del régimen el 26 de noviembre de 2009 y la llamada del indignado president Montilla a manifestarse en contra del Tribunal Constitucional el 28 de junio de 2010. Fue entonces cuando la Generalitat, los medios de comunicación y Òmnium decidieron cruzar la línea roja, al cuestionar abiertamente la división de poderes y competencias y apostar por la desobediencia insurreccional. El órdago de la Generalitat al

Montilla llama a los catalanes a manifestarse contra el Tribunal Constitucional el 28 de junio de 2010.

Estado iniciado el 9-N culminó con la aprobación de las leyes de desconexión (6-8 de septiembre de 2017), la celebración de la consulta ilegal el 1-O y la declaración de independencia aprobada en el Parlament el 27-O. Y si bien la aplicación del artículo 155 permitió destituir al gobierno golpista, las exigencias del PSOE (no intervenir los medios de comunicación) y Ciudadanos (convocar elecciones inmediatamente) impidieron desmontar el entramado administrativo-mediático-asociativo y restablecer la neutralidad institucional. La elección de Torra nos ha devuelto al clima de insurrección latente bajo cuya amenaza los constitucionalistas celebraremos en Barcelona el 12-O, para reclamar libertad, concordia y prosperidad.

Clemente Polo el 12-O en la Plaza de Cataluña.

 

 

Arcadi Espada y siete ‘bichos’ más detenidos por los Mozos en L’Atmella de Mar. Propongo convocar una concentración allí el próximo 1-O.

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Una propuesta para mejorar la enseñanza universitaria

Artículo publicado en el diario Expansión el 10 de octubre de 2018.

La presidenta Cifuentes posando junto a los rectores de las Universidades de la CA de Madrid.

En mi artículo “Titulitis: fraude y responsabilidad” (Expansión, 22 de septiembre) expuse algunas reflexiones acerca de las presuntas irregularidades cometidas por algunos destacados dirigentes políticos para obtener sus títulos de máster y doctorado. Apunté a dos posibles explicaciones (que no justificaciones) de por qué las autoridades universitarias tienen dificultades para gestionar con rigor los programas de postgrado: la innecesaria e indeseable proliferación de titulaciones que se ha producido en los últimos años, y la insana inclinación de algunos dirigentes políticos de adornar sus curriculum con títulos vacíos de contenido. Resulta innegable que los fraudes conocidos constituyen una afrenta para todos aquellos estudiantes que han cursados las asignaturas y realizado los trabajos exigidos y para todos los profesores que han impartido sus cursos y calificado con rigor los trabajos realizados. Lo imperdonable es que los órganos rectores de las Universidades afectadas no detectaran y corrigieran los fraudes a tiempo.

CRUE: comparecencia a propósito del caso Cifuentes.

En este artículo, voy a examinar la situación de la educación universitaria básica (Grados), la más importante para la mayoría de los ciudadanos, y presentar una propuesta para mejorarla. La semana pasada asistí en Madrid a un almuerzo-debate organizado por el Círculo de Empresarios para presentar El Barómetro de los Círculos 2018. Se habló allí de los grandes desequilibrios (paro, déficit y deuda) y de los grandes retos (globalización, competitividad, digitalización, etc.) a los que se enfrenta la economía española. Una parte sustancial de la presentación y discusión se dedicó a examinar las deficiencias de nuestro sistema educativo y la deseabilidad de alcanzar un pacto de Estado para reformarlo. Abandono escolar, deficiencias del sistema de formación profesional y alejamiento de los contenidos universitarios de las necesidades del mercado laboral fueron algunas de las cuestiones que centraron el debate.

Aunque comprendo perfectamente la preocupación de los empresarios por mejorar la educación, tengo también la impresión de que a veces se pretende que la enseñanza universitaria proporcione graduados capacitados para asumir sin solución de continuidad cualquier puesto de trabajo por especializado y singular que éste sea. No es ésa, a mi modesto entender, la principal misión de la Universidad española que por pecar no peca de generalista sino de exceso de especialización, con consecuencias bastante negativas a medio y largo plazo. Aunque el análisis de nuestra Universidad y su posible reforma sobrepasan tanto mis capacidades como la extensión de este artículo, quiero apuntar cuatro o cinco características interrelacionadas que como mínimo dificultan a nuestros universitarios obtener una sólida formación: criterios de entrada laxos, excesiva especialización, elevado número de asignaturas y horas lectivas, grupos muy  numerosos y falta de trabajo personal supervisado.

Derecho casi universal

Concebir el acceso a la Universidad como un derecho casi universal constituye un grave error, al pretender extender al ámbito de la formación superior la loable preocupación de proporcionar una formación elemental a la mayoría de ciudadanos en las sociedades desarrolladas. El propósito de la Universidad es formar a la fracción de la población que habiendo completado la educación media quiere desempeñar tareas que requieren mayores conocimientos. Hay dos aspectos de la enseñanza superior  que como ciudadanos y economistas tenemos que admitir y sopesar. Primero, hay personas que carecen de la capacidad o la motivación necesaria exigible a quien desea obtener un título universitario. Y, segundo, las tasas en las Universidades públicas sólo cubren una parte del coste de la enseñanza por lo que la financiación acaba recayendo sobre los contribuyentes. Por tanto, a la Universidad sólo deberían acceder personas con una preparación contrastada y dispuestas a realizar el esfuerzo de adquirir una formación superior. Degradar las pruebas de acceso para poner al alcance de todos la Universidad no es el mecanismo más eficiente para redistribuir la renta. Y si bien ninguna sociedad puede permitirse que alumnos capacitados queden excluidos de la Universidad por falta de recursos para sufragar los estudios, los contribuyentes tampoco tienen por qué financiar a alumnos incompetentes o desmotivados.

Los restantes defectos mencionados tienen su origen en la obsesión de quienes diseñan los planes de estudio por abarcar todos los posibles aspectos de un solo ámbito del conocimiento (Filosofía, Derecho, Biología, Economía, etc.).  La primera consecuencia de la especialización obligatoria impuesta a los alumnos desde el momento en que pisan la Universidad es que se les priva de la oportunidad de dedicar al menos el primer año a mejorar su capacidad para expresarse y escribir correctamente en su idioma y en inglés, y a explorar por sí mismos los distintos campos del conocimiento antes de tomar una decisión trascendental para su futuro. Algunos me recordarán que precisamente el Bachillerato y las pruebas de acceso ya cumplen esas funciones. No nos hagamos trampas: mi larga experiencia docente me indica que ambas afirmaciones son inciertas en la mayoría de los casos.

La obsesión por abarcar todas las áreas de un ámbito del conocimiento conduce casi inevitablemente a la proliferación de asignaturas y como resultado de ello a que los alumnos pasen un número muy elevado de horas en clase. Estos defectos que ya existían en mi época en lugar de corregirse se han agravado con el paso del tiempo. Los alumnos que asisten a todas las clases programadas pasan entre 5 y 6 horas seguidas en las aulas escuchando con arduo esfuerzo las exposiciones de varios profesores, pero como decía uno de mis mejores maestros hace 50 años “de oídas no se aprende ni solfeo”. En otras palabras, pasar muchas horas en clase además de producir fatiga y tedio no garantiza la comprensión de la materia. Lograrlo implica dedicar horas a leer los apuntes tomados y los libros de texto recomendados, a reflexionar sobre lo leído y a resolver ejercicios o escribir ensayos. No más de 3 horas diarias en las aulas y 4 ó 5 de trabajo personal sería lo deseable. La receta propuesta es bastante sencilla: menos tiempo en las aulas y más tiempo hincando codos.

Modelos de éxito

Subcomisión del Congreso para el Pacto educativo 2016.

Confieso que no tengo esperanza de que se produzcan cambios en la dirección que he apuntado: endurecer los criterios de acceso, reducir el número de asignaturas en los planes de estudio y el tamaño de los grupos para posibilitar el trabajo individual supervisado. Son ya muchos años en la brecha y demasiados los cambios de planes de estudio que he vivido como para hacerme ilusiones de que la situación vaya a resolverse ahora mediante un pacto de Estado. Pongo en duda, para empezar, que a la mayoría de nuestros políticos les interese realmente mejorar la calidad de las Universidades, aunque a veces nos echen en cara lo mal situadas que están en el escalafón internacional. Y, además, estoy convencido de que un pacto que satisfaga los intereses creados de docentes, organizaciones sindicales y asociaciones estudiantiles no mejorará la situación.

Mucho se ha criticado la repetida frase de Don Miguel de Unamuno ¡que inventen ellos! pero una interpretación benévola de la misma podría resultar aplicable a nuestro sistema universitario: no perdamos el tiempo inventando lo que ya está inventado y funciona bien. Me explico. Cuando los empresarios del Círculo nos preguntaron a los académicos qué podía hacerse para mejorar la enseñanza universitaria, todos los allí presentes coincidimos en que bastaría con copiar modelos de probado éxito. Resultaría mucho más útil para la Universidad española aproximarse, hasta donde lo permitan los recursos disponibles, al modelo estadounidense que malgastar el tiempo buscando apaños para firmar un pacto a varias bandas que deje lo sustancial inalterado.

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Titulitis: fraude y responsabilidad

Artículo publicado en el diario Expansión el 22 de septiembre de 2018

Cifuentes posando junto a los rectores de las Universidades de la CA de Madrid.

Quisiera dedicar estas líneas a presentar algunas reflexiones y aclaraciones sobre la situación de la Universidad, un tema que ha recibido una atención considerable en los medios de comunicación durante los últimos meses y semanas a resultas de las presuntas irregularidades cometidas para obtener sus títulos por algunos destacados dirigentes políticos. El asunto en sí mismo no es nada novedoso ya que el fraude está presente en éste como en todos los ámbitos de la vida en sociedad, si bien el hecho de que los afectados hayan sido algunos políticos con mando en plaza (Cifuentes, presidenta de la CA de Madrid, Casado, actual presidente del PP, Montón, ministra de Sanidad, e incluso Sánchez, presidente del Gobierno de España) los ha convertido en comidilla de informativos y tertulias. Carnaza fácil para abrir noticieros y magazines con titulares escabrosos, para intentar desacreditar al adversario político, y hasta para poner en cuestión la integridad del sistema universitario en su conjunto. Claro que ahí está la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (¿?) para confortarnos con la certeza de que nuestro sistema universitario es “el mejor que hemos tenido” en nuestra historia y “equiparable en su eficacia y eficiencia a la mayoría de sistemas europeos”.

Carmen Montón ex ministra de Sanidad en el primer gobierno de Pedro Sánchez.

Proliferación de títulos

El primer hecho sobre el que quiero llamar la atención es  la escasa atención que han prestado quienes hoy se rasgan las vestiduras a la proliferación de títulos que han ido apareciendo, como setas en un lluvioso y cálido otoño en las Universidades españolas durante las dos últimas décadas. Incluso en muchas ocasiones lo han alabado como un indicador de aproximación a las necesidades del mercado laboral. Lo cierto es que por razones puramente mercantiles en unos casos o con el fin de justificar el elevado número de personal docente e investigador en otros, las autoridades universitarias han permitido que se multiplicara (innecesariamente) el número de grados, másteres y doctorados hasta límites inimaginables. Resulta casi imposible encontrar algún tema por nimio y abstruso que sea sobre el que algún catedrático, departamento o centro no haya puesto en marcha un máster. En ausencia de controles internos rigurosos y efectivos de la propia Universidad, o externos por parte de las Consejerías a las que el Estado ha transferido las competencias educativas, se posibilita que las asignaturas puedan aprobarse con la misma facilidad con la que un niño puede zamparse una tableta de chocolate, que puedan expedirse títulos sin ni siquiera asistir a clases o presentar los trabajos exigidos para acreditar el esfuerzo realizado, o incluso que se puedan fabricar ‘tesis’ por comandos de mercenarios tomando materiales prestados de aquí y allá, sin que quede muy clara la autoría ni la originalidad de la investigación.

 

Pablo Casado, presidente del PP.

La segunda circunstancia que llama poderosamente la atención es la propensión de los políticos a adornar su curriculum con titulaciones hueras de contenido, precisamente ahora que las titulaciones universitarias tienen un valor de mercado muy inferior al de hace tres o cuatro décadas, y los títulos obtenidos nada pueden añadir a sus conocimientos y habilidades innatas puesto que su apretada agenda y múltiples ocupaciones les impide dedicar siquiera unos minutos diarios a maquillar el fraude. Cualquier político que de veras aprecie el conocimiento  debería dedicar unos cuantos años a formarse antes de iniciar su vida pública, retirarse por así decirlo al desierto a fortalecer su Espíritu, como hizo Jesús antes de superar las tentaciones del Diablo. En los casos que han saltado a la prensa en los últimos meses, nos encontramos ante personas que casi desde su tierna adolescencia se han dedicado a la política en cuerpo y alma, y pretenden llenar su vacío formativo acumulando títulos de dudosa reputación. No puedo imaginarme a Amancio Ortega, o a la infinidad de empresarios menos conocidos que nunca cursaron estudios, intentando maquillar su formación para aparentar lo que no es.

Sánchez, en el avión oficial, lee atentamente documentos clasificados con las gafas de sol puestas.

Responsabilidades

En tercer lugar, quisiera dejar claro que los responsables últimos de estos tristes casos son los órganos rectores de las propias Universidades. Ningún departamento, instituto o centro, privado o público, debería poder ofrecer títulos sin que se haya examinado concienzudamente tanto la competencia del profesorado que lo imparte como los requerimientos exigidos a los alumnos para acceder y obtener el título, y se establezca un control de seguimiento del programa para evitar abusos como los que han salido a la luz. Títulos concedidos a personas que no han realizado ningún esfuerzo constituyen un fraude al resto de la comunidad universitaria y lo que es más importante a la sociedad a la que se pretende dar gato (¡pobres gatos, tan transparentes ellos!) por liebre. En la mano de las autoridades universitarias está el impedir que los títulos puedan expedirse como los certificados médicos que presentábamos antaño, sin mediar examen médico alguno, para formalizar un contrato de trabajo (¡desconozco si la práctica pasó a mejor vida!).

Ramos, rector de la Universidad Juan Carlos.

Quienes hemos pasado la mayor parte de nuestra vida en la Universidad sabemos que se producen fraudes en todos los niveles del sistema –desde exámenes rutinarios hasta en concursos para provisión de plazas–, casos que raramente salen a la luz o llegan a instancias judiciales. La tentación de copiar o amañar pruebas para alcanzar un fin (aprobar una asignatura, obtener un título o ganar una plaza) nunca podrá erradicarse completamente ni en la Universidad Camilo José Cela ni en Beijing ni en Harvard, pero la actitud general de estudiantes y profesores ante el fraude será muy distinta según la gravedad de las consecuencias que comporte. Poner un cero al alumno que copia en una prueba es muy distinto de expulsarle sin contemplaciones de la Universidad; plagiar el contenido de una tesis merece algo más que dimitir de un cargo. ¿Cuántos estudiantes han sido expulsados de un programa por copiar o plagiar en España? Me temo que muy pocos y la conclusión que deberíamos sacar no es precisamente que nuestros alumnos son modélicos. En todo caso, los principales responsables de detectar y castigar los fraudes académicos somos los propios profesores, departamentos, centros y órganos rectores, no los jueces a los que sólo llegarán muy pocos casos y sólo tomarán partido cuando constaten la existencia de vicios formales flagrantes.

CRUE: comparecencia a propósito del caso Cifuentes.

Por último, quisiera romper una lanza en favor de la Universidad española y despejar algunas dudas absurdas que se han vertido estos días sobre la solvencia del sistema en su conjunto. Pese a que haya ‘profesores’, ‘doctores’ y ‘directores’ dispuestos a participar en el indecente negocio de expedir títulos inmerecidos a estudiantes etéreos, hay infinidad de auténticos profesores, doctores y directores que imparten sus asignaturas con dedicación y dirigen tesis con rigor, así como dignísimos estudiantes y doctorandos que dedican varios años de su vida a realizar cursos, superar exámenes, escribir ensayos y desarrollar una investigación original. A pesar de los llamativos casos de fraude que han llenado las portadas de los medios, el nivel de profesores y doctores y la calidad de las asignaturas, trabajos y tesis (tanto en términos absolutos como relativos) es muy superior al existente hace unas décadas. Y buena prueba de ello es que los profesores españoles publican regularmente en revistas internacionales y nacionales, sujetas a revisión anónima, un hecho insólito en la década de los 70 del siglo pasado. La manriqueña nostalgia de que cualquier tiempo pasado fue mejor es palmariamente falsa en este caso.

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Presupuestos populistas a la vista

Artículo publicado en el diario Expansión el 7 de septiembre de 2018.

El crónico déficit y el elevado endeudamiento son, junto con la inestabilidad política originada por la declaración de la república de Cataluña el pasado otoño, los tres problemas más acuciantes de la economía española. En estas páginas, he expresado en varias ocasiones la urgencia de cerrar con superávits las cuentas públicas antes de que se agote la actual fase expansiva del ciclo. El proceso de consolidación fiscal se ha desarrollado con mayor lentitud de la deseable en los últimos años, y el triunfo de la moción de censura que aupó a Sánchez a La Moncloa el pasado 1 de junio, con respaldo de Podemos y sus divergencias y de los partidos nacionalistas (PNV y Compromís) y secesionistas (ERC, PDeCAT y EH-Bildu), amenaza con interrumpirlo definitivamente, pese a las anunciadas subidas de impuestos.

Puigdemont con los cuatro exconsejeros prófugos la noche del 21 de diciembrfe de 2017.

Negociando con populistas y golpistas

Hasta hace unos meses, el candidato Sánchez repetía que el PSOE nunca pactaría con Podemos “ni antes ni durante ni después” de llegar al gobierno. Del populista Iglesias llegó a decir que la “mentira era su forma de hacer política” y alertó a los españoles de que el “final del populismo es la Venezuela de Chaves”. Lamento que Sánchez haya olvidado tan pronto sus propias palabras y haya aceptado los votos del “mentiroso” Iglesias, y de los nacionalistas vascos (PNV) y los golpistas catalanes (ERC y PDeCAT) para convertirse en presidente. No hacía falta ser un analista avezado para saber que con 84 diputados se puede alcanzar La Moncloa con un audaz golpe de mano, pero no gobernar. El pasado 27 de julio, Sánchez tuvo ocasión de constatarlo cuando el Congreso rechazó su propuesta de techo de gasto (revisado al alza) de los PGE de 2019 y los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública del Gobierno hasta 2021.

Puigdemont adviertió a Sánchez en Bruselas que “el período de gracia se acaba” el 28 de julio de 2018.

El mensaje que le trasladaron sus avalistas fue rotundo: Sánchez pactaste “antes” y tendrás que pactar “durante” si quieres tener un “después”. El golpista Puigdemont fue el más explícito y le aconsejó “hacer los deberes pendientes porque su período de gracia se acaba”. Para prorrogar siquiera unos meses su presidencia, Sánchez contempla dos posibles escenarios. Uno, prorrogar los presupuestos de Rajoy, aderezándolos con algunos decretos-leyes para aumentar el gasto. O bien puede presentar, como exige Iglesias, unos presupuesto ‘sociales’ que además del apoyo de Podemos conciten el del resto de fuerzas que apoyaron la moción de censura. El calendario de la ministra de Hacienda es presentarlos en noviembre y aprobarlos en febrero, con de meses de retraso. De momento, Montero ha abierto una mesa para negociar con los representantes de Podemos-IU-En Marea las propuestas que este grupo le presentó por escrito. Por otra parte, negocia con sigilo las concesiones políticas y económicas que le permitirán contar con los indispensables votos del PNV, ERC y PDeCAT.

Montero, ministra de Hacienda anunciando en el Senado la convocatoria del último Consejo de Política Fiscal y Financiera al que tampoco asistió el consejero del gobierno de la CA de Cataluña.

Presupuestos populistas

No cabe duda de que el resultado de estas negociaciones tendrá importantes consecuencias para el bienestar de los españoles, especialmente si Sánchez asume las demandas populistas de aumentar el gasto y los impuestos y relajar el déficit público, como le exigen Podemos y sus divergencias. Se barajan subidas de tipos en el IRPF para las rentas superiores a 150.000€ –Podemos reclama subidas para todas las rentas superiores a 60.000€–, el establecimiento de un tipo mínimo del 15% en el impuesto sobre grandes sociedades, un tratamiento fiscal más duro para las Sicav, y nuevos impuestos sobre entidades financieras y empresas tecnológicas.

Echenique principal negociador de Podemos y sus divergencias el 29 de agosto de 2018.

En un escenario donde todos los indicadores confirman la ralentización de la actividad y el empleo observada ya desde el último trimestre de 2017, el aumento del gasto público (más contrataciones, recuperación de las condiciones laborales, mayores subidas en pensiones, subidas de tipos de interés, etc.) podrían disparar el déficit en los próximos años . Las subidas anunciadas de impuestos podrían además frenar la entrada de capital extranjero y retraer la inversión productiva, circunstancias que podrían adentrarnos en una nueva recesión y provocar el desplome de la recaudación, como ya ocurrió en 2008-09. Una preocupación adicional es que con un ratio deuda/PIB cercano al 100%, ahora resultará bastante más difícil refinanciar la deuda.

Sánchez, en el avión oficial, estudia atentamente documentos confidenciales con sus gafas de sol puestas. ¡Algunos que gozan de buena vista!

Las cuentas de las Administraciones Públicas han arrojado déficit en 20 años de los 23 transcurridos entre 1995 y 2017, y la propuesta del PSOE desestimada por el Congreso contemplaba nuevos déficits para 2018 y los próximos tres años. Mi pronóstico es que para lograr el apoyo de Podemos a los PGE, Sánchez tendrá que aceptar crecimientos del gasto que  producirán déficits incluso mayores. Sánchez ha afirmado que no puede sostenerse un estado de bienestar de primera con una recaudación de segunda. Cierto. Pero, la cuestión no es qué estado de bienestar queremos –¡de primera, naturalmente!– sino que prestaciones podemos financiar sin hipotecar los presupuestos futuros acumulando más y más deuda y quedando a merced de cambios en el estado de ánimo de los inversores. A la vista de la cada vez más patente ralentización de la actividad y el empleo que apuntan todos los indicadores de coyuntura conocidos este verano, lo responsable sería equilibrar el presupuesto lo antes posible en lugar de aumentar el gasto con fines electoralistas y dejar la cuenta impagada. Afortunadamente, la pertenencia de España a la UE y a la Eurozona frenará algo la deriva populista y contendrá los riesgos de ‘venezolización’ de nuestra economía sobre los que nos alertaba el propio Sánchez.

Sánchez se reúne con el ‘mentiroso’ Iglesias en La Moncloa para desatascar la elaboración de los PGE 2019. ¿Cómo va el Casoplón? Bien, muy bien. Y, ¿el Falcón? También bien. Todos progresamos y así deberían vivir todos los españoles.

En el terreno más político, la alianza Sánchez-Iglesias acentuará el intervencionismo y las interferencias partidistas en la prestación de servicios públicos, mientras que las concesiones a nacionalistas vascos (PNV) y secesionistas catalanes (ERC y PDeCAT) aumentarán la desigualdad entre españoles y socavarán la unidad de mercado. El penoso espectáculo al que hemos asistido en el relevo de la cúpula de la dirección de TVE este verano, ignorando los acuerdos alcanzados en el Congreso para aumentar la transparencia y primar la profesionalidad, resultan reveladores del marcado sesgo ideológico que el tándem Sánchez-Iglesias pretende imbuir a un ente financiado por todos. Que la circunstancia no sea novedosa no exime de denunciar lo que a todas luces constituye un comportamiento caciquil de ocupación de organismos y sociedades públicas por personas ideológicamente afines.

Sánchez y Torra intercambiando libros en La Moncloa antes de intercambiar otras cosas: traslado de presos, condonación de deuda, blindaje de competencias y quién sabe si hasta indultos a los golpistas y una consulta.

En cuanto a las negociaciones de Sánchez con los golpistas catalanes, hay afortunadamente también algunos límites que aquel no osará sobrepasar. La sala 61 del Tribunal Supremo ya ha rechazado la recusación contra varios miembros del Tribunal que juzgará a los golpistas y no cabe duda que el juicio se celebrará. ¿Qué puede ofrecerles Sánchez además de la promesa de indultar a quienes desafiando al Tribunal Constitucional, organizaron la consulta el 1-O y proclamaron la república? Más inversiones, más financiación extraordinaria y hasta la condonación parcial de la enorme deuda contraída desde 2012. Todo apunta a que contradiciendo la posición que expresó hace unos meses, Sánchez quiere ahora sacar a Cataluña del sistema general de financiación y ofrecer a Torra privilegios fiscales similares a los de El País Vasco, para que puedan explotar todas las oportunidades que comporta pertenecer a España y a la UE minimizando su aportación al sostenimiento del Estado. Unos lo llaman cupo, otros cara dura. Pero incluso más grave sería que Sánchez realice una consulta para blindar las competencias que la Generalitat empleó el pasado otoño para desplegar su plan insurreccional. La pérdida de credibilidad del Estado a nivel internacional sería enorme y elevaría varios grados la incertidumbre política y la desconfianza que ya pesa sobre la viabilidad de nuestra economía.

Sánchez, presidente del gobierno de España, se reúne con Torra, uno de sus avalistas, en La Moncloa el 9 julio de 2018.

Torra, presidente por designación de Puigdemont, saluda al expresidente el 28 de julio en Bruselas.

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Tensión y represión amarillas en Cataluña

Artículo publicado en el diario Expansión el 30 de agosto en el diario Expansión.

Barcelona desde el Tibidabo.

Dentro de un mes se cumplirán 34 años desde que di una charla en el Departamento de Economía e Historia Económica de la UAB, donde he desarrollado casi toda mi vida profesional desde entonces. En la cena posterior al seminario, recibí una inesperada oferta de su director para incorporarme como profesor al curso siguiente. Regresé a Madrid, sopesé los pros y contras de abandonar la Facultad en la que me había licenciado e impartido mis primeras clases, y me incliné finalmente por trasladarme a Barcelona. Llegué unos días antes de las fiestas de la Merçé en septiembre de 1984, y me encontré con una ciudad luminosa, viva

8-N: un piquete corta la Ronda de Dalt en Barcelona.

y acogedora. Durante algunos años, nadie me preguntó de dónde venía ni que idioma hablaba. Hoy, constato con tristeza cómo la tenaz labor de unos políticos irresponsables y sectarios ha enrarecido la atmósfera en Cataluña hasta hacerla irrespirable y peligrosa.

Tensión y represión

Me referiré a dos sucesos ocurridos hace unos días que ejemplifican la creciente tensión social y la politización de las administraciones públicas. Escena

Manifestación en Barcelona en favor de la democracia y la Constitución Española el 29 de octubre de 2017.

primera: un individuo increpa y agrede a una mujer (rusa nacionalizada española) que en compañía de su esposo (militante de Ciudadanos) y sus tres hijos retiraba lazos amarillos o los recogía del suelo para depositarlos en papeleras. Paradójicamente, el hecho se produjo en los aledaños del parque de la Ciudadela donde se encuentra la sede del Parlament. Tras un intercambio de reproches, el sujeto acabó propinando a la mujer varios golpes que le provocaron hinchazón en un ojo, daños en el tabique nasal y su ingreso en el Hospital del Mar de Barcelona. “¡Cállate la boca, extranjera de mierda!”, fue el delicado mensaje que este héroe republicano dedicó a la víctima mientras la golpeaba con saña. Al parecer, los diligentes Mozos de Escuadra localizaron al agresor que huyó a la carrera y le aconsejaron declarar que había golpeado a la víctima por ‘civismo’.

Escena segunda: Espada (periodista de El Mundo e impulsor de Ciudadanos, al que envío todo mi apoyo) y un grupo de amigos son apresados tras pintar una banda roja en un lazo amarillo de metal colocado en una rotonda en Atmella de Mar (Tarragona, España) el pasado domingo. Después de multarlos por aparcar indebidamente, los Mozos y la policía local procedieron a identificarlos y a inspeccionar sus vehículos. Gaseni (ERC), el alcalde de la localidad que ejerció de presidente en

Arcadi Espada y siete ‘bichos’ más detenidos por los Mozos en L’Atmella de Mar. Convendría hacer una concentración en el lugar el 1-O.

funciones de la Asociación de Municipios por la Independencia durante unos meses, describía con regocijo así la hazaña: “enganchados y denunciados ensuciando el mobiliario público Espada y 7 bichos más”. Las palabras del alcalde y la actuación policial revelan con toda crudeza el carácter sectario que se ha adueñado de todas las instituciones públicas y las fuerzas de seguridad. Cataluña está plagada de objetos amarillos colocados en farolas, rotondas, puentes, playas y mares, y hasta en las fachadas de Ayuntamientos y del palacio de la Generalitat, y aunque su colocación ha exigido necesariamente contar con el beneplácito de los concejos y la colaboración de las grúas municipales, a ningún Mozo o policía local se le ocurrido multar, retener o identificar a sus autores.

Dos varas de medir

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Puigdemont y Junqueras celebrando el golpe de estado en el Parlament el 27 de octubre. El segndo está en la cárcel pero el primero se fugó unos días después engañando incluso a sus más cercanos a los que pidió acudieran a sus centrols de trabajo el lunes.

Las dos escenas que acabo de describir permiten constatar que para los secesionistas que protagonizaron el fallido golpe de Estado en Cataluña el pasado otoño y sus sucesores, no todos los ciudadanos somos iguales: hay catalanes de primera (ellos) que gozan de todos los ‘derechos’, incluida la apropiación de edificios y espacios públicos con total impunidad sin ser molestados, y hay ‘bichos extranjeros de mierda’ (el resto) a los que se nos amedrenta y amenaza cuando osamos oponer la menor resistencia a sus imposiciones. ¿Cómo explican si no que la Generalitat y sus politizadas policías amparen y hasta financien la colocación de caquitas amarillas a lo largo y ancho de Cataluña, pero identifiquen y multen a quienes se atreven a retirarlas o adornarlas con una banda roja? No se trata de casos aislados como los tertulianos afines al régimen intentan dar a entender para minimizar su alcance. Todo lo contrario: los ciudadanos que expresamos nuestra oposición al proyecto de secesión somos habitualmente increpados e insultados, y nuestras demandas para que se preserve la neutralidad de los espacios públicos, centros escolares y sanitarios incluidos, son ignoradas.

Aspecto del CAP de Vilobí del Penedés en la comarca del Alt Penedés en febrero de 2018.

Les relataré uno de tantos incidentes en que me he visto involucrado en los últimos meses. Tras registrar una instancia en un Ayuntamiento del Alto Penedés solicitando la retirada del centenar largo de lazos amarillos que adornaban las verjas del Centro de Atención Primaria (CAP) de la localidad, recibí una misiva certificada en mi domicilio (pese a haberlo omitido para evitar represalias vandálicas) firmada por Don Joan Puigdollers i Fargas, Gerente de la Región Sanitaria de Barcelona. El político convergente, fundador de Joventut Nacionalista de Catalunya, me hacía saber que “se entiende que no es un tema de nuestra competencia determinar cuál es el significado del lazo amarillo, y mucho menos determinar si se trata de un instrumento que fomente la segregación de la sociedad por razones ideológicas o por el contrario, tal y como defienden los promotores de la petición del uso del lazo, una muestra de reivindicación ciudadana”.

Sr. Puigdollers: no solicitaba que determinara el significado de los lazos sino que preservara la debida neutralidad administrativa en la provisión de los servicios de los que usted es responsable y yo financio con mis impuestos. La espesa respuesta del Gerente de la sanidad pública en el área de Barcelona deja muy claro que las instituciones de la Generalitat permiten y hasta animan a los catalanes secesionistas a apropiarse de edificios y espacios públicos, so pretexto de ejercitar “el derecho a manifestarse a través de los lazos amarillos u otros símbolos”, aunque para la otra mitad de los catalanes tales expresiones sectarias constituyan una afrenta a nuestra democracia. Y ay de aquellos infelices que se atrevan a retirarlos o a alterar siquiera ligeramente su enfermiza coloración, porque serán aprehendidos e identificados por la policía política, y sus nombres incorporados al directorio de ‘bichos extranjeros de mierda’.

Puigdemont posa mofándose de los 5 requerimientos enviados por el Tribunal Constitucional.

La incontinencia sectaria de quienes como Mas, Puigdemont y Torra han puesto las instituciones autonómicas al servicio de la secesión, ante la pasividad incomprensible del Gobierno de España, ha convertido Cataluña en un solar cubierto de defecaciones amarillas donde se exhiben fotos de golpistas, como se hacía con los terroristas de ETA en El País Vasco. En esta idílica república nadie sabe bien si ya constituida o todavía en proceso de constitución de la que escapan las empresas como de la peste, el único recurso que nos queda a los ‘bichos’ es caminar dando saltitos para no pisar las excreciones amarillentas, so pena de que algún ciudadano torrado nos hinche un ojo, un alcalde obtuso nos demande por daños al mobiliario urbano, o un guardia bilioso nos enchirone por desacato a la ictericia. Como subrayaba recientemente Alfonso Guerra, mientras en Cataluña y en El País Vasco va ganando terreno la España de la infamia, “los  impostores de la izquierda de salón” se olvidan de defender “la igualdad entre españoles”, el ingrediente esencial de cualquier proyecto democrático de izquierda. Lo progresista, hoy, Sr. Sánchez no es exhumar los restos de Franco, muerto en la cama de un hospital va para 43 años, sino defender la igualdad entre españoles amenazada por el movimiento nacional-secesionista en Cataluña y en El País Vasco.

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¿Cuánto tiempo aguantarán a Sánchez sus avalistas?

Artículo publicado en el diario Expansión el 27 de julio de 2018.

Sánchez recibe los aplausos de su grupo parlamentario tras ganar la moción de censura.

El programa de gobierno de Sánchez para los próximos meses resulta bastante previsible: aguantar todo el tiempo que pueda en La Moncloa, aprovechar todos los resortes que el poder le ofrece (y son muchos, déficit incluido) para mejorar sus perspectivas electorales, y convocar elecciones en el momento que considere más conveniente, probablemente en la segunda mitad de 2019. Aunque con 84 diputados y 44 senadores su Gobierno dispone de un margen de maniobra nulo, hay que reconocerle al secretario general del PSOE y presidente accidental de España su gran habilidad para extraer el máximo provecho de la precaria situación en la que se encontraba su partido a finales de mayo, con Podemos y sus divergencias (Izquierda Anticapitalista, Izquierda Unida, En Comú, Compromís, En Marea…), no ya pisándoles los talones, sino subidos a sus barbas.

Sánchez recibe a Torra en La Moncloa 9 julio de 2018.

Para evitarse los conflictos que habrían surgido con Podemos y sus divergencias y emborronado los primeros meses de su mandato, Sánchez se apresuró a dar por bueno el presupuesto ‘antisocial’ y ‘low cost’ de Montoro, aunque la ministra Calviño ya anunció en Bruselas que incumplirá con holgura el objetivo de déficit. Por otra parte, el presidente no tuvo reparo alguno en recibir al racista y xenófobo Torra, president subrogado del gobierno de la Generalitat, que acudió son su insolente lazo amarillo en la solapa a La Moncloa, y abandonó palacio con la certidumbre de que los golpistas encarcelados (Bassa, Cuixart, Forcadell, Junqueras, Romeva, Rull, Sánchez y Turull) estarían pronto bajo su jurisdicción, como así ocurrió pocos días después. La conversación Sánchez-Torra fue tan requetebién que Aragonés (ERC), su vicepresident, acudió de inmediato a Madrid barretina en mano a reclamar a Montero 6.000 millones para dar continuidad al ‘diálogo’ bilateral.

¿Bastará con más déficit?

Junqueras con Jové, su mano derecha ampuntada, y Aragonés, su mano izquierda que se ha presentado en Madrid reclamando 6.000 millones del ala para seguir financiando la secesión.

No le resultará, sin embargo, a Sánchez tan sencillo lograr los apoyos necesarios para sacar adelante los presupuestos de 2019 cuando sus avalistas le exijan en otoño algo más que exhumaciones y gestos de buena voluntad. De momento, la ministra Montero confirmó hace unos días la “magnífica noticia” de que el Gobierno había revisado al alza el déficit de las Administraciones Públicas en medio punto porcentual del PIB, y se elevará en 2.500 millones el déficit de las Comunidades Autónomas. En concreto, la nueva senda ratio déficit/PIB en porcentaje pasa a ser 2,7 en 2018, 1,8 en 2019, 1,1 en 2020 y 0,4 en 2021. En otras palabras, las Administraciones Públicas seguirán incurriendo en déficits y el equilibrio presupuestario no se alcanzará –cuán largo me lo fiáis, amigo Sánchez– hasta 2022.

Montero en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros el 13 de julio de 2018.

Disiento de la Ministra en que sea una magnífica noticia para una economía tan endeudada y vulnerable como la española, cuya tasa de crecimiento en 2019 podría descender incluso más de las cuatro décimas previstas (de 2,8 a 2,4 por ciento) en la última estimación de consenso de Funcas, si como parece probable la guerra comercial desencadenada por Trump desacelera el crecimiento global y aumenta la incertidumbre inversora. Tampoco resulta creíble la nueva senda de consolidación que contempla una reducción del ratio déficit/PIB de tan sólo 4 décimas en 2018 (de 3,1 a 2,7) y un recorte de 9 décimas en 2019 (de 2,7 a 1,8), pese a las previsiones de menor crecimiento del PIB y previsible aumento del gasto en año electoral. En el “escenario macroeconómico y presupuestario” realizado por la Airef, se estima que dicho ratio pasará de 2,7 a 2,2 por ciento, pese a contemplar un crecimiento del PIB algo más elevado (2,6 %). Montoro, acusado tantas veces de ‘trilero’ por el PSOE, parece haber encontrado en Montero una digna sucesora al título: nadie le impide a la Ministra impulsar “la agenda social”, lo único que se le pide es que no lo haga incrementando el déficit.

Gráfico que recoge la evolución de la deuda pública de España.

Para reducir casi un punto (desde el 2,7 al 1,8 por ciento) el ratio déficit/PIB en 2019, el déficit tendría que recortarse en casi 11.000 millones, suponiendo un crecimiento del PIB nominal del 4,4%. El Gobierno ha anunciado su intención de recaudar 5.000 millones aumentando los tipos del impuesto de sociedades al 15 % “para los grandes grupos” y los impuestos especiales al diesel para usuarios no profesionales. Asimismo, Sánchez quiere dos impuestos nuevos, sobre transacciones financieras y  empresas tecnológicas, y diseñar un nuevo plan contra el fraude. Quedaría todavía un agujero de 6.000 millones y Sánchez guardará celosamente sus intenciones hasta que envíe su plan a Bruselas el 15 de octubre. Va a resultarle arduo a Sánchez contentar a todos los avalistas que aguardan su oportunidad de pasar la bandeja.

Calvo, vicepresidenta del Gobierno de España, y Aragonés, vicepresidente del gobierno de la Generalitat mantuvieron una reunión ‘bilateral’ el 12 de julio de 2018.

Como ya he mencionado, el primero en acercase por caja fue Aragonés que reclama a Montero 6.000 millones: 688 para los desleales Mossos; 3.700 millones por incumplimiento de la disposición adicional tercera del Estatut entre 2008-2013; y otros 1.500 millones a cuenta de la Ley de Dependencia. (Por cierto que Aragonés, desempeñó, según la Policía Judicial, un papel clave en el desvío de 3,4 millones del ‘fondo de contingencia’ para financiar el 1-O). Calvet (JxC), conseller de Política Territorial, pretende obtener también 1.000 millones de “Madrid” para indemnizar a Acciona por los perjuicios ocasionados por la frustrada privatización de la gestión de la empresa Aguas Ter-Llobregat. El asunto tiene guasa habida cuenta que los políticos y los empleados públicos están mucho mejor pagados en Cataluña que la mayoría de sus pares en el resto de España, y que el gobierno de la Generalitat ha recibido la friolera de 76.771 millones de los mecanismos extraordinarios de financiación habilitados por el Ministerio de Hacienda, esto es, el 30,7% de los 249.665 millones inyectados a todas las Comunidades entre 2012 y 2018.

Montero anuncia en el Senado la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera el 17 de julio de 2018.

No serán los últimos gobernantes autonómicos que exijan más recursos o soliciten la condonación de la ingente deuda acumulada con el Gobierno en los últimos siete años. En la mesa de peticiones se acumulan también derechos reconocidos en las leyes ‘sociales’ paralizadas que Sánchez ha ofrecido revisar, la actualización de las pensiones con el IPC, los aumentos de plantilla y las subidas salariales a empleados públicos acordados con los sindicatos, el reconocimiento del derecho a recibir atención sanitaria de los inmigrantes ilegales, la eliminación del copago en los medicamentos para pensionistas, la supresión de peajes en las autopistas, etc. Un Estado que reconoce más y más derechos sin provisionar recursos para hacerlos efectivos, acaba incurriendo en déficits insostenibles y acumulando una deuda ingente que hipoteca a las generaciones futuras. Es la historia de la última década.

Iglesias felicita a Sánchez (entronizado) al finalizar con éxito, gracias a los diputados de Podemos y sus divergencias, de la moción de censura el 1 de junio.

Iglesias destronado

La gran pregunta es cuánto tiempo aguantarán Podemos y sus divergencias respaldando al Gobierno del PSOE en el Congreso, porque cada minuto que Sánchez pasa en La Moncloa el conglomerado socialista y feminista (cada vez menos revolucionario y anticapitalista) pierde fuelle y el liderazgo de Iglesias se diluye como azucarillo en agua. Su gran error estratégico en esta guerra por el trono de la izquierda fue apoyar a Sánchez en la moción de censura sin exigirle como contrapartida formar un gobierno de coalición. Todas las encuestas realizadas desde el 1 de junio muestran, sin excepción, como la llegada de Sánchez a La Moncloa ha catapultado las expectativas electorales del PSOE y ha hundido las de Podemos, desvaneciendo la pretensión del conglomerado morado de convertirse en la fuerza hegemónica. Iglesias, salvo que haya decidido retirarse a su casa campestre, tendrá que medir mejor sus pasos a partir de ahora, y no hacerse falsas ilusiones, porque si Sánchez gana las próximas elecciones volverá a pactar de nuevo con Rivera.

Sánchez saluda a Rivera en el Congreso que por arte de birlibirloque ha dejado de ser el representante de las nuevas generaciones del PP.

 

 

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