La culpa no es del PP

Mariscal: ¿algún país no es ‘bonic’?

En el artículo algo inexactamente titulado “Escritores y artistas catalanes rechazan el referéndum ilegal” (El País, 24 de julio de 2017), podemos leer las variadas opiniones de algunos ilustres nombres de la literatura, el teatro, el cine y la música en Cataluña.  Además de los razonables (aunque dispares) comentarios de Marsé y Mendoza, y la nota cínica del profesor Rico que se está divirtiendo de lo lindo a costa del proceso, me han llamado la atención las acusaciones de Mariscal, Serrat, Gas y Herralde contra el Partido Popular (PP), al que responsabilizan de la deriva secesionista en Cataluña:

“Javier Mariscal, diseñador de Cobi para los Juegos Olímpicos y ahora de Merche, para las Fiestas de la Mercé, dice sobre la perspectiva abierta en torno al pretendido referéndum del 1 de octubre: ‘Si es como hasta ahora dicen que va a ser yo no quiero participar en una chapuza de algo que debería ser impecable’. Culpa de la situación actual, como Serrat, como Gas, a la campaña del PP, “ese partido heredero del franquismo”, contra el Estatuto. “

Gas, con su rostro masacrado por el Gobierno de España en el Teatro Griego de Barcelona.

Las declaraciones del actor y director de teatro Mario Gas no tienen desperdicio. Partiendo de  la premisa gratuita de que “es inalienable votar y decidir. Y es ineludible un referéndum.”, Gas comienza acusando al Gobierno de España de insensibilidad e inmovilismo antes de confesar de que pie cojea:

“No soy independentista, pero creo que el Gobierno se ha mostrado insensible a la cuestión catalana; ya lo es en otras cuestiones sociales, pero aquí ha propiciado un deterioro tremendo, erigiendo como un todo inamovible una Constitución que debe ser una carta maleable según las necesidades”.

Gas acaba exigiendo al Gobierno español que deje su autoritarismo a un lado y permita realizar el referéndum. Éstas son sus palabras:

“Que todo transcurra sin coerciones que respondan a la cerrazón radical de un Gobierno que masacra a España y por tanto también a Cataluña. El Govern ha actuado con precipitación, tenía que haber buscado pactos para llegar a ofrecer normalmente el derecho de decidir que se siente desde que el Estatut fue masacrado”.

Herralde en 1970 haciendo de Don Tancredo (¿o de Hooligan?) en pleno tardofranquismo.

El editor Jordi (antes Jorge) Herralde se despacha también a gusto:

“Los responsables del Gobierno y del Govern se han enzarzado en un campeonato de disparates (¿variantes de Don Tancredo y el Hooligan?) que han llevado a la imposible situación actual. ¿La Historia los absolverá?: serias dudas entre los expertos”.

Este equilibrado análisis de la situación política le lleva a la siguiente catárquica reflexión:

“¡Un efecto positivo, supongo, del conflicto: no pocos jacobinos recalcitrantes, del PSOE por ejemplo, parecen ahora conscientes de la ineludible necesidad de cambiar las reglas de juego en el tema catalán. También en Podemos. Del PP y su “macizo de la raza” y “¡Santiago y cierra España!” poco se puede esperar”.

Como las tres opiniones me parecen auténticas simplezas, por mucho éxito y prestigio que sus autores hayan logrado en el desempeño de sus profesiones artísticas, me gustaría formularles una pregunta muy sencilla y pedirles que la respondieran dejando al margen, si fuera posible, sus sesgos y fobias ideológicas tan patentes en ese sumario juicio emitido sobre “ese partido heredero del franquismo” cuyo gobierno, según Gas, “masacra a España y por tanto también a Cataluña”. La pregunta que les propongo es ésta: ¿son ustedes partidarios de que todos los ciudadanos españoles tengamos los mismos derechos y obligaciones con independencia de la Comunidad Autónoma en que estemos empadronados?

Maragall y Mas aplaudiendo tras aprobarse en el Parlament la Propuesta de Reforma del Estatut de Cataluña el 30 de septiembre de 2005.

Si la respuesta es positiva –doy por sentado que lo será tratándose de personas todas ellas tan progresistas– me gustaría que explicaran qué hay de malo, en un Estado de Derecho, en que los representantes de los ciudadanos en Las Cortes enmendaran el Proyecto de Reforma del Estatut de Cataluña, un texto aprobado en el Parlament de esta Comunidad Autónoma, o que el PP recurriera ante el Tribunal Constitucional (TC) el texto  finalmente aprobado en Las Cortes. A la vista de sus opiniones, tengo la impresión que estos señores tan cosmopolitas no podrían vivir en casi ningún estado de Derecho en la UE o en los Estados Unidos. Para muchos demócratas españoles con un pasado político (al menos) tan limpio como el suyo, el PP hizo entonces lo que considerábamos debía hacerse ante un texto donde algunos artículos eran manifiestamente inconstitucionales, como así lo declaró finalmente el propio TC. La misma situación a que hoy nos enfrentamos cuando se nos amenaza con aprobar por vía express la “ley del referéndum de autodeterminación” y proclamar la república catalana en 48 horas.

Sede del Tribunal Constitucional.

Seamos serios: lo que traslucen estas trasnochadas denuncias, en contra del PP y el supuesto jacobinismo del PSOE, y a favor de la opción “federal” –como si la España de las Autonomías no fuera ya un Estado federal–, no son otra cosa que expresiones del deseo de romper la república (coronada) de ciudadanos libres e iguales que es España desde 1978 y acabar con el único período de libertad, concordia y prosperidad de toda nuestra historia contemporánea. Me llama también la atención que estos artistas y editores que tienen tan claro que el PP es el “heredero del franquismo”, no se hayan sumado a los demócratas catalanes que combatimos las políticas neofranquistas de “inmersión lingüística” que practica el gobierno de la Generalitat de Cataluña desde hace décadas, y pretendemos que las dos lenguas oficiales de Cataluña, catalán y castellano, sean lenguas vehiculares en el sistema educativo y estén presentes en los medios de comunicación públicos. Ni siquiera parece molestarles a estos artistas, tan quisquillosos con la “herencia franquista” del PP,  la pesada herencia que arrastra ERC con centenares (en realidad miles) de detenciones irregulares, asesinatos y ejecuciones sumarias durante la II República.

Pena de muerte firmada por el presidente de la Generalitat Lluis Companys.

Permítanme terminar esta entrada con otra cita a propósito de la “cuestión catalana”:, esta vez de un artista reflexivo, Antonio Machado, cuya literatura y semblanza humana todavía nos inspira a los demócratas españoles:

Antonio Machado.

“La cuestión de Cataluña, sobre todo, es muy desagradable. En esto no me doy por sorprendido, porque el mismo día que supe el golpe de mano de los catalanes, lo dije: “los catalanes no nos han  ayudado a traer la República, pero ellos serán los que se la lleven”. Y en efecto, contra esta República, donde no faltan hombres de buena fe, milita Cataluña. Creo con don Miguel de Unamuno que el Estatuto es, en lo referente a Hacienda, un verdadero atraco, y en lo tocante a enseñanza algo verdaderamente intolerable.”

Puigdemont y Gabriel celebrando su acuerdo para constituir una república independiente.

Eso mismo pensamos hoy los demócratas en Cataluña y, a diferencia de lo que ocurría en el franquismo y ocurriría en la sectaria república catalana de PuigCupqueras, podemos expresarlo sin escondernos, gracias a que la Constitución nos ampara. Sepan que no estamos dispuestos a que unos cuantos descerebrados, de la mano de la CUP, como apuntaba Marsé, destruyan todo lo conseguido desde 1978. La Constitución, Sr. Gas, no es “un todo inamovible” como usted afirma: puede reformarse; y ojalá que si se enmienda sea para hacernos más libres e iguales a todos los españoles, no para beneficiar mayormente a los empadronados en Cataluña. Hay un “teatre grec” en Barcina y un teatro romano en Augusta Emerita.

 

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Violencia machista, atropellamientos de ciclistas y ahogamientos

República Popular China

Aunque haya todavía muchos Estados donde algunos delitos como el tráfico de drogas o la corrupción, además del asesinato -60 delitos en el caso de China– , son castigados con pena de muerte, pocas cosas hay tan detestables como arrebatar la vida a otra persona. Por eso mismo, las víctimas de la violencia machista, el terrorismo y otras actividades delictivas (robo, secuestro, tortura, etc.) que ocasionan la muerte de nuestros semejantes no pueden compararse con las muertes producidas por los atropellos sufridos por ciclistas, las muertes ocasionadas en accidentes de trabajo, y menos aún con los fallecimientos, como es el caso de las muertes por ahogamiento, ocurridos en nuestro tiempo de ocio y atribuibles muchas veces a nuestra propia imprudencia.

Mujer haciendo declaraciones ante las cámaras tras el asesinato de una vecina por su pareja.

Hecha esta introducción para disipar malentendidos y hasta interpretaciones aviesas, quiero ahora llamar la atención sobre el tratamiento detallado y hasta prolijo que los medios de comunicación otorgan a los asesinatos de mujeres a manos de sus parejas o ex–parejas –tengo dudas de que su inclusión en los noticiarios tenga el efecto disuasorio buscado– en comparación con el más mucho sobrio que reciben otro tipo de muertes. La diferencia resulta más llamativa cuando echamos un vistazo a las estadísticas y comprobamos que el número de víctimas por violencia machista en los últimos años (véase, cuadro inferior) es similar al de muertes por atropellos de ciclistas, no supera el 15% de las víctimas por ahogamiento, y es inferior al 10% de las víctimas en accidentes laborales. Siempre que se produce el asesinato de una mujer, se exige inmediatamente a nuestros responsables políticos adoptar nuevas medidas preventivas para erradicar la lacra y con frecuencia se producen concentraciones y manifestaciones en los Ayuntamientos afectados.

Dolors Montserrat, ministra de Sanidad, con los responsables de los Ministerios que forma parte del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

Víctimas

violencia machista

Víctimas

por ahogamiento

Atropellos

Mortales de ciclistas

Víctimas

accidentes laborales

2015 60 415 58 629
2016 44 437 67 629
2017 30 (hasta 3 julio) 251 (hasta 23 julio) 27 (hasta 16 julio) 203 (hasta 31 mayo)

Imagen del atropellamiento de un ciclista.

Pero como la muerte de un niño o un anciano en una playa o embalse no resulta menos dolorosa para sus familiares que la de una mujer asesinada por su pareja o ex-pareja, me pregunto por qué no se pide también con la misma vehemencia adoptar medidas similares cuando se producen atropellamientos de ciclistas y ahogamientos trágicos en playas, piscinas, ríos, lagos y embalses. Existe un Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género en el que trabajan gran número de profesionales cualificados en el ámbito de la Justicia e infinidad de programas públicos para prevenir la violencia de género en todas las Comunidades Autónomas. ¿No sería hora de crear observatorios para reducir los atropellos de ciclistas y las consecuencias fatales de nuestras imprudencias en el medio acuático? Soy consciente de que por este artículo no recibiré demasiadas felicitaciones y sí tal vez algún que otro insulto, pero me sentía obligado a decir lo que pienso a riesgo de que algunos conciudadanos me juzguen por ello. Están en su derecho.

Dos menores a punto de ahogarse en Torrevieja (Alicante) 20 de julio de 2017. Fueron salvados por la intervención de dos Guardias Civiles.

 

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De parlamentarios a okupas

Artículo publicado en el diario Expansión el 19 de julio de 2017

Diputados de Junts pel Sí y Cup presentando el borrador de la “ley del referéndum de autodeterminación” en el Parlament.

Tanto el acto que protagonizaron en la mañana del 4 de julio ocho diputados de los grupos parlamentarios CUP y Junts pel Sí (JxS) en el auditorio del Parlament –fuera del hemiciclo donde se debaten y se votan las iniciativas legislativas– para explicar la llamada “ley del referéndum de autodeterminación” a sus propios diputados, como la subsiguiente puesta en escena que realizaron esa misma tarde el presidente y el vicepresidente del gobierno de la Generalitat en el Teatro Nacional de Cataluña para presentar en sociedad el engendro jurídico, permitió constatar su profundo desprecio por los tres principios claves de la democracia representativa: división de poderes, división de competencias e imperio de la Ley. Que luego no se rasguen las vestiduras si algunos acaban, como Mas y Homs, sentados en el banquillo por aprobar un texto que deroga nada menos que la Constitución y desacata las sentencias de los Tribunales. Ningún pretendido “mandato popular” exime a quienes delinquen, gobernantes y diputados autonómicos incluidos, de responder de sus actos en un Estado de Derecho.

Puigdemont, prima dona de la compañía nacional república catalana, ensayando la obra “Butifarréndum o Muerte”en el Teatro Nacional de Cataluña el 4 de julio de 2017.

 “Régimen jurídico excepcional” en Cataluña

En la sesión matutina, cuatro dirigentes de la CUP (Gabriel, Garriga, Salellas y Serra) presentaron junto a cuatro diputados de la coalición JxS (Corominas y Turull por CDC-PDE-Cat y Orobitg y Rovira por ERC) las primicias de la “ley” que pretende establecer un “régimen jurídico excepcional” en Cataluña para cobijar un referéndum inconstitucional y antiestatutario, y, por tanto, palmariamente ilegal. Hay dos circunstancias destacables. Primera: que la coalición antisistema, anticapitalista y manifiesta vocación imperialista, CUP, que sólo obtuvo el 8,2 % de los votos válidos en las elecciones autonómicas del 27 de septiembre de 2015, tuviera los mismos representantes en la mesa presidencial que la coalición JxS, que logró el 39,5% de los votos, demuestra quién maneja en realidad los hilos del gobierno de Puigdemont. Segunda: que sólo un reducidísimo número de diputados y miembros del gobierno, según confesó el cesado consejero Baiget, estén al tanto de lo que se cocina en la canonjía del Palau, confirma la naturaleza totalitaria del proyecto que impulsan los conspiradores.

Salellas, Gabriel, Turull y Rovira en la mesa del Parlament: Dios los cría y ellos se juntan.

No hay duda alguna de que estamos ante un complot urdido por un pequeño grupo de diputados y miembros del gobierno de la Generalitat que, aprovechando su circunstancial mayoría en el Parlament de Cataluña –72 diputados que representan al 47,7% de los votantes y al 36,8% del censo–, insuficiente incluso para reformar el Estatut de Cataluña, pretenden aprobar una “ley suprema” que “prevalece jerárquicamente sobre todas aquellas normas con las que pueda entrar en conflicto”, incluidas la Constitución, el Estatut, la Ley Orgánica del Régimen Electoral General y el resto del ordenamiento jurídico. Con este audaz golpe de mano, los secesionistas pretenden liquidar el Estado democrático social de Derecho en Cataluña,  y suspender los derechos constitucionales de los españoles allí empadronados.

Puigdemont conversando con Juncker y Merkel  en su última visita al Parlament europeo.

A falta de mejores argumentos, la “ley” apela, en primera instancia, al derecho a la autodeterminación de los pueblos reconocido por la Asamblea de la ONU. Como nunca Cataluña ha sido una colonia y los catalanes tienen los mismos derechos que el resto de españoles, recurrir a semejante subterfugio produce hilaridad. En el fondo, a los conspiradores les trae sin cuidado lo que piensen o digan los organismos internacionales –el Consejo de Europa manifestó recientemente que un referéndum sólo puede hacerse respetando la legalidad constitucional– porque su insustancial alegato se dirige a convencer a sus votantes más ingenuos de que una legalidad internacional superior a la española avala su, jurídicamente hablando, monstruosa criatura.

Sede de la Comisión de Venecia.

En segunda instancia, los proponentes de la ley aducen la negativa del Gobierno de España a acordar la celebración del referéndum, una excusa tan cómica y cínica como la anterior. ¿Alguien en su sano juicio puede pretender que un Gobierno democrático incumpla la Constitución que refrendaron el 87,1% de los españoles y el 90,4% de los catalanes? Nuestra Constitución, como el Estatut y el resto de normas vigentes, puede reformarse siguiendo los procedimientos y mayorías previstos en el ordenamiento jurídico, y sólo los enemigos de la democracia y los dictadores solapados se consideran legitimados para saltárselas con subterfugios tan pueriles.

Sáenz de Santamaría, vicepresidenta del Gobierno de España, ofreciendo a Junqueras, vicepresidente del gobierno de la Generalitat, diálogo sobre todas las demandas presentadas, a excepción del referéndum.

 Preparativos del “butifarréndum”

Puigdemont anunciando la pregunta y la fecha del referéndum el 9 de junio de 2017.

Puigdemont, Junqueras y el selecto grupito de diputados que están en el ajo han despejado pocas de las muchas dudas que suscita el referéndum anunciado para el próximo 1 de octubre. A la espera de un futuro “decreto de normas complementarias”, la “ley” establece que podrán participar los ciudadanos que “tienen derecho a voto en las elecciones al Parlament” y que corresponde al gobierno de la  Generalitat elaborar el censo, nombrar el número y límites de las secciones electorales y nombrar a los integrantes de las mesas que se dispondrán en locales municipales “que se utilizan habitualmente como centros de votación”. Las papeletas incluirán la pregunta “¿Queréis que Cataluña sea un estado independiente en forma de república?”, en catalán y castellano. En cuanto al resultado, la “ley” contempla que si el “sí” ganara por un solo voto, aunque sólo votaran Puigdemont y Junqueras, el Parlament proclamará la independencia en el plazo de 48 horas y se iniciará el “proceso constituyente”.

Puigdemont y Gabriel celebrando su acuerdo para constituir una república independiente.

Otegui recibido con todos los honores por Forcadell, presidenta del Parlament.

La “ley” contempla también crear un organismo denominado “sindicatura electoral de Catalunya”, con sede en el Parlament, que sustituiría a la Junta Electoral Central y a las Juntas Electorales Provinciales de Cataluña, los organismos legítimos encargados de velar para que “las decisiones políticas en las que se refleja el derecho de sufragio se realicen en plena libertad”. A este nuevo organismo le correspondería designar las “sindicaturas de demarcación”, validar el censo y las papeletas, proporcionar acreditaciones, supervisar las mesas electorales, etc. Puesto que el gobierno de la Generalitat carece de competencias para elaborar el censo electoral y sustituir a la Junta Electoral Central, el plan esbozado constituye otro despropósito jurídico. En caso de que el gobierno de la Generalitat y los diputados de JxS y CUP en el Parlament sigan adelante con los planes para hacer el referéndum, tendrán que hacer frente a las denuncias que presenten los ciudadanos en cuanto se les comunique su inclusión en un censo ilegal puesto a disposición de un organismo ilegal.

 ¿Diputados u okupas?

Que una decena de diputados con Puigdemont, Junqueras y Gabriel a la cabeza pretendan saltarse la Constitución y el Estatuto de Cataluña y doblegar al resto de instituciones del Estado constituye un auténtico delirio sin parangón en ninguna democracia occidental. El plan de marcado cariz totalitario carece de respaldo alguno en el Derecho Internacional y contraviene nuestro ordenamiento jurídico, incluido el propio Estatut donde se establece que “Cataluña tiene en el Estado español y la UE su espacio político y geográfico de referencia e incorpora los valores, los principios y las obligaciones que se deriven de formar parte de ellos”.

Puigdemont con su gobierno de los peores. Los consejeros Baiget,Jané, Munté y Ruiz han sido cesados por su tibieza.

Confieso tener curiosidad por ver cuántos diputados, además de Puigdemont, Junqueras y los diez “cuperos”, se atreven a aprobar la “ley suprema” y arriesgarse a pasar de diputados autonómicos a okupas del Parlament. El gobierno de la Generalitat ha tenido que cesar a Baiget y a otros tres consejeros tibios, y forzar la dimisión “por razones políticas” de Batlle, director de los Mossos. Sustituidos todos por secesionistas fanáticos, me temo que no serán las últimas víctimas de la nonata república de PuigCupqueras.

Tardà, Llach y líderes de la CUP con su buen amigo Otegui.

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Tres fotografías

Breve historia de la metamorfosis de Pedro Sánchez, el madrileño que se presentó en Madrid a lomos de la bandera constitucional en junio de 2015 y acabó en Barcelona jugando con cubitos a “nación de naciones” en julio de 2017.

Sánchez con la bandera constitucional en el acto de presentación de su candidatura a la presidencia del Gobierno.

Pedro Sánchez en la presentación de su candidatura a presidente del Gobierno de España el 22 de junio de 2015:

“No decimos que esa bandera no pueda pertenecer y sentirse por parte de otras opciones ideológicas, pero que es tan nuestra como del resto”.

Sánchez puño en alto entonando “La internacional” el 22 de mayo de 2017.

Pedro Sáchez tras ganar las elecciones primarias y convertirse de nuevo en secretario general del PSOE.

 

“Vamos y queremos hacer una organización nueva. Vamos a hacer y cumplir con el mandato de las urnas, hacer del PSOE el partido de la izquierda de este país, y mi compromiso sigue siendo firme: unir al partido”.

Pedro Sánchez con Miquel Iceta en Barcelona  jugando a los cubitos rojos en la sede del PSC: tuyo, mío; mío, tuyo. Tú para nosotros, nosotros para nosotros.

Pedro Sánchez con Miquel Iceta presentando la “Declaración de Barcelona” el 14 de julio de 2017:

“Para los socialistas, debe ponerse en marcha
desde ya un proceso de fortalecimiento del
autogobierno de Cataluña, de mejora de su
financiación, de mejor reconocimiento de su
personalidad nacional y de su papel motor del
conjunto de España”.

A bailá, a bailá y a bailá… grasia pssera…

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¿Te acuerdas?

Puigdemont, segundo presidente de la Associació de Municipis per l’Independencia, dirigiéndose como presidente del gobierno de la Generalitat a la asamblea de la AMI en 2017.

El 17 de marzo pedí la dimisión del Sr. Puigdemont como presidente del gobierno de la Generalitat y la convocatoria de elecciones autonómicas:

https://clementepolo.wordpress.com/2017/03/17/peticion-de-disolucion-del-parlament-y-convocatoria-de-elecciones-autonomicas-en-cataluna/

Puigdemont en el acto de presentación de la pregunta y fecha del referéndum de autodeterminación 9 de junio de 2017.

Desde entonces, la actuación de este personaje (su alias guerrero en los medios secesionistas es “Peluquín airado”) desde enero de 2016 no ha hecho sino confirmar los peores presagios que auguraba su nombramiento.  Hace unos días Puigdemont cesó a un total de cuatro consejeros de su propio partido que dudaban sobre la conveniencia de llevar hasta el final su plan de realizar un ilegal “referéndum de autodeterminación” el próximo 1 de octubre. Por si alguien tenía alguna duda, la decisión de Puigdemont ha dejado bien claro que el  gobierno de la Generalitat ha dejado de ser un gobierno democrático, esto es, un gobierno respetuoso con la división de poderes y competencias y el imperio de la Ley.

Presentación de la “ley del referendum de autodeterminación” en el Teatro Nacional de Cataluña. Importe de la factura: 17.600 €. Y se extrañan de que se investigue quién la pagó.

Pretende Puigdemont derogar la Constitución y el Estatut aprobando una “ley suprema” con apoyo de 72 diputados autonómicos, número insuficiente incluso para reformar el Estatut de Cataluña. Pues bien, el Artc. 3.2 de la citada ley establece la jerarquía de esta norma sobre cualquier otra con la que pueda entrar en conflcito, incluidas la Constitución, el Estatut de Cataluña, la Ley Orgánica del Régimen Electoral General y el resto del ordenamiento jurídico.

Espero que Puigdemont, Junqueras y todos los demás protagonistas del golpe de mano que están a punto de dar contra el Estado social y democrático de Derecho sean inhabilitados pronto siguiendo los pasos de Mas, Homs, Rigau, Ortega, Forcadell, Borràs, etc.  No es posible que sigan actuando como presidente, vicepresidente y consejeros del gobierno de la Generalitat o como diputados del Parlament de la Comunidad Autónoma de Cataluña ciudadanos que no respetan siquiera las leyes gracias a las cuáles ostentan sus cargos y cobran sus suculentos sueldos.

Puigdemont, prima dona de la Cia Nacional de la república catalana, ensayando la obra “Butifarréndum o Muerte” en el Teatro Nacional de Cataluña el 4 de julio de 2017.

¡Basta ya!

Si estás de acuerdo con estos argumentos, firma esta petición para ponerlos en una urna y exhibirlos en el museo de seudohistoria de Cataluña:

https://www.change.org/p/ciudadanos-espa%C3%B1oles-pedir-la-disoluci%C3%B3n-del-parlament-y-la-convocatoria-de-elecciones-auton%C3%B3micas-en-catalu%C3%B1a

 

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Tres compromisos

Puigdemont, prima dona de la Cia Nacional de la república catalana, en el ensayo general de la obra “Butifarréndum o Muerte”. Teatro Nacional de Cataluña 4 de julo de 2017.

Texto en el que basé mi conferencia en el Centro Cívico Can Cabanyes de Badalona el 13 de julio de 2017.

  • Muchas gracias a todos ustedes por haber venido a escucharnos en esta calurosa tarde de julio. Soy Clemente Polo, profesor de Economía de la UAB, presidente de la asociación Regeneración Democrática y Vicepresidente del MCEC, una asociación con la que colaboro desde 2014.
  • A la vuelta del verano tenemos tres citas importantes con la historia y quiero empezar recordándolas para que las apuntéis en vuestra agenda. Con independencia de lo que ocurra de aquí al 1 de octubre, las asociaciones que defendemos los valores que inspiran la Constitución de 1978, libertad y justicia, igualdad y pluralismo político, vamos a llamar a los ciudadanos que los comparten a manifestar su rechazo al proceso de secesión que impulsan Puigdemont y Junqueras desde el gobierno de la Generalidad con apoyo de dos grupos parlamentarios, Junts pel Sí (JxS=CDC+ERC) y CUP.
  • Manifestacón en Vía Layetana, 6 de diciembre de 2016.

    Empezaré por la cita más lejana, el 6 de diciembre, también la más trascendente desde un punto de vista político; a continuación, me referiré a la más popular de las tres, la Fiesta Nacional del 12-O; y finalmente, dedicaré la mayor parte de mi intervención a hablar sobre la más cercana y excepcional: el 1-O. El orden que he elegido no es casual sino que pretende subrayar que, con independencia de lo que suceda de aquí al 1-O, nosotros vamos a mantener nuestra propia agenda.

 

  • El próximo 6 de diciembre conmemoraremos el refrendo de la Constitución de 1978 por todos los ciudadanos españoles. Las asociaciones constitucionalistas convocaremos de nuevo la manifestación que recorrerá la Vía Layetana desde la Plaza Urquinaona y finalizará en la Plaza de San Jaime, frente al palacio del gobierno de la Generalidad, tal y como hemos venido haciendo desde 2012.
    • En estos días inciertos en que vemos a tantos políticos ansiosos por reformar la Constitución, queremos reafirmar nuestro compromiso con el marco político que refrendaron el 87,9% de los votantes españoles y el 90,5% de los votantes catalanes y ha convertido en realidad el sueño de los españoles de vivir en libertad, concordia y prosperidad durante cuatro décadas. A quienes este logro les parezca pequeño, les recomendaría que echen una ojeada a la historia moderna y contemporánea de España.
    • Sabemos que la Constitución de 1978 es perfectible pero mucho me temo que las reformas que hoy se propugnan, incluso desde partidos pretendidamente de izquierdas, sólo servirán para blindar o reforzar las actuales asimetrías y desigualdades. Precisamente porque estas reformas apuntan hacia regímenes federales asimétricos (o incluso confederales) ponen, en nuestra opinión, en riesgo la igualdad de todos los españoles que proclama la Constitución. ¿Por qué antes de reformar la Constitución no se ocupan algunos partidos de cumplirla y velar para que se cumpla? Pase lo que pase el 1-O, les aseguro que nosotros celebraremos este año el trigésimo noveno aniversario de la Constitución de 1978.

      Plaza de San Jaime, 6 de diciembre.

      12 de octubre 2016 en Plaza de Cataluña.

  • La segunda cita que tenemos que apuntar en nuestra agenda es el 12 de octubre. Algunas asociaciones (Convivencia Cívica, Movimiento Cívico Espanya i Catalans, Regeneración Democrática, Sociedad Civil Catalana, Somatemps y 12-O) hemos mantenido ya reuniones para organizar la manifestación que, como en años anteriores, recorrerá Paseo de Gracia y finalizará en la Plaza de Cataluña, donde tendrá lugar, como el año pasado, dos actos: uno cívico y con marcado carácter político para celebrar la Fiesta Nacional de España; y otro más festivo con el que queremos destacar los lazos fraternales que unen a los españoles con los países hispanoamericanos del otro lado del Atlántico.
    • La celebración se producirá este año sólo once días después del anunciado referéndum de autodeterminación. Convendría, por ello, que hagamos una celebración unitaria (como siempre hemos intentado que lo fuera), sin contraprogramaciones, con presencia de los líderes de los partidos constitucionalistas que quieran sumarse, y con un objetivo claro: congregar una multitud que empequeñezca la Plaza de Cataluña.
    • Pero sabemos que no es fácil movilizar a los ciudadanos cuando, como es nuestro caso, no se dispone de recursos ni se cuenta con el apoyo de los medios de comunicación públicos y subvencionados, algo con lo que sí cuentan las asociaciones secesionistas (AMI y AMC, ANC y Omnium Cultural) para organizar las manifestaciones multitudinarias el 11-S.

      La pancarta con el lema España en el corazón / Espanya al cor.

    • A diferencia de ellos, nosotros hemos organizado el 6-D y el 12-O sin ayuda de partidos políticos y hasta enfrentándonos a los obstáculos que se nos han puesto para tratar de desanimarnos. Tenemos pocos aliados y además bastante tacaños. El año pasado, ningún medio de comunicación “amigo” acudió a la conferencia de prensa que ofrecimos para anunciar el 12-O en el Colegio de Periodistas. Carlos Herrera (COPE), un potencial aliado nuestro, me entrevistó durante 5 minutos dos días antes del 12-O después de emitir algunas cuñas (pagadas) en su cadena. Fuera de los limitados canales de Facebook en los que anunciamos los actos, nuestros blogs y muros personales y cuentas de Twitter, poco más podemos hacer para movilizar a los españoles residentes en Cataluña.
    • Cualquier acto, incluso nuestras austeras celebraciones del 12-O y 6-D, requiere contar con algo de dinero para montar el escenario, contratar la megafonía, abonar los seguros, imprimir la pancarta y algunos carteles, etc. Y nuestras asociaciones son pobres de solemnidad hasta el punto de que el dinero para costearlos ha salido en ocasiones de nuestros bolsillos.
    • Este año queremos esmerarnos para que el 12-O de 2017 sea mejor que el de años pasados. Son muchas las acciones que queremos realizar durante el mes de septiembre y vuestra ayuda resulta imprescindible para llevarlas a cab Os necesitamos para movilizar a las personas que en Badalona piensan como nosotros pero hoy no están aquí, necesitamos vuestra ayuda para estar presentes con carpas en la calle a partir del 1 de septiembre, para organizar actos como éste en otras localidades del cinturón de Barcelona, etc. Tenemos que ponernos manos a la obra y desentumecer a los cientos de miles de catalanes que quieren seguir siendo españoles y europeos y desean que el Barcelona, el Español y el Gerona sigan jugando en la primera división de la Liga Española.
    • Por eso quiero invitaros a todos los que estáis hoy aquí a que no os marchéis a casa sin darnos vuestro nombre, dirección de correo electrónico y teléfono, para ponernos en contacto y haceros copartícipes de la organización de nuestros actos. Tenéis que ser protagonistas. Para ganar esta batalla tenemos que empezar por crear organizaciones locales tan potentes como las que tienen las asociaciones secesionistas y estar presentes en todos los rincones de Cataluña. Sólo así podremos difundir nuestro mensaje a favor de una sociedad abierta, esperanzada y solidaria y contraponerlo al discurso tribal, victimista y egoísta que, con marcado carácter xenófobo y hasta racista, ha calado en amplios sectores de la sociedad catalana.
  • Puigdemont en el momento de anunciar la convocatoria y la pregunta del referéndum el 6 de junio. Munté, Forcadell y Junqueras aplaudiendo.

    Aunque nuestro interés primordial sea organizar y promocionar los actos del 12-O y 6-D, las asociaciones constitucionalistas no podemos ignorar la amenaza que supone la celebración del referéndum el 1 de octubre, nuestra cita excepcional de este año. Como sabéis, Puigdemont anunció el pasado 9 de junio la pregunta que quiere plantearnos a los españoles empadronados en esta Comunidad Autónoma:

 “¿Queréis que Cataluña sea un estado independiente en forma de república”?

  • Hemos sabido hace pocos días que si ganara el “sí”, aunque sólo votaran Puigdemont, Junqueras y Colau y el resultado fuera 2 “síes” y 1 voto en blanco, el Parlament de Cataluña proclamaría la república en un plazo no superior a dos días contados a partir del momento en que se oficialicen los resultados. Quizá pretendan hacerlo el 6 de octubre para emular la “gesta” que protagonizó Companys ese mismo día en 1934, cuando proclamó desde el balcón de la entonces Plaza de la República (ahora Plaza de San Jaime) el Estado Catalán de la inexistente República Federal española. Horas después fue detenido, juzgado y encarcelado por sublevarse contra el gobierno legítimo de la II República.

    Placa que retiró el alcalde Trias (CDC) de la actual Plaza de San Jaime. Así se llamó desde 1843 hasta 1931 en que pasó a llamarse Plaza de la República.

  • Como sabéis 8 diputados del Parlament de Cataluña, 4 de la coalición CUP (Gabriel, Garriga, Salellas y Serra) y 4 de la coalición JxS (Corominas, Turull, Orobitg y Rovira), presentaron el pasado 4 de julio la llamada “ley del referéndum de autodeterminación” en un patio del Parlament de Cataluña. Puigdemont, alias “Peluquín Airado”, y Junqueras, alias “Ojo Extraviado”, se encargaron de presentar el engendro jurídico en sociedad esa misma tarde en el Teatro Nacional de Cataluña.
  • Por cierto, que hoy mismo la Guardia Civil se ha personado en el Teatro Nacional de Cataluña, en calidad de policía judicial, para averiguar quién abonó los 17.600€ a que ascendió el alquiler del local donde Puigdemont y Junqueras presentaron la “ley del referéndum de autodeterminación” el pasado 4 d julio. Al parecer la pagó el grupo parlamentario de JxS con el dinero de todos los ciudadanos. Esperemos que se decanten las responsabilidades de los presuntos malversadores de caudales públicos.
  • De momento, se trata del borrador oficioso de un proyecto de ley cuyos

    Presentación de la “ley del referendumde autodeterminación” en el Teatro Nacional de Cataluña. Importe de la factura: 17.600 €. Y se extrañan de que se investigue quién la pagó.

    promotores no se han atrevido a registrarlo y tramitarlo en el Parlament, ni a debatirlo y votarlo en el hemiciclo. Cuenta con el apoyo entusiasta de los 10 diputados de la CUP y con el apoyo de Puigdemont y Junqueras y buena parte del rebaño de 60 diputados que pastorean los dirigentes de CDC y ERC. Se oponen al proyecto los 25 diputados de Ciudadanos, los 16 del PSC y los 11 del PP. Por su parte, los 11 diputados de Colau (CatSíqueesPot) lo apoyan con reservas: quieren a toda costa evitar aparecer en la foto junto a quienes se oponen al referéndum, para robarle votos al PSC, si bien su deseo oculto es que Puigdemont naufrague y convoque elecciones anticipadas. Esta es la situación política en el Parlament de Cataluña.

  • Diputados de Junts pel Sí y Cup presentando el borrador de la “ley suprema”.

    ¿Qué podemos decir sobre esta pretendida “ley suprema” elaborada en secreto por una decena de diputados? El objetivo principal de la ley es proporcionar cobertura legal a un ilegal referéndum de autodeterminación y a todas las personas e instituciones que participen en su organización. Para ello, el Art. 3.2 establece “un régimen jurídico excepcional” que “prevalece jerárquicamente sobre todas aquellas normas con las que pueda entrar en conflicto”, como la Constitución y el Estatut, la Ley Orgánica del Régimen Electoral General y el resto del ordenamiento jurídico español.

  • Está claro que el gobierno de Puigdemont y Junqueras pretende aprovechar la circunstancial mayoría que tiene en el Parlament de Cataluña para tramitar y aprobar la “ley” por sorpresa este verano, con el aval de 72 diputados autonómicos que obtuvieron el 47,7% de los votos válidos y 36,8% del censo en las elecciones del 27-S, un número insuficiente incluso para reformar el Estatut de Cataluña. Se trata de una “ley” manifiestamente inconstitucional que ignora la división de poderes, invade las competencias de otras instancias del Estado y se sitúa por encima de la Constitución y el propio Estatut de Cataluña.
  • Puigdemont presentando la “ley suprema” en el Teatro Nacional de Cataluña.

    Con este audaz golpe de mano Puigdemont y Junqueras pretenden liquidar el Estado democrático social de Derecho y suspender los derechos constitucionales de los españoles empadronados en Cataluña. Constituye un despropósito jurídico sin parangón en ningún Estado democrático que intenta finiquitar en 48 horas con la democracia en Cataluña y dejarnos a los catalanes en una situación de indefensión ante la acumulación en manos de los 72 diputados secesionistas del poder ejecutivo, legislativo y judicial. La situación recuerda aquella famosa consigna que hizo celebre la revolución bolchevique: “Todo el poder para los soviets”.

  • El Parlament tras aprobar la resolución de inicio del proceso constituyente.

    ¿Cómo debemos responder los demócratas al órdago del gobierno de la Generalitat y del Parlament de Cataluña? Voy a suponer (aunque no está claro que vayan o puedan hacerlo) que el gobierno de la Generalidad y la banda de los 72 presentan y aprueban en 24 horas la llamada “ley del referéndum de autodeterminación” durante el mes de agosto. A continuación voy a sugerir algunas pautas para afrontar los acontecimientos que pueden presentarse hasta el 1-O:

  • Primero: en cuanto la “ley del referéndum” sea aprobada en el Parlament este verano, la Abogacía del Estado interpondrá en nombre del Gobierno de España el correspondiente recurso ante el Tribunal Constitucional (TC). Tal y como ha ocurrido con otras resoluciones del Parlament –inicio del proceso constituyente, conclusiones finales de la comisión de estudio de proceso constituyente, etc.- el recurso será admitido a trámite por el TC y la “ley” quedará inmediatamente suspendida: no existirá ninguna “ley suprema” que ampare las conductas delictivas.
  • Sede del Tribunal Constitucional.

    A partir de ese momento, todos los miembros del gobierno de la Generalitat y los diputados del Parlament que la hayan aprobado, así como aquellos que pretendan implementarla, habrán incurrido o incurrirán en delitos por los que tendrán que responder ante los Tribunales, como ha ocurrido en los casos del presidente Mas, los consejeros Homs, Ortega y Rigau, los diputados Forcadell, Nuet, Corominas y Simó y la consejera Borràs.Esperamos que a todos los que decidan seguir adelante y organizar el referéndum se les imputen, además de los delitos de desobediencia grave, usurpación de funciones y prevaricación, el delito de malversación de caudales públicos. En situación similar se hallarán también los funcionarios del gobierno de la Generalitat que elaboren el censo y los miembros de la “sindicatura electoral de Cataluña” que usurpen las funciones de la Junta Electoral Central y de las Juntas Electorales Provinciales de Cataluña, los organismos facultados por Ley Orgánica del Régimen Electoral General para garantizar la libre participación y la limpieza de los procesos electorales. Tampoco escaparán de la Justicia los cargos electos de los Ayuntamientos que pongan a disposición del gobierno de la Generalitat centros públicos para realizar el referéndum.

    Artur Mas junto a las exconselleras Joana Ortega e Irene Rigau en el banquillo.

  • Segundo: aunque es al Estado a quien corresponde enfrentarse al gobierno de la Generalitat y detener en seco la “ley del referéndum“, las asociaciones cívicas tenemos que estar junto al Gobierno, el TC y Las Cortes en este trance, y respaldar todas las medidas y autos que adopten para impedir la celebración del referéndum.
  • Tercero: las asociaciones cívicas tenemos además que estar preparadas para acosar con denuncias al gobierno de la Generalitat. La “ley del referéndum” deja en manos de la administración electoral del gobierno de la Generalitat, bajo supervisión de la “sindicatura electoral de Catalunya”, la elaboración del censo electoral y la designación de los presidentes y vocales de las mesas electorales. Se sigue de lo anterior que estos dos organismos tendrán que enviarnos nuestra tarjeta censal, e indicarnos, la sección y la mesa donde podemos votar, e incluso comunicarnos, en su caso, que hemos sido nombrados presidentes o vocales de mesa.
  • Puesto que el gobierno de la Generalitat carece de competencias para elaborar el censo electoral, una tarea que la Junta Electoral Central encomienda al Instituto Nacional de Estadística, los ciudadanos podremos presentar una denuncia en cuanto se nos comunique que nuestros datos personales figuran en un “censo” ilegal elaborado por el gobierno de la Generalitat. Ningún organismo administrativo puede obtener o disponer de nuestros datos personales, mucho menos la “sindicatura electoral de Catalunya” constituida al amparo de una “ley” suspendida por el TC. Tenemos que empapelar con denuncias el edificio del gobierno de la Generalitat en la Plaza de San Jaime el 6-D.
  • Así entienden la democracaia las diputados de la CUP rompiendo fotos del Rey en el Parlament de Cataluña.

    Cuarto: convendría pone en marcha campañas para denunciar el carácter antidemocrático del referéndum. Hay bastantes ciudadanos a los que se les ha convencido con atractivos eslóganes, como “derecho a decidir”, que estamos ante un legítimo ejercicio democrático avalado por el Derecho Internacional, la Constitución y hasta el Estatut. Hay que convencerlos de que los argumentos de los partidos y asociaciones secesionistas son falsos y que no deben participar en un referéndum que se salta las tres reglas básicas de la democracia: división de poderes, división de competencias e imperio de la Ley. La “ley del referéndum de autodeterminación” viola los tres. Todo un record.

  • Quinto: No estoy seguro que el referéndum llegue a realizarse el 1-O, como dan por hecho incluso personas tan poco sospechosas de connivencia con el secesionismo como (Arcadi) Espada. Sáenz de Santamaría y el propio Rajoy han reiterado que el referéndum no se hará y confío en que así sea. Sería un éxito importante del Gobierno de España, tanto a nivel nacional como internacional, impedirlo. Para ello, el Gobierno ,además de recurrir al TC la “ley del referéndum”, debería permanecer invigilando y seguir muy de cerca todos los movimientos de consejeros y diputados para impedir que compren las urnas, que editen las papeletas, que hagan campañas institucionales en favor de la participación, que cedan espacios públicos, etc. Junqueras, vicepresidente del gobierno de la Generalitat, y Romeva, consejero de asuntos exteriores y relaciones institucionales, han manifestado su dispoción a responsabilizarse de la adquisición de las urnas; y Colau, la alcaldesa de Barcelona, ha indicado que el Ayuntamiento de Barcelona colaborará para que el 1-O sea un éxito. Pues bien, convendría que advertirles a los tres que si hacen lo que anuncian incurrirán en varios delitos.

    Mas burlánose del gobierno español y del Tribunal Constitucional el 9 de noviembre de 2014 ante la embelesada mirada de su esposa.

  • Sexto: ¿qué debemos hacer los ciudadanos el día 1? No hace falta deciros que no hay que ir a votar. En el hipotético caso de que llegaran a abrirse algunos centros de votación en nuestra ciudad, aconsejo acercarnos al centro que se nos haya asignado en la tarjeta censal para constatar si nuestro nombre figura en el censo. En ese caso, podemos dirigirnos a la comisaría más próxima y denunciar al presidente de la mesa.
  • Concentración de alcaldes de la AMI ante el Parlament de Cataluña para respaldar a los encausados.

    Séptimo: si el referéndum no se celebra, como esperamos y seria deseable, no puede descartarse que Puigdemont se encierre junto con los dirigentes de la CUP y los líderes de las asociaciones secesionistas en el Parlament de Cataluña para escenificar su protesta por la falta de democracia. Podrían incluso convocar a las huestes juveniles de los partidos  (JERC, Arran, etc.) a rodear el edificio en la Ciudadela para defender a sus corajudos líderes. No creo que aguanten mucho tiempo y la estrategia más inteligente, si llegamos a esta situación, tal vez sea dejarles que se conviertan en okupas del Parlament (sin sueldo) durante unos días para que se despedacen entre ellos.

Los diputados de C’s y PP abandonan el pleno del pleno del Parlament antes de votarse las conclusiones de la Comisión para el inicio de el 27 de julio de 2016.

Amigos, el día 1 pasará a mejor vida pero lo que no pasará es el odio y la ponzoña que han sembrado en contra del esperanzador proyecto de una España democrática en la que, por fin, cabemos todos los ciudadanos y todos, con independencia de nuestras creencias religiosas e ideología política, somos libres e iguales ante la ley. Para superar  esta gravísima situación, necesitamos contar con un gobierno al frente de la Generalidad que devuelva a la educación y los medios de comunicación la independencia que nunca debieron perder y utilice el dinero de todos para proporcionar mejores servicios. Antes de que proclamen su república monstruosa, tenemos que desalojarlos de la antigua plaza de la Republica.

Muchas gracias por su atención.

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Irresponsabilidad fiscal

Artículo publicado en el diario Expansión el 4 de julio de 2017.

Rajoy con el ministro Montoro en el Congreso.

Sin apenas margen para respirar, antes incluso de culminar la tramitación en Las Cortes de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2017, el Gobierno se encuentra ya preparando los PGE de 2018. El primer paso es, como exige la UE, aprobar un techo de gasto que el Congreso tiene que revalidar. En el artículo que publiqué en Expansión (31 de mayo de 2016), casi un mes antes de las últimas elecciones generales, pronosticaba que “la única posibilidad de que Rajoy pueda formar gobierno pasa por que el PP logre 135-140 escaños en el Congreso y Ciudadanos entre 35 y 45. Ni siquiera en este optimista escenario resultará sencillo fraguar un acuerdo de investidura con Ciudadanos, a menos que Rivera y sus ‘juveniles’ huestes nacidas después de 1978 acepten al inmovilista Rajoy como presidente. Pero incluso si Rajoy fuera investido, le resultará complicado gobernar con un Congreso donde Podemos con sus divergencias e IU, PSOE-PSC, y los partidos independentistas (ERC, CDC, EH-Bildu y PNV) podrían bloquear sus iniciativas de gobierno”.

Rajoy y Rivera tras sellar el acuerdo de investidura.

El PP cumplió el 26-J y obtuvo 137 diputados pero Ciudadanos se quedó en 32 y, a pesar de las numerosas ocasiones en que Rivera había declarado que no lo apoyaría, Rajoy fue investido presidente con los votos de Ciudadanos y la abstención del PSOE, todavía en manos de la comisión gestora que había echado a Sánchez en primavera. Durante ese ínterin, el Gobierno logró aprobar los PGE de 2017 haciendo numerosas concesiones a Ciudadanos, al PNV y a CC y NC, los dos partidos canarios. Pocas, si alguna, de las concesiones hechas responden a los intereses generales y la mayoría sólo han servido para hacer guiños a algunos colectivos, en el caso de Ciudadanos, o para obtener beneficios para vascos y canarios en detrimento del resto de los españoles. Pero lo más importante, desde un punto de vista económico, es que estas decisiones sumadas a las reducciones de impuestos que, con marcado carácter electoral, hizo el PP en 2015, han impedido recortar en mayor medida el déficit público y detener el aumento de la deuda pública, los dos principales desequilibrios macroeconómicos de nuestra economía.

Tasas de crecimiento del PIB y de la ocupación.

Llevamos ya tres años y medio de crecimiento económico y seguimos con un déficit público que se prevé alcance el 3,1% a finales de año y una deuda pública que está en torno al 100% del PIB. ¿Se puede vivir con una deuda equivalente a lo que producimos en un año? Las familias sabemos que podemos vivir con una deuda igual a nuestra renta. Ahora bien, cuando un estado lo hace se corren dos grandes riesgos. Primero, si las cuentas presentan un déficit de entrada se reduce el margen de maniobra de la política fiscal para hacer frente a una futura recesión. Segundo, la economía española será mucho más vulnerable si los inversores perciben que las Administraciones Públicas son incapaces de financiar sus gastos año tras año y siguen acumulando deuda, incluso después de varios años de crecimiento de la producción y el empleo. No hace falta recordar, las dificultades que tuvo el Tesoro para financiarse a partir de 2009 y el punto álgido que se alcanzó en el verano de 2012 que sólo pudo solventarse gracias a la intervenciónd el BCE. Ahora, con una deuda de 1,1 billones, una elevación de la prima de riesgo resultaría catastrófica, no sólo para las Administraciones sino también para el sector privado.

Gráfico de la prima de riesgo española y el valor de las acciones bancarias.

Sánchez puño en alto entonando “La internacional” el 22 de mayo de 2017.

El triunfo de Sánchez en las primarias nos ha devuelto a la situación de conflictividad vivida entre el 28-D y el 26-J. Lograda su revancha contra los enemigos de partido, el objetivo de Sánchez ahora es echar a Rajoy como sea y cuenta para ello con los votos de Podemos y sus divergencias, y el apoyo moral de las organizaciones sindicales. No habrá abstención en este caso como ocurrió con los PGE de 2017. La cuestión, por tanto, es si podrá reeditarse el apoyo que han prestado Ciudadanos, PNV y los partidos canarios al PP. Montoro ha anunciado un ligero aumento (1,3%) del techo de gasto pero los primeros escarceos políticos indican que el gesto resulta muy insuficiente para colmar las ansias de Ciudadanos que quiere adelantarse al PP –el ministro Guindos avanzó que es posible acompasar la reducción de impuestos con la del déficit– y presentarse ante la  opinión pública como el adalid de una nueva reducción del IRPF. El argumento que ha ofrecido Rivera es que hay que devolver “a los españoles el esfuerzo que han hecho”.

Rivera exige al Gobierno bajar el IRPF para apoyar los PGE 2018.

Evolución del fondo de reserva de la SS.

El razonamiento de Rivera hace aguas por la sencilla razón de que el esfuerzo que dice hemos hecho resulta todavía insuficiente para pagar todo lo que el Estado devuelve a los ciudadanos en forma de servicios, prestaciones y transferencias de todo tipo. Más incluso, una reducción de los impuestos y un mayor déficit ponen en riesgo el mantenimiento de esos servicios, prestaciones y transferencias en el futuro. Más razonable parece la opinión de quienes señalan la insuficiencia recaudatoria de nuestro sistema fiscal –después de un forcejeo ministerial la paga extraordinaria de los pensionistas de junio se ha pagado con un crédito extraordinario incluido en los PGE de 2017 de 10.200 millones a devolver en 10 años– y abogan por subir los impuestos para eliminar el déficit público y lograr superávits presupuestarios durante las fases alcistas del ciclo. Quiero recordar, para finalizar, que la cifra de déficits (nominales) acumulados desde 1995 a 2015 alcanzó 735.000 millones y que las AA. PP. sólo lograron superávits en 3 años de 21. Se puede ser liberal pero no irresponsable.

Gráfico Deuda Pública España en % PIB 2009-2017

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