Trump desenfunda

Artículo publicado en el diario Expansión el 18 de abril de 2017

Bajas sirias causadas por el conflicto.

El conflicto de Siria tuvo una génesis bastante similar a los de Iraq o Libia y, por el gran número de muertos y desplazados y el alto nivel de destrucción causado, se ha convertido en uno de los más dolorosos y terribles desde el final de la Guerra Fría. Cuando en 2011 se produjeron levantamientos contra el régimen del presidente Asad, similares a los que acontecieron en otros países de Oriente Medio y el Norte de África, algunos países democráticos y árabes decidieron apoyar a grupos insurgentes próximos al islamismo sunita, mayoría en Irak, y lograron hacerse fuerte en zonas como la región de Alepo. Así se inició una guerra civil que Isis aprovechó para extender el estado islámico desde Irak a Siria y ha traído dolor, ruina y miseria a millones de sirios.

Campo de refugiados sirios en Turquía.

En un cambio radical de estrategia, la Administración Trump decidió lanzar un ataque con misiles Tomahawk contra la base aérea de Shairah, desde donde supuestamente despegó el avión SU-22 que bombardeó el pueblo de Sheijun (provincia de Idlib) con gas sarín el 4 de abril a las 5:55, causando la muerte a unas 80 personas incluidos una decena de niños. Aunque la administración Trump asegura contar con pruebas concluyentes sobre la autoría de la masacre, proporcionadas por los servicios de inteligencia estadounidenses, lo cierto es que ningún organismo independiente lo ha corroborado hasta el momento, como reconoció Mogherini, comisaria de Política Exterior de la UE. Curiosamente, la intervención estadounidense se ha producido cuando las victorias de Asad hacían pensar que el fin de la guerra estaba más próximo y, con él, el final del padecimiento del pueblo sirio.

Guerra civil

Siria devastada.

En 2011, Siria era una Republica presidida por Bachar El Asad que sucedió a su padre, el general Hafer El Asad que gobernó Siria desde 1970 hasta 2000. Como en tantos estados de Oriente Medio y el norte de África, los sirios carecían de las libertades habituales en los países democráticos pero podían sobrevivir con cierta dignidad dentro de las coordenadas políticas establecidas por el régimen, con una renta per cápita baja, 5.100 dólares ppp en 2011, pero que aumentó a una tasa media del 1,7 % en 2000-2011. Después de seis años de devastadora guerra civil, la población siria que ha sobrevivido no sólo carece de la libertad que nunca tuvo con los Asad sino de todo lo bueno de que disponía antes de iniciarse el conflicto.

Alepo en ruinas.

El origen de la guerra civil hay que buscarlo en los levantamientos populares que sacudieron en la primavera de 2011 los regímenes dictatoriales de Túnez, Egipto, Siria y Libia. Algunos estados democráticos vieron una gran oportunidad de promover la democracia sin comprender que ésta difícilmente puede fructificar en sociedades impregnadas de fundamentalismo religioso. Por ello, la caída de los regímenes no trajo la democracia, como algunos esperaban ingenuamente, sino el caos y el desgobierno en Libia e Irak. En Egipto, el régimen de Mubarak dio paso en 2012 a un gobierno presidido por Morsi, líder de la organización fundamentalista Hermanos Musulmanes que, si bien se comprometió a construir un país “democrático, civil, libre y moderno en el que cristianos y musulmanes convivan en paz”, se apresuró en 2012 a aprobar un decreto que hacía inapelables sus resoluciones ante cualquier órgano jurisdiccional. Morsi fue depuesto tras un golpe de Estado encabezado por al general El Sisi en 2013.

Obama firmando la orden para proporcionar ayuda a los grupos insurgentes sirios.

En el caso de Siria, está claro que quienes prestaronprestan ayuda a los rebeldes islamistas a partir de 2011 subestimaron la capacidad de resistencia del gobierno de Asad y el compromiso de Rusia e Irán con el régimen. La desestabilización no produjo su caída pero inició una cruenta guerra civil que ha resultado nefasta para la mayoría de la población y ha dejado el país en ruinas. Varios cientos de miles de sirios han muerto a causa de la guerra y varios millones han tenido que huir del conflicto y viven en condiciones precarias en campos de refugiados en Siria, Turquía. La llegada masiva de inmigrantes en 2015, llevó a la UE a financiar los campos de refugiados en Turquía para detener la avalancha.

Armas químicas

Imagen tras el bombardeo el 4 de abril de 2017.

La Administración Trump había mantenido hasta ahora una prudente distancia con el conflicto en Siria, y el secretario de Estado Tillerson había dejado claro que “la suerte de Asad la decidirá el pueblo sirio”.  La situación sufrió un vuelco tras el ataque con armas químicas que golpeó el pueblo de Sheijun controlado por los rebeldes y causó la muerte a 69 personas, incluidos una decena de niños. A las pocas horas, Spicer, portavoz de la Casa Blanca, acusaba al gobierno sirio de perpetrar la masacre y Tillerson exigía a Rusia e Irán “que ejerzan su influencia sobre el régimen sirio para garantizar que este ataque horrible no ocurre de nuevo”. A las acusaciones y advertencias siguió el lanzamiento 63 horas después de 59 misiles Tomahawk, ordenado por el presidente Trump, contra la base de Shayrat desde la que supuestamente despegó el avión sirio.

La base aérea de Shairat tras el bombardeo estadounidense.

Donald J. Trump, foto en su cuenta de twitter.

Resulta llamativo el  cambio de actitud de Trump sobre El Asad. Cuando en agosto de 2013 se produjo un caso similar en el área de Damasco, Trump escribió un twit en el que urgía al presidente Obama a no responder a la agresión, y le aconsejaba “guardar la pólvora para otra ocasión”. Según el informe completado por Naciones Unidas algunos meses después, el gobierno sirio había empleado cohetes tierra-tierra para lanzar gas sarín, y Asad se comprometió entonces a no emplear armas químicas, una promesa que al parecer había cumplido hasta ahora. ¿Por qué iba Asad a romper su palabra atacando una aldea con gas sarín cuando la guerra parece irle bastante mejor?

Ataques con armas químicas constatados en Siria.

Las armas químicas se han utilizado en Irak y Siria en numerosas ocasiones. El New York Times publicó un artículo el 16 de noviembre de 2016 en el que aseguraba que “Isis utilizó armas químicas en al menos 52 ataques en Siria e Iraq”. ¿No habría sido más razonable esperar a los resultados de una investigación independiente que estableciera la autoría de la masacre antes de disparar? Todos recordamos como el presidente Bush justificó la invasión de Iraq en 2003 apelando a la inminente amenaza que comportaban los arsenales de destrucción masiva que, según los servicios de inteligencia estadounidense, poseía el dictador Hussein. Nadie las encontró y varios cientos de miles de iraquíes han perdido la vida por culpa de una guerra urdida con informes impostados.

Tumba de una niña de 4 años muerta tras un ataque con armas químicas.

Siria devastada.

Resulta cínico justificar ahora las acciones contra Asad con el argumento de que no puede seguir gobernando quien masacra a su propio pueblo, porque eso ocurre, desgraciadamente, en cualquier guerra civil, incluida la de Estados Unidos. La errática política de Trump en Siria no va a lograr derrocar a Asad e imponer un régimen islamista moderado que, visto lo ocurrido en Iraq y Egipto tras los derrocamientos de Hussein y Mubarak, no aseguraría la democracia ni la prosperidad; como mucho, la intervención estadounidense servirá para prolongar la guerra y elevar el ya excesivo número de víctimas. Para lo que sí servirá elevar la tensión con el Kremlin tirando al blanco en Siria es para compensar los fracasos de Trump en política interior y para echar tierra sobre su buena relación con Putin en el pasado. El problema es que si constata que cada vez que desenfunda sube su menguada popularidad, la tentación de seguir apretando el gatillo puede resultarle irresistible. Esperemos que no se convierta en adición irreparable.

Trump desveló que estaba bombardeando Siria durante su almuerzo con el líder chino Xi Jinping.

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Entrega a Don José Bou i Vila del II Premio “Catalanes por España”

Estas son las palabras que pronuncié en el acto de entrega a Don José Bou i Vila, presidente de la asocición Empresaris de Catalunya, de la II edición del premio Catalanes por España que otorga la plataforma cívica Espanya i Catalans. El acto se celebró en el Hotel Cataluñael 8 de abril de 2017:

Queridos amigos:

Muchas gracias a todos por su presencia aquí. Empezaré por decirles que me siento muy honrado de participar en este modesto aunque sentido homenaje a Don José Bou i Vila, presidente de la asociación Empresaris de Catalanya.

Los miembros de la Junta de Espanya i Catalans, la plataforma constitucionalista en la que se han integrado las asociaciones Profesores por el Bilingüísmo, Movimiento 12-O y Regeneración Democrática los últimos dos años, decidió otorgar por unanimidad el II premio Catalanes por España a José hace unos meses, en reconocimiento a la enorme labor que ha desarrollado al frente de Empresaris desde 2014. Considero que la elección fue un gran acierto.

Empresaris de Catalunya, reza su manifiesto, es una asociación que nació “con el objetivo de dar voz a los empresarios y profesionales de la empresa que deseamos alertar de las consecuencias negativas que traería el `preso secesionista’ catalán para la actividad económica de Cataluña y, en consecuencia, para todos y cada uno de los catalanes”. No sé si se puede ser más catalán pero no más claro.

Para valorar en su justa medida la importancia y el coraje que hace falta para ponerse al frente de Empresaris de Catalunya basta con mirar a nuestro alrededor y constatar como la mayoría de empresarios y líderes sindicales en Cataluña han reaccionado con tibieza, cuando no con vergonzosa sumisión, al locuaz empecinamiento de los dirigentes políticos catalanes (Mas, Homs, Junqueras, Forcadell, Fernández, Gabriel, etc.) en fracturar la sociedad catalana y a su descabellado plan de desconectar a Cataluña del resto de España y de la UE.

En unos momentos cruciales para el futuro de Cataluña y España, resultaba imprescindible que surgiera una asociación empresarial que no callara ni mirara hacia otro lado como han hecho la poderosa patronal Fomento del Trabajo y la mayoría de presidentes y altos ejecutivos de empresas y entidades financieras catalanas, por no referirme a la servil actitud de las principales organizaciones sindicales (CCOO y UGT),claramente posicionadas en favor del ‘derecho a decidir’, haciendo gala de un sectarismo impropio de organizaciones que se arrogan la representación de todos los trabajadores catalanes, o a la connivencia descarada de alguna organización empresarial, como el Circle de Negocis, alumbrada y financiada por el movimiento secesionista. Voy a referirme a dos casos recientes.

Hace unos días, un diario nacional resumía en este titular, “El empresariado catalán exige a Rajoy que esta vez cumpla su palabra”, la reacción de los empresarios catalanes al Plan de Infraestructuras que Rajoy presentó en Barcelona el 28 de marzo. No pude evitar comentarlo en mi página de Facebook donde podéis leer lo siguiente:

“La posición del Sr. Oliu, al que por cierto Rajoy ha convertido en presidente de un banco de dimensión nacional, no se entiende: pide a Rajoy más gestos continuados y calla ante la gesticulación y las provocaciones permanentes del gobierno y el Parlament de Cataluña.

No he escuchado al Sr. Oliu y a otros representantes de las élites empresariales catalanas reclamar en público a quienes están instalados en la confrontación permanente que dejen de incumplir la Constitución y acaten las sentencias de los Tribunales. Parece que lo único que les interesa es que todo siga igual y el Gobierno de España haga concesiones al gobierno de la Generalitat, aunque menoscaben los derechos constitucionales y la igualdad de todos los españoles.

El presidente de un banco nacional debería ser más ecuánime. Si el partido anticapitalista CUP-CC hiciera una visita a su sede, como la que hizo a las sedes del PP en Barcelona y a la de Ciutadans en Lérida, puede que empezara a demandar cambios al gobierno catalán, no al español.”

El segundo caso atañe a la actitud de las organizaciones sindicalesrn Cataluña. Todos nosotros tenemos en la retina la imagen de Gallego y Álvarez, los máximos responsables de CCOO y UGT, posando con la pérfida Casals para reclamar el ‘derecho a decidir’. El virus nacionalista ha permeado también las organizaciones sindicales en Cataluña hasta acabar con cualquier atisbo, no ya de internacionalismo proletario, sino siquiera de la más modesta solidaridad interregional. Y parece que la enfermedad va a más. El Sr. Pacheco, elegido secretario general de CCOO hace unos días con respaldo del 91,5 % de los delegados sindicales reafirmaba en una entrevista publicada “El diari del Treball” la posición ya conocida de la sindical:

“En aquest congrés hem renovat la posició sobre aquest punt amb una resolució aclarint que el dret a decidir ha de ser clar i vinculant i destinat a conquerir els majors espais de sobirania. I ho fem des de l’autoritat que dóna ser la més gran organització popular de Catalunya, que ens permet ser garants de què la gent de Catalunya pugui dir que vol fer al seu país”.

Queridos amigos, termino ya, José Bou i Vila, presidente de Empresaris de Catalunya va a recibir con todo merecimiento este premio porque es mucho lo que ha hecho con muy poco en el entorno hostil en que se ha convertido Cataluña para la mayoría de catalanes: para los catalanes silenciosos y silenciados por la larga mano de la Generalitat y sus medios de comunicación, por la prudente imprudencia de tantos empresarios y ejecutivos catalanes, y por la connivencia de algunas organizaciones patronales y sindicales.

Amigos, si queremos que Cataluña continúe formando parte de una España democrática en el futuro, tenemos que hacer mucho más de lo que organizaciones como Empresaris de Catalunya o Espanya i Catalans están en condiciones de hacer ahora, a base de voluntarismo y sacrificios personales. Necesitamos con urgencia más recursos y mayor presencia en los medios de comunicación para convencer a una mayoría amplia de catalanes de que el orden constitucional es la vía más segura hacia la libertad, la concordia y la prosperidad.

Si no logramos dar este paso adelante en los próximos meses, me temo que dentro de poco,no tendrá sentido conceder este premio porque, suponiendo que el régimen nacional-secesionista de Junqueras-Forcadell-Vidal-Rufian-Gabriel-Fernández lo permitiera –no me sorprendería nada que los fascistas lo prohibieran acusándonos a los demócratas de ser lo que son ellos–, nuestra voz, querido José, habrá dejado de escucharse en Cataluña.

Muchas gracias a todos por su atención y paciencia.

 

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Presupuestos, déficit y deuda

Artículo publicado en el diario Expansión el 31 de marzo de 2017

Guindos anuncia que se cumplirá el déficit del 4,6 % PIB en 2016.

Al tiempo que anunciaba la intención de aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PDE) en el Consejo de Ministros del 31 de marzo, Montoro anunciaba con satisfacción que el déficit de las AAPP en 2016 será inferior al 4,6% del PIB, la última cifra pactada con Bruselas, y el déficit quedaba en el 4,3% tras excluir las ayudas a entidades financieras. Había cuenta que el déficit en 2015 fue 5,1%, la reducción lograda en 2016 es 0,8 (5,1-4,3) puntos porcentuales (pp.), 2 décimas inferior a la reducción media (0,98 pp.) conseguida entre 2008 y 2015. En cuanto al cumplimiento del compromiso con la UE, conviene también recordar que España ha incumplido los objetivos pactados año tras año y la Comisión prevé déficits del 3,8% del PIB en 2017, superior al 3,1% acordado, y del 3,2%

Montoro anuncia que el déficit público excluyendo las ayudas a entidades financieras quedó en el 4,3% del PIB.

en 2018. La pesadilla del déficit que se inició con Zapatero en 2008 y ha disparado la deuda a cifras estratosféricas (1,114 billones en enero 2017), va a continuar casi con toda seguridad hasta 2020.

 

Políticamente mediatizado

Rueda de prensa tras la aprobación del proyecto de Presupuestos Generales del Estado el 31 de marzo de 2017.

Todo está a punto para comenzar la tramitación en el Congreso de la Ley que desglosa los recursos previstos para financiar los gastos de la Administración Central, las transferencias a las Administraciones Territoriales y las prestaciones del sistema de Seguridad Social (SS). La simple aritmética parlamentaria indica que no resultará fácil aprobarla en junio sin hacer concesiones a otros grupos parlamentarios, habida cuenta que el Gobierno cuenta con 137 diputados y necesita los votos de los diputados de Ciudadanos (32), PNV (5), Coalición Canaria (1) y Nueva Canarias (1). El PSOE, enzarzado en su pugna interna, ha optado por rivalizar con Podemos y se niega a negociar los presupuestos con el PP, un craso error de automarginación que acabará pagando en las urnas.

Comisión gestora del PSOE.

Ciudadanos, en su segunda reencarnación como partido liberal, va a aprovechar la oportunidad de desempeñar el papel que los líderes de  CDC se atribuían a sí mismos antes de abrazar el secesionismo. Rivera quiere aparecer ante la opinión pública como el político responsable que asegura la gobernabilidad de España y varias CCAA, y se esforzará por presentarse como el muñidor de cualquier acuerdo que favorezca a colectivos (autónomos, pensionistas, padres, dependientes, asalariados con salarios bajos, jóvenes, estudiantes, etc.) cuyos votos puedan reforzar las expectativas electorales del partido. La inexplicable incomparecencia del PSOE le ha dejado expedito el camino de la negociación y Rivera va a aprovechar la oportunidad.

Rivera da el visto bueno al proyecto de PGE.

El PP pacta con el gobierno de Urkullu (PNV) los presupuestos en El País Vasco.

Para aprobar los PGE, el Gobierno tendrá además que satisfacer las demandas de nacionalistas vascos y canarios. El PP ha respaldado los presupuestos que presentaron el gobierno del PNV y la franquicia vasca del PSOE en El País Vasco, y la reciprocidad del PNV parece estar asegurada, aunque algo se llevarán al saco los nacionalistas que gobiernan en la Comunidad más insolidaria de España. Para ganarse a los diputados canarios, el Gobierno tendrá que hacer también algunas concesiones para compensar los reales o supuestos agravios –los beneficios nunca cuentan– de insularidad. No hay que olvidar tampoco las consecuencias presupuestarias de la negociación extraparlamentaria en curso con las organizaciones sindicales, si se confirma que el Gobierno acepta subir los salarios de los empleados públicos el 1% y ofertar 250.000 plazas en tres años.

El gobierno alcanza un acuerdo con las organizaciones sindicales para sacar 250.00 plazas de funcionarios públicos en tres años.

Condicionantes económicos

Hay también consideraciones de carácter estrictamente económico que afectan a la evolución de las principales partidas de gasto y dificultan la reducción del déficit. Las pensiones, 135.449 millones en 2016, es la más voluminosa y ha crecido el 48,1% desde 2007 a una tasa media del 4,5%. En el caso de las pensiones contributivas del sistema de la SS, el aumento acumulado entre 2007 y 2016 fue incluso mayor, 52,52%, a una tasa media del 4,8%. Las prestaciones sociales de las AAPP distintas de las transferencias sociales en especie, una partida que incluye pensiones, prestaciones a desempleados y otras transferencias, aumentó desde 2007 (123.760 millones) a 2015 (170.401 millones) el 37,7% a una tasa media del 4,08%. Basta comparar estas cifras con la tasa media de crecimiento del PIB nominal (-0,06%) entre 2007 y 2015 para cerciorarse de su insostenibilidad.

El sistema de la SS tuvo que retirar 17.500 millones del Fondo de Reserva cuyo saldo a finales de diciembre de 2017 quedó en 15.200 millones, una cifra inferior al déficit del sistema. Tampoco podrá contar el Gobierno en los próximos años con el alivio que le han proporcionado la caída de las prestaciones a los desempleados entre 2011 (30.975 millones) y 2016 (19.621 millones) y la reducción de los intereses de la deuda entre 2013 (38.590 millones) y 2016 (33.490 millones). En cuanto a las primeras, el margen de caída es ya escaso si tenemos en cuenta que la factura ascendió a 14.471 millones en 2007, un años en el que la tasa de paro del 8,2%. En cuanto a la evolución de los tipos que paga el Tesoro, sólo cabe esperar que se eleven, y aumente la carga de la deuda incluso si el ratio Deuda/PIB se estabiliza en torno al 100% y no se dispara la prima de riesgo. Finalmente, hay que descartar nuevos recortes en  la inversión pública que se ha reducido a la mitad entre 2009 (55.142 millones) y 2015 (27.004 millones).

Infrafinanciación, sensibilidad y coherencia

Hay un problema muy acusado de infrafinanciación del gasto público en España como pone de manifiesto que la cifra de déficits acumulados desde 1995 a 2015 alcance 735.000 millones y las AA. PP. sólo hayan logrado superávits en 3 años de 21. En el caso del sistema de la SS, el déficit consolidado desde 2010 hasta 2015 asciende a 49.121 millones y el déficit en 2016 rondará los 18.400 millones. Por otra parte, la evolución positiva de la recaudación por IVA y otros impuestos sobre los productos atribuible a la subida de tipos y a la recuperación económica puede ralentizarse si se confirma la desaceleración que prevén tanto el Gobierno como los organismos internacionales en 2017 y 2018. Así que si quiere cuadrar las cuentas, el Gobierno tendrá que aumentar la recaudación por impuestos sobre la renta, los que menos han crecido en los últimos años, e intensificar la lucha contra el fraude fiscal.

 

Tasas de crecimiento del PIB y de la ocupación.

Mientras persista la incertidumbre sobre si habrá elecciones en 2018, tendremos que seguir conllevando durante algunos meses más la esquizofrenia que nos impulsa a actuar como país nórdico en lo que atañe al gasto y como país sureño a la hora de pagar impuestos. Comprendo que los responsables económicos del Gobierno tienen que ponderar los avances logrados en la reducción de algunos desequilibrios macroeconómicos e intentar transmitir tranquilidad a las empresas y confianza a los ciudadanos. Ahora bien, el desajuste en las cuentas de la SS es sólo el último episodio de un problema de fondo que conviene abordar con tacto para no generar bolsas de pobreza y alimentar el descontento social que dio alas a los movimientos populistas de Iglesias en Madrid) y Colau en Barcelona. Pero constituiría una grave irresponsabilidad financiar las pensiones recurriendo a emisiones de deuda cuando se agote el Fondo de Reserva como se ha sugerido desde el Gobierno. Las pensiones, un gasto recurrente, hay que financiarlas con impuestos para no poner en peligro la confianza en nuestra economía.

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El retablo de la corrupción de CDC

Artículo publicado en el diario Expansión el 21 de marzo de 2017

Millet y Montull en el banquillo. Ambos han confesado en la Audiencia de Barcelona que CDC recibía a través del Palau el 3 % de empresas a las que adjudicaba obras.

La semana pasada pudimos al fin escuchar las declaraciones de los tres saqueadores confesos del Palau de la Música en la vista oral que se está celebrando de Barcelona para decantar sus responsabilidades y las de los líderes de Convergencia Democràtica de Catalunya (CDC), el partido de Pujol, Mas y Puigdemont. Primero declaró el Sr. Millet, otrora poderoso amo del Consorci del Palau de la Música Catalana, la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música y la Associació Orfeó Català; a continuación lo hizo el Sr. Montull, gerente del Consorci y mano derecha del Sr. Millet; y, finalmente, declaró la Sra. Montull, hija del Sr. Montull y directora financiera. No deja de ser paradójico que la vista se esté celebrando en la Ciudad de la Justicia, una de las obras adjudicadas por Pujol y Mas en las que Millet y el Palau actuaron, según reconocieron, como recaudadores del famoso 3% para CDC.

Millet recibiendo de Pujol la orden de Sant Jordi.

Caso Palau-CDC

Gemma Montull.

Los tres imputados coincidieron en confirmar el papel de intermediarios que Millet y el Palau desempeñaron entre empresas que, como Ferrovial, patrocinaban la institución musical, y CDC, y confirmaron las sospechas de que las burdas prácticas contables e irregularidades manifiestas constatadas en la gestión del Palau y sus fundaciones no pudieron perpetrarse sin la connivencia de los líderes convergentes. En mi artículo “Dos bobos muy listos… y sus cómplices nacionalistas” publicado el 23 de noviembre de 2009, ya apuntaba que “los Sres. Millet y Montull tuvieron también que contar con la complicidad de todos los responsables de las Consejerías de Cultura y Economía y Finanzas de la Generalitat que ignoraron las relevantes irregularidades que presentaban las cuentas del Consorci y de la Fundació y las salvedades y anomalías recogidas en las auditorías y los informes de la Sindicatura de Cuentas” que fueron elevados al gobierno que presidía Pujol y del que Mas era su primer consejero. Las declaraciones del Sr. Montull ante el juez instructor relatando cómo se hacían pagos en metálico a orquestas y comisionistas revelaban unas prácticas inconcebibles en una institución semipública.

El Sr. Vilajoana, responsable de la Consellería de Cultura cuando se produjeron los hechos comentó que las advertencias fueron ignoradas porque “la Fundación del Palau tenía resultados positivos”. Al Capone también. Y el todavía honorable president Pujol achacó todo a un “gran despiste” muy sospechoso, añadiría, porque “mientras los dirigentes de Convergencia Democrática de Cataluña (CDC) sufrían ‘un gran despiste’, la Fundación Trías Fargas recibía fondos de la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música a cuenta de convenios de colaboración ficticios. Quizá Pujol organizaba cursos para los miembros del Orfeó  donde explicaba lo importante que era mantener la boca cerrada. Hoy sabemos que, además de los impostados convenios de colaboración, el Palau financiaba a CDC abonando facturas con gastos de campañas electorales y con la entrega de sobres con dinero que recogían el Sr. Torrent, tesorero de CDC fallecido en 2005, y el Sr. Osàcar, secretario personal de Mas (2000-2005) y tesorero de CDC y sus fundaciones Trias-Fargas y Cat-Dem desde 2005 hasta su imputación en 2011.

Mas abraza a su secretario personal (2000-2005) y tesorero de CDC (2005-2011), Daniel Osàcar, imputado por financiación ilegal de CDC, tras ganar las elecciones del 28N en 2010.

Turull, Homs y (Oriol) Pujol arropando a Osácar en dependencias del Parlament. Osácar fue consejero personal de Mas entre 2000 y 2005 y Tesorero de CDC desde 2005 a 2011.

Caso Pujol

No es éste el único frente judicial que tienen abierto los líderes de CDC. Está, en primer lugar, el proceso, todavía en fase de instrucción, contra la ‘famiglia’ Pujol al completo que ha ido creciendo desde que el padre desvelara en julio de 2014 que había mantenido una fortuna oculta al fisco en paraísos fiscales durante 34 años, y ha acabado con la imputación de todos los miembros del clan familiar, incluida la madre guardiana de las esencias de la catalanidad. La Fiscalía Anticorrupción imputa al primogénito, Jordi Pujol Ferrusola, constituir una organización criminal para delinquir y blanquear dinero. Resulta también paradójico que el hombre que vació Banca Catalana pero logró salir indemne envolviéndose en la bandera cuatribarrada haya acabado su vida política engullido por el fango de la corrupción estrellada.

Pujol abroncando a los diputados en su comparecencia en el Parlament en la que se negó a aclarar el origen de los fondos que mantuvo en paraísos fiscales durante 34 años.

El vals de Mas con Pujol en el último congreso de CDC, antes de la caída del padre fundador.

Pujol fue el mentor político y el hombre que pasó a Mas las claves de acceso al poder convergente hace unos años. Primero, lo puso al frente de la consejería de Política Territorial (1995-1997), encargada de decidir las adjudicaciones de obras públicas; más tarde, premió su buen hacer entregándole la consejería de Economía (1997-2001); y, por último, lo nombró primer Consejero en el último gobierno presidido por Pujol (2001-2003). Las declaraciones de Millet y Montull que implican a los tesoreros Torrent y Osàcar ponen de manifiesto que Mas ha mentido a los catalanes al negar repetidamente que su partido se financió exigiendo a las empresas la comisión del 3% que ya el president Maragall denunció en el Parlament de Cataluña en 2005.

Caso Vendrell

Viloca, tesorero de CDC y la fundación CAT-Dem, detenido por agentes de la Guardia Civil.

¿Qué ha ocurrido en los últimos años? ¿Rectificó CDC después de destaparse el caso Palau-CDC en julio de 2009? La causa que se está instruyendo en los juzgados del Vendrell a instancias de una denuncia realizada por una concejal de Esquerra Republicana de Catalunya en el Ayuntamiento de Torredembarra indica que el partido de Mas y Puigdemont siguió empleando las mismas prácticas ilícitas para financiarse tras ganar las elecciones autonómicas en 2010 y acceder de nuevo al gobierno de la Generalitat. La instrucción de esta causa ya ha producido la detención en dos ocasiones de Viloca, el tesorero de CDC que sustituyó a Osàcar tras su imputación en 2011. En los registros efectuados en la sede del partido se requisó abundante documentación, incluidos restos de documentos triturados que han podido reconstruirse y demuestran que altos responsables del partido de Mas se reunieron con directivos de empresas para negociar comisiones destinadas a financiar a CDC rebautizada como PDE-Cat.

Mas con Gordó, consejero de Justicia de Mas.

Según informaciones publicadas, la Fiscalía Anticorrupción considera que Gordó, consejero de Justicia de Mas, actuó como ‘conseguidor o recaudador’. En concreto, están bajo sospecha diversas obras adjudicadas por el Consorcio de Educación, trabajos en un dique en el Puerto de Barcelona, la mejora de la carretera C-55, la remodelación de la plaza de les Glòries cuando Trias era alcalde de Barcelona y la construcción de un instituto en Manresa. La Fiscalía investiga también la relación de Puigdemont con el empresario Bassols y la trama del 3% cuando era alcalde de Gerona.

Puigdemont, alcalde de Gerona, en su época de ‘recaudador’ con el empresario Bassols ‘fem país’ en el Camp Nou.

Retablo mayor

Mas y Homs con el resto de la comparsa ante la falla del 3%.

Estos tres casos judiciales conforman el retablo mayor de la Corrupción que tallaron los maestros Pujol y Mas en el taller de CDC con sus ayudantes (Torrents, Osàcar, Viloca, Millet, Montull, etc.), aprendices (Puigdemont, Gordó, etc.) y patrocinadores (empresarios y directivos). Una vez descorrida la tela que lo ocultaba, hemos visto a los dirigentes convergentes con las manos en la masa. A Pujol, Mas, Homs y Puigdemont no les queda otra que desacreditar el sistema judicial español con toda clase de aspavientos y declaraciones extemporáneas sobre la calidad de nuestra democracia y convencer a ERC y CUP de la necesidad de proclamar la república catalana a cambio de impunidad para los suyos. La CUP les apoyará una vez más, y Junqueras y ERC tendrán que sopesar si se tiran al monte en tan dudosa compañía o exigen a Puigdemont convocar elecciones para recoger la cosecha.

Fernández, alias ‘sandalia voladora’, rabioso e incorruptible antisistema y anticapitalista de la CUP-CC, arrodillado ante Mas, alias ‘mentón altivo’.

Puigdemont y Gabriel (CUP-CD) celebrando su acuerdo para constituir una república independiente saltándose el orden constitucional.

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Petición de disolución del Parlament y convocatoria de elecciones autonómicas en Cataluña

Intervención del president Puigdemont ante la asamblea de la AMI con la bandera estrellada presidiendo el acto.

La situación política ha alcanzado un punto crítico en la Comunidad Autónoma de Cataluña. Desde que se puso al frente del gobierno de la Generalitat el 10 de enero de 2016, Carles Puigdemont Casamajó gobierna exclusivamente para 1.957.348 catalanes, el 36,83% del censo que respaldó a Junts pel Sí y CUP-CC en las elecciones autonómicas el 27 de septiembre de 2015, ignorando la voluntad de 3,3 millones de catalanes que dieron la espalda a esas opciones. Durante estos catorce meses, su gobierno y las dos formaciones parlamentarias que lo apoyan en el Parlament están promoviendo activamente el proceso de secesión aprobando resoluciones que han sido anuladas por el Tribunal Constitucional. Ahora pretenden modificar el reglamento de la Cámara para aprobar de improviso, en lectura única, la proposición de ‘ley de transitoriedad jurídica’ cuyo contenido se oculta a la oposición que no podrá enmendarla. De dicha ‘ley’ sólo se conoce que declara en su primer artículo constituida la república independiente de Cataluña y convoca un referéndum para validar la declaración.

Mas y Puigdemont en la conferencia de prensa en el Palau de la Generalitat al finalizar el juicio a Mas el 10 de febrero de 2017.

Constatada la incapacidad del Sr. Puigdemont para gobernar para todos los catalanes, su manifiesto y reiterado desprecio al orden constitucional y a las sentencias de los Tribunales, y la inseguridad política y jurídica en que nos puede sumir la inminente proclamación de la república en Cataluña, solicito tu firma para exigir la disolución del Parlament y la convocatoria de elecciones autonómicas:

https://www.change.org/p/ciudadanos-espa%C3%B1oles-pedir-la-disoluci%C3%B3n-del-parlament-y-la-convocatoria-de-elecciones-auton%C3%B3micas-en-catalu%C3%B1a/share_for_starters?just_created=true

Gracias anticipadas por tu apoyo.

 

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Puigdemont: un presidente sectario y antidemocrático

Puigdemont con su gobierno de los peores.

No creo equivocarme al afirmar que Puigdemont nunca ha sido el presidente de los catalanes, aunque haya presidido el gobierno de la Generalitat de Cataluña desde el 10 de enero de 2016.  Ni tampoco creo errar si les digo que el hasta entonces alcalde de Gerona y presidente de la Associació de Municipis per l’Independencia (AMI) tampoco lo ha intentado. Serlo estaba fuera de sus coordenadas sentimentales y políticas. Apareció inesperadamente en el último minuto, cuando ya expiraba el plazo de dos meses tras la investidura fallida de Mas el 10 de noviembre de 2015, y Mas lo designó para sustituirle sin tiempo de comprarse un traje nuevo y pasar por la peluquería para arreglarse el flequillo.

Mas, con la sonrisa algo forzada, da una palmadita a Puigdemont tras decidir que le sustituiría al frente del gobierno de la Generalitat.

 

Puigdemont en el debate de investidura el 10 de enero de 2016.

Aunque su discurso de investidura no pasará a los anales de la retórica parlamentaria, su Plan de Gobierno dejó meridianamente claro que pretendía “comenzar a caminar a la luz de lo que ya aprobamos en la declaración del 9 de noviembre: iniciar el proceso para constituir un estado independiente en Cataluña”. Más adelante, concretó su compromiso estableciendo como primera prioridad del gobierno “la elaboración y el compromiso de elaboración de los marcos legales relativos al proceso constituyente. Ésta es la faena con mayúscula. Tenemos la obligación de dar cumplimiento al mandato parlamentario, porque está aprobado, y porque es la voluntad de este Parlamento y porque es la voluntad de la ciudadanía, y no podemos mirar hacia otro lado”. Puigdemont finalizó su arenga reafirmando su compromiso con “la declaración del Parlamento de Cataluña, del 9 de noviembre, abría el proceso constituyente y ahora ya no podemos dejar de recorrerlo, porque espero que al final de esta sesión tengamos ya los instrumentos para poderlo poner en práctica”, y concluyó manifestando que se dejaría la piel “para culminar el proceso iniciado hace unos años con grandes movilizaciones… Seguramente es el tramo más complejo e incierto de todos los que hemos recorrido, con éxito hasta hoy. Éste también lo culminaremos con éxito”.

Puigdemont con Juncker, Merkel y Hollande en su última visita al Parlament europeo.

La diputada Gabriel durante su intervención en la sesión de investidura de Puigdemont el 10 de enero de 2016.

Me he detenido en las citas anteriores porque revelan las intenciones del hombre que Mas eligió para sustituirle y la CUP-CC aceptó investirlo presidente del gobierno de la Generalitat. Puigdemont nunca tuvo intención de gobernar para los 7,5 millones de españoles que residimos en Cataluña sino de hacerlo exclusivamente para aquellos catalanes que respaldaron a las dos coaliciones electorales, Junts pel Sí (JxS) y CUP-CC, que concurrieron con un programa declaradamente independentista a las elecciones autonómicas del 27 de septiembre de 2015. Los resultados que obtuvieron ambas formaciones el 27-S, JxS 1.620.973 votos y 62 diputados y CUP-CC 336.375 votos y 10 diputados, suponen el 47,74% de los votos no nulos contabilizados y el 36,83% del censo electoral, cifras similares a las de quienes votaron a favor de crear un estado independiente en la consulta que Mas y Homs y las asociaciones independentistas ANC, Omnium Cultural y AMI organizaron el 9 de noviembre de 2014.

Puigdemont con Sánchez, presidente de la ANC, y Cuixart, presidente de OC, preparando del 11 de septiembre, a modo de prólogo de su golpe de Estado.

Los candidatos de Junts pel Sí.

Los resultados electorales del 27-S invalidan el mantra tantas veces repetido por Puigdemont y el resto de líderes secesionistas de que les avala el  ‘pueblo’ de Cataluña. Con lo que sí cuentan es con una ajustada mayoría (72 diputados de 135) en el Parlament que les permite aprobar resoluciones como la I/XI de inicio del proceso constituyente, o cambiar el reglamento de la Cámara para aprobar las llamadas leyes de desconexión sin conceder a los 63 diputados de la oposición, representantes del 52,26% de los votantes, la posibilidad de conocerlas, discutirlas y enmendarlas. Así es como entienden Puigdemont y Junqueras la ‘democracia’ republicana. Pese al tiempo que nos hacen perder ocupándonos de sus continuos cambios en la ‘hoja de ruta’ y sus últimas ocurrencias, los demócratas tenemos que estar agradecidos a Puigdemont y Junqueras porque estos meses al frente del gobierno de Cataluña nos han permitido hacernos una idea cabal de su sectarismo ideológico, su interpretación tramposa de la democracia y la inseguridad jurídica y política que conlleva el proceso secesionista.

Puigdemont acompañando a Mas, Ortega y Rigau al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

Puigdemont y Gabriel celebrando alguno de sus pactos golpistas.

 

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El retablo de la corrupción de CDC (Apuntes)

Jordi Pujol y Artur Mas antes de que se destapara el retablo de la Corrupción.

Los principales dirigentes de Convergencia Democrática de Catalunya (CDC), el partido de Jordi Pujol y Artur Mas, rebautizado hace unos meses PDE-Cat para difuminar las sombras de corrupción continuada que pesan sobre sus líderes, incluidos los tres últimos tesoreros del partido, Torrent, Osàcar y Viloca que administraban también la fundación del partido -Trias Farga luego rebautizada Cat-Dem cuando salió a la luz el saqueo del Palau- y están imputados, salvo Torrent ya fallecido, en diversos procesos judiciales cuyo resultado esperamos los catalanes con impaciencia: queremos tener constancia judicial del expolio que ha perpetrado Corrupción Democrática de Catalunya durante décadas. Aunque los jueces sólo lleguen a destapar una esquinita de la cloaca, porque muchos de los implicados mantengan el pacto de silencio y buena parte de los delitos hayan prescrito, queremos al menos tener la satisfacción de ver a los saqueadores convergentes purgar algún que otro delito.

El retablo de la Corrupción de CDC

El Mas junto a sus consejeras Ortega y Rigau sentados en el banquillo en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

Además de las causas que se siguen contra el propio Mas y sus consejeras Ortega y Rigau en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y contra su consejero Homs en el Tribunal Supremo, por haber organizado la consulta participativa el 9 de noviembre de 2014, contraviniendo la prohibición expresa del Tribunal Constitucional, está el llamado Caso Palau-CDC cuya vista oral está teniendo lugar estos días en la Ciudad de la Justicia, paradójicamente una de las obras que los gobiernos de Pujol y Mas adjudicaron a empresas dispuestas a pagar a CDC el 3 % del valor de la obra.

Mas, Ortega y Rigau burlándose de los jueces antes del inicio de la vista el 4 de febrero de 2017 en el Museo de Historia.

Osàcar, imputado en el caso Palau, escoltado por Pujol (Oriol) y Turull en la Ciudad de la Justicia.

Reunión de la Fundación del Palau.

Según han reconocido en el juicio los saqueadores confesos, el Sr. Millet, máximo responsable de la  fundación del Palau de la Música, el Sr. Montull, su gerente y mano derecha, y Doña Gemma Montull, directora financiera e  hija del segundo, la fundación actuaba como intermediario y transfería a CDC sumas procedentes de empresas beneficiadas con contratos públicos que patrocinaban las actividades del Palau. Una parte se camuflaba realizando convenios impostados de colaboración entre el Palau y las fundaciones de CDC, y el resto en sobres en efectivo que recogía el Sr Torrent y, más tarde, el Sr. Osàcar, secretario personal de Mas (200-2005) y tesorero de CDC y sus fundaciones (2005-2011). Estas  han confirmado lo que todos sospechábamos desde 2009, a saber, que las graves y notorias irregularidades en la contabilidad del Palau y sus fundaciones sólo podían haberse producido contando con la connivencia de los líderes convergentes.

Pujol imponiendo la orden de San Jorge al Sr. Millet.

 

 

 

La ‘famiglia’ Pujol.

Fernández (CUP) colocando solícito el micrófono al defraudador confeso Jordi Pujol en su comparecencia en el Parlament. ¡Si Allende pudiera verlo!

No es éste el único frente judicial que tienen abierto los líderes de CDC. Está, en primer lugar, el proceso contra la ‘famiglia’ de Pujol al completo todavía en fase de instrucción que ha ido creciendo desde que Pujol (padre) desvelara en julio de 2014 que había mantenido una fortuna oculta al fisco durante 30 años y ha acabado con la imputación del hijo primogénito y el resto de miembros del clan familiar, incluida la madre guardiana de la pureza catalana y seis hijos más. La Fiscalía Anticorrupción ha acusado al hijo mayor, Jordi Pujol Ferrusola, que actuaba como administrador de constituir una organización criminal para delinquir y blanquear dinero. Resulta también paradójico que el hombre que vació Banca Catalana pero logró salir indemne envolviéndose en la bandera cuatribarrada haya acabado su vida política engullido por el fango  de la corrupción estrellada.

Pujol arropado por la guardia pretoriana de CDC (Corominas, Turull, Rull,…) abandona el Parlament tras haber comparecido ante la comisión que se creó para investigar la fortuna que había mantenido oculta en paraísos fiscales durante 34 años.

El último vals de Mas con Pujol en el último congreso de CDC, antes de la caída del padre fundador.

Rull, actual consejero de Política Territorial, posando para la prensa amarilla.

Pujol fue el hombre que pasó a Mas los trastos hace unos años. Primero, lo puso al frente de una consejería clave, Política Territorial (1995-1997) encargada de decidir las adjudicaciones de obra pública; más tarde, lo premió con la consejería de Economía (1997-2001) y, por último, lo nombró primer Consejero en el último gobierno de Pujol (2001-2003). Éste es el hombre que lleva años mintiendo a los catalanes y negando que su partido se financiaba con el 3%, un asunto que destapó por primera vez el president Margall en 2005 en el Parlament de Cataluña. Ahora es Puigdemont, el que ha tomado el relevo de Mas temporalmente al frente del gobierno de la Generalitat y Rull el que se ha hecho cargo de la consejería de Política Territorial.

Viloca, actual tesorero de CDC-PDE-Cat.

Puigdemont, alcalde de Gerona, en su época de ‘recaudador’ con el empresario Bassols ‘fent país’ en el Camp Nou.

Mas, con la sonrisa algo forzada, da una palmadita a Puigdemont después de que éste le sustituyera al frente del gobierno de la Generalitat.

Está, por último, la causa que se tramita en los juzgados del Vendrell a instancias de una denuncia realizada por una concejal de Esquerra Republicana de Catalunya en el Ayuntamiento de Torredembarra. La instrucción de esta causa ya ha producido la detención de Viloca, el tesorero de CDC que sustituyó a Osàcar cuando éste fue imputado. En el registro de la sede del partido se requisó numerosa documentación, incluidos algunos contratos que habían sido triturados pero han podido reconstruirse. En ellos se detallan las reuniones mantenidas por altos responsables del partido con empresas para negociar las comisiones a percibir por CDC-PDE-Cat. Según las informaciones publicadas, la Fiscalía Anticorrupción considera que Gordó, consejero de Justicia de Mas, actuó como ‘conseguidor o recaudador’ y fue la persona que negociaba las adjudicaciones de obras a cambio de obtener el 3 % para el partido. En concreto, se mencionan las obras del Consorcio de Educación, trabajos en un dique en el Puerto de Barcelona, la mejora de la carretera C-55, la plaza de les Glòries en Barcelona y un instituto en Manresa (Barcelona).

Mas y Gordó, consejero de Justicia y ‘conseguidor’.

Gordó defiende la secesión de Cataluña y el pancatalanismo en la Universitat Catalana d’Estiu.

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