Por un gobierno de coalición

Artículo publicado en el diario Expansión el 11 de septiembre de 2019

Sede del Ministerio de Economía del Reino de España.

En Economía hay pocas verdades incontestables pero muy pocos economistas se atreverían a cuestionar que la estabilidad política y la prudencia económica resultan ingredientes indispensables para crecer, para generar empleo y para aumentar el nivel de vida de los ciudadanos. La experiencia del siglo XX indica que esa conjunción de factores se ha producido tanto en países gobernados por regímenes autoritarios o incluso dictaduras de partido único como en países con sistemas democráticos de gobierno muy dispares. El hecho innegable de que otras dictaduras y democracias hayan fracasado estrepitosamente en ese empeño demuestra que no disponemos de una fórmula mágica, y que el éxito depende, en última instancia, de la actitud de los líderes políticos y de la mayor o menor inclinación de los partidos mayoritarios a conformar gobiernos estables y a adoptar políticas económicas prudentes.

Historia reciente

González firmando el acuerdo de adhesión a la CEE en 1986

Completada la Transición a la democracia en 1978 y lograda la incorporación de España a la CEE en 1986, España gozó de una notable estabilidad política y se pudieron acometer reformas económicas de calado que permitieron dejar atrás la década negra de 1976-1985. La alternancia al frente del Gobierno de partidos de centro-izquierda (PSOE, 1982-1996, 2004-2008) y centro-derecha (PP 1996-2004), resultó decisiva para retomar la senda de crecimiento iniciada bajo la dictadura de Franco a finales de los años 50. Los partidos con mayor representación en el Congreso obtuvieron mayorías absolutas o gobernaron, como González en 1993 o Aznar en 1996, con apoyos más simbólicos que efectivos de los partidos nacionalistas catalanes y vascos.

Juan Carlos en la firma del Tratado de Adhesión a la CEE

En aquellos años, todas las fuerzas políticas, incluido el PCE y sus epígonos de IU, aceptaban el marco constitucional y sólo los terroristas vascos (ETA-Batasuna) y catalanes (Terra-Lliure) y el FRAP pretendían finiquitarlo recurriendo a la lucha armada. Fue un período doloroso en algunos aspectos, pero en el que a ningún político relevante se le ocurría atizar los endemoniados odios del pasado y mucho menos recurrir al dislate ahistórico de desenterrar a Franco para exaltar los ánimos de sus parroquianos más rencorosos. Otros asuntos algo más sustanciosos ocupaban la agenda de la ‘clase’ política en un tiempo en que los partidos todavía no se habían convertido en las descaradas agencias de colocación de personas afines, con demasiada frecuencia sin profesión conocida, en que se han ido convirtiendo con el paso de los años.

Fraga y Carrillo, símbolos de una reconciliación imposible, hoy cuestionada por algunos.

La estabilidad política y la prudencia económica empezaron a hacer aguas en la primera legislatura de Rodríguez Zapatero (2004-2008) y la situación se agravó considerablemente durante la segunda (2008-2011), coincidiendo con las irresponsables políticas de los gobiernos tripartitos de la Generalidad de Cataluña que presidieron Maragall (2003-2006) y Montilla (2006-2010). Además de permitir al primero aprobar en el Parlament un proyecto de reforma del Estatut en 2005 que desbordaba y abolía nuestro marco constitucional y al segundo

Maragall y Mas aplaudiendo tras aprobarse la Propuesta de Reforma del Estatut en septiembre de 2005.

convocar a los catalanes a manifestarse contra la sentencia del Tribunal Constitucional en 2010, Rodríguez Zapatero aprobó la Ley de Memoria Histórica en 2007 que en buena medida suponía un ajuste de cuentas espurio que abrió la espita por la que se escaparon los demonios del pasado. Por otra parte, la gestión de la recesión económica (2008-2009) y de la crisis financiera (2009-2011) de los gobiernos de Rodríguez Zapatero resultaron igualmente desastrosas y nos dejaron como legados una tasa de paro del 23 %, la quiebra de varias entidades financieras y un déficit y una deuda pública asfixiantes.

Qué hacer ahora

Maragall con Zapatero e Ibarretxe dos presidentes autonómicos que protagonizaron desde dos gobiernos autonómicos el primer ataque al orden constitucional.

Al calor de la inestabilidad política y la imprudencia económica que caracterizaron las dos legislaturas de Zapatero se produjeron dos hechos que han modificado el panorama político español y cuyas consecuencias padecemos ahora. Por una parte, se puso en marcha un proceso de radicalización de los partidos nacionalistas catalanes que alentaron y financiaron desde las propias instituciones de autogobierno de Cataluña a organizaciones independentistas (como la ANC y la AMI) que han provocado una fractura política y social que tardará décadas en cerrarse. Por otra parte, provocó la aparición de nuevas formaciones políticas como Ciudadanos en Cataluña (2006) y Podemos en Madrid (2014) que al dar el salto a la política nacional y obtener representación en el Congreso han impedido la consecución de mayorías absolutas y obligado a los partidos mayoritarios a recabar su apoyo para poder formar gobierno.

Sánchez y Rivera firmando el acuerdo entre el PSOE-PSC y Ciudadanos en el Congreso en 2016.

Los tres acuerdos programáticos ensayados hasta ahora, entre PSOE y Ciudadanos y entre PP y Ciudadanos no han tenido buena fortuna. El primero, entre PSOE y Ciudadanos terminó con la investidura fallida de Sánchez en marzo de 2016; el segundo, se vino abajo tras la exitosa moción de censura a Rajoy, protagonizada por Sánchez con apoyo de Podemos en 2018; y el tercero, se vino abajo tras perder Sánchez la votación de los PGE en marzo de 2019. Con la fragmentación actual del Congreso tras las

Rajoy felicita a Sánchez tras perder la moción de censura el 1 de junio de 2018.

elecciones del 28-A, la única fórmula para constituir un gobierno estable y mantener una política económica prudente pasa por la formación de un gobierno de coalición  entre al menos dos de los tres partidos de centro: PSOE-PP, PSOE-Ciudadanos o PSOE-PP-Ciudadanos. Cualquiera de estas fórmulas proporcionaría mayor estabilidad y reflejaría mejor la realidad social y electoral de nuestro país que las otras dos alternativas posibles: un  gobierno de coalición ‘progresista’ entre PSOE y Unidas Podemos, como pretenden los ‘podemitas’, o un gobierno monocolor del PSOE con

Torra amenaza a Sánchez con proclamar la independencia de Cataluña si la sentencia a los políticos golpistas es condenatoria (050919).

respaldo programático de Podemos, como pretende Sánchez. En el primer caso, hay un peligro muy elevado de que España se trocee y de que la política económica se desboque con más gasto, más impuestos, más déficit y más deuda; y en el segundo de que se alargue la inestabilidad política y la incertidumbre económica en que estamos inmersos desde diciembre de 2015. A este respecto, conviene recordar que Rodríguez, líder de la corriente anticapitalista de Podemos en Andalucía, rechazaba hace unas semanas “entrar por la puerta de servicio en un gobierno… socioliberal” y apostaba por apoyar la investidura Sánchez para pasar inmediatamente a la oposición. Ninguna de estas dos alternativas parece aconsejable a la vista de la delicada situación económica en que están inmersas las economías mundial y europea.

Sánchez e Iglesias en La Moncloa cerrando el acuerdo de PGE 2019 el 11 de octubre de 2018.

Los problemas políticos y económicos de la sociedad española son bastante serios y si los  líderes políticos con mayor representación en el Congreso tuvieran altura de miras dejarían a un lado sus rivalidades de patio de colegio y se sentarían a negociar seriamente. Como economista, les pediría que consensuen medidas orientadas a impulsar el crecimiento económico y a cuadrar unas cuentas públicas que llevan demasiados años en números rojos. Favorecerán con ello a la mayoría de ciudadanos, tanto de izquierdas como de derechas. Sánchez, como presidente en funciones y secretario general del partido más votado en las últimas elecciones generales, es sobre quien recae la principal responsabilidad de evitar unas nuevas elecciones, y es quien debería llamar a Rivera y a Casado para explorar las

Casado, Sánchez y Rivera, los tres mimbres de un posible gobierno de coalición. La responsabilidad de formarlo recae principalmente sobre Sánchez, el presidente en funciones.

posibilidades de formar un gobierno de coalición sólido y representativo. En el primer caso, ningún español entenderá que Sánchez se niegue a pactar con un partido con el que ya alcanzó un acuerdo programático de gobierno en el invierno de 2016. Y aunque alcanzar un acuerdo con Casado resultaría más arduo, sería un signo de madurez democrática que, como viene ocurriendo en Alemania, los dos partidos más votados formaran un gobierno de coalición. Si la Transición supuso un punto y aparte en la trágica historia de España, un acuerdo entre el centro-izquierda y el centro-derecha sería la confirmación de que la democracia española ha superado la pubertad.

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Desequilibrios del mercado laboral

Artículo publicado en el diario Expansión el 12 de agosto de 2019

Rajoy felicita a Sánchez tras perder la moción de censura el 1 de junio de 2018.

Pese a la notable inestabilidad política en que está inmersa la sociedad española desde diciembre de 2015 –con tres elecciones generales y perspectiva de una cuarta en el próximo otoño –, la economía ha logrado mantener tasas de crecimiento netamente superiores a las de la Eurozona durante estos años y ha seguido recuperando el terreno perdido entre 2008 y 2013. En el mercado laboral, los avances logrados durante la fase expansiva que se inició a comienzos de 2014 invitan al optimismo, pero la desaceleración cada vez más evidente de nuestra economía invita también a reflexionar sobre cuán lejos hemos llegado en la corrección de los principales desequilibrios, así como a sopesar la idoneidad de las instituciones y políticas que conforman el funcionamiento del mercado laboral. Sin pretender restar importancia a la perniciosa dualidad entre contratados indefinidos y temporales, esta columna va a centrase en otros aspectos del mercado que bien se dan por descontado, como el bajo nivel de ocupación y la elevada tasa de paro, o bien son soslayados, como la eficacia de los sistemas de colocación y las políticas migratorias, por un falso prurito progresista.

Un baño de realidad

Número de parados y tasa de paro sobre la población activa, según la EPA.

La población activa de la economía española se ha mantenido relativamente estable en el entorno de 23 millones desde 2007 y ha decrecido ligeramente durante la fase de expansión que se inició hace cinco años y medio. Pese a haberse creado casi 2,8 millones de puestos de trabajo desde el primer trimestre de 2013, los 19,8 millones de ocupados en el segundo trimestre de 2019 es una cifra todavía inferior al máximo histórico de 20,8 millones alcanzado en el tercer trimestre de 2007. Por su parte, la cifra actual de parados, 3.2 millones, supera holgadamente los 1,8 millones registrados en el segundo y tercer trimestres de 2007, si bien se ha conseguido recortarla en algo más de 3 millones desde el primer trimestre de 2013. Finalmente, la tasa de paro sobre la población activa mayor de 16 años, 14,02%, es todavía 6 puntos porcentuales superior al 8,02% conseguido en el tercer trimestre de 2007, aunque se haya reducido casi 14 puntos desde el asombroso pico de 26,94% que escaló en el primer trimestre de 2013.

Tasa de paro de Estados Unidos.

Podríamos fijarnos en otras economías de la UE para sacar pecho por lo conseguido desde 2013, pero resulta un reto mucho más estimulante compararnos con Estados Unidos, una economía que aunque registró también una severa recesión –tan severa que los economistas acuñaron la expresión Gran Recesión para singularizarla–, las actuaciones rápidas y contundentes de la Reserva Federal y del Gobierno Federal lograron reconducirla en cuatro o cinco trimestres. Las diferencias de lo ocurrido en las dos fases del ciclo en los dos lados del Atlántico resultan muy ilustrativas. Mientras en España la población activa se ha prácticamente estancado en 23 millones, en Estados Unidos ha aumentado 8,6 % desde 2007 hasta mediados de 2019, impulsada por el fuerte aumento de la ocupación en los sectores civiles no agrícolas que, si bien cayó 7,6 millones entre 2007 y 2010, aumentó en 20,5 millones desde 2010 hasta 2019. El número de desempleados en Estados Unidos se disparó desde 3,5 millones en 2007 hasta 9,2 millones en 2010, pero en la actualidad sólo hay 2,8 millones de parados, una cifra inferior a los 3,2 millones estimados en EPA del segundo trimestre de 2019. Y la tasa de paro que se duplicó durante la Gran Recesión en Estados Unidos, pasando de 4,6 % en 2007 a 9,6 % en 2010, se ha reducido a 3,8 % en el primer semestre de 2019, una tasa 8 décimas inferior a la registrada en 2007. Al reparar en esta realidad paralela, casi incomprensible para nosotros, me viene a la cabeza el machacón estribillo de una balada de Dylan: “Because something is happening here but you don’t know what it is, do you Mr. Jones?”.

Servicios de colocación y política migratoria

Las elevadas tasas de paro de la economía española constituyen un indicador incontestable del mal funcionamiento de nuestro mercado laboral, pero no es el único. El tiempo que tardan los trabajadores parados en encontrar un puesto de trabajo constituye otro indicador de eficiencia, en este caso de los servicios de colocación y de la idoneidad de los sistemas de prestaciones diseñados por las Administraciones Públicas para atender a los desempleados. Un hecho resulta indubitable: cuanto mayor es el tiempo que los trabajadores permanecen parados, mayor el despilfarro de recursos productivos causado por el desempleo y mayor el deterioro del capital humano de los trabajadores parados.

Duración del desempleo en semanas en Estados Unidos. Fuente: BLS  julio de 2019.

Pues bien, según la EPA del segundo trimestre de 2019, el 58,92 % de los parados buscan empleo desde hace más de 6 meses (26 semanas) y el 31,17 %  desde hace más de 2 años. De nuevo, conviene echar una ojeada al mercado estadounidense para apreciar en toda su crudeza la magnitud de nuestras cifras. Los datos publicados por el Bureau of Labor Statistics en junio de 2019 muestran que duración media del desempleo fue inferior a 26 semanas para el 76,3 % de los parados estadounidenses y que sólo el 23,7 % estuvo desempleado más de 27 semanas. Aunque habrá más de una razón tras estas notables diferencias, conviene recordar que la la prestación contributiva en España puede llegar a 104 semanas (2 años) y prolongarse con prestaciones no contributivas durante varios años más, mientras que en Estados Unidos las prestaciones sólo pueden cobrarse (en circunstancias normales) durante 26 semanas. Pues bien, las cifras del BLS indican que 3 de cada 4 parados en Estados Unidos encuentran trabajo antes de expirar dicho plazo. El corolario resulta bastante evidente.

Otra dualidad

Tasas de paro de España, Grecia y otros países de la OCDE.

Aunque la tasa de paro actual (14,02 %) sea la más baja de la última década, España tiene el dudoso honor de compartir con Grecia el podio del paro de las economías desarrolladas. Pero la tasa paro de la población extranjera, 20,26 %, es incluso mayor y rebasa en 7 puntos la de la población española (13,09 %). Las preguntas que suscita esta dualidad del mercado laboral son de puro sentido común: ¿puede una economía donde, según la última EPA, 2,6 millones de españoles están parados emplear a 2,4 millones de extranjeros y proporcionar servicios públicos y prestaciones sociales a 4,2 millones de extranjeros mayores de 16 años y a una población extranjera total de 4,85 millones? ¿Las políticas migratorias de los gobiernos españoles en las últimas décadas son congruentes con los niveles de cualificación y las necesidades de mano de obra, o son mero resultado de una pasividad que genera más paro, más gasto e incluso más conflictividad social?

En lugar de las demagógicas pancartas exhibidas en las fachadas de algunos de nuestros Ayuntamientos en pro del acogimiento indiscriminado de inmigrantes y refugiados, lo que España necesita es contar con unas políticas laboral y migratoria congruentes con las necesidades de mano de obra, a menos que  nuestros políticos pretendan mantenernos en el podio del paro y continuar incrementando la densidad de manteros que malviven recorriendo ciudades y playas con su inagotable surtido de pulseras, gafas y sombreros. Ojalá que cuando pase el punto álgido del verano y cese la bulla de las fiestas y el ruido de los fuegos artificiales, el nuevo gobierno implemente reformas orientadas a reconducir los notables desequilibrios del mercado laboral, antes de que la expansión llegue a su fin.

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El auténtico plan de Pedro Sánchez

Artículo publicado en el diario Expansión el 23 de julio de 2019

(Luz ambar a Sánchez: Iglesias contestón pero se achanta)

La diputada Batet (PSC) tras ser elegida presidente del Congreso.

Casi desde que la presidenta del Congreso anunciara la celebración de la sesión de investidura el 22-23 de julio, el presidente del Gobierno en funciones se ha dedicado a responsabilizar al resto de los líderes de los principales partidos políticos (PP, Ciudadanos y Podemos) de lo que casi todo el mundo estaba convencido sería un intento fallido. Quizá lo más sorprendente de la actitud de Sánchez durante estas semanas haya sido la soberbia exhibida en sus

Estebán (PNV) y Rufián (ERC) intercambiando opiniones en el debate de investidura.

declaraciones, vetando al líder de la formación política (Unidos Podemos) que lo aupó a La Moncloa en la legislatura pasada y exigiendo la abstención de aquellos partidos (PP y Ciudadanos) que por su peso podrían permitirle conformar mayorías estables de gobierno. Los 7,5 millones de votos y los 123 diputados logrados por los dos partidos socialistas (PSOE y PSC) que avalan la candidatura de Sánchez están muy lejos de representar a la mayoría de la sociedad española, y a nadie puede extrañarle que ningún partido, salvo aquellos que como ERC, JxC, PNV y Bildu esperan sacar tajada de esta debilidad, estén dispuestos a darle un cheque en blanco.

El escollo es Iglesias

Sánchez e Iglesias en La Moncloa cerrando el acuerdo de PGE 2019 el 11 de octubre de 2018.

Particularmente llamativo ha resultado el encono de Sánchez con Iglesias, quien fuera su principal avalista en la moción de censura y su socio preferente con quien negoció los fallidos PGE 2019 en la pasada legislatura. En la última entrevista ‘concedida’ a TVE, el presidente adujo tres razones para justificar su exclusión de un posible Gobierno de coalición. Primera, su posición favorable a realizar un referéndum de autodeterminación en Cataluña (y probablemente también en otras Comunidades). Segunda, su insistencia en considerar presos políticos a los políticos encarcelados o fugados sobre los que pesan acusaciones de sedición y rebelión. Y, tercero, su rechazo a aplicar el artículo 155 de la Constitución para atajar futuros procesos insurreccionales como el vivido en Cataluña entre 2009 y 2017 que, como es bien conocido, culminó votándose una resolución en el Parlament autonómico que declaraba constituida la república independiente de Cataluña.

Iglesias se lleva las manos a la cabeza en el debate de investidura.

Aparte de la humillación que supone para Podemos y sus votantes el veto de Sánchez a que su principal líder forme parte del gobierno de coalición  –imagínense por un momento que Iglesias hubiera exigido al PSOE que Ábalos fuera el candidato a presidente–, cualquiera que se detenga un momento a repasar los argumentos expresados por Sánchez caerá inmediatamente en la cuenta de que estamos ante una excusa urdida para debilitar a Podemos. ¿Acaso existen discrepancias fundamentales sobre las tres cuestiones mencionadas entre Iglesias y Montero que justifiquen la exclusión del primero? No parece ser el caso. El verdadero propósito de esta maniobra de Sánchez es asestar un golpe quizá definitivo al liderazgo de Iglesias y abrir la puerta a la incorporación al PSOE de líderes más moderados de Podemos, una táctica ya empleada con éxito por González para atraer a militantes del PCE e IU. Tras una resistencia decepcionante, el insobornable guerrero se ha achantado y ha acabado aceptando su exclusión del Gobierno . Así que el único fleco pendiente antes de que finalice la sesión de investidura es acordar los nombres y las responsabilidades que desempeñarán algunos militantes de Podemos en el próximo Gobierno de Sánchez.

Rivera y Casado contra las cuerdas

Sánchez aplaudido por su bancada en el debate de investidura.

Ante el temor de que el veto a Iglesias pudiera haberle impedido contar con el apoyo de los 42 diputados ‘podemitas’, Sánchez se dedicó durante las últimas semanas a responsabilizar a Casado y a Rivera de su posible fracaso y abocarnos a nuevas elecciones generales en otoño. Al escucharlo, los ciudadanos no podíamos evitar preguntarnos qué les ofrecía Sánchez a cambio. ¿Acaso estaba dispuesto a acordar con PP y Ciudadanos sus políticas presupuestarias, educativas, sociales y culturales? O, ¿buscaba únicamente ser

Sánchez y Rivera firmando el acuerdo entre el PSOE-PSC y Ciudadanos en el Congreso en 2016.

investido con su abstención para ponerse a negociar los PGE 2020 con otras fuerzas políticas? Si tan convencido estaba Sánchez de que los políticos encarcelados no lo están por sus ideas sino por saltarse la Constitución y las sentencias de los Tribunales, y si tanto le preocupaba contar con un gobierno dispuesto a aplicar, llegado el caso, el artículo 155, ¿qué le impedía sentarse a negociar un gobierno de coalición con Ciudadanos o incluso con el PP? Seguro que, además, las políticas presupuestarias, educativas, sociales y culturales que pudiera desplegar un gobierno de coalición con Ciudadanos o el PP habrían sido menos sectarias y reflejarían más fielmente las preferencias expresadas por los españoles en las urnas el 28-A.

Sánchez, en el avión oficial, lee atentamente documentos clasificados con sus gafas de sol.

Batet, Calvo y Sánchez con Torra, Aragonés y Artadi en el palacio de Pedralbes.

A estas alturas de la película, casi todos los actores conocen bien las intenciones de Sánchez: mantenerse al frente de un gobierno de fieles donde nadie le haga sombra ni le reste protagonismo alguno. Iglesias (pese al nuevo nombre de su formación: Unidas Podemos) encaja mal en ese idílico cuadro de aduladoras hilanderas. De ahí que Sánchez se haya aprovechado del desplome electoral de Podemos para darle la puntilla a quien a punto estuvo de acabar con la hegemonía del PSOE (84 diputados frente a 71 de Podemos) en las elecciones generales de junio de 2016. Visto lo visto en los meses transcurridos desde la moción de censura, pocas cosas buenas cabe esperar de la continuidad de Sánchez en La Moncloa con apoyo de Unidas-Podemos: nuevas concesiones a los partidos nacionalistas y secesionistas; más gasto, más impuesto y más déficit; y utilización del B(PS)OE para seguir reforzando su base electoral y debilitando la de sus adversarios.

Casado y Rivera junto a Abascal en la Plaza del Descubrimiento.

En cuanto a Ciudadanos, la lógica negativa de Rivera a entregarle a Sánchez un cheque en blanco está produciendo deserciones en sus filas que van a frenar e incluso podrían revertir el hasta ahora imparable ascenso del partido naranja. La ruptura con Valls, fruto de una incomprensible apuesta de Ciudadanos a la alcaldía de Barcelona, y la marcha de Arrimadas a Madrid pueden acarrearle un alto coste electoral en Cataluña. Además, la abrupta salida de varios de sus líderes está erosionando también la hasta ahora pulcra imagen de que gozaba el partido en el resto de España. La situación del PP de Casado, tras el brutal golpe que supuso la moción de censura y el descalabro electoral sufrido el 28-A, es también bastante delicada. Si la votación del próximo martes en el Congreso confirma la incorporación de Podemos al Gobierno de Sánchez, Casado y Rivera deberían aparcar sus diferencias, personales y programáticas, y sentarse a negociar porque con un voto tan dividido va a resultarles casi imposible a cualquiera de ellos llegar a La Moncloa.

Sánchez recibe a Torra en La Moncloa 9 julio de 2018.

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Investidura (¿fallida?) a la vista

Artículo publicado en el diario Expansión el 9 de julio de 2019

Sánchez celebrando la recuperación del PSOE-PSC y el hundimiento del PP el 28-A.

El pasado 30 de abril y apenas 24 horas después de conocer los resultados de las elecciones generales celebradas el 28-A, publiqué una columna en Expansión titulada “Sánchez gobernará… en solitario”. Mientras la mayoría de analistas se dedicaba a hacer cábalas sobre posibles alianzas y concesiones mutuas, expuse que Sánchez no iba cambiar con 123 diputados la fórmula que tan buenos resultados le había dado cuando contaba con tan sólo 84. La ingenuidad de Iglesias al apoyar primero la moción de censura, convirtiendo a su rival en Presidente, y avalar en segunda instancia los PGE 2019, a cambio de una foto en Moncloa, fueron agua de salvación para el ‘sanchismo´, al tiempo que agudizaba la descomposición del movimiento ‘podemita’, al que siempre me he referido como ‘Podemos y sus divergencias’, que no confluencias.

Sánchez e Iglesias en La Moncloa cerrando el acuerdo de PGE 2019 el 11 de octubre de 2018.

La diputada Batet (PSC) tras ser elegida presidente del Congreso.

Un Gobierno el de Sánchez inerme ,incapaz de desasirse del lazo amarillo.

Transcurridos ya más de dos meses desde el 28-A, el presidente en funciones comunicaba desde Bruselas a la presidenta del Congreso que la sesión de investidura tendrá lugar por fin el próximo 22 de julio, casi tres meses después de la noche electoral. En caso de no lograr la confianza de la mayoría de la Cámara en los dos intentos de que dispondrá, por mayoría absoluta el 23 de julio y por mayoría simple en un plazo de 48 horas, una situación nada improbable a la vista de la fragmentación de la Cámara, empezaría a correr el plazo de dos meses que la Constitución contempla para tramitar otras propuestas que, en caso de ser igualmente rechazadas, obligarían al Rey a disolver las Cámaras y a convocar nuevas elecciones generales, las cuartas en menos de 4 años. Lo peor de este escenario es que la celebración de nuevos comicios no garantiza tampoco que salgamos de la inestabilidad política en que España está sumida desde diciembre de 2015. La aparición de nuevos partidos y la fragmentación del voto (y esta fragmentación sería incluso mayor con un sistema electoral más proporcional) han acabado produciendo gobiernos débiles y poco dispuestos a afrontar de cara los problemas sociales y los retos económicos.

Rajoy felicita a Sánchez tras perder la moción de censura gracias al apoyo prestado por el PNV a Sánchez.

La continuidad de Rajoy al frente del Gobierno desde 2015 hasta la moción de censura el 1 de junio de 2018, y el alivio que supuso el rechazo de los PGE 2019 –prometían más gasto, más impuestos y más déficit– presentados por Sánchez-Iglesias, han permitido atenuar los efectos adversos de la inestabilidad política sobre la economía española. Ahora bien, en caso de mantenerse o agravarse esta inestabilidad en los próximos meses, la confianza de los inversores y las empresas podría verse minada y el ritmo de crecimiento desacelerarse más de lo ya previsto. El Gobierno en funciones no parece ser consciente de la delicada situación de la economía y en la Actualización del Programa Presupuestario 2019-2022 enviado a Bruselas pospone los ajustes más fuertes del ratio Déficit público / PIB (2,5 % en 2018) a 2020 (9 décimas) y 2021 (7 décimas), y retrasa la consecución del equilibrio

Deuda en porcentaje del PIB, según el Banco de España

presupuestario hasta un lejanísimo 2022. A este respecto, conviene recordar que el Banco de España eleva en sus proyecciones de junio nada menos que 7 décimas la muy optimista previsión del ratio Déficit / PIB del Gobierno (1,1 %) para 2020. Con un ratio Deuda Pública / PIB que ha crecido 1,6 puntos porcentuales hasta alcanzar 98,7 % en el primer trimestre de 2019, se puede afirmar que el Gobierno de Sánchez está jugando con fuego.

Junqueras, principal artífice del proceso insurreccional que culminó con la declaración de independenci. A su izquierda, Aragonés vicepresidente actual del gobierno de la Generalidad. Todo sigue igual.

Estos días hemos escuchado bastantes voces, no sólo desde el propio Gobierno en funciones, llamando a la responsabilidad del resto de partidos políticos para que faciliten la investidura de Sánchez. Entre los partidos que ya han mostrado su disposición a abstenerse a cambio de ‘diálogo’ se encuentra ERC, cuyo líder Junqueras fue organizador y protagonista principal del proceso insurreccional por el que ha sido juzgado en el Tribunal Supremo. Junto a ERC encontramos a Bildu, el partido que dirige el terrorista Otegui quien, como explicó en TVE hace unos días, quiere alcanzar un acuerdo con ERC para evitar el bloqueo, aunque descarta darle a Sánchez “un cheque en blanco”. Este apoyo rufianesco despide aromas de benevolencia hacia grupos fascistas (no precisamente de militantes de Vox) que campean en El País Vasco, a promesas de traslados o excarcelaciones de terroristas condenados, a indultos a golpistas que se jactan, incluso antes de ser sentenciados, de que volverán a hacerlo, etc.

Ninguna de estas presumibles concesiones a golpistas y terroristas preocupa lo más mínimo al locuaz Iglesias, empecinado ahora en hacer valer el apoyo de sus menguadas fuerzas (42 diputados), tras haber desperdiciado la oportunidad de hacerlo cuando en la pasada legislatura la formación morada con 72 se codeaba en el hemiciclo con un empequeñecido PSOE-PSC, que con 84 diputados había obtenido los peores resultados desde la Transición. Iglesias,

Aciaga noche electoral para (Des) Unidas (No) Podemos.

consciente de que prestar de nuevo apoyo parlamentario a otro gobierno monocolor de Sánchez sería equivalente a firmar su propia sentencia política y a devolver a la formación morada a la marginalidad, exige a Sánchez formar un Gobierno de coalición para otorgar a su formación cierta visibilidad e intentar reavivar sus cada vez más menguadas expectativas electorales.

Agrio intercambio libresco entre Sánchez y Rivera durantes el debate electoral.

Ciudadanos está sometido también a fuertes presiones ejercidas tanto por relevantes miembros de su propia formación como por algunos ilustres firmantes del Manifiesto que dio origen al partido. Rivera y su equipo no se han caracterizado precisamente por la consistencia y la fidelidad a los principios desde 2006. Cometieron, además, graves errores tras su entrada en el Parlament en noviembre de 2006 que a punto estuvieron de descarrilar el tren en las elecciones autonómicas de 2010. No han sido ni mucho menos los únicos errores de bulto. La negativa de Rivera a apoyar el artículo 155 en septiembre de 2017 y la exigencia a Rajoy de que convocara elecciones

Un idilio absurdo e inconguente condenado al fracaso que ha dejado a Ciudadanos muy tocado en Cataluña.

autonómicas en Cataluña una vez aplicado, han dejado muy maltrecha la credibilidad del partido. Más recientemente, la marcha de Arrimadas a Madrid y la elección de Valls como candidato a la alcaldía de Barcelona son otros dos errores que pasarán factura a la formación naranja en Cataluña. Ahora bien, el mayor error que este Ciudadanos ahora de corte ‘liberal’ podría cometer es permitir a Sánchez ser investido con el apoyo siquiera tácito (abstención) de sus 57 diputados.

Sánchez y Rivera firmando el acuerdo entre el PSOE-PSC y Ciudadanos en el Congreso cuando Sánchez fracasó en su intento de llegar a La Moncloa en 2016. Un acuerdo de este estilo resultaría ahora insuficiente para Ciudadanos.

Y la principal razón que invoco es bastante contundente: la estabilidad política deseable para afrontar los retos políticos y económicos que España tendrá que afrontar en los próximos años requeriría formar un gobierno de coalición, un escenario que al menos de momento no entra en los planes de Sánchez (ya veremos qué ocurre el 24 de julio si fracasa en el intento). Rivera hace bien en resistirse a facilitar la investidura de un gobierno monocolor de Sánchez, como hizo el ingenuo Iglesias. En política, sería un gobierno que continuaría alimentando la confrontación espuria entre españoles y haciendo concesiones a las Comunidades gobernadas por partidos nacionalistas y secesionistas. Y en el ámbito económico, el doctor Sánchez nos ha dejado ya muestras incontestables de su inclinación a poner la política económica al servicio de los intereses electorales de su partido, en lugar de afrontar con seriedad los retos que tiene planteada la economía española a medio y largo plazo. Así que si no es posible un gobierno de coalición razonable, la mejor salida será convocar elecciones generales en noviembre.

Ciudadanos españoles ratificando la Constitución el 6 de diciembre de 1978.

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ANC y AMI: la ofensiva continúa

Artículo publicado en el diario Expansión el 15 de mayo de 2019

Palazui, celebrando la victoria de la candidatura de la ANC en las elecciones al Consejo de la Cámara de Barcelona.

La victoria del equipo que apoyaba la Asamblea Nacional Catalana (ANC) a las elecciones de la Cámara de Comercio de Barcelona pone de manifiesto lo que puede lograr un pequeño grupo de activistas cuando cuentan con un gran presupuesto y el aval institucional de la Generalidad de Cataluña. El Sr. Valls, presidente saliente, comenzó criticando la falta de inversiones del Estado en Cataluña, pasó a sumar su institución al Pacto Nacional por el Derecho a Decidir que impulsó Mas desde la presidencia del gobierno de la Generalidad, y ha terminado su mandato dejándola en manos de la ANC. En elecciones donde sólo participa un porcentaje muy reducido del censo, como ocurre

Asamblea general de la ANC en Tarragona el de abril de 2019.

también en las elecciones claustrales o sindicales en las Universidades, resulta casi un juego de niños para un grupo organizado hacerse con su control. Según los resultados oficiosos publicados, sólo votaron el 4 % de los socios y la candidatura de la ANC logró 31 de los 40 puestos en disputa, aunque el asunto puede acabar en los tribunales.

Palazui, junto a algunos de sus candidatos de la ANC a las Cámaras de Comercio, pedía públicamente el 23 de abril, día de Sant Jordi, ‘prepararse para la unilateralidad’.

De confirmarse este audaz golpe de mano, la ANC pasaría a dirigir una institución mercantil con un presupuesto de casi 20 millones de euros y notable influencia en los ámbitos económicos y mediáticos de Cataluña.  Según puede leerse en la página de internet de la asociación secesionista, “el independentismo ha vuelto a ganar” porque “el empresariado catalán ha decidido votar independencia y hacer efectiva la República catalana”. La ANC no oculta a nadie sus planes si logra controlar la histórica institución barcelonesa: “hacer un viraje de 180 grados hacia el tejido empresarial catalán, priorizando las PIME y los autónomos para alejarse y desconectar de la oligarquía estatal”, cuya representación en la Asamblea de la Cámara está garantizada por sus aportaciones económicas. Acusa a la dirección saliente de haber vivido durante décadas “de espaldas al empresariado catalán” y se preparan para “priorizar el compromiso con el país” y establecer “un plan estratégico sobre el modelo económico de la república catalana” que contempla, junto a medidas populistas como “la eliminación de los peajes amortizados”, la potenciación de “infraestructuras clave de país donde la Cámara tiene presencia, como la Feria, el puerto o el aeropuerto”.

Palazui, presidenta de la ANC, y Benach,  expresidente del Parlament de Barcelona y vicpresidente de la ‘asociación de fomento de la caja de solidaridad’ en un acto celebrado en el Ateneo de Barcelona.  La caja de solidaridad ha aportado ya 3,7 millones para pagar las fianzas de los encausados en el juzgado nº 13 por organizar el 1-O y necesita 2,1 millones para cubrir una fianza total de 5,8 millones antes del viernes 17 de mayo. Aflojen mosca.

Nada nuevo, señores. Quiero recordar que Expansión alertaba en octubre de 2017 sobre los planes de la ANC para hacerse “con el control de infraestructuras como los puertos de interés general –Barcelona y Tarragona– y los aeropuertos de El Prat, Girona y Reus (Tarragona), el mismo día de la declaración de independencia”. Ojo, porque los efectivos de la Guardia Civil destacados en estas infraestructuras estratégicas difícilmente podrían hacer frente a una ‘marcha verde’ promovida por la ANC, e integrada por miles de ciudadanos con los CDR’s en la vanguardia y los 17.000 Mozos en la retaguardia. No, no estoy delirando: la belicosa Palazui ya planteaba este escenario de confrontación frontal cuando era decana de la Facultad de Económicas de la Universidad de Barcelona.

Palazui ya propugnaba la unilateralidad y la toma de control de las infraestructuras estratégicas cuando era decana de la Facultad de Económicas de la UB.

Tras la declaración unilateral de independencia, la actual presidenta de la ANC proponía tomar por la fuerza, con el apoyo de los Mozos de Escuadra, “el control de todas las instituciones públicas en Cataluña” incluyendo la Justicia, la administración tributaria, las centrales nucleares, los ferrocarriles, los puertos y aeropuertos. Nadie puede saber qué sentencia dictará el Tribunal Supremo a los golpistas que están siendo juzgados por los sucesos ocurridos en Cataluña en septiembre y octubre de 2017, pero para los constitucionalistas está muy claro lo ocurrido: un intento de golpe de  Estado. En particular, los hechos acaecidos frente a la consejería de Economía el 20 de septiembre fueron un ensayo general del plan insurreccional de la ANC liderado por Jordi Sánchez, el antecesor de Palazui al frente de la ANC, y Cuixart, el líder de Òmnium. Estos días hemos sabido que Sánchez ‘El Apaciguador’ en realidad se comportó como el prepotente dictador que ordenaba a las fuerzas de intervención de los Mozos lo que tenían que hacer y amenazaba a los mandos con represalias si osaban contrariar sus órdenes.

Mapa de las cuatro provincias catalanas donde aparece el porcentaje de Ayuntamientos adheridos a la AMI en cada comarca.

El problema es que aunque Sánchez está ahora en la cárcel, la ANC sigue intacta y si acaso más fuerte que hace dos años, al igual que Òmnium y la Asociació de Muncipis per la Independencia (AMI). Hace unos días, por cierto, me dirigí a la secretaría de la AMI para solicitar información sobre las aportaciones realizadas por los Ayuntamientos adheridos al presupuesto de la entidad, oficialmente cifrado en 348.354,50 euros en 2018. Y digo oficialmente, porque no tengo ninguna duda de que parte de los gastos de organización y de los desplazamientos para asistir a las reuniones del Comisión Ejecutiva, el Consejo Directivo y la Asamblea General de la AMI recaen sobre los Ayuntamientos. Pues bien, en la atenta respuesta que recibí se me hacía saber que “la asociación ofrece la información a la que usted hace referencia en la asamblea anual de socios”. Conclusión: los ciudadanos y contribuyentes catalanes no podemos saber cuánto dinero aportamos a través de nuestros Ayuntamientos a “un movimiento que aglutina a todas les sensibilidades políticas y que trabaja única y exclusivamente per la independencia de Catalunya”. ¿Quieren saber cuál es la última campaña de la AMI presentada el pasado 6 de mayo? Pedir a los concejales que salgan elegidos el próximo 26-M que juren sus cargos por la república. Tomen buena nota.

Puigdemont durante su presidencia de la Asociación de Municipios por la Indepedencia (AMI).

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Los secesionistas andan muy crecidos

Artículo publicado en el diario Expansión el 7 de mayo de 2019

Rufián con Aragonés y Torrent celebrando los 15 escaños obtenidos el 28-A.

Los resultados de las elecciones generales en Cataluña han otorgado a ERC 15 diputados, los restos del naufragio de la otrora todopoderosa Convergencia ha logrado 7 escaños y el Front Republicà se ha quedado sin representación en el Congreso. ERC, la formación que dirige Junqueras con mano firme hacia la independencia, ha obtenido más votos y escaños de los que nunca soñaron tener cuando el PSC e Iceta los sacaron en 2003 de la indigencia intelectual y moral en que sobrevivían desde el inicio de la democracia, convirtiendo a Carod-Rovira en  vicepresidente de la Generalidad, entregando a Benach la presidencia del Parlament a Bargalló la consejería de Educación.  Además, les propuso como objetivo de legislatura redactar un proyecto de Reforma del Estatut abiertamente confederal que fue aprobado el 30 de septiembre de 2005 y pretendía convertir a la Generalidad de Cataluña en un Estado independiente de facto, con una hacienda y un sistema judicial al margen del Estado.

Maragall (PSC) y Carod-Rovira (ERC) haciendo turismo en Israel durante el primer tripartito.

Debilidad  creciente del Estado

Algún observador atento objetará que la consejería de Educación la ocupó  a partir de 2006 el hermanísimo del president Maragall, pero basta con constatar la firmeza con que Ernest impidió la aplicación de la cuarta hora en castellano en los ciclos de enseñanza primaria, cuando la ingenua ministra Cabrera aprobó los decretos de enseñanzas mínimas, y su incorporación a las filas de la rufianesca

Ernest Maragall consejero de Educación del PSC se afilia a ERC.

Esquerra, para comprender que la diferencia entre republicanos y nacional-socialistas era meramente táctica. Por si alguien alberga alguna duda  respecto al carácter nefasto de los gobiernos tripartitos presididos por Maragall y Montilla –tanto monta monta tanto–, quiero recordar que fue entonces cuando la Generalidad empezó a multar a las empresas por no rotular en catalán, promovió y financió la primera gran manifestación contra una institución del Estado (Tribunal Constitucional), y se iniciaron oleadas de consultas por la independencia en municipios catalanes, gobernados en algunos casos, por el PSC.

Grupos organizados enfrentándose el 1-O a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

La celebración de la consulta ilegal el 1-O constituyó un fracaso estrepitoso del Estado democrático y la aplicación in extremis por el gobierno de Rajoy del artículo 155, después de que el Parlament de Cataluña aprobara el 27-O la resolución que declaraba constituida la república independiente en Cataluña, mostraron la debilidad de un Estado que se  limitó a destituir al gobierno golpista y a convocar inmediatamente elecciones autonómicas, pero que dejó intacta la arquitectura que sustentaba el proceso insurreccional. Tras las elecciones autonómicas de diciembre de

Rajoy en el Senado el 27 de octubre de 2017.

2017, la Generalidad volvió a estar en manos de tres golpistas, Torra y Aragonés en el gobierno y Torrent en el Parlament, que continúan administrando un presupuesto del sector público del orden de 38.000 millones. El aparato administrativo-mediático-asociativo impulsado y financiado desde el gobierno y los Ayuntamientos de la Generalidad (AMI y ANC) sigue intacto y los principales medios de comunicación públicos y subvencionados continúan con sus campañas de propaganda y adoctrinamiento, como si nada hubiera ocurrido. Por su parte, la ANC y Òmnium Cultural y algunas organizaciones sindicales (USTEC y CSC-

Asamblea general de la ANC en Tarragona, 5 de mayo de 2019.

intersindical) siguen promoviendo abiertamente la república con igual o más brío que antes de aplicarse el artículo 155. La conclusión resulta evidente: el encarcelamiento de Junqueras y la huida vergonzosa de Puigdemont a Bruselas han resultado incluso contraproducentes desde un punto de vista político.

Ofensiva por tierra, mar y aire

Álvarez de Toledo, candidata al Congreso del PP, acosada por hordas violentas en la UAB.

Durante la campaña electoral, pudimos ver a los hordas  independentistas en la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) reventar la carpa de la asociación S’HA ACABAT y acosar violentamente a Álvarez de Toledo, la candidata constitucionalista del PP en Barcelona, para impedirle celebrar un acto de campaña dentro del recinto universitario. El mismo 28-A, Álvarez de Toledo fue acosada en esta ocasión por los ‘apretadores’ de Torra a la puerta de su colegio electoral, ante la pasividad de una Moza de Escuadra. Por lo que me cuentan mis hijos, algunos profesores en su Instituto han aprovechado las clases, incluso de materias científicas, para denostar al Estado y hacer alegatos a favor de la república. Ningún docente ha sido sancionado por promover la república en clase, en tanto que Francisco Oya, profesor de Historia en el Instituto Joan Boscà de Barcelona y reconocido constitucionalista, ha sido suspendido de empleo y sueldo durante 10 meses, con ridículas excusas.

Sastre, su rostro enmarcado en un círculo, junto al exjuez Vidal, en la foto de familia del Pacto Nacional por el Derecho a Decidir. El terrorista convicto es el secretario general de CSC-Intersindical, el brazo sindicalista del secesionismo.

Sastre con militantes de su intersindical, un chiringuito sindical de primera.

Tras los buenos resultados alcanzados por los partidos secesionistas en las elecciones generales, la ofensiva ha cobrado nuevos ímpetus por tierra, mar y aire. Los empleados de la UAB recibimos hace unos días un correo de CSC-Intersindical, una pretendida organización sindical cuya secretaría general ocupa el terrorista Carles Sastre, convicto por el asesinato del empresario Josep María Boltó al que adosó una bomba en el pecho. En la misiva se anuncia “la apertura de una sección en la UAB” y su intención de concurrir a las elecciones sindicales el 20 de junio “para defender los derechos de las trabajadoras y los trabajadores desde una perspectiva abiertamente republicana y sin ningún lazo con sindicatos de ámbito Estatal”. Su implantación en la UAB, constituye un riesgo añadido al que ya supone para los constitucionalistas la violencia que desarrollas con total impunidad el sindicato de estudiantes “dels països catalans’.

Palazui, la alocada lideresa de la ANC, reclamaba al presidente Torra el compromiso de declarar unilateralmente la independencia en cuanto el secesionismo

Campanario de Sant Martí de Jafre, parroquía regentada por el ahora Arzobispo de Tarragona, coronada por la bandera estrellada.

supere el umbral del 50 % de los votos. Y su organización ha iniciado una campaña cuyo propósito es controlar las Cámaras de Comercio para promover la independencia desde ellas. El Papa Bergoglio acaba de nombrar arzobispo de Tarragona a un cura separatista que alardeaba de haber colocado la bandera estrellada en el campanario de Jaffre, el pueblo donde residía Boadella, “porque el pueblo la pidió”. Y un último apunte llamativo por su desvergüenza ramplona: Torrent, presidente del Parlament, urgía a  Sánchez a reunirse con Junqueras en la cárcel de Soto del Real para negociar su investidura.

Torrent pide a Sánchez que se entreviste con Junqueras en la cárcel de Soto del Real para tratar su investidura (y los indultos).

Lo dicho: los secesionistas andan muy crecidos estos días amparados por ‘sus’ consejeros, ‘sus’ asociaciones y ‘sus’ sindicatos, en tanto que los constitucionalistas residentes en Cataluña nos sentimos cada día más abandonados por un Estado empeñado en mirar a otro lado y no poner coto a una insurrección de cariz cada día más represivo y totalitario. Han mudado sus sedes sociales las principales empresas catalanas y pronto tocará hacerlo a las personas objeto de exclusión y persecución. Dios nos libre de Sánchez, de sus fiscales y abogados del Estado, y también de Bergoglio y ‘sus’ arzobispos. Menos mal que aún nos queda el amparo de los jueces y de la Junta Electoral Central para poner límites a tanto despropósito.

Boadella haciendo frente a los cobardes acosadores en Jafre.

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Sánchez gobernará… en solitario

Artículo publicado en el diario Expansión el 30 de abril de 2019

Son varias las razones que sugieren que Sánchez no va a complicarse la vida, tras conseguir una remontada histórica que le ha llevado a lograr 122 diputados desde el mínimo histórico de 84 obtenidos en junio de 2016. En este nuevo escenario, nadie puede extrañarse que Sánchez y su equipo victorioso se hagan la siguiente reflexión: si con 84 diputados logramos llegar a La Moncloa, sacar adelante medidas que han reforzado nuestra base electoral, desgastar a nuestro principal competidor por la izquierda (Podemos), y sacar al PP del centro y dejarlo en los huesos, ¿para qué variar la fórmula? Los entrenadores y las tácticas de juego se cambian cuando los resultados no acompañan al equipo y todo indica que hasta ahora el efecto Moncloa ha funcionado perfectamente. Así que de momento y no sólo por la inminencia de la próxima cita electoral el 25-M, cabe pensar que el PSOE seguirá gobernado en solitario.

Pese al guiño de género con el cambio del nombre de la coalición a Unidas Podemos y los buenos modales exhibidos por un comedido Iglesias en los debates previos a los comicios, el hecho incontestable es que la formación morada sufrió el 28-A un batacazo electoral tremendo al perder 29 diputados, casi el 41 % de los 71 obtenidos en 2016. La bancada de Podemos contará todavía con 42 diputados, una cifra bastante menor que la de Ciudadanos que ocupará ahora algunos de sus escaños. Estas elecciones han convertido la pretensión largamente acariciada por los líderes podemistas de convertirse en el referente de la izquierda en un sueño imposible, y nadie puede extrañarse si Sánchez y su equipo, viendo el rápido ascenso y caída de la formación morada en pocos meses, respiren aliviados pensando que el temido maremoto quedó en tormenta de verano. No tiene Sánchez ahora ninguna urgencia de pactar con Podemos, como hizo hace unos meses para intentar aprobar los Presupuestos Generales del Estado, y mucho menos incluir a Iglesias en su gobierno, cediéndole algún Ministerio de peso.

Resultados elecciones generales 28-A

Por otra parte, la descomposición del espacio de centro derecha causada por la irrupción de Vox y el consiguiente hundimiento del PP el 28-A, alejan el peligro que podría suponer para Sánchez una pronta recuperación de los populares, o  una victoria electoral por suma de los tres partidos que desalojaron al PSOE de la Junta de Andalucía. Ciudadanos quiere aprovechar la situación para convertirse en la voz del centro derecha y no parece plausible que quiera desgastarse participando en un gobierno de orientación socialdemócrata. Además, la irrupción de VOX divide entre dos fuerzas el espacio que hasta ahora representaba el PP en exclusiva. Está claro que mientras no cambien las circunstancias, al PSOE le interesa que estos tres partidos sigan disputándose este espacio y achicharrándose entre sí con descalificaciones mutuas. La llamada del PP a coordinar esfuerzos antes de la cita electoral resultó tan baldía como las llamadas en la red a distribuir entre los tres cabezas de lista los votos para el Senado. VOX está, como no puede ser de otra manera, exultante por poder llevar su discurso al Congreso, pero los límites y limitaciones de su plan de reconquista han quedado patentes en los resultados: 24 diputados. La realidad es que el centro derecha ha salido debilitado de las urnas.

Además de la sangría en votos y escaños que ha supuesto VOX para el PP, hay otro daño colateral que le ha infligido la formación de Abascal y Ortega, a saber, ha llevado a los populares a radicalizar su discurso para contrarrestar el de VOX. El resultado ha sido que muchos de los votantes centristas del PP han buscado refugio en Ciudadanos y el espacio electoral de los populares se ha reducido tanto por el flanco de VOX como por el más liberal de Ciudadanos. La reflexión que deberían hacerse Casado y su equipo de asesores es si quieren seguir compitiendo con VOX o intentar recuperar la centralidad para volver a ser partido de gobierno. Ningún partido puede aspirar a gobernar en la España del siglo XXI a menos que cuente con un respaldo importante de las clases medias que no son ni radicales en su ideología, ni ignorantes de la realidad histórica y económica. El señuelo de bajar impuestos resulta menos atractivo que  mejorar las pensiones o subir los salarios, y hay que saber encontrar un equilibrio para hacer lo que conviene hacer sin convertirse en una formación antipática.

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