Con la Constitución

Texto de mi editorial en el programa El Salero de Toni Guerrero, Metro FM y Kooltura Radio, el 2 de diciembre de 2018.

Hoy, me toca hablarles de la Constitución, una querida compañera con la que tengo una vieja cuenta pendiente. Como casi todo el mundo sabe, el 6 de diciembre de 1978 se celebró el referéndum en el que el pueblo español ratificó por abrumadora mayoría (cercana al 90%) la Constitución que nuestros representantes en Las Cortes habían acordado y aprobado unos meses antes. A las 11:05 de la víspera, mi padre falleció en el hospital Miguel Servet de Zaragoza. Fue una noche muy triste y más triste incluso fue el día siguiente cuando trasladamos a mi padre para enterrarlo en Calatayud, mi queridísima ciudad natal. No hubo tiempo para ir a votar aquel día amargo, así que siempre me quedará pendiente esta cuenta personal con la Constitución. No deja de ser una irónica paradoja que de toda mi familia, mi padre fuera el único que votó (lo había hecho por correo) en el referéndum, como también había votado con ilusión renovada en 1977, en las primeras elecciones democráticas desde la Segunda República.

El futuro Rey Juan Carlos cuando fue nombrado príncipe heredero.

Para evitar enojosos malentendidos quiero decirles que procedo de una familia que nunca se llevó bien con la dictadura de Franco. Teníamos buenas razones para ello. Mi padre pasó unos meses terribles en la cárcel de Calatayud, en zona nacional, entre noviembre de 1936 y mayo de 1937, y salvó la vida por los pelos. Muchos fueron quienes en aquellos días aciagos pasaron allí sus últimas horas antes de acabar tiroteados en la cuneta de un camino o en la valla del cementerio. Hasta 1942 en que un tribunal especial le levantó los cargos, estuvo bajo libertad vigilada. No obstante, logró recuperar su modesto negocio al salir de la cárcel, casarse con su novia cuatro meses después de finalizar la Guerra Civil y formar una familia de tres hijos. Aunque yo, el único varón y el menor de los tres, nací ya 11 años después de finalizada la Guerra, mi familia nunca sintió aprecio alguno por los aires de cruzada que impregnaban la realidad cotidiana y surcaban las ondas radiofónicas. Así que cada noche, cuando terminaba el rancio Diario Oficial de las 10 de la noche, mi padre sintonizaba Radio París en onda corta para tener noticias de la otra España.

Los padres de la Constitución.

¿Qué significa para mí (y deseo que para muchos otros compatriotas) la Constitución Española después de cuatro décadas? Libertad, concordia y prosperidad, tres palabras que me atrevo a afirmar los españoles no habíamos conjugado simultáneamente nunca hasta 1978. Hubo, sí, algún breve período de nuestra historia en que los españoles consiguieron ver reconocidos sus derechos individuales y colectivos en una constitución, pero desafortunadamente fueron tiempos en que la concordia y la prosperidad brillaron por su ausencia y pronto el invento se fue al garete. Los agudos conflictos sociales que se desataron en la Segunda República,  llevaron a las élites políticas a buscar soluciones autoritarias, pócimas mágicas con impronta socialista, estalinista o fascista. Un desastre político y social que desembocó en una cruel y cruenta Guerra Civil y una dictadura de casi 40 años.

La fábrica de Seat en 1955.

Y hubo también un momento de nuestra historia, desde el inicio de la década de los años 60 y hasta la muerte de Franco, en que los españoles disfrutamos de un período prolongado de relativa prosperidad económica, pero en el que la aparente armonía social era una ficción impuesta por las élites dominantes siempre atentas a detectar cualquier atisbo de disidencia y a reprimir con dureza cualquier demanda de libertad. Tuve la suerte de que mi adolescencia y juventud coincidieran con ese momento de prosperidad que cambió la faz de la sociedad española y propició, pese a todas las resistencias del régimen franquista, una tímida relajación de las costumbres y hasta de la férrea censura. Prosperidad con libertad vigilada e impuesta concordia resume perfectamente la vida social de aquella época.

Fraga y Carrillo, símbolos de una reconciliación imposible, hoy cuestionada por algunos.

El significado profundo de la Constitución Española de 1978 es precisamente haber sentado las bases de la reconciliación entre  las dos Españas enfrentadas que Antonio Machado inmortalizó en unos versos popularizados más tarde en una canción de Serrat. Ningún españolito ha necesitado desde entonces solicitar la mano piadosa de Dios para impedir que una de las dos Españas le helara el corazón. Me emociona pensar lo feliz que se habría sentido Don

Don Antonio Machado.

Antonio si hubiera podido vivirlo con nosotros. El abrazo entre Fraga Iribarne y Carrillo, con Suárez y González actuando de testigos de excepción, abrió las puertas y ventanas del edificio, permitió renovar el aire viciado, y nos adentró en el período de mayor libertad, armonía social y prosperidad de nuestra Historia. Y durante cuatro décadas, los españoles hemos podido elegir a nuestros legisladores y gobernantes, sin que la crispación entre bandos llevara la sangre al río o se convirtiera en un obstáculo insuperable para mejorar el nivel de vida.

La cúpula de Podemos.

Algunos políticos y bastantes ciudadanos mal criados parecen no haber comprendido lo insólito de estos cuarenta últimos años. Unos, no sé si por mera ignorancia o estúpido resentimiento, se permiten despreciar los enormes progresos logrados en todos los órdenes de la vida política, social y económica desde 1978, y agitan sin pudor alguno la bandera de la confrontación cainita. Otros, engreídos bisoños con dientes de leche, piensan que la Constitución después de 40 años necesita ser actualizada y quieren dejar en ella su juvenil impronta. Unos y otros no parecen haber reparado en las enormes dificultades que hubieron de superar sus padres o abuelos para acordarla. Basta con constatar la imposibilidad de alcanzar un acuerdo para reformar el sistema educativo para comprender la enorme dificultad que entraña reformar la Constitución y lograr un apoyo tan abrumadoramente mayoritario como recibió en su día la Constitución.

Ciudadanos refrendando la Constitución el 6 de diciembre de 1978.

Claro que la Constitución Española no es perfecta ni la sociedad española un idílico oasis, sería ridículo pensarlo. Ahora bien, lo que intento decirles es que esas imperfecciones y problemas no se resuelven con propuestas ingenuas que pretenden hacer tabla rasa con el pasado sin reparr en que el pasado, nos guste o no, hay que asumirlo sencillamente porque sucedió y es inamovible. Nadie puede ya cambiar lo ocurrido durante la Segunda República, la Guerra Civil, la dictadura franquista, la Transición ni en las cuatro décadas vividas bajo la Constitución de 1978. En todo caso, los ciudadanos españoles tendrán, gracias a esa Constitución, la última palabra y no pierdo la esperanza de que a los más jóvenes no los deslumbre la demagogia populista imperante. De momento, sepan que tenemos la mejor Constitución que hemos tenido nunca, así que sólo puedo desearle hoy una muy larga vida.

Puigdemont posa mofándose de los cinco requerimientos del Tribunal Constitucional para que abandonase el plan de realizar un referéndum de autodeterminación como paso previo para constituir una respública independiente.

 

Anuncios

Deja un comentario

Archivado bajo Nacionalismo, Política nacional

PGE 2019: viaje de ida y vuelta a Bruselas

Artículo publicado en el diario Expansión el 24-25 de noviembre de 2018.

Con el título “Europa advierte: Más Mercado Único, menos desigualdad”, el eurodiputado Enrique Calvet del grupo ALDE organizó un encuentro en la sede del Parlamento Europeo en Barcelona el pasado 29 de octubre. El objetivo central del encuentro fue examinar las recomendaciones de política económica del Consejo Europeo a España para el segundo semestre de 2018. En mi ponencia, titulada “Recomendables recomendaciones de política económica de la UE a España”, pasé revista a las recomendaciones del  Consejo en materia de déficit y deuda y transparencia presupuestaria, así como muchas otras de orden más general sobre el mercado laboral, educación e investigación, medio ambiente, políticas sociales, coordinación de las Administraciones, etc., ámbitos muchos de ellos donde la transferencia de competencias a las Comunidades Autónomas y la proliferación de normas autonómicas han resquebrajado la deseable unidad de mercado.

La parte final de mi intervención la dediqué a explicar ante Barbara Kaufman, Directora de Empleo y Gobernanza de la Comisión que abrió la sesión, por qué las instituciones europeas deberían estar muy preocupadas por el Plan presupuestario 2019 y remisión trimestral de información remitido por el Gobierno Sánchez el 15 de octubre. De ahí que a nadie le sorprendió que la Comisión, apenas tuvo acceso al borrador de PGE, enviara una carta al Gobierno el 19 de octubre solicitando aclaraciones sobre su contenido. Las ministras Montero y Calviño se  aprestaron a restar importancia al requerimiento de información adicional solicitada por la Comisión, e intentaron presentarlo como lo que no era: mero requerimiento de carácter ‘técnico’ que no cuestionaba las líneas generales del Plan presupuestario. Pero lo cierto es que una vez suministradas por el Gobierno las aclaraciones pertinentes, el veredicto de la Comisión, conocido el 21 de noviembre, ha sido claro y tajante: el Plan del Gobierno incumple las recomendaciones hechas a España en materia de déficit y deuda, y, me atrevo a añadir, que la insatisfacción va más allá de las discrepancias habituales sobre previsión de ingresos y estimación de gastos.

Presupuestos borrosos e inquietantes

Sede de la Comisión Europea en Bruselas.

Casi un mes antes de conocer el dictamen de la Comisión de 21 de noviembre, advertía que el  Plan presupuestario enviado a Bruselas, además de presentar defectos formales sustantivos en materia de previsiones para 2020 y 2021 e incluso algunas incoherencias aritméticas (columnas que no sumaban el total), contemplaba un aumento del gasto primario neto nominal (Gasto Total menos la suma de intereses, gastos financiados plenamente por la UE y cambios no discrecionales en las prestaciones a desempleados) del 1,7% y una reducción del déficit estructural del 0,4% del PIB en 2019, bastante alejadas del aumento del gasto primario del 0,6% y del ajuste del déficit estructural del 0,65%  del PIB (8.200 millones) recomendados. Entrando en más detalle, el Plan presupuestario de Sánchez es, pese a sus 63 páginas, bastante más parco a la hora de informar sobre la evolución de las variables macroeconómicas y presupuestarias que el plan de Actualización del Programa de estabilidad y del plan presupuestario 2018 remitido por el gobierno de Rajoy en abril, un documento de 114 páginas que incluía el escenario macroeconómico detallado para 2018-2021 y previsiones minuciosas de ingresos y gastos del Estado. Además, el Plan de Sánchez incluye unas previsiones de aumento de ingresos que, además de ser optimistas, exigirían reformar varias normas tributarias, redactar y aprobar otras nuevas que difícilmente podrían entrar en vigor antes del 1 de enero, e intensificar muy sustancialmente la lucha contra el fraude fiscal.

Sánchez e Iglesias en La Moncloa cerrando el acuerdo de PGE 2019 el 11 de octubre de 2018.

Pero quizá lo más preocupante del Plan enviado a Bruselas era la alargada sombra que proyectaba el Acuerdo de Presupuestos Generales del Estado 2019: presupuestos para un estado social firmado por Sánchez e Iglesias el 9 de octubre. El texto del Acuerdo de 50 páginas está subdividido en 14 bloques, los 12 primeros (pp. 2-41) dedicados a exponer la infinidad de medidas acordadas sobre pensiones, estado de bienestar y dependencia, vivienda, empleo, trabajadores autónomos, familias, ciencia, igualdad de género, Ayuntamientos, energía, calidad democrática y cultura, y los 2 últimos bloques (pp. 42-50) a indicar los recursos adicionales previstos para financiarlas.

Iglesias en la prisión de Lledoners tras reunirse con Junqueras el 19 de octubre de 2018 en su fútil intento por desatascar la tramitación de los PGE.

El importe total de las 17 medidas incluidas en el Acuerdo cuyo impacto presupuestario se cuantifica (aunque nadie sabe con qué rigor) asciende a 4.595 millones, cifra que supera los 4.495 millones de ingresos adicionales que figuran en el Plan presupuestario del Gobierno enviado a Bruselas y que, no olvidemos, incluye partidas tan etéreas como 828 millones más de ingresos provenientes de la lucha contra el fraude fiscal. Por otra parte, los 3.383 millones de aumento de salarios y equiparación salarial (acordados con las organizaciones sindicales y los sindicatos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad) que sí están incluidos en el Plan del Gobierno no figuran en el Acuerdo con Podemos. A la vista de estas contradicciones, no se puede afirmar que el aumento del gasto contemplado en el Plan presupuestario del Gobierno incluya todas las medidas cuantificadas en el Acuerdo con Podemos. Además de las 17 medidas mencionadas, dicho Acuerdo detalla un rosario de medidas que potencialmente aumentarían el gasto de las distintas Administraciones y cuya puesta en marcha se deja deliberadamente en el limbo para evitar contabilizarlas en el marco presupuestario. Pero figuran en el Acuerdo y no tengan ninguna duda de que la intención de Iglesias sería activarlas en cuanto los PGE 2019 fueran aprobados.

Preocupación en Bruselas

Iglesias pisando fuerte antes de entrar al ‘saloon’ con el apuntador cuchicheándole algo al oido.

No descubro San Salvador al decir que el Gobierno ha incumplido reiteradamente los objetivos de déficit acordados con Bruselas, año tras año desde 2008. Primero, fue la necesidad imperiosa de atender las urgencias derivadas de la recesión económica y la crisis financiera, y más tarde la tentación de bajar impuestos y aumentar algunos gastos para mejorar las perspectivas electorales.  El caso es que el momento de equilibrar las cuentas y contener la deuda se ha ido retrasando sine die, dejando siempre los deberes para el curso siguiente. Sánchez ha hecho honor a esta regla no escrita al incluir en su Plan

Gráfico deuda pública de España 2016.

presupuestario un recorte de tan sólo cuatro décimas en el ratio déficit/PIB en 2018 (de 3,1 a 2,7) pero comprometiéndose a reducirlo en 9 décimas (de 2,7 a 1,8) en 2019, a pesar de  que el propio Gobierno, la Comisión, el FMI y la OCDE prevén una desaceleración del crecimiento del PIB el próximo año, y a pesar del aumento del gasto que contemplan el Plan del Gobierno y el Acuerdo con Podemos.

Las ministras Montero, Celaá y Calviño presentando el borroso e inquietante borrador de PGE 2019.

Hace unos días, escuché al presidente Sánchez expresar durante su intervención en un foro económico que una de sus mayores preocupaciones es el legado de deuda que vamos a dejarles en herencia a los jóvenes. Pues bien, ahora tiene la posibilidad de materializar esa preocupación rectificando el Plan presupuestario del Gobierno para equilibrar las cuentas lo antes posible y reducir la deuda. Me he referido antes a los malos estudiantes que prometen esforzarse el curso

Sánchez tenso en el Congreso en plena descomposición de la mayoría de populistas, secesionistas, nacionalistas vascos y  que lo aupó a La Moncloa.

próximo. Completaré esta imagen con la del cazador que vende la pieza antes de cazarla. Aunque no comparto la idea de que aumentar el gasto corriente (pensiones, prestaciones desempleo, sanidad, educación, seguridad, infraestructuras, etc.) sea algo intrínsecamente malo, sí considero perjudicial y engañoso enjuagarlo en años de bonanza emitiendo deuda. Así que mi recomendación presupuestaria a Sánchez mientras dure la legislatura sería ésta: aumente la recaudación, reduzca el déficit y la deuda, y luego, si queda algo en la caja, vea cuál es la forma más provechosa de emplear el remanente.

Gráfico deuda pública de España Expansión hasta 2018.

 

Deja un comentario

Archivado bajo Economía, Nacionalismo, Política nacional

Rufián degrada (aún más) el debate político

Editorial para el programa El Salero que dirige Toni Guerrero en  Radio Internacional el 25 de noviembre de 2018.

La crispación vivida en el Congreso estos días, queridos oyentes, ha superado con creces las descalificaciones mutuas que habitualmente se dedican los portavoces del partido en el Gobierno y los partidos de la oposición. El incidente que ha sido objeto de tantos comentarios y editoriales en los medios de comunicación se produjo el pasado miércoles durante la sesión de control en el Congreso. Era el turno de preguntas al Gobierno, cuando el diputado Rufián, representante de Esquerra Republicana de Catalunya, se dirigió a Borrell, ministro de Asuntos Exteriores empleando un lenguaje tan inadecuado y una gesticulación tan grosera que resulta difícil resistirse a la tentación de hacer la broma fácil de calificar la actitud del diputado con su propio nombre: rufián.

Rufián da un abrazo fraternalmente republicano a Junqueras ante un extasiado Tardà

Desmenucemos lo sucedido. Empezó su intervención el diputado de Esquerra pidiendo al ministro Borrell que lo mirara muy bien para que pudiera escuchar sus palabras: “usted es el ministro más indigno de la democracia española y los ha habido muy indignos, usted no es un ministro, usted es un hooligan, una vergüenza para su grupo parlamentario más que nada porque es un militante de Sociedad Civil Catalana, una vergüenza… porque es una organización de extrema derecha”. No contento con faltar a la verdad, continuó Rufián acusando al ministro Borrell de mofarse de su grupo parlamentario, aludiendo a la diferencia entre el presupuesto que maneja el Ministerio de Asuntos Exteriores (1.500 millones) y el de la Consejería de ‘exteriores’ del gobierno de Puigdemont (60 millones), cuyo anterior titular, el Sr. Romeva, está encarcelado, no gratuitamente como, cree el diputado Rufián, sino por participar en el golpe de estado que culminó con la proclamación de la república catalana en el Parlament de  Cataluña el 27 de octubre de 2017. Asimismo, acusó a Borrell de mofarse en un mitin del Sr. Junqueras, encarcelado también por el mismo motivo que Romeva: intentar dar un golpe de estado. Finalizó Rufián su intervención pidiendo la dimisión del Ministro.

Borrell y Rufián en el Congreso el 21 de noviembre de 2018.

En su respuesta, el ministro le dijo al diputado que  pensaba que iba a hacerle alguna pregunta sobre la política exterior del Gobierno de España, pero, continúo Borrell, “una vez más usted ha vertido esa mezcla de serrín y estiércol que es lo único que usted es capaz de producir”. Rufián interrumpió en ese momento al orador y tras ser advertido dos veces por Pastor, la Presidenta del Congreso que le instaba a sentase y a guardar silencio para que el Ministro pudiera acabar su intervención, expulsó al diputado de Esquerra. Todos los diputados del grupo encabezados con Rufián a la cabeza abandonaron el hemiciclo en ese momento, y uno de ellos, el Sr. Salvador, escupió al Ministro al pasar por delante de él , según hizo notar allí mismo el propio Borrell.

Todo este triste asunto me lleva a formular dos comentarios. El  primero es que Borrell no acertó con las dos palabras, serrín y estiércol, que eligió a botepronto el Ministro para referirse con lógico desprecio a la intervención de Rufián. Ambos productos son, en mi opinión, demasiado nobles para aplicárselos a una intervención tan cínica, malévola y ruin. El serrín, quiero recordar, fue un producto muy apreciado que se vendía en las carpinterías y los comerciantes empleaban para espolvorearlo por el suelo de los comercios y patios y poder fregarlos sin levantar polvo, así como para tapar las rendijas por las que entre las tajaderas y los quicios de las puertas se colaba el agua que bajaba por barrancos y rieras cuando se producían trombas de agua. En cuanto al noble estiércol, quiero recodar cuánto lo apreciaban los agricultores para la calidad de la tierra como este abono natural. Así que serrín y estiércol son dos piropos que no merecía la penosa intervención del diputado Rufián.

Mi segundo comentario se refiere a la degradación del debate político que apuntaba el propio Borrell en su intervención. La democracia es, como casi todo el mundo acepta, el mejor de los sistemas de gobierno porque permite echar a los males gobernantes. Pero tiene, como todo el mundo es consciente también, un importante defecto: no garantiza que los gobernantes elegidos por los ciudadanos en las urnas estén preparados para resolver los problemas de la sociedad, ni tampoco que sean honrados, y todavía menos que se preocupen, una vez elegidos, por mejorar el bienestar de sus representados. Con demasiada frecuencia constatamos que carecen de la preparación más elemental necesaria para desempeñar sus cargos, y se ha convertido en algo frecuente que mientan descaradamente y hasta que metan la mano en la caja.  

Y ya para terminar esta reflexión del domingo 25 de noviembre de 2018, les propongo como ejercicio a los oyentes que imaginen cómo sería la Real Academia Española (de la Lengua) si los académicos fueran elegidos por los ciudadanos en votación popular, en lugar de ser elegidos en votación por los propios académicos tras examinar cuidadosamente los méritos de los potenciales candidatos. No tengo ninguna duda de que los ciudadanos elegirían a cantautores de dudosos méritos literarios y a autores de libros más bien mediocrs para ocupar bastantes de los sillones correspondientes a las letras mayúsculas y minúsculas de nuestro abecedario. Ahora les toca a ustedes sacar sus propias conclusiones.

RAE

Deja un comentario

Archivado bajo Nacionalismo, Política nacional

El Gobierno pierde fuelle (y resopla)

Artículo publicado en el diario Expansión el 22 de noviembre de 2018.

Sánchez e Iglesias en La Moncloa cerrando el acuerdo de PGE 2019 el 11 de octubre de 2018.

Que los esfuerzos realizados por el presidente Sánchez y el diputado Iglesias para sacar adelante los PGE de 2019 estén ahora encallados y puedan terminar en un sonado fracaso, constituye una excelente noticia para los ciudadanos a los que nos preocupa, incluso más que las escasas y polémicas iniciativas adoptadas por Sánchez durante estos meses, la extrema debilidad del Gobierno. De nada le ha servido al emisario Iglesias entrevistarse con (Lazi)Torra en Barcelona en junio, ni acudir (sin antorcha) a la prisión de Lledoner en octubre para negociar no se sabe muy bien qué con el golpista Junqueras –sí Sr. Sánchez, rebeldes golpistas como usted los calificaba antes de ganar la moción de censura con su apoyo–, ni ‘interlocutarse’ telefónicamente con el fugado y locuaz Puigdemont en Waterloo hace unos días. Todos sus desvelos han sido en vano.

Iglesias en traje de faena a la puerta de la prisión de Lledoners tras reunirse con Junqueras el 19 de octubre de 2018.

Ni el ofrecimiento de más recursos y nuevas transferencias de competencias al gobierno de la Generalidad, ni la rebaja de rebelión a sedición de la pena solicitada por la Abogacía del Estado a los golpistas encausados por el Tribunal Supremo, ni la petición de Iglesias al Gobierno de “moverse” para indultar a los golpistas encarcelados o fugados han logrado variar el signo del puñado de desleales votos secesionistas. Entretanto, los golpistas y sus epígonos (Torra, Artadi, Torrent, Aragonés, etc.) siguen a lo suyo: adoptando resoluciones inconstitucionales como la reprobación del Jefe del Estado aprobada recientemente en el Parlament de Cataluña; creando órganos manifiestamente inconstitucionales como el llamado ‘consejo por la república’ con funciones de

PDeCAT y ERC presentan una resolución para reprobar al Rey en el Parlament el 9 de octubre de 2018.

“gobierno catalán paralelo”, presidido para mayor escarnio de nuestro Estado de derecho por el fugadoPuigdemont; y, en fin, exigiendo a Sánchez que la Fiscalía retire todos los cargos contra los golpistas a cambio de su apoyo a los presupuestos,  ya que, según el acreditado penalista Torra, “la única sentencia justa será la absolución”. Exigencia, por cierto, un tanto incomprensible cuando en su mano está poner en libertad a los presos ‘políticos’ y hacer efectiva de una vez por todas la dos veces ya proclamada república. ¿A ver si es que le ha pillado gusto al cargo y no está dispuesto a seguir los pasos de su mentor hacia Waterloo?

Iglesias felicita a Sánchez al finalizar la moción de censura el 1 de junio de 2018.

Sánchez ganó la moción de censura el 1 de junio, con apoyo de ‘podemitas’, nacionalistas vascos, secesionistas catalanes (ERC y PDeCAT) y los herederos de la extinta ETA (EH-Bildu), y formó un Gobierno monocolor ni mejor ni peor en conjunto que otros anteriores. El asunto que nos preocupa a muchos ciudadanos no son los atributos personales y los méritos profesionales de los miembros del Consejo de Ministros, sino su capacidad para plasmar en los presupuestos del Estado un programa de gobierno razonable, no mediatizado por las imposibles demandas de sus avalistas. Cualquier persona a quien no le ciegue una ambición personal desmedida reconocería de inmediato que con 84 diputados y el apoyo muy medido de los 71 diputados de Podemos, el PSOE no está en condiciones de gobernar a los españoles.

.

Puigdemont y Junqueras celebrando el golpe de estado en el Parlament el viernes 27 de octubre de 2017. Junqueras está en la cárcel de Lledoners pero Puigdemont se fugó dos días después de proclamar la república, engañando incluso a sus más cercanos colaboradore a quines pidió que se personaran en los centros de trabajo el lunes.

Ningún demócrata puede cuestionar la legitimidad de ningún diputado (ni siquiera de los secesionistas), ni arrojar sombras de duda sobre la elección de Sánchez que cumplió escrupulosamente todos los requisitos formales exigidos por la Constitución. Ahora bien, ello no nos impide reconocer que una consecuencia incontestable del cómo se produjo dicha elección es que el Gobierno quedó a merced de partidos que, como ERC y PDeCAT, han convertido en hábito en los últimos años saltarse la Ley y vulnerar la división de poderes y competencias de nuestro ordenamiento constitucional. Y buena prueba de esa debilidad intrínseca del Gobierno, Sra. Calvo, es que la Abogacía del Estado, un órgano dependiente del Ministerio de Justicia, haya retirado la acusación de rebelión a los golpistas –calificación sobre la que, como le recordaba a usted un periodista hace unos días, Sánchez-Secretario General no albergaba ninguna duda hasta pocos días antes de instalarse en La Moncloa–, y la haya rebajado a sedición y malversación de caudales. A este proceder, algunos lo llaman peaje; otros bajarse los pantalones o, perdón, las faldas en este caso.

Torra anuncia que retira el apoyo en el Congreso a Sánchez el 3 de noviembre de 2018.

Con independencia de los méritos (o demritos) de los PGE-2019 acordados con Podemos, la negativa definitiva de los partidos golpistas a votarlos, escenificada en una comparecencia de Torra en el Parlament, pone de manifiesto la extrema precariedad del Gobierno de Sánchez. El Presidente está ahora obligado a confrontar la realidad parlamentaria, y elegir entre prorrogar los presupuestos de Rajoy haciendo retoques ‘puntuales’ para mantenerse en el poder unos meses más, o convocar elecciones para dar la palabra a los ciudadanos. Iglesias ya ha manifestado su preferencia por ir

Calvo, vicepresidenta del Gobierno de España, y Aragonés, vicepresidente del gobierno de la Generalitat.

a elecciones. Y es que sin un presupuesto marcado con su impronta, resultaría suicida para la formación morada continuar apoyando al Gobierno. Elegir como socios preferentes a populistas que abominan del ‘régimen del 78’ y a secesionistas confesos cuyo único objetivo es lograr la independencia de Cataluña (y El País Vasco y Navarra) constituye una apuesta peligrosa, pero no contar ni tan siquiera con su apoyo sólo puede agudizar la inestabilidad política y la inseguridad jurídica en que estamos instalados desde hace cinco meses, un entorno nada favorable para prolongar la bonanza económica de los últimos cinco años. Tras resistirse como gato panza arriba, el ministro Ábalos ha dejado entrever que podría haber elecciones generales a la vista, coincidiendo con las municipales. Una buena noticia que el propio Sánchez ha confirmado.

Deja un comentario

Archivado bajo Economía, Política nacional

El Ejército recupera la voz

Sorprendente e inquietante resultó la decisión adoptada por Robles, ministra de Defensa, de dejar al Ejército fuera del Salón de la Educación que se celebrará en Barcelona en marzo de 2019, una cita a la que nuestras Fuerzas Armadas han acudido puntualmente cada año desde 2001, con gobiernos de distinto signo político, para explicar los programas formativos y las oportunidades de trabajo que ofrecen a los ciudadanos. Incluso más llamativa, encontré, la justificación esgrimida por el Ministerio para justificar dicha ausencia: ‘razones técnicas’. No alcanzo a comprender a qué dificultades insuperables se enfrentaba el Ministerio, acostumbrado a realizar complejas misiones internacionales en zonas conflictivas para enviar un reducido equipo informativo a la ciudad condal a repartir folletos y responder preguntas. ¿Una epidemia de afonía anticipada, tal vez?

No, no era eso. Al parecer, la renuncia de Defensa a participar en el salón pretendía apaciguar a Colau, la militante antimilitarista alcaldesa de Barcelona a la que el mero hecho de estar en la cercanía de un uniforme le dispara la tensión arterial, le provoca erupciones y sarpullidos en su rostro y hasta deformaciones severas de la testa en caso de prolongarse el contacto. Colau ya hizo gala de su antimilitarismo de salón el año pasado cuando le dijo al amable coronel que la atendía que “nosotros le pedimos como Ayuntamiento que no haya presencia militar en el salón”. Fuera del recinto, un par de decenas de individuos malcarados, probablemente enviados allí por En Comú Podem, el partido de Colau, pedían a gritos la expulsión de Cataluña de las “fuerzas de ocupación”. Todo en la línea seguida por la ignorante alcaldesa que ordenó retirar de la sala de plenos el busto del Rey que promovió la transición de la dictadura a la democracia en España, al tiempo que ordenaba desplegar una pancarta en el balcón del Ayuntamiento para pedir la liberación de los políticos golpistas.

Me alegra comprobar que se han podido solventar a tiempo las dificultades ‘técnicas’ que impedían al Ejército participar en el Salón de la Educación 2019, no antes de que la decisión produjera malestar en Defensa y las reacciones airadas del PP y Ciudadanos. Espero que la sabia decisión permita a los ciudadanos recibir de primera mano información sobre la oferta formativa de un Ejército cuyos soldados, suboficiales y oficiales desempeñan con frecuencia ingratas y arriesgadas tareas dentro y fuera de España. En cuanto a Colau, me permito aconsejarle que haga cuanto esté en su mano para evitar la próxima primavera entrar en contacto con botones, gorras, botas, casacas, galones y medallas. Claro que también se me ocurre sugerirle que, para rememorar viejos tiempos, aparezca en el Salón disfrazada de superheroína de las hipotecas, y látigo en mano expulse a las ‘fuerzas de ocupación’ del recinto ferial. Hace tiempo que, como su amigo Iglesias, la veo demasiado acomodada al buen yantar y vivir.

 

Deja un comentario

Archivado bajo Política nacional

Nueva entrada sobre “El lío de las hipotecas”

Editorial del 11 de noviembre de 2018 en el programa “El Salero”, dirigido por Toni Guerrero, en Radio Internacional.

“El lío de las hipotecas” es el título del artículo que publico este fin de semana en el diario Expansión. Las personas interesadas pueden leerlo también en mi blog, tecleando el título del artículo y mi nombre, Clemente Polo, en Internet. Primero, voy a intentar explicar sucintamente a los oyentes en qué consiste el lío de las hipotecas. A continuación, me referiré a las desaforadas reacciones que ha suscitado la sentencia del TS entre  prestatarios, líderes de partidos políticos y, sobre todo, el mismo Gobierno de España, y les diré por qué, como economista, estoy en total desacuerdo con estas expresiones y apelaciones a los instintos más bajos (que paguen otros) y devuelven la política a su forma más primitiva y grosera: gritar (o golpear) más o con más fuerza que tu vecino.

Lesmes, presidente del TS, pide perdón y aconseja al Gobierno cambiar la norma sobre actos jurídicos documentados el 7 de noviembre de 2018.

El Tribunal Supremo ha conseguido liarla parda al publicar en el mismo año tres sentencias contradictorias. Hasta el 17 de octubre, las sentencias del TS mantenían el criterio aplicado desde 1995 de que fuera el adquirente de un inmueble quien abonara el impuesto sobre actos jurídicos documentados, un gravamen relativamente menor que supone un desembolso de entre 0,5 y 1,5 por ciento del precio de la compraventa, según las CC. AA. Pues bien, la sentencia de 17 de octubre de la sección segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo mantenía que la obligación de ingresar el impuesto recaía sobre la entidad financiera, esto es, el prestamista, en lugar del prestatario como había sido habitual. De los seis magistrados, 4 votaron a favor, uno en contra y otro incluyó un voto particular.

Sede del Tribunal Supremo en Madrid.

Ante la inseguridad jurídica y la incertidumbre económica originada por el súbito cambio de criterio, el Tribunal Supremo decidió congelar la sentencia y convocar el pleno de la Sala para estudiar la situación creada. Entretanto, las entidades financieras perdieron cerca de 6.000 millones en Bolsa ante la perspectiva de tenerse que hacer cargo del impuesto incluso con carácter retroactivo. Tras dos días de deliberaciones, el plenario de la Sala del TS decidió el 6 de noviembre por un estrecho margen de 15 a 13 mantener la interpretación tradicional de modo que sea el prestatario quien asuma el pago del impuesto. Las reacciones al nuevo cambio de interpretación del TS no se hicieron esperar. Las asociaciones de consumidores, los tenedores de hipotecas y algunos partidos políticos emitieron gruesas descalificaciones del TS (vendido a la banca) y exigieron al Gobierno una inmediata rectificación. El presidente Sánchez salió inmediatamente a escena el 7 de noviembre y prometió reformar el impuesto para que a partir de ahora lo pague la banca. Dicho y hecho, el Consejo de Ministros aprobó el 8 de octubre un Real Decreto Ley que si bien debe ser validado en el Congreso, entró en vigor ayer mismo, 10 de noviembre.

Dos cosas quiero dejarles claras.

Ciudadanos protestando ante la sede del Tribunal Supremo.

Primera, la gestión del TS ha sido lamentable. No puede la más alta instancia de nuestro sistema judicial cambiar de criterio tres veces en unos meses. En mi opinión, el primer disparate fue cambiar la interpretación de una norma después de 23 años de haberla aplicado sin cuestionarla. Si la norma, como algunos mantienen, es injusta, habrá que aceptar que lo ha sido durante los gobiernos de González, Aznar, Zapatero, Rajoy y hasta del propio Sánchez. Y si la norma presenta ambigüedades y es susceptible de interpretaciones contradictorias, como también se ha dicho para justificar el cambio de interpretación, el TS y el CGPJ deberían haberlo advertido al Ejecutivo para que procediera a clarificar la ley. Pero en ningún caso debería haber cambiado la interpretación sin advertir sus consecuencias y mucho menos dejar abierta la puerta a una aplicación retroactiva que podría haber originado un enorme perjuicio a las entidades financieras que realizan una función esencial para que fluya el crédito y funcione la economía.

Sánchez anunciando que el impuesto lo pagarán los bancos el 8 de noviembre de 2018.

Segunda, Sánchez y Rivera se equivocan cuando dicen que este impuesto lo pagarán los bancos. Lo pagarán los clientes de los bancos de una forma u otra. Una cosa es quien realiza el ingreso del impuesto, que va a ser la banca tras el cambio de la ley, y otra cosa muy distinta sobre quién recaerá. Los bancos asumirán el pago del impuesto que pasará a ser un coste más de las entidades financieras y que, al igual que los salarios de los empleados, los costes de los equipos informáticos y los cajeros automáticos serán repercutidos en los precios de los servicios bancarios. No tengan ninguna duda al respecto: las entidades financieras ingresarán el impuesto a partir del lunes, pero elevarán algo los tipos de interés que pagamos por los créditos para resarcirse. Cuando Sánchez y Rivera nos dicen que el impuesto lo pagarán los bancos, están haciendo populismo económico, una forma algo pedante de decir que nos están dando gato por liebre, o simplemente que están engañando a los españoles diciéndonos lo que deseamos oír aunque no sea cierto. Si realmente les preocupara el bienestar de los consumidores a lo mejor eliminaban el impuesto de transmisiones patrimoniales que supone entre el 8 y el 10 por ciento del precio de compraventa, según las CC. AA.

CaixaBank celebra su primer consejo en la sede del antiguo Banco de Valencia.

Deja un comentario

Archivado bajo Economía, Política nacional

El lío de las hipotecas

Artículo publicado en el diario Expansión el 10 de noviembre de 2018.

Sede del Tribunal Supremo.

Como ciudadano y como profesional de la Economía, encuentro lamentable la inseguridad jurídica y la incertidumbre económica vivida durante las últimas semanas a cuenta del mal llamado impuesto de las hipotecas, como así lo denominó el presidente Sánchez en su comparecencia. Ningún Tribunal razonable puede cambiar súbitamente el criterio aplicado para interpretar una norma después de varias décadas, y, mucho menos, hacerlo dejando incluso abierta la puerta a su aplicación retroactiva, un auténtico disparate jurídico y económico. En el clima de confusión creado por la sentencia de la sección segunda de la sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo conocida el 18 de octubre, las asociaciones de usuarios de entidades financieras han mezclado la legítima denuncia de posibles malas prácticas y abusos de las entidades financieras con una cuestión completamente distinta, a saber, quien debe asumir el montante de los gastos notariales y registrales, e ingresar el impuesto sobre actos jurídicos documentados (IAJD) que conlleva la constitución (y cancelación) de un préstamo hipotecario. La salida a escena de Sánchez para anunciar la aprobación de un Real decreto para “que nunca más los españoles paguen este impuesto, que lo pague el sector financiero, la banca”, pone de manifiesto la inquietante deriva del presidente del Gobierno, dispuesto a arañar algunos votos haciendo suyo un discurso populista más propio de Iglesias –“un político que miente más que habla” y “el de Podemos que hace de la política la mentira”–, convertido de nuevo en socio preferente de Sánchez tras avalar la moción de censura que lo aupó a La Moncloa.

Sánchez e Iglesias en La Moncloa cerrando el acuerdo de PGE 2019 el 11 de octubre de 2018.

Gestión lamentable

En las últimas semanas, el mercado bursátil parecía un tobogán enloquecido. El 18 de octubre, las entidades financieras del IBEX-35 perdieron 5.300 millones, tras conocerse la decisión de seis magistrados de la sala segunda de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo de cambiar el criterio seguido hasta ahora que hacía recaer sobre el tomador de una hipoteca el pago del IAJD. Tras el impasse producido por la decisión del TS de revisar la decisión del tribunal en el plenario de la sala antes de fijar doctrina, las entidades financieras recuperaron buena parte del terreno perdido cuando el pleno decidió en una ajustada votación (15 a 13) reinstaurar el criterio tradicional. Pero, sin duda, el mal ya estaba hecho y la confusión creada por las contradictorias sentencias del TS ha dejado bastante tocada a la última instancia de nuestro sistema judicial.

Cotización de Bankia el 18 de octubre tras conocerse la sentencia del TS.

El final de este triste episodio lo protagonizó el presidente Sánchez quien, tras conocer el cambio de posición del TS, anunció la inmediata aprobación de un real decreto para reformar el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, con el propósito de que sean las entidades financieras a partir de ahora, no los prestatarios, quienes abonen el pago del impuesto. Dicho y hecho. El Consejo de Ministros celebrado el 8 de noviembre aprobaba la reforma y el presidente aparecía para advertir a las entidades financieras que no podrían deducirlo en la liquidación del impuesto de sociedades. Iglesias fue mucho más allá y reclamó que “la banca pague todo lo que debe” y “no sólo a partir de mañana” sino de forma retroactiva. Menos mal que no gobierna.

Sánchez anunciando que el impuesto lo pagará la banca el 8 de noviembre de 2018.

Populismo económico

Estos días, la hojarasca de los posicionamientos populistas ha tapado otras cuestiones mucho más relevantes desde un punto de vista económico. El IAJD supone entre el 0,5 y el 1,5 por ciento del importe de la compraventa según las Comunidades, y si creemos al presidente Sánchez y a la ministra Montero el impuesto lo pagarán las entidades financieras a partir de ahora. Pero, ¿será así?  Una cosa es quien aparece como sujeto pasivo en la norma tributaria, el prestamista tras el decretazo de Sánchez, y otra muy distinta quien acaba soportando el gravamen. A este respecto, conviene recordar que el mercado hipotecario es muy competitivo y los márgenes de las entidades financieras –a diferencia de lo que ocurría hasta los años 90 del pasado siglo cuando los tipos de interés de los préstamos hipotecarios eran de dos dígitos– se han ajustado muchísimo en las últimas décadas. Por tanto, para que las entidades financieras puedan seguir realizando su papel de intermediarios financieros y concediendo créditos hipotecarios, los costes más elevados que soportarán al asumir el pago del IAJD se trasladarán a los clientes quienes, con toda probabilidad, tendrán que pagar un diferencial sobre el Euribor algo mayor. La noción de que las entidades financieras asumirán el coste del IAJD es tan absurda como la idea de que los salarios abonados a los trabajadores los soporta la empresa: no, los abona la empresa y los soporta el consumidor. (Por cierto, que eso ocurrirá con la anunciada subida del SMI a 900 € acordada por Sánchez e Iglesias. ¿Vigilará Sánchez a las empresas para que no suban los precios?)

Evolución del tipo de referencia (Euribor) de las hipotecas.

Resulta llamativo que el presidente Sánchez esté tan preocupado por quién paga el IAJD y no muestre preocupación alguna por quién paga el mucho más oneroso impuesto de transmisiones patrimoniales (ITP) que recae sobre las compraventas de viviendas de segunda mano, y supone un desembolso para el adquirente de entre el 6 y el 10 por ciento del precio de la compraventa, según la Comunidad donde tenga lugar la operación. El ITP es un gravamen en cascada (similar al desaparecido impuesto general de tráfico de empresas vigente desde 1964 hasta su sustitución por el IVA al entrar en la CEE en 1986) que soportan los compradores de viviendas usadas y que incrementa artificialmente el precio de los bienes en cada transacción, una cuestión muy relevante cuando los bienes tienen una larga vida económica, como es el caso de los inmuebles.

Otra cuestión que Sánchez ha ignorado olímpicamente son las medidas que podría adoptar la Administración para rebajar los restantes costes que conllevan la concesión, inscripción y cancelación de préstamos hipotecarios. Mi respuesta a bote pronto es que en este ámbito hay margen para reducir tanto las cuantías repercutidas por las entidades financieras a los clientes (tasación, comisiones de apertura y gestión, emisión de la carta de pago, etc.) como los gastos notariales y registrales resultantes de la obligación impuesta de elevar a escritura pública en los contratos hipotecarios e inscribirla en el Registro. Permítanme finalizar con una nota de humor. Hace unas semanas, un amigo se dirigió al notario para cancelar una vieja hipoteca y le presentó el documento emitido por la entidad financiera donde se reconocía que el préstamo había sido devuelto íntegramente en 1991. Pues bien, la pasante del notario exigió a mi amigo dirigirse a la entidad financiera para que ésta emitiera un documento con fecha actual, servicio por el que su banco tuvo a bien cobrarle 65 €. No hace falta decirles que el contenido del nuevo documento era literalmente idéntico al que mi atribulado amigo había guardado celosamente y presentado inicialmente en la Notaría. Así que al menos, mi amigo podría haberse ahorrado 65 € y muy probablemente bastantes más por los servicios del Notario (al que nunca vio) y la inscripción en el Registro.

Ciudadanos protestando tras conocerse la sentencia ante la sede del Tribunal Supremo

 

Deja un comentario

Archivado bajo Economía, Política nacional