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Puigdemont apuntilla a Mas y al PDeCAT

Artículo publicado en el diario Expansión el 17 de enero de 2018.

Mas entrando a la sede donde tuvo lugar el Consejo Nacional del PDeCAT el 13 de enero de 2017.

Cataluña ha vivido un  fin de semana intenso, protagonizado por la amarga despedida de Artur Mas i Gavarró de la política, y el entierro anticipado de la sardina. Me refiero, claro está, al casi nonato Partido Demócrata Catalán (PDeCAT), constituido en julio de 2016 para poner tierra de por medio con la otrora todopoderosa Convergencia Democrática de Catalunya (CDC), el partido de los Pujol, Mas y Puigdemont. Y la semana que empieza llega también muy cargadita. El lunes, la Audiencia Provincial de Barcelona hizo pública la sentencia del caso Palau-CDC y el miércoles 17 se constituirá el Parlament de Cataluña, un espectáculo circense que promete superar incluso el sainete puesto en escena en la pasada legislatura.

Puigdemont dirigiéndose al PDeCAT el 13 de enero de 2017 después de la despedida de Mas.

 Moises y el PDeCAT al sumidero

Mas decidió ponerse al frente del movimiento independentista y convocó elecciones plebiscitarias después del éxito de la Diada del 11 de septiembre de 2012.

A Artur Mas se le recordará como aquel presidente del gobierno de la Generalitat que haciendo gala de su irrefrenable oportunismo decidió subirse al carro de la independencia el 11 de septiembre de 2012 y sucumbió a manos de una decena de insobornables matronas feministas y pancatalanistas, rabiosamente socialistas y anticapitalistas, que decidieron vetar su investidura y enviarlo a la papelera de la historia. Nombrado presidente del PDeCAT en julio 2016, deambuló errante y errático por la política catalana, esperando inútilmente que el ‘pueblo’ reclamara su vuelta y se ha despedido de la política a las puertas de la Tierra prometida mientras su testaferro les asestaba, a él y a su criaturita, el PDeCAT, el golpe de gracia desde Bruselas.

Mossos d’Esquadra entrando para registrar el Palau de la Musica el 24 de julio de 2009.

Las tribulaciones de Mas y CDC comenzaron el 23 de julio de 2009 cuando la policía judicial irrumpió en el sagrado templo del Palau de Música Catalana y salió de allí cargada, no con viejas partituras olvidadas, sino con trece cajas con abundante documentación cuyo contenido acabó por incendiar el oasis catalán. Las declaraciones de los delincuentes confesos, Millet y Montull, presidente y gerente de la Fundació Palau de la Música-Orfeó Català, permitieron desvelar el modus operandi que utilizaba CDC para financiarse ilegalmente. Según se desprende de las investigaciones, algunas empresas adjudicatarias de obra pública donaban un porcentaje de la cuantía a la Fundación del Palau que los diligentes Millet y Montull se encargaban de hacer llegar a CDC. El presidente Maragall estaba en lo cierto cuando en 2005 le espetó a Mas en sede parlamentaria, ustedes tienen un problema que se llama 3%, aunque al parecer se quedó corto.

La suerte de Mas ha ido de la mano de la de Daniel

Mas abraza a Osàcar en 2011. Osácar, secretario personal (2000-2005) y el tesorero de CDC (2005-2011) y las fundaciones (Trias Farga y CatDem) de CDC, ha sido condenado por la Audiencia Provincial de Barcelona a 4 años y 5 meses de cárcel por los delitos que se le imputaban.

Osácar, el hombre que fue su secretario personal entre 2000 y 2005, y se convirtió en el tesorero de CDC y de la fundación Trias Farga y su sucesora FemCat. La publicación de la sentencia del caso Palau-CDC cifra la cuantía de los fondos recibidos por el partido de Pujol, Mas y Puigdemont en 6,6 millones de euros y el juez condena a Osàcar a 4 años y 5 meses de prisión. Nadie espera que Mas tenga la gallardía de asumir las responsabilidades en que incurrió su subalterno en los años claves en que desempeñó los cargos de  consejero de Política Territorial y Obras Públicas (1995-1997), consejero de Economía (1997-2000) y primer consejero del gobierno de la Generalitat (2000-2003). Hay indicios de que la práctica de cobrar comisiones no se circunscribía a empresas remilgadas que, como Ferrovial, disimulaban por pudor sus pagos patrocinando al Palau, sino que ese trataba de una práctica generalizada. Lo que hoy se ha juzgado es la punta visible del iceberg de la corrupción convergente.

Homs, condenado por el Tribunal Supremo, Turull, exconsejero investigado en libertad bajo fianza, y (Oriol) Pujol, investigado y condenado, arropando todos ellos a Daniel Osàcar, el tesorero de CDC cuando compareció en el Parlament. ¡La nueva Cataluña!

Aunque el caso Palau-CDC fue el inicio del fin de Mas y CiU, su oportunista conversión al secesionismo en 2012 le ha causado también numerosas tribulaciones. A pesar de las presiones ejercidas por la Generalitat, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) le juzgó por desobedecer al Tribunal Constitucional y organizar la consulta ilegal que se celebró en Cataluña el 9 de noviembre de 2014. A la inhabilitación de dos años que le impuso el TSJC, hay que sumar la fianza de 5,2 millones que le exigió el Tribunal de Cuentas para cubrir el daño causado al erario público.

Artur Mas junto a las exconsejeras Joana Ortega e Irene Rigau en el banquillo del TSJC. Fue inhabiliado durane dos años.

Si bien la  ANC puso 2,2 millones para hacer frente a la fianza, quedan 3 millones por pagar y Mas tiene su vivienda y propiedades embargadas. Por si todo esto fuera poco, el juez Llarena del Tribunal Supremo, instructor de la causa por rebelión, secesión y malversación de caudales públicos contra varios ex-consejeros del gobierno de la Generalitat y contra los presidentes de la ANC y Òmium, va a citar a Mas como investigado por su presunta pertenencia al “comité estratégico” que protagonizó el “inaceptable intento de secesión” que culminó con la proclamación de la república catalana el 27 de octubre de 2017.

Mas en su despedida del PDeCAT.

En su lacónica despedida ante los militantes abducidos por Puigdemont, el expresident no pudo reprimir su sentimiento de frustración al verse alejado de la primera línea política y les previno del peligro que entraña arrojarse en brazos de “líderes que confunden la realidad con la ideología”. El reproche, válido para él mismo, iba dirigido a su locuaz epígono flamenco, que le contestó a renglón seguido empleando el plural mayestático: “no sufrimos ningún trastorno de ideología”. Arrojado a la papelera de la historia por su propio partido, Mas dispondrá ahora de todo el tiempo del mundo para hacer frente a las causas judiciales que le esperan. Víctima de la corrupción y de su propia altivez y oportunismo, Mas pasará a engrosar la lista de los peores políticos catalanes: por haber acabado con CiU y haber arruinado su propio partido, dejándolo en manos de un prófugo amoral.

Mas, con la sonrisa algo forzada, da una palmadita a Puigdemont después de que éste le sustituyera al frente del gobierno de la Generalitat.

Adelanto del Carnaval en Cataluña

El 17 de enero están convocados los diputados que obtuvieron escaño en las elecciones del 21-D para constituir el Parlament de Cataluña. Se pondrá en marcha la XII legislatura que, me atrevo a pronosticar, será más bronca e incluso más corta que la precedente. Puigdemont y su grupito de junteros y aduladores insisten en que todo lo que no sea investirle a él presidente será un ‘fraude democrático’ y están dispuestos a retorcer el reglamento de la Cámara y saltarse el Estatut o lo que haga falta. Sorprende tanta insistencia y personalismo, máxime habida cuenta que Puigdemont manifestó en distintas ocasiones tras su azarosa investidura el 10 de enero de 2016 que carecía de ambiciones personales y no se presentaría a la reelección. “No seré presidente dentro de un año”, afirmó el 5 de enero de 2017.

Puigdemont y su gobierno legítimo en la página oficial de la Generalitat abierta desde Bélgica.

Pugidemont no puede refugiarse aduciendo que no fue él quien convocó las elecciones del 21-D, porque en su mano estuvo hacerlo y prefirió salir huyendo. Lo más incomprensible del embrollo republicano –nadie entiende que quien se considera el ‘presidente legítimo’ de un gobierno en el exilio aspire a ser investido por diputados escogidos en unas elecciones ‘ilegítimas’– es que la dirección de ERC haya buscado refugio en los letrados de la Cámara, a los que hizo caso omiso en la pasada legislatura, para poner reparos a la investidura de un ausente Puigdemont. ERC obtuvo 935.861 votos frente a los 948.233 que obtuvo JxC, y los republicanos están tan legitimados por las urnas como JxC para presentar su candidato. De hecho, resultaría una grotesca afrenta para Junqueras, preso por afrontar sus responsabilidades como vicepresidente del gobierno de la Generalitat, que su partido apoyara la elección del expresidente prófugo.

Puigdemont dirigiéndose al PDeCAT.

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Tabarnia: entre inocentada y regalo de Reyes

Artículo publicado en el diario Expansión el 11 de enero de 2018.

Montilla, presidente de la Generalitat, junto al expresidente Pujol y Benach, presdiente del Parlament, en la manifestación organizada por el gobierno catalán contra el Tribunal Constitucional el 10 de julio de 2010.

El 4 de agosto de 2014 Expansión publicó un artículo (“El  funesto legado político de Jordi Pujol”) en el que sostenía que el mayor logro político del defraudador confeso en los 23 años en que permaneció al frente del gobierno de la Generalitat fue precisamente conseguir que los partidos de izquierda en Cataluña asumieran como algo natural y hasta progresista la ideología nacionalista, y acabaran concediendo al hecho diferencial catalán y a los intereses particulares de los ‘catalanes’ primacía sobre las nociones igualitarias de ciudadanía e interés general consagradas en la Constitución de 1978. En otras palabras, Pujol consiguió que  la izquierda catalana acabara dando prioridad en sus programas a los intereses locales o de ‘país’,  y relegara a un segundo plano las políticas en marcos territoriales más amplios, como España y la UE.

Maragall, presidente del gobierno de la Generalitat, con Zapatero haciendo de Don Tancredo en el balcón del Palau de la Generalitat, y un sonriente vicepressidente Carod-Rovira (ERC).

El desarme ideológico de la izquierda ante el nacionalismo se aceleró paradójicamente tras las elecciones de 2003, cuando el gobierno tripartito asumió como tarea propia impulsar la segregación de Cataluña del resto de España, algo que ni siquiera Pujol se había atrevido a plantear en 23 años. Aunque camuflado bajo la apariencia de avanzar políticas sociales, el planteamiento era en el mejor de los casos profundamente conservador, al pretender mejorar el bienestar de los catalanes imponiendo límites territoriales a la solidaridad interpersonal en el ámbito fiscal y levantando barreras lingüísticas para segregar el mercado laboral. Políticamente, representaba el triunfo del particularismo frente al universalismo y nos retrotraía a una concepción de España suma de compartimentos prácticamente estancos, más propia de los siglos XVII y XVIII que de los Estados modernos sustentados en la noción de ciudadanía y los ideales de libertad, igualdad y fraternidad.

Paso a paso

Maragall, presidente del gobierno de la Generalitat, y Mas, entonces jefe de la oposición, aplaudiendo tras aprobarse la Propuesta de Reforma del Estatut de Catalunya el 30 de septiembre.

No fue casualidad que todos los partidos que aglutinaron a militantes socialistas y comunistas (PSC, ICV-EUiA) en Cataluña y sucedieron a Convergencia Democràtica de Catalunya y Unió Democrática de Catalunya al frente del gobierno de la Generalitat en 2003 incluyeran también en sus siglas la letra ‘C’ de Cataluña que marcaba con toda claridad los límites territoriales de sus anhelos y aspiraciones. Tampoco que el gobierno tripartito que formaron junto a ERC aprobara la Propuesta de Reforma del Estatut de Cataluña en septiembre de 2005, un texto que proclamaba al ‘pueblo’ catalán sujeto soberano en base, no a la Constitución de 1978, sino a unos supuestos derechos históricos. Tal fue la claudicación ideológica de socialistas, comunistas y republicanos al nacionalismo endogámico y excluyente que algunos catalanes se vieron casi obligados a constituir un nuevo partido político en 2006, Ciudadanos, con el propósito de reivindicar el concepto de ciudadanía como piedra angular de una sociedad libre e igualitaria.

Pacto del Tinell, diciembre 2003. Maragall (PSC), Carod-Rovira (ERC) y Saura (ICV-EUiA).

Sin pretensión de ser exhaustivo, ahí están para ilustrar esta rendición incondicional de la izquierda al nacionalismo la virulenta reacción del gobierno de Montilla (2006-2010) a los inocentes decretos de enseñanzas mínimas –exigían dedicar tres horas a la enseñanza de la lengua y literatura castellanas en los ciclos de primaria –, aprobados por el Gobierno de Zapatero en diciembre de 2006 y nunca aplicados en Cataluña, o el indignado rechazo del President a la sentencia del Tribunal Constitucional que recortaba 14 artículos del Estatut y su llamada a los catalanes a sumarse en la primera manifestación masiva organizada por el propio gobierno de la Generalitat contra las instituciones centrales del Estado en julio de 2010. Ahí están también la tutela ejercida por los Ayuntamientos a las ‘consultas por la independencia’ que tuvieron lugar entre septiembre 2009 y abril 2011, con apoyo explícito de los concejales del PSC, ERC e ICV-EUiA, la inclusión del ‘derecho a decidir’ en los programas de estos tres partidos en las elecciones de 2012. Y ahí están la exigencia del PSC de reformar la Constitución para blindar las actuales competencias o su insistencia en que la Agencia Tributaria de Catalunya recaude todos los impuestos devengados en Cataluña y el modelo de financiación respete el principio de ordinalidad.

Montilla llama a los catalanes a manifestarse contra el Tribunal Constitucional en julio de 2010.

¡Toma del frasco!

Después de tantos años de intoxicación, la confusión creada tanto entre la ‘inteligencia’ catalana como a pie de calle es enorme. En el más puro estilo franquista, la ‘izquierda’ nacionalizada asumió la exclusión del castellano como lengua vehicular en la escuela catalana y los medios de comunicación públicos e impulso multas a quienes desatendieran la obligación de rotular en catalán sus negocios. Pretendió, asimismo, hacer pasar por federalismo lo que en realidad era en la Propuesta de Reforma del Estatut de 2005 una vaga confederación de ‘pueblos’ libremente asociados, y acabó incorporando el ‘derecho a decidir’ o incluso el ‘derecho a la autodeterminación’ en sus programas electorales. Y utilizó torticeramente los siempre discutibles saldos de las balanzas fiscales de Cataluña con la Administración Pública Central para exigir mejoras en la financiación de Cataluña y trasladar a los catalanes la falsa noción de que estaban siendo expoliados por el mismísimo Felipe V resucitado.

Rivera en el cartel electoral de las elecciones autonómicas de noviembre de 2006.

Inconsistencias que han pasado a formar parte del acervo indiscutible de una izquierda nacionalista y nacionalizadora y han propiciado, además del nacimiento de Ciudadanos, una iniciativa para segregar las zonas más populosas de las provincias de Barcelona y Tarragona y constituir la ‘comunidad autónoma’ de Tabarnia. Si Cataluña en tanto que sujeto de derechos históricos tiene ‘derecho a decidir’, lo mismo podría decirse de la mayoría de condados o marquesados que acabaron conformando su territorio. Si Cataluña tiene derecho a recaudar los impuestos aquí devengados, el mismo privilegio podrían reclamar otros ‘territorios históricos’. Si la existencia de un déficit fiscal de Cataluña con la Administración Central, faculta al gobierno de la Generalitat a exigir una mejor financiación, lo mismo podrían demandar las provincias o comarcas que aportan más de lo que reciben a la Generalitat. Y si el modelo de financiación autonómico tiene que satisfacer el principio de ordinalidad, no hay ninguna razón para no aplicar ese mismo criterio a los territorios de Cataluña.

Aplicando la lógica secesionista, cualquier subconjunto de ciudadanos residentes en un territorio histórico de Cataluña podría reclamar el ‘derecho’ a decidir y a recaudar los impuestos allí devengados, o limitar que se transfieran al resto de catalanes. Nadie puede extrañarse de que el invento haya causado perplejidad en el mundillo secesionista, acostumbrado a apelar al ‘derecho a decidir’ y a reclamar consultas sólo en aquellas circunscripciones donde anticipan pueden obtener mayoría, o a exigir la aplicación de tal o cual principio distributivo sólo cuando beneficia a Cataluña. Ahora se han visto obligados a beber su propia medicina. Tampoco ha sido ninguna sorpresa que quienes han acogido con mayor fervor la iniciativa de constituir la comunidad de Tabarnia no hayan sido los constitucionalistas, como algunos han apuntado erróneamente, sino personas y asociaciones que hasta anteayer pedían al Estado que recuperase las competencias cedidas a la Generalitat y hasta que eliminara las autonomías.

Renuión del pacto nacional por el ‘derecho a decidir’ el 23 de diciembre de 2016 en el auditario del Parlament de Cataluña.

Al margen del disparate que supone atribuir ‘derecho a decidir’ a cualquier minoría que pueda resultar mayoritaria en una parte de un Estado, Comunidad o Región Autónoma, y las casi insuperables dificultades, legales y prácticas, que entraña segregar una parte de Cataluña, la popularidad alcanzada por Tabarnia en las redes sociales brinda la oportunidad de articular una asociación constitucionalista arraigada en los municipios capaz de actuar como contrapunto de la ANC y Òmnium. Por lo demás, la tarea de los constitucionalistas es exigir al Gobierno de España y a Las Cortes que se tomen en serio el artículo 139 de la Constitución, según el cual “los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio español”. De momento, en Cataluña no es así.

Omnium Cultural: Somescola frente al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña

Omnium Cultural Somescola frente al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña

 

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Auge y decadencia del nacional-secesionismo

Artículo publicado en el diario Expansión el 23 de diciembre de 2017

La ajustada mayoría absoluta obtenida por Junts per Catalunya (34 diputados), ERC (32 diputados) y CUP (4 diputadas), los tres partidos secesionistas que propiciaron la declaración de independencia (DUI) el pasado 27 de octubre, ha empañado en cierto modo la rotunda victoria de Ciudadanos que, con 37 diputados y 1,1 millón de votos, se convierte en el primer partido en el Parlament de Cataluña. Sin embargo, si miramos el asunto con cierta perspectiva, los constitucionalistas que residimos en Cataluña podemos encontrar razones sobradas para estar orgullosos de la victoria de la formación naranja, y hasta para dejarnos llevar por la euforia y celebrarlo con un buen cava catalán (y por tanto español) estos días.

No me cabe duda de que el 21-D ha sido un día histórico, como también lo fue aquél lejano 1 de noviembre de 2006 en que Ciudadanos irrumpió en el Parlament con tres diputados y fue objeto de mofas y chirigotas por parte de los partidos nacionalistas y catalanistas. Si los partidos y asociaciones cívicas que han mantenido viva la llama de la multiculturalidad en Cataluña durante estos años tan difíciles, mantienen cierta unidad de acción y propósito, las elecciones del 2017 podrían ser vistas en una o dos legislaturas como el punto de inflexión que marca el inició del declive del movimiento nacional-secesionista. Queda mucho trabajo por delante y no hay que echar las campanas al vuelo. Pero la tarea es factible siempre que las instituciones centrales del Estado (Gobierno, Congreso, Senado y Tribunales) sepan estar a la altura de sus responsabilidades, algo que no siempre han hecho.

Rivera con Domingo y Robles, los tres diputados de Ciudadanos en el Parlament en noviembre de 2006.

Perro ladrador

El deslenguado y fullero Puigdemont sigue huido en Bruselas haciendo cábalas sobre cómo sacar el mayor provecho a los 34 diputados que ha obtenido con su lista de cortesanos convergentes, reforzada con el presuntamente rebelde presidente de la ANC. Ayer vimos a Puigdemont sobreactuar, como es habitual en él, y declarar enfáticamente en su comparecencia que la ‘república’ ha ganado a la ‘monarquía’. Patético pero efectivo por lo que hemos podido constatar en estas elecciones. Su mensaje ‘soy el presidente legítimo’, avalado por la bobalicona cúpula de ERC que se prestó a rendirle incluso algunos  inmerecidos homenajes en Bruselas mientras su líder criaba malvas en Entremeras, le ha dado unos réditos impensables hace sólo unos meses. El pobre Junqueras ha visto desde su celda como el pájaro que tantas veces lo engañó durante estos dos años susurrándole al oído ‘me voy’, ‘no repetiré’, volvía a dejarlo con un palmo de narices meditando sobre su injusto de su destino. Y es que Junqueras, por impericia y docilidad, ha visto como se le escapaba de las manos la (¿única?) oportunidad de ser investido presidente del gobierno de la Generalitat.

Puigdemont en su comparecencia con cuatro exconsejeros prófugos la noche electoral en Bruselas.

¿Vendrá no vendrá? No sé qué tal marchan las finanzas en la corte belga –todo un misterio que algún día conoceremos– pero si algo está claro es que en caso de que regrese a España será con toda probabilidad detenido, interrogado, encarcelado y juzgado con todas las garantías que concede nuestro Estado de Derecho. Los delitos que se les imputan a él, a los consejeros de su gobierno cesado y a los líderes de la ANC y Òmnium, rebelión, sedición, malversación de caudales públicos y desacato al poder judicial, son los más graves que se pueden imputar a un político en democracia.

Carles Puigdemont en una conferencia de prensa el 22 de diciembre de 2017.

Desconozco si nuestro sistema judicial y penitenciario lo permiten, pero sería un auténtico dislate que a un golpista irredento, que sigue denigrando nuestras instituciones democráticas en Bélgica, se le permitiera acudir a recoger su acta de diputado sin acatar la Constitución y mucho menos ser investido presidente del gobierno de la Generalitat. Lo malo sobre este asunto, como sobre muchos otros que debilitan nuestra democracia –estoy pensando en la ausencia de la bandera nacional en edificios públicos y en comparecencias institucionales, la ocupación de espacios públicos con banderas estrelladas por acuerdos municipales, los insultos y silbidos a Felipe VI,  la celebración del 9-N, las sesiones parlamentarias del 6-7 de septiembre, la consulta ilegal del 1-O, etc. – es que el Gobierno de España ha demostrado, pese a las afirmaciones en sentido contrario, que no tenía una estrategia efectiva para hacer frente a los secesionistas.

Optimismo constitucionalista      

Puigdemont firmando la declaración de independencia en el auditorio del Parlament el 10 de octubre de 2017.

Pero pese a la euforia del mal perdedor, lo cierto es que el movimiento nacional-soberanista transformado en nacional-secesionista desde 2012, no sólo no avanza sino que retrocede. Desde las elecciones del año 2010, el porcentaje de voto de los partidos que defendían estas posiciones alcanzó su máximo, 49,1%, en 2012 y ha caído desde entonces hasta situarse en el 47,5% en 2017. En escaños, alcanzó su máximo, 76, en 2010 y en estas elecciones se ha quedado en 70. La caída es lenta pero quien pensara que podía acabarse en cuatro días con un movimiento tan bien alimentado desde las instituciones, confundía el deseo con la realidad. El dominio casi absoluto de la Generalitat sobre los medios de comunicación, el sistema educativo, las asociaciones culturales, etc., aseguran su pervivencia mientras no se consiga restablecer la neutralidad del gobierno de la Generalitat, el Parlament, las Diputaciones y los Ayuntamientos. Ningún adicto puede dejarlo en un día, mucho menos si sigue recibiendo abundantes dosis.

Manifestación del 30-S en Barcelona organizada por EiC, Somatemps y Regeneración Democrática.

La evolución del movimiento constitucionalista resulta asimismo esperanzadora. Para empezar, ahí están las movilizaciones que este otoño sacudieron Cataluña el 30 de septiembre, el 8, 12 y 29 de octubre y de nuevo el 6 de diciembre. Cientos de miles de catalanes silenciosos (o silenciados) perdieron el temor a expresar su deseo, nada facha, sino profundamente progresista, de seguir compartiendo nuestro destino con nuestros primos, hermanos y amigos en el resto de España. Frutos, el viejo líder del PCE, lo expuso maravillosamente el 29 de octubre en Paseo de Gracia. Las movilizaciones lideradas por Espanya i Catalans y Sociedad Civil Catalana, pero en las que han participado otras asociaciones como Convivencia Cívica Catalana, Regeneración Democrática, Asociación por la Tolerancia, Somatemps, etc., han de mantenerse y servir para movilizar a todos los catalanes que compartimos los ideales de libertad, igualdad y fraternidad.

Manifestación del 😯 en Barcelona organizada por Societat Civil Catalana, Espanya i Catalans y otras asociaciones cívicas.

Además, el peso de los partidos constitucionalistas no ha cesado de crecer, especialmente a partir de 2012. En escaños, estos partidos han pasado de 47 en 2010 a los 57 conseguidos en 2017, un número todavía alejado de los 68 que otorgan la mayoría absoluta. En porcentaje de votos, hemos pasado del 37,1% en 2010 al 43,5% en 2017. Todavía queda un buen trecho pero estamos cada vez más cerca y, si perseveramos en la línea seguida en los últimos años, la victoria puede llegar en una o dos legislaturas. Aunque es cierto que la aritmética electoral favorece a los secesionistas por su predominio en las zonas rurales, la solución no pasa necesariamente por cambiar la ley electoral, sino por reconquistar estas zonas dominadas por el secesionismo. Para ello, conviene mantener el nivel de movilización social de los últimos meses, requisito indispensable para lograr mayores cotas de participación, y hay que responder con inteligencia a las provocaciones de un republicanismo trasnochado y victimista que ha provocado una fractura social gravísima, espantado a las empresas y a los inversores y amenaza con provocar una recesión en Cataluña.

Clemente Polo, 12 de octubre de 2016 en Plaza de Cataluña.

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Más inestabilidad e inseguridad a la vista

Artículo publicado en el diario Expansión el 22 de diciembre de 2017

Rajoy en el Senado el 27 de octubre de 2017.

La aplicación del artículo 155 en versión minimalista tras la DUI del 27 de octubre sólo ha servido para convencer a los líderes secesionistas de que el Gobierno de España no iba a sentarse a negociar las condiciones de la independencia de Cataluña, como algunos de ellos erróneamente habían anticipado. Reaccionaron con rapidez ante el cambio de escenario. Puigdemont y cuatro consejeros huyeron a Bélgica para alimentar el mito del gobierno republicano en el exilio y la mayoría de quienes acudieron a la cita con los jueces y fueron encarcelados (Forcadell, Romeva, Turull, Rull, etc.), se aprestaron a acatar la Constitución con la boca pequeña para salir de prisión y garantizarse un escaño en unas elecciones que consideran, al mismo tiempo, ilegítimas y plebiscitarias.

Puigdemont y su gobierno legítimo en la página oficial de la Generalitat abierta desde Bégica. Es la foto oficial del gobierno antes de su cese de la que se ha excluido al consejero Santi Vila cuya pierna todavía puede verse entre las de Junqueras y Puigdemont.

Su indisimulado objetivo era revalidar la mayoría de la pasada legislatura para seguir controlando el gobierno de la Generalitat y el Parlament, mantener vivo el proceso secesionista y exigir la paralización de las causas judiciales abiertas contra ellos. Aunque en mi artículo de ayer animaba a los catalanes a ir a las urnas para decidir entre “seguir enfangados en agrias disputas fratricidas” o “pasar página a dos años de desgobierno”, mi fundado escepticismo me llevaba también a apuntar que “nadie puede asegurar que estas elecciones nos acercarán a la salida del laberinto”. Las gravísimas acusaciones lanzadas por los líderes secesionistas de ERC, JxC y CUP contra nuestro sistema democrático durante la campaña y el sólido apoyo que reflejaban los sondeos a los tres partidos que promovieron la declaración unilateral de independencia no invitaban al optimismo.

Turull y Pujol (Oriol) arrpopando a Osàcar en la Ciudad de la Justicia.

El carácter excepcional de estas elecciones convocadas por Rajoy con innecesaria premura ha quedado reflejado en la elevada participación, 81,9%, que supera en 4,5 puntos el ya elevado listón (77,4%) alcanzado en las elecciones ‘plebiscitarias’ del 27-S. La mayor participación no ha producido, sin embargo, el ansiado vuelco electoral al que aspiraban Ciudadanos, PSC y PPC, los tres partidos que se opusieron a la DUI, ni tampoco ha reforzado de manera significativa a los tres partidos que la impulsaron. Todo apunta a que estamos condenados a seguir conviviendo con la inestabilidad política y la inseguridad jurídica que han dominado la vida política en Cataluña desde 2012 y han acabado poniendo en peligro su base económica.

Inés Arrimadas, candidata de Ciudadanos y gran triunfadora.

La primicia de la noche electoral, con el 98,6% del voto escrutado, es el espectacular ascenso de Ciudadanos que alcanza el 25,4% de los votos y obtiene 37 escaños. La gesta resulta más impresionante habida cuenta que hace siete años el partido naranja a duras penas rebasó el 3% y sólo pudo revalidar los tres simbólicos escaños logrados en 2006. La llamada de Arrimadas a acabar con el proceso ha calado en el electorado constitucionalista, mucho más movilizado que hace una década. A los líderes del PP les ha faltado presencia en la calle y les han sobrado complejos: no quisieron o supieron capitalizar el haber cesado al gobierno golpista y convocado elecciones auténticamente democráticas. Algo tendrán que hacer para evitar caer en la marginalidad. Iceta con el 13,75% del voto y 17 escaños ha logrado detener la sangría del PSC desde 2010 y encara el futuro sobre la base de un catalanismo más dialogante y menos sectario.

Puigdemont con Junqueras, Forcadell y la presidenta de la AMI.

La segunda sorpresa la ha protagonizado ERC que con el 21,4% de los votos ha sido la tercera fuerza y logra 32 escaños, 2 menos de momento que Puigdemont y su grupo de cortesanos pujolistas. El resultado es muy malo para los republicanos a los que las encuestas auguraban una abrumadora victoria hace unos meses. Se equivocó Junqueras aceptando el papel de segundón al que le relegó Mas en la anterior legislatura, y volvió a equivocarse al ceder al fullero Puigdemont la presidencia de la Generalitat y conformarse con representar, al menos cara al público, su papel de fiel masovero. Dejar a la limitada Rovira al frente del timón de ERC durante esta campaña tampoco ha ayudado a remontar el vuelo. Ahora ERC tendrá que plantearse si se conforma con seguir siendo la muleta de los sucesores de Convergencia o explora otras alternativas.

Turull (CDC), Baños (CUP) y Romeva (Junts pel Sí) presentando las enmiendas a la primera resolución del inicio de la independencia, 6 de noviembre 2015, nada más constituirse el Parlament en la anterior legislatura. ¿Repetirán la jugada?

El porcentaje de votos de los tres partidos secesionistas, 47,6%, ha caído una decima mientras que el porcentaje del bloque constitucionalista aumenta 4,5 puntos porcentuales. Los resultados confirman lo que el sentido común sugería y los partidos que acordaron la aplicación del 155 no quisieron tomar en consideración: 54 días era un plazo demasiado breve para desinflar el proceso, alimentado generosamente desde todas las instituciones autonómicas, Ayuntamientos incluidos, en los últimos cinco años. Aunque los medios de comunicación estaban obligados a destacar el aumento de participación y el alto número de indecisos para mantener despierto el interés, estas dos variables han reforzado al bloque constitucionalista pero no en la cuantía necesaria para producir un vuelco electoral.

La victoria de los partidos secesionistas y la fragmentación del Parlament van a dificultar el restablecimiento de la neutralidad institucional, primordial para empezar a cauterizar la profunda fractura abierta en la sociedad. Lo más probable es que tengamos otra mini-legislatura bronca y estéril. El bloque secesionista ha resistido la aplicación del mini-155 y está en condiciones de formar gobierno si son capaces de ponerse de acuerdo. Ya he dicho que ERC tendrá que decidir si quiere seguir siendo el lazarillo de convergencia o explorar otras alternativas. La CUP pese a su caída en picado vuelve a ser decisiva, y aunque sus diputados darán con toda seguridad la nota, al final siempre acaban cediendo y yendo a comer al pesebre. Iceta intentará tener cierto protagonismo pero va a resultar casi imposible tender puentes con quienes siguen considerándose legitimados por el ‘pueblo’ de Cataluña para saltarse la ley, confunden la libertad de expresión con la impunidad para delinquir (eufemísticamente lo llaman hacer república) y exigen el indulto de presuntos delincuentes incluso antes ser juzgados.  Y Ciudadanos, pese a su victoria moral y real, tendrá que conformarse con ejercer de principal partido de la oposición, buscando el entendimiento con el PSC y al PP, y tratando de evitar lo peor entre lo malo. Confiemos en la labor de los Tribunales y el control de las cuentas de la Generalitat para poner coto a todos los desmanes pasados y futuros.

Sede del Tribunal Constitucional.

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La incierta lotería del 21-D

Artículo publicado en el diario Expansión el 21 de diciembre de 2017

Los candidatos a presidir el gobierno de la Generalitat: Puigdemont, Junqueras, Arrimadas, Iceta, Domenech, Riera y García-Albiol.

Los catalanes estamos llamados a las urnas el jueves 21 de diciembre (21-D), pocas horas antes de que los niños del colegio de San Ildefonso canten el Gordo de Navidad, y los afortunados por la suerte lo celebren alborozados, abriendo botellas de cava y repartiendo abrazos en la puerta de alguna administración de lotería en cualquier rincón de España. El resultado de estas elecciones, como la lotería, se presenta muy incierto pero a diferencia de lo ocurre en el sorteo navideño, la incertidumbre podría subsistir tras conocerse los resultados. Los catalanes están llamados a decidir si quieren seguir enfangados en agrias disputas fratricidas, o prefieren pasar página a dos años de desgobierno y malas noticias económicas para encarar el futuro con esperanza. La fractura social y el enconamiento son tan grandes que nadie puede asegurar que las elecciones nos acercarán a la salida del laberinto.

Elecciones excepcionales

Son las cuartas elecciones autonómicas en 7 años. Los catalanes votamos en 2010, 2012 y 2015, y vamos a hacerlo de nuevo en 2017, cuando en circunstancias normales las elecciones se habrían producido en 2010, 2014 y 2018. Algo va francamente mal cuando la duración media de las legislaturas a duras penas supera los 2 años, en lugar de los 4 previstos. La brevedad de la legislatura precedente no es la única razón por la que debamos considerar las elecciones del 21-D singulares y hasta excepcionales. Lo son también porque no las convocó Puigdemont, el anterior presidente de la Generalitat, que fue cesado junto con el resto de su gobierno después de que el Parlament de Cataluña votara el 27 de octubre una resolución, según la cual, Cataluña se constituía en un estado independiente en forma de república.

Puigdemont huido de la justicia en Bruselas con un Mozo de Escuadra haciendo funciones de guardaespaldas.

Desde su destitución, Puigdemont anda huido por Bélgica acompañado por cuatro de sus exconsejeros, y, aunque dice considerarse el presidente legítimo en el exilio, concurre a estas elecciones autonómicas con un nuevo partido, Junts per Catalunya, en cuyas listas figuran en las primeras posiciones Sánchez, presidente de la ANC encarcelado, algunos de los consejeros huidos y otros consejeros detenidos y ya excarcelados. Igualmente insólita es la situación de Junqueras, el que fuera vicepresidente de Puigdemont, que se encuentra en prisión y es el candidato de ERC a la presidencia del gobierno de la Generalitat. Forcadell, la presidenta del Parlament disuelto, y varios ex consejeros de Puigdemont, todos ellos en libertad condicional figuran en los primeros puestos de las listas de ERC. Como casi todos saldrán elegidos, el día 22 nos encontraremos con que al menos una decena de diputados del nuevo Parlament, y dos de los aspirantes a presidir el gobierno de la Generalitat, Junqueras y Puigdemont, estarán encarcelados o huidos, y todos a la espera de sentarse en el banquillo del Tribunal Supremo para responder de los delitos de rebelión, sedición y malversación. El tríptico secesionista lo completan los renovados candidatos de la CUP que ya han manifestado que no apoyarán a ningún candidato que no rompa con la “lógica colonial del Estado” y se apreste a impulsar la república constituida el 27 de octubre.

Arrimadas, líder de la oposición, con Espejo, vicepresidente del Parlament.

A las elecciones concurren también tres partidos, llamémosles por brevedad, constitucionalistas: Ciudadanos, PSC y PP, los tres partidos cuyos diputados se ausentaron del Parlament el 27 de octubre. Sus líderes, Arrimadas, Iceta y García Albiol, respectivamente, se han comprometido a acabar de un modo u otro con el proceso secesionista. Arrimadas, la candidata de Ciudadanos, es la única de los tres que, a tenor de lo que apuntan algunas encuestas, libra una apretada lucha con ERC para ganar las elecciones. Promete hacer una auditoría y apagar el proceso. Iceta, primer secretario del PSC, apuesta por la reconciliación y se ha comprometido a no apoyar a Puigdemont y Junqueras. El compromiso de García Albiol, muy alejado de los puestos de cabeza, es sumar para que Cataluña tenga un presidente constitucionalista.

García-Albiol, líder del PP en el Parlament de Catalunya, abandonando el pleno del Parlament antes de votarse las conclusiones de la Comisión de Estudio del Proceso Constituyente el 27 de julio de 2016.

Resultado muy incierto

Todas las encuestas publicadas hasta ahora indican que los seis partidos a los que me he referido, más Catalunya en Comú-Podem (CeC-Podem), lograrán representación parlamentaria. Puesto que ninguna encuesta otorga a los partidos constitucionalistas los 68 diputados que permitirían asegurar la investidura de alguno de sus líderes, y sí hay varias que dan esa mayoría a los tres partidos secesionistas, no hay seguridad alguna de que las elecciones del 21-D pondrán punto y final al proceso de secesión, y, por ende, a la inestabilidad política e inseguridad jurídica que se ha adueñado de Cataluña desde las elecciones de 2012.

La investidura de Arrimadas no está asegurada, incluso si Ciudadanos resultara el partido más votado. Iceta no apoyará su investidura salvo en el improbable caso de que los tres partidos constitucionalistas lograran la mayoría absoluta. En el caso algo más probable de que no alcancen la mayoría absoluta pero superen en escaños a los partidos secesionistas, Arrimadas podría intentarlo pero los diputados de CeC-Podem, el partido de Colau y Domenech se opondrán a investirla. Iceta, por su parte, está jugando con habilidad sus escasas bazas, presentándose como el candidato catalanista comprometido con el diálogo y la reconciliación. En realidad, Iceta es un nacionalista interesado en aumentar la autonomía, mejorar la financiación de Cataluña, e impulsar una reforma ‘federal’ de la Constitución para convertir España en un estado confederal. Dispuesto a dialogar y a llegar a pactos, sí, pero con una preocupante inclinación a hacerlo con ERC, los ‘comunitas’ y hasta la CUP, que contrasta con la dureza exhibida contra Ciudadanos y, no digamos, contra el PP. Aunque posee una habilidad constatada para forjar tripartitos, la probabilidad de lograrlo en esta ocasión es pequeña, porque  ERC tendría que aparcar el compromiso de impulsar la república y renunciar una vez más a la presidencia de la Generalitat para entregársela a Iceta.

El gran riesgo que presentan estas elecciones anticipadas es que los tres partidos secesionistas ganen de nuevo las elecciones y ERC sea la fuerza más votada. Si lograran superar el listón de 68 diputados, la investidura del candidato de ERC estaría asegurada en primera votación, siempre que ofreciera garantías a la CUP de seguir adelante con el proceso constituyente. En caso de no conseguir la mayoría absoluta, el candidato de ERC podría superar la votación de investidura gracias a la abstención de los diputados de CeC-Podem. Aunque la situación no sería exactamente igual que en 2015, puesto que la justicia va a seguir su curso inexorable y saltarse la Constitución y el Estatut ya no va a salirles gratis, la inestabilidad política y la inseguridad jurídica se prolongarían, y la fractura social se ahondaría.

Compás de espera

Domenech con Colau, Iglesias y Garzón en un mitin en Nou Barris.

Para salir de dudas tendremos que esperar a la noche del 21-D, o incluso bastante más tiempo si la fragmentación del Parlament y la dificultad de alcanzar acuerdos obligara a Rajoy a convocar nuevas elecciones, tras una o dos investiduras fallidas. No sería éste, ni mucho menos, el peor de los escenarios. Durante los meses de interinidad que se abrirían, la normalidad administrativa y la neutralidad de las instituciones estarían garantizadas, y los partidos y asociaciones secesionistas seguirían sin poder meter la mano en la caja de la Generalitat, como ocurría hasta que el Gobierno aplicó el artículo 155 y dejó claro que la impunidad con que habían operado hasta entonces había llegado a su fin.

 

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La sociedad civil catalana ante el 6-D

Artículo publicado en el diario Expansión el 5 de noviembre de 2017

Puigdemont y Junqueras celebrando la constitución de la república junto a un centenar de alcaldes congregados para la ocasión en el Parlament.

Hasta hace pocos meses, la mayoría de ciudadanos catalanes que se sentían demócratas e inequívocamente constitucionalistas guardaban un prudente silencio, entre anestesiados y atemorizados por la todopoderosa y desafiante Generalitat (Gobierno, Parlamento, Diputaciones y Ayuntamientos) que controla, además del ingente presupuesto del sector público, cercano a los 40.000 millones, casi todos los órganos rectores de instituciones públicas y semipúblicas y los omnipresentes medios de comunicación, siempre prestos a difundir las consignas del régimen nacional-secesionista, y a descalificar y estigmatizar a quienes osan oponerse a su plan de constituir un estado independiente en forma de república. La situación ha cambiado notablemente este otoño pero las amenazas a la libertad e igualdad de los españoles seguirán muy presentes tras las elecciones autonómicas del 21-D.

El despertar de la sociedad civil catalana

30-S: vista de la plaza de San Jaime.

El pasado 30 de septiembre, las asociaciones cívicas Espanya i Catalans, Somatemps, Regeneración Democrática, Movimiento 12-O y Profesores por el Bilingüismo desafiaron una vez más al poder establecido y convocaron una manifestación en Barcelona que alcanzó un notable éxito de asistencia. Fue el pistoletazo de salida de las tres manifestaciones multitudinarias que se celebraron los días 8, 12 y 29 de octubre, en las que centenares de miles de catalanes tomaron las calles de Barcelona para reclamar libertad, democracia y respeto a la Constitución y al ordenamiento jurídico. Las secuelas de esas movilizaciones se han dejado sentir también en infinidad de manifestaciones y concentraciones en otras ciudades de Cataluña, las últimas en Badalona y Gerona el 25 y 26 de noviembre, respectivamente.

12-O 2016: manifestación en Barcelona.

Estas movilizaciones recientes hacen más meritoria si cabe la tenaz labor de resistencia que estas modestas asociaciones han venido desarrollando desde 2012 para mantener vivas en Barcelona las celebraciones de la Fiesta Nacional de España el 12 de octubre (12-O) y el aniversario del refrendo de la Constitución Española el 6 de diciembre (6-D). Así cayera un sol de justicia o chuzos de punta, sin apenas recursos y conscientes de que su esfuerzo tenía un valor meramente testimonial, algunos catalanes se empeñaron en mantener encendida la llama de la libertad y la justicia, la igualdad y la pluralidad en Cataluña, haciendo oídos sordos a las siempre inmisericordes descalificaciones de los medios de comunicación, y sobreponiéndose a la incomprensión de otras asociaciones y partidos.

12-O 2017: Plaza de Cataluña.

30-S: manifestación en Vía Layetana.

En 2014, publiqué un artículo titulado “Ausencias significativas” (Crónica Global, 9 de diciembre) en el que lamentaba que “casi todos los partidos políticos y algunas asociaciones decidieron que sus líderes tenían cosas mejores de las que ocuparse ese día, y en lugar de movilizar a sus bases celebraron la efeméride por separado, bien ese día bien unos días antes”. La situación ha mejorado mucho desde entonces y las manifestaciones del 8, 12 y 29 de octubre en Barcelona contaron con el respaldo de todas las asociaciones constitucionalistas. Pese a que un medio de comunicación anunció hace unos días que Sociedad Civil Catalana (SCC) renunciaba “a manifestarse el día 6… para no enfrentar a los partidos constitucionalistas”, deseamos y esperamos que los actos que la asociación planea hacer en Bruselas, Washington y Tarragona no sean obstáculo para adherirse a la manifestación convocada por Espanya i Catalans y otras asociaciones en Barcelona el 6 de diciembre. En ningún caso, la celebración del refrendo popular de la Constitución debería ser motivo de enfrentamiento entre partidos constitucionalistas.

Peligros tras el 21-D

La aprobación de la Constitución de 1978 constituye un hito sin precedentes en la historia política de España porque, gracias a ella, los españoles hemos podido vivir en libertad, concordia y prosperidad por primera vez durante casi cuatro décadas ininterrumpidas. La Constitución es para los ciudadanos de a pie la principal garantía con que cuentan para detener las arbitrariedades de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Para los catalanes, la Constitución cobra incluso más importancia por la inclinación de la Generalitat a saltarse el ordenamiento jurídico. Paradójicamente, esa misma Constitución y el resto de normas democráticas que pretendían derogar las llamadas ‘leyes’ de desconexión son las que ahora amparan el derecho de Puigdemont,  Junqueras y el resto de sediciosos a tener un juicio justo. Contrariamente a lo que afirman los secesionistas, en España no hay presos políticos porque nadie va a la cárcel por expresar ideas a menos que cometa actos tipificados como delitos.

Puigdemont con Junqueras, Forcadell con Buch, presidente de la ACN, y Lloveras, presidenta de la AMI.

Hay una segunda razón de peso para celebrar el XXXIX aniversario de la Constitución este 6-D. Como las setas en un otoño lluvioso y benigno, cada día aparece una nueva propuesta para reformar la Carta Magna con la excusa de ponerla al día. Algunos se muestran escandalizados porque han pasado 39 años y nos hemos adentrado en el siglo XXI con una Constitución del XX. El asunto lleva años coleando y hay tantas propuestas sobre la mesa y con fines tan variopintos que resulta difícil augurarles mucho futuro. Algunas afectan a detalles relativamente nimios que en nada impiden el normal funcionamiento de las instituciones pero hay otras que podrían ahondar las desigualdades entre españoles, limitar subrepticiamente la libertad de circulación y aumentar, en lugar de reducir, las disfunciones administrativas y los conflictos competenciales.

Los padres de la Constitución de 1978.

Hay reformistas que abogan por aplicar el principio de proporcionalidad de manera estricta, otros partidarios de convertir el Senado en una ‘auténtica’ cámara territorial y hasta algunos que pretenden eliminar la Cámara Alta. Hay quienes desean acabar con aforamientos y Diputaciones, otros introducir derechos sociales y algunos reformar el Título VIII para precisar las competencias de cada instancia ejecutiva y legislativa; etc. A casi nadie parece habérsele ocurrido pensar que los principales problemas a los que nos enfrentamos los españoles en el siglo XXI, incluido el auge del secesionismo en Cataluña, podrían no ser culpa de la Constitución ni tampoco resolverse con su reforma. Siendo realistas, las únicas reformas imprescindibles son aquéllas que podría compartir una mayoría cualificada de nuestros representantes políticos y acordarse, por ende, con suma facilidad.

Maragall y Mas aplaudiendo tras aprobarse la Propuesta de Reforma del Estatut el 30 de septiembre de 2005.

No se me malinterprete: animo a los expertos constitucionalistas y administrativistas a seguir avanzando propuestas de reforma y a los ciudadanos a estar muy atentos para impedir que les den gato por liebre. Por ello, propongo someter cada propuesta a un sencillo test: ¿servirá para reforzar la libertad e igualdad los españoles o para blindar y reforzar los privilegios de unos ciudadanos a costa de otros? Pónganse sobre aviso en cuanto escuchen al reformista de turno defender la superioridad del “modelo federal” para sustanciar la noción de ‘nación de naciones’; o apelar a los ‘derechos históricos’ y ‘singularidades nacionales’ de tal o cual ‘pueblo’ para justificar el establecimiento de un “régimen jurídico singular’ sobre la base de una ‘relación bilateral con el Estado’.

Presentación de algunas ideas para reformar la Constitución de 1978.

Me explico. La reciente propuesta avanzada por un equipo de diez catedráticos –cinco de ellos adscritos a Universidades catalanas– sugiere que para evitar conflictos competenciales “los Estatutos solo deberían ser aprobados por el Parlamento autonómico” y aboga por “reforzar los mecanismos para que las Comunidades Autónomas participen en las decisiones del Estado y la Unión Europea”. ¿Qué habría sido de los ciudadanos constitucionalistas en Cataluña si la Propuesta de Reforma de Estatut aprobada por el Parlament el 30 de septiembre de 2005 se hubiera convertido en ley sin pasar por los filtros del Congreso y del Tribunal Constitucional? Y, ¿podrían funcionar con normalidad las instituciones del Estado y de la UE con participación de gobiernos cómo los que ha tenido Cataluña en los últimos 5 años? Al parecer, los líderes de Podemos y los secesionistas catalanes no son los únicos empeñados en acabar con España y con la UE: cuentan con la inestimable ayuda de algunos eminentes juristas.

Iglesias (Podemos) abraza a Tardà (ERC) tras la intervención del diputado de en el Congreso el 14 de junio de 2017.

 

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Puigdemont y Junqueras amenazan la recuperación económica

Editorial en Gestiona Radio, 26 de noviembre de 2017

Puigdemont y su gobierno ‘legítimo’ en la página oficial de la Generalitat abierta desde Bégica. Es la foto oficial del último gobierno antes de ser cesado por el Gobierno de España. De esa foto se ha excluido al consejero Santi Vila (salvo una pierna que puede verse entre las de Junqueras y Puigdemont) que dimitió el 26 de octubre, un día antes de votarse en el Parlament la constitución del estado independiente en forma de república.

He hablado mucho de la crisis política en Cataluña en las últimas semanas, como no podía ser de otra manera, pero vamos a aprovechar el respiro que nos dan los políticos hasta que empiece la campaña electoral el 5 de diciembre para hablar de otros temas relacionados. Hoy quiero hablarles de economía, o mejor del deterioro de la economía catalana, y el 3 de diciembre, Dios mediante, dedicaré estos minutos a hablar sobre el importante papel que ha jugado la Constitución Española de 1978 y animarles a participar en la manifestación que tendrá lugar en Barcelona el 6 de diciembre.

Es triste decirlo pero necesario reconocerlo sin mirar a otra parte: Cataluña ha perdido en dos meses buena parte de lo ganado en muchos años. Hasta el 24 de noviembre, 2.745 empresas habían abandonado Cataluña desde el pasado 1 de octubre. La lista incluye a las mayores entidades financieras y a la mayoría de grandes empresas no financieras. Iniciaron la huida el Banc de Sabadell y CaixaBank nada más producirse la consulta ilegal el 1-O, y las salidas han sido generalizadas, una auténtica desbandada: en energía y en el resto de sectores industriales desde la alimentación a las empresas auxiliares del sector automovilístico, en los sectores de servicios financieros, seguros, comunicaciones y telecomunicaciones, etc. Muchas de ellas, además de trasladar su sede social a otros lugares de España han trasladado también su sede fiscal, circunstancia que acabará teniendo un impacto sobre los impuestos recaudados en Cataluña.

El Banc de Sabadell ha trasladado su sede social a Alicante y CaixaBank a Valencia.

CaixaBank celebra su primer consejo en la sede del antiguo Banco de Valencia.

Como consecuencia de la formidable crisis política originada por el intento de proclamar una república independiente, todos los servicios de estudios han rebajado sustancialmente las previsiones de crecimiento del PIB y la creación de puestos de traba para Cataluña. El BBVA, por ejemplo, ha reducido del 3,3 al 3 por ciento su estimación de crecimiento para 2017, y del 2,8 al 2,1 por ciento la de de 2018. Incluso más negativas son las previsiones del servicio de estudios de FUNCAS, la fundación de Cajas de Ahorro, que estima que la economía catalana sólo crecerá el 1,7 % en 2018 en lugar del 3,1 % previsto para este año. No son cambios insignificantes y de cumplirse, estos pronósticos, el proceso de creación de empleo se ralentizará notablemente. Quizá a Puigdemont y a Junqueras, cuyos ingresos seguramente no sufrirán merma alguna, les dé igual el asunto pero para los trabajadores catalanes y especialmente para las economías de las familias más modestas constituye un auténtico mazazo.

21-D Sondeo de Metroscopia para el diario El País: distribución de votos, escaños y valoración de líderes políticos.

Los resultados del último sondeo de Metroscopia para el diario El País, publicados el 25 de noviembre otorgan a ERC, el partido de Junqueras, y a Junts per Catalunya (JxC), la nueva formación que lidera Puigdemont, un total de 60 escaños, 39 para ERC y 21 JxC, muy cerca de los 62 que obtuvo su coalición Junts pel Sí en las elecciones ‘plebiscitarias’ el 27 de septiembre de 2015. La pregunta que me hago es la siguiente: ¿se han vuelto locos los catalanes? ¿Cómo pueden siquiera considerar dos millones de ciudadanos volver a votar a Junqueras y a Puigdemont, dos políticos irresponsables que, con su obcecación de proclamar la república, han puesto en peligro la economía catalana y han volatilizado miles de puestos de trabajo? ¿No se dan cuenta de que si el Estado no hubiera aplicado el artículo 155 de la Constitución y los hubiera cesado, hoy Cataluña estaría fuera de la Unión Europea y al borde de la quiebra? ¿Tan difícil resulta comprender que si Junqueras y Puigdemont vuelven al gobierno de la Generalitat después del 21-D, para completar la faena que dejaron inacabada, su política de confrontación puede terminar de arruinar la economía catalana y provocar una nueva recesión económica?

Colau, Forcadell, Puigdemont, Mas y Junqueras, los artífices del desastre económico junto al resto del Orfeón Secesionista, incluido Carles Sastre, exterrorista convicto por asesinato y actual secretario general de la intersindical CSC que convocó la huelga ‘general’ el 8 de noviembre.

En fin, pronto encontraremos respuesta a tantas preguntas. En caso de que tantos catalanes como anticipan las encuestas acabaran otorgando de nuevo su confianza a ERC y JxC, cuyas listas encabezan, Puigdemont y Junqueras, respectivamente, los dos principales responsables del hundimiento de la economía catalana y de las perspectivas de seguir creando puestos de trabajo en los próximos años, tendremos que concluir que la extendida aureola del ‘seny’ que suele atribuirse a los catalanes es un mito sin el menor fundamento.

 

27-O: jóvenes celebrando la constitución de la república catalana el 27 de octubre en la Plaza de San Jaime, acompañados por un crecidito adoctrinador.

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