El retablo de la corrupción de CDC

Artículo publicado en el diario Expansión el 21 de marzo de 2017

Millet y Montull en el banquillo. Ambos han confesado en la Audiencia de Barcelona que CDC recibía a través del Palau el 3 % de empresas a las que adjudicaba obras.

La semana pasada pudimos al fin escuchar las declaraciones de los tres saqueadores confesos del Palau de la Música en la vista oral que se está celebrando de Barcelona para decantar sus responsabilidades y las de los líderes de Convergencia Democràtica de Catalunya (CDC), el partido de Pujol, Mas y Puigdemont. Primero declaró el Sr. Millet, otrora poderoso amo del Consorci del Palau de la Música Catalana, la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música y la Associació Orfeó Català; a continuación lo hizo el Sr. Montull, gerente del Consorci y mano derecha del Sr. Millet; y, finalmente, declaró la Sra. Montull, hija del Sr. Montull y directora financiera. No deja de ser paradójico que la vista se esté celebrando en la Ciudad de la Justicia, una de las obras adjudicadas por Pujol y Mas en las que Millet y el Palau actuaron, según reconocieron, como recaudadores del famoso 3% para CDC.

Millet recibiendo de Pujol la orden de Sant Jordi.

Caso Palau-CDC

Gemma Montull.

Los tres imputados coincidieron en confirmar el papel de intermediarios que Millet y el Palau desempeñaron entre empresas que, como Ferrovial, patrocinaban la institución musical, y CDC, y confirmaron las sospechas de que las burdas prácticas contables e irregularidades manifiestas constatadas en la gestión del Palau y sus fundaciones no pudieron perpetrarse sin la connivencia de los líderes convergentes. En mi artículo “Dos bobos muy listos… y sus cómplices nacionalistas” publicado el 23 de noviembre de 2009, ya apuntaba que “los Sres. Millet y Montull tuvieron también que contar con la complicidad de todos los responsables de las Consejerías de Cultura y Economía y Finanzas de la Generalitat que ignoraron las relevantes irregularidades que presentaban las cuentas del Consorci y de la Fundació y las salvedades y anomalías recogidas en las auditorías y los informes de la Sindicatura de Cuentas” que fueron elevados al gobierno que presidía Pujol y del que Mas era su primer consejero. Las declaraciones del Sr. Montull ante el juez instructor relatando cómo se hacían pagos en metálico a orquestas y comisionistas revelaban unas prácticas inconcebibles en una institución semipública.

El Sr. Vilajoana, responsable de la Consellería de Cultura cuando se produjeron los hechos comentó que las advertencias fueron ignoradas porque “la Fundación del Palau tenía resultados positivos”. Al Capone también. Y el todavía honorable president Pujol achacó todo a un “gran despiste” muy sospechoso, añadiría, porque “mientras los dirigentes de Convergencia Democrática de Cataluña (CDC) sufrían ‘un gran despiste’, la Fundación Trías Fargas recibía fondos de la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música a cuenta de convenios de colaboración ficticios. Quizá Pujol organizaba cursos para los miembros del Orfeó  donde explicaba lo importante que era mantener la boca cerrada. Hoy sabemos que, además de los impostados convenios de colaboración, el Palau financiaba a CDC abonando facturas con gastos de campañas electorales y con la entrega de sobres con dinero que recogían el Sr. Torrent, tesorero de CDC fallecido en 2005, y el Sr. Osàcar, secretario personal de Mas (2000-2005) y tesorero de CDC y sus fundaciones Trias-Fargas y Cat-Dem desde 2005 hasta su imputación en 2011.

Mas abraza a su secretario personal (2000-2005) y tesorero de CDC (2005-2011), Daniel Osàcar, imputado por financiación ilegal de CDC, tras ganar las elecciones del 28N en 2010.

Turull, Homs y (Oriol) Pujol arropando a Osácar en dependencias del Parlament. Osácar fue consejero personal de Mas entre 2000 y 2005 y Tesorero de CDC desde 2005 a 2011.

Caso Pujol

No es éste el único frente judicial que tienen abierto los líderes de CDC. Está, en primer lugar, el proceso, todavía en fase de instrucción, contra la ‘famiglia’ Pujol al completo que ha ido creciendo desde que el padre desvelara en julio de 2014 que había mantenido una fortuna oculta al fisco en paraísos fiscales durante 34 años, y ha acabado con la imputación de todos los miembros del clan familiar, incluida la madre guardiana de las esencias de la catalanidad. La Fiscalía Anticorrupción imputa al primogénito, Jordi Pujol Ferrusola, constituir una organización criminal para delinquir y blanquear dinero. Resulta también paradójico que el hombre que vació Banca Catalana pero logró salir indemne envolviéndose en la bandera cuatribarrada haya acabado su vida política engullido por el fango de la corrupción estrellada.

Pujol abroncando a los diputados en su comparecencia en el Parlament en la que se negó a aclarar el origen de los fondos que mantuvo en paraísos fiscales durante 34 años.

El vals de Mas con Pujol en el último congreso de CDC, antes de la caída del padre fundador.

Pujol fue el mentor político y el hombre que pasó a Mas las claves de acceso al poder convergente hace unos años. Primero, lo puso al frente de la consejería de Política Territorial (1995-1997), encargada de decidir las adjudicaciones de obras públicas; más tarde, premió su buen hacer entregándole la consejería de Economía (1997-2001); y, por último, lo nombró primer Consejero en el último gobierno presidido por Pujol (2001-2003). Las declaraciones de Millet y Montull que implican a los tesoreros Torrent y Osàcar ponen de manifiesto que Mas ha mentido a los catalanes al negar repetidamente que su partido se financió exigiendo a las empresas la comisión del 3% que ya el president Maragall denunció en el Parlament de Cataluña en 2005.

Caso Vendrell

Viloca, tesorero de CDC y la fundación CAT-Dem, detenido por agentes de la Guardia Civil.

¿Qué ha ocurrido en los últimos años? ¿Rectificó CDC después de destaparse el caso Palau-CDC en julio de 2009? La causa que se está instruyendo en los juzgados del Vendrell a instancias de una denuncia realizada por una concejal de Esquerra Republicana de Catalunya en el Ayuntamiento de Torredembarra indica que el partido de Mas y Puigdemont siguió empleando las mismas prácticas ilícitas para financiarse tras ganar las elecciones autonómicas en 2010 y acceder de nuevo al gobierno de la Generalitat. La instrucción de esta causa ya ha producido la detención en dos ocasiones de Viloca, el tesorero de CDC que sustituyó a Osàcar tras su imputación en 2011. En los registros efectuados en la sede del partido se requisó abundante documentación, incluidos restos de documentos triturados que han podido reconstruirse y demuestran que altos responsables del partido de Mas se reunieron con directivos de empresas para negociar comisiones destinadas a financiar a CDC rebautizada como PDE-Cat.

Mas con Gordó, consejero de Justicia de Mas.

Según informaciones publicadas, la Fiscalía Anticorrupción considera que Gordó, consejero de Justicia de Mas, actuó como ‘conseguidor o recaudador’. En concreto, están bajo sospecha diversas obras adjudicadas por el Consorcio de Educación, trabajos en un dique en el Puerto de Barcelona, la mejora de la carretera C-55, la remodelación de la plaza de les Glòries cuando Trias era alcalde de Barcelona y la construcción de un instituto en Manresa. La Fiscalía investiga también la relación de Puigdemont con el empresario Bassols y la trama del 3% cuando era alcalde de Gerona.

Puigdemont, alcalde de Gerona, en su época de ‘recaudador’ con el empresario Bassols ‘fem país’ en el Camp Nou.

Retablo mayor

Mas y Homs con el resto de la comparsa ante la falla del 3%.

Estos tres casos judiciales conforman el retablo mayor de la Corrupción que tallaron los maestros Pujol y Mas en el taller de CDC con sus ayudantes (Torrents, Osàcar, Viloca, Millet, Montull, etc.), aprendices (Puigdemont, Gordó, etc.) y patrocinadores (empresarios y directivos). Una vez descorrida la tela que lo ocultaba, hemos visto a los dirigentes convergentes con las manos en la masa. A Pujol, Mas, Homs y Puigdemont no les queda otra que desacreditar el sistema judicial español con toda clase de aspavientos y declaraciones extemporáneas sobre la calidad de nuestra democracia y convencer a ERC y CUP de la necesidad de proclamar la república catalana a cambio de impunidad para los suyos. La CUP les apoyará una vez más, y Junqueras y ERC tendrán que sopesar si se tiran al monte en tan dudosa compañía o exigen a Puigdemont convocar elecciones para recoger la cosecha.

Fernández, alias ‘sandalia voladora’, rabioso e incorruptible antisistema y anticapitalista de la CUP-CC, arrodillado ante Mas, alias ‘mentón altivo’.

Puigdemont y Gabriel (CUP-CD) celebrando su acuerdo para constituir una república independiente saltándose el orden constitucional.

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Petición de disolución del Parlament y convocatoria de elecciones autonómicas en Cataluña

Intervención del president Puigdemont ante la asamblea de la AMI con la bandera estrellada presidiendo el acto.

La situación política ha alcanzado un punto crítico en la Comunidad Autónoma de Cataluña. Desde que se puso al frente del gobierno de la Generalitat el 10 de enero de 2016, Carles Puigdemont Casamajó gobierna exclusivamente para 1.957.348 catalanes, el 36,83% del censo que respaldó a Junts pel Sí y CUP-CC en las elecciones autonómicas el 27 de septiembre de 2015, ignorando la voluntad de 3,3 millones de catalanes que dieron la espalda a esas opciones. Durante estos catorce meses, su gobierno y las dos formaciones parlamentarias que lo apoyan en el Parlament están promoviendo activamente el proceso de secesión aprobando resoluciones que han sido anuladas por el Tribunal Constitucional. Ahora pretenden modificar el reglamento de la Cámara para aprobar de improviso, en lectura única, la proposición de ‘ley de transitoriedad jurídica’ cuyo contenido se oculta a la oposición que no podrá enmendarla. De dicha ‘ley’ sólo se conoce que declara en su primer artículo constituida la república independiente de Cataluña y convoca un referéndum para validar la declaración.

Mas y Puigdemont en la conferencia de prensa en el Palau de la Generalitat al finalizar el juicio a Mas el 10 de febrero de 2017.

Constatada la incapacidad del Sr. Puigdemont para gobernar para todos los catalanes, su manifiesto y reiterado desprecio al orden constitucional y a las sentencias de los Tribunales, y la inseguridad política y jurídica en que nos puede sumir la inminente proclamación de la república en Cataluña, solicito tu firma para exigir la disolución del Parlament y la convocatoria de elecciones autonómicas:

https://www.change.org/p/ciudadanos-espa%C3%B1oles-pedir-la-disoluci%C3%B3n-del-parlament-y-la-convocatoria-de-elecciones-auton%C3%B3micas-en-catalu%C3%B1a/share_for_starters?just_created=true

Gracias anticipadas por tu apoyo.

 

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Puigdemont: un presidente sectario y antidemocrático

Puigdemont con su gobierno de los peores.

No creo equivocarme al afirmar que Puigdemont nunca ha sido el presidente de los catalanes, aunque haya presidido el gobierno de la Generalitat de Cataluña desde el 10 de enero de 2016.  Ni tampoco creo errar si les digo que el hasta entonces alcalde de Gerona y presidente de la Associació de Municipis per l’Independencia (AMI) tampoco lo ha intentado. Serlo estaba fuera de sus coordenadas sentimentales y políticas. Apareció inesperadamente en el último minuto, cuando ya expiraba el plazo de dos meses tras la investidura fallida de Mas el 10 de noviembre de 2015, y Mas lo designó para sustituirle sin tiempo de comprarse un traje nuevo y pasar por la peluquería para arreglarse el flequillo.

Mas, con la sonrisa algo forzada, da una palmadita a Puigdemont tras decidir que le sustituiría al frente del gobierno de la Generalitat.

 

Puigdemont en el debate de investidura el 10 de enero de 2016.

Aunque su discurso de investidura no pasará a los anales de la retórica parlamentaria, su Plan de Gobierno dejó meridianamente claro que pretendía “comenzar a caminar a la luz de lo que ya aprobamos en la declaración del 9 de noviembre: iniciar el proceso para constituir un estado independiente en Cataluña”. Más adelante, concretó su compromiso estableciendo como primera prioridad del gobierno “la elaboración y el compromiso de elaboración de los marcos legales relativos al proceso constituyente. Ésta es la faena con mayúscula. Tenemos la obligación de dar cumplimiento al mandato parlamentario, porque está aprobado, y porque es la voluntad de este Parlamento y porque es la voluntad de la ciudadanía, y no podemos mirar hacia otro lado”. Puigdemont finalizó su arenga reafirmando su compromiso con “la declaración del Parlamento de Cataluña, del 9 de noviembre, abría el proceso constituyente y ahora ya no podemos dejar de recorrerlo, porque espero que al final de esta sesión tengamos ya los instrumentos para poderlo poner en práctica”, y concluyó manifestando que se dejaría la piel “para culminar el proceso iniciado hace unos años con grandes movilizaciones… Seguramente es el tramo más complejo e incierto de todos los que hemos recorrido, con éxito hasta hoy. Éste también lo culminaremos con éxito”.

Puigdemont con Juncker, Merkel y Hollande en su última visita al Parlament europeo.

La diputada Gabriel durante su intervención en la sesión de investidura de Puigdemont el 10 de enero de 2016.

Me he detenido en las citas anteriores porque revelan las intenciones del hombre que Mas eligió para sustituirle y la CUP-CC aceptó investirlo presidente del gobierno de la Generalitat. Puigdemont nunca tuvo intención de gobernar para los 7,5 millones de españoles que residimos en Cataluña sino de hacerlo exclusivamente para aquellos catalanes que respaldaron a las dos coaliciones electorales, Junts pel Sí (JxS) y CUP-CC, que concurrieron con un programa declaradamente independentista a las elecciones autonómicas del 27 de septiembre de 2015. Los resultados que obtuvieron ambas formaciones el 27-S, JxS 1.620.973 votos y 62 diputados y CUP-CC 336.375 votos y 10 diputados, suponen el 47,74% de los votos no nulos contabilizados y el 36,83% del censo electoral, cifras similares a las de quienes votaron a favor de crear un estado independiente en la consulta que Mas y Homs y las asociaciones independentistas ANC, Omnium Cultural y AMI organizaron el 9 de noviembre de 2014.

Puigdemont con Sánchez, presidente de la ANC, y Cuixart, presidente de OC, preparando del 11 de septiembre, a modo de prólogo de su golpe de Estado.

Los candidatos de Junts pel Sí.

Los resultados electorales del 27-S invalidan el mantra tantas veces repetido por Puigdemont y el resto de líderes secesionistas de que les avala el  ‘pueblo’ de Cataluña. Con lo que sí cuentan es con una ajustada mayoría (72 diputados de 135) en el Parlament que les permite aprobar resoluciones como la I/XI de inicio del proceso constituyente, o cambiar el reglamento de la Cámara para aprobar las llamadas leyes de desconexión sin conceder a los 63 diputados de la oposición, representantes del 52,26% de los votantes, la posibilidad de conocerlas, discutirlas y enmendarlas. Así es como entienden Puigdemont y Junqueras la ‘democracia’ republicana. Pese al tiempo que nos hacen perder ocupándonos de sus continuos cambios en la ‘hoja de ruta’ y sus últimas ocurrencias, los demócratas tenemos que estar agradecidos a Puigdemont y Junqueras porque estos meses al frente del gobierno de Cataluña nos han permitido hacernos una idea cabal de su sectarismo ideológico, su interpretación tramposa de la democracia y la inseguridad jurídica y política que conlleva el proceso secesionista.

Puigdemont acompañando a Mas, Ortega y Rigau al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

Puigdemont y Gabriel celebrando alguno de sus pactos golpistas.

 

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El retablo de la corrupción de CDC (Apuntes)

Jordi Pujol y Artur Mas antes de que se destapara el retablo de la Corrupción.

Los principales dirigentes de Convergencia Democrática de Catalunya (CDC), el partido de Jordi Pujol y Artur Mas, rebautizado hace unos meses PDE-Cat para difuminar las sombras de corrupción continuada que pesan sobre sus líderes, incluidos los tres últimos tesoreros del partido, Torrent, Osàcar y Viloca que administraban también la fundación del partido -Trias Farga luego rebautizada Cat-Dem cuando salió a la luz el saqueo del Palau- y están imputados, salvo Torrent ya fallecido, en diversos procesos judiciales cuyo resultado esperamos los catalanes con impaciencia: queremos tener constancia judicial del expolio que ha perpetrado Corrupción Democrática de Catalunya durante décadas. Aunque los jueces sólo lleguen a destapar una esquinita de la cloaca, porque muchos de los implicados mantengan el pacto de silencio y buena parte de los delitos hayan prescrito, queremos al menos tener la satisfacción de ver a los saqueadores convergentes purgar algún que otro delito.

El retablo de la Corrupción de CDC

El Mas junto a sus consejeras Ortega y Rigau sentados en el banquillo en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

Además de las causas que se siguen contra el propio Mas y sus consejeras Ortega y Rigau en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y contra su consejero Homs en el Tribunal Supremo, por haber organizado la consulta participativa el 9 de noviembre de 2014, contraviniendo la prohibición expresa del Tribunal Constitucional, está el llamado Caso Palau-CDC cuya vista oral está teniendo lugar estos días en la Ciudad de la Justicia, paradójicamente una de las obras que los gobiernos de Pujol y Mas adjudicaron a empresas dispuestas a pagar a CDC el 3 % del valor de la obra.

Mas, Ortega y Rigau burlándose de los jueces antes del inicio de la vista el 4 de febrero de 2017 en el Museo de Historia.

Osàcar, imputado en el caso Palau, escoltado por Pujol (Oriol) y Turull en la Ciudad de la Justicia.

Reunión de la Fundación del Palau.

Según han reconocido en el juicio los saqueadores confesos, el Sr. Millet, máximo responsable de la  fundación del Palau de la Música, el Sr. Montull, su gerente y mano derecha, y Doña Gemma Montull, directora financiera e  hija del segundo, la fundación actuaba como intermediario y transfería a CDC sumas procedentes de empresas beneficiadas con contratos públicos que patrocinaban las actividades del Palau. Una parte se camuflaba realizando convenios impostados de colaboración entre el Palau y las fundaciones de CDC, y el resto en sobres en efectivo que recogía el Sr Torrent y, más tarde, el Sr. Osàcar, secretario personal de Mas (200-2005) y tesorero de CDC y sus fundaciones (2005-2011). Estas  han confirmado lo que todos sospechábamos desde 2009, a saber, que las graves y notorias irregularidades en la contabilidad del Palau y sus fundaciones sólo podían haberse producido contando con la connivencia de los líderes convergentes.

Pujol imponiendo la orden de San Jorge al Sr. Millet.

 

 

 

La ‘famiglia’ Pujol.

Fernández (CUP) colocando solícito el micrófono al defraudador confeso Jordi Pujol en su comparecencia en el Parlament. ¡Si Allende pudiera verlo!

No es éste el único frente judicial que tienen abierto los líderes de CDC. Está, en primer lugar, el proceso contra la ‘famiglia’ de Pujol al completo todavía en fase de instrucción que ha ido creciendo desde que Pujol (padre) desvelara en julio de 2014 que había mantenido una fortuna oculta al fisco durante 30 años y ha acabado con la imputación del hijo primogénito y el resto de miembros del clan familiar, incluida la madre guardiana de la pureza catalana y seis hijos más. La Fiscalía Anticorrupción ha acusado al hijo mayor, Jordi Pujol Ferrusola, que actuaba como administrador de constituir una organización criminal para delinquir y blanquear dinero. Resulta también paradójico que el hombre que vació Banca Catalana pero logró salir indemne envolviéndose en la bandera cuatribarrada haya acabado su vida política engullido por el fango  de la corrupción estrellada.

Pujol arropado por la guardia pretoriana de CDC (Corominas, Turull, Rull,…) abandona el Parlament tras haber comparecido ante la comisión que se creó para investigar la fortuna que había mantenido oculta en paraísos fiscales durante 34 años.

El último vals de Mas con Pujol en el último congreso de CDC, antes de la caída del padre fundador.

Rull, actual consejero de Política Territorial, posando para la prensa amarilla.

Pujol fue el hombre que pasó a Mas los trastos hace unos años. Primero, lo puso al frente de una consejería clave, Política Territorial (1995-1997) encargada de decidir las adjudicaciones de obra pública; más tarde, lo premió con la consejería de Economía (1997-2001) y, por último, lo nombró primer Consejero en el último gobierno de Pujol (2001-2003). Éste es el hombre que lleva años mintiendo a los catalanes y negando que su partido se financiaba con el 3%, un asunto que destapó por primera vez el president Margall en 2005 en el Parlament de Cataluña. Ahora es Puigdemont, el que ha tomado el relevo de Mas temporalmente al frente del gobierno de la Generalitat y Rull el que se ha hecho cargo de la consejería de Política Territorial.

Viloca, actual tesorero de CDC-PDE-Cat.

Puigdemont, alcalde de Gerona, en su época de ‘recaudador’ con el empresario Bassols ‘fent país’ en el Camp Nou.

Mas, con la sonrisa algo forzada, da una palmadita a Puigdemont después de que éste le sustituyera al frente del gobierno de la Generalitat.

Está, por último, la causa que se tramita en los juzgados del Vendrell a instancias de una denuncia realizada por una concejal de Esquerra Republicana de Catalunya en el Ayuntamiento de Torredembarra. La instrucción de esta causa ya ha producido la detención de Viloca, el tesorero de CDC que sustituyó a Osàcar cuando éste fue imputado. En el registro de la sede del partido se requisó numerosa documentación, incluidos algunos contratos que habían sido triturados pero han podido reconstruirse. En ellos se detallan las reuniones mantenidas por altos responsables del partido con empresas para negociar las comisiones a percibir por CDC-PDE-Cat. Según las informaciones publicadas, la Fiscalía Anticorrupción considera que Gordó, consejero de Justicia de Mas, actuó como ‘conseguidor o recaudador’ y fue la persona que negociaba las adjudicaciones de obras a cambio de obtener el 3 % para el partido. En concreto, se mencionan las obras del Consorcio de Educación, trabajos en un dique en el Puerto de Barcelona, la mejora de la carretera C-55, la plaza de les Glòries en Barcelona y un instituto en Manresa (Barcelona).

Mas y Gordó, consejero de Justicia y ‘conseguidor’.

Gordó defiende la secesión de Cataluña y el pancatalanismo en la Universitat Catalana d’Estiu.

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Puigdemont ante la AMI

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Puigdemont, arengando a la asamblea general de la AMI el 3 de marzo de 2017.

Puigdemont, el primer presidente de la AMI, no podía faltar a la asamblea general de la Associació de Municipis per l’Independencia (AMI) y allí se ha presentado para decirles a los cargos electos, como si fuera el nuevo caudillo de Cataluña, “sé que estáis preparados”. Para subir la moral e insuflar los ánimos a las tropas allí congregadas, Puigdemont confirmó que “estamos a sólo unos meses de la razón por la que se consitutuyó la Asociación de Municipios por la Independencia”.  Tranquilos, vino a decirles, ya falta poco para que se consume el golpe de Estado y podamos celebrar la independencia con cava.

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Los alcaldes de la AMI blandiendo las varas de mando ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

Que nadie diga luego que desconocía la densidad del caldo que está borboteando en las cocinas de los Ayuntamientos de Cataluña. Un Estado que se precie no puede ignorar las actividades conspirativas de los representantes muncipales ni permitir que el dinero aportado por los sufridos contribuyentes a los Ayuntamientos se derive a financiar una asociación, como la AMI, cuyo principal objetivo es destruir el propio Estado que la cobija. No piensen que exagero. El primer objetivo de la esta organización, según aparece en su página de internet (http://www.municipisindependencia.cat/que-es-ami/objectius/) es “compartir ideas, iniciativas (legales o cívicas), experiencias, información, herramientas de gestión y todo aquello que pueda ser útil para llevar al pueblo de Cataluña hacia la independencia para lograr las competencias muncipales plenas” .

Puigdemont durante su presidencia de la Asociación de Municipios Indepedencia.

Puigdemont, primer presidente de la Asociación de Municipios por la Indepedencia.

El siguiente resumen estadístico, hecho por la propia AMI, pone de manifiesto la situación límite a que ha llegdo el movimiento municipalista en Cataluña. Están integrados en la AMI 787 Ayuntamientos, 36 consejos comarcales, las 4 Diputaciones, 9 Entidades Municipales Descentralizadas (EMD) y el Consorcio de Lluçanès. De los municipios adheridos, el 49% de las alcaldías las ocupan miembros de CiU; 31% de ERC; 9% listas de independientes; 6% del PSC; 2% de la CUP; 2% de ICV y 1% de MÉS. Me pregunto si Iceta y el PSC tienen algo que decir al respecto. Y, ¿el PSOE?

Mas reune a los alcaldes pro consulta antes del 9N en Barcelona.

Mas reune a los alcaldes pro consulta antes del 9N en Barcelona.

En nuestro Estado social y democrático de Derecho, los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico y las instituciones centrales del Estado tienen que plantar cara a la AMI sin demora y dejarla fuera de juego, como en su día dejaron fuera de la ley al movimiento batasuno.

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Mas: atrapado en su propia red

Artículo publicado en el diario Expansión el 21 de febrero de 2017.

GRA00. BARCELONA, 06/02/2017.- El expresidente catalán Artur Mas junto a las exconselleras Joana Ortega (i) e Irene Rigau (d), en la sala del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña donde serán juzgados por los delitos de desobediencia grave y prevaricación al mantener la consulta del 9N pese a que el Tribunal Constitucional la había suspendido cinco días antes. EFE/Alberto Estévez ***POOL***

Artur Mas sentado en el banquillo y flanqueado por las ex-consejeras Ortega y Rigau al inicio del juicio en la sede del TSJC.

Las comparecencias de Mas, Ortega y Rigau ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) nos han permitido ver al astuto ex-presidente y a sus dóciles consejeras revolverse incómodos en el banquillo de los acusados, atrapados en la propia red que ellos mismos tejieron para engañar al Estado y sortear al Tribunal Constitucional (TC), a cuenta de la consulta que organizaron, financiaron y celebraron el 9 de noviembre de 2014. El TSJC los ha juzgado no por ser demócratas, como ellos hipócritamente aducen, sino precisamente por todo lo contrario: por invadir competencias de otras instituciones e ignorar la división de poderes del Estado social y democrático que es España.

Sede del Tribunal Constitucional.

Sede del Tribunal Constitucional.

De nada les ha servido a Mas y a sus consejeras alegar ignorancia ante un mandato del TC tan claro e inteligible que podría haber interpretado el conserje más humilde del Palau de la Generalitat: “suspender los actos impugnados […] así como las restantes actuaciones de preparación de dicha consulta o vinculadas a ella”, a partir del momento (31 de octubre de 2014) en que se interpuso el recurso del Gobierno. Como señaló el fiscal Ulled en sus conclusiones de haber tenido oportunidad de interrogar a Mas le habría preguntado “¿qué es lo que no entiende?”. Al parecer fue Homs quien, según confesó en la vista, les aseguró que no existía impedimento legal alguno para celebrar la consulta. Nadie, Sr. Homs, puede creer que usted no comprendiera un mandato tan claro –suspender– y rotundo –los actos impugnados y restantes actuaciones– como el del TC.

Homs actuando como voluntario en una de las mesas de votación el 9-N.

El consejero Homs actuando como voluntario en una de las mesas de votación el 9-N.

Mentir, mentir, mentir

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Mas con Ortega y Rigau en la conferencia de prensa qe dieron en vísperas del juicio en el Museo de Historia. Pues no, Sr. Mas, por mucho que se empeñe ni la mayoría de los catalanes son tan mentirosos como usted ni participaron en el 9-N.

Ésa parece haber sido la consigna de la defensa a los inculpados que se han negado a responder al Ministerio Fiscal –Homs en un acto más de cinismo se quejó de que el fiscal no lo interrogara a sabiendas de que no podía hacerlo por su condición de aforado–, así como a las acusaciones particulares y testigos. Todo estaba ya decidido –esgrimen– antes de pronunciarse el TC y la consulta quedó en manos de voluntarios a partir del pronunciamiento. Una excusa inverosímil y absurda. ¿Quién impidió a Mas, Homs y Ortega ordenar que se desconectara la página de Internet de la consulta en cuanto tuvieron conocimiento de la suspensión del TC? ¿Por qué no comunicaron a los ‘voluntarios’ que la consulta se suspendía? ¿Por qué siguieron adelante con el plan y entregaron ordenadores, urnas y papeletas, adquiridos con dinero público, a ‘voluntarios no identificados’ (VNI) con los que el gobierno de la Generalitat no mantenía relación alguna? ¿Qué impidió a Mas y Rigau cursar una orden desde los Servicios Territoriales de la consejería de Educación instruyendo a directores de Colegios e Institutos que no entregaran las llaves de los centros a VNI? Al parecer, ordenadores, urnas, papeletas y llaves descendieron desde el cielo sin intervención del gobierno de Mas, y fueron milagrosamente a parar a manos de los VNI que ocuparon, desde el alba hasta bien entrada la noche, cientos de centros del Estado.

Mas, Ortega y Rigau burlándose de los jueces antes del inicio de la vista el 4 de febrero de 2017 en el Museo de Historia.

Mas, Ortega y Rigau burlándose una vez más del Estado en el Museo de Historia de Cataluña el 4 de febrero de 2017. En la instántanea, los tres líderes reafirman su determinación de votar empleando una de las urnas del 9-N depositada en la sede del Museo de Historia de Cataluña.

Fin del paseo triunfal

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Mas , Ortega y Rigau arropados por los alcaldes de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI), cuyo primer presidente fue Puigdemont, esgrimiendo sus varas de mando ante la sede del TSJC.

El paseo de los encausados desde el Palau hasta la sede del TSJC el 6 de febrero, lo encabezaron el presidente Puigdemont y Forcadell, la presidenta del Parlament, con el vicepresidente Junqueras en segunda fila. La llamada de la consejera Borràs a los 161.000 empleados de la Generalitat para que pidieran día libre por ‘asuntos propios’ no tuvo éxito y las organizaciones independentistas, para evitar el fiasco, fletaron 160 autocares con jubilados deseosos de pasar un día en la capital. La Plaza de San Jaime estaba semivacía cuando la comitiva inició su paseo triunfal y se calcula que unos 16.000 afectos al régimen respaldaron la movilización organizada por la ANC, Omium y la AMI, una cifra muy alejada de los 40.000 ‘inscritos’.

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La Plaza de San Jaime semivacía en el esperado momento de la salida de Mas del Palau del gobierno de la Generalitat para dirigirse a la sede del TSJC.

Mas, exultante, anuncia los resultados de la consulta-farsa del 9-N y pide celebrar un 'referéndum' definitivo.

Mas, exultante, anuncia los resultados de la consulta-farsa del 9-N junto a Ortega y pide celebrar un ‘referéndum’ definitivo.

De nada les sirvió. Atrapado por el Estado de Derecho con la democracia entre sus mandíbulas, el taimado zorro intentó una última pirueta en su alegato final: mi intención –dijo Mas al Tribunal– “no era desobedecer, sino plantar cara al Gobierno”, y afirmó no comprender por qué “fortalecer la democracia puede ser considerado un delito”. Quizá su fiel escudero Homs aclare ante el Supremo por qué saltarse la Constitución y las providencias del TC fortalece la democracia. Al primer premio en el concurso de disparates opta también la advertencia que hizo Puigdemont a Rajoy en la conferencia de prensa que ofreció junto a Mas en el Palau al finalizar la vista: “aún está a tiempo de rectificar”, le dijo al presidente de España, como si estuviera en su mano facilitar al gobierno de la Generalitat el saltarse la Ley. La respuesta de Rajoy no se hizo esperar: “no comerciaremos con la soberanía nacional”.

Mas y Puigdemont en la conferencia de prensa en el Palau de la Generalitat al finalizar el juicio el 10 de febrero de 2017.

Mas y Puigdemont en la conferencia de prensa conjunta que ofrecieron en el Palau del gobierno de la Generalitat al finalizar la vista oral del juicio el 10 de febrero de 2017.

Mas, Ortega y Rigua saliendo de la sede del TSJC al finalizar el juicio el 10 de febrero de 2017.

Mas, Ortega y Rigua saliendo de la sede del TSJC al finalizar el juicio el 10 de febrero de 2017, más solos que la una.

A Mas se le acaba la gasolina y buena prueba de ello es que los tres líderes convergentes abandonaron la sede del TSJC al concluir la vista más solos que la una. La errática trayectoria política de Mas ha acabado en otro sonado fracaso, y CDC –rebautizada PDE-Cat para difuminar las densas sombras de corrupción que pesan sobre sus líderes– tiene las horas contadas. A Puigdemont y a lo que queda de CDC sólo les resta acelerar la ruptura para salvar la cara y convocar, como exige la CUP, un referéndum unilateral en primavera. El gobierno de España ya ha advertido que no lo permitirá y Junqueras y ERC tendrán que decidir en las próximas semanas si se dejan arrastrar a un enfrentamiento que pondría en riesgo la Autonomía de Cataluña o prefieren ganar tiempo y obligan a Puigdemont a convocar elecciones anticipadas.

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Gabriel (CUP) y Puigdemont con caras de complicidad sellando el pacto secreto para dar un golpe de Estado. Alguno saldrá escaldado.

En ambos escenarios, la tarea del gobierno de España y los verdaderos demócratas será hacer pedagogía. Hay que explicar a los catalanes las ventajas de mantener y perfeccionar el Estado social y democrático que garantiza derechos y libertades individuales, el autogobierno de Cataluña y una razonable división de competencias y poderes entre sus instituciones. Y advertirles también de los graves riesgos que entraña seguir adelante con el plan de constituir “un estado catalán independiente en forma de república”. Tajani, presidente del Parlamento europeo, ya avisó hace unos días que la Constitución de un Estado miembro “forma parte del marco legal europeo”, y que una declaración de independencia “nunca podrá ser reconocida en la UE”. Pocos catalanes están dispuestos a respaldar un golpe de estado que podría acarrear la suspensión de la autonomía si, como es probable, fracasa, o que los dejaría fuera de la UE en el improbable caso de que triunfara.

Spanish Prime Minister Mariano Rajoy R talks with European Parliament new President Antonio Tajani during their meeting at La Moncloa palace in Madrid on February 10 2017 AFP PHOTO GERARD JULIEN

Rajoy con el presidente del Parlamento de la UE en La Moncloa.

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Dieselgate: historia de un fraude empresarial

Artículo inédito cuya publicación ha sido rechazada por algunos medios de comunicación.

vw-logoLa detención en el aeropuerto de Miami de un alto ejecutivo de VW y la acusación del Departamento de Justicia (DOJ) de los Estados Unidos contra otros cinco ejecutivos de la compañía por conspirar para cometer fraude puso de actualidad la siempre conflictiva relación que existe entre ética empresarial y maximización de beneficios, y el papel que cumplen los organismos reguladores y los sistemas de inspección en sociedades democráticas. El caso de VW, una de las dos mayores empresas automovilísticas del mundo, no es el primero ni será el último caso de fraude empresarial –el buzón donde guardo noticias sobre fraudes de empresas no financieras y entidades financieras está a rebosar, incluidas otras empresas automovilísticas–, pero su gestación y graves consecuencias que está teniendo permiten extraer algunas conclusiones de interés general.

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M. Healey, fiscal general del Estado de Massachusetts con E. Schneiderman fiscal general del Estado de Nueva York presentando sus demandas contra VW

 El fraude

doj-logoEl DOJ y la Agencia de Protección Medioambiental (EPA) de los Estados Unidos acusan a la empresa VW de conspirar para defraudar al gobierno y violar las regulaciones medioambientales entre mayo de 2006 y noviembre de 2015. Para sortear los estrictos estándares de la EPA en materia de emisiones, VW  instaló  aparatos en los motores diesel de sus vehículos que, junto con los programas informáticos instalados en el ordenador de a bordo, permitían ocultar durante las inspecciones las cantidades de óxido de nitrógeno (NO) realmente emitidas y pasar así con éxito las pruebas.

epa-logoEl gigante alemán, que ya había sido sancionado con una multa de 120.000 dólares en los años 70 por este motivo, dejó de comercializar temporalmente sus vehículos en los Estados Unidos al introducirse gradualmente entre 2004 y 2007 las nuevas normas, mucho más exigentes, y se dedicó, supuestamente, a introducir innovaciones tecnológicas para reducir las emisiones y cumplir los criterios. El nuevo modelo Jetta fue presentado en 2008 como ‘diesel limpio’ e incluso ganó el premio “coche verde del año” en el salón del automóvil de Los Ángeles. Entre 2009 y 2015, VW vendió 500.000 vehículos en Estados Unidos que supuestamente cumplían la normativa vigente, aunque los organismos reguladores estadounidenses nunca estuvieron  plenamente convencidos de ello.

vw-mecanismos-de-fraude-1En realidad, los estudios realizados por investigadores de la Universidad de West Virginia para la California Environmental Protection Agency (CalEPA) indican que los vehículos con motores de dos litros examinados emitían cantidades de NO entre diez y 37 veces superiores a las permitidas, dependiendo de las circunstancias de conducción. VW trató arteramente de ‘resolver’ el problema en 2015, ofreciendo a los propietarios reparar sus vehículos, como suelen hacer las empresas automovilísticas cuando detectan el mal funcionamiento de algún componente. Además, empleados de la empresa trataron de obstruir la investigación alterando, destruyendo, mutilando y ocultando correos y otros documentos comprometedores, y al menos un empleado fue despedido por oponerse a ‘limitar el acceso’ de la EPA a los documentos requeridos durante la investigación.

Anvind Thiruvengdam, profesor ayudante de la Universidad de West Virginia.

Anvind Thiruvengdam, profesor ayudante de la Universidad de West Virginia.

Hace pocos días, VW alcanzó un acuerdo con el DOJ –todavía pendiente de aprobación por un juez– para detener el procedimiento judicial en Estados Unidos. VW se declaró culpable de los cargos civiles y criminales que se le imputan y se comprometió a colaborar y proporcionar toda la información que le sea requerida por el DOJ y la EPA a partir de ese momento. VW tendrá que pagar tres multas por importe total de 4.300 millones de dólares que, sumados a los 14.700 millones que la empresa se comprometió a pagar a los propietarios y la EPA, y otros 600 millones más a 44 Estados, podría elevar la factura total a 19.600 millones sólo en Estados Unidos,. Quiero recordar que cuando el escándalo salió a la luz, VW estimó, con un optimismo que ahora se demuestra infundado, que el desembolso total rondaría 7.300 millones. Afortunadamente para VW, los estados de la UE donde se vendieron la mayoría de los 11 millones de vehículos manipulados, no han interpuesto querellas y la empresa ha salvado la comprometida situación ofreciendo a los propietarios la posibilidad de introducir modificaciones que alivian pero no compensan plenamente el daño causado. En Europa, sólo 10.000 concesionarios en el RU se han atrevido a interponer una querella reclamando 30 millones de libras.

Regulación, inspección y exigencia de responsabilidades

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Gina McCarthy, directora de la EPA con Obama.

El comportamiento de VW prueba una vez más que las empresas tienen propensión a incumplir las regulaciones que incrementan sus costes de producción o limitan sus ventas, y que esa tentación se acrecienta cuando la penalización por incumplirlas es insignificante o sus directivos creen que pueden engañar al regulador. Que el caso del fraude de VW se haya descubierto en Estados Unidos, un mercado relativamente menor, no es casualidad sino una demostración de que los organismos reguladores estadounidenses se toman en serio la tarea de inspección y el DOJ interpone demandas judiciales contra los infractores que pueden resultar muy costosas. “Cuando infringes las leyes diseñadas para proteger la salud pública en este país, hay serias consecuencias”, afirmaba Gina McCarthy, gerente de la EPA, hace unos días al tiempo que reiteraba su compromiso “a continuar investigando a empresas sospechosas de infringir la ley”.

calepa-logComo ocurre con el dopaje en el deporte, la tentación de engañar al organismo supervisor siempre estará presente y las empresas y entidades financieras buscarán tretas para adelantarse a los reguladores, como hizo VW. De ahí que la tarea más complicada del regulador no sea establecer los estándares y aprobar las normas sino desarrollar protocolos eficaces para comprobar su cumplimiento. Sin la determinación y tenacidad demostrada por la EPA y la CalEPA para comprobar las emisiones de los modelos sospechosos, el sofisticado fraude técnico-informático perpetrado por VW podría haber quedado enmascarado –como al parecer ocurrió en la UE– y las malas prácticas del gigante automovilístico y su cúpula directiva habrían quedado indemnes.world-antidoping-agency-logo

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M. Horns, presidente de VW en los Estados Unidos que dimitió en septiembre de 2015.

En la mayoría de los casos, los reguladores estadounidenses se han conformado con multar a las empresas infractoras sin llegar a acusar a sus empleados individualmente. Así ocurrió, por ejemplo, cuando se descubrieron deficiencias técnicas en algunos modelos de Toyota y GM que llegaron incluso a causar la muerte de algunos conductores. La diferencia con el caso actual estriba en que a los seis altos ejecutivos de VW se les acusa de perpetrar intencionadamente un fraude masivo y continuado, alterando los sistemas de medición de emisiones de los motores con intención deliberada de engañar a los consumidores y al organismo regulador. Una cuestión que queda todavía en el aire es si los seis ejecutivos encausados eran los responsables últimos del fraude, porque resulta difícil creer que un engaño de esta magnitud y duración, que originó agrias disputas entre la empresa y los organismos reguladores, pudiera haberse perpetrado sin conocimiento de los más altos responsables de la empresa y su consejo de administración. No tardaremos mucho en saberlo.

Corolario

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Lance Armstrong llegando victorioso a la meta en una etapa del Tour de France.

Armstrong, el ciclista al que la Agencia Anti-dopaje de Estados Unidos considera el líder de la banda “del programa de dopaje más sofisticado y profesionalizado conocido en el mundo del deporte”, acabó siendo descubierto y perdiendo sus siete coronas del Tour de France. En el caso de VW, el fraude ha acabado saliendo la luz y ha ocasionado graves perjuicios a empleados y accionistas. Aunque las ventas globales de la empresa se incrementaron en 2015, los beneficios de 2013 y 2014 se tornaron abultadas pérdidas (6.200 millones de dólares) en 2015 y el valor de sus acciones ha caído el 21% entre septiembre de 2015 y enero de 2017.  Engañar no svw-operating-profit-to-2014ale a cuenta, al menos en Estados Unidos.vw-fall-graph-september-2015

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