Artículo publicado desde el Observatorio Económico y Social de España y Cataluña (OBESCAT) en el diario El Liberal el 27 de abril de 2024. Agradezco de antemano su ayuda para difundirlo entre sus amigos y contactos.
Hay pocas dudas de que la suerte de los catalanes en las elecciones del próximo 12 de mayo (12-M) penden de los resultados que obtengan Junts, el partido que lidera el prófugo de Waterloo y el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) con Illa, exministro de Sanidad de Sánchez durante la pandemia, y secretario general del partido, a la cabeza. ERC tiene en esta película un papel claramente secundario y más complejo de valorar por el electorado, ya que si bien muchos de sus posicionamientos políticos se encuentran más próximos al PSC que a Junts, los republicanos están obligados a mostrarse muy firmes en el tema de la autodeterminación para restar protagonismo al prófugo y a sus siete diputados que han sabido apretar al máximo a Sánchez en el Congreso desde las elecciones del 23-J, jugando una y otra vez la baza de dejarlo caer si no accede a sus exigencias de máximos.
Tampoco hay muchas dudas sobre cuáles son las cuestiones que van a agitar los dos principales partidos secesionistas durante las dos semanas de campaña que nos esperan. En primer lugar, ERC y Junts van a intentar atribuirse el mérito de haber arrancado al grupo socialista en el Congreso, formado por el PSOE y PSC, la presentación de la proposición de Ley Orgánica de Amnistía que borra todos los actos delictivos (incluidos la malversación de fondos públicos y los actos terroristas) relacionados con el proceso de secesión vivido en Cataluña entre 2012 y 2023, y lo que resulta incluso más grave, desde mi punto de vista, deslegitima todas las acciones desplegadas por los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado para atajar el proceso de secesión culminado el 27 de octubre de 2017 con la constitución de la república catalana como estado independiente.
Para el electorado constitucionalista, la ley de amnistía constituye un golpe tremendo a nuestro “Estado social y democrático de derecho” del que el PSC de Illa es tan responsable como el PSC de Montilla lo fue cuando declaró en una comparecencia oficial que “el tribunal Constitucional está lamentablemente desacreditado y moralmente deslegitimado” y convocó a los catalanes a manifestarse el 10 de julio de 2010 para mostrar su indignación contra la sentencia del alto tribunal sobre el Estatuto y prender la mecha del proceso secesionista en Cataluña. Para el electorado independentista, se trata, por el contrario, de un gran éxito, pese a que la implementación de la ley, caso de que acabe siendo aprobada en el Congreso tras su previsible rechazo en el Senado, pueda quedar atascada en los tribunales españoles y europeos. Las emociones, que no los programas, son las que acaban decidiendo los votos de los ciudadanos y la gran pregunta es cómo va a influir la elevada carga emocional de la amnistía en el voto de los catalanes.
El cambio de 180 grados en la posición de Illa sobre la amnistía, desde su afirmación tajante de “ni amnistía ni nada de eso, lo repito, ni amnistía ni nada de eso” a defender sin rubor alguno que “esos mismos valores nos llevan hoy a defender una amnistía”, no debería en buena lógica ayudarle a ganar votos en el electorado constitucionalista, especialmente entre quienes votaron a Ciudadanos en elecciones anteriores, siempre despreciados por los líderes del PSC desde la irrupción del partido naranja en el Parlamento en noviembre de 2006. Los constitucionalistas no pueden respaldar a un partido de miras tan estrechas que ni siquiera contempló la posibilidad de entablar conversaciones con Ciudadanos para investir a Arrimadas tras su histórica victoria electoral en diciembre de 2017, y se prestó en cambio a ser la muleta de ERC desde que Aragonés excluyó de su gobierno a los consejeros de Junts en septiembre de 2022. Los únicos votantes que el PSC podría atraer son los de los independentistas desencantados.
En cuanto a la pugna que mantienen los dos principales partidos independentistas, podría pensarse que el partido del prófugo saca claramente ventaja a ERC, porque supo jugar sus bazas con bastante más pericia que Aragonès y Junqueras tras el 23-J, y se negó a aprobar la proposición de ley de amnistía en una primera votación en el Congreso para ganar protagonismo, pese a haberla acordado y redactado en las reuniones mantenidas con Cerdán, número tres del PSOE, en Bruselas y Ginebra. El prófugo apretó a Sánchez al máximo y promete a los suyos seguir haciéndolo en el futuro, pero lo cierto es que la sobreactuación de Junts en el Congreso no se ha dejado apenas notar en los sondeos electorales realizados desde de mediados de marzo, ni parece que vaya a alterar sustancialmente el reparto del voto entre las dos formaciones que compiten por un espacio electoral que, a pesar de la amnistía, continúa contrayéndose.
Hay otros dos asuntos de calado que van también a hacerse un hueco en esta campaña: obtener una financiación singular para Cataluña y la transferencia al gobierno de la Generalidad de las competencias del Estado en materia de control de fronteras e inmigración. Más, consejera de Economía, presentó el pasado 19 de marzo al resto del gobierno de la Generalidad la propuesta formal del gobierno de Aragonès para recaudar todos “los impuestos generados en territorio catalán… dejar atrás décadas de injusticia” y acabar con un déficit fiscal que cuantificó en 20.000 millones anuales. Se trata de un planteamiento que no excluye realizar una aportación al Estado, similar al cupo vasco, en concepto de cuota de solidaridad interterritorial. Aunque el propio Aragonès defendió la propuesta en Madrid un día después, los ciudadanos catalanes harán bien en desconfiar de un planteamiento hecho a última hora y acogido con suma frialdad por el gobierno de España que reiteró su prioridad de reformar el sistema de financiación de las Comunidades de régimen común. Junts, para no quedarse atrás, exige también recaudar todos los impuestos y cifra en 450.00 millones la deuda histórica de España con Cataluña. Ahí es nada. Cualquier ciudadano con dos dedos de frente, incluso la ministra Montero, sabe muy bien que el pastor no debe poner al lobo a guardar el rebaño y eso es exactamente lo que supondría cederle al gobierno de la Generalidad el control de la caja. Porque, digámoslo claro, no esperen solidaridad alguna de quienes denigran a los españoles y su cultura una vez logren hacerse con la caja.
Otra cuestión que puede pesar al depositar el voto en las urnas el 12-M es la reclamación de transferir a la Generalidad todas las competencias sobre el control de las fronteras, inmigración incluida. Más allá del aumento de recursos que supondría, la cuestión tiene gran importancia simbólica puesto que el control de las fronteras constituye una de las funciones definitorias de cualquier Estado soberano. Las posiciones xenófobas del abuelo (Pujol) y el padrino (Torra) del prófugo sobre los inmigrantes están bien documentadas, pero no creo que asociar inmigración con delincuencia, como ha hecho Junts, ni alardear de haber pactado con Sánchez una nueva ley orgánica que nadie ha visto, vayan a reportarle a Junts demasiado rédito electoral. Y es que al hijastro de Torra le ha salido un competidor muy duro que puede llevarse el gato al agua y restarle varios diputados: Aliança Catalana. El partido de Orriols es un rabioso defensor de la declaración unilateral de independencia y se opone a aceptar inmigrantes que no beneficien a la sociedad y cultura catalanas.
Cabe pensar que los votantes independentistas tendrán en cuenta al decidir su voto quién desprecia más a los españoles y está más decidido a utilizar todos los resortes para conducirlos a la tierra prometida tras un peregrinaje de varios siglos: la ansiada e inasible independencia de Cataluña. El prófugo se postula como el único candidato fiable para ser el Moisés en esta película truculenta. Sin embargo, resulta igualmente plausible pensar que el baño de realismo que supuso el fracaso del 27-O y la huida vergonzante del conductor en el maletero de un vehículo hayan servido para darles un baño de realismo y desconfiar de las bravuconadas del prófugo y su pequeña corte de aduladores irredentos. Los barómetros del CEO apuntan a que el respaldo a la independencia de Cataluña ha perdido bastante terreno desde 2017 y sugiere que los partidos independentistas compiten por atraer a un electorado menguante, una indicación de que cada vez son más los catalanes que ven inalcanzable alcanzar la independencia en el futuro previsible. El panorama, no obstante, continúa siendo muy preocupante porque no podemos olvidar que los gobiernos tripartitos liderados por el PSC fueron la fábrica de independentistas y su repetición podría reavivar el proceso secesionista en pocos años.
Adjunto enlace al artículo publicado desde el Observatorio Económico y Social de España y Cataluña (OBESCAT) en el diario El Liberal el 30 de marzo de 2024. Agradezco de antemano su ayuda para difundirlo entre sus amigos y contactos.
El INE publicó el 26 de marzo la Nota de prensa y Anexo de Tablas de la Contabilidad Nacional Trimestral (CNTR) con las cifras de las principales macromagnitudes, rentas y empleo del cuarto trimestre de 2023 que revisan las avanzadas en las correspondientes Nota de prensa y Anexo de tablas, publicadas por el INE el pasado 30 de enero. La verdad es que me ha sorprendido que, en esta ocasión, el INE no haya modificado ninguna tasa de crecimiento (intertrimestral e interanual) del PIB entre el avance de enero y la estimación de finales de marzo, lo que otorga al INE una robustez insólita en el mundo de la estadística de Cuentas Nacionales. Asimismo, me ha sorprendido (es una forma de hablar) la cálida recepción que ha recibido en algunos medios de comunicación la confirmación de que el índice de volumen del PIB (a precios constantes o en términos reales en la jerga macroeconómica) creció 2,51 % en 2023.
Estamos ante apreciaciones claramente alineadas con la valoración reiterada una y otra vez por el presidente Sánchez para resumir gráficamente la situación: “la economía española va como una moto”. El País, por ejemplo, sacaba pecho por el gobierno anunciando que “la economía española creció un 2,5% el año pasado pese a la ralentización europea y las subidas de tipos”, si bien reconocía en tipografía algo más pequeña que el avance en “un 0,6 % en el último trimestre [se obtuvo] gracias a la acumulación de inventarios y el consumo público, según el INE”. El titular de La Vanguardia, por su parte, confirmaba el alza del 2,5 % del PIB en 2023 y recogía la valoración de Cuerpo, ministro de Economía, quien subrayaba que “frente a las predicciones catastrofistas y los relatos sesgados, las cifras son incontestables”. Por no hablar de El Periódico que subraya que el PIB creció cinco veces por encima de la media de la zona euro. ¿De veras va como una moto nuestra economía?
Veamos qué dicen los datos
Las columnas segunda y tercera en el Cuadro 1 muestra las variaciones intertrimestrales e interanuales, respectivamente, de las principales variables macroeconómicas en el cuarto trimestre de 2024 y la última columna la variación anual de los cuatro trimestres de 2023 sobre los de 2022. Como puede observarse, la variación intertrimestral del PIB se situó en 0,58 % y la interanual en 2,02 % para completar un aumento del PIB de 2,51% en los cuatro trimestres de 2023. Hay varios hechos que me gustaría destacar. Primero, la Demanda Nacional en el cuarto trimestres de 2023 creció 2,15 % algo más que el PIB (2,02 %) impulsada por el fuerte crecimiento del Gasto en Consumo de las AA. PP. (4,07 %) y de los Hogares e ISFLSH 2,29 %, siendo la aportación de la Formación Bruta de Capital nula (-0,05 %). El fuerte carácter expansivo del gasto de las AA. PP., 3,76 %. se deja sentir también en el conjunto del año, siendo en este caso, la Formación Bruta de Capital negativa (-0,42 %) y el crecimiento de la Demanda Nacional (1,70%) inferior al del PIB (2,51%).
La segunda observación se refiere al papel de la Demanda Externa y dentro de ella el Gasto de no Residentes en el Territorio Económico (GNRTE), o, dicho más coloquialmente, gasto de los turistas extranjeros. Si bien en el T42023 la aportación resultó negativa (-0,13), para el conjunto del año fue positiva y sumó 0,81 puntos porcentuales al PIN, lo que supone 32,27 % del crecimiento del PIB (2,51 %). Destaca dentro de las exportaciones de servicios el fuerte crecimiento interanual del GNRTE tanto en el T42023, 20,77 %, como en el conjunto de 2023, 19,36%. Obviamente, con unas exportaciones de bienes que han decrecido (-1,46 %) y unas importaciones que han decrecido también pero menos (-0,27 %), la aportación positiva del sector exterior obedece exclusivamente al auge del turismo.
Mirando algo más atrás
El Gráfico 1 muestra la variación interanual del PIB desde el cuarto trimestre de 2011 (T42011) hasta el cuarto trimestre de 2023 (T42023). Como puede observarse desde finales de 2013 en que la economía española recobró el pulso, las tasas interanuales de crecimiento fueron superiores e incluso bastante superiores a 2,5 % hasta el segundo trimestre de 2018 en que Sánchez ganó la moción de censura y se convirtió en presidente. Durante sus años como presidente tras ganar las elecciones generales en 2019 y estar en condiciones de aprobar unos presupuestos propios, la tasa de crecimiento registró una profunda caída en el primer semestre de 2020 a causa de la pandemia, a la que siguió una recuperación lenta e irregular. En síntesis, el PIB de la economía española aumentó tan sólo 2,86 % desde el cuarto trimestre de 2019 hasta el cuarto trimestre de 2023, esto es, en cuatro años completos. Ustedes mismos pueden juzgar si la economía española va como una moto o está casi parada.
Pero no se trata de la única razón que debería llevar al gobierno de Sánchez a ser algo más modesto y no atribuirse méritos que, en el mejor de los casos, no corresponden a la gestión desarrollada por el equipo económico de Sánchez. Como el lector puede comprobar en el Gráfico 2, el gobierno de España recibió 37.037 millones de fondos de la UE entre el segundo semestre de 2021 y octubre de 2023 que según sus propias estimaciones distribuyó en su totalidad. Pues bien, empleando el PIB medio, 1.343.519 millones, de los tres últimos años (2021-2023), la inyección directa de fondos europeos equivale a 2,76 puntos porcentuales del PIB. Como, además, esos fondos tienen efectos indirectos e inducidos en otros sectores de la economía distintos a los que reciben los fondos, la conclusión a que llegamos es que el crecimiento de la economía española durante los últimos cuatro años, 2,86 %, habría sido insignificante o incluso negativo en ausencia de esos fondos, 2,75 % del PIB, a pesar de la fortísima recuperación registrada por las exportaciones turísticas en 2022 y 2023.
Gráfico 2. Entradas y salidas de caja Plan de Recuperación S22021-S22023
Fuente: Plan de Recuperación, transformación y resiliencia. Gobierno de España
Muchos líderes europeos se preguntarán con razón si detrás del mayor crecimiento de la economía española no están los cerca de 40.000 millones que la UE ha regalado al gobierno de España y Sánchez está utilizando para blanquear su pésima gestión de la economía durante la pandemia (véase mi libro “Covid-19: la Gran Decepción” publicado en 2023) y su mediocre gestión de la postpandemia, fondos europeo quiero recordar obtenidos pidiendo dinero prestado en los mercados cuya devolución tendrán que afrontar todos los países europeos solidariamente. Se suponía, además, que esos fondos Nueva Generación UE iban a destinarse a fortalecer la economía española con inversiones que la hicieran más resiliente y competitiva, pero como hemos visto en el Cuadro 1, la Formación Bruta de Capital disminuyó 0,46 % en 2023 y las exportaciones de bienes cayeron 1,46 %. En lugar de ello, están estimulando el crecimiento del gasto corriente de las AA. PP. incluso con fines electorales.
Puede incluso afirmarse que la llegada de los fondos europeos no ha servido siquiera para acelerar la reducción del déficit público no financiero que, según la IGAE, se situó en 53.159 millones en 2023, equivalente a 3,64% del PIB. Seguimos, por tanto, incumpliendo el criterio de déficit excesivo de la UE (véase mi artículo “Las nuevas ‘reglas’ fiscales de la UE: un mal acuerdo”, Consejeros, enero 2024), y acumulando deuda pública para mayor gloria de un gobierno empeñando en gastar más y aumentar las cotizaciones sociales y los impuestos a las menguantes clases medias. La conclusión a que llegamos es que la economía española ha registrado desde finales de 2019 un crecimiento muy escaso, pese a las favorables circunstancias creadas por el elevado crecimiento del turismo en 2022 y 2023 y la llegada de fondos europeos a partir del segundo semestre de 2021. Poco, por no decir nada, de lo conseguido cabe atribuirlo a la gestión del equipo económico del gobierno de Sánchez.
Artículo publicado en el diario Expansión el 19 de febrero de 2024. Agradezco de antemano su ayuda para difundirlo entre sus amigos y contactos.
El 6 de febrero el diario Expansión anunciaba la adhesión del gobierno de la Generalidad de Cataluña a la nueva convocatoria del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) para dar cobertura a las Comunidades Autónomas (CC. AA.) en 2024. El FLA fue puesto en marcha por el ministro Montoro en 2012 para posibilitar a las CC. AA. hacer frente a la falta de liquidez y solvencia que éstas padecían a resultas de la grave crisis financiera y el consiguiente cierre de los mercados que les impedía financiarse a crédito o emitir deuda. El mecanismo era de lo más simple: el Tesoro del Reino de España emitía deuda y prestaba los recursos obtenidos en el mercado a las Comunidades a tipos bajos para que éstas pudieran cubrir sus déficits presupuestarios y las amortizaciones de deuda que les resultaba imposible refinanciar en el mercado. El Tesoro se convertía así en el prestamista de última instancia de las CC. AA. y éstas se convertían en sus deudoras.
Han pasado 13 años desde su creación y pese a que la economía española inició su recuperación a partir de finales de 2013, el FLA sigue vivito y coleando, y lo que debería haber sido un instrumento excepcional para afrontar una perturbación adversa de especial gravedad, se ha convertido en el pan de cada día, sin importar que los vientos soplen a favor o en contra. Salvo por la dramática caída de la actividad registrada en 2020 a causa de la pandemia, que justificaba la transferencia de recursos a las CC. AA. para afrontar la emergencia humanitaria y sanitaria, no hay razones de peso para que el programa siga en pie. ¿Cómo se compadece que nuestra economía, según nos recuerda el presidente Sánchez cada vez que tienen ocasión, vaya como una moto, con que las CC. AA. sigan recurriendo al mismo instrumento creado para hacer frente a la más grave crisis financiera que ha registrado la economía mundial?
En los doce años transcurridos entre enero de 2012 y diciembre de 2023, el FLA ha prestado 427.427,5 millones a la mayoría de las CC. AA. de régimen común que han recurrido año tras año a solicitar las ayudas del FLA para cuadrar sus presupuestos e ir refinanciando la cada vez mayor deuda contraída con el propio FLA a medida que transcurrían los años. El Gráfico 1 muestra la distribución por CC. AA. Cataluña con 139.005,9 millones figura como la Comunidad que ha recurrido con mayor intensidad al Estado, ocupando la segunda posición la Comunidad Valenciana con 101.935,7 millones y a bastante distancia con 57.482,1 millones aparece Andalucía. Cataluña ha obtenido 32,52 % de los préstamos otorgados por el FLA al gobierno de la Generalidad entre 2012 y 2023, pese a proporcionar servicios tan sólo al 16,57% de la población total a fecha 1 de octubre de 2023. A nadie sorprenderá que El País Vasco y Navarra que cuentan con el cupo y convenio foral, respectivamente, para financiarse no hayan recurrido al FLA, pero sí conviene llamar la atención sobre el hecho de que la Comunidad de Madrid que proporciona servicios al 14,39 % de la población no haya solicitado un solo euro del FLA, aunque haya recibido como es lógico anticipos (4.728,8 millones) del Sistema de Financiación.
Gráfico 1. Recursos recibidos por las CC. AA. de los mecanismos de financiación de las Administraciones Territoriales, 2012-2023
Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Ministerio de Hacienda.
Para evitar las posibles distorsiones ocasionadas por las diferencias en el tamaño de la población residente en cada Comunidad, el Gráfico 2 presenta la distribución per cápita de los recursos totales concedidos a las CC. AA. entre 2012 y 2023. Como puede observarse el ranking varía ligeramente. La Comunidad Valenciana con 19.263 euros recibidos por residente de los mecanismos extraordinarios de financiación territorial ocupa la primera posición, seguida por Cataluña con 17.379 euros por residente y a cierta distancia por Castilla La Mancha (13.836 euros), Murcia (13.315 euros) e Islas Baleares (13.070 euros), figurando en última posición Madrid con 681 euros. Hay pocas dudas de que las Comunidades en el arco mediterráneo (Comunidad Valenciana, Islas Baleares y Murcia) ha sido las más beneficiadas por los mecanismos extraordinarios de financiación de las Administraciones Territoriales, tanto en cifras absolutas como por población residente. Sólo Castilla La Mancha se codea con ellas y todas ellas superan holgadamente la media de 11.129 euros.
Gráfico 2. Recursos totales por residente recibidos de los mecanismos de financiación de las Administraciones Territoriales 2012-2023
Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Ministerio de Hacienda y cifras de población residente del INE.
El problema no estriba en que se pongan en marcha mecanismos extraordinarios de financiación para afrontar situaciones particularmente adversas, como ocurrió en 2012 y podría haberse vuelto a hacer en 2020, sino que esos mecanismos una vez creados tiendan a perpetuarse. En el citado artículo de Expansión se indica que Cataluña tiene previsto solicitar al FLA 8.600 millones (de momento en la hoja de Excel del Ministerio de Hacienda sólo figuran 3.132,7 millones) de los que 6.990 se destinarán a refinanciar los vencimientos de deuda con el propio FLA, 284 millones a cubrir el déficit presupuestario y otros 125 millones a “afrontar la liquidación negativa del sistema de financiación autonómica de años anteriores”. Como ustedes verán entre el total de 8.600 millones solicitado y el total de las tres partidas (7.399 millones) hay una diferencia de 1.261 millones (= 8.600 – 7.399) cuyo destino ignoramos.
La conclusión que podemos extraer es que la vicepresidenta Montero no tiene ninguna intención de apretar las tuercas al gobierno de Aragonés porque la continuidad de la XV Legislatura pende de un fino hilo: el apoyo que los siete diputados de ERC prestan en cada votación al Gobierno en el Congreso. Aragonés es consciente de la debilidad de Sánchez y va a aprovecharla pidiendo 8.660 millones al FLA en 2024 porque no tiene intención alguna de devolver la deuda que ha ido acumulando con el Tesoro. El Gráfico 3 muestras la evolución de la deuda de la Generalidad de Cataluña desde diciembre de 1994 hasta septiembre de 2023. Como puede observarse la deuda de la Generalidad más que se triplicó entre diciembre de 2007 (15.776,3 millones) y diciembre de 2013 (58.179,4 millones), los años de la Gran Recesión y la subsiguiente crisis financiera, pero continuó creciendo hasta alcanzar 79.054,3 millones en diciembre de 2019, en vísperas de la irrupción de la pandemia.
Gráfico 3. Deuda de la CA de Cataluña diciembre 1994 a septiembre de 2023
Fuente: elaboración propia a partir de los datos publicados por el Banco de España.
A partir de 2012, los mercados de crédito estaban cerrados para la Generalidad de Cataluña lo que obligó a su gobierno a recurrir año tras año a financiarse empleando los mecanismos extraordinarios de Financiación Territorial habilitados por el gobierno de Rajoy en 2012 ante la imposibilidad de hacerlo en el mercado. Gracias a los préstamos recibidos del FLA, el gobierno de la Generalidad siguió incurriendo en déficits abultados y acumulando deuda, sólo que ahora los acreedores no eran inversores que adquirían la deuda emitida sino el Tesoro de España. De los 84.548,5 millones de deuda de Cataluña a finales de septiembre de 2023, 82.137,2 millones corresponden a préstamos según el Banco de España mayoritariamente contraídos con el FLA. Para lograr el apoyo de ERC y Junts a la investidura de Sánchez, el gobierno de Sánchez se ha comprometido a condonar 15.000 millones de la deuda del gobierno de la Generalidad con el Tesoro claro que se trata de un primer paso, una minucia me atrevo a decir si tenemos en cuenta que el Parlamento de Cataluña cifra en 456.000 millones la deuda histórica de España con Cataluña (Informe i conclusions de la Comissió d’Estudi sobre el Deute Històric de l’Estat amb Catalunya, p. 80). O sea que, una vez condonados los 15.000 millones de deuda de la Generalidad con el Tesoro, los españoles adeudaríamos todavía 411.000 millones a Cataluña en números redondos. La idea es no devolver nada y traspasar toda la deuda al resto de los españoles. Más vale que pongamos pronto fin al disparate institucional y político en que nos está sumiendo Sánchez si queremos evitar que la inestabilidad que se adueñó de Cataluña durante el proceso secesionista anide, se extienda como una mala plaga y acabe poniendo en riesgo el ordenamiento constitucional y la economía española.
Artículo publicado en la revista Consejeros el 15 de enero de 2024. Agradezco de antemano su ayuda para difundirlo entre sus amigos y contactos.
La página de la UE en que se da cuenta de los cambios en las normas de gobernanza adoptados el 21 diciembre en la última reunión de ministros de Economía que cerraba la presidencia española recoge las siguientes declaraciones de la todavía ministra Calviño:
“Con esta reforma del mecanismo de gobernanza económico, aseguramos la sostenibilidad y el equilibrio de las finanzas públicas y la protección de la inversión, el crecimiento y la creación de empleo en toda la UE. Estamos convencidos de que las nuevas reglas serán efectivas, respaldan los objetivos de la UE y mejoran dramáticamente el mecanismo existente”.
No me sorprende que la columna económica de la que tanto alardeaba Sánchez antes del 23.J –“nosotros tenemos a Nadia, ellos no tienen a nadie”- haya sacado pecho y trate de vestir con las mejores galas el acuerdo alcanzado para reformar las reglas fiscales de la UE cuando la carroza de Cenicienta estaba a punto de convertirse en calabaza.
Diga lo que diga la ministra, resulta difícil valorar positivamente el acuerdo alcanzado. Lo mejor que podría decirse sobre sus palabras, siendo muy benevolente, es que se trata de una valoración completamente interesada, superficial y vacía de contenido. El propósito de este artículo es explicar por qué las nuevas reglas no “mejoran dramáticamente el mecanismo existente”, sino que lo diluyen más si cabe; por qué no aseguran “la sostenibilidad y el equilibrio de las finanzas públicas”, sino que aumentan el margen de discrecionalidad de los países para mantener los desequilibrios; y por qué no protegen “la inversión, el crecimiento y la creación empleo”, sino que aumentan el lastre que supone la mala gobernanza del sector público sobre la inversión y la creación de empleo en el sector privado privado. Que Calviño no lo vea así, da una idea de hasta qué punto su valoración, meramente política, empequeñece como economista a quien ha dirigido la política económica de España durante los últimos cinco años y medio.
Incumplimiento de las reglas fiscales
El Tratado de Maastricht estableció para los países comprometidos a poner en marcha la Unión Económica y Monetaria (UEM) varias condiciones para hacerla viable entre las que figuraban mantener las ratios Déficit de las AA PP. /PIB nominal (Déficit(-)/PIBn, de aquí en adelante) y Deuda de las AA. PP./PIB nominal (Deuda/PIBn, de aquí en adelante) por encima de -3 % y por debajo de 60 %, respectivamente. Se trataba de unas reglas un tanto etéreas puesto que nunca fueron aplicadas con rigor ,y algunos países, como Bélgica e Italia, las incumplían ya a finales de 1998, y deberían, en buena lógica, haber quedado excluidos de la UEM. Los Gráficos 1 y 2 muestran que los gobiernos de España han incumplido el primer criterio con holgura y de forma reiterada desde 2008 (-4,57 %), siendo 2018 (-2,59 %) el único año en que se satisfizo el criterio. En el caso de la deuda, el incumplimiento se inició a finales de 2010, alcanzó 100,49 % en diciembre de 2013, se mantuvo aproximadamente constante hasta 2019, y alcanzó su valor máximo, 125,05 % en marzo de 2021.
Gráfico 1. Superávit (+) o Déficit (-) de las AA. PP, en porcentaje del PIBn. 1995-2022
Nota: PIBn empleado es la suma del PIB del trimestre y los tres trimestres anteriores.
Fuente: elaboración propia a partir de las cuentas de las AA. PP. de la IGAE y la CNTR del INE.
Gráfico 2. Deuda /PIBn de las AA. PP. 1995-2022
Nota: PIBn empleado es la suma del PIB del trimestre y los tres trimestres anteriores.
Fuente: elaboración propia a partir de las cifras de deuda del Banco de España y la CNTR del INE.
Para despejar cualquier duda sobre el grado de desviación de la política fiscal de España de las reglas de gobernanza de la UE, el Cuadro 1 presenta los valores medios de ambas ratios en dos períodos 2008-2022 y 1995-2023. Para ambas variables y para los dos períodos se superan los umbrales admisibles, sin que pueda excusarse su cumplimiento al incluir en amos períodos fases contractivas y expansivas. En cuanto al futuro, los planes avanzados por el Gobierno para los próximos años no invitan al optimismo. En efecto, el escenario macroeconómico incluido en el Plan Presupuestario 2024 remitido a Bruselas por la ministra Montero el pasado 15 de octubre prevé déficits de -4,7 % del PIBn en 2023 y -3,0 % del PIBn en 2024, y la Actualización del Programa Estabilidad 2023-2026 contempla que esos ratios se sitúen en -2,7 % en 2025 y -2,3 % en 2026 y la deuda se mantenga por encima de 100 % del PIBn hasta 2026.
Cuadro 1. Ratios medios Déficit/PIBn y Deuda/PIBn 2008-2022 y 1995-2022
2008-2022
1995-2022
Déficit/PIBn
-6,68 %
-4,21 %
Deuda/PIBn
95,80 %
74,61 %
Fuente: elaboración propia a partir de las cifras de Contabilidad Nacional de la IGAE.
Como acabamos de comprobar, la historia reciente y los planes del gobierno de España para los próximos años indican que alcanzar el equilibrio presupuestario de las AA. PP., no digamos ya obtener superávits aprovechando la recuperación de la actividad, no constituye una prioridad de política económica. Pese al fuerte crecimiento de los ingresos impositivos en 2021, 2022 y 2023 y a los 59.000 millones recibidos del fondo Nueva Generación UE entre el segundo semestre de 2021 y el primer semestre de 2023, el Gobierno planea seguir aumentando el gasto corriente e incurriendo en déficits en los próximos años y acumulando deuda que lastrará la financiación del sector privado y el bienestar de las generaciones futuras.
La indisciplina fiscal es un problema general que afecta al conjunto de la UE. Desde el segundo semestre de 2008, los países de la UE han respondido a las perturbaciones adversas, la Gran Recesión primero y la Covid-19 en 2020, incurriendo en déficits abultados y acumulando ingentes volúmenes de deuda. El Gráfico 3 muestra que 13 de los 27 países de la UE sobrepasaban el umbral de deuda en 2022, algunos lo hacían por muy poco, como Alemania y Chequia, en tanto otros como España y Francia se sumaban a la selecta lista de países cuya deuda supera 100 % del PIBn. No es de extrañar que la CE esté preocupada por los elevados déficits y la ingente deuda acumulada y pretenda aumentar la disciplina desempolvando las olvidadas reglas fiscales. Otra cosa muy distinta es que el acuerdo alcanzado el 21 de diciembre vaya en la dirección correcta y permita mejorar sustancialmente la situación actual.
El acuerdo sobre reforma de las reglas fiscales alcanzado el pasado 21 de diciembre, pendiente todavía de ser ratificado por el Europarlamento, viene a ratificar los criterios fijados en el Tratado de Maastricht, si bien introduce valoraciones poco objetivas que las harán más inoperativas, si cabe, cuando comiencen a aplicarse tras un período transitorio que finalizará en 2027. Y es que el nuevo acuerdo no contempla aplicar sanciones automáticamente a los países que incumplan los límites fijados en los dos criterios, sino a los informes singularizados que elabore la CE sobre los países incumplidores.
En efecto, la CE presentará trayectorias multianuales diferenciadas que serán trasladadas a los Estados miembros con antelación suficiente para que los gobiernos puedan incorporarlas en sus planes presupuestarios. El objetivo perseguido con este engorroso armazón burocrático es asegurar que al término de un período de ajuste fiscal de cuatro años “la deuda se encuentre en una trayectoria decreciente convincente o se mantenga a niveles prudentes por debajo del 60 % a medio plazo, y que el déficit público proyectado se lleve hasta y se mantenga por debajo de 3% a medio plazo”. (Subrayados míos). En términos prácticos, el acuerdo se contenta con proponer trayectorias decrecientes de la ratio Deuda/PIBn para acercarla al umbral de 60 % y mantener la ratio Déficit(-)/PIBn por encima de -3 % a medio plazo.
Se trata de objetivos muy vagos y poco ambiciosos que suponen renunciar en la práctica a que los Estados con ratios Deuda/PIB tan elevados como España se acerquen al umbral de 60 % durante décadas, si como parece la CE se conforma con que mantengan la ratio Déficit(-)/PIBn por encima de -3 % a medio plazo, salvo que la inflación, como ha ocurrido desde 2021, exceda en varios puntos el objetivo de inflación de 2 % del BCE. Además, el acuerdo alcanzado deja abierta la puerta a que “los estados miembros pueden beneficiarse de trayectorias de ajuste más prolongadas si se comprometen a realizarreformas e inversiones orientadas a la sostenibilidad y crecimiento”. Y para ahondar en el terreno de la imprecisión y la vaguedad, el acuerdo reconoce a los Estados el derecho a pedir extensiones de hasta 7 años si acometen reformas e inversiones que aumentan el crecimiento potencial y la sostenibilidad fiscal. (Subrayados míos.)
En cuanto a los planes de ajuste, la CE podrá exigir a los países que incurran en déficit excesivo una reducción anual de 0,5 % del PIB, si bien se establece un período transitorio 2025-2027 y se deja abierta la puerta a “tomar en cuenta el aumento del pago de intereses al calcular el esfuerzo de ajuste” exigido por el procedimiento. En cuanto a la puesta en marcha del procedimiento de deuda excesivo, el acuerdo exige para iniciarlo que la Comisión prepare un informe cuando las desviaciones de un estado miembro superen el valor de referencia en 0,3 puntos porcentuales del PIB anualmente, o 0,6 puntos porcentuales acumuladamente. En caso de incumplimiento, la multa ascendería a 0,05 % del PIB y se acumularía cada seis meses hasta que se tomen medidas efectivas. (Subrayados míos.)
De aquí a 2027, año en que finaliza el período transitorio, veremos a los Estados miembros implementar algunos ajustes presupuestarios para mantener la ratio déficit/PIB por debajo de 3 % y exhibir trayectorias decrecientes en la ratio Deuda/PIBn para convencer a la CE de que se encuentran en el buen camino. Y sólo a partir de ese momento tan distante e incierto en el proceloso mundo de la política sería cuando la Comisión elaboraría las trayectorias multianuales diferenciadasde cuatro años para los países incumplidores, y se aplicarían las sanciones previstas a los países incumplidores. Incluso esa aplicación podría verse diluida si los gobiernos solicitan una extensión del período transitorio o invocan estar acometiendo reformas e inversiones favorecedoras del crecimiento potencial del PIB y la sostenibilidad fiscal. Por ello, poco o nada va a ayudar esta reforma a que los gobiernos cumplan los criterios de gobernanza fiscal de la UE en los próximos años.
Establecer criterios de intervención precisos
Puestos a acordar nuevas reglas, hubiera resultado más transparente mantener criterios numéricos similares a los actuales que ampliaran el margen de maniobra de la política fiscal, pero evitaran dejar la puerta abierta a interpretaciones discrecionales de la Comisión sobre los esfuerzos de los países miembros que pueden retrasar y desvirtuar la instrumentación de los deseables ajustes fiscales. Una posibilidad hubiera sido, por ejemplo, modificar los umbrales de Déficit(-)/PIBn (a -2,0 % o -4,0 %) y Deuda/PIBn (a 50 % o 70 %), pero exigir su cumplimiento. Otra haber elegido otro indicador como, por ejemplo, el valor de la media móvil de la ratio Déficit(-)/PIBn en lugar de los valores observados para determinar cuándo un país incurre en un déficit excesivo.
Voy a ilustrar estas posibilidades considerando el caso de España. El Gráfico 4 muestra la ratio Déficit (-)/PIBn observada (línea azul) de la economía española, la media móvil de 5 años de esta variable (línea roja) y la línea horizontal -3% (línea morada continua) que representa el umbral actual de déficit excesivo en la UE. En 2008, la ratio Déficit (-)/PIBn fue -4,57 % y aplicando el criterio actual de déficit excesivo la CE debería haber exigido a España la adopción inmediata de medidas correctoras. En cambio, si el criterio se establece en términos de la media móvil de 5 años, como su valor era todavía -2,12 % en 2009, el ajuste se habría retrasado hasta que alcanzó -4,27 % en 2010. Obviamente, si el umbral se baja en -2,0 %, el ajuste se habría adelantado a 2009. En otras palabras, la CE debería haber exigido al gobierno de Rodríguez Zapatero realizar un ajuste fiscal en 2010 o incluso 2009 dependiendo del umbral.
Gráfico 4. Superávit (+) o Déficit (-) de las AA. PP. en porcentaje del PIBn 1999-2022
Fuente: elaboración propia a partir de las cuentas de las AA. PP. del IGAE y la CNTR del INE
Los elevados déficits registrados tanto en 2010 como en 2011 demuestran que las medidas de contención del gasto adoptadas por el gobierno de Rodríguez Zapatero en mayo de 2010 a instancias de la CE resultaron insuficientes para revertir la situación. El Gráfico 5 muestra la ratio Deuda/PIBn (línea azul) y permite constatar como esos elevados déficits dispararon la ratio Deuda/PIBn que pasó de 34,91 % en marzo de 2008 a 89,98 % en diciembre de 2012. Los Gráficos 4 y 5 permiten, además, constatar que los ajustes fiscales implementados entre 2013 y 2018, si bien recortaron progresivamente la ratio Déficit (-)/PIBn hasta situarla en -2,59 % en 2018, resultaron insuficientes para reducir la ratio Deuda/PIBn que pasó de 100,49 % en diciembre de 2013 a 100,42 % en diciembre de 2018.
Gráfico 5. Deuda /PIBn y media móvil de 20 trimestres de Deuda /PIBn de las AA. PP. 1995-2022
Nota: PIBn empleado es la suma del PIB del trimestre de referencia y los tres trimestres anteriores.
Fuente: elaboración propia a partir de las cifras de deuda del Banco de España y la CNTR del INE.
La evolución de las ratios Déficit (-)/PIBn y Deuda/PIBn de la economía española apunta a que la CE debería haber impuesto un plan de ajuste al gobierno de España a finales de 2010, y desde luego no más tarde de diciembre de 2011, mucho más severo para impedir los elevados déficits incurridos en años posteriores y el imparable aumento de la deuda. No se hizo así. Y aunque resulta comprensible la tentación de cualquier gobierno a dilatar el ajuste fiscal en el tiempo para seguir gastando más de lo que ingresa incluso en tiempos de bonanza, la permisividad fiscal aboca que cuando se produce una nueva perturbación adversa, la Covid-19 en este caso, el gobierno carece de la holgura fiscal necesaria para para implementar políticas fiscales contracíclicas. A partir de marzo de 2020, el gobierno tuvo que hacer frente a la situación partiendo de una ratio Déficit(-)/PIBn de -3,0 % y una ratio Deuda/PIBn de 98,22 %, e incurriendo en déficits muy elevados que dispararon la ratio Deuda/PIBn hasta 125,05 % del PIBn en marzo de 2021. Casi con toda seguridad se puede afirmar que sólo la laxa política expansiva del BCE salvó a la economía española de padecer una nueva crisis en los mercados financieros y de deuda pública.
Algunas conclusiones
El análisis presentado nos lleva a extraer las siguientes conclusiones:
Primera, la CE nunca ha implementado con rigor las reglas de gobernanza fiscal de la UE permitiendo que las ratios Déficit (-)/PIBn y Deuda/PIBn excedieran los umbrales de -3,% y 60 %, respectivamente, incluso en períodos de bonanza económica. En el caso de España, las AA. PP. sólo registraron superávits en tres años desde 1995 hasta 2022 y el valor medio de la ratio Déficit(-)/PIBn ha excedido holgadamente el umbral de -3,0 %, resultando el incumplimiento especialmente grave en el subperíodo 2008-2022; asimismo, la ratio Deuda/PIBn ha superado el umbral de 60 % desde diciembre de 2011, llegando casi a duplicarlo en 2021. Las viejas reglas no se han implementado con rigor nunca en la UE y las nuevas reglas con planes singularizados, en contra de lo anunciado por la ministra Calviño, las diluyen aún más y van a favorecer su incumplimiento.
Segunda, exigir a los gobiernos mantener ratios Déficit(-)/PIBn inferiores a -3,0 % resulta insuficiente para reducir significativamente la ratio de Deuda/PIBn, si como ocurre habitualmente, cuando los países miembros se enfrentan a situaciones perturbaciones, la CE les permite incurrir en déficits muy abultados durante varios años consecutivos. El ejemplo de España resulta paradigmático: que la ratio Déficit (-)/PIBn se situara en torno a -3,0 % en 2017, 2018 y 2019 resultó insuficiente para reducir de forma significativa la ratio Deuda/PIBn durante el período de bonanza económica 2014-2019. Ahora, la perspectiva de seguir incurriendo en déficits hasta 2026 nos aleja de reconducir la ratio Deuda/PIBn a niveles inferiores a 60 % en un plazo razonable.
Tercera, para compatibilizar la deseabilidad de disponer de flexibilidad presupuestaria para afrontar perturbaciones negativas y mantener la ratio Deuda/PIBn por debajo de 60 %, la CE debería exigir a cualquier país cuya ratio Deuda/PIBn supere 70 % que las cuentas de las Administraciones Públicas arrojen superávits hasta que la Deuda/PIB sea inferior a ese umbral, 10 puntos superiores a la regla exigida En el caso de España, la CE debería haber exigido un ajuste fiscal mucho más intenso a partir de 2010 para eliminar el déficit y debería exigírselo también ahora que la ratio Deuda/PIBn ronda 110 % del PIBn y los ingresos impositivos han registrado fuertes aumentos desde 2021 hasta 2023.
La deseabilidad de emplear la política fiscal con fines estabilizadores y cumplir los criterios fiscales de la UE requiere imponer una mayor disciplina fiscal a los países miembros para poder afrontar las futuras perturbaciones adversas con cierta holgura presupuestaria. La solución al incumplimiento reiterado de las reglas fiscales y el elevado endeudamiento de los países miembros no pasa por desdibujarlas, o dejar sujeta su aplicación a apreciaciones tan vagas como el compromiso de “realizar reformas e inversiones orientadas a la sostenibilidad y el crecimiento”, que abren la puerta a facilitar su incumplimiento, sino por aplicarlas con mayor firmeza comenzando por la exigencia de compensar los déficits en años adversos con superávits en años de bonanza. Desde esta perspectiva, el nuevo acuerdo que nos lega la presidencia rotatoria de España en el segundo semestre de 2023 no supone mejora alguna sobre las viejas reglas, incumplidas de forma reiterada, sino que las diluye y ayudará a dar por buenas las malas prácticas presupuestarias que nos han conducido a la situación actual con déficits crónicos y altos niveles de deuda.
Adjunto enlace a mi artículo publicado desde el Observatorio Económico y Social de España y Cataluña (OBESCAT) en el diario El Liberal el 29 de octubre de 2022. Agradezco de antemano su ayuda para difundirlo entre sus amigos y conocidos.
Como analicé con bastante detalle en dos artículos recientes, “Las reformas del gobierno aumentan el precio de la luz I” y “Las reformas del gobierno aumentan el precio de la luz II” publicados el 14 y el 20 de agosto, respectivamente, en el diario El Liberal, tanto la reforma del sistema de facturación para los clientes con tarifa regulada aprobada por el gobierno el 1 de junio de 2021, como la reforma implementada el 13 de junio de 2022 para imponer un ‘tope’ al precio del gas natural utilizado por algunas centrales térmicas para generar electricidad, no han reducido los precios de la electricidad abonados por los clientes de las compañías eléctricas, y han resultado especialmente gravosos para los acogidos a la tarifa regulada con discriminación horaria a los que me referiré como clientes PVPC de aquí en adelante. Insisto: las reformas no han reducido el precio de la electricidad a pesar de los anuncios gubernamentales de que las reformas iban a “rebajar la factura eléctrica de los hogares, las empresas y la industria”.
La reforma de 1 de junio de 2021
Esta reforma alteró sustancialmente la factura eléctrica para los clientes PVPC. Para empezar, el hasta entonces único peaje de distribución y transporte por potencia contratada se desglosó en dos, denominados P1 y P2, y los dos peajes de distribución y transporte por energía consumida existentes se desglosaron en tres, denominados P1 punta, P2 llano y P3 valle. En los días laborables, la reforma redujo en 4 horas el tramo P3 valle, circunscrito a partir de ese momento a la franja entre las 24:00 y 8:00 horas, y recortó en 2 horas el tramo P1 horas punta, distribuido en dos franjas horarias, de 10:00 a 14.00 y de 18.00 a 24.00 horas. Por último, introdujo un nuevo tramo de 6 horas distribuido también en dos franjas horarias de 8:00 a 10:00 y de 14:00 a 18:00 horas. A cambio de la reducción en horas valle durante los días laborables, la reforma amplió de 12 a 24 horas las horas valle en sábados y domingos.
Pero sin duda, el hecho más destacable de la reforma fue la introducción del concepto ‘coste de energía’ en la factura que se convirtió en una cifra imposible de verificar para el sufrido cliente. En efecto, el cliente podía hasta el 1 de junio de 2021 multiplicar el consumo realizado en cada uno de los dos tramos horarios por el precio del kWh en cada tramo para calcular el gasto realizado. Pues, bien se tuvo que conformar con conocer el importe total del gasto realizado, sin posibilidad alguna de verificar la cuantía facturada por las empresas eléctricas. La reforma convirtió la factura en una caja negra.
El nuevo sistema de facturación, además de restar transparencia y fiabilidad a la factura eléctrica, constituyó un completo fiasco para los consumidores porque, como demostré en el primero de los dos artículos citados, los precios de la electricidad en las nuevas horas valle, entre las 24:00 y las 08:00 horas en días laborables que habían sido sustancialmente más bajos que los precios en las horas punta antes de implantarse la reforma el 1 de junio de 2021, llegaron a superar incluso los precios en las nuevas horas punta, entre las 8;00 y las 10:00 horas y entre las 18:00 y las 24:00 horas, pese a que la demanda nacional de electricidad en horas nocturnas seguía siendo muy inferior a la demanda en horas puntas.
Gráfico 1. Término de facturación de energía activa PVPC el 30 de agosto de 2022
Como puede comprobarse en el Gráfico 1 correspondiente al 30 de agosto de 2022, el desdibujamiento de los tramos horarios no fue cosa de unos pocos días o semanas tras la implantación del nuevo sistema de facturación, sino que se convirtió en un hecho habitual, un cruel sarcasmo para los clientes PVPC que han tenido que soportar desde entonces precios de la electricidad en las horas valle superiores incluso a los precios en las horas punta, impidiéndoles de manera efectiva obtener beneficio alguno por utilizar el sistema eléctrico cuando la demanda nacional de electricidad entre las 24:00 y las 08:00 horas es considerablemente más baja.
La pregunta que plantea el desdibujamiento de los tramos horarios a partir de la reforma en la facturación implementada el 1 de junio de 2021 es por qué por los dos organismos encargados de regular el sistema eléctrico español, el Gobierno de España y la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC), permitieron a las compañías eléctricas facturar precios mucho más elevados a los clientes acogidos a la tarifa regulada PVPC cuando los precios en los tramos valle no representaban ventaja alguna para ellos. La única respuesta congruente es que ambas instituciones respaldaban la política de las grandes compañías eléctricas interesadas en eliminar el segmento regulado del mercado para negociar los precios de la electricidad con cada cliente individualmente en el segmento ‘libre’ y aprovecharse de su posición dominante en el mercado para alterar los precios sin control gubernamental alguno.
La reforma de 14 de junio de 2022
El objetivo de la reforma implementada en vísperas del verano era imponer de manera extraordinaria un tope 50 €/MWh en media al precio del gas natural (GN) durante un año para reducir los costes de generación de las centrales térmicas que utilizan este combustible fósil para generar electricidad. Han pasado ya varios meses desde la implementación de la reforma y podemos examinar con cierta perspectiva cuáles han sido sus efectos. La Moncloa anunció a bombo y platillo que el “Gobierno limita “el precio del gas para reducir la factura eléctrica de las familias, las empresas y la industria”, y han sido numerosos los medios de comunicación que han asegurado a los españoles que la reforma bajó el precio de la luz
Cuadro 1. Precios (en €/MWh) y energías (en GWh) en el mercado diario eléctrico español
Fuente: Evolución del mercado de electricidad. Informe mensual septiembre 2022, Cuadro 5.7, p. 38. Operador Mercado Ibérico de Electricidad (OMIE).
¿Realmente ha sido así? La cuestión por dilucidar es qué precio, si alguno, se ha reducido y si esa reducción se ha dejado sentir en los precios finales soportados por los clientes de las compañías eléctricas como pretendía el Gobierno. El Cuadro 1 muestra la evolución de los precios medios en el mercado diario eléctrico español entre octubre de 2021 y septiembre de 2022, el último mes para el que están disponibles las cifras. Como puede observarse el precio medio alcanzó dos máximos relativos en octubre de 2021, 200,06 €/MWh, y diciembre de 2021, 239,17 €/MWh, y el máximo absoluto en marzo de 2022, 283,30, en las semanas siguientes a la invasión de Ucrania. A partir de ese momento, el precio medio se redujo en los meses siguientes, y lo hizo con especial intensidad en julio, tras implementarse el ‘tope’ al GN el 14 de junio de 2022, si bien parece haberse estancado entre 140 y 155 €/MWh desde entonces A la vista de esta evolución podría uno sacar la conclusión apresurada de que la reforma ha logrado su objetivo de reducir el precio de generación en el mercado diario eléctrico español.
Ahora bien, ¿se ha trasladado esa reducción en el precio de generación a los consumidores? La respuesta es un rotundo no. Tal como avanzaba en el segundo de mis artículos publicado el 20 de agosto, para implementar la reforma era necesario introducir una compensación en los mecanismos de formación de precios para cubrir la diferencia entre el precio realmente abonado por el GN utilizado en las centrales térmicas que utilizan este combustible para generar electricidad y el tope o precio ficticio de aproximadamente 40 €/MWh impuesto por el gobierno para calcular el precio, igualmente ficticio, de la electricidad en el mercado de generación. Este concepto denominado ‘mecanismo de ajuste’ (MA) se ha trasladado, como anticipaba entonces, a los precios finales soportados por los clientes de las compañías eléctricas.
Cuadro 2. Precio final medio de la demanda nacional y PVPC el 30 de agosto de 2022
El panel superior del Cuadro 2 muestra el precio final medio de la demanda nacional el 30 de agosto de 2022 a las 07:00 horas, cuando el precio alcanzó su valor máximo, 436,21 €/MWh, y a las 16:00 horas en que alcanzó su valor mínimo 323,33 €/MWh. Obsérvese que los precios medios diarios a los que se cerraron los contratos el día anterior 220,00 €/MWh y 160,10 €/MWh, fueron muy inferiores a los precios finales. Esta abultada diferencia entre ambos precios la explica el componente MA que supuso nada menos que 209,32 €/MWh a las 07:00 horas y 149,01 €/MWh a las 16 horas. Como se muestra en la segunda y cuarta columnas, el peso del MA en el precio final medio de la demanda nacional fue 47,99% a las 07:00 horas y 46,09% a las 16:00 horas. Sin contar el MA, los precios medios diarios fueron significativamente más bajos por la imposición del tope al precio del GN, pero la necesidad de compensar a las centrales térmicas que utilizan este combustible supuso casi la mitad del precio medio final de la demanda nacional el 30 de agosto de 2022.
El segundo panel del Cuadro 2 revela que la situación resultó incluso más gravosa para los clientes acogidos a la tarifa regulada PVPC. El precio medio diario e intradiario (PMDeID) fue 265,54 €/MWh a las 07:00 horas y 183,75 a las 16:00 horas, bastante más elevados que los correspondientes precios medios diarios: 220,00 €/MWh a las 07:00 y 160,10 €/MWh a las 16:00 horas. Además, el MA coste de producción alcanzó las imponentes cifras 354,54 €/MWh a las 07:00 horas y 211,64 €/MWh a las 16:00 horas, mucho más elevados también. El PVPC se situó en 637,56 €/MWh (o 0,63756 €/kWh) a las 07:00 horas y en 437,19 €/MWh (o 0,43719 €/kWh) a las 16:00 horas. Por último, el panel inferior del Cuadro 2 revela hasta qué punto los clientes PVPC, con la aquiescencia del gobierno y la CNMC han sido víctimas propiciatorias de las compañías eléctricas, y han estado soportando precios mucho más elevados que el precio final medio de la demanda nacional. En concreto, el precio PVPC el 30 de agosto de 2022 excedió el precio final medio de la demanda nacional en 46,16% a las 07:00 horas y en 35,21% a las 16:00.
No crean que los resultados en el Cuadro 2 para el 30 de agosto han sido elegidos cuidadosamente para avalar mis conclusiones. Como puede comprobarse en el Cuadro 3 y en el Gráfico 2 el mecanismo de ajuste se ha convertido en un componente muy importante del precio final medio a partir de la reforma implementada el 14 de junio de 2022, y si su protagonismo se ha ido reduciendo en las últimas semanas no ha sido por la efectividad de ‘topar’ el precio del GN utilizado en las centrales térmicas, sino porque el descenso de los precios en el mercado diario ha reducido la cuantía de las compensaciones transferidas a las centrales eléctricas que utilizan este combustible fósil. De hecho, la información proporcionada por el Mercado Ibérico del Gas (MIBGAS) sobre la evolución de los precios permite concluir que la compensación ha desaparecido completamente a partir del 17 de octubre de 2022 al situarse los precio del GN en el mercado diario por debajo de los 50 €/MWh.
Cuadro 3. Componentes del precio final medio del sistema eléctrico español 2021-2022
Al igual que ocurrió con la irrupción de la pandemia que pilló al Gobierno de España sin haber adoptado medida alguna durante los meses de enero y febrero y la primera quincena de marzo de 2020 para prevenir la irrupción del Covid-19, la ministra Ribera y el Gobierno de España en su conjunto ignoraron durante muchos meses la amenaza que suponía el aumento del precio de la electricidad claramente perceptible a partir de marzo de 2021 y no elaboraron ningún plan de contingencia para amortiguar las subidas de precios del GN ocasionadas por las crecientes tensiones en Centroeuropa y el cierre del gasoducto del Magreb, clausurado el 31 de octubre de 2021, que constituía la principal vía de aprovisionamiento de GN de España hasta ese momento.
La decisión de la UE de acelerar unilateralmente el proceso de transición ecológica disparó el precio de los derechos de emisión de gases a partir de 2018, incrementando los costes de producción de todas las centrales térmicas y grandes industrias energéticas que utilizan combustibles fósiles (GN, carbón y gasoil) en la UE. Y ni siquiera fueron capaces de cambiar el paso cuando los precios de los productos energéticos iniciaron su escalada en el primer semestre de 2021 y el precio de los derechos de emisión continuó aumentando hasta alcanzar su máximo valor histórico (cercano a 100 €/MWh), a mediados de agosto de 2022, ocho años antes de lo previsto por algunos analistas. Las familias y las empresas localizadas en la UE están pagando también muy cara la falta de previsión de la Comisión, el Consejo y el Parlamento europeos para hacer frente a las consecuencias del aumento del precio de los productos energéticos entre las que la elevada inflación y el consiguiente endurecimiento de la política monetaria constituyen dos de principales y más preocupantes derivadas.
Las dos principales reformas implementadas por el gobierno español, la primera el 1 de junio de 2021 y la segunda el 14 de junio de 2022, no han servido para aumentar la transparencia en la facturación de las compañías eléctricas ni tampoco para contener la subida de precios de un sector que según el propio gobierno está obteniendo beneficios extraordinarios que ahora quiere gravar con impuesto extraordinario. La ministra Ribera ha reconocido públicamente en más de una ocasión que el meollo del problema reside en el “diseño del mercado” eléctrico instaurado a nivel europeo, pero tras 18 meses de subidas de precios el gobierno español y la UE en su conjunto siguen debatiendo en reuniones infructuosas qué hacer para modificarlo.
Resulta muy difícil reconocer que se equivocaron y más fácil achacar los problemas a Putin y a la invasión de Ucrania, aunque las subidas de precios comenzaron mucho antes del inicio de las hostilidades. Con frecuencia, se apuntan soluciones ineficaces tales como topar el precio del gas, analizada en este artículo, o simplemente absurdas, como imponer precios máximos a los productos energéticos importados por la UE. O bien se recurre a la solución mágica de “acelerar la transición energética” hacia fuentes de energía renovables y limpias que reduzcan la dependencia de Rusia y propicien al mismo tiempo la reducción de gases de efecto invernadero. El problema con esta solución ‘mágica’ es que sus proponentes no explican si esas energías supuestamente renovables y limpias son verdaderamente ‘sostenibles’, esto es, si van a mejorar el bienestar de las familias y la competitividad de las empresas europeas. Porque si no es así seguiremos pagando un alto precio. Sobran los discursos políticamente correctos en Bruselas y en las principales capitales de la desunida UE y brillan por su ausencia los estudios rigurosos que cuantifiquen las consecuencias de las soluciones propuestas.
Adjunto enlace a mi artículo publicado desde el Observatorio Económico y Social de España y Cataluña (OBESCAT) en el diario El Liberal el 5 de noviembre de 2022. Agradezco de antemano su ayuda para difundirlo entre sus amigos y conocidos.
La nueva reforma que planea implementar el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) antes del inicio de 2023 está probablemente llamada a ser un nuevo fiasco para los consumidores acogidos al mercado regulado, como ya lo fue la reforma del sistema de facturación vigente desde el 1 de junio de 2021, y como lo está siendo la reforma del 14 de junio de 2022 que impuso un ‘tope’ de 50 €/MWh al precio del gas natural (GN) empleado en algunas centrales térmicas para generar electricidad.
Según las noticias publicadas hasta ahora, la reforma en ciernes pretende reducir la volatilidad del Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC) haciendo que el precio facturado por las compañías eléctricas a estos clientes sea una media ponderada del precio actual y los precios futuros a varios plazos. Para entendernos, algo así como si al comprar un litro de aceite en el supermercado, la cajera nos dijera que el precio a pagar no es el que hemos visto en la estantería sino una media ponderada de ese precio y los precios del aceite en contratos para entrega de aceite a tres, seis y doce meses, precios futuros sobre los que el pequeño consumidor ignora todo.
Poner el foco en la volatilidad de los precios de la electricidad en el segmento regulado constituye un error de bulto por dos razones. En primer lugar, porque existen otros mecanismos más transparentes para reducir la enorme variabilidad del precio a lo largo del día y de un día para otro, como ocurre en la mayoría de los mercados donde los consumidores conocen los precios antes de cerrar la transacción y éstos permanecen relativamente estables durante días, semanas e incluso meses. con independencia de cuál sea la oferta y la demanda en el momento de cerrar la transacción. Y, en segundo lugar, porque desvía la atención del problema principal, a saber, el elevado precio de la electricidad que vienen pagando los clientes con tarifa PVPC por culpa, en buena parte, de unas reformas gubernamentales que han resultado contraproducentes y algunas decisiones políticas que han disparado el precio del GN y los precios de derechos de emisión en la UE.
A la vista de la notable incertidumbre existente sobre los detalles de la nueva reforma, me ha parecido oportuno formular algunas preguntas a las que intentaré responder con la mayor objetividad posible en este artículo.
¿Conocemos con exactitud los detalles y la letra pequeña de la nueva reforma del mercado eléctrico que la ministra Ribera quiere aprobar a principios de noviembre e implementar a partir del 1 de enero de 2023?
Estamos ante una propuesta todavía sin ultimar en la que, según manifestó la ministra Ribera, los ‘expertos’ están trabajando. En la página del MITECO, una nota de prensa explica “la propuesta de Real Decreto para reducir la volatilidad del Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC), la tarifa eléctrica regulada, contratada por los titulares de unos nueve millones de puntos de suministro, el 35% del país”, consistente en “incorporar a la fórmula de cálculo del PVPC una cesta de precios a medio y largo plazo para evitar las fuertes oscilaciones, sin perder las referencias de precios a corto plazo que fomentan el ahorro y el consumo eficiente”. Ni una palabra sobre los abusivos precios que, como expuse en mi artículo “Dos reformas del mercado eléctrico contraproducentes”, publicado el 29 de octubre en este diario, soportan los clientes del mercado regulado.
Al parecer, el Ministerio ha otorgado un contrato de asistencia técnica a Fabra, catedrática de la Universidad Carlos III, para que elabore la propuesta de reforma del sistema eléctrico, una decisión nada neutral habida cuenta que Fabra es consejera ‘independiente’ de Enagás a propuesta del PSOE, asesora del Ministerio de Economía y Transformación Digital de Calviño, y miembro del Foro sobre Transición Energética Justa e Inclusiva que preside la ministra Ribera. Fabra es hija del incombustible (Jorge) Fabra, exconsejero de Endesa, expresidente de Red Eléctrica Española y miembro del Consejo de Seguridad Nuclear, viejo comunista con un largo historial de ocupador de puestos públicos bien remunerados, y demagogo profesional desde sus años mozos de estudiante en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales en Somosaguas. Todo se queda en casa.
¿Cómo funciona el mercado eléctrico?
En la actualidad, el precio que soportan los clientes con tarifa regulada o clientes PVPC depende, en primer lugar, del precio de la electricidad determinado por las ofertas y las demandas presentadas en el Mercado Ibérico de Electricidad (MIBEL). La oferta la realizan las empresas generadoras que cuentan con centrales que utilizan tecnologías diversas (nuclear, hidráulica, eólica, fotovoltaica, carbón, gas natural, etc.) para generar electricidad. Las grandes empresas generadoras cuentan con un parque de centrales diversificado, y pueden producir electricidad con cada una de ellas con el objetivo de maximizar su beneficio. Respetando las limitaciones impuestas por cada tecnología, las empresas presentan sus ofertas para el día siguientes y el precio al que están dispuestas a suministrar la energía. En el otro lado del mercado, las empresas comercializadoras que suministran electricidad a las familias, sociedades y Administraciones Públicas presentan sus demandas de electricidad en cada momento.
Como puede apreciarse en el Gráfico 1, la demanda y la oferta son mucho más bajas entre las 00:00 y las 08:00 horas que corresponde al tramo horario denominado P1 valle en la facturación a los clientes PVPC. La cantidad de electricidad demandada y ofrecida, tal y como refleja el Gráfico 1, suele alcanzar un mínimo en torno a las 03:00-04:00 horas y un máximo en torno a las 20:00-21:00 horas.
Gráfico 1. Generación y consumo de electricidad el 10 de octubre de 2022
El Operador del Mercado Ibérico de Electricidad (OMIE) casa las ofertas y demandas, y el precio fijado es el más elevado de todos los precios ofrecidos por las centrales cuya producción resulta necesaria para satisfacer la demanda en cada momento del día. El Gráfico 2 muestra los precios en los mercados diario e intradiario y el precio final soportado por los clientes PVPC el lunes 10 de octubre de 2022. En el panel superior se presenta el desglose del precio final a las 04:00 horas en que el precio de generación en el mercado diario e intradiario alcanzó su valor mínimo, 0,12187 €/kWh, y el panel inferior el desglose del precio final a las 20:00 en que el precio de generación en el mercado diario e intradiario alcanzó su valor máximo 0,31249 €/kWh.
Gráfico 2. Término activo de facturación de energía clientes PVPC el 10 octubre de 2022
Obsérvese que existe una notable diferencia entre el precio en los mercados diario e intradiario y el precio final soportado por los clientes PVPC que se explica en gran parte por el elevado importe del concepto ‘excedente o déficit mecanismo de ajuste coste producción’ (MA de aquí en adelante), representado en el Gráfico 2 por la cuña superior de tono más claro que se coló en las facturas a partir de la reforma implementada el 14 de junio de 2022 cuando el Gobierno impuso un ‘tope’ al precio del GN para supuestamente bajar el precio de la luz. A las 04:00 horas del 10 de octubre, ese sobrecoste ascendió a 0,10418 €/kWh, una cifra muy próxima al precio de generación en los mercados diario e intradiario, 0,12187 €/kWh, y como puede apreciarse en el Gráfico 2 la elevada incidencia del MA se mantuvo durante la mayor parte del tramo P1 valle entre las 24:00 y las 08:00 horas. A las 20:00 horas, la cifra del MA, 0,06542 €/kWh fue menor incluso que el importe por peajes y cargos, 0,07441 €/kWh (cuña intermedia en el Gráfico 2) soportados por los clientes PVPC, y muy inferior al precio máximo fijado en los mercados diario e intradiario, 0,31249 €/kWh. No obstante, conviene tener presente que ha habido infinidad de días y horas desde el 14 de junio de 2022 en que la cifra del MA ha superado y hasta duplicado el precio de generación en los mercados diario e intradiario
El precio final soportado por los clientes PVPC varía considerablemente en función de la hora y el día, dependiendo de la evolución del precio establecido en los mercados diario e intradiario, el importe de los peajes y cargos y la magnitud del MA. Como puede observarse en el Gráfico 2, el lunes 10 de octubre, por ejemplo, el precio mínimo fue 0,23980 €/kWh a la 01:00 horas y el precio máximo 0,46878 €/kWh a las 20:00 horas. Al día siguiente, martes 11 de octubre, el precio mínimo fue 0,26917 €/kWh a las 14:00 horas y el máximo 0,43268 €/kWh a las 20:00 horas. Y el día de la Hispanidad, 12 de octubre, el precio mínimo fue 0,20556 €/kWh a las 12:00 y el máximo 0,34029 €/kWh a las 0:00 horas.
Existe, como acabamos de comprobar, una alta variabilidad en el precio de la electricidad en el mercado regulado a lo largo del día y de un día a otro, que depende de tres factores. Uno, las fluctuaciones del precio de generación, determinadas a su vez por la demanda y la oferta de energía eléctrica en cada momento. Dos, de la cuantía del MA que a su vez depende de la diferencia entre el precio de mercado del GN y el ‘tope’ de 50 €/MWh fijado por el gobierno. Y, tres, del importe de los peajes y cargos, muy bajos (0,00303 €/kWh) en el tramo P1 valle, bastante más altos (0,02847 €/kWh) en el tramo P2 llano, y muy elevados en el tramo P3 punta (0,07441 €/kWh) en el que suponen un porcentaje significativo del precio final soportado por los clientes PVPC. Ésta es casi la única diferencia sustancial de coste que queda entre los tramos horarios desde la reforma en la facturación implementada el 1 de junio de 2021.
Los peajes son precios regulados “destinados a recuperar los costes de las redes de transporte y distribución y son determinados por la CNMC”, y nutren las cuentas de REE, la empresa que transporta y distribuye la electricidad en España, presidida por Corredor, exministra de Vivienda (2008-2010) con Rodríguez Zapatero, que cobró 546.000 euros por el desempeño de su cargo en 2021. Una carga muy liviana en comparación con los cargos que fija MITECO y soportan las familias, las empresas y la industria “para cubrir el resto de los costes regulados, tales como la financiación de las renovables, el sobrecoste de producción de energía en los territorios no peninsulares o las anualidades del déficit”. Como puede comprobarse en el Gráfico 3, la cuantía total de los costes regulados ascendió a nada menos que 17.627 millones de euros en 2019.
Gráfico 3. Costes regulados del sistema eléctrico en 2019
La ministra Ribera al frente del MITECO y la CNMC (organismo del que su marido es consejero) son quienes fijan los precios de los peajes y el resto de los costes regulados, respectivamente, y deberían explicar a los clientes PVPC y a las familias y empresas por qué tienen que financiar ellos con sus facturas primas a renovables, cogeneración y residuos, los déficits acumulados hasta 2014, y, en fin, cómo determina el MITECO los costes de distribución y transporte más allá de asegurar a Red Eléctrica Española la obtención de unos pingües beneficios y el pago de desorbitados sueldos a su presidenta, consejeros y directivos. Si el Gobierno y la UE quieren primar determinadas tecnologías, ¿por qué no las subvencionan directamente en lugar de traspasar la carga a los hombros de las familias y empresas? El mercado eléctrico no es, pese a las apariencias, un mercado competitivo y transparente y los únicos responsables de que no lo sea son los órganos reguladores: MITECO y la CNMC.
¿En qué consiste la reforma?
La reforma, como ya he avanzado se propone establecer un precio para la electricidad igual a una media ponderada del precio corriente fijado en el mercado ibérico de electricidad, y los precios futuros a un mes, un trimestre y media anual. Si bien la ‘cosa’ está todavía por concretar, se puede afirmar que ligar el precio cargado en “la factura de las familias, empresas e industria” a los precios futuros de la electricidad no va a reducir necesariamente la volatilidad del precio de la electricidad, pero sí va a introducir una complejidad adicional en la factura de los clientes acogidos a la tarifa regulada PVPC.
Que el precio de la factura pase a ser ahora una media ponderada del precio actual y los precios futuros de la electricidad va a dificultar incluso más a los sufridos clientes en este segmento del mercado saber cuánto pagan por la energía consumida. Mi pronóstico es que, de llevarse a cabo la nueva reforma, los clientes PVPC van a quedarse más a oscuras si cabe de lo que ya lo están desde que el Gobierno aprobó el nada transparente sistema de facturación vigente desde el 1 de junio de 2021, en el que quiero recordar el grueso de la factura corresponde al concepto ‘Costes de la energía’ imposible de verificar por los clientes.
¿Se reducirán la volatilidad del precio y el importe de la factura de los clientes PVPC?
Impulsar una reforma tan poco transparente con la aparentemente loable intención de reducir la volatilidad de los precios sólo garantiza fluctuaciones del índice menores que las de los precios más volátiles incluidos en el índice, no necesariamente menor que la volatilidad de los precios corrientes. Además, tal y como indicaba en la introducción, existen otros mecanismos para reducir la variabilidad de los precios. En la inmensa mayoría de mercados, los precios no varían con la hora y el día, pese a que las cantidades demandadas y ofrecidas están variando continuamente.
Cuando las familias y empresas adquirimos cualquier producto no financiero, a excepción de la electricidad, observamos que los precios se mantienen relativamente estables durante días, semanas e incluso meses, con independencia de cuál sea la oferta y la demanda en el preciso momento en que pasamos por caja, y a ningún establecimiento se le ocurre cambiar los precios en función del número de artículos que quedan en las estanterías y la afluencia de compradores en ese momento. Ligar el precio presente a los precios futuros supone, además, ignorar que el precio corriente ya incorpora y refleja las expectativas de los precios futuros, del mismo modo que el precio actual de una acción de cualquier sociedad refleja la expectativa de beneficios y la cotización futuras.
Por ello, resulta difícil escapar a la conclusión de que la variación horaria de los precios del mercado eléctrico tiene como objetivo principal facilitar a las empresas eléctricas esquilmar al cliente, apropiándose del excedente del consumidor, y permitir a las grandes empresas utilizar su poder de mercado para satisfacer la demanda al precio más elevado posible en cada momento. En un artículo titulado “El papel del coste de los derechos de emisión de CO2 y del encarecimiento del gas en la evolución reciente de los precios minoristas de la electricidad en España” publicado por el Banco de España, se presenta un gráfico reproducido aquí como Gráfico 4, en el que se representa la curva de oferta en el mercado mayorista de electricidad en España.
El asunto es algo más complejo de lo que aparenta el Gráfico 4 porque la subida del precio del GN ha modificado la estructura de oferta y porque si esta curva de oferta escalonada representara adecuadamente el mercado tendríamos que esperar precios más bajos en las horas nocturnas cuando la demanda es baja, un resultado que con frecuencia no se observa en el mercado español, debido a que a esas horas la demanda se satisface operando centrales térmicas con elevados costes de producción. Según los autores de este artículo, 50% del aumento de los precios de la electricidad en España se explica por el aumento del precio del GN y 20% por el aumento de los derechos de emisión de CO2. Este es el alto precio que estamos pagando las familias y las empresas en la UE por la renuncia a importar gas de Rusia y la política unilateral de transición energética.
Gráfico 4. Curva de oferta en el mercado mayorista de la electricidad en España
Fuente: “El papel…” óp. cit., Documentos ocasionales, N.º 2110, p. 14. Banco de España.
Si el objetivo de la reforma es hacer más compleja e inescrutable la factura de la luz, la iniciativa va en la dirección correcta, pero si lo que se pretende con este nuevo intento es, como nos dijo el Gobierno, “rebajar la factura de las familias, las empresas y la industria”, me atrevo a afirmar que va a constituir un nuevo fracaso de la ministra Ribera y del Gobierno en su conjunto. El precio de la luz no se reducirá a menos que se modifiquen las reglas en el mercado de generación para que el precio no lo fijen las centrales más ineficientes requeridas en cada momento para satisfacer la demanda de energía eléctrica. El propio MITECO ha avanzado la posibilidad de imponer un techo al precio de la electricidad sin aclarar quién se hará cargo de la diferencia cuando el coste de producción de algunas centrales supere ese precio.
Otra posibilidad es que el Gobierno establezca un sistema de compensaciones intrasectoriales por el que se obligue a las centrales con bajos costes a compensar a las centrales que utilizan GN u otras tecnologías ineficientes para internalizar los costes derivados del ‘mecanismo de ajuste’ que ahora soportan los clientes en sus facturas. Una ventaja de esta propuesta es que incentivaría a las grandes empresas del sector a amortizar las centrales ineficientes e invertir en centrales más eficientes. Otra ventaja es que es mucho más ágil que la propuesta del Gobierno de gravar con un impuesto los beneficios extraordinarios a las empresas energéticas y utilizar los ingresos obtenidos para ayudar a los colectivos más vulnerables a pagar la factura de la luz, un mecanismo de transferencias, engorroso y caro de administrar y poco fiable. Además de eliminar el MA de las facturas de los clientes PVPC, el Gobierno debería extremar la vigilancia del sector para impedir que los precios finales soportados por los clientes PVPC sean muy superiores al precio final medio de la demanda nacional.
Adjunto enlace a mi artículo publicado desde el Observatorio Económico y Social de España y Cataluña (OBESCAT) en el diario El Liberal el 15 de octubre de 2022. Agradezco de antemano su ayuda para difundirlo entre sus amigos y conocidos.
El proyecto de Presupuestos Generales de España 2023 (PGE 2023, de aquí en adelante), pretende, según explicó Montero, ministra de Hacienda y Función Pública y responsable de su elaboración, avanzar en justicia social y eficiencia económica al mismo tiempo, dos objetivos que los economistas consideramos difícil de reconciliar, cuando por justicia social se entiende redistribuir la renta, como es el caso, y por eficiencia económica mejorar la situación de alguien en la sociedad sin empeorar la de ningún otro. Para lograr ese imposible doble objetivo, el gobierno Sánchez pretende, en primer lugar, “ayudar a la sociedad a transitar en una situación de dificultad” y “perseguir un reparto justo de los efectos de la guerra”, lo que exige que “quien más tiene más debe aportar”. Pero al mismo tiempo, el gobierno va a destinar una parte de los recursos del Estado a “transformar el modelo productivo” acelerando “las reformas para hacer la economía más resiliente, sostenible, innovadora y productiva”. Vamos directos al país de las mil maravillas.
Estamos ante un ejercicio solemne de prestidigitación lingüística con el que la ministra viene a decirnos que no hay motivo para preocuparse por las subidas de impuestos que ya están soportando las familias y empresas ni por los nuevos impuestos que van a llegar en 2023, porque esos recursos se van a destinar a mejorar la situación de los colectivos más vulnerables (justicia social) y a transformar nuestra economía en él no va más de la resiliencia, sostenibilidad, innovación y productividad (eficiencia económica). ¿Recuerdan el indecoroso eslogan “Salimos más fuertes” puesto en circulación por el gobierno Sánchez en mayo de 2020 tras la primera oleada de Covid-19 que había dejado un exceso de mortalidad de 50.000 personas entre el 9 de marzo y el 10 de mayo de 2022? Pues con igual descaro, el gobierno pretende ahora convencernos de que la sociedad va a salir más cohesionada y fuerte gracias a estos presupuestos, cuando el principal objetivo de las cuentas es convencer a algunos colectivos con importante peso social (pensionistas, empleados públicos, receptores de prestaciones de desempleo y otras prestaciones sociales, etc.) que Sánchez es su mejor valedor y su apuesta más segura en las elecciones generales de 2023.
Las organizaciones empresariales han sido unánimes al denunciar de falta de rigor de las cuentas por las optimistas previsiones de crecimiento del PIB en 2023; al tacharlas de electoralistas por el aumento del gasto corriente en personal y transferencias sociales; al considerarlas perjudiciales para el ahorro y la inversión productiva por el aumento de la presión fiscal soportada por familias y sociedades a causa de la inflación, el aumento de las bases mínima y máxima de cotización y la introducción de nuevos impuestos sobre empresas energéticas y entidades financieras; y, en fin, al apuntar el riesgo que supone seguir incurriendo en déficits y aumentando la deuda pública cuando el BCE está elevando los tipos de interés para frenar la inflación. Contrariamente a lo afirmado por la ministra Calviño, el proyecto de PGE 2023 no se ajusta a la política presupuestaria de consolidación fiscal recomendada por el Fondo Monetaria Internacional (FMI), ni sigue el consejo del Banco Central Europeo (BCE) de que “las actuaciones sean lo más focalizadas posible”.
Contrasta sobremanera el optimismo del gobierno de España con el sombrío cuadro de la economía mundial que presentó Georgieva al inicio de la reunión anual de los miembros del FMI en Washington el pasado 11 de octubre. La directora general del FMI advirtió que “los riesgos de recesión están aumentando” y “un tercio de la economía mundial registrará al menos dos trimestres consecutivos de contracción este o el próximo año”, y que incluso “cuando el crecimiento sea positivo, se percibirá como una recesión por la reducción de las rentas reales y el aumento de los precios”. Si la primera prioridad es “actuar decisivamente incluso si la economía inevitablemente se ralentiza” para atajar la inflación, la segunda prioridad es “implementar una política fiscal responsable que proteja a los más vulnerables, sin añadir combustible a la inflación”, ni dañar la inversión productiva, añadiría yo. (Subrayado mío.)
Desde esta perspectiva, el fuerte aumento del gasto corriente y los continuados déficits y aumento de la deuda pública más allá de 2025 que contemplan el proyecto de PGE 2023, no están justificados ni pueden considerarse política fiscal responsable, porque no son imprescindibles para proteger a los más vulnerables y van casi con toda seguridad a añadir más combustible a la inflación, al igual que las subidas impositivas van a restar dinamismo al sector privado e impulsar políticas gubernamentales de ‘transformación’ de dudosa eficacia y rentabilidad social. Este artículo, lo voy a dedicar a examinar el escenario macroeconómico que sustenta el proyecto de PGE 2023 y en el de la próxima semana analizaré los ingresos y gastos del Estado, y el déficit y la deuda pública, prestando especial atención a la situación de la Seguridad Social (SS).
El escenario macroeconómico 2022-2023
El Cuadro 1 presenta las cifras que aparecen en el escenario macroeconómico que acompaña el proyecto de PGE 2023. El gobierno asume que el gasto en consumo final privado descontada la inflación crecerá 1,3% en 2023, una décima más que en 2021, y el gasto en consumo final de las AA. PP. se recuperará desde la caída con que se prevé cerrará 2022 (1,0%) y crecerá 0,4% en 2023. Por otra parte, el crecimiento de la Formación bruta de capital fijo registrará un fuerte repunte desde 5,1% e 2022 a 7,9% impulsado por los Bienes de equipo y la Construcción que con un crecimiento de 8,4% más que duplica el crecimiento en 2022 (3,8%). En conjunto la demanda nacional contribuirá 2,4 puntos porcentuales (p. p.) en 2023 frente a 1,5% en 2022. En contraste, el crecimiento de las exportaciones (7,3%) a menor ritmo que el de las importaciones (8,2%) restará 0,3 p.p. al crecimiento del PIB real (PIB, de aquí en adelante) para dejarlo en 2,1%, algo menos de la mitad del crecimiento anticipado en 2022 (4,4%).
Cuadro 1. Escenario macroeconómico 2022-2023 en el proyecto de PGE 2023
Nota: ETC, equivalente a tiempo completo.
Fuente: Proyecto de Presupuestos Generales del Estado 2023, Libro Amarillo, Cuadro II.2, p. 112, Proyecto PGE 2023.
El escenario anticipa también una notable reducción del crecimiento del PIB nominal que pasaría de 8,6% en 2022 a 6,0% en 2023, atribuido casi en su totalidad a la reducción del PIB puesto que el deflactor del PIB apenas se reduce 2 décimas, desde 4,0% en 2022 a 3,8% en 2022. Con relación al mercado laboral, el proyecto prevé que el empleo medido en términos de ocupados equivalentes a tiempo completo, una variable inobservable que proporciona la Contabilidad Nacional Trimestral (CNTR), se reducirá desde 2,9% en 2022 a 0,6% en 2023, lo que no será impedimento para que la tasa de paro se reduzca 6 décimas desde 12,8% a 12,2% de la población activa. La pregunta que resulta obligado formularse a la vista del relativamente optimista escenario anticipado por el gobierno en 2023 es si la aceleración del crecimiento de la demanda nacional, en un contexto de desaceleración global, está justificado o es meramente la expresión de un deseo por parte de un gobierno obligado a pasar por las urnas el próximo año.
Crecimiento del PIB sesgado al alza
Para valorar la fiabilidad que merecen las previsiones gubernamentales, lo primero que cabe hacer es contrastarlas con las proyecciones macroeconómicas de la economía española 2022-2024 publicadas por el Banco de España (BdE) hace unos días. Como se desprende del Cuadro 1, existen diferencias sustanciales entre las cifras incluidas en el escenario macroeconómico del gobierno y las proyecciones del BdE, tanto en lo que atañe a la evolución de la demanda nacional como la demanda neta exterior.
Cuadro 2. Escenario macroeconómico PGE 2023 y proyecciones macroeconómicas BdE
Nota: IAPC índice armonizado de precios de consumo.
Fuente: elaboración propia a partir del Proyecto de PGE 2023 y Banco de España.
Con relación a la primera, destaca la abultada diferencia entre el crecimiento de la Formación bruta de capital anticipado por el gobierno, 7,9%, en 2023 y el casi estancamiento proyectado por el BdE, 0,5%. Estamos hablando de una diferencia de 6,2 p.p. Por otra parte, las tasas de crecimiento de exportaciones e importaciones en el escenario gubernamental son mucho más elevadas de las proyectadas por el BdE, y además este organismo prevé, al contrario que el gobierno, que el crecimiento de las exportaciones (4,0%) superará al de las importaciones (3,1%), y la aportación del sector exterior al PIB (0,5 p.p.) será positiva y no negativa (-0,3%) como anticipa el gobierno. En conjunto, el BdE proyecta un crecimiento del PIB de 1,4% frente al 2,1% anticipado por el gobierno.
Teniendo en cuenta que el BdE se encarga de elaborar las estadísticas del sector exterior y las previsiones contractivas a nivel global manejadas por el FMI, parece razonable otorgar más peso a la estimación algo menos dinámica, aunque positiva, del sector exterior proyectada por el BdE que a la más dinámica pero negativa anticipada por el gobierno. Además, el gobierno ha revisado al alza las tasas de crecimiento incluidas en la actualización del Programa de Estabilidad 2022-2025 enviado por el gobierno a Bruselas en junio que cifraban el aumento en 2023 de las exportaciones en 2,8% y el de las importaciones en 3,3%, ambas cifras más cercanas a las proyectadas por el BdE. En cuanto a la aportación de la demanda nacional, la proyección bastante más prudente del BdE sobre la evolución de la Formación bruta de capital encaja mejor con el escaso dinamismo anticipado para el consumo por el aumento de los precios, la ralentización de la construcción por el aumento de los costes y las subidas de tipos de interés ya implementadas o a implementar en los próximos meses que afectarán a la demanda de viviendas y otros bienes duraderos.
En síntesis, la proyección de 1,4% de crecimiento del PIB realizada por el BdE, aunque sustancialmente más baja que la anticipada por el gobierno (2,1%), parece concordar mejor con la ralentización del crecimiento mundial reconocida ya como un hecho por el FMI y la OCDE y el impacto negativo que cabe esperar de las agresivas políticas antiinflacionistas puestas en marcha por la FED y el BCE, una apreciación que refuerzan las previsiones independientes de crecimiento del PIB de España en 2023 publicadas en los últimos días por diversos organismos internacionales y nacionales: la OCDE, 1,5%, la Airef, 1,3%, el FMI, 1,2%, y BBVA Research, 1,0%. El rango de estimaciones independientes difiere tanto de la cifra incluida en el escenario macroeconómico, 2,1%, que sólo cabe concluir que el gobierno anticipa una previsión de crecimiento del PIB que nadie salvo él mismo da por buena.
¿Cómo afecta el sesgo alcista del PIB a otras variables macroeconómicas?
Aunque las organizaciones empresariales y la oposición al gobierno han aprovechado el sesgo alcista en el crecimiento del PIB para desacreditar las restantes previsiones incluidas en el proyecto de PGE 2023, resulta recomendable no sacar conclusiones precipitadas, entre otras cosas porque si bien las previsiones sobre la evolución del empleo y la tasa de paro dependen de la evolución del PIB y podrían estar sesgadas también al alza, la evolución de los ingresos públicos, por ejemplo, depende de la evolución del PIB nominal, y éste a su vez de la evolución de los precios y salarios nominales. Con relación al empleo y la tasa de paro, las previsiones del gobierno y las proyecciones del BdE en el Cuadro 2 anticipan aumentos y caídas respectivamente muy modestos en 2023 que podrían ser incluso menores si el crecimiento del PIB se ralentiza en los próximos trimestres, como prevén la mayoría de los organismos internacionales y nacionales.
No es del todo sorprendente que la actualización del informe Perspectivas Económicas Mundiales del FMI se titule “Contrarrestando la crisis del coste de vida. Inflación e incertidumbre” , ni que el título del correspondiente informe de la OCDE sea “Pagando el precio de la guerra”. Resulta difícil prever cómo evolucionarán el PIB y la inflación, entre otras cosas porque resulta difícil saber cuánto durará la guerra en Ucrania y porque no puede descartarse que se produzca incluso una escalada del conflicto que tendría consecuencias muy negativas para todo el Planeta y desastrosas para los países europeos. Lo más que puede hacerse en este escenario tan incierto son algunas conjeturas realistas y cruzar los dedos para que la guerra no se prolongue en exceso y algunos países no se involucren más de lo que ya lo están.
Aunque el aumento de los precios de la energía se dejó sentir con fuerza en España a partir del segundo trimestre de 2021, bastantes meses antes del inicio de la invasión de Ucrania, lo cierto es que el aumento de las tensiones provocadas por la prolongación del conflicto, incluidas la imposición de sanciones económico-financieras a Rusia y la consiguiente reducción de suministros de gas natural, petróleo y carbón rusos a la UE, así como de cereales y aceite de girasol procedentes de Ucrania, no ha ayudado a moderar las fuertes subidas de los precios de la energía y los alimentos que se van trasladado al conjunto de bienes y servicios y recortando el poder de compra de los salarios. A ello hay que añadir el aumento de los tipos de interés que está afectando a hipotecas y préstamos que van a recortar aún más el consumo de las familias y la inversión de las empresas y van elevar los costes financieros de todos ellos.
El escenario macroeconómico del proyecto de PGE 2023 anticipa que el deflactor del PIB se reducirá desde 4,4% en 2022 a 3,8% en 2023, en tanto que el BdE proyecta un aumento desde 3,5% en 2022 a 4,5% en 2023. Con relación a los precios de consumo, el gobierno anticipa que el deflactor del consumo privado se reconducirá desde 7,7% en 2022 a 4,1% en 2023, en tanto el BdE proyecta una reducción del crecimiento del índice armonizado de los precios de consumo (IAPC) desde 8,7% en 2022 a 5,6% en 2023. Está claro que el BdE es menos optimista que el gobierno sobre la evolución de los precios en 2023, pero como también es más pesimista sobre la evolución del PIB, el resultado es que ambos anticipan o proyectan casi la misma tasa de crecimiento del PIB nominal, 6,0% y 5,9%, respectivamente. En todo caso, esta tasa supone una reducción de 2,6 y 2,2 p.p., respectivamente, respecto a las previstas para 2022 (8,6% y 8,1%, respectivamente).
Tras este análisis, cabe concluir que al margen de las discrepancias entre el escenario del proyecto de PGE 2023 y las proyecciones macroeconómicas del BdE sobre el crecimiento del PIB y la tasa de inflación, ambas concuerdan en que el PIB nominal crecerá en torno a 6%. Incluso si las previsiones de crecimiento del PIB resultarán sesgadas al alza en ambos casos, bien porque la guerra se alarga o se agrava y persisten las disrupciones en los suministros, esta circunstancia podría compensarse con una inflación superior a la anticipada o proyectada. En el segundo trimestre de 2022, la tasa interanual de crecimiento del coste salarial por trabajador alcanzó 4,3% y según la CNTR la remuneración de los asalariados por ocupado creció 4,1% y los impuestos menos subvenciones sobre la producción 19,6%. Al impacto sobre los precios del aumento de las rentas salariales hay que sumar el que tendrá el fuerte aumento del gasto social sin desempleo de 27.523 millones (19.547 millones sólo en pensiones) en el proyecto de PGE 2023. Por todo ello, considero en exceso prudentes los aumentos de precios anticipados en los PGE 2923 e incluso en las proyecciones macroeconómicas del BdE.
Llueve sobre mojado
Las previsiones del gobierno sobre el crecimiento del PIB, 2,1%, y el aumento de los precios, 3,8%, incluidas en el proyecto de PGE 2023 son en exceso optimistas, tanto lo son que ningún otro organismo las comparte y todos esperan que el PIB crezca menos de lo anticipado por el gobierno y los precios lo hagan más, incluso si no se agudizan las tensiones geopolíticas a causa de la guerra en Ucrania. ¿Cuánto menos y cuánto más? El BdE anticipa un crecimiento del PIB de 1,4%, 7 décimas menos que el gobierno, y como muestra la línea naranja en el Gráfico 1 no espera ya que el PIB recupere el nivel de 2019 hasta finales de 2023 o comienzos de 2024. Las previsiones de la OCDE, el FMI, la Airef y BBVA Research para 2023 son incluso algo más pesimistas.
Gráfico 1. Evolución del PIB en 2019-2022 y proyecciones del PIB en 2022-2024
Fuente:” Proyecciones macroeconómicas de la economía española 2022-2024”, p. 4, BdE.
En cuanto a la evolución de los precios, el gobierno anticipa en el proyecto de PGE 2023 que el crecimiento del deflactor del PIB se reducirá en 2023 a 3,8% en tanto el BdE proyecta que en su escenario central se reducirá a 4,5% en 2023 y a 2% en 2024, si bien no descarta que en un escenario adverso, con subidas de los precios de la energía y salarios mayores, se superarían esas esas proyecciones en 1,5 p.p. El gobierno anticipa también que el deflactor del consumo privado se reducirá de 7,7% en 2022 a 4,1% en 2023 y el BdE poyecta que la tasa de crecimiento del IAPC se reducirá de 8,8% en 2022 a 5,5% en 2023. Las cifras de aumento de los precios de consumo que da el FMI son 8,8% en 2022 y 4,9% en 2023, algo inferior esta última a la del BdE (5,5%). Por su parte, BBVA Research ha elevado a 9,3% el aumento del IPC en 2022, si bien prevé que bajará a 4,9% en 2023.
Aunque existen diferencias en algunos de los indicadores empleados para medir el aumento de los precios, se pueden extraer dos conclusiones generales: primera, el gobierno anticipa cifras de crecimiento de los precios inferiores al resto de instituciones en 2022 y 2023; y, segunda, el gobierno y el resto de los organismos de previsión confían en que las agresivas subidas de tipos de interés que está implementando el BCE van a recortar bastante más la inflación que el crecimiento del PIB en España en 2023. Ya veremos, porque a veces la prudencia y el deseo de no presentar un cuadro excesivamente negro del futuro pesan demasiado en la balanza de los organismos de previsión.
A todo ello, hay que añadir las dudas que suscitan la estimación avance de crecimiento del segundo trimestre de 2022 publicada por el INE el pasado 29 de julio, 1,1%, y la revisión al alza realizada el 24 de septiembre que elevó el crecimiento del PIB hasta 1,5%. En dos artículos publicados en este diario “¿De veras aumentó el PIB en el segundo trimestre de 2022?” y “Revisión al alza del PIB bajo sospecha” he cuestionado esas estimaciones. En el primero argumenté lo implausible que resultaba la estimación avance de crecimiento del PIB (1,1%) publicada en julio, a causa de la elevada aportación de la demanda nacional. Y en el segundo expuse las dudas que suscitaba la fuerte aportación del sector exterior en la revisión de la CNTR publicada en septiembre. Como además el gobierno forzó la dimisión del anterior presidente del INE el 26 de julio de 2022, al que acusó de incurrir en errores ‘metodológicos’ que sesgaban al alza el aumento de los precios y a la baja el crecimiento del PIB, la sombra de la duda va más allá del escenario macroeconómico incluido en el proyecto de PGE 2023 y afecta a la credibilidad del sistema estadístico español en su conjunto.
Adjunto enlace a mi artículo publicado desde el Observatorio Económico y Social de España y Cataluña (OBESCAT) en el diario El Liberal el 22 de octubre de 2022. Agradezco de antemano su ayuda para difundirlo entre sus amigos y conocidos.
En mi artículo de la semana pasada examiné con bastante detalle el escenario macroeconómico incluido el proyecto de Presupuestos Generales de España 2023 (PGE 2023, de aquí en adelante) presentado por el Gobierno el 6 de octubre, que sirve (o debería servir), para sustentar las previsiones sobre la evolución de los ingresos, la necesidad de financiación y la deuda pública. Los resultados que obtuvimos pueden resumirse de modo muy sumario en dos conclusiones generales y un par de corolarios.
La primera conclusión es que ningún organismo internacional o nacional prevé que el PIB real (PIB, de aquí en adelante) de la economía española crecerá 2,1% en 2023 como anticipa este gobierno sino bastante menos, presentando la cifra avanzada por Calviño y Montero en el proyecto de PGE 2023 un sesgo alcista muy notable sobre las previsiones de la OCDE (1,5%), el Banco de España (BdE) (1,4%), %, la Airef, 1,3%, el FMI (1,2%), BBVA Research (1,0%) y Funcas (0,7%). La bonanza que espera el Gobierno se sustenta en un crecimiento de la demanda nacional muy superior al que proyecta el BdE impulsado por el crecimiento de la formación bruta de capital fijo.
La segunda conclusión general es que el proyecto PGE 2023 anticipa subidas de precios inferiores a las proyectadas por el BdE. En concreto, el deflactor del PIB se reducirá de 4,4% en 2022 a 3,8% en 2023 según el Gobierno, mientras que el BdE proyecta una subida desde 3,5% en 2022 a 4,5% en 2023. El Gobierno anticipa también que el deflactor del consumo privado se reducirá de 7,7% en 2022 a 4,1% en 2023, en tanto el BdE considera que el índice armonizado de precios de consumo (IAPC) pasará de 8,7% a 5,6%. Así que, si bien Gobierno y BdE esperan que el ritmo de crecimiento de los precios de consumo se moderará considerablemente en 2023, el BdE proyecta una subida del deflactor del PIB, el indicador más completo de la evolución de los precios de los bienes y servicios producidos en España, mientras que el Gobierno anticipa una caída en 2023.
El primer corolario que podemos extraer es que el modesto aumento del empleo y la tímida reducción de la tasa de paro podrían quedar en agua de borrajas, si el PIB crece menos de lo anticipado por el Gobierno. El segundo corolario es que el menor crecimiento del PIB podría compensarse por una inflación superior a la anticipada por el Gobierno en su escenario macroeconómico. De hecho, el crecimiento del PIB nominal en el proyecto de PGE 2023 (6,0%) y el proyectado por el BdE (5,9%) resultan indistinguibles, aunque esta coincidencia no implica que puedan darse por buenas las previsiones de ingresos incluidas en los PGE 2023, puesto que la recaudación depende tanto o más que de la evolución del PIB nominal de los ajustes en las bases y los tipos impositivos, así como por la introducción de nuevas figuras impositivas sobre las empresas energéticas, las entidades financieras y las grandes fortunas.
En este artículo voy a examinar con cierto detenimiento los ingresos y gastos para valorar si como afirmó Montero, ministra de Hacienda y Función Pública y responsable de la elaboración del proyecto, los PGE 2023 van a reforzar la justicia social y la eficiencia económica al mismo tiempo, dos objetivos que, como indicaba la semana pasada “los economistas consideramos difícil reconciliar, cuando por justicia social se entiende redistribuir la renta, como es el caso, y por eficiencia económica mejorar la situación de alguien en la sociedad sin empeorar la de ningún otro”, o si estamos ante un mero ejercicio de prestidigitación lingüística “con el que la ministra viene a decirnos que no hay motivo para preocuparse por las subidas de impuestos que ya están soportando las familias y empresas, ni por los nuevos impuestos que van a llegar en 2023”, porque los ingresos se destinarán a una buena causa.
Ingresos consolidados del Estado en el proyecto de PGE 2023
El Cuadro 1 presenta los ingresos consolidados presupuestados del Estado, Organismos Autónomos, Seguridad Social y Resto de Organismos en 2022 y 2023. En las dos primeras columnas aparecen las cifras absolutas en los PGE 2022 y el proyecto de PGE 2023, en la tercera columna la diferencia entre ambas y en la cuarta columna la variación porcentual. El cuadro presenta la información desglosada para los ocho capítulos del presupuesto y diversos subtotales: I. Impuestos directos y cotizaciones sociales; II. Impuestos indirectos; III. Tasas, precios públicos y otros ingresos; IV. Transferencias corrientes; V. Ingresos patrimoniales; I-V Operaciones corrientes que incluye los capítulos I a V; VI. Enajenación de inversiones reales; VII. Transferencias de capital; VI-VII. Operaciones de capital; I-VII. Operaciones no financieras que incluye los capítulos I-VII; VIII. Activos financieros; y I-VIII Total capítulos I-VIII.
Como puede observarse en la tercera y cuarta columnas las cifras que aparecen son negativas para la mayoría de los capítulos (II, III, V, VII y VIII) y sólo los capítulos I, Impuestos directos y cotizaciones sociales, III Tasas precios públicos y VI, Enajenación inversiones reales, registran aumentos en 2022. En conjunto, el aumento de los ingresos para los ocho capítulos resulta bastante modesto, 3,4%, sin embargo, el aumento presupuestado para el conjunto de Operaciones no financieras, capítulos I-VIII, crece 6,1%, una décima más que el aumento del PIB nominal anticipado por el Gobierno en el escenario macroeconómico de los PGE 2023.
Cuadro 1. Ingresos consolidados del Estado en los PGE 2022 y en el proyecto de PGE 2023
Fuente: elaboración propia a partir del proyecto de PGE 2023, Libro Amarillo, pp. 122 y 264.
Por la importancia de las cifras, el rasgo más destacado del proyecto de ingresos es el aumento del capítulo I, Impuestos directos y cotizaciones sociales que se incrementa en 24.957 millones, crece 10,2% sobre la cifra presupuestada en 2022 y eleva la participación de este capítulo en el total ingresos de 64,7% a 69,0%. Las Tasas, precios públicos y otros ingresos, una partida relativamente menor en las cuentas, aumenta 893 millones, crece 6,6%, y deja prácticamente inalterada la participación del capítulo III en el total de ingresos presupuestados. El último capítulo que anticipa un aumento de los ingresos es la enajenación de inversiones reales, si bien su carácter casi simbólico no merece comentario alguno. En el lado negativo, resulta sorprendente la estabilidad de los ingresos del capítulo II, Impuestos indirectos, que decrecen en 71 millones y reducen su participación desde 15,4% a 14,8% sobre el total de ingresos, y la reducción de los ingresos del capítulo VII, Transferencias de capital, que caen en 2.927 millones y reducen su participación de 5,2% a 4,2%.
Tres rasgos me parecen dignos de resaltar del presupuesto de ingresos para 2023:
El primero es el fuerte aumento de los ingresos fiscales por impuestos directos y cotizaciones sociales 10,23% que se desglosa en crecimiento de los impuestos directos de 11,30% y de las cotizaciones sociales de 9,74%. Ambos crecen 5,30 y 3,74 puntos porcentuales (p.p.) por encima del crecimiento del PIB nominal (6,0%) anticipado por el Gobierno en el proyecto, una clara indicación del aumento de la presión fiscal que soportarán los contribuyentes. Dentro de los impuestos directos, destaca el fuerte aumento de la recaudación prevista por el impuesto de Sociedades que aumenta 16,51%.
El segundo hecho destacable es la ligera caída anticipada en los ingresos por impuestos indirectos desde 57.880 millones en los PGE 2022 a 57.809 millones en el proyecto de PGE 2023. La cifra carece de credibilidad porque si el PIB nominal avanza 6% en 2023 resulta implausible que la recaudación por IVA no lo haga a un ritmo similar, sino que se reduzca 1,03%. Esta incredulidad está respaldada por el hecho de que avance de liquidación del PGE 2022 que presenta el propio Gobierno en el Libro Amarillo del proyecto de PGE 2023 muestra que el Estado va a recaudar 62.671 millones en 2022, superando en 4.791 millones la cifra de ingresos (57.880 millones) presupuestados en 2022 y en 4.862 la cifra prevista en el proyecto de PGE 2023.
Por último, se registra un aumento de la presión impositiva definida por el cociente de la suma de impuestos directos, cotizaciones sociales e impuestos indirectos sobre el PIB nominal de 0,49 p.p que, a causa de la infravaloración de la recaudación por impuestos indirectos, podría resultar algo mayor.
Mi conjetura es que el gobierno Sánchez pretende ocultar la verdadera recaudación que va a obtener con los impuestos indirectos en 2023, como ya ocurrió con el PGE 2022, con un doble propósito. Primero, justificar la ‘necesidad’ de elevar los impuestos directos sobre la renta de las personas físicas y sociedades, así como las cotizaciones sociales. Y segundo, trasladar a la sociedad una imagen pretendidamente ‘progresista’ de unas cuentas del Estado donde los ingresos por impuestos directos aumentan varios puntos más que el PIB nominal, mientras que los ingresos por impuestos indirectos disminuyen incluso en términos absolutos respecto a los presupuestados en 2022, con el propósito de ocultar el aumento de la presión fiscal que los contribuyentes vamos a soportar en IVA e impuestos especiales en 2023, un año en que Sánchez tendrá que afrontar elecciones generales y pasar por las urnas
Sobre el fuerte aumento de los ingresos por cotizaciones sociales, 10,23% respecto a los presupuestados en 2022, sólo cabe decir que en un contexto de bajo crecimiento del PIB y del empleo, en el mejor de los casos, constituye una equivocación de bulto seguir elevando las cotizaciones sociales, un gravamen que reduce la creación de puestos de trabajo, eleva los costes de producción de todos los bienes y servicios, ya tensionados por las subidas de los precios de la energía y otros productos intermedios, así como de los salarios, y, en fin, erosiona la competitividad de las empresas exportadoras. Un auténtico despropósito que no encaja en absoluto con el objetivo manifestado por el Gobierno de acelerar con este proyecto de PGE 2023 “las reformas para hacer la economía más resiliente, sostenible, innovadora y productiva”. Este fuerte aumento de las cotizaciones sociales nos aleja de alcanzar tan loable objetivo.
Gastos consolidados del Estado en el proyecto de PGE 2023
El Cuadro 2 presenta los gastos presupuestados en el proyecto de PGE 2023 clasificados por capítulos con desgloses de operaciones corrientes, capítulos I a IV, fondo de contingencia, capitulo V, operaciones de capital, capítulos VI y VII, total operaciones no financieras, capítulos I a VII, activos financieros, capítulo VIII, pasivos financieros, capítulo IX, total operaciones no financieras, capítulos VIII y IX, y total presupuesto, capítulos I a IX. Al igual que en el Cuadro 1, las dos primeras columnas proporcionan la cuantía de las partidas de gasto presupuestadas en 2022 y 2023, la tercera columna presenta la variación absoluta y la cuarta columna la variación porcentual. Una característica distintiva del Cuadro 2 es que desglosa el gasto financiado con fondos propios y el financiado por la UE con cargo a los recursos procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).
Las partidas de gasto en el proyecto de PGE 2023 registran aumentos muy dispares, si bien el ritmo de avance del conjunto de operaciones no financieras con cargo al presupuesto nacional es 6,22%, una cifra que se reduce a 5,55% cuando se incluye el PRTR. En todo caso, son cifras no muy alejadas del crecimiento del PIB nominal (6,0%) anticipado en el escenario macroeconómico del Gobierno. Como puede observarse en las últimas filas del Cuadro 2, las ratios Gasto operaciones corrientes sobre el PIB y Gasto operaciones no financieras sobre el PIB, registran reducciones de 0,14 p.p. en ambos casos, lo que permite afirmar que las cifras presupuestadas se acompasan al crecimiento del PIB nominal y no alteran significativamente los recursos absorbidos por los gastos corrientes y no financieros del Estado.
Cuadro 2. Gastos consolidados del Estado PGE 2022 y proyecto de PGE 2023
Fuente: elaboración propia a partir del proyecto de PGE 2023, Libro Amarillo, pp. 124.
Los capítulos en que se sobrepasa en mucho esas cifras son el capítulo II. Gastos en bienes y servicios que crece 11,73% y el capítulo VI. Inversiones reales que crece 30,03% impulsado tanto por el Presupuesto Nacional (24,61%) como por los recursos del PRTR (61,71%). En el extremo opuesto, cabe mencionar el capítulo III. Gastos financieros que aumenta 3,64% impulsado al alza por la subida de los tipos de interés, y el capítulo VII. Transferencias de capital donde el fuerte crecimiento con cargo al Presupuesto Nacional (14,66%) resulta más que compensado por la reducción de las transferencias de capital por cuenta del PRTR (-10,43%). En conjunto, el total de I-IV. Operaciones corrientes crece 5,48% y el total de I-VII de operaciones no financieras 5,55%, si bien el aumento en este caso con cargo al Presupuesto Nacional 6,22% excede por dos décimas el crecimiento del PIB nominal.
La cifra más elevada de todo el presupuesto de gastos corresponde al capítulo IV. Transferencias corrientes. Entre esas transferencias destacan por su cuantía las pensiones (190.687 millones), las transferencias a otras Administraciones Públicas (66.052 millones), otras prestaciones económicas (22.999 millones), prestaciones a los desempleados (21.278 millones), transferencias a la UE (17.779 millones), fomento del empleo (7.443 millones), servicios sociales y promoción social (5.743 millones) y acceso a la vivienda (992 millones). En conjunto, el capítulo IV crece 5,37%, algo menos que el PIB nominal, pero el gasto presupuestado en pensiones, que pasa de 171.140 millones en 2022 a 190.687 millones en el proyecto de PGE 2023 (véase, proyecto de PGE 2023, Libro Amarillo, p. 135), crece 11,42% y los servicios sociales y de promoción social 17,74%.
Saldos, déficit y deuda
El proyecto de PGE 2023 presenta un escenario excesivamente optimista sobre el crecimiento del PIB real, sobrevalorado a la luz del resto de estimaciones, y la inflación, casi con toda seguridad infravalorada. Además, el proyecto ignora los efectos positivos que cabe esperar de la inflación sobre las cifras de recaudación, especialmente patente en el caso de los impuestos indirectos que cuya recaudación se asume van a disminuir ligeramente. Esta circunstancia, sumada a que el crecimiento de los gastos corrientes y de capital presupuestados, 5,5%, es medio punto inferior al crecimiento del PIB nominal, permite afirmar con cierta confianza que resultará factible en principio reducir el déficit público en 2023, siempre que se cumplan o se mejoren las previsiones de ingresos y los gasto no se aumenten más durante la tramitación de los presupuestos en Las Cortes, algo bastante improbable.
El Cuadro 3 muestra los saldos por operaciones corrientes y de capital. Como puede observarse, el saldo de las operaciones corrientes es ligeramente positivo, 4.560 millones, y el de las operaciones de capital algo más negativo, -6.067 millones. El resultado conjunto da un saldo de operaciones no financieras de las cuentas consolidadas del Estado de -1.548 millones que reduce la ratio del saldo sobre el PIB de -5,05% en 2022 a -4,87% en 2023. Comparando la cifra correspondiente a 2023, -4,87%, con la Necesidad de financiación de las AA. PP. -3,9% (Libro Amarillo, p. 65), observamos una diferencia sustancial que no sabemos si cabe achacar a que el resto de las Administraciones registrarán saldos positivos, o a que el Gobierno, consciente de la infravaloración de los ingresos impositivos por las razones ya explicadas, anticipa una reducción del déficit del Estado bastante mayor de la que se deduce del proyecto de PGE 2023.
Cuadro 3. Saldos operaciones corrientes, de capital y no financieras 2022 y 2023
Fuente: elaboración propia a partir del Libro Amarillo del proyecto de PGE 2023.
De todos modos, conviene ser muy cautos sobre la magnitud del déficit público en 2023. La comunicación enviada por el gobierno Sánchez a Bruselas el 15 de octubre, apenas una semana después de presentar solemnemente el proyecto de presupuestos en el Congreso, en la que manifiesta la intención de “gastar 10.000 millones más para combatir la inflación”, produce perplejidad y obliga a tomar con mucha precaución las cifras de gastos incluidas en el proyecto de PGE 2023, al menos hasta que concluya su tramitación en el Congreso. De repente, el Gobierno parece haber caído en la cuenta de que va a ingresar bastante más de lo anticipado en el presupuesto que acaba de presentar, y se ha apresurado a gastarlo antes de las elecciones de 2023, en lugar de destinar ese maná producido por la inflación a reducir el déficit público para convencer a los mercados de que este gobierno está comprometido a alcanzar la estabilidad presupuestaria.
Como puede observarse en el Cuadro 2, los gastos financieros en que incurrirá el Estado en 2023 para pagar los intereses de la deuda pública absorberán 31.372 millones a sumar a los 108.835 millones desembolsados entre 2018 y 2021. Con una deuda pública que en junio de 2022 alcanzó 1,966 billones y una deuda de 1,475 billones según el protocolo de déficit excesivo, la necesidad de recurrir a los mercados para financiar 70.000 millones (Libro Amarillo, p. 311) de emisiones netas a lo largo de 2023, con los tipos de interés al alza por el cambio en el rumbo de la política monetaria, resultaría aconsejable, como manifestó el gobernador del Banco de España en su comparecencia en la Comisión de Presupuestos en el Congreso, algo más de prudencia por parte del Gobierno de España, uno de los países de la UE que, como muestra el Gráfico 1, presenta una ratio Deuda pública / PIB muy elevada.
Gráfico 1. Deuda según el protocolo de déficit excesivo de las AA. PP. 2000-2022
Fuente: Banco de España.
Un Gobierno muy reacio a acometer la consolidación fiscal
Con relación a la firmeza del compromiso del gobierno Sánchez con la consolidación fiscal, hay algunas indicaciones muy reveladoras de sus oscuras intenciones sobre la materia. Ante la afirmación avanzada por La Moncloa en abril de 2022 y recogida casi literalmente en el texto del proyecto de PGE 2023 de que “será necesario proseguir con la agenda de reformas económicas, emprender inversiones públicas de calidad y mejorar la composición de las finanzas públicas, de forma que la reducción de la deuda no dependa únicamente de la consolidación presupuestaria” (Libro amarillo, p. 117), uno no puede evitar preguntarse cuáles serán esas “reformas económicas” e “inversiones públicas de calidad” que permitirán reducir la deuda sin recortar el gasto público, y la única respuesta posible es con más impuestos, una intención enmascarada tras la ambigua expresión “mejor composición de las finanzas públicas”.
No contento con estas vaguedades el Gobierno aboga por transformar “los objetivos de sostenibilidad fiscal a medio plazo en una regla sencilla que contribuiría a un marco más comprensible, fácil de aplicar y contracíclico”. (Libro amarillo, p. 117). La regla actual ya es muy sencilla y fácil de aplicar: cumplir los criterios de déficit y deuda acordados en Maastricht que, por cierto, no se han cumplido nunca. Todo lo que suponga levantar el techo de deuda para dar por buenos los altos niveles alcanzados tras la Gran Recesión y la Recesión Pandémica en tantos países de la UE reducirán enormemente el margen de la política fiscal para instrumentar políticas contracíclicas cuando se produzcan nuevas perturbaciones adversas, dejará a las economías expuestas a padecer situaciones críticas como las vividas en los mercados de deuda en 2012, y supondrá una pesada herencia para los contribuyentes que tendrán que afrontar el pago de intereses de la ingente deuda acumulada durante décadas.
Llama sobremanera la atención que la ministra Calviño afirme sin ruborizarse que el FMI avala las políticas del gobierno español. A esto se le llamaba antes coger el rábano por las hojas. Una cosa, ministra, es focalizar la política fiscal para compatibilizar la consolidación fiscal con la defensa de los colectivos más afectados por la crisis energética y la subida de precios, y otra muy distinta retrasar sine die los ajustes presupuestarios necesarios para cuadrar las cuentas públicas y gastar más de lo que se planea recaudar año tras otro. Permítanme recordarles, Sras. Calviño y Montero, que el déficit acumulado por las AA. PP. entre 2018 y 2021 asciende a 265.485 millones, según la Intervención General de la Administración del Estado, y que su gobierno contempla incurrir en nuevos déficits año tras año y situarlo debajo de 3% del PIB en 2025 (Libro amarillo, p. 257), Dios mediante
Desde luego no desde la justicia social y la eficiencia económica pueden justificarse las subidas impositivas de impuestos directos y cotizaciones sociales que quiere implementar el Gobierno, no con la intención de reducir el déficit y la deuda como aconseja la prudencia presupuestaria en un contexto de tanta incertidumbre, sino para revalorizar todas las pensiones y otros gastos sociales incluso por encima del crecimiento del IPC y acometer inversiones reales no avaladas por estudios rigurosos que prueben su rentabilidad social. La credibilidad constituye un activo importante de los gobiernos y el proyecto de PGE 2023 presentado por el equipo económico del gobierno Sánchez no ayuda precisamente a reforzar la credibilidad del Reino de España.
Artículo publicado desde el Observatorio Económico y Social de Cataluña (OBESCAT) en el diario El Liberal el 8 de octubre de 2022. Agradezco de antemano su ayuda para difundirlo entre sus amigos y conocidos.
La guerra que se está librando en Ucrania desde el pasado 24 de febrero no sólo ha convertido en espectáculo cotidiano la destrucción, muerte y desolación padecida en el escenario del conflicto, donde el gobierno de Ucrania, ayudado por Estados Unidos, Reino Unido y algunos países de la UE, por una parte, y el ejército ruso junto con las fuerzas ucranianas prorrusas, por otra, están librando feroces combates, sino que existe la posibilidad de que la prolongación de la guerra acabe por escalar el conflicto, y la devastación, circunscrita de momento a Ucrania, pueda alcanzar cualquier rincón de Europa, donde la mayoría de los ciudadanos continuamos mal que bien con nuestras rutinas cotidianas, pese al aumento de los precios y la perspectiva de una nueva recesión a la vista.
De tanto en tanto, escuchamos incluso a los expertos contemplar abiertamente sin inmutarse la posible utilización por parte del gobierno ruso de armas nucleares tácticas para hacer frente a los reveses sufridos en el campo de batalla, pese que ello agravaría la devastación y el sufrimiento de todos los habitantes en Ucrania y dejaría abierto el camino a una conflagración mundial donde podría emplearse armamento estratégico nuclear. Si la UE no estaba preparada para afrontar siquiera la crisis energética que ha resultado del aumento de las tensiones en Ucrania en 2021 y la posterior invasión rusa el 24 de febrero de 2022, un conflicto perfectamente acotado y sobre el que la Comisión Europea anda a la búsqueda de improvisadas soluciones, ¿cómo podemos contemplar y analizar sin inmutarnos una escalada de la guerra de esta naturaleza que podría sumir de nuevo a Europa al completo en la devastación y miseria más absolutas?
Azuzar el conflicto
Estados Unidos siempre consideró deseable para avanzar su proyección hegemónica en Europa que Ucrania, al igual que otros países que habían formado parte de la Unión Soviética o del Pacto de Varsovia, se alejaran de la órbita de influencia de la Federación de Rusia (Rusia), un país con una población relativamente pequeña, pero poseedor de un vaso territorio, enormes reservas energéticas y minerales, y un notable arsenal nuclear. Antes de la anexión de Crimea en febrero-marzo de 2014, los diplomáticos de la UE parecían inclinarse en favor de la intervención de Naciones Unidas para resolver las tensiones en Ucrania, en tanto el gobierno estadounidense aspiraba a formar un gobierno afín a sus intereses y contrario a los de Rusia.
Los manifestantes en la Plaza de la Independencia (Maidan Square en terminología anglosajona), contrarios al presidente Yanukovych, elegido democráticamente, y partidarios de la integración de Ucrania en la UE, recibieron la reconfortante visita de Nuland, vicesecretaria del Departamento de Estado para Asuntos Europeos y Euroasiáticos del gobierno de Obama, y el apoyo explícito del vicepresidente Kerry. La filtración del contenido de una conversación mantenida entre la vicesecretaria y el embajador estadounidense en Ucrania sobre cómo debía conformarse el nuevo gobierno de transición en Ucrania sin contar con la UE –“Qué se joda la UE”, fueron las palabras empleadas por la educada vicesecretaria- era una clara indicación de las nada amigables intenciones de los Estados Unidos hacia Rusia e incluso hacia la UE. La tensión entre Ucrania y Rusia siguió elevándose tras la anexión de Crimea en febrero-marzo de 2014 y durante la presidencia de Poroshenko (2014-2019) quien, en su visita de estado a Estados Unidos en septiembre 2014, solicitó en una emotiva sesión conjunta del Congreso ayuda militar letal y no letal para continuar luchando “una guerra por el mundo libre”.
A partir de 2014, la imposición de sanciones por parte de la UE, siguiendo la estela de Estados Unidos, elevaron el nivel de tensión en el Este de Ucrania donde en algunas zonas el sentimiento prorruso era predominante. Ni siquiera los acuerdos Minsk I en 2014 y Minsk II en 2015, firmados por los gobiernos de Ucrania y los líderes de las milicias rebeldes en el Este del país, lograron reducir la tensión. Aunque el segundo de los acuerdos, auspiciado por la Organización para la Seguridad y Cooperación Europea (OSCE), contó con el respaldo de los gobiernos de Alemania y Francia, el cuarto punto del acuerdo que comprometía a las partes “a empezar un diálogo sobre autogobierno provisional para las regiones de Donetsk y Luhansk y reconocer un estatus especial para ellas compatible con la legislación ucraniana” nunca llegó a cumplirse. Y a nadie pareció importarle demasiado que se incumpliera.
La situación no mejoró cuando Zelensky obtuvo una amplia victoria en la segunda ronda de las elecciones de 2019, logrando imponerse tanto en las regiones del oeste de Ucrania donde Poroshenko contaba con mayor respaldo, como en las regiones del Este, incluido el Dombás, donde su victoria era considerada por la población prorrusa un mal menor. La promesa de Zelenski de “resolver una guerra que dura más de cinco años” encontró resistencia entre los seguidores de Poroshenko que, con su líder a la cabeza, se manifestaron en Kiev en vísperas de la cumbre celebrada en París el 9 de diciembre de 2019 para exigirle que no hiciera concesiones sobre la soberanía en la región, lo que equivalía a cerrar la posibilidad a alcanzar un acuerdo negociado con Rusia para poner fin al conflicto. Putin insistió en la necesidad en conceder autonomía a las regiones en conflicto, como se había acordad en Minsk II, en tanto Zelenski reclamó recuperar el control de la frontera con Rusia en la región. Quedaron en verse cuatro meses después, pero no cumplieron el compromiso de seguir hablando. Trump optó por quedarse al margen y no fue hasta el acceso de Biden a la Casa Blanca en enero de 2021 cuando Zelenski comenzó a sentirse más respaldado por Washington.
En todo caso, la crisis ucraniana cocinada a fuego lento desde 2014 hasta finales de 2021 ha vuelto a poner de manifiesto: 1) la inoperancia de la ONU y otras organizaciones internacionales como la OSCE para jugar un papel mediador efectivo en la resolución pacífica de disputas territoriales y evitar el desencadenamiento de conflictos armados; 2) el sometimiento de las instituciones de la UE y los gobiernos de los países miembros a los intereses estratégicos de Estados Unidos para aumentar la confrontación con Rusia, una inclinación especialmente acusada en aquellos países de la UE que estuvieron bajo la bota del imperialismo soviético y ahora están bajo la influencia de los Estados Unidos; y 3) la inhibición clamorosa de algunos líderes mundiales que al no estar alineados con Estados Unidos y mantener relaciones amistosas con el régimen de Putin podrían (y deberían) haber desempeñado un papel mediador para encontrar una solución y evitar la guerra.
Víctimas colaterales
De momento, los ciudadanos en la UE estamos digiriendo como podemos las fuertes subidas de los precios de la energía y los alimentos en 2021, avivadas tras el inicio de la invasión rusa de Ucrania el 24 de febrero de 2022, y estamos empezando a padecer los efectos de una agresiva subida de los tipos de interés que el BCE ha puesto en marcha para atajar la subsiguiente inflación ocasionada por el espectacular aumento de los precios de la energía y los alimentos. Y a resultas de todo ello nos encontramos a las puertas de una nueva contracción económica que recortará el empleo y elevará la tasa de paro en la UE. Como se muestra en el Gráfico 1, al aumento de los precios de la energía ha superado ya con creces los picos anteriores y nos augura a los ciudadanos de la UE un invierno donde vamos a tener que pasar más frío del habitual.
Grave como pueda antojarse la situación desde nuestra acomodada perspectiva eurocéntrica, resulta incluso mucho más preocupante la situación de otros países completamente ajenos al conflicto bélico con niveles de vida muy inferiores a los nuestros, países donde las disrupciones en los suministros procedentes de Rusia y Ucrania y el consiguiente aumento de los precios de los alimentos, aceites y fertilizantes augura, no ya pérdidas de bienestar moderadas como en las economías avanzadas europeas, sino auténticas dificultades para alimentar a poblaciones altamente vulnerables, y la necesidad de poner en marcha programas de ayuda internacional para hacer frente a la creciente factura de las importaciones de bienes con alto contenido calórico.
Gráfico 1. Precios de alimentos, cereales, energía y fertilizantes 20º5-2022
Gráfico 2. Índice de precio real de los alimentos e inseguridad alimentaria global
Fuente: IMF.
El Gráfico 2 muestra la fuerte subida que ha registrado el índice de precios (real) de los alimentos elaborado por la UN Food Agriculture Organization (FAO) y el consiguiente aumento de personas malnutridas que ha pasado de menos de 600 millones en 2018 a más de 800 millones en 2022. El aumento del número de personas malnutridas no amenaza únicamente a las poblaciones de los países subsaharianos en África, sino que va a afectar también a países de América Central, Asia Central y el área SEMED (South Eastern Mediterranean) que, según la FAO, son también importadores netos de calorías. En 2021, las importaciones de cereal de estos últimos países procedentes de Rusia y Ucrania oscilaban entre un mínimo de 20% en el caso de Marruecos y un máximo de 75% en el caso de Egipto y Líbano.
Aunque no sean ni mucho menos los únicos países que han impuesto restricciones y tasas a las exportaciones en esta crisis, el conflicto bélico y las necesidades para afrontar la guerra han llevado a Ucrania y a Rusia a imponerlas con el doble propósito de asegurar el suministro a sus poblaciones y castigar al enemigo. La decisión tiene importancia para el resto del mundo puesto que, según la FAO, “en 2021, Rusia o Ucrania, o ambos, figuraban entre los tres mayores exportadores de trigo, cebada y maíz, colza y aceite de colza, semillas y aceite de girasol” y “la Federación de Rusia fue el primer exportador mundial de fertilizantes de nitrógeno, el segundo de fertilizantes de potasio y el tercero de fertilizantes de fósforo”.
Gráfico 3. Índices FAO de precios de cereales, aceites vegetales y fertilizantes 2019-2022
En conjunto, las restricciones a las exportaciones y la imposición de tasas a la exportación han alcanzado en 2022 niveles incluso superiores a los registrados en la crisis alimentaria de 2008 y la reciente crisis pandémica, y sus efectos se han dejado sentir en los precios que, como se muestra en el Gráfico 3, han alcanzado sus máximos históricos en 2022. Ese mismo estudio de la FAO prevé que la reducción de exportaciones de cereales y aceites vegetales desde los graneros de Rusia y Ucrania podría elevar los precios de los alimentos y forrajes en la campaña 2022-2023 entre 8% y 22%, sobre los ya elevados precios actuales. Otro estudio publicado también por la FAO estima que los gobiernos de las economías menos avanzadas tendrán que hacer frente a un aumento de 9.000 millones de dólares anuales en 2022 y 2023 en la factura de importaciones de cereales y fertilizantes requeridos para alimentar a sus poblaciones.
Urge parar la guerra
A la vista de la sangría, devastación y miseria que han producido conflagraciones anteriores en Europa, resultaría ingenuo decir ahora que resulta incomprensible la actitud de quienes, como Putin, han antepuesto su miserable objetivo, la anexión de cuatro regiones en Ucrania en este caso, a preservar el bienestar de la inmensa mayoría de ucranianos, rusos y ciudadanos de todo el mundo, personas a quienes hoy nos toca sufrir en mayor o menor medida la barbarie de una nueva guerra librada una vez más en suelo europeo, pero cuyas consecuencias salpican a centenares de millones de personas en todo el mundo. Masacrarnos mutuamente ha sido algo que hemos venido haciendo durante siglos y a veces con gran entusiasmo, y quienes hoy estamos asistiendo a este nuevo conflicto somos tan solo los herederos de quienes sobrevivieron los conflictos pasados.
Putin es, sin duda, un gobernante peligroso, pero elegido en las urnas, al fin y al cabo, y está al frente de un gobierno despótico que cuenta con suficiente armamento para provocar daños de carácter irreparable y magnitud infinitamente superior a la muerte, horror y miseria que la invasión de Ucrania ya ha causado. Esta guerra subrogada que Estados Unidos y el Reino Unido están librando contra Putin, con la aquiescencia y apoyo de la UE, no tendrá ganadores, solo supervivientes, y sí muchos perdedores: los caídos, heridos y mutilados, quienes pierdan a sus seres queridos, sus viviendas y cosechas, quienes padezcan hambre, pasen frío o pierdan su empleo a causa de la subida de los precios de la energía, los alimentos y los fertilizantes. Ninguno de los líderes de la Unión Soviética, a excepción de Gorbachov, merecía más respeto que Putin, y, sin embargo, resultó posible alcanzar acuerdos con Estados Unidos para no desatar la furia nuclear.
Esta guerra hay que pararla antes de que devenga en algo peor y lo asombroso es que casi nadie se atreva a decirlo, ningún líder con peso suficiente lo esté intentando, e incluso haya analistas que contemplen sin inmutarse la posibilidad de emplear armas nucleares para solventarla. La tibieza y la miopía en nuestras acomodadas sociedades nos lleva a creernos ricos e invulnerables, cuando en realidad nuestro bienestar pende de un fino hilo, y nuestras vidas están en manos de líderes que esconden intereses hegemónicos detrás de sus buenas palabras en defensa de la libertad y la democracia y se niegan a aceptar la existencia de otras potencias a las que hay que respetar y con las que resulta imprescindible alcanzar acuerdos para no vernos abocados a una conflagración de consecuencias nefastas para todo el mundo y hasta para la vida en el planeta Tierra.
Hay pocas dudas de que la suerte de los catalanes en las elecciones del próximo 12 de mayo (12-M) penden de los resultados que obtengan Junts, el partido que lidera el prófugo de Waterloo y el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) con Illa, exministro de Sanidad de Sánchez durante la pandemia, y secretario general del partido, a la cabeza. ERC tiene en esta película un papel claramente secundario y más complejo de valorar por el electorado, ya que si bien muchos de sus posicionamientos políticos se encuentran más próximos al PSC que a Junts, los republicanos están obligados a mostrarse muy firmes en el tema de la autodeterminación para restar protagonismo al prófugo y a sus siete diputados que han sabido apretar al máximo a Sánchez en el Congreso desde las elecciones del 23-J, jugando una y otra vez la baza de dejarlo caer si no accede a sus exigencias de máximos.
Para el electorado constitucionalista, la ley de amnistía constituye un golpe tremendo a nuestro “Estado social y democrático de derecho” del que el PSC de Illa es tan responsable como el PSC de Montilla lo fue cuando declaró en una comparecencia oficial que “el tribunal Constitucional está lamentablemente desacreditado y moralmente deslegitimado” y convocó a los catalanes a manifestarse el 10 de julio de 2010 para mostrar su indignación contra la sentencia del alto tribunal sobre el Estatuto y prender la mecha del proceso secesionista en Cataluña. Para el electorado independentista, se trata, por el contrario, de un gran éxito, pese a que la implementación de la ley, caso de que acabe siendo aprobada en el Congreso tras su previsible rechazo en el Senado, pueda quedar atascada en los tribunales españoles y europeos. Las emociones, que no los programas, son las que acaban decidiendo los votos de los ciudadanos y la gran pregunta es cómo va a influir la elevada carga emocional de la amnistía en el voto de los catalanes.
El cambio de 180 grados en la posición de Illa sobre la amnistía, desde su afirmación tajante de “ni amnistía ni nada de eso, lo repito, ni amnistía ni nada de eso” a defender sin rubor alguno que “esos mismos valores nos llevan hoy a defender una amnistía”, no debería en buena lógica ayudarle a ganar votos en el electorado constitucionalista, especialmente entre quienes votaron a Ciudadanos en elecciones anteriores, siempre despreciados por los líderes del PSC desde la irrupción del partido naranja en el Parlamento en noviembre de 2006. Los constitucionalistas no pueden respaldar a un partido de miras tan estrechas que ni siquiera contempló la posibilidad de entablar conversaciones con Ciudadanos para investir a Arrimadas tras su histórica victoria electoral en diciembre de 2017, y se prestó en cambio a ser la muleta de ERC desde que Aragonés excluyó de su gobierno a los consejeros de Junts en septiembre de 2022. Los únicos votantes que el PSC podría atraer son los de los independentistas desencantados.
En cuanto a la pugna que mantienen los dos principales partidos independentistas, podría pensarse que el partido del prófugo saca claramente ventaja a ERC, porque supo jugar sus bazas con bastante más pericia que Aragonès y Junqueras tras el 23-J, y se negó a aprobar la proposición de ley de amnistía en una primera votación en el Congreso para ganar protagonismo, pese a haberla acordado y redactado en las reuniones mantenidas con Cerdán, número tres del PSOE, en Bruselas y Ginebra. El prófugo apretó a Sánchez al máximo y promete a los suyos seguir haciéndolo en el futuro, pero lo cierto es que la sobreactuación de Junts en el Congreso no se ha dejado apenas notar en los sondeos electorales realizados desde de mediados de marzo, ni parece que vaya a alterar sustancialmente el reparto del voto entre las dos formaciones que compiten por un espacio electoral que, a pesar de la amnistía, continúa contrayéndose.
Hay otros dos asuntos de calado que van también a hacerse un hueco en esta campaña: obtener una financiación singular para Cataluña y la transferencia al gobierno de la Generalidad de las competencias del Estado en materia de control de fronteras e inmigración. Más, consejera de Economía, presentó el pasado 19 de marzo al resto del gobierno de la Generalidad la propuesta formal del gobierno de Aragonès para recaudar todos “los impuestos generados en territorio catalán… dejar atrás décadas de injusticia” y acabar con un déficit fiscal que cuantificó en 20.000 millones anuales. Se trata de un planteamiento que no excluye realizar una aportación al Estado, similar al cupo vasco, en concepto de cuota de solidaridad interterritorial. Aunque el propio Aragonès defendió la propuesta en Madrid un día después, los ciudadanos catalanes harán bien en desconfiar de un planteamiento hecho a última hora y acogido con suma frialdad por el gobierno de España que reiteró su prioridad de reformar el sistema de financiación de las Comunidades de régimen común. Junts, para no quedarse atrás, exige también recaudar todos los impuestos y cifra en 450.00 millones la deuda histórica de España con Cataluña. Ahí es nada. Cualquier ciudadano con dos dedos de frente, incluso la ministra Montero, sabe muy bien que el pastor no debe poner al lobo a guardar el rebaño y eso es exactamente lo que supondría cederle al gobierno de la Generalidad el control de la caja. Porque, digámoslo claro, no esperen solidaridad alguna de quienes denigran a los españoles y su cultura una vez logren hacerse con la caja.
Cabe pensar que los votantes independentistas tendrán en cuenta al decidir su voto quién desprecia más a los españoles y está más decidido a utilizar todos los resortes para conducirlos a la tierra prometida tras un peregrinaje de varios siglos: la ansiada e inasible independencia de Cataluña. El prófugo se postula como el único candidato fiable para ser el Moisés en esta película truculenta. Sin embargo, resulta igualmente plausible pensar que el baño de realismo que supuso el fracaso del 27-O y la huida vergonzante del conductor en el maletero de un vehículo hayan servido para darles un baño de realismo y desconfiar de las bravuconadas del prófugo y su pequeña corte de aduladores irredentos. Los barómetros del CEO apuntan a que el respaldo a la independencia de Cataluña ha perdido bastante terreno desde 2017 y sugiere que los partidos independentistas compiten por atraer a un electorado menguante, una indicación de que cada vez son más los catalanes que ven inalcanzable alcanzar la independencia en el futuro previsible. El panorama, no obstante, continúa siendo muy preocupante porque no podemos olvidar que los gobiernos tripartitos liderados por el PSC fueron la fábrica de independentistas y su repetición podría reavivar el proceso secesionista en pocos años.
La guerra que se está librando en Ucrania desde el pasado 24 de febrero no sólo ha convertido en espectáculo cotidiano la destrucción, muerte y desolación padecida en el escenario del conflicto, donde el gobierno de Ucrania, ayudado por Estados Unidos, Reino Unido y algunos países de la UE, por una parte, y el ejército ruso junto con las fuerzas ucranianas prorrusas, por otra, están librando feroces combates, sino que existe la posibilidad de que la prolongación de la guerra acabe por escalar el conflicto, y la devastación, circunscrita de momento a Ucrania, pueda alcanzar cualquier rincón de Europa, donde la mayoría de los ciudadanos continuamos mal que bien con nuestras rutinas cotidianas, pese al aumento de los precios y la perspectiva de una nueva 
A partir de 2014, la imposición de 
En todo caso, la crisis ucraniana cocinada a fuego lento desde 2014 hasta finales de 2021 ha vuelto a poner de manifiesto: 1) la inoperancia de la ONU y otras organizaciones internacionales como la OSCE para jugar un papel mediador efectivo en la resolución pacífica de disputas territoriales y evitar el desencadenamiento de conflictos armados; 2) el sometimiento de las instituciones de la UE y los gobiernos de los países miembros a los intereses estratégicos de Estados Unidos para aumentar la confrontación con Rusia, una inclinación especialmente acusada en aquellos países de la UE que estuvieron bajo la bota del imperialismo soviético y ahora están bajo la influencia de los Estados Unidos; y 3) la inhibición clamorosa de algunos líderes mundiales que al no estar alineados con Estados Unidos y mantener relaciones amistosas con el régimen de Putin podrían (y deberían) haber desempeñado un papel mediador para encontrar una solución y evitar la guerra.
Clemente Polo 