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¿Somos república?

Artículo publicado en el diario Expansión el 16 de noviembre de 2017

Forcadell a su salida de la prisión de Alcalá-Meco el 10 de noviembre de 2017.

Forcadell abandonó la prisión de Alcalá-Meco el 10 de noviembre a media mañana, tras depositar la fianza de 150.000 euros impuesta por el Magistrado Llarena Conde, instructor de la causa abierta en el Tribunal Supremo (TS) contra los miembros de la Mesa del Parlament de Cataluña que aprobaron llevar al pleno la resolución de independencia votada el 27 de octubre. La fianza fue depositada mediante cheque firmado por el tesorero de la asociación secesionista ANC que la propia Forcadell presidió desde 2012 hasta 2015, y que en conjunción con el gobierno de la Generalitat, los grupos parlamentarios Junts pel Sí y CUP, y las asociaciones Òmnium, AMI y ACM han promovido la constitución de un estado independiente en forma de república. Además de la retirada del pasaporte y la prohibición de abandonar España, el auto impone a la presidenta la obligación de presentarse semanalmente en el juzgado de su conveniencia y comparecer ante el TS cuando sea requerida.

Te queremos Carme

Forcadell antes de proceder a votar la resolución de proclamación de la independenci el 27 de octubre de 2017.

Como el Magistrado establece en su auto, Forcadell desplegó “una actuación principal en los hechos que se investigan”, tanto mientras estuvo al frente de la ANC como durante el tiempo que ha presidido el Parlament. Fue precisamente durante esta segunda época que culminó en la fatídica votación, cuando el Parlament “perfiló el método que se iba a seguir para declarar la independencia” y se aprobó “el aparente soporte legislativo que el proyecto necesitaba, fundamentalmente las Leyes del referéndum y de desconexión que condujeron a la declaración de independencia”. Forcadell era plenamente consciente de la inconstitucionalidad de todas las resoluciones y normas aprobadas durante su presidencia, pues  ignoró las repetidas advertencias del Tribunal Constitucional y los informes del Letrado Mayor y el Secretario General del Parlament al respecto, y aplicó con mano de hierro el reglamento reformado ad hoc para aprobar las leyes de desconexión.

Forcadell saltándose la ley al llevar al pleno la ‘ley del referéndum de autodeterminación’ aprobada en el Parlamente el 6 de septiembre de 2017.

Forcadell se reafirmó en su actitud desafiante y declaró el 6 de octubre de 2016 que “volvería a hacer lo mismo” tras conocer que el Tribunal Constitucional había pedido al fiscal actuar contra ella.

Según se desprende también del auto, la hasta ayer inmaculada heroína del secesionismo asumió ante el Magistrado del TS la intervención de la Generalitat en aplicación del artículo 155 y se comprometió a renunciar “a cualquier actuación fuera del marco constitucional”. Protagonista indiscutible de todas las manifestaciones convocadas por las asociaciones secesionistas desde 2012, Forcadell no asistió a la concentración de las linternas en Barcelona el 11 de noviembre (11-N) convocada por la ANC u Òmnium para reclamar la excarcelación de los ‘presos políticos’, categoría que  incluye a los miembros del gobierno de la Generalitat encarcelados, a los miembros de la Mesa del Parlament en libertad condicional y a los ‘jordis’, los cabecillas de los tumultos frente a la Consejería de Economía el 20-21 de septiembre.

 

Puigdemont y Forcadell en la Diada 2017 con Jordi Sánchez, presidente de la ANC. Sánchez dijo: “Hoy nos tenemos que declarar insumisos a todos aquellos tribunales que solo deseen preservar la indivisible unidad de la patria”.

Forcadell, aconsejada por su defensa, prefirió ‘desconectarse’ del acto que habría reafirmado su compromiso personal con “la movilización ciudadana” a la que, el Magistrado del TS que instruye su causa, atribuye un papel esencial en el proceso, en tanto que “elemento que forzara el reconocimiento político del estado de hecho”. Mauri, vicepresidente de Òmnium, le dedicó un enternecedor “Te queremos Carme”, y la exculpó por su renuncia en el TS: “nos da igual –dijo– lo que hayan dicho… los miembros de la Mesa ante un Estado que amenaza. Lo único que cuenta es todo lo que han hecho estos años, desde el Parlament y desde las calles”. Forcadell publicaba el siguiente mensaje pocas horas después de abandonar la prisión: “Volvemos a casa. Con la conciencia tranquila de haber actuado correctamente: garantizar la libertad de expresión en el Parlament, sede de la soberanía nacional”. Este tuit de Forcadell muestra, además de falta de arrepentimiento, ninguna voluntad de respetar nuestra Constitución.

Alcoberro, vicepresidente de la ANC, en uso de la palabra en la manifestación del 11 de noviembre de 2017, convocada para pedir la excarcelación de los presos ‘políticos’ y reivindicar la ¡legitimidad’ del gobierno de Puigdemont cesado por el Gobierno de España.

La realidad es que  el futuro de Forcadell y del resto de golpistas, desde Puigdemont al último consejero, así como otros altos cargos cuyas actividades delictivas aflorarán a medida que progresen las investigaciones en curso, es bastante negro. Como subrayó Llarena, la violencia a la que se refiere el artículo 472 del Códido Penal “no hace sino adjetivar el alzamiento que requiere el delito de rebelión. Pero eso no quiere decir que para que el alzamiento sea público resulte exigible que incorpore hechos lesivos o dañosos, bastando para ello hacer ostentación de una fuerza y mostrar disposición para usarla. La presencia de violencia por uso de armas trasciende el tipo básico del delito de rebelión que se convierte en una modalidad agravada”. Querida Carme, más vale que te tomes un respiro porque cualquier actuación que dé pie a pensar que persistes en actuar “fuera del marco constitucional” sólo agravaría tu ya complicada situación procesal.

Forcadell (ANC) votando el 9 de noviembre de 2014.

Un sólo Estado, no dos

Puigdemont convertido en foragido de la justicia denigrando la democracia española y las instituciones de la UE.

A pesar de los denodados esfuerzos de ‘Puigmalión’ en Bruselas por trasladar a los catalanes la impresión de que hay un gobierno en Bruselas, la aceptación por la mayoría de sus consejeros de ir a la cárcel, la claudicación por muy insincera que sea de Forcadell ante el 155, la decisión de todos los partidos, ERC y CUP incluidos, de participar en las elecciones autonómicas convocadas por un gobierno ‘ilegítimo’, y el reconocimiento tardío de que no estaban preparados para poner en marcha la república, desmonta completamente la pretensión de Puigdemont de aparecer como presidente exiliado. Su reunión con dos de las diputadas de la CUP que asestaron el golpe de gracia a Mas, seguida por la visita del propio Mas a Bruselas, da una idea de hasta qué punto el expresidente no sabe a dónde va ni con quién. Su última víctima ha sido su propio partido, el PDeCAT, que abandonó a su suerte en un túnel para subirse al autobús de “Junts per Catalunya”. Claro que un nombre más apropiado habría sido “Dividits per Catalunya”.

CDC fue rebautizada como PDeCAT para difuminar el hedor a corrupción tras el caso Palau-3% y el afloramiento de la ilegal fortuna del clan Pujol. Al parecer la labor fumigación no fue del todo efectiva y piensan concurrir el 21-D con un nuevo partido llamado ‘Junts per Catalunya’.

A este psicópata de la política le han bastado unos días en Bruselas para dilapidar el escaso crédito con que contaba a su llegada. Ahora, además de denigrar la democracia española, se dedica a desacreditar a los líderes y las instituciones de la UE. Los apoyos que esperaba concitar para su causa en el corazón de Europa brillan por su ausencia. La propuesta presentada en el parlamento de Flandes para reconocer la independencia de Cataluña sólo logró el respaldo de 4 diputados (sobre 99) de extrema derecha. Y Amnistía Internacional reconoció que los dirigentes catalanes detenidos no son presos políticos. En fin, se amontonan las malas noticias para Puigdemont, los ‘jordis´ y demás golpistas porque pase lo que pase en las elecciones del 21-D nadie va a librarlos de sentarse en el banquillo.

La ANC convoca una concentración en Bruselas el 7-D para explicar al mundo lo poco democrática que es la democracia española.

La cuestión ahora es saber hasta cuándo tendrán gasolina la ANC, Òminum y la AMI para seguir fletando autobuses y alimentando la ficción de que algunos viernes o sábados por la tarde “somos república”. Aunque el 7 de diciembre planean invadir Bruselas para respaldar a “nuestro gobierno legítimo”, la convocatoria de elecciones ha hecho aflorar diferencias entre los tres partidos secesionistas que les ha impedido alcanzar acuerdos programáticos de largo alcance. La unidad se agota en la agitación callejera y debe resultar descorazonador para los manifestantes escuchar a Alcoberro, vicepresidente de la ANC, recordarles que el ‘pueblo’ de Cataluña se sobrepuso a los desastres de 1714 y 1939. ¿Ése es el desastroso y trágico futuro que espera a la república catalana? Mientras la agenda política esté en sus manos de agitadores mendaces e irresponsables, nadie puede extrañarse de que las empresas hayan paralizado sus inversiones y cerca de 2.500 sociedades hayan abandonado Cataluña. El Gobierno debería prepararse también porque el 21-D no detendrá a los golpistas ni evitará la ralentización económica.

Buch, presidente de la ACM, con Puigdemont, Junqueras, Forcadell y Lloveras, la presidenta de la AMI. Buch y Lloveras viajaron a Bruselas para apoyar a Puigdemont con el dinero de los catalanes.

 

 

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En manos de ‘arranitas’ y ‘cuperas’

Artículo publicado en el diario Expansión el 15 de septiembre de 2017

Noche de las antorchas y buen rollito: CUP, Arran, Endavant, el Sindicat d’estudiants del ‘països catalans’, y otras ‘famiglias’ antisistema quemando ejemplares de la Constitución e imágenes del Rey a las puertas del Born el 16 de septiembre de 2016.

Los ciudadanos hemos asistido perplejos este verano a los actos vandálicos y autopropagandísticos que perpetraron y reivindicaron las hordas de Arran, la organización juvenil de la Coordinadora d’Unitat Popular (CUP), contra intereses turísticos en Barcelona y Mallorca, sin que el gobierno de la Generalitat en Cataluña ni el Balear hayan interpusieran denuncias contra la organización donde militan las autoras de los hechos, calificados benévolamente por la CUP como ‘actos simbólicos’ contra un modelo de turismo al que culpan de la destrucción del territorio y la precarización del empleo.

Reacción de la CUP al atentado yihadista  en Barcelona: “las guerras vuestras, los muertos nuestros”. Todo un ejemplo de de empatía y solidaridad internacionalista.

La tibia reacción del  gobierno Puigdemont-Junqueras en Cataluña, el único territorio donde la CUP cuenta con cierta implantación, tiene una explicación muy sencilla: los 10 diputados antisistema resultaban imprescindibles para aprobar la “ley del referéndum de autodeterminación” y la denominadaley de transitoriedad jurídica y fundacional de la república”, registradas en el Parlament el 31 de julio y 27 de agosto, respectivamente.

Votando la ley del referéndum de autodeterminación con el Parlament semivacío.

Ambas leyes fueron aprobadas co los votos de los 71 diputados secesionistas, tras forzar su inclusión en el orden del día del pleno celebrado los días 6-7 de septiembre, pese a no contar con los preceptivos informes jurídicos solicitados por los diputados de la oposición que abandonaron el hemiciclo antes de la votación. Estas dos ‘leyes’, anuladas ya por el Tribunal Constitucional, pretenden suspender la Constitución, el Estatut y el resto del ordenamiento jurídico e instaurar un estado de “excepción en Cataluña” para realizar el anunciado referéndum de autodeterminación el 1-O e iniciar inmediatamente el proceso constituyente de la república con todos los poderes detentados por los dirigentes de ERC-CUP y la cabellera de Puigdemont flotando entre los restos del naufragio de Convergencia.

Violencia totalitaria

Miembros de Arran y Cup quemando las banderas de España, Francia y la UE el 11 de septiembre de 2017. y Junqueras va diciendo a los catalanes que su república catalana estaría en la UE. No con estos socios… y no tiene otros. Bueno, sí el flequillos.

Arran, como la CUP, su matriarcal placenta, son organizaciones cuya acción revolucionaria se articula en torno a tres objetivos. Primero, lograr “la independencia de los “Países Catalanes” para defendernos de los ataques de los Estados español y francés que desde hace más de trescientos años pretenden borrar la identidad del pueblo trabajador catalán”. Segundo, “acabar con el sistema capitalista” y apostar “por la construcción del socialismo, el cual nos ha de conducir a una sociedad sin clases ni opresiones de ningún tipo”. Y, tercero, “la lucha personal y colectiva que supone para todas las personas el sistema patriarcal basado en el dominio del hombre sobre la mujer y de los valores preconcebidos como masculinos por encima de todos los demás”.

Territorio de los inexistentes ‘països catalans’ donde la CUP y ERC desarrollan su actividad política.

No busquen apreciaciones analíticas más finas ni coherencia lógica en los argumentos de las hechiceras que establecen la agenda de sus procaces guerreras porque sus matriarcales afirmaciones, como las verdades reveladas, son indiscutibles. Nada les importa que no exista rastro alguno en los atlas históricos de sus “países catalanes” cuya independencia propugnan ni evidencia alguna de que sus cambiantes habitantes –hoy descendientes mayoritariamente de ciudadanos llegados de otras partes de España–, hayan padecido la opresión de los Estados español y francés durante centurias, más allá de las propias de cada época y sus circunstancias. Sus otras dos prioridades son igualmente paradójicas: pretenden acabar con el detestable sistema capitalista gracias al cual la CUP ingresa varios millones anuales con los disparatados sueldos de sus diputadas y concejalas que pueden dedicarse a tiempo completo a elaborar ‘leyes’ inconstitucionales y a intimidar con amenazas a quienes no comparten su credo.

La brigada de la muerte cuyo cabecilla fue Pascual Fresquet.

En línea con la tradición anarquista revolucionaria de tan funesto recuerdo en Cataluña, la CUP se define como una organización asamblearia y socialista que propugna la “democracia participativa” y menosprecia la democracia constitucional y el Estado de Derecho, la seguridad jurídica, la empresa privada, la religión, el matrimonio, la escuela concertada, etc., considerados instrumentos de explotación social y ejercicio de la violencia patriarcal. Aunque prefieren presentarse como meras defensoras del sector público y el cooperativismo, rechazan frontalmente la propiedad privada de los medios de producción. Su “papel histórico… es tomar el poder” para construir “un Estado Socialista y Feminista en los Países Catalanes que podrá conducir al conjunto de la humanidad hacia la libertad”, y responsabilizan de sus actos violentos a la violencia del sistema capitalista.

Anarquistas de la brigada Ferrer-Carod en pleno acto de heroísmo en el Bajo Aragón.

Gabriel y Fernández celebrando los asesinatos de ETA con sus amigos batasunos en Bilbao.

Dar pocas pistas sobre cómo se desarrollaría el proceso de transición hacia su futurible Arcadia socialista-feminista resulta esencial para enmascarar su indigencia intelectual y vocación totalitaria. Pero como botones de muestra, ahí están su exigencia de imponer “la socialización forzosa y urgente” de la catedral de Barcelona para convertirla en economato y centro musical; su aparatosa campaña “¡Parir es un derecho, no una imposición! Derecho al aborto libre y gratuito”, que presentan como una “vindicación de clase, una declaración de guerra contra la derecha ultracatólica y la ofensiva conservadora”; su radical propuesta de convertir “los centros de trabajo en espacios de intervención política” donde los trabajadores decidirían en asamblea qué y cómo producen; y, en fin, su patrocinio de las ocupaciones de viviendas y la realización de escraches contra sus enemigos políticos a quienes amenazan con barrerlos de Cataluña.

Gabriel con la portavoz de Arran presentando los carteles del Sí barrámoslos.

Gabriel y Fernández dirigiendo el escrache de Arran contra la sede del PP en Barcelona en marzo 2017.

 

Trabajar menos, cobrar más

Gabriel en el escrache a la Guardia Civil 31 julio 2017.

Todo un programa político y social cuya mezcla de ingenuidad, ignorancia y vaciedad producirían sonrojo si no fuera por el ánimo guerrero que alienta a las jóvenes ‘arranitas’ y a sus más maduritas mentoras ‘cuperas’, y la determinación totalitaria con que pretenden imponerlo. Lo cierto es que cuando se separa la hojarasca de su tupida verborrea, entretejida con apelaciones vacías a la conciencia de clase y la solidaridad de los pueblos, el discurso que emerge resulta decepcionante, no ya para cualquier socialdemócrata, sino incluso para los ciudadanos comprometidos con los ideales ilustrados de libertad e igualdad.

Diputadas de la CUP quemando fotos del Rey. Menudas socias que se han echado los representantes de la sociedad catalana.

‘Arranitas’ y ‘cuperas’ sostienen que “en un contexto donde ya disponemos prácticamente de todos los bienes materiales necesarios para desarrollar nuestras vidas”, todo lo que queda por hacer es “repartir el trabajo y la riqueza. Trabajar menos horas y aumentar nuestros salarios para que los ricos paguen su estafa”. Ésta es, en esencia, la fórmula maestra que las diputadas Boya, Gabriel, Reguant, Vohí, y Cia proponen para mejorar el nivel de vida de los trabajadores. Pero quizá el aspecto más contradictorio de su programa ‘revolucionario’ sea la asunción por sus lideresas de la ideología nacionalista, pequeño-burguesa, que les lleva a anteponer la independencia de los ‘países catalanes’ a la emancipación de los trabajadores. Levantar muros y crear nuevos estados para dividir a los “estafados” resulta incongruente con su objetivo de “conducir al conjunto de la humanidad hacia la libertad”.

Cúpula de la CUP en la campaña de las elecciones autonómicas del 27-S.

Inseguridad jurídica: deslocalización y fuga de capitales

Mas con Junqueras y Romeva al final del debate de investidura el 9 de noviembre de 2015 con cara de circunstancias.

Que todas las decisiones importantes adoptadas por el gobierno de la Generalitat y el Parlament de Cataluña en los últimos años –la caída del president Mas, el inicio del proceso constituyente, las purgas de consejeros, la pugna mantenida para aprobar la ‘ley’ de transitoriedad jurídica antes del 1-O– hayan sido dictadas por una pandilla de activistas contrarios a los ideales ilustrados y al proceso de integración europea, da una idea de la irresponsabilidad de los líderes políticos al frente de la Generalitat. Cuando el ex-presidente Mas llama a “desprecintar colegios electorales” y el hombre fuerte del gobierno, Junqueras, declara socio “prioritario” y “absolutamente fiable” a la CUP, nadie debería sorprenderse que algunas empresas hayan trasladado sus sedes y algunos ciudadanos se hayan llevado sus activos fuera de Cataluña. Se trata todavía de movimientos tímidos que anticipan la avalancha de deslocalizaciones empresariales y salida masiva de capitales que se producirían si el gobierno de la Generalitat y los diputados de JxS lograran, como pretende la CUP, sacar a Cataluña de España, de la UE y del euro, un escenario que el Gobierno español ni puede permitirse ni espero permita.

Gabriel con Junqueras y Dante Fanchín (Podem) en Sant Boi de Llobregat el 9 de septiembre de 2016.

Puigdemont con Gabriel y Boya, dirigentes de la CUP en el Palau de la Generalitat.

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Una república sin derecho a réplica

Artículo publicado en el diario Expansión el 8 de septiembre de 2017

Forcadell, ejerciendo de mordaza de la oposición, se saltó todos los principios democráticos. 

Bochorno es la palabra que cualquier demócrata sintió al escuchar a los portavoces de los grupos parlamentarios de Ciudadanos, PSC, PP y CSQEP en el Parlament protestar inútilmente contra los reiterados intentos de la presidenta Forcadell de silenciarlos para sacar adelante el cambio en el orden del día, propiciado por los grupos parlamentarios Junts pel Sí (JxS) y CUP, y aprobar, por vía de urgencia, la denominada “ley del referéndum de autodeterminación” en el Parlament de Cataluña. El áspero debate permitió constatar el nulo respeto a los procedimientos democráticos de los líderes de ERC, PDE-Cat y CUP en su alocada huida hacia el 1-O.

Junqueras, Puigdemont y Forn, consejero de interior, celebrando la aprobación de la ‘ley’ del referéndum de autodeterminación con el hemiciclo semivacío.

Verlos en acción dinamitar el Estado de Derecho en el hemiciclo, vulnerando sin inmutarse en su escaño los derechos más elementales de los diputados –tales como conocer los proyectos de ley con 48 horas de antelación, disponer de plazos razonables para presentar enmiendas o solicitar informes jurídicos a los Letrados de la Cámara y dictámenes al Consejo Estatutario– habrá servido para despejar las dudas que todavía albergaban algunos políticos y ciudadanos sobre la naturaleza del  prometido “nuevo país para todos”. Gracias por aclararnos que en su república no hay derecho a réplica.

“Anem a votar, anem a votar”

El diputado Coscubiela denunciando la quiebra de los procedimientos democráticos auspicidada por el gobierno de Puigdemont-Junqueras el 6 de septiembre de 2017.

Esta es la frase que repitió Forcadell mientras intentaba acallar las protestas de todos los portavoces de la oposición que, con independencia de sus posiciones políticas, pedían la palabra para denunciar el atropello a la democracia que los diputados de JxS y CUP estaban perpetrando. Como les recriminó Coscubiela (CSQEP), “esto no es un cambio del orden del día” sino más bien la aplicación del principio dictatorial de “a todo aquel que no me gusta le tapo la boca”. Dicho y hecho: Forcadell le cerró el micrófono mientras el diputado gesticulaba con voz ya inaudible ante las cámaras. Tras el intento del vicepresidente Espejo (Ciudadanos) de intervenir en el pleno, cortado con voz alterada por Forcadell, la que fuera primera presidenta de la ANC llamó a un primer receso para que la mesa de portavoces pudiera reunirse, como exigían los diputados de la oposición, a tratar el trascendental cambio en el orden del día.

Arrimadas, lideresa de Ciudadanos, y Espejo, diputado y vicepresidente del Parlament.

Gabriel, diputada de la CUP, presentando el cartel de su coalición a favor del sí en el ilegal referéndum del próximo 1 de octubre. En él pueden verse, junto a las caricaturas de políticos y diputados constitucionalistas, el mandato “barrámoslos” adobado con las palabras “autodeteminación, desobediencia y paises catalanes”.

La llamada ‘ley del referéndum de autodeterminación’ establece en su Art. 3.2 un “estado de excepción” que deja en suspenso la Constitución, el Estatut de Cataluña, la Ley Orgánica del Régimen Electoral General y cualquier norma o sentencia que entre en conflicto con ella. No hace falta ser un experto constitucionalista para darse cuenta del dislate jurídico y los riesgos que entraña para la salvaguarda de los derechos de los ciudadanos y la libertad de empresa que un grupo de diputados iluminados se arroguen todos los poderes y violen todas las reglas básicas de la democracia constitucional, la única que garantiza los derechos individuales y colectivos, y proporciona a las minorías seguridad jurídica frente a la arbitrariedad de las mayorías. Cuando a ello se añade la vulneración reiterada por los grupos de JxS y CUP de los principios y salvaguardas establecidos para tramitar con garantías los proyectos legislativos, ignorando las leyes y los reglamentos de las cámaras, el escenario que emerge en Cataluña es de una gravedad extrema.

 No es tiempo de peros

Votación con el hemiciclo semivacío tras abandonarlo los diputados de Ciudadanos, PSC y PP. Al fondo, se ve a la diputada Àngels Martínez de Podemos retirar las banderas españolas que habían dejado en sus escaños, junto a las banderas de Cataluña, los diputados del PP.

Como era previsible, las quejas y apelaciones al reglamento y al sentido común de la oposición cayeron en saco roto y el gobierno de Puigdemont-Junqueras acabó modificando el orden del día y Forcadell concedió un par de horas a la oposición para presentar enmiendas, sin aclarar el procedimiento a seguir ni aceptar que la mesa se reuniera para establecerlas. Algunos grupos de la oposición anunciaron que pedirán amparo al Tribunal Constitucional (TC) mientras la Fiscalía anticipab que presentará ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña una querella contra Forcadell y los miembros de la mesa que votaron a favor de tramitar la ‘ley’. A esta hora, el pleno, cuyo final está cantado, retoma la sesión tras dos horas de interrupción mientras la oposición sigue pidiendo explicaciones a Forcadell que sólo está interesada en proceder a votar las enmiendas.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría,durante su comparecencia ante los medios, en el Palacio de La Moncloa el 6 de septiembre de 2017.

En su comparecencia ante los medios de comunicación, la vicepresidenta Sáenz de Santamaría, informó que el presidente del Gobierno ha ordenado a la Abogacía del Estado interponer un incidente de ejecución de sentencia ante el TC para paralizar las decisiones adoptadas en el Parlament y decantar las responsabilidades penales en que pudieran haber incurrido Forcadell y los miembros de la mesa que llevaron la ‘ley’ al pleno. Sáenz de Santamaría aseguró que el Gobierno está preparado para defender los derechos de los catalanes y la democracia en Cataluña, y aprobará el recurso al TC en el Consejo de Ministros extraordinario convocado para hoy mismo.

Rivera, Sánchez e Iglesias al inicio de un debate electoral.

Celebro el apoyo sin matices que Rivera, presidente de Ciudadanos, trasladó al Gobierno un día antes del aquelarre secesionista en el Parlament, y comparto la petición que le hizo a Rajoy de que el próximo 1 de octubre no vuelva a repetirse el bochornoso espectáculo vivido el 9-N, con la utilización partidista de las instituciones de autogobierno y los medios de comunicación, la ocupación de espacios públicos y la malversación de caudales. Más preocupante resulta la ambigua posición de Sánchez, secretario general del PSOE, que ese mismo día se reunía con el nada fiable Iglesias, líder de la sección madrileña de Podemos, y asumía en rueda de prensa las aspiraciones de Cataluña, El País Vasco y Galicia (al menos) a ser reconocidas como nación. En alguna ocasión he manifestado mi oposición, no tanto a la desfasada pretensión de reconocer como nación a un territorio sino a que ello conlleve privilegios para sus habitantes, y quiebre la igualdad de todos los españoles que proclama nuestra Constitución. Pero hasta donde sé, el proyecto federalista que abanderan el PSC-PSOE supone, además del reconocimiento de la nación catalana, el blindaje de la inmersión lingüística y la concesión de privilegios fiscales inadmisibles para cualquier socialdemócrata tibio. Hoy, Sr. Sánchez, no es día para poner palos en la rueda sino para pensar en el interés de todos los españoles y apoyar las medidas que adopte el Gobierno para preservar nuestro Estado social y democrático de Derecho.

Rajoy con Sánchez en La Moncloa el 7 de septiembre de 2017.

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El 12-O… EnMarcha

El 28 de junio de 2017, los representantes de las asociaciones que han organizado la celebración de la Fiesta Nacional de España en la Plaza de Cataluña de Barcelona desde 2012 nos reunimos, por segunda vez, para reafirmar nuestro compromiso de realizar un acto unitario el próximo 12 de octubre de 2017. La celebración incluirá, como en otros años, una manifestación que recorrerá el Paseo de Gracia y finalizará en Plaza de Cataluña, donde se desarrollará un acto de reafirmación política seguido por el desfile de comparsas hispanoamericanas que simbolizan los fraternales lazos que unen a los pueblos de las dos márgenes del Atlántico.

 

 

Puigdemont anunciando la pregunta y la pregunta del referéndum el 6 de junio en la sede del gobierno la Generalitat. Munté, Forcadell y Junqueras aplaudiendo.

Ni el anuncio hecho por Puigdemont de  la celebración de un referéndum el próximo 1 de octubre, ni la intención de aprobar con nocturnidad y alevosía las leyes de “desconexión” en el Parlament en los próximos meses, ni la amenaza del “hombre de la estaca” (Lluis Llach, antaño cantautor, hoy “bien pagao” inquisidor)  de que la Generalitat sancionará a los funcionarios díscolos que incumplan la llamada “ley de transitoriedad jurídica” podrán impedir que salgamos a la calle a festejar casi  cuatro décadas de libertad, concordia y prosperidad.

Puigdemont reunido con Gabriel y Boya, dos dirigentes del partido anticapitalista y antisistema CUP-CC en el palacio del gobierno de la Generalitat.

 

Llach, antaño cantautor y hoy ‘bien pagao’ inquisidor, presidiendo junto a Serra (CUP-CC) la comisión de estudio del proceso constituyente.

De momento, queremos enviar un mensaje claro y nítido a quienes no respetan el derecho constitucional a la libertad de expresión ni la cooficialidad de la lengua mayoritaria de los catalanes; a quienes dedican todas sus energías a emponzoñar con falsedades y medias verdades la historia compartida y a desfigurar la realidad social hasta límites grotescos; a quienes amenazan con saltarse las leyes democráticamente aprobadas y se jactan de desacatar las sentencias de los Tribunales: sepan que no les vamos a dar tregua y que por mucho que nos opriman y amenacen no nos moverán. El 12-O, todos a Paseo de Gracia y Plaza de Cataluña.

12-O, 2016. Cabecera de la manifestación.

Clemente Polo durante su intervención en la Plaza de Cataluña el 12 de octubre de 2016.

 

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EiC denuncia una nueva irresponsabilidad de Puigdemont

¿Dónde estaban Otegui, Carod-Rovira,Forcadell, Barrufet, Fernández y Tardà?

El 19 de junio de 1987 la banda terrorista ETA perpetró uno de sus atentados más sangrientos en el aparcamiento del supermercado Hipercor, situado en la Avda. Meridiana de Barcelona. Fallecieron 21 ciudadanos españoles, otros 45 sufrieron heridas de diversa consideración y se truncó para siempre la vida de decenas de familias. Dos de los terroristas que formaban el comando Barcelona, Domingo Trotino y Josefa Ernaga salieron de prisión tras cumplir 26 y 27 años de condena, respectivamente; Rafael Caride, arrepentido, abandonará la prisión en breve tras cumplir 30 años; y Santiago Arróspide, jefe del comando, continúa preso. Las víctimas que sobrevivieron y todos los familiares siguen sufriendo (y sufrirán de por vida) las consecuencias irreparables de los crímenes de estos cuatro sicarios.

Otegui con Barufet y Fernández (CUP), Tardà (ERC) y Lluis Llach.

Puigdemont durante su intervención en el acto de homenaje a las víctimas de Hipercor.

Con motivo del XXX aniversario del atentado, el gobierno de España, el gobierno de la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona han querido honrar a las víctimas organizando y sumándose a diversos actos conmemorativos que se han celebrado en Barcelona estos días. En uno de ellos, Puigdemont, el Nada Honorable (N. H.) presidente de los secesionistas catalanes, llamó al ‘pueblo catalán’ a resistir a quienes se oponen a la secesión de Cataluña como la misma determinación que la sociedad resistió los embates criminales de ETA. El movimiento cívico EiC condena esta irresponsable y ofensiva comparación que ha suscitado, lógicamente, el rechazo unánime de los partidos de la oposición, del gobierno de España y de casi todos los ciudadanos decentes y con sentido común.

Otegui con Forcadell (ERC), presidenta del Parlament de Cataluña.

Maragall (PSC) y Carod-Rovira (ERC) haciendo turismo en Israel durante el primer tripartito-

A los catalanes que venimos denunciando desde hace años las políticas sectarias y anticonstitucionales del gobierno de la Generalitat, la ‘salida de tono’ de Puigdemont no nos ha pillado por sorpresa. El N.H. vicepresidente de la Generalitat Carod-Rovira (ERC) ya tuvo la desfachatez de reunirse con terroristas de ETA en Francia para pedirles que mataran fuera de Cataluña. Hace un par de meses vimos a un terrorista de Terra Lliure, Carles Sastre i Benlliure, condenado por el asesinato del industrial José María Moltó Marqués, junto a Puigdemont, Junqueras y Colau –y al lado del ex-juez Vidal – en la foto de familia que reunió a los integrantes del llamado pacto por el derecho a decidir’ en el Parlament de Cataluña. Y la CUP-CC, apoyo indispensable del gobierno de Puigdemont-Junqueras, mantiene excelentes relaciones con Otegui, condenado por pertenecer a ETA. Los mismos perros con distintos collares.

Puigdemont y Gabriel celebrando alguno de sus pactos golpistas.

Fernández (CUP) con Otegui: “que grandes somos”.

 

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Ya no cuela

Artículo publicado en el diario Expansión el 21 de junio de 2017

Puigdemont, primer presidente de la Associació de Municipis per l’Independencia, dirigiéndose como presidente del gobierno de la Generalitat a la asamblea de la AMI en 2017.

Hace poco, un familiar me confesó que cuando escribo sobre la situación en Cataluña le cuesta ponerse en mi lugar. Algunos amigos y colegas que viven en otras Comunidades me han manifestado también su creciente hartazgo . “¡Que se vayan de una vez!”, me soltó un taxista sin reparar en las nefastas consecuencias que tendría para quienes vivimos en Cataluña y para el resto de españoles. Reconozco que relatar las últimas ocurrencias (casi siempre desatinadas) con que nos obsequia Puigdemont (antes las que hacía Mas, su mentor), bajo la atenta vigilancia de Hagrid –el guardabosques encargado de cuidar a las “criaturas mágicas”– puede resultar cansino. Sin embargo, las últimas performances de la compañía PuigCupQueras (con Guardiola como artista invitado) me obligan a volver sobre este enojoso asunto.

Guardiola, hijo de la Masía y jugador de la selección española, artista invitado en la última obra de la compañía PuigCupQueras.

 

Democracia devaluada

Puigdemont y Gabriel celebrando su acuerdo para constituir una república independiente.

Desde el 27 de septiembre de 2015, el gobierno de la Generalitat gobierna exclusivamente para aquellos catalanes que votaron a la coalición electoral Junts pel Sí, integrada por CDC y ERC, y al conglomerado pancatalanista y anticapitalista CUP-CC. Entre los tres partidos, obtuvieron el 47,7 % de los votos válidos (36,8 % del censo) y 72 diputados de los 135 que componen el Parlament. A partir de la constitución de la cámara, los dos grupos parlamentarios han aprobado varias resoluciones para iniciar y desarrollar un proceso constituyente que el Tribunal Constitucional ha anulado por su pregonada inconstitucionalidad. Forcadell, presidenta del Parlament, y otros tres diputados miembros de la Mesa están siendo investigados por desacatar estas sentencias.

Forcadell arropada por Hagrid y Puigdemont y el Orfeó Secesionista, ante la sede del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

 

Junqueras, Puigdemont y Romeva en el Parlament de Cataluña.

Lo más llamativo del llamado ‘proceso secesionista’ es la perversa concepción de  la democracia que lo alimenta. Sus líderes sostienen seriamente que España es una democracia de baja calidad, porque ni el Gobierno, ni Las Cortes ni el Tribunal Constitucional les autorizan a realizar un referéndum para preguntar a los catalanes si “quieren que Cataluña sea un estado independiente en forma de república”. En su delirio, las resoluciones y normas que aprueban ellos con ajustadas mayorías (72 diputados o menos) en el Parlament son democracia de 24 quilates, mientras que las resoluciones y normas aprobadas en el Congreso, sede de la soberanía popular, por mayorías holgadas son consideradas opresivas.

Congreso histórica sesión plenaria del 8 de abril 2014 en la que se rechazó la pretensión de los partidos catalanes de que se transfiriese al gobierno catalán la potestad de celebrar referéndums de autodeterminación.

Puigdemont y Gabriel celebrando un acuerdo para iniciar la puesta en marcha de la república independiente.

Puigdemont, Junqueras y Gabriel son, a pesar de sus poses, alérgicos a la democracia. Afirman ser demócratas pero su comportamiento lo desmiente. ¿Por qué si no han rechazado el ofrecimiento del Gobierno (acordado con PSOE y Ciudadanos) de acudir al Congreso a defender su proyecto y se han apresurado a fijar el referéndum el 1 de octubre? Porque sólo aceptan las reglas del juego democrático cuando tienen la mayoría asegurada, por exigua que ésta sea. Pero tan preocupante o más que esta aviesa concepción de la democracia, es la naturaleza de “su” futurible república, donde la libertad y la división de poderes brillan por su ausencia. El “hombre de la estaca” (Llach, antaño cantautor y hoy “bien pagao” inquisidor) advierte a los funcionarios que tendrán que pensárselo muy bien, que sufrirán… porque la Generalitat sancionará a quienes incumplan la “ley de transitoriedad jurídica”, una norma del Parlament que pretende derogar en 24 horas la Constitución. Por su parte, Vidal, ex-juez y ex-senador de ERC, desveló imprudentemente que de los 801 jueces que ejercen en Cataluña sólo quedarán con quienes “comparten nuestros sueños e ideales”.

Lluis Llach, antaño cantautor, hoy ‘bien pagao’ inquisidor.

 

Foto de familia del ‘pacto nacional por el derecho a decidir’. Enmarcado en un círculo aparece el rostro de Carles Sastre, terrorista convicto de Terra Lliure condenado por el asesinato del empresario José María Bultó Marqués, junto al ex-juez y ex-senador Vidal.

Gobierno firme

Afortunadamente para los demócratas que vivimos y trabajamos en Cataluña, la Vicepresidenta Sáenz de Santamaría ha comprendido, tras varias visitas al Principado, lo bochornoso que resulta que no se deje “hablar a la gente que piensa otra cosa” y “cómo se les ningunea en todo tipo de instituciones”. Celebramos, asimismo, que haya constatado de primera mano la imposibilidad de iniciar un diálogo con el gobierno de la Generalitat para alcanzar acuerdos dentro del marco constitucional. Algunos barruntábamos que su intento estaba condenado al fracaso desde el principio, porque la débil argamasa que mantiene unidos a los tres partidos secesionistas es precisamente la promesa de proclamar la república y garantizar impunidad a quienes han vulnerado (o van a vulnerar) el ordenamiento jurídico.

Sáenz de Santamaría visitando la exposición en homenaje a las víctimas de Hipercor en Barcelona.

En la moción de censura que presentó Podemos, el presidente Rajoy reiteró que no permitirá, mientras gobierne, que un subconjunto de ciudadanos (los empadronados en Cataluña) decida sobre cuestiones (autodeterminación de Cataluña) que afectan a todos. Ahora bien, aunque el gobierno de Rajoy tiene mayoría absoluta en el Senado sólo cuenta con 137 diputados en el Congreso, un número muy alejado de la mayoría absoluta. Pero es que incluso si el PP tuviera 176 diputados, resulta indispensable contar con el respaldo de otros grupos parlamentarios para afrontar el órdago del gobierno de la Generalitat, y todo lo que puede acontecer antes y después del 1 de octubre.

Rajoy interviniendo en la moción de censura que presentó Podemos en el Congreso el 13 de junio de 2017.

Soledad del Gobierno

Iglesias abraza a Montero al término de su intervención en la moción de censura.

La moción de censura que protagonizó el tándem Iglesias-Montero permitió aclarar la posición de Podemos: apoyo sin reservas a sus fraternales compañeros catalanes –peculiar hermandad  “republicana” que excluye compartir territorio y renta– para que decidan su futuro. El diputado Tárdà (ERC) correspondió apoyando la moción. En su intervención, confirmó que el referéndum se celebrará el 1 de octubre e insinuó que su resultado podría ser la antesala de la proclamación de la tercera república en España. Olvidó el devoto enterrador de la Monarquía añadir un pequeño detalle: en esa tercera república ya no estará Cataluña.

Iglesias abraza a Tardà tras la intervención del diputado de ERC.

Sánchez puño en alto entonando “La internacional” el 24 de mayo de 2017.

En cuanto al PSOE, la victoria del Sánchez que hemos visto en las primarias, puño en alto entonando “La internacional”, apunta a un Sánchez bien distinto al que presentó su candidatura a presidente de Gobierno –con una gigantesca bandera constitucional como telón de fondo–, en junio de 2015. Aunque su adversario directo sigue siendo Iglesias, no hay que descartar que el PSOE, mediatizado por el PSC, mantenga una calculada ambigüedad sobre Cataluña. En respuesta al anuncio de la fecha del referéndum, Ábalos, portavoz de Sánchez en el Congreso, se limitó a expresar “no estamos de acuerdo, no aceptamos el desafío”, al tiempo que reiteraba la necesidad de encontrar un espacio para la política “entre unos que insisten en cumplir la ley y otros que insisten en no cumplirla”. Ya en la moción de censura, Ábalos manifestó a Iglesias la disposición del PSOE a formar mayorías alternativas.

Sánchez con Iceta en la sede del PSC sin la bandera constitucional.

Sánchez con la bandera constitucional en el acto de presentación de su candidatura a la presidencia del Gobierno en junio de 2015.

Esta suerte de equidistancia constituye la mayor amenaza que planea sobre el futuro de nuestra democracia. ¿Acaso incumplir la ley y cumplirla son dos opciones equiparables? Del dicho al hecho hay un trecho, pero resulta bastante preocupante que la nueva dirección partido que gobernó España durante veintiún años y aspira a volver a La Moncloa, considere siquiera “construir una alternativa” con quienes prometieron “liquidar el régimen de 1978” y ahora pretenden iniciar un histórico “proceso constituyente sin el PP”. De momento, el Gobierno sólo cuenta con Ciudadanos –toco madera– para defender dos principios democráticos esenciales de nuestra Constitución: primero, todos los españoles somos libres e iguales; y, segundo, los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos al ordenamiento jurídico. La asunción del concepto de estado plurinacional en el XXXIX Congreso Federal, considerada un error histórico por Susana Díaz, apunta a que el partido de Sánchez-Iceta-Armengol no está dispuesto a respaldarlos.

39º Congreso del PSOE. la delegación andaluza liderada por Díaz abandona la sala antes de votarse la ponencia política el 18 de junio de 2017.

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Concordia Cívica te llama

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Queridos ciudadanos:

Concordia Cívica inició su andadura el pasado 19 de enero con unos objetivos muy claros: defender la libertad, la concordia y la prosperidad que los españoles hemos alcanzado gracias a una Constitución que reconoce los derechos fundamentales de todos los españoles, los derechos colectivos y establece una razonable división de competencias y poderes entre las instituciones del Estado. Los partidos (CDC-PDE-Cat, ERC y CUP) y las asociaciones (ANC, Omium Cultural y AMI) secesionistas en Cataluña, con la connivencia de los líderes de Podemos y sus divergencias (pablistas, echeniquitas, errejonistas, colauitas, mareasitas, anticapitalistas, etc.), pretenden acabar con el período más largo de convivencia civilizada de nuestra historia.

Puigdemont y Gabriel celebrando alguno de sus pactos golpistas.

Puigdemont y Gabriel celebrando alguno de sus pactos golpistas.

Foto de familia del 'pacto nacional por el derecho a decidir'. Enmarcado en un círculo aparece el rostro Carles Sastre, terrorista convicto que asesinó al empresario Bultó.

Foto de familia del ‘pacto nacional por el derecho a decidir’. Enmarcado en un círculo aparece el rostro Carles Sastre, terrorista convicto por el asesinato del empresario Bultó, junto al ex-juez Vidal.

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Teresa Freixes y Clemente Polo en el acto de presentación de Concordia Cívica el 19 de enero en Hospitalet.

No podemos permitirlo y tenemos que reaccionar ante la amenaza inminente de que estos partidos y asociaciones den un golpe de Estado que impondría una república sectaria y opresiva en Cataluña, un ‘país tan nuevo’ como las viejas dictaduras donde sólo los ciudadanos que comparten el proyecto secesionista tendrían garantizados sus derechos en tanto no discreparan de las minorías que los controlan. Ha llegado la hora de respaldar nuestro Estado social y democrático de Derecho y rechazar los intentos de devolvernos a una historia de enfrentamientos civiles que habíamos dejado atrás en 1978. La democracia está amenazada.

Junqueras y Rovira anunciando su nuevo país para todos (los que piensan como ellos)

Junqueras y Rovira anunciando su nuevo país para todos (los que piensan como ellos)

Por todo ello, os pido que leáis este texto de Concordia Cívica y lo firméis si estáis de acuerdo con su contenido:

Vienen tiempos difíciles. El secesionismo va tensar la cuerda. En sus medios y redes están anunciando que van a precipitarse los acontecimientos. Podemos vernos, en pocas semanas, ante una declaración unilateral de independencia, la convocatoria del referéndum sí o sí, o la convocatoria de elecciones autonómicas que ellos van a pretender “constituyentes”. Hoy más que nunca hemos de estar pendientes de los acontecimientos, actuar con responsabilidad y firmeza y no dejar que nos avasallen. Porque somos mayoría y tenemos la razón, la democracia y la ley con nosotros.
Por todo eso Concordia Cívica pide tu apoyo, para defender la democracia y el Estado de Derecho.concordia-civica

 

 

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