Sánchez hunde a Aragonès y resucita al prófugo

Adjunto enlace a mi artículo publicado desde el Observatorio Económico y Social de España y Cataluña (OBESCAT) en el diario Expansión el 13 de mayo de 2024. Agradezco de antemano su ayuda para difundirlo entre sus amigos y contactos.

Quizá ustedes recuerden las palabras que pronunció Sánchez en el Congreso el 4 de noviembre de 2019: “a ustedes, Sr. Casado, se les escapó [el prófugo] y yo me comprometo, hoy y aquí, a traerlo de vuelta a España y que rinda cuentas ante la justicia”. De poco le sirvió a Casado recordarle su promesa desde Valladolid el 21 de noviembre de 2021, y, hoy y aquí, podemos decir que el presidente Sánchez ha hecho todo lo posible para traerlo de vuelta a España, no para sentarlo ante los jueces como prometió, sino para ponerle una alfombra roja y recibirlo con todos los honores a su regreso del ‘exilio’. Y tal vez recuerden también las palabras igualmente proféticas pronunciadas por el ministro Illa: “de amnistía y todo eso, nada. Lo repito: de amnistía y todo eso nada”. Pues bien, con una ley de amnistía ya aprobada en el Congreso llegamos los catalanes a estas elecciones en las que Illa pretende convencernos de que el engendro urdido por Bolaños, Cerdán y Sánchez es  “un signo de fortaleza y solidez de la democracia española”.

La decisión del PSOE de sentarse a negociar con el prófugo de Waterloo en el ‘exilio’ su propia amnistía y presentarla como Proposición de Ley Orgánica de Amnistía en el Congreso el 13 de noviembre de 2023, sólo prueba que sin los siete votos de Junts Sánchez no habría sido investido presidente del gobierno dos días después. Pero la apuesta de Sánchez para asegurarse su permanencia en la Moncloa persiguió como una sombra alargada al candidato del PSC durante toda la campaña y ha dado alas al prófugo de Waterloo. Aunque las dos encuestas realizadas por el CIS de Tezanos otorgaban una holgada mayoría al PSC (29,8%-33,2%) y un empate técnico entre Junts (15,4%-18,1%) y ERC (15,2%-17,9%), casi todos los sondeos (incluidos los ‘prohibidos’) coincidían en que si bien el PSC obtendría el mayor porcentaje de votos, Junts iba a ganar con claridad la partida a ERC y se estaba acercando al PSC.

El prófugo se encontraba en una situación política desesperada en julio de 2023,, pendiente de que el Tribunal de Justicia de la UE ratificara la pérdida de su inmunidad acordada ya por la Eurocámara y ratificada por el Tribunal General de la UE, pero le ha bastado negociar la amnistía en solitario para convencer a los independentistas irredentos que es el único candidato que tiene a Sánchez cogido por la pernera alta y sabe apretarle a fondo. Quizá, por ello, muchos de quienes flaquearon en la fe tras su vergonzosa huida a Waterloo han vuelto a ver en él al líder capaz de conducirlos a la tierra prometida.

Con el 98,0% del voto escrutado, los resultados vienen a confirmar a) la clara victoria de Illa con 42 escaños, 9 más que en 2021; b) la hegemonía de Junts en el bloque nacional-secesionista que suma 3 diputados a los 32 obtenidos en 2021, pese a la irrupción de Aliança Catalana que entra en el Parlamento con 2 diputados; c) el desfondamiento de ERC que obtiene 20 escaños y pierde 13; d) la erosión de Comuns-Sumar y la CUP-DT que pierden también 2 y 5 escaños, respectivamente; e) el ascenso del PP que sale de la UCI muy reforzado: suma 12 escaños a los 3 obtenidos en 2021, vuelve a ser la cuarta fuerza política en Cataluña y puede jugar un papel decisivo en el Parlamento; y f) Vox mantiene sus 11 diputados y parece haberse topado con su techo electoral. Con estos resultados, Illa aparece como el único candidato con respaldo suficiente para aspirar a ser investido presidente, aunque tendrá que contar con otros partidos para lograrlo.

Habrá tiempo para analizar con más detenimiento los resultados, incluida la preocupante baja participación, pero cabe de momento extraer algunas conclusiones con implicaciones sobre la gobernabilidad de Cataluña y España. En clave autonómica, se puede concluir que el trato especial dispensado por Sánchez al prófugo perjudicó las candidaturas de Illa y Aragonés. Illa solicitó incluso que los ministros de Sánchez no participaran en su campaña, aunque no pudo evitar la presencia de Sánchez, ansioso de rentabilizar la victoria del PSC con la mirada puesta en las elecciones europeas. A Aragonès le ha perjudicado el apoyo prestado a Sánchez durante la pasada legislatura a cambio de casi nada, y el gravísimo error que cometió al dar luz verde a la ley de amnistía en diciembre, dejando al prófugo protagonizar la negociación hasta la aprobación definitiva de la ley en el Congreso el 17 de marzo. Los líderes de ERC se habrán preguntado más de una vez durante la campaña en qué malhadada hora decidieron anticipar las elecciones creyendo que podían coger al prófugo con el pie cambiado.

La victoria del PSC abre a Illa la puerta para convertirse en presidente cerrando acuerdos de gobierno con ERC y Comuns-Sumar, incluso contando con la abstención del PP en la segunda sesión de investidura si resultara necesario. A la vista de lo ocurrido entre 2003 y 2010, un gobierno de esta guisa no asegurará la estabilidad política en Cataluña, pero puede considerarse un mal menor comparado con la situación que podría haberse presentado con un gobierno presidido por el prófugo y respaldo de los restantes partidos nacional-secesionistas, un escenario que nos habría devuelto al 10 de enero de 2016. Ahora bien, la formación de un gobierno presidido por Illa podría llevar al prófugo a retirarle a Sánchez su apoyo en Madrid para provocar la convocatoria de elecciones generales en las que, si bien Junts podría mejorar sensiblemente su representación en el Congreso a costa de ERC, los españoles tendríamos oportunidad de ratificar o no la amnistía en las urnas.

El daño ya está hecho, pero el futuro no está escrito

Adjunto enlace a mi ultimo artículo publicado desde el Observatorio Económico y Social de España y Cataluña (OBESCAT) en el diario El Liberal el 11 de mayo de 2024. Agradezco de antemano su ayuda para difundirlo entre sus amigos y contactos.

A la espera de la encuesta definitiva la noche del próximo domingo, todas las encuestas electorales publicadas (sondeos prohibidos incluidos) coinciden en dar como virtual ganador de las elecciones al PSC, si bien la mayoría de ellos apuntan a que Junts, desbancaría a ERC como primera fuerza secesionista y el prófugo de Waterloo recuperaría el liderazgo perdido tras su vergonzosa huida a Bélgica, pocas horas después de haber proclamado la independencia el 27-O y ordenado a sus consejeros ignorar su destitución e incorporarse a sus despachos oficiales el lunes. Salvo el CIS de Tezanos que confirma una tendencia ascendente del PSC entre las encuestas publicadas el 25 de marzo y el 6 de abril, y otorga todavía un empate técnico a Junts y ERC en la segunda, la mayoría de los sondeos coinciden en que el PSC no ha registrado avances apreciables en las últimas semanas mientras que Junts se le ha ido acercando en número de escaños y ha puesto tierra de por medio con ERC.

El rescate del prófugo

La remontada de Junts constituye una de las peores noticias que podíamos recibir los ciudadanos catalanes que manteníamos todavía viva la esperanza de que el Tribunal de Justicia de la UE ratificara la pérdida de su inmunidad como europarlamentario y pudiera ser extraditado y juzgado como cabecilla principal del golpe de estado perpetrado desde el mismo momento en que fue investido presidente del gobierno de la Generalidad el 10 de enero de 2016 hasta su destitución el viernes 27 de octubre de 2017 (27-O). Que el prófugo de Waterloo pueda regresar a España libre constituye, sin duda, el mayor atentado perpetrado a nuestro Estado de Derecho, puesto que deslegitima a todos los poderes que actuaron para detener el golpe de estado: al gobierno de España y al Senado que lo destituyeron el 27-O, y a los tribunales que instruyeron, juzgaron y sentenciaron a los cabecillas no fugados. Resulta difícil concebir un golpe más grave a nuestras instituciones democráticas que amnistiar y facilitar la vuelta a España de quien lideró, jaleó y financió el proceso de secesión, y no oculta su intención de volver a intentarlo de nuevo,  ahora con menos riesgo personal al haber eliminado el gobierno de Sánchez el delito de sedición y suavizado las penas por malversación en el Código Penal.

La amnistía y el escándalo de las mascarillas (caso Ábalos-Koldo) han lastrado la campaña del exministro de Sanidad de Sánchez y relanzado la campaña del prófugo. Illa se ha visto perseguido por el eco de sus palabras, cuando nos decía a los ciudadanos que “de amnistía y todo eso, nada. Lo repito: de amnistía y todo eso nada”. Tanto los partidos constitucionalistas, Ciudadanos, Vox y PP, como los partidos más beneficiados por la amnistía, ERC y Junts, se han encargado de recordárselo una y otra vez durante la campaña: los primeros, para reprocharle su falta de palabra, y los segundos para desacreditarle cuando afirma que no habrá referéndum de autodeterminación en Cataluña, porque, le recuerdan, acabará por aceptarlo como acabó por aceptar la amnistía. Al candidato del PSC, la presencia de Sánchez en campaña, como les ocurrió a otros barones socialistas, no le habrá ayudado a sacudirse las moscas cojoneras, porque el presidente fue incluso más lejos cuando se comprometió en el Congreso el 4 de noviembre de 2019 “a traerlo [¡al prófugo!] de vuelta a España y que rinda cuentas ante la justicia”. Ahora se confirma que Sánchez pretende traerlo de vuelta a España, no para sentarlo en el banquillo, como prometió, sino para ponerle una alfombra roja.

El bote enviado por Sánchez a Bélgica para salvar al naufrago brindó al prófugo la posibilidad de subirse a bordo, hacerse con el timón de las negociaciones sobre la amnistía y presentarse ante los suyos como el único candidato capaz de tener agarrado a Sánchez por la pernera alta y conducirlos a la tierra prometida. Aragonès y ERC han demostrado su falta de perspicacia política al dar luz verde a la Proposición de Ley Orgánica de amnistía muy pronto, dejando en manos del prófugo todo el protagonismo hasta su aprobación final el 17 de marzo. ¿Qué pueden exhibir ellos para contrarrestar este éxito? Casi nada. ¿El compromiso de Sánchez de condonar 15.000 millones de deuda? ¿Amenazar a Sánchez con no aprobar los PGE si no negocia un sistema de financiación singular para Cataluña? ¿Qué exigirán la celebración de un referéndum pactado si gobiernan? Aragonès y los suyos han perdido unos años preciosos al frente del gobierno de la Generalidad para desacreditar al prófugo y no me extrañaría que se estén preguntado en qué mala hora decidieron adelantar las elecciones autonómicas.

No pierdan la esperanza

Para los catalanes constitucionalistas, el panorama político resulta poco alentador. Si atendemos a lo que pronostican las encuestas, el PP podría sobrepasar la decena de diputados, recuperando parte del terreno perdido tras haber respaldado a Mas entre 2010 y 2012, y Vox mantendría los 11 diputados que obtuvo en 2021. Magro consuelo puesto que la suma de ambos queda muy lejos del total obtenido por Ciudadanos (36) y PP (4) en 2017. Mientras el PSC continúe empecinado en alcanzar acuerdos con partidos abiertamente no constitucionalistas como ERC, Junts y CUP, y una fracción importante de la sociedad catalana siga respaldando al partido que dio el pistoletazo de salida al proceso secesionista entre 2003 y 2010, prestándose a elaborar un Estatuto tan marcadamente inconstitucional que, incluso tras las enmiendas aprobadas en el Congreso, el presidente Maragall llegó a jactarse de que Cataluña “puede hacer lo que quiera, en este momento… y lo haremos”. Y vaya si lo hicieron. Pregunten a Mas, Puigdemont, Junqueras, Torra y Aragonès. No les extrañe, por ello, que decenas de miles de ciudadanos con distintas ideologías hayan firmado un manifiesto pidiendo expresamente no votar a Illa por haber abandonado su partido la senda constitucionalista.

Más allá de los resultados y pactos postelectorales que puedan fraguarse tras el 12-M para controlar el gobierno de la Generalidad, la certeza incontestable es que el constitucionalismo en Cataluña está ingresado en la unidad de cuidados intensivos. El PP, el único partido de centro presente en toda España que nos queda a los catalanes, debería otorgar una alta prioridad y destinar más recursos a reforzar su presencia en Cataluña. Una vez superada la peligrosa situación en que quedó en 2021, con tan solo 3 diputados en un Parlamento de 135, urge diseñar una estrategia a medio plazo para asentarse en Cataluña, porque sin una mayor representación en la tercera CA por población y la segunda por importancia económica resulta muy difícil gobernar España y presentar una alternativa al proceso secesionista que, como acertadamente apuntó Fernández en el debate en TVE, ha traído a Cataluña decadencia en lugar de independencia.

El daño ya está hecho, pero el futuro no está escrito

«He decidido seguir» (Ya lo sabíamos)

Artículo publicado desde el Observatorio Económico y Social de España y Cataluña (OBESCAT) en el diario Expansión el 30 de abril de 2024. Agradezco de antemano su ayuda para difundirlo entre sus amigos y contactos.

Concluidos los actos de adhesión fervorosa protagonizados por sus fieles aduladores en la calle Ferraz el pasado fin de semana, el presidente disipaba con estas palabras las dudas abiertas por él mismo sobre su inmediato futuro político. Lo asombroso es que tanta gente haya dado pábulo al interrogante que abrió la carta publicada el pasado miércoles en la que anunciaba su decisión de parar para reflexionar ante la operación de acoso y derribo que estaban sufriendo él y su familia por los partidos de la derecha y ultraderecha, y sus medios afines, incapaces de digerir los resultados de las elecciones generales celebradas el 23-J que le posibilitaron ser investido presidente del gobierno. “¿Merece la pena todo esto? Sinceramente no lo sé”, confesaba un atribulado Sánchez en su doliente misiva.

Terminada la farsa del retiro en familia, el consumado actor regresó al mundo cruzando los jardines del palacio la Moncloa al filo de las 11 de la mañana (“Buenas tardes”) para convertirse otra vez en el centro de atención de todos los medios de comunicación, esta vez no mediante una misiva sino en cuerpo presente, y reconfortar a los sobrecogidos ciudadanos que, con el alma en vilo, sobrellevaron como pudieron el doloroso trance durante estos cinco días inacabables. Me quedo con vosotros, vino a decirnos, no para aferrarme al poder con malas artes, sino para trabajar con firmeza en pro de la regeneración de la vida política, para revertir su imparable deterioro, y para movilizar “a la mayoría social por la dignidad y el sentido común, poniendo freno a la política de la vergüenza”. Ustedes conocen perfectamente a estas alturas de la película (van para seis años en sesión continua) cuáles son las artes y las recetas políticas de Sánchez para regenerar la vida política y recuperar la dignidad y el sentido común de la sociedad española. Sólo que ahora va a hacerlo fortalecido y si cabe con más fuerza.

Mano extendida hacia sus adversarios políticos para apuntarles con el dedo índice acusador y descalificarlos sin paliativos por representar a esa derecha y ultraderecha que enloda la vida política, y mano tendida a sus aliados circunstanciales que lo auparon a la Moncloa el 1 de junio de 2018, en una operación de acoso y derribo, cómo no, dignísima. Regenerar la vida política hubiera sido mantener que lo ocurrido en Cataluña en 2017 fue más rebelión que sedición y haber traído a España al prófugo de Waterloo para sentarlo en el banquillo, como prometió hacer Sánchez en  la tribuna del Congreso, no indultar a los líderes del proceso condenados por el Tribunal Supremo y mucho menos acordar con el prófugo en el ‘exilio’ una ley de amnistía que el propio Sánchez, sus ministros y los líderes del PSOE nos habían dicho no tenía cabida en la Constitución, porque, como nos expuso la vicepresidenta Calvo en el Senado, laminaría la independencia del poder judicial. Una infamia para asegurarse los siete votos de Junts que lo hicieron presidente del gobierno el 15 de noviembre pasado. No puede regenerar la vida política quien descalifica una y otra vez a los líderes de la oposición acusándoles de corruptos, indecentes y machistas, pretende erigir un muro frente a las derechas retrógradas, pero no tiene inconveniente en sentarse a negociar pactos de gobierno y leyes con EH Bildu, los herederos políticos de la banda terrorista ETA, la misma que hasta 2011 mataba y extorsionaba a los ciudadanos en el País Vasco. Otra infamia para asegurarse los seis votos de EH Bildu que lo hicieron presidente del gobierno.

Pero más allá de la retórica impostada, resulta de extrema gravedad que haya aprovechado su comparecencia en la sede de Presidencia para acusar a las derechas de enlodar la vida política inculcando odio hacia personas inocentes, difundiendo mentiras groseras y acusaciones insidiosas carentes de cualquier fundamento. ¿A qué viene toda esta sobreactuación? Si Begoña Gómez, la esposa del presidente, escribió cartas a organismos públicos respaldando la concesión de ayudas públicas a determinadas empresas que luego aportaron recursos al sostenimiento de sus actividades profesionales, y esos organismos, incluido el Consejo de ministros, proporcionaron ayudas públicas, a veces multimillonarias, a algunas de las empresas recomendadas por Gómez, lo menos que debería haber hecho el presidente es publicar un dossier detallando todas las operaciones en que intervino su esposa y compareciendo ante los medios para esclarecer los hechos.

Sánchez, haciendo gala de una inaudita dejación de responsabilidad como presidente, se ha negado a dar explicaciones hasta ahora, y preferido subirse al escenario monclovita para tratar de conmovernos con una actuación tramposa en extremo. Ningún español que conozco desea que las mujeres estén en su casa esperando la vuelta del trabajo del maridito, pero todos los ciudadanos, hombres y mujeres, tenemos derecho a saber cómo se utiliza el dinero público que sale de nuestros impuestos, incluidas las subvenciones públicas a empresas privadas, y muy especialmente cuando esas empresas apoyan las actividades profesionales de familiares de políticos en ejercicio, sean la mujer del presidente del gobierno o el marido de la concejal de Villanueva de Abajo. No hay ninguna operación de acoso y derribo en marcha contra el presidente y su familia, como pretende hacernos creer Sánchez, sino el legítimo deseo de regenerar nuestra vida política, una tarea a lo que, por cierto, va a ayudar muy poco que su gobierno acordara amnistiar a malversadores de fondos públicos y reducir las penas por malversación en el Código Penal.

Quiero, por último, llamar la atención sobre la apelación de Sánchez “a la conciencia colectiva de la sociedad española, una sociedad que, desde el acuerdo generoso, supo sobreponerse a las terribles y profundas heridas del peor de sus pasados”. La verdad es que produce rubor escuchar esta invocación al espíritu de la Transición en labios de quien ha convertido la acción política en un ejercicio permanente de sectarismo y enfrentamiento que recuerda precisamente lo peor de nuestro pasado y llevado la politización de todas las instituciones, organismos y empresas públicas a niveles “inimaginables hasta hace unos pocos años”. No cuela, no resulta creíble. En lugar de comprometerse a encontrar puntos de entendimiento con quienes obtuvieron el respaldo del 45,95 % de los ciudadanos españoles el 23-J, Sánchez prefiere atizar mandobles a las derechas retrógradas y entenderse con las minorías separatistas que representan al 5,97 % de votantes, a los que para no ofenderlos evito llamar españoles.

Permítanme decirles en dos palabras lo que pienso sobre este asunto: la decisión de seguir estaba tomada antes incluso de que Sánchez escribiera la doliente cartita. Deseo y espero que los efectos de la puesta en escena del melodrama “Begoña en la hoguera” resulten efímeros y los ciudadanos realmente deseosos de preservar la convivencia se mantengan alertas porque el daño causado a nuestras instituciones políticas aumenta con cada día que pasa en la Moncloa, y el presidente parece estar más dispuesto que nunca a resistir y hasta a llevar a los suyos a la guerra con la excusa de defender la honorabilidad de los negocios de la familia.

12-M: amnistía, financiación e inmigración

Artículo publicado desde el Observatorio Económico y Social de España y Cataluña (OBESCAT) en el diario El Liberal el 27 de abril de 2024. Agradezco de antemano su ayuda para difundirlo entre sus amigos y contactos.

Hay pocas dudas de que la suerte de los catalanes en las elecciones del próximo 12 de mayo (12-M) penden de los resultados que obtengan Junts, el partido que lidera el prófugo de Waterloo y el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) con Illa, exministro de Sanidad de Sánchez durante la pandemia, y secretario general del partido, a la cabeza. ERC tiene en esta película un papel claramente secundario y más complejo de valorar por el electorado, ya que si bien muchos de sus posicionamientos políticos se encuentran más próximos al PSC que a Junts, los republicanos están obligados a mostrarse muy firmes en el tema de la autodeterminación para restar protagonismo al prófugo y a sus siete diputados que han sabido apretar al máximo a Sánchez en el Congreso desde las elecciones del 23-J, jugando una y otra vez la baza de dejarlo caer si no accede a sus exigencias de máximos.

Tampoco hay muchas dudas sobre cuáles son las cuestiones que van a agitar los dos principales partidos secesionistas durante las dos semanas de campaña que nos esperan. En primer lugar, ERC y Junts van a intentar atribuirse el mérito de haber arrancado al grupo socialista en el Congreso, formado por el PSOE y PSC, la presentación de la proposición de Ley Orgánica de Amnistía que borra todos los actos delictivos (incluidos la malversación de fondos públicos y los actos terroristas) relacionados con el proceso de secesión vivido en Cataluña entre 2012 y 2023, y lo que resulta incluso más grave, desde mi punto de vista, deslegitima todas las acciones desplegadas por los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado para atajar el proceso de secesión culminado el 27 de octubre de 2017 con la constitución de la república catalana como estado independiente.

Para el electorado constitucionalista, la ley de amnistía constituye un golpe tremendo a nuestro “Estado social y democrático de derecho” del que el PSC de Illa es tan responsable como el PSC de Montilla lo fue cuando declaró en una comparecencia oficial que “el tribunal Constitucional está lamentablemente desacreditado y moralmente deslegitimado” y convocó a los catalanes a manifestarse el 10 de julio de 2010 para mostrar su indignación contra la sentencia del alto tribunal sobre el Estatuto y prender la mecha del proceso secesionista en Cataluña. Para el electorado independentista, se trata, por el contrario, de un gran éxito, pese a que la implementación de la ley, caso de que acabe siendo aprobada en el Congreso tras su previsible rechazo en el Senado, pueda quedar atascada en los tribunales españoles y europeos. Las emociones, que no los programas, son las que acaban decidiendo los votos de los ciudadanos y la gran pregunta es cómo va a influir la elevada carga emocional de la amnistía en el voto de los catalanes.

El cambio de 180 grados en la posición de Illa sobre la amnistía, desde su afirmación tajante de “ni amnistía ni nada de eso, lo repito, ni amnistía ni nada de eso” a defender sin rubor alguno que “esos mismos valores nos llevan hoy a defender una amnistía”, no debería en buena lógica ayudarle a ganar votos en el electorado constitucionalista, especialmente entre quienes votaron a Ciudadanos en elecciones anteriores, siempre despreciados por los líderes del PSC desde la irrupción del partido naranja en el Parlamento en noviembre de 2006. Los constitucionalistas no pueden respaldar a un partido de miras tan estrechas que ni siquiera contempló la posibilidad de entablar conversaciones con Ciudadanos para investir a Arrimadas tras su histórica victoria electoral en diciembre de 2017, y se prestó en cambio a ser la muleta de ERC desde que Aragonés excluyó de su gobierno a los consejeros de Junts en septiembre de 2022. Los únicos votantes que el PSC podría atraer son los de los independentistas desencantados.

En cuanto a la pugna que mantienen los dos principales partidos independentistas, podría pensarse que el partido del prófugo saca claramente ventaja a ERC, porque supo jugar sus bazas con bastante más pericia que Aragonès y Junqueras tras el 23-J, y se negó a aprobar la proposición de ley de amnistía en una primera votación en el Congreso para ganar protagonismo, pese a haberla acordado y redactado en las reuniones mantenidas con Cerdán, número tres del PSOE, en Bruselas y Ginebra. El prófugo apretó a Sánchez al máximo y promete a los suyos seguir haciéndolo en el futuro, pero lo cierto es que la sobreactuación de Junts en el Congreso no se ha dejado apenas notar en los sondeos electorales realizados desde de mediados de marzo, ni parece que vaya a alterar sustancialmente el reparto del voto entre las dos formaciones que compiten por un espacio electoral que, a pesar de la amnistía, continúa contrayéndose.

Hay otros dos asuntos de calado que van también a hacerse un hueco en esta campaña: obtener una financiación singular para Cataluña y la transferencia al gobierno de la Generalidad de las competencias del Estado en materia de control de fronteras e inmigración. Más, consejera de Economía, presentó el pasado 19 de marzo al resto del gobierno de la Generalidad la propuesta formal del gobierno de Aragonès para recaudar todos “los impuestos generados en territorio catalán… dejar atrás décadas de injusticia” y acabar con un déficit fiscal que cuantificó en 20.000 millones anuales. Se trata de un planteamiento que no excluye realizar una aportación al Estado, similar al cupo vasco, en concepto de cuota de solidaridad interterritorial. Aunque el propio Aragonès defendió la propuesta en Madrid un día después, los ciudadanos catalanes harán bien en desconfiar de un planteamiento hecho a última hora y acogido con suma frialdad por el gobierno de España que reiteró su prioridad de reformar el sistema de financiación de las Comunidades de régimen común. Junts, para no quedarse atrás, exige también recaudar todos los impuestos y cifra en 450.00 millones la deuda histórica de España con Cataluña. Ahí es nada. Cualquier ciudadano con dos dedos de frente, incluso la ministra Montero, sabe muy bien que el pastor no debe poner al lobo a guardar el rebaño y eso es exactamente lo que supondría cederle al gobierno de la Generalidad el control de la caja. Porque, digámoslo claro, no esperen solidaridad alguna de quienes denigran a los españoles y su cultura una vez logren hacerse con la caja.

Otra cuestión que puede pesar al depositar el voto en las urnas el 12-M es la reclamación de transferir a la Generalidad todas las competencias sobre el control de las fronteras, inmigración incluida. Más allá del aumento de recursos que supondría, la cuestión tiene gran importancia simbólica puesto que el control de las fronteras constituye una de las funciones definitorias de cualquier Estado soberano. Las posiciones xenófobas del abuelo (Pujol) y el padrino (Torra) del prófugo sobre los inmigrantes están bien documentadas, pero no creo que asociar inmigración con delincuencia, como ha hecho Junts, ni alardear de haber pactado con Sánchez una nueva ley orgánica que nadie ha visto, vayan a reportarle a Junts demasiado rédito electoral. Y es que al hijastro de Torra le ha salido un competidor muy duro que puede llevarse el gato al agua y restarle varios diputados: Aliança Catalana. El partido de Orriols es un rabioso defensor de la declaración unilateral de independencia y se opone a aceptar inmigrantes que no beneficien a la sociedad y cultura catalanas.

Cabe pensar que los votantes independentistas tendrán en cuenta al decidir su voto quién desprecia más a los españoles y está más decidido a utilizar todos los resortes para conducirlos a la tierra prometida tras un peregrinaje de varios siglos: la ansiada e inasible independencia de Cataluña. El prófugo se postula como el único candidato fiable para ser el Moisés en esta película truculenta. Sin embargo, resulta igualmente plausible pensar que el baño de realismo que supuso el fracaso del 27-O y la huida vergonzante del conductor en el maletero de un vehículo hayan servido para darles un baño de realismo y desconfiar de las bravuconadas del prófugo y su pequeña corte de aduladores irredentos. Los barómetros del CEO apuntan a que el respaldo a la independencia de Cataluña ha perdido bastante terreno desde 2017 y sugiere que los partidos independentistas compiten por atraer a un electorado menguante, una indicación de que cada vez son más los catalanes que ven inalcanzable alcanzar la independencia en el futuro previsible. El panorama, no obstante, continúa siendo muy preocupante porque no podemos olvidar que los gobiernos tripartitos liderados por el PSC fueron la fábrica de independentistas y su repetición podría reavivar el proceso secesionista en pocos años.

ANÁLISIS / 12-M: amnistía, financiación e inmigración

La legislatura no está blindada (bis)

Adjunto enlace a mi artículo publicado desde el Observatorio Económico y Social de España y Cataluña (OBESCAT) en el diario El Liberal el 6 de abril de 2024. Agradezco de antemano su ayuda para difundirlo entre sus amigos y contactos.

Así se titulaba mi artículo publicado en este diario el pasado 11 de noviembre y cada día que pasa mi augurio cobra mayor fuerza a pesar de los torvos esfuerzos del ‘doctor’ Sánchez por ignorar su derrota en las urnas, a pesar de las humillantes idas y venidas de sus emisarios a Bruselas y Barcelona para acordar una Ley Orgánica de Amnistía (LOA) a medida del prófugo y demás golpistas para ser investido presidente, a pesar de su utilización vicaria del Congreso para poner en marcha una comisión de investigación cuyo único objetivo es evadir las responsabilidades políticas de su gobierno en la funesta gestión de la pandemia y confundir a un electorado anestesiado con sus continuos engaños. No deja de ser sorprendente que algunos ciudadanos, cada vez menos es cierto, sigan respaldando en las urnas a un hombre al que ni un solo líder socialista histórico respalda en su locuaz huida hacia adelante.

Había pocas dudas de que Sánchez podía atar su investidura haciendo concesiones a Junts, a ERC, a EH Bildu y al PNV, concesiones que avergüenzan a cualquier demócrata consciente de que la política va más allá de retener el poder a cualquier precio haciendo saltar las costuras del orden constitucional, una tarea a la que el esforzado letrado del Banco de España y ahora experto en exhumaciones aplicó su torpe pluma para tratar de convencernos de que la amnistía es completamente constitucional después de haber sostenido con igual rotundidad lo contrario. Pero han bastado apenas tres meses desde aquel patético 16 de noviembre en que Sánchez salió investido para comprobar que los apaños alcanzados con quienes se jactaron de no respetar el orden constitucional mientras ostentaban la máxima representación del Estado en Cataluña -y nunca han expresado intención alguna de hacerlo en el futuro- iban a resultar muy difíciles de implementar.

Exhumar físicamente a Franco enterrado en noviembre de 1975 ha resultado más sencillo que exhumar políticamente al prófugo huido de España tras declarar la independencia de Cataluña el 27 de octubre  Y la razón es muy simple: la amnistía al prófugo y demás golpistas y terroristas al frente del proceso de secesión choca frontalmente con la Constitución Española y deslegitima las actuaciones de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de España para poner fin a la situación creada cuando el Parlamento de Cataluña aprobó la resolución de declaración de independencia y la puesta en marcha de la Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República. Resulta simplemente grotesco pensar que el gobierno de España y el Senado se inventaron una situación para justificar la destitución del gobierno de la Generalidad y disolver un Parlamento de Cataluña -controlado por ERC y CDC,  madrastra del PdECat y abuelita de Junts- y que el Tribunal Supremo se inventó unos delitos al margen del Código Penal y condenó arbitrariamente a los líderes secesionistas. No, no fue así y hasta el propio Sánchez recordó que él traería a España al prófugo y lo sentaría en el banquillo. Ahora no vale decir que no hubo delitos. Los hubo, sin ninguna duda, y lo que sí puede hacer el gobierno fue lo que hizo Sánchez en 2022: indultar (pese a los reparos del Tribunal Supremo) a quienes fueron juzgados con todas las garantías y condenados. A nadie puede extrañar que sean tan pocas las personas y los juristas, siempre en el entorno de Sánchez, que defiendan lo indefendible: borrar los delitos y acusar a quienes los detectaron, examinaron y juzgaron.

Las dificultades crecen por doquier para el prófugo y para Sánchez, su rehén cautivo en La Moncloa. La Eurocámara le retiró la inmunidad parlamentaria el 8 de marzo de 2021 y el Tribunal General de la UE ratificó la decisión el 5 de julio de 2023, y su situación está pendiente de que el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) confirme esa decisión. El dictamen elaborado por la Comisión de Venecia sobre la amnistía deja muy claro que si bien “las amnistías están motivadas por razones de reconciliación social y política” deben salvaguardar el imperio de la ley y la seguridad jurídica. La Comisión considera inapropiado recurrir a los procedimientos legislativos acelerados “para adoptar leyes de amnistía, dadas sus consecuencias de largo alcance”, aconseja establecer criterios generales y “acotar y definir de manera más precisa el ámbito material y temporal de aplicación de la amnistía para hacer más previsibles sus efectos”, y recomienda sean aprobadas por “una mayoría cualificada superior a la mayoría absoluta (la mitad más uno)”, como, por cierto, ocurrió con la Ley de Amnistía de 1977. Y subraya, por último, que “se debe confiar al poder judicial la decisión de si personas específicas cumplen los criterios generales”.

Pues bien, la  amnistía aprobada por Sánchez a instancias de los golpistas obtuvo una mayoría exigua, 178 votos a favor y 172 en contra, en el Congreso e incumple el resto de condiciones al haber sido tramitada por el procedimiento de urgencia y no respetar el  imperio de la ley ni proporcionar seguridad jurídica al amnistiar actos (como la malversación de fondos públicos y realización de actos terroristas) genéricos durante un período de tiempo prolongado calificados como delitos en los ordenamientos jurídicos español y europeo. Reynders, no sólo pidió información adicional al gobierno español sobre “el ámbito de aplicación personal, material y temporal de esta ley [de amnistía] prevista”, una acción calificada como insólita por el subdirector de un diario afecto al régimen ‘sanchista’, sino que confirmó hace unos días en respuesta a una pregunta formulada por los eurodiputados de Ciudadanos, que la aplicación de la amnistía quedaría en suspenso hasta que el TJUE “resuelva las cuestiones prejudiciales que le planteen los tribunales nacionales”. Así que si un tribunal español plantea una cuestión prejudicial, como ocurrirá con toda seguridad en el caso de la LOA, la normativa comunitaria “exige suspender el procedimiento pendiente ante el órgano jurisdiccional remitente a la espera de la respuesta del Tribunal de Justicia”, concluye Reynders.

El prófugo puede dar ya por descontado que incluso si el Congreso aprueba la LOA tras su previsible rechazo en el Senado, le quedan bastantes meses por delante en el ‘exilio’, con independencia de los resultados que obtenga su partido en las elecciones autonómicas del 12 de mayo y en las elecciones europeas en junio. Pero lo más interesante es que ese compás de espera abre la puerta a que el TJUE confirme la retirada de su inmunidad como europarlamentario y pueda ser reclamado por la justicia española. Sánchez prometió en el Congreso traerlo a España para juzgarlo y pese a todos los esfuerzos que ha hecho desde entonces para incumplir su promesa, todo apunta a que va a fracasar en su intento de amnistiarlo y propiciar su regreso triunfal a Cataluña para recuperar lo que le fue ilegítimamente arrebatado: la presidencia del gobierno de la Generalidad de Cataluña. Ni las argucias de Sánchez y Bolaños van a permitirle regresar del exilio como un héroe capaz de doblegar al Estado.  

Buena prueba del escaso alcance político y jurídico de los acuerdos alcanzados por el PSOE-PSC con Junts y ERC y el largo y tortuoso recorrido que aguarda a la implementación de la LOA en los tribunales es que el gobierno de Sánchez ha renunciado ya a presentar los Presupuestos Generales del Estado, una iniciativa imprescindible para dar la sensación de que la XV Legislatura tiene recorrido y el gobierno de Sánchez se encuentra en condiciones de abordar los problemas sociales y económicos de los ciudadanos. Y como no se va a implementar la amnistía a corto y medio plazo y se puede dar por agotada antes de iniciarse. La caída de Sánchez es inminente y la mayoría de ciudadanos, bien tengan inclinación socialdemócrata bien de centroderecha, contemplamos con alivio el fracaso del mayor ataque al orden constitucional perpetrado por dos partidos, PSOE y PSC, que han rebajado la política a una lucha descarnada por controlar todas las instancias del Estado con el único propósito de mantenerse en el poder.

La legislatura no está blindada (bis)

12-M: elecciones en Cataluña

Adjunto enlace a mi último artículo publicado desde el Observatorio Económico y Social de España y Cataluña (OBESCAT) en el diario El Liberal el 23 de marzo de 2024. Agradezco de antemano su ayuda para difundirlo entre sus amigos y contactos.

La celebración de los diputados de ERC y Junts en la puerta del Congreso el 14 de marzo tras aprobarse la ley ‘integral’ de amnistía por una ajustada mayoría (178-172) no fue sino una breve pausa en la pelea de ambas formaciones por conquistar el menguado espacio electoral que respaldó el proceso secesionista liderado por la coalición de ambos partidos (Junts pel Sí) en 2016 y 2017. El panorama actual poco tiene que ver con el del otoño de 2015 y buena prueba de ello es que Aragonès anunciara un día antes la aprobación de la ley de amnistía la celebración de elecciones anticipadas el próximo 12 de mayo (12.M). La razón esgrimida fue el rechazo de los presupuestos de la Generalidad para 2024 en una votación en la que los  31 diputados de Junts, votaron junto a los 11 de Vox, los 9 de la CUP, los 8 de ECP 8, los 6 de C’s 6 y los 3 del PP. A los 33 de ERC y a los 33 diputados del PSC sólo se sumó una diputada de Junts que abandonó la disciplina del partido hace unos meses.

ERC y Junts enfrentados

Las discrepancias personales y tácticas de los líderes de ambos partidos sobre el camino a seguir, una vez consumada la destitución del gobierno de la Generalidad y la disolución del Parlamento el 27-O de 2017, se agravaron tras la fuga del expresidente a Bélgica pocas horas después Ni el gobierno presidido por Torra, el hombre elegido a dedo por el prófugo para representarle en Cataluña, tras las elecciones celebradas dos meses después, ni el gobierno presidido en funciones por Aragonés tras la inhabilitación de Torra, ni el gobierno de coalición formado tras las elecciones de 2021 permitieron recomponer la entente entre ambas formaciones y acordar un programa común para alcanzar el objetivo prioritario compartido por ambas: la independencia. Prueba cabal de la falta de entendimiento entre ambas formaciones es que Aragonés, tras muchos tiras y aflojas, acabó por destituir a todos los consejeros de Junts y se lanzó a gobernar en solitario en septiembre de 2022. Funcionó durante algunos meses hasta el pasado 12 de marzo.

Se ha especulado si Aragonés se ha decidido a dar este paso para pillar con el pie cambiado a Junts que esperaba que las elecciones catalanas se convocarían una vez aplicada la amnistía de modo que el prófugo podría regresar a Cataluña sin riesgo de ser detenido para ser de nuevo el candidato de Junts a presidir el gobierno de la Generalidad, un honor que a su juicio le corresponde por derecho propio al considerar ilegítima su destitución en 2017. Más plausible encuentro achacar la decisión de Aragonés a que una vez tumbados los presupuestos considerara improductivo prorrogar unos meses más su gobierno habida cuenta que la inestabilidad del gobierno de Sánchez hace inviable alcanzar acuerdos de calado sobre el principal asunto que ERC considera prioritario ahora: establecer un sistema de financiación singular para Cataluña que permita al gobierno de la Generalidad recaudar todos los impuestos generados en su territorio. Sin visos de poder exhibir el premio gordo antes de las elecciones de poco iba a servirle prorrogar unos meses la legislatura.

Recuperar lo que me fue ilegítimamente arrebatado

El proceso de negociación y la aprobación de la ley de amnistía han dado alas al prófugo que ha tardado apenas una semana en comparecer ante los medios para anunciar exultante su candidatura a presidir el gobierno de la Generalitat y recuperar el honor que le fue arrebatado ilegítimamente el 27-O. El prófugo dejó también muy claro que vuelve no para seguir hablando de pactos de financiación con el Estado represor. ni para normalizar la vida institucional, política y social Cataluña, como reza el título de la Ley Orgánica de Amnistía, sino para retomar el proceso secesionista en el punto donde quedó abortado por la aplicación del artículo 155 y llevarlo a su lógica conclusión: la realización de un referéndum de autodeterminación puro y duro, sin subterfugios. Esta posición me recuerda las palabras que pronunció el expresidente Pujol durante el coloquio celebrado tras presentar el informe “La cuestión catalana, hoy” en el Circle de Economía de Barcelona en 2014: el tiempo de mejorar la financiación ha expirado, nos dijo.

Más allá de una llamada a la unidad de todos los independentistas (bajo su liderazgo, claro está) de cara a la galería, las andanadas que ha mandado a ERC son auténticas cargas de profundidad. El pecado que descalifica a los republicanos para continuar liderando el movimiento secesionista es haber aceptado ser detenidos, juzgados y encarcelados, una vergonzante sumisión a las instituciones del Estado opresor que los descalifica para conducir al pueblo catalán a la independencia. La tibia actitud de ERC contrasta con su rechazo frontal a someterse a semejante humillación y tomar el duro pero ‘digno’ camino del exilio, hasta doblegar al Estado y obligar al gobierno de Sánchez a negociar directamente con Junts la ley de amnistía en el extranjero, una ley que, como se encargó de recordar en su comparecencia, los líderes del PSOE de Sánchez consideraban rotundamente inconstitucional hasta hace pocos meses. No cabe duda de que puede sentirse orgulloso de haber doblegado a Sánchez, a Illa, a tantos ministros (Calviño, Calvo, Marlaska, Campos, etc.) y líderes del partido (Lastra, Patxi, etc.) a tragarse sus palabras y hacer concesiones que ningún gobernante respetuoso con el Estado de derecho habría hecho.

¿Habrá vuelco electoral?

¿Volverá a ser presidente el prófugo? Tendremos que esperar hasta el 12-M para contestar la pregunta. De momento, sólo cabe hacer algunas conjeturas a partir de los resultados del último barómetro publicado por el Centre d’Estudis de Opinió (CEO). El barómetro fue completado entre el 9 de febrero y el 7 de marzo de 2024 por lo que se puede afirmar con bastante seguridad que el efecto de la aprobación de la LOA estaba ya más que descontado, como suelen decir los analistas financieros cuando se concreta un hecho anticipado. A falta de conocer el efecto que puedan tener la confirmación de la candidatura del prófugo y la dura campaña electoral que se avecina, los resultados en el Gráfico 1 indican que no habrá vuelco electoral el 12-M.

Gráfico 1. Estimación de escaños y horquillas de los principales partidos

Mucho tendrían que cambiar las cosas para que se produzca un vuelco que permita al prófugo recuperar la presidencia sin contar con ERC. Y de ser así, la probabilidad de reeditar el gobierno de coalición con ERC, como ocurriera ya en 2016, resulta casi despreciable, si como los resultados del barómetro apuntan ERC y PSC podrían rondar la mayoría absoluta el 12-M. Ahora bien, la posibilidad de que se constituya un gobierno de coalición entre ERC y PSC, o incluso un gobierno tripartito que incluyera también a ECP, dejaría a Junts fuera de juego y podría llevar al prófugo a no respaldar los PGE de Sánchez en el Congreso el próximo otoño, y quién sabe si incluso a dejar caer el gobierno absteniéndose en una hipotética moción de censura. Así podría dejar claro a sus electores que él lidera la única fuerza política que sabe a dónde quiere llevar a su ‘pueblo’ y no pacta a cambio de más recursos y más autonomía. Migajas, al fin y al cabo.

La única conclusión que cabe extraer de la Operación Exhumación II pilotada por Sánchez, Bolaños y Cerdán es que le han hecho un flaco servicio a Illa al devolver a la vida política a quien era ya prácticamente un cadáver viviente en Bruselas, máxime después de que la Eurocámara y el Tribunal General de la UE acordaran retirarle la inmunidad parlamentaria. Al candidato del PSC, acorralado entre las demandas de los secesionistas con los que tendría que pactar para gobernar en caso de ganar las elecciones el 12-M, como ocurriera ya en 2003 y 2007, y las dudas que planean sobre los millonarios contratos concedidos cuando era ministro de Sanidad durante la pandemia, la campaña electoral se le va a hacer muy, muy larga. La presencia de Sánchez en Cataluña sólo servirá para recordar al electorado el decisivo papel que ha jugado el PSOE en la resurrección política del prófugo de la justicia.

Ahí tiene el PP una buena oportunidad para comenzar a rehacer el partido en Cataluña, tras la debacle sufrida a partir del momento en que Sánchez-Camacho decidió convertirlo en la muleta de Más entre 2010 y 2012. Si sus líderes nacionales y autonómicos no titubean y son capaces de trasladar a los catalanes que rechazan la independencia, 51 % según el barómetro del CEO, un proyecto atractivo y realista, libre de los peligros que entraña una reedición de los gobiernos tripartitos (PSC, ERC,r ICV-EUiA, 2003-2010) que fueron la antesala del auge del secesionismo, el PP podría atraer a votantes desencantados con el PSC y Ciudadanos, un partido al que el barómetro deja fuera del Parlamento de Cataluña. Por ello, resulta harto llamativa la escasa atención que Feijóo ha prestado a reforzar su partido en Cataluña hasta el momento y la parálisis en que está sumido por las dudas sobre quién será el candidato el 12-M. La situación del constitucionalismo en Cataluña (con tan sólo 20 diputados en la pasada legislatura) es tan preocupante que  PP y C’s deberían ser capaces de acordar un programa común y sumar fuerzas en lugar de concurrir separados, algo que las últimas noticias publicadas indican no va a suceder.

ANÁLISIS / 12M: elecciones en Cataluña

Miente el notario menor del reino

Artículo publicado desde el Observatorio Económico y Social de España y Cataluña en el diario El Liberal el 16 de marzo de 2024. Agradezco de antemano su ayuda para difundirlo entre sus amigos y contactos.

Bolaños, ministro de Justicia y Notario Mayor del Reino compareció ante los medios de comunicación el 7 de marzo en el patio del Congreso para anunciar la buena nueva: amnistía habemos, gracia a la cuál Sánchez podrá alargar unos meses su estancia en La Moncloa. La Proposición de Ley Orgánica de Amnistía (PLOA) fue registrada por el grupo socialista (PSOE-PSC) en el Congreso el 13 de noviembre pasado, en vísperas de la investidura de Sánchez, tal y como exigía Junts para contar con el voto favorable de los 7 diputados en tan infausto trance. Aunque redactada por representantes del PSOE-PSC, Junts y ERC alalimón en Bruselas, Ginebra, Barcelona y Madrid, la Proposición no superó la primera prueba el 30 de enero en el Congreso y tuvo que pasar por el departamento de cirugía plástica para asegurar que ningún delincuente procesista pueda ser acusado de traición y terrorismo y llevado ante los tribunales. Ultimado el engendro legal, Bolaños se felicitaba a sí mismo como artífice principal de la hazaña y es que para este sujeto abolir los delitos de quienes cuestionan nuestro Estado de Derecho constituye un logro histórico.

En efecto, esta ley viene a borrar los delitos cometidos entre el 1 de noviembre de 2011 y el 13 de noviembre de 2023 por quienes utilizaron las instituciones de autogobierno de Cataluña para organizar y financiar un golpe de estado que se consumó con la aprobación en el Parlamento el 27 de octubre de 2017 de una resolución que daba por constituida la república catalana independiente e instaba al gobierno de la Generalidad a adoptar las medidas necesarias para hacerla efectiva, así como de todos los ciudadanos que incurrieron en delitos contemplados en el ordenamiento jurídico relacionados directa o indirectamente con el proceso independentista entre esas dos fechas. La Proposición tramitada por la vía de urgencia y enmendada a última hora para satisfacer las exigencias de Junts resultó aprobada en el pleno extraordinario celebrado en el Congreso el 14 de marzo con 178 votos a favor y 172, una mayoría ramplona que pone en evidencia la falta de consenso entre los representantes de los ciudadanos españoles sobre la idoneidad de la norma.

Flaco servicio hacen Sánchez y Bolaños a nuestro Estado social y democrático de Derecho al comparar la Ley Orgánica de Amnistía aprobada el 14 de marzo con la Ley de Amnistía  aprobada el 15 de octubre de 1977 que recibió un respaldo casi unánime del Congreso: 296 votos a favor, 18 abstenciones y 2 votos en contra. La comparación ofende no sólo por la diferencia en el respaldo alcanzado. El propósito de la Ley de Amnistía de 1977 era borrar algunos actos tipificados como delitos por el ordenamiento franquista, por lo que situarlos en el mismo plano con los tipificados en la LOA se están equiparando las instituciones configuradas por la Constitución de 1978 con las del Estado franquista, y se están asimilando las decisiones adoptadas por los tres poderes del Estado, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, para atajar el golpe de Estado y juzgar los delitos perpetrados durante el proceso secesionista en Cataluña con las del gobierno y tribunales de la dictadura. En suma, un auténtico dislate que socava los fundamentos de nuestro Estado de Derecho, deslegitima la labor de nuestras instituciones democráticas durante 14 años y premia a los delincuentes.

Para justificar la aprobación de esta ley ‘histórica’, un tenso y nervioso Bolaños apeló en su comparecencia a otros dos argumentos: la perfecta constitucionalidad y adecuación al derecho europeo de la LOA y su papel como instrumento para restablecer la normalidad institucional, política y social en Cataluña. En relación con el primero, la novedad añadida por el notario menor del reino a las deslavazadas justificaciones recogidas en el Preámbulo de la propia LOA es que el borrador filtrado del dictamen que estaba preparando la Comisión de Venecia “avala la ley de amnistía”, una afirmación gratuita puesto que la Comisión ni siquiera conocía en ese momento el texto enmendado y finalmente aprobado en el Congreso. Aludió también Bolaños a que el citado borrador da cuenta de que 54 países en Europa han permitido amnistías, incluidos 12 países que en sus constituciones no mencionan expresamente la posibilidad de otorgarlas, eludiendo referirse a la naturaleza, momento y alcance de estas amnistías como se sugiere en el borrador de la Comisión.

¿Qué cabe decir al respecto? Conviene, antes de seguir, aclarar que la Comisión no había publicado ningún documento en ese momento, salvo la traducción al inglés de la PLOA antes de ser enmendada y votada. En cuanto al fondo del asunto, lo primero es negar la mayor: la Comisión no avala la constitucionalidad de la Ley Orgánica de Amnistía entre otras cosas porque, como apunta la propia Comisión, esa no es su función. Sí podría decirse que la Comisión avala la utilización de este mecanismo en términos genéricos “por razones de reconciliación social y política” siempre que se empleen métodos y procedimientos coherentes. ¿Ha sido así en el caso de la LOA? No lo parece, puesto que la propia Comisión apunta que la PLOA “ha provocado una profunda y virulenta división en la clase política, en las instituciones, en el poder judicial, en el mundo académico y en la sociedad de España”, y aconseja a todas las autoridades tomarse “el tiempo necesario para entablar un diálogo significativo”, desaconsejando en todo caso utilizar procedimientos acelerados para aprobar normas de esta naturaleza. Notario Mayor: no engañe al personal. El dictamen final de la Comisión conocido el 15 de marzo vuelve a poner el foco en las deficiencias ya comentadas y en ningún caso puede considerarse, como dijo Bolaños, que avala una ley redactada a instancias del prófugo, tramitada por la vía de urgencia, que plantea dudas sobre su “ámbito material y temporal de aplicación” y no cuenta con el respaldo de una mayoría amplia en el Congreso.

En cuanto al segundo argumento, a saber, que la aprobación de la LOA permitirá, como el bálsamo de Mirabrás, dejar atrás la confrontación vivida en Cataluña entre el 1 de noviembre de 2011 (por utilizar la fecha inicial de aplicación de la amnistía) y el 13 de noviembre de 2023 (víspera de la investidura de Sánchez) y recuperar la normalidad política, institucional y social, lo mejor que puede decirse es que estamos ante una pretensión más bien ilusoria. Mientras Patxi tronante afirmaba que con esta ley “acaba el tiempo de la confrontación” y “España, lejos de romperla, la unimos y vertebramos”, las alborozadas portavoces de Junts y ERC avisaban a los socialistas que la amnistía no era un punto de llegada sino de partida hacia la autodeterminación e independencia. No lo duden, este será el principal reclamo de ambos partidos en las elecciones autonómicas convocadas por Aragonés nada más aprobarse la LOA. De momento, Sánchez se ha quedado en cueros y ha tenido que renunciar a negociar los Presupuestos Generales del Estado con ambas fuerzas políticas.

Mal cumple Bolaños con sus funciones de Notario Mayor al dar por ciertos hechos que son patentemente falsos o presentar como tales esperanzas ilusorias que los líderes de Junts y ERC han tirado por tierra nada más aprobarse la LOA. Uno no puede dejar de preguntarse cómo se reparten los beneficios y costes de la negociación del PSOE-PSC con Junts y ERC que ha culminado en esta ignominiosa LOA. Empecemos por los ganadores. Los partidos del prófugo y Junqueras han logrado la amnistía ‘integral’ como exigían y pueden dar gracias a Sánchez (no lo harán) por haberles sacado del pozo en que se encontraban. Mucho más exiguos son los beneficios que va a cosechar el PSOE de Sánchez: prolongar unos semanas o meses más su agonía. En cuanto a los perdedores, hay pocas dudas: todos los ciudadanos que, pese a todas las miserias políticas, seguimos reivindicando la concordia como instrumento político, la concordia que posibilitó la tras la muerte de Franco la Transición y su legado el Estado social y democrático de Derecho, hoy puesto en tela de juicio por la amnistía impulsada por un gobernante irresponsable.

Miente el notario menor del reino

Quiero concluir felicitándome

Artículo publicado desde el Observatorio Económico y Social de España y Cataluña en el diario Expansión el 15 de marzo de 2024. Agradezco de antemano su ayuda para difundirlo entre sus amigos y contactos.

Con estas palabras se congratulaba Bolaños, ministro de Justicia y Notario Mayor del Reino, en su comparecencia ante los medios de comunicación a las puertas del Congreso el 7 de marzo para travestir en éxito la derrota más dolorosa sufrida por nuestras instituciones democráticas a manos de malversadores de caudales públicos y delincuentes varios, juzgados y condenados por protagonizar el proceso de secesión de Cataluña en 2017 unos, y con cuentas todavía pendientes con la justicia otros. La cara tensa y la gesticulación nerviosa del ministro desmentían lo que sus palabras afirmaban: que el borrador de la Comisión de Venecia filtrado por el notario menor avala la ley de amnistía, y que el acuerdo alcanzado por el partido socialista, ERC y Junts para aprobar la amnistía supondrá “la normalización política, institucional y social en Cataluña”.

Fumata negra en el Congreso

La sociedad española tiene enfrente a una banda de delincuentes empeñada en quebrar la convivencia en Cataluña desde al menos 2011, orgullosa de haber protagonizado el proceso de secesión que ahora se ve fortalecida por obra y gracia de Sánchez cuando más debilitada se encontraba, y ahora puede alardear ante los suyos de haberle arrancado los indultos en 2021 y la ley de amnistía en 2024. Se trata de delincuentes dedicados a tiempo completo a poner las instituciones de autogobierno de Cataluña y el dinero de los contribuyentes al servicio de sus intereses políticos con dos objetivos muy claros: primero, deslegitimar la Corona y los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de España, y, segundo, financiar un proceso de secesión que culminó con la aprobación de las leyes del referéndum y transición política y fundacional de la república catalana en septiembre de 2017, la celebración de un referéndum de independencia el 1 de octubre de ese mismo año (cuyos resultados Junts y ERV siguen considerando un mandato del ‘pueblo’ de Cataluña a favor de la independencia)  y la proclamación de la república catalana independiente el 27 de octubre en el Parlamento de Cataluña.

A estos delincuentes son a quienes Sánchez y Bolaños les han prestado sus plumas para redactar alalimón una ley ignominiosa que, de aprobarse e implementarse, borrará todos los delitos que cometieron desde el 1 de noviembre de 2011 hasta el 13 de noviembre de 2023. Tan importante como es el hecho de que borre sus delitos pasados es que, contra de lo que afirma Bolaños, esta ley va a reavivar el conflicto social en Cataluña y dificultar enormemente a los poderes del Estado hacer frente a quienes ya planean volver a intentarlo en cuanto las circunstancias les resulten favorables. Porque si como dice el texto del enmendado proyecto de ley pendiente de aprobación “podrán beneficiarse de la amnistía aquellos actos en que los fondos públicos se destinaron a la preparación, realización y consecuencias de las consultas del 9 de noviembre de 2014 y el referéndum del 1 de octubre de 2017, así como los que se destinaron a reivindicar, promover o procurar la independencia de Cataluña”, ¿cómo podrán las instituciones del Estado parar al prófugo y a Junqueras cuando decidan volver a intentarlo? (Subrayados míos.)

Una legislatura plagada de minas

Para los delincuentes de Junts y ERC el botín logrado hasta ahora no pasa de ser el primer pago de la deuda contraída por respaldar con sus siete diputados la tóxica investidura de Sánchez, una deuda que para ellos está lejos de haber quedado saldada con la amnistía. Desconozco si por los urinarios del ministerio de Justicia y La Moncloa corrió más sangre de la habitual el 7 de marzo, pero el escozor debió ser tan intenso que hasta se comprende que el ministro se felicitara a sí mismo por haber cedido en todo lo que le exigían los delincuentes para seguir adelante con una legislatura precaria y humillante, donde cada proyecto legislativo va a requerir hacer nuevas concesiones a Junts y ERC que, no lo duden, irán subiendo sus exigencias a medida que se acerquen las elecciones catalanas en las que el prófugo aspira a recuperar la presidencia de la Generalidad de Cataluña.

Y enfrente tienen a un gobierno de coalición liderado por el PSOE-PSC que sobrevive con respiración asistida en el Congreso y goza de menor respaldo social cada día que pasa y los ciudadanos van conociendo las fechorías perpetradas por otra banda de presuntos comisionistas y extorsionadores en el seno del propio PSOE: Koldo, asesor de Ábalos, y algunos empresarios sin escrúpulos, desde luego, pero que apunta también al propio exministro de Transporte, a Armengol, la indignadísima presidenta del Congreso y expresidenta de Baleares, y a Torres, ministro de Administraciones Públicas y expresidente del gobierno de Canarias. Y cómo no mencionar también a la mismísima vicepresidenta y ministra de Hacienda que afirmaba hace unos días “yo sé lo que haría” en referencia a la negativa de Ábalos a renunciar a su escaño, al ministro del Interior Marlaska y al presidente Sánchez, porque que si no llegaron a enterarse de las turbias operaciones de la trama, sí debieron haber conocido los informes emitidos por organismos fiscalizadores que denunciaban la trama criminal investigada ahora en la Audiencia Nacional.

Sr. Sánchez, márchese ya,

Lo que pueden llegar a hacer en esta legislatura un gobierno obligado a contar con Junts y ERC en cada iniciativa legislativa, un ministro de Justicia y algunos diputados dispuestos a prestar sus plumas a prófugos y condenados para redactar su propia amnistía, y un partido acosado por la alargada sombra de la corrupción política, la corrupción que el propio Ábalos esgrimió en contra de Rajoy para aupar a Sánchez a La Moncloa, produce escalofríos. La continuidad de Sánchez al frente del gobierno de España constituye la mayor amenaza a nuestro Estados social y democrático de Derecho desde el golpe asestado por el coronel Tejero y los generales Milán del Bosch y Armada en 1981. No se trata de una exageración: la tramitación de la ley de amnistía así lo prueba por mucho que Bolaños haya intentado disfrazar el engendro legal presentándolo como una ley “plenamente constitucional”.

La realidad es que estamos hoy mucho peor que hace unos días, pero bastante mejor de lo que estaremos si esta burla a la igualdad y a la separación de poderes se consuma en el Congreso. Quizá las personas de buen corazón hayan llegado a sentir incluso cierta compasión por el hombrecillo que, a falta de felicitaciones fuera de su bancada, se vio en la tesitura de piropearse a sí mismo sin rubor alguno, y sacar pecho por las desventuras padecidas y las concesiones realizadas en los despachos de Bruselas, Ginebra y el propio Congreso, las lúgubres estancias sin vistas donde se claudicó ante el prófugo y su ramplona corte de comisionistas y extorsionadores. Porque no deja de ser sintomático de la gravedad de lo que está acaeciendo que ni siquiera quienes han redactado la  ley de amnistía ‘integral’ y van a resultar sus principales beneficiados hayan alabado al ministro.

Y qué puede decirse del presidente más cínico y mentiroso, del personaje que prometió a los españoles traer al prófugo a España y sentarlo en el banquillo. La amenaza que representa su continuidad al frente del gobierno la ha denunciado con claridad la eurodiputada Montserrat en la Eurocámara en varias ocasiones, incluso ante el propio presidente Sánchez al término de su presidencia rotatoria de la UE: la amnistía a los delincuentes redactada por ellos mismos socava “la  igualdad ante la Ley, la independencia judicial y la separación de poderes”. Pero no se trata de un clamor de los líderes del PP sino de millones de ciudadanos entre los que se encuentran el expresidente socialista González, el exvicepresidente Guerra, el exalcalde socialista de la Coruña Vázquez, el exsecretario general del partido socialista en El País Vasco Redondo, expulsado del partido, e infinidad de líderes históricos del PSOE que sienten auténtica repugnancia ante una ley que significa nada más y nada menos que “la humillación deliberada de la generación de la Transición” y el premio a los golpistas, delincuentes y prófugos de la justicia.

Un callejón sin salida que demanda elecciones anticipadas

Artículo publicado en el diario Expansión el 7 de febrero de 2024. Agradezco de antemano su ayuda para difundirlo entre sus amigos y conocidos.

Sánchez dio la clave de la XV Legislatura cuando tras perder una de las tres primeras votaciones en el Congreso y sacar adelante las otros dos por un margen estrechísimo declaró que seguirían buscando votos debajo de las piedras para dar estabilidad al Gobierno. No tenía ninguna duda de que así lo harían hasta que alguna de las víboras del yermo pedregal en que se ha convertido Cataluña les atizara una mordedura mortal. De momento, la dentellada del prófugo de Waterloo tiene antídoto para un mes, día más día menos, y se avecina una tensa espera para saber si la proposición de Ley Orgánica de Amnistía (LOA) sale adelante con los blindajes indecentes que Junts exige, o si por el contrario el prófugo llega a la conclusión de que la impunidad a medias no le basta, y de perdidos al río decida rechazarla.

Nadie se atreve a pronosticar el resultado porque la situación del prófugo se complica por momentos. La Eurocámara donde ha ejercido desde 2018 de detractor a tiempo completo de nuestra democracia le retiró la inmunidad el 9 de marzo de 2021 y el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) confirmó la decisión el 3 de julio de 2023. Ahora, su precaria situación pende de la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que suele avalar las decisiones del TGUE. Por otra parte, la investigación que está llevando a cabo el juez Aguirre en el caso Voloh, centrada en determinar el alcance de las conversaciones del prófugo y su entorno con el gobierno de Putin para obtener respaldo económico y militar de Rusia para lo nonata república catalana, han aumentado la desconfianza de las instituciones europeas en un personaje sin escrúpulos dispuesto a poner en riesgo la estabilidad de un Estado miembro. Además, los autos de García Castellón, juez de la Audiencia Nacional, sitúan al prófugo a la cabeza de Tsunami Democràtic, la organización que protagonizó actos terroristas de gran calado en Cataluña en 2019.

Torniquete de urgencia

La cara del presidente Sánchez al abandonar el hemiciclo con cara de pocos amigos hablaba por sí sola: ¿cómo me han podido hacer esto a mí, al político más progresista sobre la faz de la Tierra, dispuesto a facilitar la vuelta del prófugo a España, no para juzgarlo como prometí en su día, sino para restituirlo en la presidencia de la Generalidad?Sánchez eludió participar en el debate para no cargar personalmente con la derrota y dejó al ministro Bolaños el papelón de explicar lo inexplicable: que Junts hubiera rechazado una ley “impecable, absolutamente constitucional y conforme al derecho europeo” redactada al alimón por Junts y el PSOE entre Bruselas y Ginebra, y lo hubiera hecho para más inri votando junto al PP, VOX, UPN y CC.

A quienes hemos vivido muchos años en Cataluña y soportado la merma creciente de nuestros derechos constitucionales bajo los gobiernos nacionalseparatistas y nacionalsocialistas de Pujol, Maragall, Montilla, Mas, Puigdemont, Torra y Aragonés, no nos ha sorprendido que el prófugo decidiera prorrogar la agonía de Sánchez. Que las graves acusaciones formuladas por las diputadas Nogueras (Junts) y Vallugera (ERC) en el hemiciclo durante el debate del 30 de enero, a las que se sumó también el diputado Pisarello de Sumar, contra los jueces que han investigado y juzgado los delitos cometidos por los líderes del proceso y su entorno resonaran en el hemiciclo sin que el presidente Sánchez y el diputado Aranda (PSC) se atrevieran a desmentirlas, uno se siente tentado a dar la razón a quienes sostienen que el Gobierno no tiene su sede en La Moncloa sino en la casa de la república catalana en Waterloo desde donde el prófugo ejerce de presidente de la república en el ‘exilio’.

Ley inorgánica de impunidad

Resulta cuando menos asombroso escuchar a las dos diputadas de Junts y ERC acusar a magistrados y jueces de prevaricar e inventarse delitos y exigir que sean destituido y juzgados sin que la bancada socialista se inmute. Vallugera dejó claro en su intervención que el propósito de la ley (mejor, con minúscula) orgánica (mejor, inorgánica) de amnistía (mejor, impunidad) “no va de Puigdemont ni de Rovira”, ni debe hacerse pensando en los jueces “sino en su solidez y robustez para que no sea atacable desde la perspectiva jurídica”, sin reparar la portavoz de ERC que ésa es precisamente la razón por la que Junts la rechazaba. Y es que el prófugo, a diferencia de Junqueras, no ha pasado por la cárcel, ni ha sido juzgado, condenado e indultado, y quiere asegurarse la impunidad con independencia de la naturaleza y gravedad de los delitos que se le puedan imputar, y deslegitimar así la actuación de los tres poderes del Estado que lo destituyeron en una acción coordinada el 27-O.

Con su negativa a aprobar la proposición de Ley, el prófugo pretendía no sólo ridiculizar a ERC, su competencia directa por el electorado secesionista, sino deslegitimar nuestro Estado de Derecho. Más allá del daño que acarrearía a nuestras instituciones democráticas aceptar sus exigencias, el aspecto más preocupante para quienes apreciamos el logro histórico que supuso aprobar la Constitución de 1978 es que la operación impunidad es tan sólo el prólogo de un futuro aciago para todos los españoles, pero especialmente para quienes residimos en Cataluña. Porque si el prófugo llega a ser amnistiado y regresa, si el Gobierno y Las Cortes aceptan que los delitos que cometió no eran tales y los secesionistas han sido objeto de una persecución ilegal, ¿quién le parará cuando decida celebrar un nuevo referéndum de autodeterminación, acordado o no, para hacer efectivo el mandato del 1-O y poner en marcha la ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la república para establecer una legalidad en Cataluña al margen del ordenamiento constitucional de España?

Vayamos a elecciones

Vista la trayectoria de Sánchez desde que llegó a la presidencia el 1 de junio de 2018, resulta difícil creer que exista  alguna línea roja que no pueda cruzar, porque ha traspasado todas las que él mismo se había marcado hasta ahora, sin importarle sostener con igual rotundidad y firmeza exactamente lo contrario de lo que mantenía meses, días o incluso horas antes. Nadie se atreve a decir hasta dónde puede llegar, acosado por las exigencias cada vez más crecidas del prófugo y su entorno, debilitada la credibilidad de su Gobierno y su partido por las concesiones vergonzosas ya hechas a Junts y ERC, y vigilado cada vez más de cerca por las instituciones de la UE, conscientes de que la aprobación de la LOA abriría una brecha legal en la UE cuyas consecuencias podrían ir mucho más allá de España.

Ya no cuela descalificar a quienes se oponen al turbio mercadeo de Sánchez englobándonos en su imaginaria ‘fachosfera’. A la profunda desazón de tantos líderes históricos del PSOE por la deriva de su partido, se suman infinidad de votantes de centro y socialdemócratas que se identifican con el expresidente González cuando, preguntado sobre su posición sobre la ley de amnistía, respondió  “usted la sabe perfectamente, la misma que tenía el Gobierno antes del 23 de julio”. Aunque la mordedura de Junts no ha resultado mortal, sí ha permitido constatar que Sánchez ya no está a tiempo de retirar la proposición de LOA que el grupo socialista presentó el 13 de noviembre de 2023 y ha defendido con tanto ardor dentro y fuera del Congreso desde entonces. La única salida razonable que le queda al PSOE de Sánchez es convocar elecciones generales para no alargar una Legislatura que zozobra nada más iniciarse y sólo puede llevarnos a Perdición si la amnistía, reforzada o no, sale adelante.

Cataluña: del esperpento de 2017 al espanto de 2022

Adjunto enlace a mi último artículo publicado desde el Observatorio Económico y Social de España y Cataluña (OBESCAT) en el diario Expansión el 8 de enero de 2022. Agradezco de antemano su ayuda para difundirlo entre sus amigos y conocidos.

Vivir en Cataluña resulta cada día más opresivo incluso para quienes decidimos un día hacer las maletas para trasladarnos a una Comunidad Autónoma que sobresalía de las demás por su dinamismo social y cultural y por su vocación cosmopolita. Cuando me ofrecieron una plaza en la Universidad Autónoma de Barcelona tras impartir un seminario en junio de 1984, a nadie se le ocurrió preguntarme de dónde era ni en qué idioma iba a impartir las clases, como a mí no se me pasó por la cabeza desde que aterricé en Barcelona en septiembre de 1984 pedir a nadie que me hablara en español. A ellos les bastó con escuchar mi exposición y valorar mi trayectoria profesional, a mí el deseo de formar parte del departamento de Economía e Historia Económica que contaba con economistas e historiadores tan notables.

Acoso y connivencia

Desde entonces, el escenario ha cambiado por completo en Cataluña y hoy leo horrorizado que se multiplican las campañas de acoso y denuncia contra profesores que imparten docencia en español en las Universidades catalanas, promovidas por la asociación subvencionada Plataforma por la lengua, pese a ser el español la lengua mayoritaria en la sociedad catalana y la única comprensible para la mayoría de estudiantes extranjeros. ¡Me he escapado de la quema por los pelos! Aunque uno haya escrito centenares de artículos desmenuzando las políticas sectarias del gobierno de Cataluña y la opresiva situación en que sobrevivimos los catalanes constitucionalistas, de izquierdas y derechas, me ha producido estupefacción constatar que el gobierno de la Generalidad ya no se limita a imponer multas lingüísticas a las empresas, sino que alienta abiertamente la persecución de escolares y profesores.

Los líderes secesionistas cuentan para seguir adelante con el proceso insurreccional con la connivencia del presidente Sánchez, aupado a La Moncloa el 1 de junio de 2018 por los dos partidos, ERC y PDECat (JxC), cuyos líderes impulsaron y protagonizaron el proceso que culminó con la constitución de “la república catalana, como estado independiente y soberano, de derecho, democrático y social” el 27 de octubre de 2017 (27-O). Sánchez les pagó con creces su apoyo al indultar a los cabecillas el 23 de junio de 2021, haciendo caso omiso a los contundentes argumentos jurídicos expuestos en contra por el Tribunal Supremo (TS) que los había juzgado y condenado por sedición y malversación a diversas penas de cárcel. Incluso antes de recobrar la libertad, andaban sueltos por ahí proclamando a los cuatro vientos que “lo volveremos a hacer tantas veces como sea necesario”, y una vez en libertad y más envalentonados que nunca, reclaman a Sánchez negociar la celebración de un referéndum de autodeterminación acordado. ¿Cómo van a tomarse en serio otros países la euroorden de extradición del magistrado Llarena contra el prófugo Puigdemont cuando el gobierno español indulta a los sediciosos?

Cambio de estrategia

La nueva estrategia de los partidos secesionistas quiere evitar a toda costa un enfrentamiento frontal con el Estado, como el que obligó al presidente Rajoy a aplicar el artículo 155 de la Constitución el 27-O, destituir el gobierno de la Generalidad y disolver el Parlamento. Aunque los bien engrasados aparatos de los dos grandes partidos (

La nueva estrategia de los partidos secesionistas quiere evitar a toda costa un enfrentamiento frontal con el Estado, como el que obligó al presidente Rajoy a aplicar el artículo 155 de la Constitución el 27-O, destituir el gobierno de la Generalidad y disolver el Parlamento. Aunque los bien engrasados aparatos de los dos grandes partidos (ERC y JxC), y de las tres principales asociaciones que impulsaron el proceso insurreccional (Asamblea Nacional Catalana, Ómnium Cultural y Asociación de Municipios por la Independencia) quedaron intactos, los líderes secesionistas tomaron conciencia de que perder el control sobre los recursos de las instituciones de autogobierno podía resultar letal para sus intereses. No han cambiado su objetivo, lograr la secesión e instaurar una república, pero sí su estrategia, de la reconstrucción a la república, para no dar ocasión a que pueda aplicarse, esta vez en serio, el artículo 155.

JxC y ), y de las tres principales asociaciones que impulsaron el proceso insurreccional (Asamblea Nacional Catalana, Ómnium Cultural y Asociación de Municipios por la Independencia) quedaron intactos, los líderes secesionistas tomaron conciencia de que perder el control sobre los recursos de las instituciones de autogobierno podía resultar letal para sus intereses. No han cambiado su objetivo, lograr la secesión e instaurar una república, pero sí su estrategia para no dar ocasión a que pueda aplicarse, esta vez en serio, el artículo 155.

Provocaciones medidas y desacato encubierto son las fórmulas por las que apuesta el gobierno de Aragonés García. Veamos cómo las aplica en la práctica. El 23 de noviembre, el TS rechazó el recurso de casación presentado por el gobierno de la Generalidad contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y dictaminó la obligación de garantizar al menos 25% de la enseñanza en español a quienes lo soliciten. Se trata de una exigencia que supone en la práctica impartir en español, además de Lengua y Literatura castellanas, otra asignatura, algo que ya intentó Cabrera, ministra de Educación con Rodríguez Zapatero, con los decretos de enseñanzas mínimas aprobados en 2006 y 2007, que el gobierno presidido por Montilla (PSC) nunca cumplió. ¿Cómo ha reaccionado ahora el gobierno de la Generalidad? En lugar de desacatar abiertamente la sentencia del TS, ha pedido por carta a los directores de los centros escolares que “no cambien su proyecto lingüístico docente” y se ha comprometido a poner “dos profesores en las aulas del 25%” para impartir una ‘educación personalizada’.

Estamos ante una estratagema democráticamente vergonzosa e inviable en la práctica para sortear el mandato del TS. Vergonzosa porque sitúa en el punto de mira a los potenciales reclamantes e inviable porque ya me dirán cómo pueden dos profesores explicar simultáneamente una materia en un aula en dos lenguas distintas. No contento con eludir el cumplimiento de las sentencias de los tribunales, el gobierno de Aragonés prepara una campaña para “potenciar que tanto alumnos como profesores utilicen más el catalán… para no perder nunca su uso y caer en el bilingüismo”, y no cometan el pecado mortal de “cambiar de lengua” y emplear el español ocasionalmente en las clases. Por último, el gobierno ha lanzado a la calle a las huestes de la asociación subvencionada Somos Escuela que lleva años defendiendo el absurdo lema “por un país de todos, la escuela en catalán”. Ante esta campaña de marcado cariz totalitario, resulta incomprensible que el presidente Sánchez se haya limitado a decir que “los socialistas estamos donde está el mayor parte de la sociedad catalana y española: en el sentido común”. Al parecer, acosar a quienes piden que el español sea lengua vehicular y a los docentes que se expresan en la lengua común no empaña el ‘sentido común de los socialistas’.

Convergencia constitucionalista

Mientras los partidos secesionistas se crecen y vuelven a las andadas, los partidos constitucionalistas se encuentran muy debilitados tras el descalabro de Ciudadanos en las elecciones autonómicas del 14 de febrero de 2021. En mi artículo “Menos votantes, más de lo mismo” (Expansión, 15 de febrero) advertía que “estos resultados electorales podrían agudizar el enquistamiento de la situación política en Cataluña… porque aseguran que seguirá fluyendo la gasolina que ha venido alimentando el proceso insurreccional desde 2009”, y aconsejaba a los partidos constitucionalistas, “con independencia de cómo le ha ido a cada uno de ellos en la cita… sacar una conclusión de estos comicios: cada uno por su cuenta no van a ninguna parte”.

Los partidos secesionistas acabaron una vez más poniéndose de acuerdo para repartirse el suculento pastel, los presupuestos de la Generalidad, mientras el PSC hace de Don Tancredo y VOX, Ciudadanos y el Partido Popular continúan haciendo cada uno la guerra por su cuenta. Nada indica que la situación vaya a cambiar en el futuro inmediato. Con una ceguera incomprensible, Carrizosa reiteraba hace pocos días que no tiene “ningún tipo de ganas de llegar a ningún tipo de acuerdo electoral con el Partido Popular”. El líder que llevó a Ciudadanos al naufragio el 14-F parece no haber entendido que “un buen resultado electoral de estas tres fuerzas es la única salida que podría obligar al PSC de Illa a descartar su opción todavía preferida: propiciar un nuevo tripartito con ERC y los ‘podemitas’. No hay alternativa a la deseable convergencia constitucionalista.

https://www.expansion.com/opinion/2022/01/08/61d882ea468aebb91a8b4646.html