Archivo de la categoría: Economía

Pensiones y derechos

Artículo publicado en el diario Expansión el 12 de marzo de 2018

Pensionistas concentrados frente al Congreso de los Diputados.

Hace unos días entre 3.000 y 4.000 pensionistas tomaron la Carrera de San Jerónimo y tuvimos ocasión de verlos cortar el tráfico, empujar con energía digna de mejores empresas las vallas que se habían colocado para proteger el Congreso, y forcejear airadamente con los desorientados miembros de la Policía Nacional allí destacados para proteger a sus señorías. La posibilidad de hincar el diente al Gobierno no pasó desapercibida para los grupos de la oposición que salieron en tromba en cuanto avistaron sangre. Errejón, Garzón, Mayoral y otros miembros de la cúpula de Podemos, nostálgicos quizá de los tiempos heroicos en Plaza del Sol y acuciados por las malas noticias que les sirven las encuestas, se lanzaron alborozados a confraternizar con sus mayores y aprovecharon tan propicia ocasión para registrar la solicitud de celebrar un pleno y obligar a Rajoy y a la ministra Bañez a “dar la cara”. Ante la ofensiva de la oposición, Rajoy respondió anunciando que comparecerá a petición propia en el Congreso el14 de marzo y retó a la oposición a cuantificar sus propuestas.

Pensionistas indignados intentando saltarse el cordón policial frente al Congreso de los Diputados.

La manifestación de los pensionistas estuvo precedida por el anuncio de Sánchez de volver a la vieja fórmula de actualizar las pensiones con el IPC y crear dos nuevos impuestos, que recaerían sobre las ‘transacciones financieras’ y la ‘banca rescatada’, parar aumentar los recursos del sistema. En vísperas de la manifestación del 1 de marzo, Escudero confirmó que el PSOE estaría en la manifestación el 1 de marzo para exigir una revaluación de las pensiones del 1,6%, muy por encima del 0,25% fijado por el Gobierno. La medida supondría incrementar la factura de las pensiones contributivas este año en torno a 1.800 millones que se sumarían al agujero de 19.000 millones del año pasado. Para demostrar que la cosa va en serio, Lastra, vicesecretaria de Sánchez, confirmó que su grupo ha registrado una proposición de ley en el Congreso que pretende obligar a Ciudadanos a retratarse, después de que la formación de Rivera rechazara dos iniciativas similares de los socialistas en 2016 y 2017.

Derechos y recursos

Sánchez, con Robles y Lastra, exige al Gobierno actualizar las pensiones con el IPC.

Vivimos en una sociedad donde casi cualquier cosa que beneficie a algún colectivo con cierto peso pasa a considerarse un ‘derecho’ y a reivindicarse como tal por algún partido político, siendo muy pocos los ciudadanos a los que les preocupa afinar el concepto y las circunstancias que permiten hacerlo efectivo. El derecho a percibir una pensión contributiva es sólo uno más entre la infinidad de derechos reconocidos en nuestra legislación a recibir  prestaciones de las Administraciones Públicas: sanidad, educación, justicia, seguridad, desempleo, maternidad baja laboral, ayudas y subsidios, incapacidad, etc. El problema radica en que para que determinados colectivos, pensionistas en este caso, puedan hacer efectivo su ‘derecho’ resulta indispensable que las Administraciones cuenten con recursos detraídos vía impuestos de otros ciudadanos.

Báñez, Ministra de Empleo y Seguridad Social en el hemiciclo.

A este respecto, conviene reconocer que casi todos los ciudadanos coinciden en considerar que su contribución al Estado de Bienestar excede en mucho los beneficios que reciben, y se sienten legitimados para protestar en cuanto consideran que se están vulnerando sus ‘derechos’. No digo que no sea así en algunos casos pero la afirmación resulta insostenible para la sociedad en su conjunto. Nunca los ciudadanos han recibido más servicios públicos y transferencias que hoy, y además hay una evidencia incontestable de que las aportaciones resultan insuficientes para costearlos. En 2016, sin ir más lejos, las AAPP obtuvieron recursos equivalentes al 37,7% del PIB pero sus necesidades de financiación alcanzaron el 42,2%, y las Administraciones tuvieron que endeudarse para cubrir el agujero de 4,5 p.p. del PIB.

Para comprobar que no estamos ante una circunstancia extraordinaria sino habitual, basta con echar una ojeada a las cuentas públicas entre 1995 y 2016. Durante estos 22 años, las Administraciones registraron superávits presupuestarios tan sólo en tres ocasiones (2005, 2006 y 2007) y la necesidad de financiación acumulada durante el período ascendió a la imponente cifra de 788.051 millones. Además, el grueso de esta cifra, 722.036 millones, se acumuló entre 2008 y 2016, una indicación inapelable de que para el conjunto de la sociedad los beneficios recibidos por los ciudadanos en los últimos años han sido muy superiores a los recursos detraídos para financiarlos.

La principal consecuencia de la insuficiencia crónica de recursos de las Administraciones para financiar los ‘derechos’ durante la última década ha sido el espectacular aumento de la deuda pública que pasó de 384.662 millones en diciembre de 2007 a 1.144.629 en diciembre de 2017, con un incremento de 759.967 millones. Además de las consecuencias presupuestarias negativas que puede acarrear en el futuro la previsible subida de tipos y el consiguiente aumento de la carga de intereses, la elevada deuda de la economía española reduce de manera significativa los grados de libertad del Gobierno para implementar políticas fiscales expansivas ante una futura recesión y deja al Tesoro en una situación delicada, a merced de cambios repentinos en la confianza de los inversores como pudimos constatar con toda su crudeza en 2012. Recurrir al endeudamiento continuado para implementar ‘derechos’ resulta, se mire como se mire, indeseable e insostenible.

Desigual reparto de costes

España registró dos recesiones encadenadas, 2008-2010 y 2011-2013, acompañadas por una severa crisis financiera. Entre 2008 y 2013, el PIB nominal cayó 8,1% y el PIB real 8,0%, y para el conjunto del período 2008-2017 el PIB nominal creció 3,1% y el PIB real aumentó el  3,0%.  Las dos recesiones redujeron en 3,7 millones el número de ocupados, y aunque se han creado cerca de 2 millones de empleos en los últimos años, los salarios y condiciones laborales de hoy son muy distintas a las de 2017. Los trabajadores más jóvenes fueron golpeados con especial dureza porque además de soportar tasas de paro extraordinariamente elevadas vieron interrumpidas sus carreras profesionales. A finales de 2017, la economía arrojaba un saldo de casi 2 millones más de parados que en  2007, y los segmentos de trabajadores más jóvenes siguen registrando tasas de paro muy superiores a la ya elevada tasa media (16,6% en el cuarto trimestre de 2017). Sin duda, quienes perdieron sus puestos de trabajo y se vieron obligados a sobrevivir con prestaciones y subsidios a los desempleados, y hasta con ayudas de sus familiares más próximos fueron los grandes perjudicados durante estos años.

En contraste con las personas activas, los pensionistas salieron bastante bien parados del envite. Entre 2008 y 2013, las pensiones contributivas y la pensión media crecieron 8,04 y 18,89 por ciento, respectivamente, y para el conjunto del período 2008-2017, las cifras fueron 13,40 y 27,92 por ciento, con un aumento del gasto total en pensiones del 45,05%. Basta con comparar estas cifras con las variaciones del PIB nominal o la evolución de los salarios para concluir que los pensionistas han sido un colectivo privilegiado en comparación con la suerte de la inmensa mayoría de parados e incluso ocupados. El Fondo de Reserva está ya prácticamente agotado y para poder pagar las pensiones de 2017 y 2018, el Gobierno ha tenido que suplementar los ingresos del sistema con dos créditos presupuestarios de 10.193 y 15.000 millones, respectivamente.

Muchas pensiones siguen siendo, sin duda, bajas, como lo son también la mayoría de salarios y otras prestaciones en España, pero si algo deberíamos haber aprendido estos años es que los ‘derechos’ no pueden satisfacerse indefinidamente endeudándonos. Aumentamos impuestos o recortamos ‘derechos’, ése es el dilema. Pero la oposición ‘sensata’ (Podemos es plato aparte) prefiere seguir jugando al despiste con los electores. El PSOE se conforma con apuntar con el índice al chivo expiatorio de los ‘bancos’, y Ciudadanos, el partido que aspira a modernizar España, se inclina hacia el realismo mágico: propone aumentar nuestros ‘derechos’ (extender la baja por paternidad, establecer un complemento salarial para jóvenes, facilitar la conciliación laboral, establecer un modelo de educación trilingüe, etc.) y bajar impuestos (Sucesiones, IRPF) al mismo tiempo. El miércoles veremos si la oposición se atreve a bajar al ruedo o torea desde la andanada.

Rivera y Garicano. su consejero económico.

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La lista de Puigdemont

Artículo publicado en el diario Expansión el 7 de febrero de 2018.

Secuencia de mensajes supuestamente privados enviados por Puigdemont a Comín el 31 enero 2018.

Poco después de reconocer en su intercambio de mensajes con Comín (¿ERC?), exconsejero del gobierno de la Generalitat cesado y prófugo de la Justicia, que la república agonizaba y Moncloa ganaba la partida “porque nos han sacrificado los nuestros”, Puigdemont tocaba a rebato a los suyos e iniciaba tras el fin de semana una ronda de contactos para exigir a una cada vez más insustancial ERC sumisión incondicional al ‘führer’ exiliado. Para comprender hasta qué punto resulta grotesca la situación política en Cataluña, les invito a trasladarla a otro Estado democrático. Supongan, por un instante, que el presidente Trump incumpliera la Constitución, fuera destituido e imputado, y tras huir a México se presentara a unas nuevas elecciones presidenciales, y pretendiera seguir ejerciendo desde allí como presidente ‘legítimo’ de los Estados Unidos con apoyo de un “congreso de cargos electos”. Algunos lectores se dirán que este hipotético escenario resulta de todo punto inverosímil. Y tienen razón: Trump nunca habría logrado escapar a la justicia y participar en otras elecciones, algo que lamentablemente sí ocurrió en España.

Puigdemont posa mofándose de los 5 requiremientos enviados por el Tribunal Constitucional.

ERC sometida al pujolismo

Los líderes de ERC han demostrado al menos desde 2012 enorme falta de iniciativa y servilismo a los dictados de Mas, primero, y luego de Puigdemont. En ningún momento, un desdibujado y emboscado Junqueras logró trasladar al electorado la sensación de estar liderando el proceso constituyente y permitió que fueran Mas y Puigdemont quienes llevaran la batuta, pasando incluso por alto los abrumadores indicios constatados de corrupción generalizada en el partido del 3% sus rivales, guardándose para sí y su círculo más íntimo sus dudas sobre la fiabilidad de los líderes convergentes. Tras el amago fallido de sacar adelante la investidura telemática o por delegación el 30 de enero, Puigdemont acusó de traición a Torrent y a otros líderes de ERC quienes con asumido servilismo continúan peregrinando a Bruselas para entrevistarse con El Prófugo. Le ofrecen la presidencia simbólica para él y la presidencia real para quien él designe. Puigdemont quiere ambas.

Junqueras de president a presidente de mesa de cartón en Sant Vicenç dels Horts, donde es alcalde el 9 de noviembre de 2014.

ERC parece no haber aprendido nada de lo ocurrido en la X y XI legislaturas cuando Junqueras aceptó un reparto de papeles que resultó fatídico para los intereses de su partido. En la X, Junqueras secundó desde la oposición todas las iniciativas del gobierno de Mas en minoría, incluida la consulta del 9-N en la que Junqueras ofició de mesero junto a una urna de cartón mientras Mas acaparaba todo el mérito ante los medios. Y en la XI accedió a un reparto de papeles igualmente nefasto para sus intereses con Forcadell (ERC) en la presidencia del Parlament y cediendo a Puigdemont toda la iniciativa y el protagonismo. Todo indica que esta situación se repetirá en la XII legislatura con Torrent interpretando el papel de Forcadell en el Parlament y la persona que designe Puigdemont haciendo el papel de Puigdemont en el gobierno de la Generalitat.

Torrent (ERC) dirigiéndose a los diputados tras ser elegido presidente del Parlament el 17 de enero de 2018.

A pesar de que ERC cuenta con casi idéntico respaldo electoral que JxC –12.300 votos las separan– y sus líderes son conscientes de que la república hoy está más lejos que en septiembre de 2015, sus líderes continúan dudando si deben dejarse arrastrar por la locuacidad del nuevo amo de la Masía convergente. Puigdemont está más cerca de ir a la cárcel que de ser el nuevo presidente de la república catalana y los líderes de ERC deberían haber aprendido la lección de que saltarse el ordenamiento constitucional y burlarse del TC no sale gratis, como lo atestigua el Junqueras y otros republicanos que pueden seguir su camino en breve. Ha llegado el momento de reconocer que las políticas de confrontación sistemática con el Estado de Derecho que propugna la alianza de ‘puigdemonistas y cuperas’ sólo servirán para prolongar la inestabilidad política y agravar la ya delicada situación económica.

Puigdemont con Gabriel y Boya, dirigentes de la CUP, cerrando acuerdos en el Palau de la Generalitat.

 Volver a las andadas

Riera con el resto de diputados de la CUP en el amago fallido de sesión de investidura el 30 de enero de 2018.

Estos días hemos sabido gracias a la indiscreción de la CUP que el plan de Puigdemont, caso de haberse consumado su ignominiosa investidura telemática, era retomar el proceso constituyente allí donde lo dejó el 27 de octubre tras su vergonzosa huida a Bélgica. Llegados a este punto no está de más recordar la trayectoria y posiciones de algunos de los líderes que le acompañan en este descabellado viaje que si algo ha logrado es fracturar a la sociedad catalana y dejar muy tocada su economía, tras la marcha de miles de sociedades y la abrupta caída del turismo, una de las principales exportaciones de Cataluña, registrada en el último trimestre de 2017. De la sociedad abierta e integradora de comienzos de los años 80 no queda nada y en el actual ambiente enrarecido quienes no comulgan con el secesionismo son tachados inmediatamente de franquistas y fascistas.

Puigdemont y Forcadell en la Diada 2017 con Sánchez, presidente de la ANC.

Por razones de espacio, me referiré a algunos diputados que ocupaban posiciones destacadas en la lista del Prófugo, avalada por 948.233 ciudadanos, 161.499 menos que los que respaldaron a Ciudadanos el 21-D. La segunda posición por Barcelona la ocupaba Sánchez, presidente de la ANC en prisión preventiva, miembro del comité estratégico que preparó el “inaceptable intento de secesión” de Cataluña abortado el 27 de octubre tras proclamar la república catalana. La exconsejera Ponsatí, huida también de la Justicia, y el exconsejero Forn, encarcelado, figuraban en tercera y séptima posiciones, respectivamente, en la lista de Barcelona, si bien ambos renunciaron a su acta para favorecer la investidura (Ponsatí) o su situación judicial (Forn).

Turull, Baños (CUP) y Romeva (ERC) presentando las enmiendas a la Resolución I/XI del inicio de la independencia, 6 de noviembre 2015.

Turull, exconsejero de Presidencia, y Rull, exconsejero de Política Territorial, Obras Públicas y Sostenibilidad ocupaban la cuarta y quinta posiciones, respectivamente, por Barcelona. Ambos pasaron unos días en prisión preventiva y abandonaron la cárcel tras declarar ante el juez Llarena que asumían la aplicación del artículo 155. Pese a ello, el lector podrá comprobar que Rull se presenta en su cuenta de twitter como “consejero del Gobierno legítimo de Cataluña”, tiene un enlace a la página de internet de su ‘consejería en el exilio’, y se declara ciudadano de Terrassa en los Països Catalans. Algo más cauto se muestra Turull que se limita a informar en su cuenta que fue nombrado consejero de la Presidencia y portavoz por el president Puigdemont. Puig, consejero también cesado y prófugo, que se negó a devolver las obras artísticas al Monasterio de Sijena ocupaba la segunda posición en la lista de Gerona.

Rull, cuenta de twitter.

Conclusión

Puigdemont con los cuatro exconsejeros prófugos, Ponsatí, Puig, Serret y Comín, la noche del 21 de diciembre de 2017.

No hace falta insistir más para comprender que Puigdemont y los principales cargos electos de su lista no sólo no sólo no aceptan la Constitución que prometieron acatar para recibir sus actas de diputados autonómicos sino que planean constituir el gobierno legítimo de la república catalana en Bruselas con el respaldo de la Asamblea de Cargos Electos para seguir adelante con el plan de secesión que pusieron en marcha con  la Resolución 1/XI y concretaron en las ‘Conclusiones finales de la llamada ‘Comisión de Estudio del Proceso Constituyente’ aprobadas en el Parlament el 27 de julio de 2016. A este asunto dediqué mi artículo “Aval al plan secesionista de la CUP” publicado en Expansión el 28 de julio de 2016.

Rajoy anunciando la destitución de Puigdemont y su gobierno el 28 de octubre de 2017.

El Gobierno de España creyó quizá ingenuamente que con la intervención minimalista puesta en marcha tras el golpe de estado del 27 de octubre y la inmediata convocatoria de elecciones el 21-D pondría fin a la carrera de Puigdemont. El error de cálculo del Gobierno ha sido grave y ahora tendrá que lidiar con un gobierno nada simbólico presidido por Puigdemont en Bruselas que transmite instrucciones al gobierno efectivo en Barcelona. Algo tendrá que hacer Rajoy para poner fin a lo que ya podemos calificar como golpe de estado crónico y para evitar que la incipiente república catalana se financie con fondos del FLA. Los riesgos para la economía catalana y la española son muy serios y conviene recordar que la intención de Puigdemont es precisamente desestabilizar la democracia española.

El senador Vidal (ERC) afirma que los comisarios de los Mozos desobedecerán al Estado. El Confidencial, 26 de enero de 2017. El Gobierno estaba avisado.

Lluis Salvadó, segundo de Junqueras en la Consejería de Economía, presentando la Agencia Tributaria Catalana. La pregunta que muchos se hacen es cuánto dinero sacaron fuera de España y si ese dinero está financiando a Puigdemont en Bruselas.

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Auge y decadencia del nacional-secesionismo

Artículo publicado en el diario Expansión el 23 de diciembre de 2017

La ajustada mayoría absoluta obtenida por Junts per Catalunya (34 diputados), ERC (32 diputados) y CUP (4 diputadas), los tres partidos secesionistas que propiciaron la declaración de independencia (DUI) el pasado 27 de octubre, ha empañado en cierto modo la rotunda victoria de Ciudadanos que, con 37 diputados y 1,1 millón de votos, se convierte en el primer partido en el Parlament de Cataluña. Sin embargo, si miramos el asunto con cierta perspectiva, los constitucionalistas que residimos en Cataluña podemos encontrar razones sobradas para estar orgullosos de la victoria de la formación naranja, y hasta para dejarnos llevar por la euforia y celebrarlo con un buen cava catalán (y por tanto español) estos días.

No me cabe duda de que el 21-D ha sido un día histórico, como también lo fue aquél lejano 1 de noviembre de 2006 en que Ciudadanos irrumpió en el Parlament con tres diputados y fue objeto de mofas y chirigotas por parte de los partidos nacionalistas y catalanistas. Si los partidos y asociaciones cívicas que han mantenido viva la llama de la multiculturalidad en Cataluña durante estos años tan difíciles, mantienen cierta unidad de acción y propósito, las elecciones del 2017 podrían ser vistas en una o dos legislaturas como el punto de inflexión que marca el inició del declive del movimiento nacional-secesionista. Queda mucho trabajo por delante y no hay que echar las campanas al vuelo. Pero la tarea es factible siempre que las instituciones centrales del Estado (Gobierno, Congreso, Senado y Tribunales) sepan estar a la altura de sus responsabilidades, algo que no siempre han hecho.

Rivera con Domingo y Robles, los tres diputados de Ciudadanos en el Parlament en noviembre de 2006.

Perro ladrador

El deslenguado y fullero Puigdemont sigue huido en Bruselas haciendo cábalas sobre cómo sacar el mayor provecho a los 34 diputados que ha obtenido con su lista de cortesanos convergentes, reforzada con el presuntamente rebelde presidente de la ANC. Ayer vimos a Puigdemont sobreactuar, como es habitual en él, y declarar enfáticamente en su comparecencia que la ‘república’ ha ganado a la ‘monarquía’. Patético pero efectivo por lo que hemos podido constatar en estas elecciones. Su mensaje ‘soy el presidente legítimo’, avalado por la bobalicona cúpula de ERC que se prestó a rendirle incluso algunos  inmerecidos homenajes en Bruselas mientras su líder criaba malvas en Entremeras, le ha dado unos réditos impensables hace sólo unos meses. El pobre Junqueras ha visto desde su celda como el pájaro que tantas veces lo engañó durante estos dos años susurrándole al oído ‘me voy’, ‘no repetiré’, volvía a dejarlo con un palmo de narices meditando sobre su injusto de su destino. Y es que Junqueras, por impericia y docilidad, ha visto como se le escapaba de las manos la (¿única?) oportunidad de ser investido presidente del gobierno de la Generalitat.

Puigdemont en su comparecencia con cuatro exconsejeros prófugos la noche electoral en Bruselas.

¿Vendrá no vendrá? No sé qué tal marchan las finanzas en la corte belga –todo un misterio que algún día conoceremos– pero si algo está claro es que en caso de que regrese a España será con toda probabilidad detenido, interrogado, encarcelado y juzgado con todas las garantías que concede nuestro Estado de Derecho. Los delitos que se les imputan a él, a los consejeros de su gobierno cesado y a los líderes de la ANC y Òmnium, rebelión, sedición, malversación de caudales públicos y desacato al poder judicial, son los más graves que se pueden imputar a un político en democracia.

Carles Puigdemont en una conferencia de prensa el 22 de diciembre de 2017.

Desconozco si nuestro sistema judicial y penitenciario lo permiten, pero sería un auténtico dislate que a un golpista irredento, que sigue denigrando nuestras instituciones democráticas en Bélgica, se le permitiera acudir a recoger su acta de diputado sin acatar la Constitución y mucho menos ser investido presidente del gobierno de la Generalitat. Lo malo sobre este asunto, como sobre muchos otros que debilitan nuestra democracia –estoy pensando en la ausencia de la bandera nacional en edificios públicos y en comparecencias institucionales, la ocupación de espacios públicos con banderas estrelladas por acuerdos municipales, los insultos y silbidos a Felipe VI,  la celebración del 9-N, las sesiones parlamentarias del 6-7 de septiembre, la consulta ilegal del 1-O, etc. – es que el Gobierno de España ha demostrado, pese a las afirmaciones en sentido contrario, que no tenía una estrategia efectiva para hacer frente a los secesionistas.

Optimismo constitucionalista      

Puigdemont firmando la declaración de independencia en el auditorio del Parlament el 10 de octubre de 2017.

Pero pese a la euforia del mal perdedor, lo cierto es que el movimiento nacional-soberanista transformado en nacional-secesionista desde 2012, no sólo no avanza sino que retrocede. Desde las elecciones del año 2010, el porcentaje de voto de los partidos que defendían estas posiciones alcanzó su máximo, 49,1%, en 2012 y ha caído desde entonces hasta situarse en el 47,5% en 2017. En escaños, alcanzó su máximo, 76, en 2010 y en estas elecciones se ha quedado en 70. La caída es lenta pero quien pensara que podía acabarse en cuatro días con un movimiento tan bien alimentado desde las instituciones, confundía el deseo con la realidad. El dominio casi absoluto de la Generalitat sobre los medios de comunicación, el sistema educativo, las asociaciones culturales, etc., aseguran su pervivencia mientras no se consiga restablecer la neutralidad del gobierno de la Generalitat, el Parlament, las Diputaciones y los Ayuntamientos. Ningún adicto puede dejarlo en un día, mucho menos si sigue recibiendo abundantes dosis.

Manifestación del 30-S en Barcelona organizada por EiC, Somatemps y Regeneración Democrática.

La evolución del movimiento constitucionalista resulta asimismo esperanzadora. Para empezar, ahí están las movilizaciones que este otoño sacudieron Cataluña el 30 de septiembre, el 8, 12 y 29 de octubre y de nuevo el 6 de diciembre. Cientos de miles de catalanes silenciosos (o silenciados) perdieron el temor a expresar su deseo, nada facha, sino profundamente progresista, de seguir compartiendo nuestro destino con nuestros primos, hermanos y amigos en el resto de España. Frutos, el viejo líder del PCE, lo expuso maravillosamente el 29 de octubre en Paseo de Gracia. Las movilizaciones lideradas por Espanya i Catalans y Sociedad Civil Catalana, pero en las que han participado otras asociaciones como Convivencia Cívica Catalana, Regeneración Democrática, Asociación por la Tolerancia, Somatemps, etc., han de mantenerse y servir para movilizar a todos los catalanes que compartimos los ideales de libertad, igualdad y fraternidad.

Manifestación del 😯 en Barcelona organizada por Societat Civil Catalana, Espanya i Catalans y otras asociaciones cívicas.

Además, el peso de los partidos constitucionalistas no ha cesado de crecer, especialmente a partir de 2012. En escaños, estos partidos han pasado de 47 en 2010 a los 57 conseguidos en 2017, un número todavía alejado de los 68 que otorgan la mayoría absoluta. En porcentaje de votos, hemos pasado del 37,1% en 2010 al 43,5% en 2017. Todavía queda un buen trecho pero estamos cada vez más cerca y, si perseveramos en la línea seguida en los últimos años, la victoria puede llegar en una o dos legislaturas. Aunque es cierto que la aritmética electoral favorece a los secesionistas por su predominio en las zonas rurales, la solución no pasa necesariamente por cambiar la ley electoral, sino por reconquistar estas zonas dominadas por el secesionismo. Para ello, conviene mantener el nivel de movilización social de los últimos meses, requisito indispensable para lograr mayores cotas de participación, y hay que responder con inteligencia a las provocaciones de un republicanismo trasnochado y victimista que ha provocado una fractura social gravísima, espantado a las empresas y a los inversores y amenaza con provocar una recesión en Cataluña.

Clemente Polo, 12 de octubre de 2016 en Plaza de Cataluña.

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El negocio de la secesión

Artículo publicado en el diario Expansión el 28 de noviembre de 2017

Rajoy anuncia la destitución de Puigdemont y su gobierno.

En la entrevista que Rajoy concedió a la COPE el 15 de noviembre, el presidente estaba que no cabía en su pecho. Natural. Con el gobierno de la Generalitat cesado y a medias encarcelado; con Forcadell y los miembros de la Mesa del Parlament que aprobaron llevar a pleno las leyes de desconexión en libertad condicional, tras pagar las fianzas impuestas por el Tribunal Supremo; con los ‘jordis’ enviando mensajes a los manifestantes desde la cárcel de Soto del Real, recomendándoles no subirse a los jeeps de la policía judicial para no acabar como ellos; y, en fin, con los líderes de todos los partidos secesionistas admitiendo que no tenían el respaldo social suficiente para poner en marcha la república, Rajoy se mostraba plenamente satisfecho con los resultados de la aplicación del artículo 155. Ahora toca –dijo – dejar hablar a las urnas el 21-D.

Forcadell a su salida de la prisión de Alcalá-Meco.

Repliegue de rufianes

Rajoy puede darse por satisfecho al constatar que el intento de secesión se ha atajado prácticamente sin aplicar otra fuerza que los instrumentos del Estado de Derecho –el Tribunal Constitucional, el Senado, el Ministerio Fiscal, etc.– para restablecer, si no la legalidad –hay ciudadanos e instituciones que incumplen el ordenamiento constitucional en Cataluña–, si al menos cierta apariencia de normalidad democrática. Abandonen o no los encarcelados la prisión antes del 21-D, los Tribunales van a seguir investigándolos para determinar si efectivamente incurrieron en los delitos de rebelión, sedición y malversación de caudales públicos que se les imputan. Más allá de sus responsabilidades jurídicas, Puigdemont y Junqueras son los únicos culpables de la marcha de más de 2.600 sociedades, la ralentización económica y la fractura de la sociedad catalana.

Puigdemont y su gobierno legítimo en la página oficial de la Generalitat abierta desde Bégica. Es la foto oficial del gobierno, antes de su cese, de la que se ha eliminado al consejero Santi Vila, que dimitió el 26 de octubre, un día antes de la votación para constituir el estado independiente en forma de república.

En cuanto a los secesionistas, reconozco que tiene su morbo ver a Tardà, el indómito diputado que hace pocos meses se mostraba dispuesto a ir a la cárcel por la causa y todavía el 27 de agosto retaba al Estado desde la tribuna del Congreso con su “adios corrupción, bienvenida república”, recoger velas a toda prisa y disponerse a continuar con su bien remunerada rutina de pernoctar en Madrid tres veces por semana sin que nadie le detenga por sus ideas. ¡Qué suplicio para un republicano tan honesto y cabal estar en Madrid en lugar de en la Itaca soñada! Claro que más insufrible debe resultarle compartir manteles de vez en cuando con Rufián, su ingenioso grumete, al que las personas de cierta edad nos hubiera gustado verle representar el intrépido numerito de las esposas en la dictadura.

Puigdemont en Bruselas con un Mozo de Escuadra en funciones de guardaespaldas.

La desbandada republicana se asemeja cada vez más a un sálvese quien pueda del temporal que ellos mismos provocaron. Nadie habla ya del mandato democrático que el ‘pueblo’ de Cataluña les había otorgado el 27-S y confirmado el 1-O, y los hasta ayer insobornables defensores del estado propio en forma de república reconocen que no estaban preparados para hacer efectiva la declaración de independencia. Puigdemont admite que erró al creer que el Gobierno de España se avendría a negociar con él la independencia. Junqueras ha escrito, desde su retiro en la cárcel de Estremeras, una carta a la militancia de ERC en la que revela su gran descubrimiento político: la república tiene cara de mujer y se apellida Rovira. Y el incombustible Tardà farfulla entre dientes que “Cataluña no es independiente porque no ha existido una mayoría de catalanes que así lo hubiera querido”. No era eso precisamente lo que afirmaban hace sólo unos días, y sólo por mentir a millones de catalanes, con tanto descaro y durante tanto tiempo, merecen un severo correctivo el 21-D.

Mantener el control de la caja

Sánchez y Cuixart arengando a los comités de defensa del referéndum subidos a un vehículo de la policía judicial de la Guardia Civil.

Resulta harto sospechoso este repentino conformismo que parece haberse adueñado de los fogosos alborotadores republicanos que hasta ayer mismo estaban dispuestos a cortar calles y autovías, a tomar estaciones, a obedecer a su gobierno ‘legítimo’ en el exilio, y, en fin, a iniciar la larga travesía que habría de culminar con el  reconocimiento internacional de la república de Catalunya. ¿Cómo explicar que después del empeño puesto en realizar la consulta del 1-O –referéndum de autodeterminación, en su jerga– y haber constituido la república catalana en el Parlament el 27 de octubre, los líderes republicanos se hayan dedicado a confeccionar las listas para concurrir a unas elecciones autonómicas que consideran ‘ilegítimas’, al haberlas convocado el Gobierno de España? ¿Por qué ERC ha rechazado la nada inocente exigencia de Puigdemont  de concurrir con una lista unitaria, pese a reconocer “que es y seguirá siendo” el presidente del país?

La imagen del gobierno legítimo en la que aparece todavía el rostro de Santi Vila en segunda fila, entre Junqueras y Puigdemont.

Estamos asistiendo al repliegue desordenado de la flotilla secesionista. Ahora, cada cabecilla de la fallida revuelta busca minimizar las pérdidas sufridas tras embarrancar sus naves en las rocas del Estado, poco importa ya si por precipitación en los plazos o por errores de cálculo del alto almirantazgo. El objetivo principal es desencallarlas, poner a salvo cuantos marineros y mercancía puedan, y prepararse para el próximo (y definitivo) asalto al fortín del Estado. Los líderes del fracasado asalto, conscientes de que ya no podrán escapar a la acción de la Justicia, se muestran dispuestos a conceder de boquilla que acatan el 155 para no agravar su situación procesal, siguiendo el ejemplo de Forcadell a quien no le importó  hacerlo con tal de recuperar la presidencia del Parlament. Ninguno de ellos, sin embargo, ha mostrado el menor arrepentimiento por los presuntos delitos investigados y todos, sin excepción, continúan denigrando nuestra democracia, a la que califican de Estado autoritario y represivo, y manifestando sin ningún pudor su intención, en palabras de Junqueras, de “culminar la faena”.

Mas acude a declarar ante el TSJC el 15 de octubre de 2015.

Ya me he referido al error de cálculo de Puigdemont. Artur Mas que pronosticaba en 2013 que “el siglo XXI será el siglo en que Cataluña recuperará su plena libertad, reiteraba hace unos días en el Club Siglo XXI que “el proceso sigue perfectamente vigente”. Y Junqueras insiste en su carta los militantes de ERC en esta misma línea victimista, presentándose como “ingenuos, que van creer que el Estado nunca se atrevería a aplicar estos niveles de represión. O que la Unión Europea permitiría que el Gobierno del PP, en nombre de la unidad de España, tolerase tantos golpes a la ciudadanía y a las instituciones catalanas”. Si algo no puede predicarse de Puigdemont y Junqueras es que son ingenuos. Y si algo puede decirse del Estado español es ha sido permisivo con los insurrectos hasta límites inconcebibles.

El exjuez Vidal junto al terrorista convicto Carles Sastre, con elu rostro enmarcado en un círculo, en la foto de familia del Pacto Nacional por el Derecho a Decidir. En primera fila, Colau, Forcadell, Puigdemont, Gibert y Junqueras.

Fue la salida de centenares de sociedades de Cataluña y el apoyo inequívoco de los líderes de las instituciones de la UE a la democracia española, no la imaginaria represión del Estado, lo que frenó los planes de los golpistas. Su objetivo primordial ahora es retener el gobierno de la Generalitat el 21-D. Quieren hacerlo para evitar que se descubran todos los mecanismos ilegales que el gobierno de la Generalitat empleó para canalizar recursos públicos a la creación de estructuras de estado y hacia el entramado mediático y asociativo por el que circula la propaganda secesionista e implementa las campañas de movilización. Camuflados como el locuaz exjuez Vidal afirmaba o no, hay indicios sólidos de que cientos de millones se han destinado a poner en marcha estructuras de estado. Y quieren hacerlo porque la independencia es un negocio que mueve miles y miles de millones y decenas de miles de empleos, y hay grupos económicos interesados en controlar los presupuestos del sector público de Cataluña, no para mejorar los servicios prestados a los catalanes, sino para beneficio de los partidos, sus líderes, sus familiares y patronos.

 

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Y Barcelona perdió la EMA

Actual sede de la EMA en Londres.

La decisión del Consejo de Ministros de la UE de localizar la Agencia Europea del Medicamento (European Medicines Agency, EMA) en Ámsterdam, tras una reñida competición con Milán, deja muy claro el hartazgo de las instituciones europeas con el proceso secesionista en Cataluña. Barcelona, a la que muchos situaban como la localización más atractiva hasta hace unos meses, quedó eliminada en la primera votación al quedar por detrás de Ámsterdam, Milán, Copenhague y Bratislava. Al menos la espera no fue demasiado larga y la previsible decepción se produjo a las primeras de cambio. Perdido el envite, quizá el mayor interés del caso resida en examinar las razones que han podido influir en el descarte de Barcelona –siempre puede aprenderse de los reveses– y las reacciones políticas que ha suscitado en Cataluña.

Desenlace previsible

Montserrat, Comín y Collboni en Bruselas el 1 de agosto de 2017,

El desenlace fatídico era más que previsible, casi una certeza pese a los esfuerzos del Gobierno de España por convencernos para llegar hasta al final con el banderín bien alto. Aunque los partidos nunca acaban hasta que el árbitro pita el final del encuentro y el marcador queda inamovible, existían buenas razones ya en el descanso para dar el encuentro por perdido. Cataluña vive desde hace dos años una situación de inestabilidad política e inseguridad jurídica creciente que culminó con la aprobación de las leyes del referéndum de autodeterminación a principios de septiembre, la celebración de una ilegal consulta de autodeterminación el 1 de octubre, dos huelgas generales de carácter político, y la aprobación de una resolución en el Parlament el pasado 27 de octubre por la que Cataluña se constituía en estado independiente en forma de república.

Parlament semivacio al finalizar la votación para constituir la república catalana el 27 de octubre de 2017.

Pese a que las dos leyes de desconexión y la resolución de independencia fueron suspendidas por el Tribunal Constitucional y el Gobierno regional fue cesado inmediatamente en aplicación del artículo 155 de la Constitución, la inestabilidad política y la inseguridad jurídica continúan muy presentes en Cataluña. Con el expresidente y algunos consejeros huidos en Bélgica, denigrando la democracia española, y el resto del gobierno ‘legítimo’ encarcelado en varias prisiones, el clima político no es precisamente el más propicio para acoger a una agencia de la UE que, no olvidemos, deja Londres por la decisión de los británicos de abandonar la UE. ¡Lagarto, lagarto!, debieron pensar los líderes de la UE, no vamos a salir de guatemala para ir a guatepeor. No nos engañemos: la imagen difundida por el expresident Puigdemont en las redes sociales, donde aparece mofándose de las cinco requerimientos enviados por el Tribunal Constitucional para hacerle desistir del plan de proclamar la independencia, no es la mejor tarjeta de presentación ante la UE.

Puigdemont posa mofándose de los 5 requerimientos del Tribunal Constitucional para que abandonase el plan de realizar un referéndum como paso para constituir una respública independiente.

Sede central de "la Caixa" en Barcelona.

Sede central de “la Caixa” en Barcelona.

Podemos dar también por seguro que la desbandada de cerca de 2.600 sociedades que han trasladado sus sedes fuera de Cataluña desde el 4 de octubre, incluidas las principales entidades financieras y empresas no financieras, ha tenido también una influencia decisiva en la decisión adoptada por los Ministros de Sanidad en Bruselas. ¿Cómo iban a establecer la sede de la EMA en Barcelona cuando las sociedades españolas están marchándose a otras Comunidades? Aunque una decisión favorable habría servido para reafirmar la confianza de las instituciones europeas en la capacidad del Gobierno de España para controlar la situación, la jugada era demasiado arriesgada como para tentar la suerte. Téngase en cuenta que a las elecciones autonómicas, convocadas por el Gobierno de España el próximo 21-D, concurren los mismos líderes secesionistas –Puigdemont y Junqueras– que provocaron la intervención de Cataluña hace unas semanas, y no hay ninguna garantía de que Cataluña recobre la estabilidad política y la seguridad jurídica tras los comicios.

Colau, la imagen antitética de una Barcelona abierta y dinámica.

Conviene recordar también la escasa simpatía del equipo que gobierna la ciudad de Barcelona hacia el mundo empresarial, en contrate con la actitud comprensiva de Barcelona en Comú hacia el movimiento okupa. El notorio desinterés de la propia alcaldesa por acoger la EMA quedó patente a comienzos de agosto, cuando la alcaldesa declinó acompañar a la ministra Montserrat y al consejero Comín a presentar oficialmente la  candidatura de Barcelona en Bruselas, porque, según manifestó ella misma, las bases de su partido no veían con buenos ojos la llegada de la AME a Barcelona.  Pese al auge del turismo internacional en los últimos años, la ciudad está cada vez más alineada con el movimiento secesionista. Colau se ha manifestado a favor del ‘derecho a decidir’ en numerosas ocasiones, y aunque defiende la realización de un referéndum legal, se sumó a la consulta ilegal del 1-O. Hace unos días, rompió el pacto de gobierno con el PSC, precisamente porque los socialistas catalanes no rechazaron la aplicación del artículo 155, y como sólo cuenta con sólo 11 concejales de 41, dependerá  a partir de ahora de los partidos secesionistas (ERC, PDeCAT y CUP) para seguir gobernando.

Colau en la manifestación a favor de los ‘jordis’ el 21 de octubre.

Oportunidad irrepetible

Además de la ocupación de un espacio de oficinas considerable en la emblemática Torre Glorias (Agbar), el aterrizaje de la EMA en Barcelona habría supuesto la creación de 900 puestos de trabajo directos, muchos de ellos altamente cualificados, y de algunos miles (en torno a 4.500) de empleos indirectos en un sector tecnológico puntero y con enorme futuro en la UE. Además, la localización en Barcelona habría supuesto asegurar la visita a la ciudad de varias docenas de miles de profesionales del mundo de la investigación y la farmacología cada año. Basta echar una ojeada a la página de Internet de la EMA en Londres para hacerse una idea del imponente volumen de actividad investigadora y dinamizadora de la industria farmacéutica que genera la agencia encargada de examinar la seguridad de los medicamentos y autorizar su comercialización en el espacio europeo.

Delante de la Torre de las Glorias: Montserrat,ministra de Sanidad, con Collboni, teniente alcalde de Barcelona, y Serra, secretario general de la consejería de Sanidad.

La ministra Montserrat no ha querido hacer fuego del tronco caído pero ha apuntado claramente a la irresponsabilidad de la deriva independentista del gobierno de la Generalitat y del Parlament de Cataluña. Sánchez, secretario general del PSOE, ha vuelto a errar al afirmar que “los barceloneses han estado a la altura”. No señor: ni los barceloneses ni los catalanes ni sobre todo sus gobernantes han estado a la altura de las circunstancias. Puigdemont, inmaduro y cínico incurable, culpa de lo ocurrido al Gobierno que, tras aplicar el artículo 155 y encarcelar a los líderes sociales y al gobierno ‘legítimo’ de la Generalitat, pretende ahora empobrecer Cataluña. Rivera ha vuelto a ser el más certero al apuntar al independentismo y a Colau sin morderse la lengua. Barcelona tuvo a su alcance la EMA hasta comienzos del verano pero todo se truncó definitivamente en septiembre y octubre, y el 155 llegó ya demasiado tarde para deshacer el entuerto. Por cierto, Sr. Puigdemont, usted dejó de ser el presidente legítimo de Cataluña cuando se situó fuera de la Constitución y el Estaut, y ahora no es más que un presunto delincuente, prófugo de la justicia.

Puigdemont y su gobierno ‘legítimo’ en la nueva página ‘oficial’ de la Generalitat abierta tras el cese de su gobierno. Es la foto oficial del gobierno antes de su cese de la que se ha excluido al consejero Santi Vila (salvo la pierna visible entre Junqueras y Puigdemont) que dimitió el 26 de octubre, un día antes de la votación en el Parlament en que se constituyó Cataluña como estado independiente en forma de república.

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Empresarios en el diván

Artículo publicado en El Economista el 23 de octubre de 2017

(http://www.eleconomista.es/economia/noticias/8692690/10/17/Empresarios-en-el-divan.html)

Comités de Defensa del Referéndum  en un centro de votación el 1-O.

Desde el simulacro de referéndum que se celebró el 1 de octubre, se ha producido un éxodo imparable de empresas desde Cataluña al resto de España. El pistoletazo de salida lo dieron el Banc de Sabadell, la cuarta entidad financiera española, y CaixaBank, la emblemática caja surgida de la fusión de la Caja de Pensiones y Caja de Barcelona en 1990 que, tras su fulgurante expansión por toda España, se encaramó al tercer puesto del ranking bancario. En tres semanas, son 1.185 las sociedades (incluidas casi todas en el Ibex 35) que han trasladado su sede social (y la fiscal en bastantes casos) sin que ningún sector productivo (agricultura, industria, construcción y actividades inmobiliarias, finanzas, seguros, comercio, ocio, etc.) se haya librado de la desbandada. Al éxodo societario, hay que sumar la legión de catalanes que, preocupados ante la perspectiva de un futuro muy incierto, prefieren llevarse sus depósitos bancarios, fondos de inversión, carteras de valores, planes de pensiones, etc., a sucursales de sus entidades en otras Comunidades. Salir de la UE y la Eurozona no es una broma.

Relaciones de poder

Aquello que los independentistas afirmaban que nunca sucedería en Cataluña ha irrumpido en la escena, antes incluso de que el Parlament proclame la independencia, con la violencia de un ciclón, y amenaza con dejar en los huesos a la economía catalana. Desde luego quienes han quedado mal parados son los economistas que mayoritariamente consideraban la opción más deseable constituir un estado propio. También les resultará difícil explicar lo acaecido a los ‘podemitas’ porque si los políticos fueran, como ellos sostienen, meros administradores del gran capital, resultaría inconcebible que tres políticos de tan corto alcance como Puigdemont (CDC-PDR-Cat), Junqueras (ERC) y Gabriel (CUP), faltos de cualquier apoyo internacional, sigan al frente del gobierno de la Generalitat y del Parlament de Cataluña, mientras los empresarios abandonan el barco remando en botes salvavidas. ¿Qué ha ocurrido en la sociedad catalana, cuyos habitantes disfrutan de una renta per cápita el 23% superior a la del resto de españoles y el 6% mayor que la media de la UE, para que se desencadene una crisis política y social de esta envergadura?

Félix Millet recibiendo de Pujol la orden de Sant Jordi.

La relación entre los poderes político y económico resulta mucho más compleja y fluida de lo que reconocen los postmarxistas indignados. Durante 23 años, el gobierno de la Generalitat utilizó todos los instrumentos a su alcance, desde la capacidad normativa e inspectora a los crecientes presupuestos de la Generalitat y sus empresas públicas, para establecer un entramado de intereses y redes clientelares donde la cercanía al poder y la sintonía con el partido de Pujol resultaban decisivas para ganar adjudicaciones de obras públicas, obtener contratos de servicios y concesiones administrativas, recibir subvenciones públicas, etc. La actuación de Ferrovial en el caso Palau constituye un ejemplo paradigmático de cómo empresas privadas se veían presionadas, para obtener adjudicaciones de obras, a realizar donaciones al consorcio del Palau de la Música presidido por Millet, quien a su vez financiaba ilegalmente a CDC, el partido de Pujol, Mas y Puigdemont. Este complejo entramado ha condicionado notablemente la actitud de los principales actores económicos en Cataluña.

Turull con Homs, y (Oriol) Pujol, arropando a Daniel Osàcar, secretario personal de Mas (2000-2005) y tesorero de CDC (2005-2011) en el Parlament. Osàcar fue imputado por cobrar comisiones a empresarios que se destinaban a financiar a CDC y a sus fundaciones. ¡La nueva Cataluña!

Sinfonía de empresarios

Bonet, presidente de Freixenet y de la Cámara de Comercio de España-

Con las notables excepciones de Bonet, presidente de Freixenet y de la Cámara de Comercio de España, y de Lara, patriarca presidente del Grupo Planeta, la mayoría de líderes empresariales optaron por mantener un prudente silencio o una calculada equidistancia, incluso cuando Mas y Junqueras alcanzaron, después de la consulta del 9-N en noviembre de 2014, un acuerdo para proclamar la independencia en 18 meses. Pese a que la independencia había dejado de ser una ensoñación romántica a comienzos de 2015, sólo contados empresarios y ejecutivos (como Gallardo de Almirall, Palatchi de Pronovias y Piqué, ex–presidente de Vueling) se han atrevido a salir del armario mientras la mayoría encontraba refugio en la esperanza de que la racionalidad económica y el diálogo acabarían imponiéndose al desvarío político. Entre las asociaciones empresariales, sólo Empresaris de Catalunya ha ido más allá de llamar el diálogo (Foment, Circle d’Economía) y ha subrayado una y otra vez los enormes riesgos y graves perjuicios económicos que la independencia ocasionaría a los catalanes.

En los últimos años, hemos visto también a numerosos empresarios y altos directivos (Grifols de Grifols; Carulla y Tomás de Agrolimen y Ara; Alemany de Abertis; Daurella de Coca-Cola European Partners; Sumarroca de Teyco; Cornadó de Copisa; Massot de Vertix; Raventós de Unipost, etc.), y dirigentes de algunas patronales (González de Pimec y Abad de Cecot) y sindicales (Gallego de CC.OO. y Álvarez UGT) coquetear con el ‘derecho a decidir’ –un eufemismo tras el que los dirigentes de CDC y su fundación FemCat camuflaron durante algún tiempo sus aspiraciones secesionistas–, y hasta mostrarse comprensivos con las resoluciones y leyes, contrarias a la Constitución y al Estatut, aprobadas en el Parlament de Cataluña. Algunos rectificaron y han ido tomando distancia con el gobierno de la Generalitat, a medida que se radicalizaba de la mano de ERC y la CUP, pero otros han mantenido su respaldo pese a la ilegalidad flagrante en que se adentró a partir del 6 de septiembre de 2017.

Álvarez (UGT Catalunya), Casals (Omnium Cultural) y Gallego (CCOO Catalunya) haciendo campaña a favor del derecho a decidir y la consulta.

Empresarios a fin de cuentas

Puigdemont y Gabriel celebrando su acuerdo para constituir una república independiente.

No conviene pedir peras al olmo. A la postre, la mayoría de los empresarios se ha comportado como cabría esperar de su condición: hicieron lo posible por mantener la rentabilidad de sus empresas mientras crecía la inestabilidad política y la inseguridad jurídica en Cataluña, y han hecho las maletas para salvaguardar los intereses de directivos y accionistas en cuanto se materializó la posibilidad de que la Generalitat declare la independencia. Quizá lo único que pueda reprochárseles es no haber explicado a los boquiabiertos catalanes, testigos incrédulos de la salida en tromba de sus empresas, que les engañaban miserablemente quienes les prometían una mejora sustancial de su nivel de vida tras consumarse la independencia. La ‘cuestión catalana’ se ha ido agravando progresivamente y la mayoría de empresarios y ciudadanos sólo aguardan ya a que el Gobierno de España restablezca la estabilidad política y la seguridad jurídica en la Comunidad Autónoma. Esperemos que lo haga con prontitud y evitando en lo posible futuras recaídas.

Los candidatos de Junts pel SÍ han engañado miserablemente a los catalanes mientras los empresarios guardaban silencio.

 

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El secesionismo amenaza la recuperación

Artículo publicado en el diario Expansión el 21 de septiembre de 2017

Forcadell arropada por Hagrid El guardabosques, Flequillo Airado y el Orfeó secesionista, ante la sede del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

El hecho más destacable de la Diada del sí a la desobediencia y a la división es que fuera la menos masiva de las organizadas en los últimos años, a pesar de contar con la participación estelar de Puigdemont, Junqueras y la mayoría de sus consejeros, y haberla anunciado como el preludio del ‘referéndum de autodeterminación’ del próximo 1 de octubre (1-O). Dentro de lo malo, constituye una buena noticia que la primera Diada promovida abiertamente por el gobierno de la Generalitat y los diputados de Junts pel Sí (JxS) y CUP, declarados en rebeldía contra el Estado de Derecho desde que aprobaron la ‘ley del referéndum de autodeterminación” en el Parlament el pasado 6 de septiembre, haya sido un relativo fracaso.

Menor apoyo

Puigdemont y Junqueras celebrando la aprobación de la ‘ley’ del referéndum de autodeteriminación.

Diada 2017.

Las cifras de asistencia publicadas oscilan entre 225.000 y algo más de un millón, ambas muy inferiores a las estimaciones hechas por esas mismas fuentes en citas anteriores. La realidad constatable por todo el mundo a través de las imágenes ofrecidas por televisión es que la inmensa mayoría de los catalanes se marcharon de fin de semana o se quedaron en sus casas. Si la intención de los organizadores era mostrar a los dirigentes de la UE el clamor unánime de la sociedad catalana en pro de la independencia, se puede afirmar que fracasaron estrepitosamente en el intento. Pero aunque el proceso, cada vez más radicalizado, se haya ido desinflando en los últimos meses, hay que reconocer la capacidad del movimiento nacional-secesionista para movilizar a sus bases una vez al año.

Puigdemont, Forcadell y Sánchez (ANC) en la Diada 2017.

Nadie puede sorprenderse de que la llamada a rebato de la Asamblea Nacional de Cataluña (ANC), Omnium Cultural y la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI) consiguiera movilizar a una fracción (360.000 inscritos y 1.800 autobuses fletados según la ANC) de los votantes de JxS (1,62 millones) y CUP (336.000) en las elecciones autonómicas de 2015. Hay detrás una labor tenaz de propaganda y agitación en todos los rincones de Cataluña que cuenta con el apoyo, casi unánime, de los medios de comunicación públicos y privados, que la Generalitat financia generosamente para influir y deformar la opinión pública. A diferencia de la mayoría de asociaciones constitucionalistas que no tienen un duro, los tres tenores del orfeón secesionista nadan en la abundancia.

Riesgos del 1-O

Diada 2017.

Pasada la artificiosa celebración de la caída de Barcelona en 1714, la cuestión más perentoria ahora es afrontar el reto del referéndum de autodeterminación que el gobierno de la Generalitat planea celebrar el 1-O y cuya campaña está en marcha. 712 alcaldes respondieron afirmativamente a la petición de Puigdemont de ceder locales municipales para albergar las urnas, mientras, Trapero, mayor de los ‘mossos’, ordenaba a petición de la Fiscalía investigar los preparativos del referéndum sin resultado práctico hasta ahora. Algunas agencias de calificación han advertido del riesgo que entraña la secesión de Cataluña para la calificación de la deuda pública, y varios bancos de inversión han apuntado que podría elevarse la prima de riesgo e incluso recomendado vender deuda española. Aunque estamos muy lejos de la dramática situación vivida en 2012, conviene recordar que pocas cosas espantan más a los inversores que la inestabilidad política y la inseguridad jurídica.

Puigdemont comprador de urnas.

Al gobierno de la Generalitat parece importarle un bledo que se hunda un poco más la calificación de su deuda –desde hace años no tiene acceso al mercado– y se eleve la prima de riesgo de la deuda española, creyendo erróneamente que el Gobierno de España se avendrá a negociar el referéndum si empeora la situación. Craso error porque lo único que pueden lograr apostando al “cuanto peor para ellos, mejor para nosotros” es que a todos nos vaya peor. Cataluña no va a alcanzar la independencia mediante un referéndum pactado porque el gobierno de la Generalitat y los diputados secesionistas no cuentan con el apoyo mayoritario de los catalanes, ni con el aval de los partidos (PP, PSOE y Ciudadanos) que representan a la mayoría de españoles, ni con el respaldo de ninguna institución internacional, como la ONU o la UE, dispuesta a dar pábulo a sus cínicas apelaciones al derecho de autodeterminación. Hasta el momento, Puigdemont y Romeva sólo han conseguido tras infinidad de costosos viajes promocionales concitar el apoyo de algún diputado estonio y un desinformado premio Nobel de la Paz.

Puigdemont con Juncker, Merkel y Hollande en su última visita al Parlament Europeo.

Firmeza democrática

Rajoy con Sánchez en La Moncloa el 7 de septiembre de 2017.

España se juega en las próximas semanas la credibilidad política, desde luego, pero también la estabilidad económica. La estrategia de mano tendida seguida por el Gobierno hasta pocas semanas y la calculada ambigüedad del PSOE-PSC sobre el encaje de Cataluña, lejos de tener efectos balsámicos, nos ha llevado a una situación cada vez más enconada. El Estado de Derecho tiene que afrontar esta situación sin complejos, con la misma determinación con que condenó a los militares amotinados en 1981, ilegalizó (aunque tardara demasiado en hacerlo) al entorno político de la banda terrorista ETA, y dio la puntilla al plan Ibarretxe. La inestabilidad política ocasionada por el golpe de estado que patrocinan las secuestradas instituciones de autogobierno de Cataluña no desaparecerá de un plumazo, pero urge dar pasos decididos para desmantelar el entramado político-asociativo que alimenta el proceso nacional-secesionista y amenaza ahora la recuperación económica.

Sáenz de Santamaría en sua vanos intentos de negociar con Junqueras.

Sáenz de Santamaría, vicepresidenta, De Guindos, ministro de Economía y Competitividad, y Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.

Además de las acertadas medidas aprobadas en la Comisión Delegada para Asuntos Económicos para controlar los pagos de nóminas y las facturas de proveedores de la Generalitat, el Gobierno tiene que exigir responsabilidades a interventores y a responsables de ordenar pagos en el sector público catalán y recuperar los recursos públicos destinados a actos ilícitos, como al 9-N y el 1-O, o a financiar actividades del Departamento de relaciones exteriores, el consorcio Diplocat, el Consell Assesor per la Transició Nacional, la ampliada Agencia Tributaria de Catalunya, la Agencia Catalana de Protección Social, etc., que invaden competencias del Estado. Hay que poner cerco a todo el entorno político-asociativo (AMI, Consejo de Cargos Electos, etc.) que se alimenta de fondos de la Generalitat, y escudriñar al céntimo las cuentas de Omnium, ANC, Cercle Català de Negocis, etc. En pocas palabras, el Estado tiene que impedir que los cargos de la Generalitat, los partidos secesionistas y sus grupos parlamentarios, las Diputaciones, los Ayuntamientos, etc., desvíen recursos públicos a asociaciones y actividades cuyos fines son contrarios al ordenamiento constitucional. ¡Lo menos que podemos exigir a quienes pretenden dar un golpe de estado es que corran con los gastos!

Puigdemont con Sánchez, presidente de la ANC, y Cuixart, presidente de Omnium Cultural, preparando del 11 de septiembre de 2016.

Rajoy tras el no de Sánchez en el debate de investidura.

Es hora de que los responsables de las instituciones del Estado tomen la iniciativa y expliquen a los españoles y a la comunidad internacional que no van a tolerar el chantaje de políticos desleales que no respetan siquiera el ordenamiento jurídico del que emana su propia legitimidad, y se jactan de incumplir las sentencias de los Tribunales. El presidente del Gobierno tiene que comparecer ante los españoles, como hizo anoche, para aclarar que las ‘leyes’ aprobadas en el Parlament el 6 y 7 de septiembre instauran el estado de excepción en Cataluña mientras que las medidas adoptadas por el Gobierno sólo pretenden restablecer la normalidad democrática. Los miles de carteles y cartas aprehendidos en imprentas y empresas de mensajería y el resto de material incautado en los registros realizados en organismos dependientes de la Generalitat para impedir el referéndum ponen de manifiesto la imposibilidad de dialogar con los golpistas Puigdemont y Junqueras. Esperemos verlos pronto sentados ante los Tribunales cuya autoridad dicen no reconocer. Con la democracia no se juega.

Rajoy con Tajani, presidente del Parlamento Europeo, 10 de febrero de 2017.

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