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Presupuestos populistas a la vista

Artículo publicado en el diario Expansión el 7 de septiembre de 2018.

El crónico déficit y el elevado endeudamiento son, junto con la inestabilidad política originada por la declaración de la república de Cataluña el pasado otoño, los tres problemas más acuciantes de la economía española. En estas páginas, he expresado en varias ocasiones la urgencia de cerrar con superávits las cuentas públicas antes de que se agote la actual fase expansiva del ciclo. El proceso de consolidación fiscal se ha desarrollado con mayor lentitud de la deseable en los últimos años, y el triunfo de la moción de censura que aupó a Sánchez a La Moncloa el pasado 1 de junio, con respaldo de Podemos y sus divergencias y de los partidos nacionalistas (PNV y Compromís) y secesionistas (ERC, PDeCAT y EH-Bildu), amenaza con interrumpirlo definitivamente, pese a las anunciadas subidas de impuestos.

Puigdemont con los cuatro exconsejeros prófugos la noche del 21 de diciembrfe de 2017.

Negociando con populistas y golpistas

Hasta hace unos meses, el candidato Sánchez repetía que el PSOE nunca pactaría con Podemos “ni antes ni durante ni después” de llegar al gobierno. Del populista Iglesias llegó a decir que la “mentira era su forma de hacer política” y alertó a los españoles de que el “final del populismo es la Venezuela de Chaves”. Lamento que Sánchez haya olvidado tan pronto sus propias palabras y haya aceptado los votos del “mentiroso” Iglesias, y de los nacionalistas vascos (PNV) y los golpistas catalanes (ERC y PDeCAT) para convertirse en presidente. No hacía falta ser un analista avezado para saber que con 84 diputados se puede alcanzar La Moncloa con un audaz golpe de mano, pero no gobernar. El pasado 27 de julio, Sánchez tuvo ocasión de constatarlo cuando el Congreso rechazó su propuesta de techo de gasto (revisado al alza) de los PGE de 2019 y los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública del Gobierno hasta 2021.

Puigdemont adviertió a Sánchez en Bruselas que “el período de gracia se acaba” el 28 de julio de 2018.

El mensaje que le trasladaron sus avalistas fue rotundo: Sánchez pactaste “antes” y tendrás que pactar “durante” si quieres tener un “después”. El golpista Puigdemont fue el más explícito y le aconsejó “hacer los deberes pendientes porque su período de gracia se acaba”. Para prorrogar siquiera unos meses su presidencia, Sánchez contempla dos posibles escenarios. Uno, prorrogar los presupuestos de Rajoy, aderezándolos con algunos decretos-leyes para aumentar el gasto. O bien puede presentar, como exige Iglesias, unos presupuesto ‘sociales’ que además del apoyo de Podemos conciten el del resto de fuerzas que apoyaron la moción de censura. El calendario de la ministra de Hacienda es presentarlos en noviembre y aprobarlos en febrero, con de meses de retraso. De momento, Montero ha abierto una mesa para negociar con los representantes de Podemos-IU-En Marea las propuestas que este grupo le presentó por escrito. Por otra parte, negocia con sigilo las concesiones políticas y económicas que le permitirán contar con los indispensables votos del PNV, ERC y PDeCAT.

Montero, ministra de Hacienda anunciando en el Senado la convocatoria del último Consejo de Política Fiscal y Financiera al que tampoco asistió el consejero del gobierno de la CA de Cataluña.

Presupuestos populistas

No cabe duda de que el resultado de estas negociaciones tendrá importantes consecuencias para el bienestar de los españoles, especialmente si Sánchez asume las demandas populistas de aumentar el gasto y los impuestos y relajar el déficit público, como le exigen Podemos y sus divergencias. Se barajan subidas de tipos en el IRPF para las rentas superiores a 150.000€ –Podemos reclama subidas para todas las rentas superiores a 60.000€–, el establecimiento de un tipo mínimo del 15% en el impuesto sobre grandes sociedades, un tratamiento fiscal más duro para las Sicav, y nuevos impuestos sobre entidades financieras y empresas tecnológicas.

Echenique principal negociador de Podemos y sus divergencias el 29 de agosto de 2018.

En un escenario donde todos los indicadores confirman la ralentización de la actividad y el empleo observada ya desde el último trimestre de 2017, el aumento del gasto público (más contrataciones, recuperación de las condiciones laborales, mayores subidas en pensiones, subidas de tipos de interés, etc.) podrían disparar el déficit en los próximos años . Las subidas anunciadas de impuestos podrían además frenar la entrada de capital extranjero y retraer la inversión productiva, circunstancias que podrían adentrarnos en una nueva recesión y provocar el desplome de la recaudación, como ya ocurrió en 2008-09. Una preocupación adicional es que con un ratio deuda/PIB cercano al 100%, ahora resultará bastante más difícil refinanciar la deuda.

Sánchez, en el avión oficial, estudia atentamente documentos confidenciales con sus gafas de sol puestas. ¡Algunos que gozan de buena vista!

Las cuentas de las Administraciones Públicas han arrojado déficit en 20 años de los 23 transcurridos entre 1995 y 2017, y la propuesta del PSOE desestimada por el Congreso contemplaba nuevos déficits para 2018 y los próximos tres años. Mi pronóstico es que para lograr el apoyo de Podemos a los PGE, Sánchez tendrá que aceptar crecimientos del gasto que  producirán déficits incluso mayores. Sánchez ha afirmado que no puede sostenerse un estado de bienestar de primera con una recaudación de segunda. Cierto. Pero, la cuestión no es qué estado de bienestar queremos –¡de primera, naturalmente!– sino que prestaciones podemos financiar sin hipotecar los presupuestos futuros acumulando más y más deuda y quedando a merced de cambios en el estado de ánimo de los inversores. A la vista de la cada vez más patente ralentización de la actividad y el empleo que apuntan todos los indicadores de coyuntura conocidos este verano, lo responsable sería equilibrar el presupuesto lo antes posible en lugar de aumentar el gasto con fines electoralistas y dejar la cuenta impagada. Afortunadamente, la pertenencia de España a la UE y a la Eurozona frenará algo la deriva populista y contendrá los riesgos de ‘venezolización’ de nuestra economía sobre los que nos alertaba el propio Sánchez.

Sánchez se reúne con el ‘mentiroso’ Iglesias en La Moncloa para desatascar la elaboración de los PGE 2019. ¿Cómo va el Casoplón? Bien, muy bien. Y, ¿el Falcón? También bien. Todos progresamos y así deberían vivir todos los españoles.

En el terreno más político, la alianza Sánchez-Iglesias acentuará el intervencionismo y las interferencias partidistas en la prestación de servicios públicos, mientras que las concesiones a nacionalistas vascos (PNV) y secesionistas catalanes (ERC y PDeCAT) aumentarán la desigualdad entre españoles y socavarán la unidad de mercado. El penoso espectáculo al que hemos asistido en el relevo de la cúpula de la dirección de TVE este verano, ignorando los acuerdos alcanzados en el Congreso para aumentar la transparencia y primar la profesionalidad, resultan reveladores del marcado sesgo ideológico que el tándem Sánchez-Iglesias pretende imbuir a un ente financiado por todos. Que la circunstancia no sea novedosa no exime de denunciar lo que a todas luces constituye un comportamiento caciquil de ocupación de organismos y sociedades públicas por personas ideológicamente afines.

Sánchez y Torra intercambiando libros en La Moncloa antes de intercambiar otras cosas: traslado de presos, condonación de deuda, blindaje de competencias y quién sabe si hasta indultos a los golpistas y una consulta.

En cuanto a las negociaciones de Sánchez con los golpistas catalanes, hay afortunadamente también algunos límites que aquel no osará sobrepasar. La sala 61 del Tribunal Supremo ya ha rechazado la recusación contra varios miembros del Tribunal que juzgará a los golpistas y no cabe duda que el juicio se celebrará. ¿Qué puede ofrecerles Sánchez además de la promesa de indultar a quienes desafiando al Tribunal Constitucional, organizaron la consulta el 1-O y proclamaron la república? Más inversiones, más financiación extraordinaria y hasta la condonación parcial de la enorme deuda contraída desde 2012. Todo apunta a que contradiciendo la posición que expresó hace unos meses, Sánchez quiere ahora sacar a Cataluña del sistema general de financiación y ofrecer a Torra privilegios fiscales similares a los de El País Vasco, para que puedan explotar todas las oportunidades que comporta pertenecer a España y a la UE minimizando su aportación al sostenimiento del Estado. Unos lo llaman cupo, otros cara dura. Pero incluso más grave sería que Sánchez realice una consulta para blindar las competencias que la Generalitat empleó el pasado otoño para desplegar su plan insurreccional. La pérdida de credibilidad del Estado a nivel internacional sería enorme y elevaría varios grados la incertidumbre política y la desconfianza que ya pesa sobre la viabilidad de nuestra economía.

Sánchez, presidente del gobierno de España, se reúne con Torra, uno de sus avalistas, en La Moncloa el 9 julio de 2018.

Torra, presidente por designación de Puigdemont, saluda al expresidente el 28 de julio en Bruselas.

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Sánchez rentabiliza La Moncloa

Artículo publicado en el diario Expansión el 7 de julio de 2018

Rajoy felicita a Sánchez tras perder la moción de censura.

Algo más de un mes habrá transcurrido cuando este artículo vea la luz desde el audaz golpe de mano que aupó a Sánchez a La Moncloa el pasado 1 de junio, gracias al apoyo que los 85 diputados del PSOE-PSC y Nueva Canarias recibieron de los 71 diputados de Podemos y sus divergencias (En Comú, Compromís y Marea), de los 19 diputados de tres partidos secesionistas (ERC, PDeCAT y EH-Bildu), y de los 5 diputados del PNV. No es mera casualidad que los partidos que avalaron a Sánchez estén gobernando en dos Comunidades (Cataluña y El País Vasco) que pretenden implementar el ‘derecho a decidir’, y en los Ayuntamientos republicanos de Madrid y Barcelona, controlados por los ‘podemitas’ y ‘comunitas’ de Iglesias y Colau, respectivamente.

Rajoy comparece en rueda de prensa, nada más anunciarse la moción de censura el 25 de mayo de 2018.

Pese a la promesa inicial de que convocaría elecciones anticipadas en caso de que la moción de censura triunfara, nadie duda de que la verdadera intención de Sánchez tras instalarse en La Moncloa es alargar la legislatura cuanto pueda, para volver a ganarle a Iglesias las próximas elecciones, e intentar ganárselas también al PP, aunque sea por la mínima. Hasta que llegue el momento de poner las urnas, Sánchez buscará sacar el máximo partido del buen legado económico recibido del PP, para contentar con algunas golosinas a sus inquietos avalistas sin levantar suspicacias en Bruselas. El gran peligro para la estabilidad política y económica de España radica no tanto en lo que pueda hacer este Gobierno monocolor y provisional en los próximos meses, sino en lo que podría hacer (o deshacer) un gobierno de Sánchez e Iglesias en la próxima legislatura, respaldado por los secesionistas.

¿Elecciones? Ahora no… mañana

Iceta con Sánchez en Tarragona 16 de diciembre de 2017.

Sin escaño en el Congreso y con las encuestas vaticinando el temido zarpazo de Podemos, la situación de Sánchez era desesperada a finales de mayo. Alcanzar la presidencia del Gobierno, le proporcionó de la noche a la mañana el inesperado balón de oxígeno que tanto necesitaba, y el plan de rehabilitación del enfermo es muy simple: prorrogar cuento pueda esta presidencia accidental para reforzar su imagen de hombre de Estado y hacernos olvidar las dos docenas de votos infames que lo auparon a La Moncloa.

Iglesias felicita a Sánchez al finalizar la moción de censura.

Sánchez se ha dado prisa para aprovechar el sopor del sol y la playa para relegar al olvido las concesiones que está haciendo a sus avalistas. En primer lugar, está el bochornoso intento de poner a una persona afín a Sánchez e Iglesias al frente de RTVE, en lugar de adoptar un procedimiento transparente que asegure la independencia del ente público. Pero bastante más grave es el anuncio del traslado de los golpistas encarcelados (Junqueras, Romeva, Forcadell, etc.) a prisiones

Torra visitando a los exconsejeros encarcelados en la cárcel de Estremera.

controladas por el gobierno de la Generalitat, concesión

que sólo puede entenderse como el primer pago de Sánchez a Torra, el racista Le Pen español, por los servicios prestados el 1 de junio. ¡Que nadie se sorprenda de lo que pueda ocurrir dentro y fuera de los recintos penitenciarios de aquí al 11 de septiembre!

El principal objetivo de Sánchez es, sin duda, mantenerse en el poder para reforzar su imagen de hombre de Estado e intentar, además de dejar atrás a Iglesias, ganarle también las próximas elecciones a un descolocado PP. Sánchez es consciente de la oportunidad que le ha brindado la moción para

Aitor Esteban, portavoz del PNV en el Congreso, charlando con Montoro antes de rechazar las enmiendas a la totalidad el 26 de abril de 2018.

convertirse en Presidente, pero también de la impostura que supone gobernar con 84 diputados y 44 senadores. Que no pretende gobernar sino administrar el poder y evitar conflictos, quedó meridianamente claro cuando Sánchez aceptó ejecutar sin modificaciones los presupuestos “ideológicos y antisociales” elaborados por “un conductor dormido al volante de un país”, las cuentas que su partido había rechazado entre resoplidos una semana antes en el Congreso. Si el responsable de elaborar esos presupuestos era “un conductor dormido”, quien los ejecuta tras haberlos descalificado merece un adjetivo bastante más duro.

¿Cuánto durará la legislatura?

Torra ejerciendo de president ‘lazi’ tras tomar posesión del cargo.

Para seguir administrando el presupuesto heredado del PP en los próximos meses, Sánchez tendrá que hacer concesiones políticas y económicas de mayor calado tanto a los secesionistas catalanes y nacionalistas vascos, como a Podemos y a sus divergencias. En septiembre de 2015, Sánchez reafirmaba en Tarragona su ‘catalanismo’ y aceptaba reconocer la ‘singularidad’ de Cataluña dentro de una España federal. En abril de 2017, el entonces candidato a la secretaría general del PSOE abogaba en Barcelona por “reconocer a Cataluña como lo que es: una nación”. ¿Pretendía con estas frases Sánchez decirnos que Cataluña debería regir sus destinos con completa independencia del Gobierno, Las Cortes y los Tribunales de España? Supongo que no, pero en esa dirección ya apuntaba el Proyecto de Reforma del Estatut que aprobaron Maragall, Mas y Carod-Rovira el 30 de septiembre de 2005, cuando Rodríguez Zapatero estaba al frente del Gobierno de España. No descarten, pues, más autonomía y más dinero para Cataluña, y ni siquiera un nuevo tripartito (el sueño eterno de Iceta) para explorar los etéreos límites de la galaxia socialista.

Iglesias abraza a Tardà tras la intervención del diputado de ERC en el Congreso el 14 de junio de 2017.

Tampoco me sorprendería que Sánchez entretenga a Iglesias el próximo otoño con un proyecto de PGE que contemple aumentos sustanciales en el gasto ‘social’, imposibles de garantizar a medio plazo. Explotará hasta donde de sí el aumento de los ingresos que está produciendo la bonanza económica heredada del PP, aunque descarto que Sánchez ose presentar unas cuentas inadmisibles para Bruselas. Algo que sí contemplo, sin embargo, es que no llegue a ejecutarlas. Si como calculan los socialistas las encuestas confirmaran en los próximos meses que el PSOE repunta, y el PP y Podemos pierden terreno, Sánchez convocaría elecciones en la próxima primavera.

Soraya Sáenz de Santamaría denunciando el “abochornante espectáculo” del Parlament de Cataluña al aprobar la ‘ley del referéndum de autodeterminación’.

La situación en el otro lado del espectro político es francamente complicada. Los incrédulos dirigentes del PP, obligados a desalojar sus despachos oficiales e incluso a abandonar la política en cuestión de horas, están enfrascados en un proceso de renovación que nadie sabe cómo terminará, ni el apoyo que concitarán los nuevos líderes en las próximas citas electorales. Ciudadanos también ha quedado fuera de juego, víctima de su propia estrategia de exigir a Rajoy elecciones para cosechar los brillantes resultados que le auguraban las encuestas en mayo.

Casado, aspirante a dirigir el PP.

Tras la moción, el trasvase de votantes que apuntaba a Ciudadanos como primera fuerza política parece haberse revertido y las nuevas encuestas indican que el globo empieza a perder altura y los votantes de centro desencantados pueden volverse hacia el PSOE. Lo que sí parece alejarse de momento es la posibilidad de formar un gobierno de coalición entre PP y Ciudadanos.

Rajoy y Rivera sellando el acuerdo para investir al presidente del Gobierno.

Después del 26-J apunté en Expansión (“27-J: llegó la hora de los Pactos”), las enormes dificultades que encontraría Rajoy para gobernar y los graves riesgos que entrañaba “un gobierno PSOE-PSC-Unidos Podemos que contaría con el apoyo entusiasta de los partidos secesionistas catalanes y nos abocaría a un callejón sin salida.  No sólo nos devolvería a la recesión en pocos meses, como ocurrió en Grecia en 2015, sino que pondría en riesgo el régimen constitucional que ha propiciado los mejores años de nuestra reciente historia. Espero que tanto los líderes del PSOE como de Ciudadanos actúen con responsabilidad y abandonen cualquier tentación de participar en un gobierno con Iglesias y su corte de profesores universitarios descastados”.  Resistieron la tentación hasta que Sánchez recuperó la secretaría general, y aunque la recuperación de la economía española está hoy más asentada, me ratifico en las advertencias que hacía hace dos años sobre el peligro que entraña para la estabilidad política y la unidad de mercado el entendimiento de Sánchez con Iglesias, Torra y Urkullu.

Sánchez recibe a Torra en La Moncloa 9 julio de 2018.

Sánchez en la clausura del Congreso Federal del PSOE 18 junio de 2017.

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Torra: incoherente usurpador

Artículo publicado en el diario Expansión el 23 de mayo de 2018.

Torra en el acto de toma de posesión reducido a su mínima expresión y con ausencia de representantes de las instituciones centrales del Estado. Torre prometió fidelidad únicamente al ‘pueblo’ y al Parlament de Cataluña.

Las primeras declaraciones, decisiones y actos protagonizados por Torra tras su elección como presidente del gobierno de la Generalidad han confirmado su inequívoca voluntad de elevar la tensión social en Cataluña y reavivar la confrontación de la Generalidad con las instituciones centrales del Estado que caracterizó la presidencia de Puigdemont. Tal y como avanzó en sus discursos de investidura, los objetivos de su gobierno ‘provisional’ son restablecer las leyes de desconexión anuladas por el Tribunal Constitucional, movilizar a las bases de los partidos y asociaciones secesionistas y animarlas a tomar la calle (empoderar a la ciudadanía, fue el ampuloso término empleado), y retomar el proceso constituyente allí donde lo dejó su mentor el 27 de octubre, cuando después de proclamar la república y aplicarse el artículo 155 se dio a la fuga. No me cabe duda que éste (o Estremera) será también el destino de Torra, si insiste en mantener su desafío al Estado.

Puigdemont, Torra, Artadi en Berlín el 10 mayo de 2018 en la reunión en que se decidió investir a Torra.

Coherencia incoherente  

Varios gestos coherentes con ese plan de restitución han marcado los primeros días del mandato que el propio Torra ha calificado de ‘excepcional’. El primero, fue viajar a Berlín para reunirse con el cesado Puigdemont y dejar muy claro a Rajoy y a las autoridades de la UE quién es el ‘legítimo’ presidente de la Generalidad y quién su fiel secretario. El segundo, aprovechar el acto de toma de posesión de su cargo, reducido intencionadamente a su mínima expresión formal, para avisar que su única obligación de fidelidad es con el  ‘pueblo’ de Cataluña y el Parlament que lo representa, evitando hacer cualquier referencia de acatamiento a la Constitución y al Estatut. Por último, Torra se inclinó por desafiar a Rajoy incluyendo en su gobierno a dos exconsejeros de Puigdemont encarcelados (Rull y Turull) y a otros dos exconsejeros prófugos (Comín y Puig), a fin de disipar cualquier duda sobre su intención de restituir el gobierno ‘legítimo’ cesado el 27-O. Y para demostrar su compromiso inequívoco con su designación, Torra se desplazó a la cárcel de Estremera para entrevistarse con Rull y Turull.

Torra ejerciendo de president tras tomar posesión del cargo, nombra consejeros a dos exconsejeros prófugos y a dos exconsejeros encarcelados.

Estamos ante una política de aspavientos para la galería cuya pretendida coherencia esconde una incoherencia de partida que desactiva su pretendida radicalidad: el haber aceptado participar en unas elecciones que ellos mismos consideran ilegítimas. Si hubieran sido realmente coherentes con su propio relato, los líderes secesionistas se habrían negado a participar en las elecciones autonómicas convocadas por el Gobierno de España y habrían exigido la restitución del gobierno de Puigdemont. Incluso la fiera CUP cuyos líderes alardean de rechazar cualquier tentación autonomista y apostar por la desobediencia, se concurrió a las elecciones autonómicas del 21-D para preservar su principal fuente de ingresos: los sueldos de sus diputados en el Parlament. Tan cínicos como el mismo Torra, quien al aceptar concurrir a unas elecciones ilegítimas y prestarse luego a ser investido se convirtió en usurpador del ‘legítimo’ president en el ‘exilio’.

Efectos contraproducentes

Torra y Borrás fueron los negociadores designados por Puigdemont para asegurarse la abstención de la CUP.

Si Torra leyera estas líneas, quizá sonriera con ese aire de superioridad impostada del que hace gala al escuchar a sus adversarios en el Parlament, mientras decide donde encuadrarlos en su singular bestiario. Más allá de actitudes personales y poses tribales, hay un hecho objetivo incontestable: el ceremonial de confusión al que estamos asistiendo no busca restituir el gobierno de Puigdemont, una empresa imposible, sino meramente trasladar esa impresión a sus desconcertados votantes. Estamos ante una compleja operación de márquetin cuya verdadera finalidad es recuperar lo antes posible el control del presupuesto de la Generalitat para seguir inyectando desde las Consejerías, las Diputaciones y los Ayuntamientos la gasolina que sostiene el entramado administrativo-mediático-asociativo secesionista. Los puestos de trabajo y la adhesión fervorosa de decenas de miles de militantes e interesados afectos al régimen están en juego.

Torra departiendo amablemente con Riera, portavoz de la CUP, al finalizar la sesión de investidura.

Desconozco si Torra, recién llegado a la alta política, es plenamente consciente del terremoto que ha provocado pero no tengo ninguna duda de que los líderes de ERC y de lo que queda de CDC (PDeCAT), más duchos en lidiar con ingresos y gastos, saben que de prolongarse el 155 resultará imposible mantener la ficción del gobierno en el exilio, continuar financiando el hipertrofiado aparato mediático de la Generalidad y las costosas campañas de propaganda y proselitismo que la ANC, Òmnium Cultural, la AMI y la AMC, y las organizaciones sindicales (CCOO, UGT,

Los dirigentes sindicales Pacheco (CCOO) y Ros (UGT)encabezando la manifestación a favor de los golpistas el 15 de abril de 2018.

USTEC, Intersindical-CSC, etc.) vienen desarrollando por todos los rincones de Cataluña desde hace una década. Los saldos de las cajas de resistencia han debido quedar algo tocados tras abonar las costosas facturas de abogados y las fianzas de los encausados, y el castillo de arena podría deshacerse en pocos meses si se interrumpe el flujo de dinero público. La elección de Torra como décimo (o séptimo) presidente de la Generalidad y la exacerbación de la política gestual quizá hayan confortado a los votantes más amarillos pero puede resultar perjudicial para la financiación del proceso.

Torra, investido ya como president, posa con lazo amarillo tamaño de bolsillo para reclamar la libertad de los políticos encarcelado y fugados.

Después del agitado período que acabó con la destitución del gobierno de Puigdemont y la disolución del Parlament, el movimiento nacional-secesionista necesitaba una pausa. Lo inteligente habría sido aceptar el batacazo de octubre, olvidarse del patético Puigdemont, y situar al frente del gobierno de la Generalidad a un político más pragmático, dispuesto a llegar a acuerdos con Iceta y Domenech, dos catalanistas siempre prestos a tender puentes con los secesionistas. Iceta, por ejemplo, desaprueba la prisión preventiva de los golpistas y considera un simple ‘error’ los nombramientos de consejeros que no podrán ejercer sus cargos. En lugar de consensuar una salida con ellos para atrapar al Gobierno de España en sus redes, los secesionistas han optado por Torra y su descarnado proyecto de restitución. El candidato obtuvo los aplausos fervorosos de 65 diputados y también el rechazo sin paliativos de otros 65.

Rajoy y Sánchez en La Moncloa.

La elección de Torra y sus primeras decisiones han tenido consecuencias incluso más importantes en Las Cortes. A la vista del desafío planteado, PP, PSOE y Ciudadanos han aparcado sus diferencias sobre la estructura territorial del Estado y guardado sus propuestas de reforma constitucional. Mención especial merece, por lo novedosa, la firmeza mostrada por el secretario general del PSOE, refrendada por Robles, su portavoz en el Congreso, y Calvo, su secretaria de Igualdad. Sánchez apoya sin titubeos la decisión del Gobierno de impedir el nombramiento de políticos encarcelados o fugados y mantener vigente el artículo 155 entretanto no haya gobierno. El líder socialista tampoco ha descartado aplicar el artículo 155 reforzado, si Torra no rectifica. Pero, sin duda, lo más relevante de las últimas manifestaciones de Sánchez ha sido su propuesta de modificar el ordenamiento jurídico para exigir a cualquier electo acatar el orden constitucional al tomar posesión del cargo.

Torra visitando a los exconsejeros encarcelados en la prisión de Estremera.

Los políticos, como el resto de ciudadanos, pueden ser liberales o marxistas, monárquicos o republicanos. Lo que no pueden hacer es saltarse la Constitución y el ordenamiento jurídico invocando, como hacen Torra y la CUP, la ‘legitimidad popular’ expresada el 1-O. La fórmula empleada al tomar posesión del cargo de presidente de la CA de Cataluña resulta inadmisible en un Estado democrático, y el Gobierno debería haberle exigido acatamiento expreso a la Constitución antes de haber publicado su nombramiento. No se hizo con Puigdemont y así nos ha ido. Lástima que este acercamiento táctico entre los dos partidos con mayor representación en el Congreso llegue algo tarde y no sea el inicio de una fructífera relación que podría haber facilitado aprobar los PGE sin contraer gravosas hipotecas con el PNV. Me temo que no estamos a tiempo.

Puigdemont con los cuatro exconsejeros prófugos la noche del 21 de diciembrfe de 2017.

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La república del dedazo

Artículo publicado en el diario Expansión el 15 de mayo de 2018.

Torra, en el atril del Parlament, anunciando en la sesión de investidura que restablecerá las normas anuladas por el Tribunal Constitucional y retomará el proceso constituyente. 12 de mayo de 2018.

La fallida investidura de Joaquim Torra i Pla en el Parlament el 12 de mayo se resolvió este lunes con la proclamación del hombre elegido a dedo por Puigdemont para sucederle al frente del gobierno de la Generalitat. Mediado el domingo, el consejo político de la CUP reunido en Cervera anunció que sus cuatro diputados se abstendrían y harían buena la mayoría de 66 diputados de Junts per Catalunya (JcC) y ERC frente a los 65 de la oposición. A Torra, lo ha hecho presidente la misma fuerza política que hizo presidente a Puigdemont y apoyó su deriva republicana. Como todos los líderes de los partidos de la oposición advirtieron en sus intervenciones, la designación de Torra como presidente del gobierno de la Generalitat reabrirá, con más virulencia si cabe, la confrontación social y política en Cataluña y el conflicto entre la Generalitat y las instituciones democráticas del Estado.

Grupos organizados enfrentándose el 1-O a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

República o república

Ninguna otra cosa cabe esperar de un presidente que pretende en los cinco meses concedidos por Puigdemont restablecer las leyes anuladas por el Tribunal Constitucional, promover la desobediencia civil y retomar el proceso constituyente para restaurar la república que Puigdemont ya proclamó en octubre. Éste es el programa real que esconden las hermosas palabras del candidato: “diálogo y vida”. Sordos y ciegos a la realidad plural de la sociedad catalana, los diputados de los dos partidos secesionistas que apoyaron a Torra se niegan a aceptar que la coalición JxS sólo obtuvo el 39,5% de los votos en las elecciones del 25-S y que JxC y ERC lograron el 43,04% el 21-D.

Resultados de las elecciones autonómicas celebradas el 21-D en Cataluña.

El candidato Torra habló en nombre del ‘pueblo’ de Cataluña cuando en realidad JxC y ERC no representan en el mejor de los casos a más de 2,1 millones de catalanes de los 5,6 censados. Incluso sumando los votantes de la CUP, los catalanes que apoyaron a los partidos secesionistas sólo consiguieron el 47,5 % de los votos el 21-D. Le escuchamos también llenarse la boca con palabras como democracia y libertad, cuando en realidad su programa de gobierno atenta contra el principio más elemental de cualquier régimen democrático, a saber, el sometimiento de los gobernantes al ordenamiento constitucional y a las leyes democráticamente aprobadas, y cuando constituye un ejemplo de libro de intervencionismo autoritario en todos los ámbitos: político, social y económico. No me extraña que la CUP lo apoye.

Puigdemont, Torra, Artadi en Berlín el 10 mayo de 2018 en la reunión en que se decidió investir a Torra.

En su apartado populista, Torra nos remitió a una futurible república democrática, justa, eficiente y transparente completamente ajena a la bastante más pedestre realidad: Mas fue el sucesor nombrado a dedo por Pujol; Puigdemont el heredero elegido a dedo por Mas; y Torra el valido designado a dedo por Puigdemont. Sabemos ya que el patriarca de la saga, Jordi Pujol i Soley, se dedicó con toda su familia a saquear a los catalanes durante décadas. El ascenso de Mas y Puigdemont en CDC, no ocurrió por casualidad, sino por el importante papel que ambos desempeñaron en la trama del 3%: en la Consejería de Política Territorial y el Ayuntamiento de Gerona, respectivamente. Algún día conoceremos también qué parte de los recursos que Mas destinó a celebrar el tricentenario de 1714 –90 millones según el historiador Kamen– desaparecieron enterrados en el Born mientras Torra, nominado a dedo por el alcalde Trías, dirigía el centro ‘cultural’.

Radicalizar el conflicto

Torra fue nombrado a dedo por el alcalde Trias director del Centro Cultural del Born donde se enterraron millones de euros con motivo de la celebración del tricentenario de 1714. Presupuesto, según el historiador Kamen: 90 millones de euros. Apliquen el 3% para hacerse una idea de lo que pudo llegar a CDC.

Ni ser religioso ni haber editado algún que otro libro subvencionado por la Generalitat convierte a nadie en persona razonable, respetuosa y leal, mucho menos en humanista. La infinidad de tuits y artículos de opinión que ha publicado Torra en la última década, calificando a los españoles de ignorantes, opresores y expoliadores, producen vergüenza ajena, y lo invalidan para presidir el gobierno de la Generalitat. No parece haberse parado a pensar este ideólogo del secesionismo y rendido admirador de quienes practicaron el pistolerismo republicano, que los catalanes eran en 1714 tan pobres como el resto de españoles pero que su renta per cápita llegó a superar el 60% la media española en plena dictadura franquista. Basta con consultar la obra Estadísticas Históricas editada por Carreras (secretario de Economía de Mas-Colell) y Tafunell para comprobarlo. Constatado el impresionante progreso económico de los catalanes entre 1714 y 1975, resulta obligado concluir que si los españoles se dedicaron a expoliarlos hicieron muy mal su trabajo, Sr. Torra.

Torra y Trias en el centre cultural del Born.

Tras escuchar atentamente sus intervenciones y declaraciones de estos días y leer algunos de sus artículos, no albergo ninguna duda de que el séptimo presidente del gobierno de la Generalitat desprecia la lengua, las tradiciones y la cultura de la mayoría de catalanes, y está decidido a ahondar la fractura política y social abierta por Mas y Puigdemont, y a llevarla a sus últimas consecuencias. No nos engañemos más: Torra desenterró ayer el hacha y declaró la guerra. Quién crea que exagero, le recomiendo que lea su artículo “Per un nou Prats de Molló”. Como ocurrió en la Guerra de Sucesión, un conflicto mitificado y manipulado obscenamente por los partidos y las asociaciones secesionistas, esta guerra la ganará quien tenga mayor determinación, destine más recursos a la empresa y despliegue la mejor estrategia. De momento, los secesionistas van ganando: su determinación es indubitable; han dispuesto a su antojo de 38.000 millones de presupuesto para ganarse voluntades y financiar el entramado administrativo-mediático-asociativo; y, por último, dedican todo su tiempo, no a gobernar, sino a fortalecer el proceso secesionista en Cataluña y a desprestigiar la democracia española en el extranjero.

¿Está el Estado preparado?

Congreso de los Diputados: histórica sesión plenaria del 8 de abril 2014 en la que se rechazó la pretensión de los partidos catalanes de que se transfiriese al gobierno catalán la potestad de celebrar referéndums de autodeterminación.

Gobierno, Cortes y Tribunales se han limitado hasta ahora a responder a cada uno de los sucesivos golpes que la Generalitat y el Parlament iban asestando a nuestra democracia: aprobación de resoluciones y normas declaradamente inconstitucionales (resolución I/XI de inicio del proceso constituyente; conclusiones finales de la ‘comisión del proceso constituyente’ y las leyes del referéndum de autodeterminación y de transitoriedad jurídica y fundacional de la república’); acciones tumultuarias frente a la consejería de Economía y el Parlament y realización de la consulta ilegal del 1-O; y, por último, proclamación de la república el 27 de octubre.

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Puigdemont y Junqueras celebrando el golpe de estado en el Parlament el 27 de octubre de 2017.

Llegados a ese punto y muy a su pesar, Rajoy se vio obligado aplicar el artículo 155, destituir a Puigdemont y a sus consejeros, y convocar elecciones autonómicas. Pero poco se ha hecho para desmantelar el entramado administrativo-mediático-asociativo que protagonizó el golpe de estado, y para revertir el proceso insurreccional que los partidos y las asociaciones secesionistas alientan y alimentan desde el Parlament y los Ayuntamientos.

Rajoy en el Senado el 27 de octubre de 2017 solicitando la aprobación para aplicar el artículo 155 de la Constitución.

El 1-O pudimos constatar la imprevisión del Gobierno cuyo plan para impedir la consulta se vio superado por las acciones coordinadas del gobierno de la Generalitat y los Mozos, las asociaciones secesionistas (ANC, Ómnium y AMI), los sindicatos de enseñanza y los Comités de Defensa del Referéndum. Grupos bien organizados y pertrechados ocuparon los edificios públicos donde iban a celebrarse las votaciones y provocaron enfrentamientos con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado desplazados a Cataluña. Espero que el Ministro del Interior tomara buena nota y esté preparándose para afrontar el proceso insurreccional que se avecina. No basta para restablecer la normalidad democrática, Sr. Rajoy, apelar a “la sensatez, el sentido común y la legalidad” cuando enfrente se tiene a un gobierno dispuesto a saltarse la ley y a constituirse en república. Al Gobierno, al PSOE y a Ciudadanos les compete ahora adoptar las medidas necesarias para desmantelar el entramado golpista, y respaldar, no lo olviden, a los catalanes que están dando aquí la cara. Confío que así sea.

Rajoy y Sánchez en La Moncloa.

Rajoy y Rivera fotografiados en uno de sus últimas reuniones.

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Cataluña, de mal en peor

Artículo publicado en el diario Expansión el 12 de mayo de 2018.

Rajoy anuncia la destitución de Puigdemont y su gobierno.

Rajoy puede seguir evitando mirarse de frente en el espejo y continuar alardeando en el Congreso de la firmeza de su Gobierno al que atribuye los méritos de haber cesado al president Puigdemont y a todos sus consejeros y de haber aplicado el artículo 155 de la Constitución para restaurar el orden constitucional en Cataluña. Cierto, pero si él y sus Ministros se hubieran tomado la molestia de venir por aquí durante estos meses, y hubieran dedicado siquiera unas horas a visitar las Consejerías cuya titularidad ostentan desde el pasado 27 de octubre, y recorrido unas cuantas ciudades y pueblos de Cataluña, tal vez habrían llegado a la conclusión opuesta: la realidad política, administrativa, mediática y asociativa apenas ha cambiado tras la aplicación del 155.

Una nube amarilla

Torrent, con su lazo amarillo, junto a Artadi y Pujol, diputados de JxC, preparando en el Parlament una de las cuatro investiduras fallidas.

Quizá las dos imágenes que mejor resumen la situación política actual sean la de Torrent, sucesor de Forcadell, luciendo un lazo amarillo en su solapa mientras desempeña sus labores institucionales, y los enormes lazos asimismo amarillos que cubren los respaldos de los asientos vacíos de los diputados prófugos o encarcelados. No sé cómo ustedes calificarían esta situación pero a mí me parece una clara demostración de que el proceso insurreccional sigue su curso y la aplicación del artículo 155 no ha logrado restablecer el orden constitucional en Cataluña. Un Estado que permite a sus representantes dedicarse a tiempo completo a aprobar leyes anticonstitucionales y utilizar recursos públicos para ello, no tiene derecho a esperar que el tribunal de Schleswig-Holstein haga el trabajo que debería haber hecho por sí mismo: detener a Puigdemont y juzgarlo.

Después de cinco meses de aplicación del artículo 155, la dinámica de las instituciones de autogobierno de Cataluña no sólo no ha mejorado sino que todo indica que vamos a peor. Las secuencias de presidentes que han estado al frente de las dos principales instituciones autonómicas en los últimos años, De Gisbert, Forcadell y Torrent en el Parlament, y Mas, Puigdemont y Torra en el gobierno de la Generalitat, constituyen una prueba fehaciente de que quienes están al frente de instituciones que deberían representar a todos los catalanes, se han apropiado de las instituciones y están decididos a imponer sus puntos de vista al conjunto, saltándose las reglas democráticas más elementales: respeto a la ley y a la división de competencias y poderes. Todo vale si ayuda a promover la secesión de Cataluña.

Mas, elegido por Pujol para sucederle al frente de CiU, ganó las elecciones en noviembre de 2010, cuando todavía pensaba que la independencia era un concepto anticuado y que el presidente de la Generalitat debía dedicarse a gobernar. A partir del 11 de septiembre de 2012, Mas abandonó la calculada

Mas, con la sonrisa algo forzada, da una palmadita a Puigdemont después de que éste le sustituyera al frente del gobierno de la Generalitat.

ambigüedad característica de CiU y decidió dejar de ser el presidente de todos los catalanes para convertirse en el para convertirse en epresident de los independentistas. Consumó su desafío al Estado convocando la consulta ilegal del 9-N en 2014 por la que fue juzgado e inhabilitado y por la que el Tribunal de Cuentas le reclama 5,2 millones. Después de estos hechos gravísimos, solicité públicamente su dimisión. La radicalización de Mas provocó la ruptura de CiU y tras las elecciones del 27-S en 2015, Mas quedó rehén de la CUP que le obligó finalmente a ceder el timón a Puigdemont el 10 de enero de 2016. Fue el acta de defunción de la ya extinta CDC.

Aunque no hay ninguna duda de que Mas “El Astuto” acabó siendo un presidente sectario, hay que reconocer que procuró disimularlo durante algún tiempo.

Puigdemont posa mofándose de los 5 requrimientos enviados por el Tribunal Constitucional.

No así su sucesor que dejó muy claro ya en el discurso de investidura que su único objetivo era llevar Cataluña a las puertas de la independencia. Puigdemont fue un president sectario desde el instante en que fue investido y utilizó los casi dos años que presidió el gobierno de la Generalitat para aprobar las leyes de desconexión y patrocinar campañas internacionales para desprestigiar la democracia española. Fue precisamente la ‘ley del referéndum de autodeterminación’, aprobada el 6 de septiembre en el Parlament, el paraguas que utilizó para convocar la consulta ilegal el 1-O y proclamar la  independencia de Cataluña el 27 de octubre, horas antes de ser destituido y darse a la fuga. Como ciudadano, me resulta incomprensible que un prófugo pueda ser incluido en listas electorales y todavía más que el Estado le pague un sueldo envidiable. Algo no funciona bien en nuestra democracia.

Puigdemont con Torra y Artadi en Berlín el 10 de mayo antes de nominar a su ‘sucesor’.

Torra i Pla, el sucesor designado por Puigdemont para sucederle al frente del gobierno de la Generalitat, podría competir con su antecesor en cuanto a sectarismo se refiere pero parece incluso superarle en el ranking de xenofobia. Los tuits publicados por Torra no tienen desperdicio. Más allá de achacar a los españoles ser fuerzas de ocupación desde 1714 dedicadas a expoliar a los sufridos catalanes, Torra los califica de pijos, groseros, locos, fachas y otras lindezas que, advierte, se contagian como el sarampión. Seguro que este locuaz editor

Torra fue nombrado por el acalde Trias para presidir la Comisión que se encargó de remodelar el Born e inaugurar los fastos del tricentenario de 1714. Presupuesto, según el historiador Kamen: 90 millones de euros. Algunos de esos millones seguro que llegaron al bolsillo del ‘editor’ subvencionado y arruinado Torra.

podría explicarnos por qué el PIB per cápita de los catalanes, tan pobres como el resto de españoles en1714, superaba en un 60% el PIB de los españoles a mediados del siglo XX. Convendrán conmigo que si los españoles se dedicaron a expoliar a los catalanes, hicieron francamente mal su trabajo. Más allá de sus opiniones sobre el ser de los ‘españoles’, queda por averiguar si como editor ha traspasado el umbral de imprimir folletos secesionistas y papeletas electorales. Incluso Colau, la alcaldesa de Barcelona, lo ha descalificado como candidato y le ha exigido que pida perdón por “sus comentarios etnicistas y ofensivos hacia millones de catalanes”.

A vueltas con el 155

La receta secesionista puede resumirse en la fórmula T+T: no queríais una taza, pues aquí tenéis dos. Que pretendan investir a Torra presidente del gobierno de la Generalitat el próximo lunes, además de un insulto a la mayoría de catalanes que no votamos la lista de Puigdemont (JxC) ni la de Junqueras (ERC),

Torra, en el atril del Parlament, anunciando que retomará el proceso constituyente en la sesión de su investidura el 12 de mayo de 2018.

demuestra que los partidos secesionistas han perdido todo sentido de la decencia y están dispuestos a seguir instrumentalizando las instituciones de autogobierno para promover sus planes golpistas. Con Torrent en el Parlament y Torra en el gobierno de la Generalitat, se desvanece cualquier esperanza de recobrar la normalidad institucional, si por tal entendemos gobernar para todos en Cataluña y hacerlo con lealtad hacia el resto de instituciones del Estado. El plan T+T es gobernar para seguir engrosando la minoría secesionista hasta convertirla en mayoría (50% + 1) en el plazo más breve posible.

Rajoy y Rivera sellando el acuerdo para investir al presidente del Gobierno.

En la última sesión de control, Rivera retiró el apoyo que le dio al Gobierno para aplicar el artículo 155. Según explicó el líder de Ciudadanos, Rajoy debería haber recurrido la delegación de los votos de Puigdemont y Comín que resultan imprescindibles para elegir a Torra President en segunda votación. Rivera tiene razón en esta ocasión, aunque quiero recordar que no la tuvo cuando se opuso a aplicar el 155 el pasado septiembre ni cuando exigió a Rajoy que no interviniera TV3 y convocara elecciones autonómicas en el plazo más breve posible. Los constitucionalistas no entendimos entonces la urgencia Ciudadanos en rentabilizar la situación electoralmente como no comprendemos ahora la urgencia de Rajoy en levantar el 155, sin asegurarse antes de que el gobierno de la Generalitat acatará la Constitución. Cataluña sigue en estado insurreccional bajo el 155 y pronostico que la situación se agravará en cuanto Torra se instale en la buhardilla que Puigdemont le ha cedido en el Palau. Admito apuestas.

Torra está en la misma línea de radicalidad y compromiso con la ‘república’ que la CUP.

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Nuevo desafío del secesionismo al Estado

Artículo publicado en el diario Expansión el 22 de marzo de 2018.

Torrent “El Cancelador”: le viene grande hasta la bandera.

Tras el fallido intento de investir a Puigdemont hace unas semanas, Torrent ‘El Cancelador’ suspendió el pleno del Parlament convocado para investir a Sánchez, presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) preso en Soto del Real. Llarena, el juez del Tribunal Supremo que ordenó su ingreso en prisión investiga su participación en el intento de secesión de Cataluña organizado por el gobierno de la Generalitat (Puigdemont, Junqueras, Borràs, Comín, Forn, Ponsatí, Puig, Rull, Serret, Turull, etc.) y el Parlament (Forcadell, Rovira, Gabriel), con la colaboración indispensable de Sánchez, Cuixart, presidente de Òmnium Cultural, y Lloveras, entonces presidenta de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI).

Torrent en el acto del ‘9denou’ en Vic.

El interés del asunto no radica tanto en la previsible suspensión del acto en sí cuanto en las declaraciones que hizo Torrent en Vic –ciudad que recibió a Franco como a un héroe y ahora está literalmente plagada de banderas estrelladas y lacitos amarillos– en un acto organizado para celebrar el aniversario de uno de tantos medios de comunicación (el9nou) que subvenciona la presidencia de la Generalitat para promocionar el secesionismo en Cataluña. Resulta paradójico contemplar a la enfervorizada audiencia aplaudirle cuando Torrent reclamó “libertad de expresión y respeto institucional”. ¿Acaso no estaba ejerciéndola con pleno respeto institucional? Quién demostró una vez más falta de respeto institucional fue Torrent cuando advirtió con tono amenazador que “no permitiremos que los tribunales decidan quién es el presidente de la Generalitat de Cataluña”. ¿Acaso algún Tribunal pretende tal desatino? Ninguno, como  ninguno interfirió en su elección. Hay una sola razón, Sr. Torrent, por la que los candidatos propuestos hasta ahora (Puigdemont y Sánchez) no han sido investidos: su empecinamiento en proponer a prófugos o presos.

La cosa viene de lejos: Puigdemont con Sánchez, presidente de la ANC, y Cuixart, presidente de Omnium Cultural, preparando el 11 de septiembre de 2016. Testigo: Munté, consejera de Puigdemont.

Hacer república

Los políticos secesionistas deambulan frustrados y algo desconcertados porque los resultados electorales del 21-D vinieron a confirmar la falta de apoyo social para su proyecto. Hasta un declarado independentista como Carod-Rovira reconocía hace unos días que hace falta algo más que el 47,5 % de los votos para poder sacarlo adelante y les advertía que mayor será la frustración cuanto más tarden en reconocerlo. “Parece mentira –afirmó el exvicepresidente de la Generalitat en otro medio

Carod-Rovira (ERC), exvicepresidente del gobierno de Maragall “¿Es preciso seguir haciendo el ridículo?”.

subvencionado (8TV)– que dos meses y medio después de las elecciones aún estemos así. ¿Tanto cuesta elegir a un candidato que no esté huido o encarcelado? ¿Es preciso seguir haciendo el ridículo?” Torrent está dispuesto a hacer el ridículo hasta que alguien le ordene lo contrario.

Los candidatos de Junts pel Sí, la noche del 27-S. Entonces se las prometían muy felices,… ahora, parecen no reir tanto.

Incluso los catalanes que se sintieron atraídos por la promesa de forjar ‘un país nuevo y  justo’ están preguntándose qué fue de la hoja de ruta de JxSí que prometía proclamar la república en 18 meses contados a partir del 27-S; dónde están las ‘estructuras de estado’ que Puigdemont y Junqueras les aseguraban tener a punto para empezar la desconexión; por qué más de 3.200 sociedades han trasladado sus sedes a otras Comunidades y el asegurado reconocimiento internacional no ha llegado; y se preguntan qué pueden esperar de los líderes que apenas habían terminado de entonar el ‘cop de falç’ huyeron despavoridos por la frontera. “Ciutadans de Catalunya: ja no soc allí”, esta es

Puigdemont en Bruselas con un Mozo de Escuadra en funciones de guardaespaldas.

la primera frase que Puigdemont debería haber dirigido a los catalanes desde Bruselas.

Estamos asistiendo a la descomposición de un proyecto político cuya hoja de ruta ha sufrido mil y un cambios sin que, como apuntaba Carod-Rovira, Mas, Puigdemont y Junqueras hayan tenido la honradez de reconocer su fracaso. Como expliqué en mi artículo “Auge y decadencia del nacional-secesionismo” (Expansión, 23 de diciembre 2017), a pesar de contar con el respaldo de todas las instituciones autonómicas y locales, y el apoyo del potente entramado mediático-asociativo, el respaldo social no sólo ha retrocedido desde 2012 sino que ha despertado a los catalanes deseosos de seguir siendo

Junqueras presentando su hoja de ruta, 11 noviembre 2014.

españoles y europeos. El éxito de la manifestación del pasado 30 de septiembre en Barcelona, en vísperas de la consulta del 1-O, puso de manifiesto la pluralidad de la sociedad catalana, y marcó un punto de inflexión que refrendaron las movilizaciones del 8, 12 y 29 de octubre y 6 de diciembre en 2017, y el 4 de marzo en 2018.

30 septiembre: manifestación en vísperas de la consulta ilegal del 1-O. Vista general de la plaza de San Jaime.

Agotado pero no desmantelado

En la mañana del 26 de octubre, un día antes de la esperpéntica votación en el Parlament que precedió a su huida, el expresident Puigdemont estaba dispuesto a convocar elecciones anticipadas. Sólo faltó para que lo hiciera que el Gobierno de España le garantizara la impunidad de los líderes incursos en causas judiciales por su papel en los tumultos del 20-21 de septiembre frente a la Consejería de Economía, y por la organización de la consulta ilegal del 1-O. Al margen de lo absurda que resultaba su exigencia en un Estado de Derecho donde prevalece la división de poderes, la petición de Puigdemont revela la endeblez de las convicciones de quien al día siguiente votó a favor de constituir la república catalana.

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Puigdemont y Junqueras celebrando el golpe de estado en el Parlament el 27 de octubre, pocas horas antes de huir a Bruselas.”Un cop falç, un cop de…” antes de salir por piernas huyendo.

El desconcierto y las desavenencias actuales entre los líderes secesionistas confirman que ni el control absoluto de la Generalitat (Gobierno, Parlament, Diputaciones y Ayuntamientos) y la mayoría de medios de comunicación en Cataluña, ni las movilizaciones organizadas por la ANC, Òmnium y AMI durante los últimos años han dado los frutos esperados. Pero aunque la resaca ha arrastrado a algunos de sus líderes más adentro, todo apunta a que volverán a las andadas en cuanto el mar nos los devuelva o sean reemplazados por otros. Y es que para la casta secesionista, “hacer república” es el conjuro mágico que propulsa sus carreras políticas, y les proporcionan días de gloria y hasta un confortable modus vivendi, al menos mientras la impunidad dura.

Para constatar lo poco que ha cambiado la situación política tras la aplicación del artículo 155, basta con observar la realidad  cotidiana y ojear el borrador del acuerdo alcanzado por JxC y ERC para repartirse la Generalitat. Los mandos de los Mozos, salvo Trapero, siguen en sus puestos pese a la pasividad y hasta connivencia mostrada el 1-O y las informaciones publicadas sobre el espionaje al que han sometido a catalanes de a pie y a miembros del Gobierno español. La mayoría de Ayuntamientos continúan incumpliendo el ordenamiento jurídico y financiando a la AMI. Gasseni, su presidente provisional, reclamaba hace pocos días “hacer efectiva la república”, y la nueva ejecutiva, presidida por Cervera, reiteraba su rechazo al Estado de Derecho en el manifiesto de Tárrega. Torrent y los portavoces de JxC y ERC cuestionan todos los días la competencia de los Tribunales para pronunciarse sobre actos contrarios al ordenamiento jurídico.

Aspecto actual del Centro de Atención Primaria del Servicio Catalán de Salud (CatSalud) en Vilobí del Penedés.

Ayuntamiento Vilobí del Penedés 23 de febrero de 2018: en rebeldía.

El borrador incluye también el compromiso de “impulsar el Proceso Constituyente, que contempla movilizar a la sociedad catalana… contra la represión policial y jurídica del Estado español”, crear comisiones parlamentarias y realizar una ‘multiconsulta’. Incluso lleva el desafío al Estado de Derecho un punto más allá, al incluir la propuesta de dejar en manos de la corte belga de Puigdemont, compuesta por la “Asamblea de Representantes,

Artadi, Torrent y Pujol en el Parlament tras sellar el acuerdo de investidura.

Presidencia y Consejo”, la “capacidad para impulsar políticas, estrategias, propuestas y la internacionalización”. El desafío lo completa el compromiso de “implementar en los seis meses siguientes la Moción 55/XI sobre la desmilitarización

El Parlament pide al Govern, a instancias de la CUP, prohibir los desfiles militares en Cataluña. Y el PSC de Iceta reclama el traspaso del patrimonio militar a la Generalitat.

de Cataluña aprobada por el Parlament el 14 de julio de 2014”. Como no podía ser de otra manera, la Fiscalía ya ha advertido al juez Llarena que el acuerdo vulnera la legalidad vigente. Ahora que el lector juzgue si la aplicación del 155 ha restablecido (o no) la normalidad democrática en Cataluña.

Asamblea de la AMI el 15 de marzo de 2018: conjurados con Cervera, su nuevo presidente para seguir trabajando por la independencia.

 

 

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Abandonados

Artículo publicado en el diaro Expansión el 24 de febrero de 2018.

Turull, consejero portavoz en el último gobierno de Puigdemont, Baños, diputado de la CUP, y Romeva, consejero de Puigdemont para la internacionalización del proceso, presentando las enmiendas a la Resolución I/XI de inicio de la independencia el 6 de noviembre 2015.

Hace bastante tiempo, demasiado, alerté sobre las negativas consecuencias que había producido el progresivo desvanecimiento (“Cuando el Estado se desvanece”, Expansión 9/07/2013) de las instituciones centrales del Estado (ICE=Gobierno+Cortes+Poder Judicial) en la vida cotidiana de los catalanes. El asunto viene de muy largo y ha ido creciendo a la par que aumentaban las  competencias traspasadas a las instituciones de la Generalitat que, no contentas con administrar sanidad, educación o seguridad con total autonomía, cuestionaron, primero, la facultad de las ICE para aprobar normas básicas o enmendar las normas autonómicas, y acabaron, finalmente, por constituirse en sujeto soberano e iniciar el proceso constituyente que llevó a aprobar las llamadas ‘leyes de

Forcadell, la guardiana de la urna transparente en la que se votó la independencia de Cataluña en cumplimiento del mandato recibido en la consulta ilegal celebrada el 1-O.

desconexión’, a celebrar la consulta del 1 de octubre (1-O) y a proclamar la república catalana.

Todo sigue igual

Rajoy en el Senado el 27 de octubre de 2017 defendiendo la aplicación del articulo 155 de la Constitución.

El Gobierno de España paró el golpe de Estado aplicando el artículo 155 de la Constitución en el tiempo de descuento, convocó apresuradamente elecciones autonómicas el 21-D y los Ministros se hicieron cargo de las Consejerías en el ínterin, a la espera de que el nuevo Parlament invistiera al President. Excepto por los ceses habituales del personal de confianza y el desmantelamiento de las embajadas y algún otro organismo menor, la destitución del gobierno de la Generalitat apenas ha alterado el funcionamiento de las administraciones catalanas, y los Ministros en funciones, como los espíritus puros, no se han dejado ver por aquí en tres meses y medio. Sólo los Tribunales apoyados por los servicios de investigación de la Guardia Civil y la Policía Nacional han continuado trabajando para desenmascarar las argucias y estratagemas desplegadas por el gobierno de Puigdemont y los mandos de la policía autonómica en la preparación del 1-O y la consumación del golpe de Estado.

Sánchez, presidente de la ANC, y Cuixart, presidente de ´Òmnium, arengando a los comités de defensa del referéndum subidos a un vehículo de la Guardia Civil el 20 de septiembre de 2017.

Malparada neutralidad

Incluso menos han cambiado las relaciones cotidianas entre administradores y administrados. En numerosos Ayuntamientos, las banderas estrelladas que engalanaban farolas y rotondas y casas consistoriales siguen ondeando por toda Cataluña. Proyectado en la fachada del auditorio municipal de Sant Cugat del Vallés (SCV), puede admirarse estos días un enorme lazo amarillo y los espectadores ven incrédulos como un sujeto con aspecto lúgubre anuncia antes de iniciarse el concierto que se interpretará (fuera de programa) el ‘canto de los pájaros’ para exigir la libertad de los ‘presos políticos’.

El senador Vidal (ERC) afirma que los comisarios de los Mozos desobedecerán al Estado. El Confidencial, 26 de enero de 2017. El Gobierno estaba avisado.

En Cataluña, las instituciones autonómicas abandonaron hace mucho tiempo cualquier viso de neutralidad administrativa y se convirtieron en correas de transmisión de las consignas del gobierno de la Generalitat, sin que nada hicieran los Gobiernos de España para impedirlo. En los últimos meses, hemos visto infinidad de carteles en dependencias de Consejerías y Ayuntamientos exigiendo la libertad de los presos, y a funcionarios exhibir en la solapa lacitos amarillos en sus puestos de trabajo. Los órganos rectores y las organizaciones sindicales convocaron a los miembros de la comunidad universitaria a manifestarse el 20 de septiembre contra la “represión política” y la “involución democrática”. La pasada semana, la Rectora de la UAB autorizó la celebración de una fiesta organizada por el sindicato de estudiantes de los ‘países catalanes’ en la que se prohibía expresamente exhibir cualquier actitud “machista… españolista o fascista”.

Los acosadores de Balaguer. “Escuela en catalán no acatamos”.

Los profesores en colegios e institutos públicos siguen adoctrinando a niños y a jóvenes sin ningún pudor o recato. Al día siguiente del 1-O, puedo dar fe que piquetes de estudiantes impedían la entrada algunos centros y que algunos directores proporcionaron materiales para que los alumnos fabricaran carteles que equiparaban nuestra democracia con la dictadura de Franco. Se interrumpieron las clases y se conminó a los alumnos a salir a los patios (quienes se resistieron fueron abucheados) donde la función terminó entonando ‘els segadors’. En el franquismo, esto se llamaba ‘formación del espíritu nacional’.

Gaseni, nuevo presidente interino de la AMI, junto a Torrent, nuevo presidente del Parlament, y otros líderes golpistas en la manifestación del 16 de febrero de 2018.

Hace unos días, una amiga desolada me mostraba las palabras que su cuñada había dejado en el chat familiar: “aunque sea profesora de inglés, ahora voy a adoctrinar incluso más”. Una profesora de catalán de instituto recomienda a los alumnos consultar la página “verbscatalans”, donde junto al espacio reservado para introducir el verbo aparece la bandera estrellada; no acaba aquí el asunto: al situar el cursor sobre la bandera aparece el mensaje “Carles Puigdemont President de Catalunya”.

 

El presidente de la ACM Miquel Buch y la presidenta de la AMI Neus Lloveras mamifestándose en Bruselas junto al eurodiputado Tremosa en apoyo a Puigdemont.

Resumen de la regresión democrática del Estado español y sus agravios contra Cataluña, editado por la ACM y la AMI.

El entramado asociativo-mediático que propició y patrocinó el golpe sigue también intacto. Es cierto que Sánchez y Cuixart, presidentes de la ANC y Ómnium, respectivamente, están encarcelados, y Lloveras, la alcaldesa de Vilanova investigada, ha renunciado a presidir la Associació de Municipis per l’Independencia (AMI). Pero las tres organizaciones siguen operativas y Gaseni (ERC), presidente interino de la AMI, declaraba en PUNTAVUI TV que “AMi@_Cat está dispuesta a apoyar al gobierno catalán y a prestar apoyo a la dirección que tome el país”. Hace casi un año que expuse en Expansión las razones por las que la AMI, una asociación que “trabaja única y exclusivamente por la independencia de Cataluña”, debería haber sido ilegalizada. Pues ahí sigue, como la ANC y Òminum, promoviendo la república independiente en casa y en el extranjero.

Sanchís, presidente de TV3.

Y ahí siguen también al frente del entramado mediático los mismos dirigentes que han jaleado las decisiones y acciones de los gobiernos de Mas y Puigdemont durante los últimos años en medios de comunicación públicos o subvencionados por la Generalitat, y han lanzado a sus ‘bien pagaos’ presentadores y contertulios estrellas a acosar a los líderes de los partidos constitucionalistas (Ciudadanos y PP), sometiéndolos a interrogatorios de tercer grado. Al contrario, esos mismos comunicadores han mostrado una solicitud rayana en el servilismo cuando se trataba de difundir las declaraciones de los protagonistas del golpe, concederles entrevistas a golpe de teléfono o reclamar la libertad de los presos. En la dictadura, a este periodismo se le denominaba ‘prensa del régimen’.

Temor

Adoctrinamiento escolar.

Los gobiernos de Rajoy poco o nada han hecho para cambiar la situación desde 2011. Ahora que se han cumplido 100 días de vigencia del artículo 155 sin dar palo al agua, el ministro Méndez de Vigo nos ha sorprendido al declarar que el Gobierno, comprometido con la libertad, estudia la fórmula para que los catalanes puedan decidir si quieren que el castellano sea lengua vehicular. Escucho atónito a algunos tertulianos en Madrid cuestionar la oportunidad de hacerlo ahora por temor a soliviantar e insuflar vida a los alicaídos secesionistas.

Font, portavoz naconal del sindicato USTEC dirigiéndose a los congregados en la Plaza de la Catedral el 8-N de 2017: “No donarem classes en castellà, i a més no renunciem a parlar de política a les aules”.
“No daremos clase en castellano y además no renunciaremos a hablar de política en las aulas”

Al margen del error de apreciación en su diagnóstico –no están tan debilitados–, me llamó poderosamente la atención su escaso conocimiento de la realidad social. Pese a las movilizaciones constitucionalistas del pasado otoño, persiste el temor a hablar con libertad, mucho más en el ámbito escolar, y ninguna familia sensata está dispuesta a arrojar a sus hijos a los leones –maestros y profesores mayoritariamente secesionistas afines el sindicato USTEC–, a menos que se les ofrezcan sólidas garantías. Después de tanto tiempo sin hacer nada, el Gobierno debería empezar la casa por los cimientos no por el tejado.

Les referiré algo que me ocurrió hace unos días y me conmovió profundamente. Me dirigía al coche cuando me crucé con una señora que me preguntó si era el “señor Clemente”. Le respondí afirmativamente y tras presentarse comenzamos a hablar. Se mostró indignada por todo lo que está sucediendo, y cuando le comenté apuntando al Ayuntamiento que acababa de solicitar la retirada de los lazos amarillos que cubrían la entrada del Centro de Salud, me pidió asustada que no señalara porque podrían estar viéndonos. Aquí y ahora, como durante el franquismo, hay miedo, auténtico miedo a expresar lo que uno piensa, especialmente en las comunidades pequeñas.

Aspecto actual del CAP Vilobí del Penedés.

Una estrellada colocada en el Centro de Atención Primaria (CAP) de Vilobí del Penedés, julio 2015.

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