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Nuevo desafío del secesionismo al Estado

Artículo publicado en el diario Expansión el 22 de marzo de 2018.

Torrent “El Cancelador”: le viene grande hasta la bandera.

Tras el fallido intento de investir a Puigdemont hace unas semanas, Torrent ‘El Cancelador’ suspendió el pleno del Parlament convocado para investir a Sánchez, presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) preso en Soto del Real. Llarena, el juez del Tribunal Supremo que ordenó su ingreso en prisión investiga su participación en el intento de secesión de Cataluña organizado por el gobierno de la Generalitat (Puigdemont, Junqueras, Borràs, Comín, Forn, Ponsatí, Puig, Rull, Serret, Turull, etc.) y el Parlament (Forcadell, Rovira, Gabriel), con la colaboración indispensable de Sánchez, Cuixart, presidente de Òmnium Cultural, y Lloveras, entonces presidenta de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI).

Torrent en el acto del ‘9denou’ en Vic.

El interés del asunto no radica tanto en la previsible suspensión del acto en sí cuanto en las declaraciones que hizo Torrent en Vic –ciudad que recibió a Franco como a un héroe y ahora está literalmente plagada de banderas estrelladas y lacitos amarillos– en un acto organizado para celebrar el aniversario de uno de tantos medios de comunicación (el9nou) que subvenciona la presidencia de la Generalitat para promocionar el secesionismo en Cataluña. Resulta paradójico contemplar a la enfervorizada audiencia aplaudirle cuando Torrent reclamó “libertad de expresión y respeto institucional”. ¿Acaso no estaba ejerciéndola con pleno respeto institucional? Quién demostró una vez más falta de respeto institucional fue Torrent cuando advirtió con tono amenazador que “no permitiremos que los tribunales decidan quién es el presidente de la Generalitat de Cataluña”. ¿Acaso algún Tribunal pretende tal desatino? Ninguno, como  ninguno interfirió en su elección. Hay una sola razón, Sr. Torrent, por la que los candidatos propuestos hasta ahora (Puigdemont y Sánchez) no han sido investidos: su empecinamiento en proponer a prófugos o presos.

La cosa viene de lejos: Puigdemont con Sánchez, presidente de la ANC, y Cuixart, presidente de Omnium Cultural, preparando el 11 de septiembre de 2016. Testigo: Munté, consejera de Puigdemont.

Hacer república

Los políticos secesionistas deambulan frustrados y algo desconcertados porque los resultados electorales del 21-D vinieron a confirmar la falta de apoyo social para su proyecto. Hasta un declarado independentista como Carod-Rovira reconocía hace unos días que hace falta algo más que el 47,5 % de los votos para poder sacarlo adelante y les advertía que mayor será la frustración cuanto más tarden en reconocerlo. “Parece mentira –afirmó el exvicepresidente de la Generalitat en otro medio

Carod-Rovira (ERC), exvicepresidente del gobierno de Maragall “¿Es preciso seguir haciendo el ridículo?”.

subvencionado (8TV)– que dos meses y medio después de las elecciones aún estemos así. ¿Tanto cuesta elegir a un candidato que no esté huido o encarcelado? ¿Es preciso seguir haciendo el ridículo?” Torrent está dispuesto a hacer el ridículo hasta que alguien le ordene lo contrario.

Los candidatos de Junts pel Sí, la noche del 27-S. Entonces se las prometían muy felices,… ahora, parecen no reir tanto.

Incluso los catalanes que se sintieron atraídos por la promesa de forjar ‘un país nuevo y  justo’ están preguntándose qué fue de la hoja de ruta de JxSí que prometía proclamar la república en 18 meses contados a partir del 27-S; dónde están las ‘estructuras de estado’ que Puigdemont y Junqueras les aseguraban tener a punto para empezar la desconexión; por qué más de 3.200 sociedades han trasladado sus sedes a otras Comunidades y el asegurado reconocimiento internacional no ha llegado; y se preguntan qué pueden esperar de los líderes que apenas habían terminado de entonar el ‘cop de falç’ huyeron despavoridos por la frontera. “Ciutadans de Catalunya: ja no soc allí”, esta es

Puigdemont en Bruselas con un Mozo de Escuadra en funciones de guardaespaldas.

la primera frase que Puigdemont debería haber dirigido a los catalanes desde Bruselas.

Estamos asistiendo a la descomposición de un proyecto político cuya hoja de ruta ha sufrido mil y un cambios sin que, como apuntaba Carod-Rovira, Mas, Puigdemont y Junqueras hayan tenido la honradez de reconocer su fracaso. Como expliqué en mi artículo “Auge y decadencia del nacional-secesionismo” (Expansión, 23 de diciembre 2017), a pesar de contar con el respaldo de todas las instituciones autonómicas y locales, y el apoyo del potente entramado mediático-asociativo, el respaldo social no sólo ha retrocedido desde 2012 sino que ha despertado a los catalanes deseosos de seguir siendo

Junqueras presentando su hoja de ruta, 11 noviembre 2014.

españoles y europeos. El éxito de la manifestación del pasado 30 de septiembre en Barcelona, en vísperas de la consulta del 1-O, puso de manifiesto la pluralidad de la sociedad catalana, y marcó un punto de inflexión que refrendaron las movilizaciones del 8, 12 y 29 de octubre y 6 de diciembre en 2017, y el 4 de marzo en 2018.

30 septiembre: manifestación en vísperas de la consulta ilegal del 1-O. Vista general de la plaza de San Jaime.

Agotado pero no desmantelado

En la mañana del 26 de octubre, un día antes de la esperpéntica votación en el Parlament que precedió a su huida, el expresident Puigdemont estaba dispuesto a convocar elecciones anticipadas. Sólo faltó para que lo hiciera que el Gobierno de España le garantizara la impunidad de los líderes incursos en causas judiciales por su papel en los tumultos del 20-21 de septiembre frente a la Consejería de Economía, y por la organización de la consulta ilegal del 1-O. Al margen de lo absurda que resultaba su exigencia en un Estado de Derecho donde prevalece la división de poderes, la petición de Puigdemont revela la endeblez de las convicciones de quien al día siguiente votó a favor de constituir la república catalana.

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Puigdemont y Junqueras celebrando el golpe de estado en el Parlament el 27 de octubre, pocas horas antes de huir a Bruselas.”Un cop falç, un cop de…” antes de salir por piernas huyendo.

El desconcierto y las desavenencias actuales entre los líderes secesionistas confirman que ni el control absoluto de la Generalitat (Gobierno, Parlament, Diputaciones y Ayuntamientos) y la mayoría de medios de comunicación en Cataluña, ni las movilizaciones organizadas por la ANC, Òmnium y AMI durante los últimos años han dado los frutos esperados. Pero aunque la resaca ha arrastrado a algunos de sus líderes más adentro, todo apunta a que volverán a las andadas en cuanto el mar nos los devuelva o sean reemplazados por otros. Y es que para la casta secesionista, “hacer república” es el conjuro mágico que propulsa sus carreras políticas, y les proporcionan días de gloria y hasta un confortable modus vivendi, al menos mientras la impunidad dura.

Para constatar lo poco que ha cambiado la situación política tras la aplicación del artículo 155, basta con observar la realidad  cotidiana y ojear el borrador del acuerdo alcanzado por JxC y ERC para repartirse la Generalitat. Los mandos de los Mozos, salvo Trapero, siguen en sus puestos pese a la pasividad y hasta connivencia mostrada el 1-O y las informaciones publicadas sobre el espionaje al que han sometido a catalanes de a pie y a miembros del Gobierno español. La mayoría de Ayuntamientos continúan incumpliendo el ordenamiento jurídico y financiando a la AMI. Gasseni, su presidente provisional, reclamaba hace pocos días “hacer efectiva la república”, y la nueva ejecutiva, presidida por Cervera, reiteraba su rechazo al Estado de Derecho en el manifiesto de Tárrega. Torrent y los portavoces de JxC y ERC cuestionan todos los días la competencia de los Tribunales para pronunciarse sobre actos contrarios al ordenamiento jurídico.

Aspecto actual del Centro de Atención Primaria del Servicio Catalán de Salud (CatSalud) en Vilobí del Penedés.

Ayuntamiento Vilobí del Penedés 23 de febrero de 2018: en rebeldía.

El borrador incluye también el compromiso de “impulsar el Proceso Constituyente, que contempla movilizar a la sociedad catalana… contra la represión policial y jurídica del Estado español”, crear comisiones parlamentarias y realizar una ‘multiconsulta’. Incluso lleva el desafío al Estado de Derecho un punto más allá, al incluir la propuesta de dejar en manos de la corte belga de Puigdemont, compuesta por la “Asamblea de Representantes,

Artadi, Torrent y Pujol en el Parlament tras sellar el acuerdo de investidura.

Presidencia y Consejo”, la “capacidad para impulsar políticas, estrategias, propuestas y la internacionalización”. El desafío lo completa el compromiso de “implementar en los seis meses siguientes la Moción 55/XI sobre la desmilitarización

El Parlament pide al Govern, a instancias de la CUP, prohibir los desfiles militares en Cataluña. Y el PSC de Iceta reclama el traspaso del patrimonio militar a la Generalitat.

de Cataluña aprobada por el Parlament el 14 de julio de 2014”. Como no podía ser de otra manera, la Fiscalía ya ha advertido al juez Llarena que el acuerdo vulnera la legalidad vigente. Ahora que el lector juzgue si la aplicación del 155 ha restablecido (o no) la normalidad democrática en Cataluña.

Asamblea de la AMI el 15 de marzo de 2018: conjurados con Cervera, su nuevo presidente para seguir trabajando por la independencia.

 

 

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Abandonados

Artículo publicado en el diaro Expansión el 24 de febrero de 2018.

Turull, consejero portavoz en el último gobierno de Puigdemont, Baños, diputado de la CUP, y Romeva, consejero de Puigdemont para la internacionalización del proceso, presentando las enmiendas a la Resolución I/XI de inicio de la independencia el 6 de noviembre 2015.

Hace bastante tiempo, demasiado, alerté sobre las negativas consecuencias que había producido el progresivo desvanecimiento (“Cuando el Estado se desvanece”, Expansión 9/07/2013) de las instituciones centrales del Estado (ICE=Gobierno+Cortes+Poder Judicial) en la vida cotidiana de los catalanes. El asunto viene de muy largo y ha ido creciendo a la par que aumentaban las  competencias traspasadas a las instituciones de la Generalitat que, no contentas con administrar sanidad, educación o seguridad con total autonomía, cuestionaron, primero, la facultad de las ICE para aprobar normas básicas o enmendar las normas autonómicas, y acabaron, finalmente, por constituirse en sujeto soberano e iniciar el proceso constituyente que llevó a aprobar las llamadas ‘leyes de

Forcadell, la guardiana de la urna transparente en la que se votó la independencia de Cataluña en cumplimiento del mandato recibido en la consulta ilegal celebrada el 1-O.

desconexión’, a celebrar la consulta del 1 de octubre (1-O) y a proclamar la república catalana.

Todo sigue igual

Rajoy en el Senado el 27 de octubre de 2017 defendiendo la aplicación del articulo 155 de la Constitución.

El Gobierno de España paró el golpe de Estado aplicando el artículo 155 de la Constitución en el tiempo de descuento, convocó apresuradamente elecciones autonómicas el 21-D y los Ministros se hicieron cargo de las Consejerías en el ínterin, a la espera de que el nuevo Parlament invistiera al President. Excepto por los ceses habituales del personal de confianza y el desmantelamiento de las embajadas y algún otro organismo menor, la destitución del gobierno de la Generalitat apenas ha alterado el funcionamiento de las administraciones catalanas, y los Ministros en funciones, como los espíritus puros, no se han dejado ver por aquí en tres meses y medio. Sólo los Tribunales apoyados por los servicios de investigación de la Guardia Civil y la Policía Nacional han continuado trabajando para desenmascarar las argucias y estratagemas desplegadas por el gobierno de Puigdemont y los mandos de la policía autonómica en la preparación del 1-O y la consumación del golpe de Estado.

Sánchez, presidente de la ANC, y Cuixart, presidente de ´Òmnium, arengando a los comités de defensa del referéndum subidos a un vehículo de la Guardia Civil el 20 de septiembre de 2017.

Malparada neutralidad

Incluso menos han cambiado las relaciones cotidianas entre administradores y administrados. En numerosos Ayuntamientos, las banderas estrelladas que engalanaban farolas y rotondas y casas consistoriales siguen ondeando por toda Cataluña. Proyectado en la fachada del auditorio municipal de Sant Cugat del Vallés (SCV), puede admirarse estos días un enorme lazo amarillo y los espectadores ven incrédulos como un sujeto con aspecto lúgubre anuncia antes de iniciarse el concierto que se interpretará (fuera de programa) el ‘canto de los pájaros’ para exigir la libertad de los ‘presos políticos’.

El senador Vidal (ERC) afirma que los comisarios de los Mozos desobedecerán al Estado. El Confidencial, 26 de enero de 2017. El Gobierno estaba avisado.

En Cataluña, las instituciones autonómicas abandonaron hace mucho tiempo cualquier viso de neutralidad administrativa y se convirtieron en correas de transmisión de las consignas del gobierno de la Generalitat, sin que nada hicieran los Gobiernos de España para impedirlo. En los últimos meses, hemos visto infinidad de carteles en dependencias de Consejerías y Ayuntamientos exigiendo la libertad de los presos, y a funcionarios exhibir en la solapa lacitos amarillos en sus puestos de trabajo. Los órganos rectores y las organizaciones sindicales convocaron a los miembros de la comunidad universitaria a manifestarse el 20 de septiembre contra la “represión política” y la “involución democrática”. La pasada semana, la Rectora de la UAB autorizó la celebración de una fiesta organizada por el sindicato de estudiantes de los ‘países catalanes’ en la que se prohibía expresamente exhibir cualquier actitud “machista… españolista o fascista”.

Los acosadores de Balaguer. “Escuela en catalán no acatamos”.

Los profesores en colegios e institutos públicos siguen adoctrinando a niños y a jóvenes sin ningún pudor o recato. Al día siguiente del 1-O, puedo dar fe que piquetes de estudiantes impedían la entrada algunos centros y que algunos directores proporcionaron materiales para que los alumnos fabricaran carteles que equiparaban nuestra democracia con la dictadura de Franco. Se interrumpieron las clases y se conminó a los alumnos a salir a los patios (quienes se resistieron fueron abucheados) donde la función terminó entonando ‘els segadors’. En el franquismo, esto se llamaba ‘formación del espíritu nacional’.

Gaseni, nuevo presidente interino de la AMI, junto a Torrent, nuevo presidente del Parlament, y otros líderes golpistas en la manifestación del 16 de febrero de 2018.

Hace unos días, una amiga desolada me mostraba las palabras que su cuñada había dejado en el chat familiar: “aunque sea profesora de inglés, ahora voy a adoctrinar incluso más”. Una profesora de catalán de instituto recomienda a los alumnos consultar la página “verbscatalans”, donde junto al espacio reservado para introducir el verbo aparece la bandera estrellada; no acaba aquí el asunto: al situar el cursor sobre la bandera aparece el mensaje “Carles Puigdemont President de Catalunya”.

 

El presidente de la ACM Miquel Buch y la presidenta de la AMI Neus Lloveras mamifestándose en Bruselas junto al eurodiputado Tremosa en apoyo a Puigdemont.

Resumen de la regresión democrática del Estado español y sus agravios contra Cataluña, editado por la ACM y la AMI.

El entramado asociativo-mediático que propició y patrocinó el golpe sigue también intacto. Es cierto que Sánchez y Cuixart, presidentes de la ANC y Ómnium, respectivamente, están encarcelados, y Lloveras, la alcaldesa de Vilanova investigada, ha renunciado a presidir la Associació de Municipis per l’Independencia (AMI). Pero las tres organizaciones siguen operativas y Gaseni (ERC), presidente interino de la AMI, declaraba en PUNTAVUI TV que “AMi@_Cat está dispuesta a apoyar al gobierno catalán y a prestar apoyo a la dirección que tome el país”. Hace casi un año que expuse en Expansión las razones por las que la AMI, una asociación que “trabaja única y exclusivamente por la independencia de Cataluña”, debería haber sido ilegalizada. Pues ahí sigue, como la ANC y Òminum, promoviendo la república independiente en casa y en el extranjero.

Sanchís, presidente de TV3.

Y ahí siguen también al frente del entramado mediático los mismos dirigentes que han jaleado las decisiones y acciones de los gobiernos de Mas y Puigdemont durante los últimos años en medios de comunicación públicos o subvencionados por la Generalitat, y han lanzado a sus ‘bien pagaos’ presentadores y contertulios estrellas a acosar a los líderes de los partidos constitucionalistas (Ciudadanos y PP), sometiéndolos a interrogatorios de tercer grado. Al contrario, esos mismos comunicadores han mostrado una solicitud rayana en el servilismo cuando se trataba de difundir las declaraciones de los protagonistas del golpe, concederles entrevistas a golpe de teléfono o reclamar la libertad de los presos. En la dictadura, a este periodismo se le denominaba ‘prensa del régimen’.

Temor

Adoctrinamiento escolar.

Los gobiernos de Rajoy poco o nada han hecho para cambiar la situación desde 2011. Ahora que se han cumplido 100 días de vigencia del artículo 155 sin dar palo al agua, el ministro Méndez de Vigo nos ha sorprendido al declarar que el Gobierno, comprometido con la libertad, estudia la fórmula para que los catalanes puedan decidir si quieren que el castellano sea lengua vehicular. Escucho atónito a algunos tertulianos en Madrid cuestionar la oportunidad de hacerlo ahora por temor a soliviantar e insuflar vida a los alicaídos secesionistas.

Font, portavoz naconal del sindicato USTEC dirigiéndose a los congregados en la Plaza de la Catedral el 8-N de 2017: “No donarem classes en castellà, i a més no renunciem a parlar de política a les aules”.
“No daremos clase en castellano y además no renunciaremos a hablar de política en las aulas”

Al margen del error de apreciación en su diagnóstico –no están tan debilitados–, me llamó poderosamente la atención su escaso conocimiento de la realidad social. Pese a las movilizaciones constitucionalistas del pasado otoño, persiste el temor a hablar con libertad, mucho más en el ámbito escolar, y ninguna familia sensata está dispuesta a arrojar a sus hijos a los leones –maestros y profesores mayoritariamente secesionistas afines el sindicato USTEC–, a menos que se les ofrezcan sólidas garantías. Después de tanto tiempo sin hacer nada, el Gobierno debería empezar la casa por los cimientos no por el tejado.

Les referiré algo que me ocurrió hace unos días y me conmovió profundamente. Me dirigía al coche cuando me crucé con una señora que me preguntó si era el “señor Clemente”. Le respondí afirmativamente y tras presentarse comenzamos a hablar. Se mostró indignada por todo lo que está sucediendo, y cuando le comenté apuntando al Ayuntamiento que acababa de solicitar la retirada de los lazos amarillos que cubrían la entrada del Centro de Salud, me pidió asustada que no señalara porque podrían estar viéndonos. Aquí y ahora, como durante el franquismo, hay miedo, auténtico miedo a expresar lo que uno piensa, especialmente en las comunidades pequeñas.

Aspecto actual del CAP Vilobí del Penedés.

Una estrellada colocada en el Centro de Atención Primaria (CAP) de Vilobí del Penedés, julio 2015.

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Aquí no hay presos políticos, Sr. Torrent

Artículo publicado en el diario Expansión el 14 de febrero de 2018

Torrent dirigiéndose a la cámara tras ser elegido presidente del Parlament el 17 de enero de 2018.

Tras ser elegido presidente del Parlament de Cataluña el pasado 17 de enero, Torrent (ERC) dejó claro desde el primer momento que haría todo lo que estuviera en su mano por defender los derechos de todos los diputados de la institución que preside, y muy especialmente los de aquellos diputados que están en prisión en España o huyeron escapando de la justicia a Bélgica. El buen alcalde de Sarriá de Ter que animaba a los suyos a resistir con ánimo templado a las fuerzas invasoras –“nos lloverán hostias”, les decía–  se ha tomado tan en serio su papel de ‘defensor del diputado’ que lo encontramos un día departiendo con Puigdemont El Prófugo en Bruselas y al otro visitando a Junqueras El Piadoso en Estremeras. Lástima que de tan interesantes entrevistas con gente tan bondadosa y distinguida no haya tenido a bien contarnos las obras de caridad que planean acometer en el futuro.

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Puigdemont y Junqueras celebrando el golpe de Estado en el Parlament el 27 de octubre de 2017.

¿Impericia informativa?

Aunque nada comentó de lo tratado en el encuentro sobre el curso de las negociaciones para convocar la sesión de investidura, Torrent aprovechó la presencia de las cámaras a la salida del recinto para denunciar que las reuniones con Junqueras y Forn no deberían haberse celebrado entre los “muros de una prisión”. No fue ni mucho menos lo más grave que dijo el president del Parlament que declaró estar a disposición de dos hombres –el exvicepresidente económico Junqueras y el exconsejero de Interior Forn bajo cuyo mando estaban los Mozos de Escuadra durante los tumultos que se produjeron frente a la consejería de Economía el 20-21 de septiembre y durante la ilegal consulta el 1-O– “de paz, de profunda convicción democrática”, encarcelados por sus ideas, “por una causa política”. En otras palabras, según Torrent, Junqueras, Forn –y también Sánchez y Cuixart– son “presos políticos” cuyos derechos están siendo pisoteados por el Estado español, y ahí está para probarlo el lacito amarillo que lleva prendido en la solapa de la chaqueta incluso en actos institucionales.

Torrent anuncia el mantenimiento de la sesión de investidura el 30 de enero de 2018, finalmente cancelada.

He de decir que no me sorprendieron las declaraciones del presidente Torrent sino que el canal 24 horas de TVE las repitiera como una salmodia respetable durante toda la jornada del 8 de febrero. La obligación de la cadena de noticias es informar puntualmente de los hechos no difundir la especie de que Junqueras y Forn son presos políticos. Que lo haga 3×24, el canal de noticias de TV3, entra dentro de lo previsible, pero que semejante desatino se produzca en la televisión de todos los españoles demuestra no sé si acomplejamiento, impericia o ineptitud. ¿Acaso 3×24 repetiría durante horas las declaraciones de algún político español que sostuviera que Junqueras y Forn son dos presuntos delincuentes, golpistas para ser más exactos, a los que se les investiga por tratar de destruir nuestra democracia? Me temo que no.

Torrent, con su lacito amarillo, en la manifestación para exigir la excarcelación de los ‘presos políticos’ el 16 de febrero de 2018.

Lo sorprendente en este caso, y otros muchos similares a los que podría referirme, es que ninguno de los periodistas presentes –o al menos no quedó recogido en las declaraciones de ningún medio–  pidió al Sr. Torrent que explicara por qué él, cuyas ideas son muy parecidas a las de Junqueras y Forn, no está en la cárcel. Si Junqueras y Forn estuvieran en prisión por sus ideas, Torrent estaría haciéndoles compañía en la celda de al lado. Buena prueba de que España es una democracia extraordinariamente garantista es precisamente que una persona con las ideas y trayectoria de Torrent ha sido elegida nada menos que presidente del Parlament, el cargo público mejor pagado de toda España, y que la mayoría de los diputados de JxC, ERC y la CUP están libres y expresan sus ideas con total libertad.

Presos políticos y democracia

No, Sr. Torrent, Junqueras y Forn están en la cárcel no por ser hombres de paz y profundas convicciones democráticas, y hasta religiosas en el caso de Junqueras, sino por haber desempeñado un papel clave en la preparación y ejecución de un golpe de Estado que pretendía acabar con nuestra democracia y culminó con la proclamación de la república catalana en el Parlament, primero el 10 de octubre, y de manera inequívoca el 27 de octubre. Son hechos muy graves no ideas, los que han llevado a Junqueras y a Forn a la cárcel, y por los que su predecesora en el cargo, la Sra. Forcadell, está también siendo investigada por el Tribunal Supremo y se encuentra en libertad provisional. No dudo que usted esté dispuesto a defender los derechos políticos de los presos hasta sus últimas consecuencias, aunque creo que a ellos les resultará más útil contar con buenos abogados y acatar el orden constitucional de aquí en adelante.

Ciudadanos obtuvo al final 36 escaños y 4 el PP.

Las últimas elecciones celebradas el 21 de diciembre demuestran que de los 5.554.455 de electores sólo 2.079.340 votaron a las tres listas JxC (948.233), ERC (935.861) y CUP (195.246) que abogan por la independencia. Ustedes no están legitimados para hablar en nombre del pueblo de Cataluña, aunque tengan una ajustada mayoría en el Parlament de 70 diputados. A partir de ahora, harían mejor en dedicarse  a aclarar sus ‘ideas’ porque aunque las tres formaciones se unieron para constituir la república catalana antes de que Puigdemont se diera a la fuga, nadie sabe a ciencia cierta si esa república sería

Trapero, mayor de los Mozos, con Puigdemont y Forn preparando el 1-O.

virtual o socialista, laica o religiosa, si aspiraba a formar parte de la UE o a salir del “club de países decadentes” que, según Puidemont, la integran, o si pretendían, como abogan su partido, ERC, y la CUP alterar las fronteras de varios Estados de la UE para constituir los “països catalans”, una entidad carente de cualquier base histórica o sociológica, con menos fundamento y recorrido incluso que la juglaresca parodia de Tabarnia.

Junqueras no responderemos ante un juez español sino ante un tribunal internacional. A lo mejor ante ambos.

A pesar de que Torrent sigue insistiendo en que Junqueras y Forn están en prisión por sus ideas, la página oficial de ERC reconoce que su único delito “fue llevar a término el mandato democrático del 27-S y el 1-O y haber proclamado la república de Cataluña”. Aquí, me temo, hay algo más que ideas. Dejando al margen la monserga del supuesto mandato democrático, la frase anterior esconde que el 1-O se celebró una consulta ilegal, contraviniendo la prohibición expresa del Tribunal Constitucional, a la que se destinaron fondos públicos proporcionados por la consejería de Economía y que contó con la complicidad de los mandos de los Mozos de Escuadra a cuyo frente estaba Forn. Se mire como se mire, el comportamiento de ambos ni fue democrático ni ajustado a la Constitución, al Estatut y al resto del ordenamiento jurídico. Por esos delitos, Sr. Torrent, están en prisión, no por su acreditada bondad ni por sus acendrados sentimientos republicanos. Si usted no logra ver en esas actuaciones delito alguno, permítame advertirle que tiene un serio problema porque puede traspasar la línea roja e incurrir en un delito sin ser consciente de ello.

Puigdemont firmando el decreto de convocatoria del referéndum de autodeterminación el 6 de octubre de 2017.

 

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La lista de Puigdemont

Artículo publicado en el diario Expansión el 7 de febrero de 2018.

Secuencia de mensajes supuestamente privados enviados por Puigdemont a Comín el 31 enero 2018.

Poco después de reconocer en su intercambio de mensajes con Comín (¿ERC?), exconsejero del gobierno de la Generalitat cesado y prófugo de la Justicia, que la república agonizaba y Moncloa ganaba la partida “porque nos han sacrificado los nuestros”, Puigdemont tocaba a rebato a los suyos e iniciaba tras el fin de semana una ronda de contactos para exigir a una cada vez más insustancial ERC sumisión incondicional al ‘führer’ exiliado. Para comprender hasta qué punto resulta grotesca la situación política en Cataluña, les invito a trasladarla a otro Estado democrático. Supongan, por un instante, que el presidente Trump incumpliera la Constitución, fuera destituido e imputado, y tras huir a México se presentara a unas nuevas elecciones presidenciales, y pretendiera seguir ejerciendo desde allí como presidente ‘legítimo’ de los Estados Unidos con apoyo de un “congreso de cargos electos”. Algunos lectores se dirán que este hipotético escenario resulta de todo punto inverosímil. Y tienen razón: Trump nunca habría logrado escapar a la justicia y participar en otras elecciones, algo que lamentablemente sí ocurrió en España.

Puigdemont posa mofándose de los 5 requiremientos enviados por el Tribunal Constitucional.

ERC sometida al pujolismo

Los líderes de ERC han demostrado al menos desde 2012 enorme falta de iniciativa y servilismo a los dictados de Mas, primero, y luego de Puigdemont. En ningún momento, un desdibujado y emboscado Junqueras logró trasladar al electorado la sensación de estar liderando el proceso constituyente y permitió que fueran Mas y Puigdemont quienes llevaran la batuta, pasando incluso por alto los abrumadores indicios constatados de corrupción generalizada en el partido del 3% sus rivales, guardándose para sí y su círculo más íntimo sus dudas sobre la fiabilidad de los líderes convergentes. Tras el amago fallido de sacar adelante la investidura telemática o por delegación el 30 de enero, Puigdemont acusó de traición a Torrent y a otros líderes de ERC quienes con asumido servilismo continúan peregrinando a Bruselas para entrevistarse con El Prófugo. Le ofrecen la presidencia simbólica para él y la presidencia real para quien él designe. Puigdemont quiere ambas.

Junqueras de president a presidente de mesa de cartón en Sant Vicenç dels Horts, donde es alcalde el 9 de noviembre de 2014.

ERC parece no haber aprendido nada de lo ocurrido en la X y XI legislaturas cuando Junqueras aceptó un reparto de papeles que resultó fatídico para los intereses de su partido. En la X, Junqueras secundó desde la oposición todas las iniciativas del gobierno de Mas en minoría, incluida la consulta del 9-N en la que Junqueras ofició de mesero junto a una urna de cartón mientras Mas acaparaba todo el mérito ante los medios. Y en la XI accedió a un reparto de papeles igualmente nefasto para sus intereses con Forcadell (ERC) en la presidencia del Parlament y cediendo a Puigdemont toda la iniciativa y el protagonismo. Todo indica que esta situación se repetirá en la XII legislatura con Torrent interpretando el papel de Forcadell en el Parlament y la persona que designe Puigdemont haciendo el papel de Puigdemont en el gobierno de la Generalitat.

Torrent (ERC) dirigiéndose a los diputados tras ser elegido presidente del Parlament el 17 de enero de 2018.

A pesar de que ERC cuenta con casi idéntico respaldo electoral que JxC –12.300 votos las separan– y sus líderes son conscientes de que la república hoy está más lejos que en septiembre de 2015, sus líderes continúan dudando si deben dejarse arrastrar por la locuacidad del nuevo amo de la Masía convergente. Puigdemont está más cerca de ir a la cárcel que de ser el nuevo presidente de la república catalana y los líderes de ERC deberían haber aprendido la lección de que saltarse el ordenamiento constitucional y burlarse del TC no sale gratis, como lo atestigua el Junqueras y otros republicanos que pueden seguir su camino en breve. Ha llegado el momento de reconocer que las políticas de confrontación sistemática con el Estado de Derecho que propugna la alianza de ‘puigdemonistas y cuperas’ sólo servirán para prolongar la inestabilidad política y agravar la ya delicada situación económica.

Puigdemont con Gabriel y Boya, dirigentes de la CUP, cerrando acuerdos en el Palau de la Generalitat.

 Volver a las andadas

Riera con el resto de diputados de la CUP en el amago fallido de sesión de investidura el 30 de enero de 2018.

Estos días hemos sabido gracias a la indiscreción de la CUP que el plan de Puigdemont, caso de haberse consumado su ignominiosa investidura telemática, era retomar el proceso constituyente allí donde lo dejó el 27 de octubre tras su vergonzosa huida a Bélgica. Llegados a este punto no está de más recordar la trayectoria y posiciones de algunos de los líderes que le acompañan en este descabellado viaje que si algo ha logrado es fracturar a la sociedad catalana y dejar muy tocada su economía, tras la marcha de miles de sociedades y la abrupta caída del turismo, una de las principales exportaciones de Cataluña, registrada en el último trimestre de 2017. De la sociedad abierta e integradora de comienzos de los años 80 no queda nada y en el actual ambiente enrarecido quienes no comulgan con el secesionismo son tachados inmediatamente de franquistas y fascistas.

Puigdemont y Forcadell en la Diada 2017 con Sánchez, presidente de la ANC.

Por razones de espacio, me referiré a algunos diputados que ocupaban posiciones destacadas en la lista del Prófugo, avalada por 948.233 ciudadanos, 161.499 menos que los que respaldaron a Ciudadanos el 21-D. La segunda posición por Barcelona la ocupaba Sánchez, presidente de la ANC en prisión preventiva, miembro del comité estratégico que preparó el “inaceptable intento de secesión” de Cataluña abortado el 27 de octubre tras proclamar la república catalana. La exconsejera Ponsatí, huida también de la Justicia, y el exconsejero Forn, encarcelado, figuraban en tercera y séptima posiciones, respectivamente, en la lista de Barcelona, si bien ambos renunciaron a su acta para favorecer la investidura (Ponsatí) o su situación judicial (Forn).

Turull, Baños (CUP) y Romeva (ERC) presentando las enmiendas a la Resolución I/XI del inicio de la independencia, 6 de noviembre 2015.

Turull, exconsejero de Presidencia, y Rull, exconsejero de Política Territorial, Obras Públicas y Sostenibilidad ocupaban la cuarta y quinta posiciones, respectivamente, por Barcelona. Ambos pasaron unos días en prisión preventiva y abandonaron la cárcel tras declarar ante el juez Llarena que asumían la aplicación del artículo 155. Pese a ello, el lector podrá comprobar que Rull se presenta en su cuenta de twitter como “consejero del Gobierno legítimo de Cataluña”, tiene un enlace a la página de internet de su ‘consejería en el exilio’, y se declara ciudadano de Terrassa en los Països Catalans. Algo más cauto se muestra Turull que se limita a informar en su cuenta que fue nombrado consejero de la Presidencia y portavoz por el president Puigdemont. Puig, consejero también cesado y prófugo, que se negó a devolver las obras artísticas al Monasterio de Sijena ocupaba la segunda posición en la lista de Gerona.

Rull, cuenta de twitter.

Conclusión

Puigdemont con los cuatro exconsejeros prófugos, Ponsatí, Puig, Serret y Comín, la noche del 21 de diciembre de 2017.

No hace falta insistir más para comprender que Puigdemont y los principales cargos electos de su lista no sólo no sólo no aceptan la Constitución que prometieron acatar para recibir sus actas de diputados autonómicos sino que planean constituir el gobierno legítimo de la república catalana en Bruselas con el respaldo de la Asamblea de Cargos Electos para seguir adelante con el plan de secesión que pusieron en marcha con  la Resolución 1/XI y concretaron en las ‘Conclusiones finales de la llamada ‘Comisión de Estudio del Proceso Constituyente’ aprobadas en el Parlament el 27 de julio de 2016. A este asunto dediqué mi artículo “Aval al plan secesionista de la CUP” publicado en Expansión el 28 de julio de 2016.

Rajoy anunciando la destitución de Puigdemont y su gobierno el 28 de octubre de 2017.

El Gobierno de España creyó quizá ingenuamente que con la intervención minimalista puesta en marcha tras el golpe de estado del 27 de octubre y la inmediata convocatoria de elecciones el 21-D pondría fin a la carrera de Puigdemont. El error de cálculo del Gobierno ha sido grave y ahora tendrá que lidiar con un gobierno nada simbólico presidido por Puigdemont en Bruselas que transmite instrucciones al gobierno efectivo en Barcelona. Algo tendrá que hacer Rajoy para poner fin a lo que ya podemos calificar como golpe de estado crónico y para evitar que la incipiente república catalana se financie con fondos del FLA. Los riesgos para la economía catalana y la española son muy serios y conviene recordar que la intención de Puigdemont es precisamente desestabilizar la democracia española.

El senador Vidal (ERC) afirma que los comisarios de los Mozos desobedecerán al Estado. El Confidencial, 26 de enero de 2017. El Gobierno estaba avisado.

Lluis Salvadó, segundo de Junqueras en la Consejería de Economía, presentando la Agencia Tributaria Catalana. La pregunta que muchos se hacen es cuánto dinero sacaron fuera de España y si ese dinero está financiando a Puigdemont en Bruselas.

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Inseguridad jurídica, fractura e inestabilidad

Artículo publicado en el diario Expansión el 31 de enero de 2018

(Amago fallido de investidura en el Parlament)

Torrent, elegido presidente del Parlament de Cataluña el 17 de enero de 2017.

Después de la constitución del Parlament el 17 de enero y la elección de Torrent (ERC) como sucesor de Forcadell (ERC) al frente de la cámara autonómica, el joven republicano que había sostenido públicamente que la república catalana sería una vez proclamada –lo fue el 27 de octubre– reconocida urbi et orbe se dedicó durante unos días a la más modesta tarea de reunirse con los portavoces de los grupos parlamentarios (PP, CUP, PSC, JxC y Ciutadans) para tantear sus intenciones. Concluida la ronda el 19 de enero, Torrent anunció que Puigdemont era el único candidato admisible. Desde ese momento hemos escuchado, y no sólo a los integrantes de su candidatura, JxC, repetir hasta la saciedad que la única opción respetuosa con el mandato recibido del ‘pueblo’ de Cataluña el 21-D es investir a Puigdemont ‘El Prófugo’. Curioso mandato, puesto que el escurridizo sujeto tan sólo obtuvo 968.433 votos de un total de 4.357.368 votos emitidos según la Junta Electoral. Señalarlo como el único candidato posible constituye a la luz de la aritmética electoral una hipérbole desmesurada, ya que por no ser, su lista no fue siquiera la más votado en Cataluña y fue tercera en las provincias de Barcelona y Tarragona, las más populosas.

Torrent da marcha atrás

Puigdemont el Prófugo dirigiéndose al PDeCAT.

Torrent y ERC, el partido del encarcelado exviceptresidente Junqueras, accedieron en primera instancia a que Puigdemont fuera el candidato de consenso de JxC, ERC y CUP, los tres grupos que protagonizaron el “inaceptable intento de secesión” el pasado octubre, y Torrent se comprometió a explorar todas las posibilidades para lograr que fuera investido, haciendo caso omiso del informe de  los letrados de la Cámara que rechazaba su posible investidura telemática o por delegación. Ante la posibilidad de que los diputados independentistas volvieran a saltarse el reglamento del Parlament y votaran al candidato ausente en la sesión de investidura fijada el 30 de enero a las 15:00, el Gobierno de España presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) el 26 de enero para paralizar la investidura, aduciendo que Puigdemont era un prófugo.

Torrent anuncia el mantenimiento de la sesión de investidura el 30 de enero.

El TC no aceptó a trámite el recurso del Gobierno que hubiera paralizado la investidura pero si dejó muy claro en un auto publicado el 26 de enero que Puigdemont sólo podría ser investido si estaba presente en el hemiciclo con permiso del juez Llarena que instruye en el Tribunal Supremo la causa contra Puigdemont y otros ciudadanos a los que les imputa los delitos de rebelión y sedición entre otros. Torrent tenía dos opciones: seguir el camino de Forcadell y desobedeciendo al TC presidir la sesión de investidura, o recular y posponerla. Parece ser que este hombre tan beligerante hasta hace unas semanas no estaba preparado para soportar la lluvia de hojas redondas y delgadas de pan ácimo –hostias según la REA– sobre cuya caída alertaba a sus seguidores recientemente y ha decidido aplazar la sesión de investidura, no sin antes reafirmar su inquebrantable compromiso para proteger al Parlament de injerencias antidemocráticas y llegar hasta el final en la defensa de “los derechos del President Puigdemont”, frente a lo que calificó de chapuza jurídica del TC para complacer al Gobierno.

Inseguridad jurídica, fractura e inestabilidad

Manifestantes entrando en el parque de la Ciudadadela supuestamente blindado por los Mozos de Escuadra.

Ahora todo son conjeturas sobre qué puede ocurrir en las próximas horas porque el plazo de 10 días para realizar la investidura desde la constitución del Parlament el pasado 17 de enero expira el 31. Según algunas fuentes del Parlament, el plazo de 10 días se habría paralizado el día 26 toda vez que el TC concedió un plazo de 10 días a las partes para presentar alegaciones contra su decisión de impedir la investidura telemática o por delegación de Puigdemont. Así, Torrent dispondría de tres días más a partir del momento en que el TC adopte una resolución sobre las posibles alegaciones presentadas por las partes. Otra posibilidad es que la Mesa del Parlament acuerde prorrogar el plazo apelando al artículo 93 del Reglamento que le otorga la potestad de duplicarlos en circunstancias no excepcionales, con lo que en este caso Torrent dispondría de 10 días más. Claro que si la situación se juzga excepcional, el plazo fijado por la Mesa controlada por los tres grupos secesionistas podría alargarse más.

Varios centeneraes de manifestantes protestando enfrente al Parlament por la suspensión de la sesión de investidura.

La suspensión de la sesión de investidura ha vuelto a frustrar a los más beligerantes secesionistas convocados por la ANC y los Comités de Defensa de la República a congregarse en las proximidades del parque de la Ciudadela para apoyar la investidura de Puigdemont. Los portavoces de JxC y CUP han mostrado su disconformidad con lo que consideran una decisión equivocada y unilateral de Torrent. En torno a las 17:47, los manifestantes han roto el primer cordón de seguridad (¿?) formado por los Mozos de Escuadra y según indica una periodista de TV3 los manifestantes han forzado una puerta del parque y penetrado en el recinto por la avenida Lluis Companys. Unos centenares de manifestantes al grito de “Ni un paso atrás” y “No nos marcharemos” han llegado hasta el cordón de seguridad dispuesto delante de la fachada principal del Parlament.

Riera (CUP) criticando la decisión de Torrent.

Lo que Torrent no puede hacer ni los secesionistas desean es que la investidura no llegue a producirse y se convoquen nuevas elecciones en las que podrían perder su cada vez más ajustada mayoría. Esta hipótesis se puede descartar de momento pero será la única salida posible a la crisis si los grupos secesionistas no se avienen a reconocer que Puigdemont está más cerca de la cárcel que de presidir el gobierno de la Generalitat y nombran a un candidato alternativo Apuesto a que lo harán en el último momento aunque las desavenencias visibles ya en la pasada legislatura se agravarán y la XII legislatura será bronca y breve. Mientras el jolgorio pseudodemocrático y pseudorevoluciónario continúa a las puertas del Parlament, la Cámara de Comercio de Barcelona alerta sobre los efectos negativos de la inestabilidad política y recomienda constituir un gobierno lo antes posible para evitar que se agudice la desaceleración económica registrada el último trimestre de 2017. Un detalle menor para Puigdemont y la CUP que siguen haciendo brindis al sol por la república.

Manifestantes convocados por la ANC, los CDR, la CUP y Arran rompen el cordón policial y entran el parque de la Ciudadela.

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Puigdemont apuntilla a Mas y al PDeCAT

Artículo publicado en el diario Expansión el 17 de enero de 2018.

Mas entrando a la sede donde tuvo lugar el Consejo Nacional del PDeCAT el 13 de enero de 2017.

Cataluña ha vivido un  fin de semana intenso, protagonizado por la amarga despedida de Artur Mas i Gavarró de la política, y el entierro anticipado de la sardina. Me refiero, claro está, al casi nonato Partido Demócrata Catalán (PDeCAT), constituido en julio de 2016 para poner tierra de por medio con la otrora todopoderosa Convergencia Democrática de Catalunya (CDC), el partido de los Pujol, Mas y Puigdemont. Y la semana que empieza llega también muy cargadita. El lunes, la Audiencia Provincial de Barcelona hizo pública la sentencia del caso Palau-CDC y el miércoles 17 se constituirá el Parlament de Cataluña, un espectáculo circense que promete superar incluso el sainete puesto en escena en la pasada legislatura.

Puigdemont dirigiéndose al PDeCAT el 13 de enero de 2017 después de la despedida de Mas.

 Moises y el PDeCAT al sumidero

Mas decidió ponerse al frente del movimiento independentista y convocó elecciones plebiscitarias después del éxito de la Diada del 11 de septiembre de 2012.

A Artur Mas se le recordará como aquel presidente del gobierno de la Generalitat que haciendo gala de su irrefrenable oportunismo decidió subirse al carro de la independencia el 11 de septiembre de 2012 y sucumbió a manos de una decena de insobornables matronas feministas y pancatalanistas, rabiosamente socialistas y anticapitalistas, que decidieron vetar su investidura y enviarlo a la papelera de la historia. Nombrado presidente del PDeCAT en julio 2016, deambuló errante y errático por la política catalana, esperando inútilmente que el ‘pueblo’ reclamara su vuelta y se ha despedido de la política a las puertas de la Tierra prometida mientras su testaferro les asestaba, a él y a su criaturita, el PDeCAT, el golpe de gracia desde Bruselas.

Mossos d’Esquadra entrando para registrar el Palau de la Musica el 24 de julio de 2009.

Las tribulaciones de Mas y CDC comenzaron el 23 de julio de 2009 cuando la policía judicial irrumpió en el sagrado templo del Palau de Música Catalana y salió de allí cargada, no con viejas partituras olvidadas, sino con trece cajas con abundante documentación cuyo contenido acabó por incendiar el oasis catalán. Las declaraciones de los delincuentes confesos, Millet y Montull, presidente y gerente de la Fundació Palau de la Música-Orfeó Català, permitieron desvelar el modus operandi que utilizaba CDC para financiarse ilegalmente. Según se desprende de las investigaciones, algunas empresas adjudicatarias de obra pública donaban un porcentaje de la cuantía a la Fundación del Palau que los diligentes Millet y Montull se encargaban de hacer llegar a CDC. El presidente Maragall estaba en lo cierto cuando en 2005 le espetó a Mas en sede parlamentaria, ustedes tienen un problema que se llama 3%, aunque al parecer se quedó corto.

La suerte de Mas ha ido de la mano de la de Daniel

Mas abraza a Osàcar en 2011. Osácar, secretario personal (2000-2005) y el tesorero de CDC (2005-2011) y las fundaciones (Trias Farga y CatDem) de CDC, ha sido condenado por la Audiencia Provincial de Barcelona a 4 años y 5 meses de cárcel por los delitos que se le imputaban.

Osácar, el hombre que fue su secretario personal entre 2000 y 2005, y se convirtió en el tesorero de CDC y de la fundación Trias Farga y su sucesora FemCat. La publicación de la sentencia del caso Palau-CDC cifra la cuantía de los fondos recibidos por el partido de Pujol, Mas y Puigdemont en 6,6 millones de euros y el juez condena a Osàcar a 4 años y 5 meses de prisión. Nadie espera que Mas tenga la gallardía de asumir las responsabilidades en que incurrió su subalterno en los años claves en que desempeñó los cargos de  consejero de Política Territorial y Obras Públicas (1995-1997), consejero de Economía (1997-2000) y primer consejero del gobierno de la Generalitat (2000-2003). Hay indicios de que la práctica de cobrar comisiones no se circunscribía a empresas remilgadas que, como Ferrovial, disimulaban por pudor sus pagos patrocinando al Palau, sino que ese trataba de una práctica generalizada. Lo que hoy se ha juzgado es la punta visible del iceberg de la corrupción convergente.

Homs, condenado por el Tribunal Supremo, Turull, exconsejero investigado en libertad bajo fianza, y (Oriol) Pujol, investigado y condenado, arropando todos ellos a Daniel Osàcar, el tesorero de CDC cuando compareció en el Parlament. ¡La nueva Cataluña!

Aunque el caso Palau-CDC fue el inicio del fin de Mas y CiU, su oportunista conversión al secesionismo en 2012 le ha causado también numerosas tribulaciones. A pesar de las presiones ejercidas por la Generalitat, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) le juzgó por desobedecer al Tribunal Constitucional y organizar la consulta ilegal que se celebró en Cataluña el 9 de noviembre de 2014. A la inhabilitación de dos años que le impuso el TSJC, hay que sumar la fianza de 5,2 millones que le exigió el Tribunal de Cuentas para cubrir el daño causado al erario público.

Artur Mas junto a las exconsejeras Joana Ortega e Irene Rigau en el banquillo del TSJC. Fue inhabiliado durane dos años.

Si bien la  ANC puso 2,2 millones para hacer frente a la fianza, quedan 3 millones por pagar y Mas tiene su vivienda y propiedades embargadas. Por si todo esto fuera poco, el juez Llarena del Tribunal Supremo, instructor de la causa por rebelión, secesión y malversación de caudales públicos contra varios ex-consejeros del gobierno de la Generalitat y contra los presidentes de la ANC y Òmium, va a citar a Mas como investigado por su presunta pertenencia al “comité estratégico” que protagonizó el “inaceptable intento de secesión” que culminó con la proclamación de la república catalana el 27 de octubre de 2017.

Mas en su despedida del PDeCAT.

En su lacónica despedida ante los militantes abducidos por Puigdemont, el expresident no pudo reprimir su sentimiento de frustración al verse alejado de la primera línea política y les previno del peligro que entraña arrojarse en brazos de “líderes que confunden la realidad con la ideología”. El reproche, válido para él mismo, iba dirigido a su locuaz epígono flamenco, que le contestó a renglón seguido empleando el plural mayestático: “no sufrimos ningún trastorno de ideología”. Arrojado a la papelera de la historia por su propio partido, Mas dispondrá ahora de todo el tiempo del mundo para hacer frente a las causas judiciales que le esperan. Víctima de la corrupción y de su propia altivez y oportunismo, Mas pasará a engrosar la lista de los peores políticos catalanes: por haber acabado con CiU y haber arruinado su propio partido, dejándolo en manos de un prófugo amoral.

Mas, con la sonrisa algo forzada, da una palmadita a Puigdemont después de que éste le sustituyera al frente del gobierno de la Generalitat.

Adelanto del Carnaval en Cataluña

El 17 de enero están convocados los diputados que obtuvieron escaño en las elecciones del 21-D para constituir el Parlament de Cataluña. Se pondrá en marcha la XII legislatura que, me atrevo a pronosticar, será más bronca e incluso más corta que la precedente. Puigdemont y su grupito de junteros y aduladores insisten en que todo lo que no sea investirle a él presidente será un ‘fraude democrático’ y están dispuestos a retorcer el reglamento de la Cámara y saltarse el Estatut o lo que haga falta. Sorprende tanta insistencia y personalismo, máxime habida cuenta que Puigdemont manifestó en distintas ocasiones tras su azarosa investidura el 10 de enero de 2016 que carecía de ambiciones personales y no se presentaría a la reelección. “No seré presidente dentro de un año”, afirmó el 5 de enero de 2017.

Puigdemont y su gobierno legítimo en la página oficial de la Generalitat abierta desde Bélgica.

Pugidemont no puede refugiarse aduciendo que no fue él quien convocó las elecciones del 21-D, porque en su mano estuvo hacerlo y prefirió salir huyendo. Lo más incomprensible del embrollo republicano –nadie entiende que quien se considera el ‘presidente legítimo’ de un gobierno en el exilio aspire a ser investido por diputados escogidos en unas elecciones ‘ilegítimas’– es que la dirección de ERC haya buscado refugio en los letrados de la Cámara, a los que hizo caso omiso en la pasada legislatura, para poner reparos a la investidura de un ausente Puigdemont. ERC obtuvo 935.861 votos frente a los 948.233 que obtuvo JxC, y los republicanos están tan legitimados por las urnas como JxC para presentar su candidato. De hecho, resultaría una grotesca afrenta para Junqueras, preso por afrontar sus responsabilidades como vicepresidente del gobierno de la Generalitat, que su partido apoyara la elección del expresidente prófugo.

Puigdemont dirigiéndose al PDeCAT.

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Tabarnia: entre inocentada y regalo de Reyes

Artículo publicado en el diario Expansión el 11 de enero de 2018.

Montilla, presidente de la Generalitat, junto al expresidente Pujol y Benach, presdiente del Parlament, en la manifestación organizada por el gobierno catalán contra el Tribunal Constitucional el 10 de julio de 2010.

El 4 de agosto de 2014 Expansión publicó un artículo (“El  funesto legado político de Jordi Pujol”) en el que sostenía que el mayor logro político del defraudador confeso en los 23 años en que permaneció al frente del gobierno de la Generalitat fue precisamente conseguir que los partidos de izquierda en Cataluña asumieran como algo natural y hasta progresista la ideología nacionalista, y acabaran concediendo al hecho diferencial catalán y a los intereses particulares de los ‘catalanes’ primacía sobre las nociones igualitarias de ciudadanía e interés general consagradas en la Constitución de 1978. En otras palabras, Pujol consiguió que  la izquierda catalana acabara dando prioridad en sus programas a los intereses locales o de ‘país’,  y relegara a un segundo plano las políticas en marcos territoriales más amplios, como España y la UE.

Maragall, presidente del gobierno de la Generalitat, con Zapatero haciendo de Don Tancredo en el balcón del Palau de la Generalitat, y un sonriente vicepressidente Carod-Rovira (ERC).

El desarme ideológico de la izquierda ante el nacionalismo se aceleró paradójicamente tras las elecciones de 2003, cuando el gobierno tripartito asumió como tarea propia impulsar la segregación de Cataluña del resto de España, algo que ni siquiera Pujol se había atrevido a plantear en 23 años. Aunque camuflado bajo la apariencia de avanzar políticas sociales, el planteamiento era en el mejor de los casos profundamente conservador, al pretender mejorar el bienestar de los catalanes imponiendo límites territoriales a la solidaridad interpersonal en el ámbito fiscal y levantando barreras lingüísticas para segregar el mercado laboral. Políticamente, representaba el triunfo del particularismo frente al universalismo y nos retrotraía a una concepción de España suma de compartimentos prácticamente estancos, más propia de los siglos XVII y XVIII que de los Estados modernos sustentados en la noción de ciudadanía y los ideales de libertad, igualdad y fraternidad.

Paso a paso

Maragall, presidente del gobierno de la Generalitat, y Mas, entonces jefe de la oposición, aplaudiendo tras aprobarse la Propuesta de Reforma del Estatut de Catalunya el 30 de septiembre.

No fue casualidad que todos los partidos que aglutinaron a militantes socialistas y comunistas (PSC, ICV-EUiA) en Cataluña y sucedieron a Convergencia Democràtica de Catalunya y Unió Democrática de Catalunya al frente del gobierno de la Generalitat en 2003 incluyeran también en sus siglas la letra ‘C’ de Cataluña que marcaba con toda claridad los límites territoriales de sus anhelos y aspiraciones. Tampoco que el gobierno tripartito que formaron junto a ERC aprobara la Propuesta de Reforma del Estatut de Cataluña en septiembre de 2005, un texto que proclamaba al ‘pueblo’ catalán sujeto soberano en base, no a la Constitución de 1978, sino a unos supuestos derechos históricos. Tal fue la claudicación ideológica de socialistas, comunistas y republicanos al nacionalismo endogámico y excluyente que algunos catalanes se vieron casi obligados a constituir un nuevo partido político en 2006, Ciudadanos, con el propósito de reivindicar el concepto de ciudadanía como piedra angular de una sociedad libre e igualitaria.

Pacto del Tinell, diciembre 2003. Maragall (PSC), Carod-Rovira (ERC) y Saura (ICV-EUiA).

Sin pretensión de ser exhaustivo, ahí están para ilustrar esta rendición incondicional de la izquierda al nacionalismo la virulenta reacción del gobierno de Montilla (2006-2010) a los inocentes decretos de enseñanzas mínimas –exigían dedicar tres horas a la enseñanza de la lengua y literatura castellanas en los ciclos de primaria –, aprobados por el Gobierno de Zapatero en diciembre de 2006 y nunca aplicados en Cataluña, o el indignado rechazo del President a la sentencia del Tribunal Constitucional que recortaba 14 artículos del Estatut y su llamada a los catalanes a sumarse en la primera manifestación masiva organizada por el propio gobierno de la Generalitat contra las instituciones centrales del Estado en julio de 2010. Ahí están también la tutela ejercida por los Ayuntamientos a las ‘consultas por la independencia’ que tuvieron lugar entre septiembre 2009 y abril 2011, con apoyo explícito de los concejales del PSC, ERC e ICV-EUiA, la inclusión del ‘derecho a decidir’ en los programas de estos tres partidos en las elecciones de 2012. Y ahí están la exigencia del PSC de reformar la Constitución para blindar las actuales competencias o su insistencia en que la Agencia Tributaria de Catalunya recaude todos los impuestos devengados en Cataluña y el modelo de financiación respete el principio de ordinalidad.

Montilla llama a los catalanes a manifestarse contra el Tribunal Constitucional en julio de 2010.

¡Toma del frasco!

Después de tantos años de intoxicación, la confusión creada tanto entre la ‘inteligencia’ catalana como a pie de calle es enorme. En el más puro estilo franquista, la ‘izquierda’ nacionalizada asumió la exclusión del castellano como lengua vehicular en la escuela catalana y los medios de comunicación públicos e impulso multas a quienes desatendieran la obligación de rotular en catalán sus negocios. Pretendió, asimismo, hacer pasar por federalismo lo que en realidad era en la Propuesta de Reforma del Estatut de 2005 una vaga confederación de ‘pueblos’ libremente asociados, y acabó incorporando el ‘derecho a decidir’ o incluso el ‘derecho a la autodeterminación’ en sus programas electorales. Y utilizó torticeramente los siempre discutibles saldos de las balanzas fiscales de Cataluña con la Administración Pública Central para exigir mejoras en la financiación de Cataluña y trasladar a los catalanes la falsa noción de que estaban siendo expoliados por el mismísimo Felipe V resucitado.

Rivera en el cartel electoral de las elecciones autonómicas de noviembre de 2006.

Inconsistencias que han pasado a formar parte del acervo indiscutible de una izquierda nacionalista y nacionalizadora y han propiciado, además del nacimiento de Ciudadanos, una iniciativa para segregar las zonas más populosas de las provincias de Barcelona y Tarragona y constituir la ‘comunidad autónoma’ de Tabarnia. Si Cataluña en tanto que sujeto de derechos históricos tiene ‘derecho a decidir’, lo mismo podría decirse de la mayoría de condados o marquesados que acabaron conformando su territorio. Si Cataluña tiene derecho a recaudar los impuestos aquí devengados, el mismo privilegio podrían reclamar otros ‘territorios históricos’. Si la existencia de un déficit fiscal de Cataluña con la Administración Central, faculta al gobierno de la Generalitat a exigir una mejor financiación, lo mismo podrían demandar las provincias o comarcas que aportan más de lo que reciben a la Generalitat. Y si el modelo de financiación autonómico tiene que satisfacer el principio de ordinalidad, no hay ninguna razón para no aplicar ese mismo criterio a los territorios de Cataluña.

Aplicando la lógica secesionista, cualquier subconjunto de ciudadanos residentes en un territorio histórico de Cataluña podría reclamar el ‘derecho’ a decidir y a recaudar los impuestos allí devengados, o limitar que se transfieran al resto de catalanes. Nadie puede extrañarse de que el invento haya causado perplejidad en el mundillo secesionista, acostumbrado a apelar al ‘derecho a decidir’ y a reclamar consultas sólo en aquellas circunscripciones donde anticipan pueden obtener mayoría, o a exigir la aplicación de tal o cual principio distributivo sólo cuando beneficia a Cataluña. Ahora se han visto obligados a beber su propia medicina. Tampoco ha sido ninguna sorpresa que quienes han acogido con mayor fervor la iniciativa de constituir la comunidad de Tabarnia no hayan sido los constitucionalistas, como algunos han apuntado erróneamente, sino personas y asociaciones que hasta anteayer pedían al Estado que recuperase las competencias cedidas a la Generalitat y hasta que eliminara las autonomías.

Renuión del pacto nacional por el ‘derecho a decidir’ el 23 de diciembre de 2016 en el auditario del Parlament de Cataluña.

Al margen del disparate que supone atribuir ‘derecho a decidir’ a cualquier minoría que pueda resultar mayoritaria en una parte de un Estado, Comunidad o Región Autónoma, y las casi insuperables dificultades, legales y prácticas, que entraña segregar una parte de Cataluña, la popularidad alcanzada por Tabarnia en las redes sociales brinda la oportunidad de articular una asociación constitucionalista arraigada en los municipios capaz de actuar como contrapunto de la ANC y Òmnium. Por lo demás, la tarea de los constitucionalistas es exigir al Gobierno de España y a Las Cortes que se tomen en serio el artículo 139 de la Constitución, según el cual “los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio español”. De momento, en Cataluña no es así.

Omnium Cultural: Somescola frente al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña

Omnium Cultural Somescola frente al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña

 

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