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Empresarios en el diván

Artículo publicado en El Economista el 23 de octubre de 2017

(http://www.eleconomista.es/economia/noticias/8692690/10/17/Empresarios-en-el-divan.html)

Comités de Defensa del Referéndum  en un centro de votación el 1-O.

Desde el simulacro de referéndum que se celebró el 1 de octubre, se ha producido un éxodo imparable de empresas desde Cataluña al resto de España. El pistoletazo de salida lo dieron el Banc de Sabadell, la cuarta entidad financiera española, y CaixaBank, la emblemática caja surgida de la fusión de la Caja de Pensiones y Caja de Barcelona en 1990 que, tras su fulgurante expansión por toda España, se encaramó al tercer puesto del ranking bancario. En tres semanas, son 1.185 las sociedades (incluidas casi todas en el Ibex 35) que han trasladado su sede social (y la fiscal en bastantes casos) sin que ningún sector productivo (agricultura, industria, construcción y actividades inmobiliarias, finanzas, seguros, comercio, ocio, etc.) se haya librado de la desbandada. Al éxodo societario, hay que sumar la legión de catalanes que, preocupados ante la perspectiva de un futuro muy incierto, prefieren llevarse sus depósitos bancarios, fondos de inversión, carteras de valores, planes de pensiones, etc., a sucursales de sus entidades en otras Comunidades. Salir de la UE y la Eurozona no es una broma.

Relaciones de poder

Aquello que los independentistas afirmaban que nunca sucedería en Cataluña ha irrumpido en la escena, antes incluso de que el Parlament proclame la independencia, con la violencia de un ciclón, y amenaza con dejar en los huesos a la economía catalana. Desde luego quienes han quedado mal parados son los economistas que mayoritariamente consideraban la opción más deseable constituir un estado propio. También les resultará difícil explicar lo acaecido a los ‘podemitas’ porque si los políticos fueran, como ellos sostienen, meros administradores del gran capital, resultaría inconcebible que tres políticos de tan corto alcance como Puigdemont (CDC-PDR-Cat), Junqueras (ERC) y Gabriel (CUP), faltos de cualquier apoyo internacional, sigan al frente del gobierno de la Generalitat y del Parlament de Cataluña, mientras los empresarios abandonan el barco remando en botes salvavidas. ¿Qué ha ocurrido en la sociedad catalana, cuyos habitantes disfrutan de una renta per cápita el 23% superior a la del resto de españoles y el 6% mayor que la media de la UE, para que se desencadene una crisis política y social de esta envergadura?

Félix Millet recibiendo de Pujol la orden de Sant Jordi.

La relación entre los poderes político y económico resulta mucho más compleja y fluida de lo que reconocen los postmarxistas indignados. Durante 23 años, el gobierno de la Generalitat utilizó todos los instrumentos a su alcance, desde la capacidad normativa e inspectora a los crecientes presupuestos de la Generalitat y sus empresas públicas, para establecer un entramado de intereses y redes clientelares donde la cercanía al poder y la sintonía con el partido de Pujol resultaban decisivas para ganar adjudicaciones de obras públicas, obtener contratos de servicios y concesiones administrativas, recibir subvenciones públicas, etc. La actuación de Ferrovial en el caso Palau constituye un ejemplo paradigmático de cómo empresas privadas se veían presionadas, para obtener adjudicaciones de obras, a realizar donaciones al consorcio del Palau de la Música presidido por Millet, quien a su vez financiaba ilegalmente a CDC, el partido de Pujol, Mas y Puigdemont. Este complejo entramado ha condicionado notablemente la actitud de los principales actores económicos en Cataluña.

Turull con Homs, y (Oriol) Pujol, arropando a Daniel Osàcar, secretario personal de Mas (2000-2005) y tesorero de CDC (2005-2011) en el Parlament. Osàcar fue imputado por cobrar comisiones a empresarios que se destinaban a financiar a CDC y a sus fundaciones. ¡La nueva Cataluña!

Sinfonía de empresarios

Bonet, presidente de Freixenet y de la Cámara de Comercio de España-

Con las notables excepciones de Bonet, presidente de Freixenet y de la Cámara de Comercio de España, y de Lara, patriarca presidente del Grupo Planeta, la mayoría de líderes empresariales optaron por mantener un prudente silencio o una calculada equidistancia, incluso cuando Mas y Junqueras alcanzaron, después de la consulta del 9-N en noviembre de 2014, un acuerdo para proclamar la independencia en 18 meses. Pese a que la independencia había dejado de ser una ensoñación romántica a comienzos de 2015, sólo contados empresarios y ejecutivos (como Gallardo de Almirall, Palatchi de Pronovias y Piqué, ex–presidente de Vueling) se han atrevido a salir del armario mientras la mayoría encontraba refugio en la esperanza de que la racionalidad económica y el diálogo acabarían imponiéndose al desvarío político. Entre las asociaciones empresariales, sólo Empresaris de Catalunya ha ido más allá de llamar el diálogo (Foment, Circle d’Economía) y ha subrayado una y otra vez los enormes riesgos y graves perjuicios económicos que la independencia ocasionaría a los catalanes.

En los últimos años, hemos visto también a numerosos empresarios y altos directivos (Grifols de Grifols; Carulla y Tomás de Agrolimen y Ara; Alemany de Abertis; Daurella de Coca-Cola European Partners; Sumarroca de Teyco; Cornadó de Copisa; Massot de Vertix; Raventós de Unipost, etc.), y dirigentes de algunas patronales (González de Pimec y Abad de Cecot) y sindicales (Gallego de CC.OO. y Álvarez UGT) coquetear con el ‘derecho a decidir’ –un eufemismo tras el que los dirigentes de CDC y su fundación FemCat camuflaron durante algún tiempo sus aspiraciones secesionistas–, y hasta mostrarse comprensivos con las resoluciones y leyes, contrarias a la Constitución y al Estatut, aprobadas en el Parlament de Cataluña. Algunos rectificaron y han ido tomando distancia con el gobierno de la Generalitat, a medida que se radicalizaba de la mano de ERC y la CUP, pero otros han mantenido su respaldo pese a la ilegalidad flagrante en que se adentró a partir del 6 de septiembre de 2017.

Álvarez (UGT Catalunya), Casals (Omnium Cultural) y Gallego (CCOO Catalunya) haciendo campaña a favor del derecho a decidir y la consulta.

Empresarios a fin de cuentas

Puigdemont y Gabriel celebrando su acuerdo para constituir una república independiente.

No conviene pedir peras al olmo. A la postre, la mayoría de los empresarios se ha comportado como cabría esperar de su condición: hicieron lo posible por mantener la rentabilidad de sus empresas mientras crecía la inestabilidad política y la inseguridad jurídica en Cataluña, y han hecho las maletas para salvaguardar los intereses de directivos y accionistas en cuanto se materializó la posibilidad de que la Generalitat declare la independencia. Quizá lo único que pueda reprochárseles es no haber explicado a los boquiabiertos catalanes, testigos incrédulos de la salida en tromba de sus empresas, que les engañaban miserablemente quienes les prometían una mejora sustancial de su nivel de vida tras consumarse la independencia. La ‘cuestión catalana’ se ha ido agravando progresivamente y la mayoría de empresarios y ciudadanos sólo aguardan ya a que el Gobierno de España restablezca la estabilidad política y la seguridad jurídica en la Comunidad Autónoma. Esperemos que lo haga con prontitud y evitando en lo posible futuras recaídas.

Los candidatos de Junts pel SÍ han engañado miserablemente a los catalanes mientras los empresarios guardaban silencio.

 

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El secesionismo amenaza la recuperación

Artículo publicado en el diario Expansión el 21 de septiembre de 2017

Forcadell arropada por Hagrid El guardabosques, Flequillo Airado y el Orfeó secesionista, ante la sede del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

El hecho más destacable de la Diada del sí a la desobediencia y a la división es que fuera la menos masiva de las organizadas en los últimos años, a pesar de contar con la participación estelar de Puigdemont, Junqueras y la mayoría de sus consejeros, y haberla anunciado como el preludio del ‘referéndum de autodeterminación’ del próximo 1 de octubre (1-O). Dentro de lo malo, constituye una buena noticia que la primera Diada promovida abiertamente por el gobierno de la Generalitat y los diputados de Junts pel Sí (JxS) y CUP, declarados en rebeldía contra el Estado de Derecho desde que aprobaron la ‘ley del referéndum de autodeterminación” en el Parlament el pasado 6 de septiembre, haya sido un relativo fracaso.

Menor apoyo

Puigdemont y Junqueras celebrando la aprobación de la ‘ley’ del referéndum de autodeteriminación.

Diada 2017.

Las cifras de asistencia publicadas oscilan entre 225.000 y algo más de un millón, ambas muy inferiores a las estimaciones hechas por esas mismas fuentes en citas anteriores. La realidad constatable por todo el mundo a través de las imágenes ofrecidas por televisión es que la inmensa mayoría de los catalanes se marcharon de fin de semana o se quedaron en sus casas. Si la intención de los organizadores era mostrar a los dirigentes de la UE el clamor unánime de la sociedad catalana en pro de la independencia, se puede afirmar que fracasaron estrepitosamente en el intento. Pero aunque el proceso, cada vez más radicalizado, se haya ido desinflando en los últimos meses, hay que reconocer la capacidad del movimiento nacional-secesionista para movilizar a sus bases una vez al año.

Puigdemont, Forcadell y Sánchez (ANC) en la Diada 2017.

Nadie puede sorprenderse de que la llamada a rebato de la Asamblea Nacional de Cataluña (ANC), Omnium Cultural y la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI) consiguiera movilizar a una fracción (360.000 inscritos y 1.800 autobuses fletados según la ANC) de los votantes de JxS (1,62 millones) y CUP (336.000) en las elecciones autonómicas de 2015. Hay detrás una labor tenaz de propaganda y agitación en todos los rincones de Cataluña que cuenta con el apoyo, casi unánime, de los medios de comunicación públicos y privados, que la Generalitat financia generosamente para influir y deformar la opinión pública. A diferencia de la mayoría de asociaciones constitucionalistas que no tienen un duro, los tres tenores del orfeón secesionista nadan en la abundancia.

Riesgos del 1-O

Diada 2017.

Pasada la artificiosa celebración de la caída de Barcelona en 1714, la cuestión más perentoria ahora es afrontar el reto del referéndum de autodeterminación que el gobierno de la Generalitat planea celebrar el 1-O y cuya campaña está en marcha. 712 alcaldes respondieron afirmativamente a la petición de Puigdemont de ceder locales municipales para albergar las urnas, mientras, Trapero, mayor de los ‘mossos’, ordenaba a petición de la Fiscalía investigar los preparativos del referéndum sin resultado práctico hasta ahora. Algunas agencias de calificación han advertido del riesgo que entraña la secesión de Cataluña para la calificación de la deuda pública, y varios bancos de inversión han apuntado que podría elevarse la prima de riesgo e incluso recomendado vender deuda española. Aunque estamos muy lejos de la dramática situación vivida en 2012, conviene recordar que pocas cosas espantan más a los inversores que la inestabilidad política y la inseguridad jurídica.

Puigdemont comprador de urnas.

Al gobierno de la Generalitat parece importarle un bledo que se hunda un poco más la calificación de su deuda –desde hace años no tiene acceso al mercado– y se eleve la prima de riesgo de la deuda española, creyendo erróneamente que el Gobierno de España se avendrá a negociar el referéndum si empeora la situación. Craso error porque lo único que pueden lograr apostando al “cuanto peor para ellos, mejor para nosotros” es que a todos nos vaya peor. Cataluña no va a alcanzar la independencia mediante un referéndum pactado porque el gobierno de la Generalitat y los diputados secesionistas no cuentan con el apoyo mayoritario de los catalanes, ni con el aval de los partidos (PP, PSOE y Ciudadanos) que representan a la mayoría de españoles, ni con el respaldo de ninguna institución internacional, como la ONU o la UE, dispuesta a dar pábulo a sus cínicas apelaciones al derecho de autodeterminación. Hasta el momento, Puigdemont y Romeva sólo han conseguido tras infinidad de costosos viajes promocionales concitar el apoyo de algún diputado estonio y un desinformado premio Nobel de la Paz.

Puigdemont con Juncker, Merkel y Hollande en su última visita al Parlament Europeo.

Firmeza democrática

Rajoy con Sánchez en La Moncloa el 7 de septiembre de 2017.

España se juega en las próximas semanas la credibilidad política, desde luego, pero también la estabilidad económica. La estrategia de mano tendida seguida por el Gobierno hasta pocas semanas y la calculada ambigüedad del PSOE-PSC sobre el encaje de Cataluña, lejos de tener efectos balsámicos, nos ha llevado a una situación cada vez más enconada. El Estado de Derecho tiene que afrontar esta situación sin complejos, con la misma determinación con que condenó a los militares amotinados en 1981, ilegalizó (aunque tardara demasiado en hacerlo) al entorno político de la banda terrorista ETA, y dio la puntilla al plan Ibarretxe. La inestabilidad política ocasionada por el golpe de estado que patrocinan las secuestradas instituciones de autogobierno de Cataluña no desaparecerá de un plumazo, pero urge dar pasos decididos para desmantelar el entramado político-asociativo que alimenta el proceso nacional-secesionista y amenaza ahora la recuperación económica.

Sáenz de Santamaría en sua vanos intentos de negociar con Junqueras.

Sáenz de Santamaría, vicepresidenta, De Guindos, ministro de Economía y Competitividad, y Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.

Además de las acertadas medidas aprobadas en la Comisión Delegada para Asuntos Económicos para controlar los pagos de nóminas y las facturas de proveedores de la Generalitat, el Gobierno tiene que exigir responsabilidades a interventores y a responsables de ordenar pagos en el sector público catalán y recuperar los recursos públicos destinados a actos ilícitos, como al 9-N y el 1-O, o a financiar actividades del Departamento de relaciones exteriores, el consorcio Diplocat, el Consell Assesor per la Transició Nacional, la ampliada Agencia Tributaria de Catalunya, la Agencia Catalana de Protección Social, etc., que invaden competencias del Estado. Hay que poner cerco a todo el entorno político-asociativo (AMI, Consejo de Cargos Electos, etc.) que se alimenta de fondos de la Generalitat, y escudriñar al céntimo las cuentas de Omnium, ANC, Cercle Català de Negocis, etc. En pocas palabras, el Estado tiene que impedir que los cargos de la Generalitat, los partidos secesionistas y sus grupos parlamentarios, las Diputaciones, los Ayuntamientos, etc., desvíen recursos públicos a asociaciones y actividades cuyos fines son contrarios al ordenamiento constitucional. ¡Lo menos que podemos exigir a quienes pretenden dar un golpe de estado es que corran con los gastos!

Puigdemont con Sánchez, presidente de la ANC, y Cuixart, presidente de Omnium Cultural, preparando del 11 de septiembre de 2016.

Rajoy tras el no de Sánchez en el debate de investidura.

Es hora de que los responsables de las instituciones del Estado tomen la iniciativa y expliquen a los españoles y a la comunidad internacional que no van a tolerar el chantaje de políticos desleales que no respetan siquiera el ordenamiento jurídico del que emana su propia legitimidad, y se jactan de incumplir las sentencias de los Tribunales. El presidente del Gobierno tiene que comparecer ante los españoles, como hizo anoche, para aclarar que las ‘leyes’ aprobadas en el Parlament el 6 y 7 de septiembre instauran el estado de excepción en Cataluña mientras que las medidas adoptadas por el Gobierno sólo pretenden restablecer la normalidad democrática. Los miles de carteles y cartas aprehendidos en imprentas y empresas de mensajería y el resto de material incautado en los registros realizados en organismos dependientes de la Generalitat para impedir el referéndum ponen de manifiesto la imposibilidad de dialogar con los golpistas Puigdemont y Junqueras. Esperemos verlos pronto sentados ante los Tribunales cuya autoridad dicen no reconocer. Con la democracia no se juega.

Rajoy con Tajani, presidente del Parlamento Europeo, 10 de febrero de 2017.

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En manos de ‘arranitas’ y ‘cuperas’

Artículo publicado en el diario Expansión el 15 de septiembre de 2017

Noche de las antorchas y buen rollito: CUP, Arran, Endavant, el Sindicat d’estudiants del ‘països catalans’, y otras ‘famiglias’ antisistema quemando ejemplares de la Constitución e imágenes del Rey a las puertas del Born el 16 de septiembre de 2016.

Los ciudadanos hemos asistido perplejos este verano a los actos vandálicos y autopropagandísticos que perpetraron y reivindicaron las hordas de Arran, la organización juvenil de la Coordinadora d’Unitat Popular (CUP), contra intereses turísticos en Barcelona y Mallorca, sin que el gobierno de la Generalitat en Cataluña ni el Balear hayan interpusieran denuncias contra la organización donde militan las autoras de los hechos, calificados benévolamente por la CUP como ‘actos simbólicos’ contra un modelo de turismo al que culpan de la destrucción del territorio y la precarización del empleo.

Reacción de la CUP al atentado yihadista  en Barcelona: “las guerras vuestras, los muertos nuestros”. Todo un ejemplo de de empatía y solidaridad internacionalista.

La tibia reacción del  gobierno Puigdemont-Junqueras en Cataluña, el único territorio donde la CUP cuenta con cierta implantación, tiene una explicación muy sencilla: los 10 diputados antisistema resultaban imprescindibles para aprobar la “ley del referéndum de autodeterminación” y la denominadaley de transitoriedad jurídica y fundacional de la república”, registradas en el Parlament el 31 de julio y 27 de agosto, respectivamente.

Votando la ley del referéndum de autodeterminación con el Parlament semivacío.

Ambas leyes fueron aprobadas co los votos de los 71 diputados secesionistas, tras forzar su inclusión en el orden del día del pleno celebrado los días 6-7 de septiembre, pese a no contar con los preceptivos informes jurídicos solicitados por los diputados de la oposición que abandonaron el hemiciclo antes de la votación. Estas dos ‘leyes’, anuladas ya por el Tribunal Constitucional, pretenden suspender la Constitución, el Estatut y el resto del ordenamiento jurídico e instaurar un estado de “excepción en Cataluña” para realizar el anunciado referéndum de autodeterminación el 1-O e iniciar inmediatamente el proceso constituyente de la república con todos los poderes detentados por los dirigentes de ERC-CUP y la cabellera de Puigdemont flotando entre los restos del naufragio de Convergencia.

Violencia totalitaria

Miembros de Arran y Cup quemando las banderas de España, Francia y la UE el 11 de septiembre de 2017. y Junqueras va diciendo a los catalanes que su república catalana estaría en la UE. No con estos socios… y no tiene otros. Bueno, sí el flequillos.

Arran, como la CUP, su matriarcal placenta, son organizaciones cuya acción revolucionaria se articula en torno a tres objetivos. Primero, lograr “la independencia de los “Países Catalanes” para defendernos de los ataques de los Estados español y francés que desde hace más de trescientos años pretenden borrar la identidad del pueblo trabajador catalán”. Segundo, “acabar con el sistema capitalista” y apostar “por la construcción del socialismo, el cual nos ha de conducir a una sociedad sin clases ni opresiones de ningún tipo”. Y, tercero, “la lucha personal y colectiva que supone para todas las personas el sistema patriarcal basado en el dominio del hombre sobre la mujer y de los valores preconcebidos como masculinos por encima de todos los demás”.

Territorio de los inexistentes ‘països catalans’ donde la CUP y ERC desarrollan su actividad política.

No busquen apreciaciones analíticas más finas ni coherencia lógica en los argumentos de las hechiceras que establecen la agenda de sus procaces guerreras porque sus matriarcales afirmaciones, como las verdades reveladas, son indiscutibles. Nada les importa que no exista rastro alguno en los atlas históricos de sus “países catalanes” cuya independencia propugnan ni evidencia alguna de que sus cambiantes habitantes –hoy descendientes mayoritariamente de ciudadanos llegados de otras partes de España–, hayan padecido la opresión de los Estados español y francés durante centurias, más allá de las propias de cada época y sus circunstancias. Sus otras dos prioridades son igualmente paradójicas: pretenden acabar con el detestable sistema capitalista gracias al cual la CUP ingresa varios millones anuales con los disparatados sueldos de sus diputadas y concejalas que pueden dedicarse a tiempo completo a elaborar ‘leyes’ inconstitucionales y a intimidar con amenazas a quienes no comparten su credo.

La brigada de la muerte cuyo cabecilla fue Pascual Fresquet.

En línea con la tradición anarquista revolucionaria de tan funesto recuerdo en Cataluña, la CUP se define como una organización asamblearia y socialista que propugna la “democracia participativa” y menosprecia la democracia constitucional y el Estado de Derecho, la seguridad jurídica, la empresa privada, la religión, el matrimonio, la escuela concertada, etc., considerados instrumentos de explotación social y ejercicio de la violencia patriarcal. Aunque prefieren presentarse como meras defensoras del sector público y el cooperativismo, rechazan frontalmente la propiedad privada de los medios de producción. Su “papel histórico… es tomar el poder” para construir “un Estado Socialista y Feminista en los Países Catalanes que podrá conducir al conjunto de la humanidad hacia la libertad”, y responsabilizan de sus actos violentos a la violencia del sistema capitalista.

Anarquistas de la brigada Ferrer-Carod en pleno acto de heroísmo en el Bajo Aragón.

Gabriel y Fernández celebrando los asesinatos de ETA con sus amigos batasunos en Bilbao.

Dar pocas pistas sobre cómo se desarrollaría el proceso de transición hacia su futurible Arcadia socialista-feminista resulta esencial para enmascarar su indigencia intelectual y vocación totalitaria. Pero como botones de muestra, ahí están su exigencia de imponer “la socialización forzosa y urgente” de la catedral de Barcelona para convertirla en economato y centro musical; su aparatosa campaña “¡Parir es un derecho, no una imposición! Derecho al aborto libre y gratuito”, que presentan como una “vindicación de clase, una declaración de guerra contra la derecha ultracatólica y la ofensiva conservadora”; su radical propuesta de convertir “los centros de trabajo en espacios de intervención política” donde los trabajadores decidirían en asamblea qué y cómo producen; y, en fin, su patrocinio de las ocupaciones de viviendas y la realización de escraches contra sus enemigos políticos a quienes amenazan con barrerlos de Cataluña.

Gabriel con la portavoz de Arran presentando los carteles del Sí barrámoslos.

Gabriel y Fernández dirigiendo el escrache de Arran contra la sede del PP en Barcelona en marzo 2017.

 

Trabajar menos, cobrar más

Gabriel en el escrache a la Guardia Civil 31 julio 2017.

Todo un programa político y social cuya mezcla de ingenuidad, ignorancia y vaciedad producirían sonrojo si no fuera por el ánimo guerrero que alienta a las jóvenes ‘arranitas’ y a sus más maduritas mentoras ‘cuperas’, y la determinación totalitaria con que pretenden imponerlo. Lo cierto es que cuando se separa la hojarasca de su tupida verborrea, entretejida con apelaciones vacías a la conciencia de clase y la solidaridad de los pueblos, el discurso que emerge resulta decepcionante, no ya para cualquier socialdemócrata, sino incluso para los ciudadanos comprometidos con los ideales ilustrados de libertad e igualdad.

Diputadas de la CUP quemando fotos del Rey. Menudas socias que se han echado los representantes de la sociedad catalana.

‘Arranitas’ y ‘cuperas’ sostienen que “en un contexto donde ya disponemos prácticamente de todos los bienes materiales necesarios para desarrollar nuestras vidas”, todo lo que queda por hacer es “repartir el trabajo y la riqueza. Trabajar menos horas y aumentar nuestros salarios para que los ricos paguen su estafa”. Ésta es, en esencia, la fórmula maestra que las diputadas Boya, Gabriel, Reguant, Vohí, y Cia proponen para mejorar el nivel de vida de los trabajadores. Pero quizá el aspecto más contradictorio de su programa ‘revolucionario’ sea la asunción por sus lideresas de la ideología nacionalista, pequeño-burguesa, que les lleva a anteponer la independencia de los ‘países catalanes’ a la emancipación de los trabajadores. Levantar muros y crear nuevos estados para dividir a los “estafados” resulta incongruente con su objetivo de “conducir al conjunto de la humanidad hacia la libertad”.

Cúpula de la CUP en la campaña de las elecciones autonómicas del 27-S.

Inseguridad jurídica: deslocalización y fuga de capitales

Mas con Junqueras y Romeva al final del debate de investidura el 9 de noviembre de 2015 con cara de circunstancias.

Que todas las decisiones importantes adoptadas por el gobierno de la Generalitat y el Parlament de Cataluña en los últimos años –la caída del president Mas, el inicio del proceso constituyente, las purgas de consejeros, la pugna mantenida para aprobar la ‘ley’ de transitoriedad jurídica antes del 1-O– hayan sido dictadas por una pandilla de activistas contrarios a los ideales ilustrados y al proceso de integración europea, da una idea de la irresponsabilidad de los líderes políticos al frente de la Generalitat. Cuando el ex-presidente Mas llama a “desprecintar colegios electorales” y el hombre fuerte del gobierno, Junqueras, declara socio “prioritario” y “absolutamente fiable” a la CUP, nadie debería sorprenderse que algunas empresas hayan trasladado sus sedes y algunos ciudadanos se hayan llevado sus activos fuera de Cataluña. Se trata todavía de movimientos tímidos que anticipan la avalancha de deslocalizaciones empresariales y salida masiva de capitales que se producirían si el gobierno de la Generalitat y los diputados de JxS lograran, como pretende la CUP, sacar a Cataluña de España, de la UE y del euro, un escenario que el Gobierno español ni puede permitirse ni espero permita.

Gabriel con Junqueras y Dante Fanchín (Podem) en Sant Boi de Llobregat el 9 de septiembre de 2016.

Puigdemont con Gabriel y Boya, dirigentes de la CUP en el Palau de la Generalitat.

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Agencia Tributaria de Catalunya: ¿exhibicionismo o amenaza?

Artículo publicado en el diario Expansión el 6 de septiembre de 2017

Junqueras con Gabriel, dirigente de la CUP, eufóricos con la estrellada.

La expansión territorial de la Agencia Tributaria de Catalunya (ATC)  anunciada el 4 de septiembre es la pieza clave que complementa en el plano tributario los preparativos del anunciado referéndum de autodeterminación que el gobierno de la Generalitat planea realizar el 1 de octubre (1-O). Es casi una perogrullada recordar que mientras la Generalitat no controle la totalidad de los ingresos impositivos devengados en Cataluña, la independencia política constituye una quimera imposible de implementar, porque sin las arcas repletas el gobierno de la futurible república no podría pagar las nóminas de los empleados públicos, ni las facturas de los proveedores, ni tampoco abonar las pensione y las prestaciones a los desempleados ni realizar otras transferencias sociales.

Junqueras, Puigdemont y Salvadó, secretario de Hacienda, en la presentación de la Agencia Tributaria Catalana el 5 de septiembre.

En la escenificación de ayer, protagonizada al alimón por el presidente Puigdemont y el vicepresidente Junqueras, conviene distinguir entre la gesticulación política y la realidad fiscal pura y dura.  El gobierno de la Generalitat estaba obligado a realizar antes del 1-O un gesto de esta naturaleza para dar a entender a las huestes secesionistas su firme determinación de seguir adelante hasta el final, y convencer a los posibles votantes de que, con la ampliación de la ATC anunciada, todo está a punto, como rezaba el lema de la Diada de 2016, y la Generalitat puede gestionar la totalidad de los impuestos a partir del 1-O, en caso de que el sí ganara el ilegal referéndum.

En esta ocasión, la realidad no está a la altura de los deseos. Lo que en realidad hicieron Puigdemont y Junqueras fue oficializar la puesta en marcha de 13 nuevas oficinas territoriales que, como puede comprobarse en la página de internet, empezaron a funcionar ese mismo 4 de septiembre. Estas nuevas oficinas, junto con la oficina territorial del Barcelonés Norte, ya existente, la delegación central, las cuatro delegaciones provinciales y las 13 oficinas de que ya recaudan los impuestos municipales completan el organigrama de 32 centros desplegados a lo largo de las cuatro provincias que cuentan con entre 700 y 800 empleados, 200 de ellos provenientes de las oficinas de Registradores.

Diga lo que diga Junqueras, la actual configuración de la ATC no permite gestionar 42.000 millones de recaudación por dos razones elementales: ni puede legalmente hacerlo ni dispone de los medios materiales para ello. Para empezar, la ATC, como otras agencias tributarias, sólo puede recaudar los impuestos cedidos en su totalidad a las CCAA –patrimonio,  transmisiones y actos jurídicos documentados, sucesiones y donaciones, juego y el impuesto especial sobre medios de transporte–, además de los impuestos propios. Está por ver si la ATC, como pretende el gobierno de la Generalitat, recauda los 2.500 millones de impuestos estatales devengados en el sector público catalán. Por último, conviene recordar a los olvidadizos que la ATC tampoco dispondría de las cotizaciones sociales que ingresa la Tesorería General de la Seguridad Social y que, en consecuencia, el gobierno de la Generalitat tampoco podría hacer frente al pago de las pensiones contributivas, las prestaciones por desempleo y otras transferencias sociales gestionadas por la Administración de la Seguridad Social y el SEPE.

Aclaración

Pocas horas después de oficializar la inauguración de las treces nuevas sedes territoriales, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas hacía público un comunicado en el que, tras reconocer la competencia de la ATC sobre los impuestos propios y cedidos, aclaraba “que para el resto de los tributos la normativa establece que los deberes de presentar las declaraciones y de pagar las deudas tributarias sólo se tienen por cumplidos si se realizan en la Administración competente”, de modo que “si se presentan ante otra Administración se tendrán por no presentados y las deudas por no cumplidas”.

La nota del MINHAP dejaba meridianamente claro que ni siquiera los empleados del sector público de la Generalitat podrán presentar sus declaraciones de los impuestos estatales no cedidos en la ATC ni saldar por esta vía sus deudas tributarias con Hacienda. Insistía, además, en que “el Tribunal Constitucional ha anulado todas aquellas previsiones que excedían el marco constitucional y estatutario” con las que el gobierno de la Generalitat pretendía convertir la ATC en la ‘Hacienda propia’ de Cataluña. Por otra parte, Gestha, la asociación de Técnicos del Ministerio de Hacienda, estima que la ATC necesitaría incorporar más de 4.200 empleados  adicionales a su recientemente ampliada plantilla para poder gestionar los impuestos estatales.

Puigdemont en la insólita inauguración de la embajada de la república de PuigCupqueras en Copenaghe el 30 de agosto de 2017 en la más estricta intimidad.

De momento, la realidad contradice las afirmaciones de Puigdemont y Junqueras: la ATC ni está legalmente capacitada para gestionar los impuestos estatales ni puede con sus 700-800 empleados actuales gestionar 42.000 millones. La expansión territorial de la ATC recuerda la políticas de inauguración de ‘embajadas’ del gobierno de la Generalitat en los últimos años, la última de ellas en Copenhague con presencia de Puigdemont y la hermana Guardiola, ex–jugador del CF Barcelona y de la selección española, convertida en ‘secreta ambasciatrice’. ¿Está en condiciones el gobierno de la Generalitat de sustituir al Ministerio de Asuntos Exteriores? No, naturalmente, pero la creación de ‘embajadas’ ayuda a trasladar la sensación de que la futurible república catalana cuenta ya con una eficaz policía, capaz de mantener el orden público y hacer frente al terrorismo, un ‘ministerio de asuntos exteriores’ capaz de promover los intereses de las empresas catalanas, y ahora una agencia tributaria moderna, transparente y eficaz.

Puigdemont, Romeva y Guardiola, la secreta “embasciatrice”.

La tozuda realidad indica que el gobierno de la Generalitat dilapida varias decenas de millones cada año creando entidades superfluas e innecesarias para alimentar el proceso secesionista. Aunque no conviene minimizar la amenaza que supone para la igualdad de los españoles las pretensiones del gobierno de la Generalitat de gestionar 46.000 millones, la noticia quizá más preocupante de las aparecidas sobre la expansión territorial de la ATC sea que su finalidad podría ser la de gestionar una “hipotética mejora del sistema de financiación en el caso de que haya una negociación entre los gobiernos de la Generalitat y del Estado después del 1-O”. Esperemos que después del 1-O, el Estado no cometa el error de ampliar las competencias tributarias de una Administración que ha demostrado durante los últimos años todo menos lealtad al proyecto de Estado social y democrático de Derecho vigente en España desde 1978.

Puigdemont departiendo con dos lideresas de la CUP en el Palau del gobierno de la Generalitat.

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Irresponsabilidad fiscal

Artículo publicado en el diario Expansión el 4 de julio de 2017.

Rajoy con el ministro Montoro en el Congreso.

Sin apenas margen para respirar, antes incluso de culminar la tramitación en Las Cortes de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2017, el Gobierno se encuentra ya preparando los PGE de 2018. El primer paso es, como exige la UE, aprobar un techo de gasto que el Congreso tiene que revalidar. En el artículo que publiqué en Expansión (31 de mayo de 2016), casi un mes antes de las últimas elecciones generales, pronosticaba que “la única posibilidad de que Rajoy pueda formar gobierno pasa por que el PP logre 135-140 escaños en el Congreso y Ciudadanos entre 35 y 45. Ni siquiera en este optimista escenario resultará sencillo fraguar un acuerdo de investidura con Ciudadanos, a menos que Rivera y sus ‘juveniles’ huestes nacidas después de 1978 acepten al inmovilista Rajoy como presidente. Pero incluso si Rajoy fuera investido, le resultará complicado gobernar con un Congreso donde Podemos con sus divergencias e IU, PSOE-PSC, y los partidos independentistas (ERC, CDC, EH-Bildu y PNV) podrían bloquear sus iniciativas de gobierno”.

Rajoy y Rivera tras sellar el acuerdo de investidura.

El PP cumplió el 26-J y obtuvo 137 diputados pero Ciudadanos se quedó en 32 y, a pesar de las numerosas ocasiones en que Rivera había declarado que no lo apoyaría, Rajoy fue investido presidente con los votos de Ciudadanos y la abstención del PSOE, todavía en manos de la comisión gestora que había echado a Sánchez en primavera. Durante ese ínterin, el Gobierno logró aprobar los PGE de 2017 haciendo numerosas concesiones a Ciudadanos, al PNV y a CC y NC, los dos partidos canarios. Pocas, si alguna, de las concesiones hechas responden a los intereses generales y la mayoría sólo han servido para hacer guiños a algunos colectivos, en el caso de Ciudadanos, o para obtener beneficios para vascos y canarios en detrimento del resto de los españoles. Pero lo más importante, desde un punto de vista económico, es que estas decisiones sumadas a las reducciones de impuestos que, con marcado carácter electoral, hizo el PP en 2015, han impedido recortar en mayor medida el déficit público y detener el aumento de la deuda pública, los dos principales desequilibrios macroeconómicos de nuestra economía.

Tasas de crecimiento del PIB y de la ocupación.

Llevamos ya tres años y medio de crecimiento económico y seguimos con un déficit público que se prevé alcance el 3,1% a finales de año y una deuda pública que está en torno al 100% del PIB. ¿Se puede vivir con una deuda equivalente a lo que producimos en un año? Las familias sabemos que podemos vivir con una deuda igual a nuestra renta. Ahora bien, cuando un estado lo hace se corren dos grandes riesgos. Primero, si las cuentas presentan un déficit de entrada se reduce el margen de maniobra de la política fiscal para hacer frente a una futura recesión. Segundo, la economía española será mucho más vulnerable si los inversores perciben que las Administraciones Públicas son incapaces de financiar sus gastos año tras año y siguen acumulando deuda, incluso después de varios años de crecimiento de la producción y el empleo. No hace falta recordar, las dificultades que tuvo el Tesoro para financiarse a partir de 2009 y el punto álgido que se alcanzó en el verano de 2012 que sólo pudo solventarse gracias a la intervenciónd el BCE. Ahora, con una deuda de 1,1 billones, una elevación de la prima de riesgo resultaría catastrófica, no sólo para las Administraciones sino también para el sector privado.

Gráfico de la prima de riesgo española y el valor de las acciones bancarias.

Sánchez puño en alto entonando “La internacional” el 22 de mayo de 2017.

El triunfo de Sánchez en las primarias nos ha devuelto a la situación de conflictividad vivida entre el 28-D y el 26-J. Lograda su revancha contra los enemigos de partido, el objetivo de Sánchez ahora es echar a Rajoy como sea y cuenta para ello con los votos de Podemos y sus divergencias, y el apoyo moral de las organizaciones sindicales. No habrá abstención en este caso como ocurrió con los PGE de 2017. La cuestión, por tanto, es si podrá reeditarse el apoyo que han prestado Ciudadanos, PNV y los partidos canarios al PP. Montoro ha anunciado un ligero aumento (1,3%) del techo de gasto pero los primeros escarceos políticos indican que el gesto resulta muy insuficiente para colmar las ansias de Ciudadanos que quiere adelantarse al PP –el ministro Guindos avanzó que es posible acompasar la reducción de impuestos con la del déficit– y presentarse ante la  opinión pública como el adalid de una nueva reducción del IRPF. El argumento que ha ofrecido Rivera es que hay que devolver “a los españoles el esfuerzo que han hecho”.

Rivera exige al Gobierno bajar el IRPF para apoyar los PGE 2018.

Evolución del fondo de reserva de la SS.

El razonamiento de Rivera hace aguas por la sencilla razón de que el esfuerzo que dice hemos hecho resulta todavía insuficiente para pagar todo lo que el Estado devuelve a los ciudadanos en forma de servicios, prestaciones y transferencias de todo tipo. Más incluso, una reducción de los impuestos y un mayor déficit ponen en riesgo el mantenimiento de esos servicios, prestaciones y transferencias en el futuro. Más razonable parece la opinión de quienes señalan la insuficiencia recaudatoria de nuestro sistema fiscal –después de un forcejeo ministerial la paga extraordinaria de los pensionistas de junio se ha pagado con un crédito extraordinario incluido en los PGE de 2017 de 10.200 millones a devolver en 10 años– y abogan por subir los impuestos para eliminar el déficit público y lograr superávits presupuestarios durante las fases alcistas del ciclo. Quiero recordar, para finalizar, que la cifra de déficits (nominales) acumulados desde 1995 a 2015 alcanzó 735.000 millones y que las AA. PP. sólo lograron superávits en 3 años de 21. Se puede ser liberal pero no irresponsable.

Gráfico Deuda Pública España en % PIB 2009-2017

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Balance de una década

Artículo publicado en el diario Expansión el 20 de mayo de 2017

La economía española ha registrado desde el cuarto trimestre de 2008 dos recesiones económicas encadenadas, 2008-2010 y 2011-2013, adobadas con una profunda crisis financiera 2009-2013, a las que ha seguido un período de recuperación sostenida a partir del primer trimestre de 2014. La evolución tanto del PIB nominal que creció sólo el 3,05% entre 2007 y 2016 como del PIB real que disminuyó el 0,6% en ese mismo período, resumen perfectamente por qué puede caracterizarse este período como la segunda ‘década’ negra –la primera corresponde al período 1975-1984– de la economía española.

Con este panorama de fondo, pocos son los ciudadanos que han registrado mejoras apreciables en su bienestar y resulta difícil encontrar un hogar donde la situación de alguno de sus miembros, ya sea el sustentador principal, el cónyuge, los hijos, etc., no haya empeorado durante la pasada década. Hay, no obstante, algunos colectivos que han salido mejor parados del trance mientras otros han cosechado pérdidas sustanciales y continúan en precario tras tres años de recuperación. El tema es muy amplio y, por limitaciones de espacio, voy a centrar mi atención en la situación actual de los pensionistas (8,6 millones), los autónomos (3,1 millones) y los asalariados (15,3 millones), y los parados (4,3 millones), con especial atención a los jóvenes.

 Pensionistas

Rodriguez Zapatero anunciando en el Congreso los primeros recortes el 12 de mayo de 2010.

A pesar de que las pensiones se congelaron en 2011 y los pensionistas se quejan con frecuencia de lo bajas que son sus pensiones, lo cierto es que han sido uno de los colectivos más beneficiados. Las cifras son incontestables: a pesar de que el número de pensionistas y pensiones creció en torno al 13,5% entre 2007 y 2016, la pensión media contributiva se revalorizó el 35,9% desde 2007 (673,69 €) hasta febrero de 2017 (915,53 €) y el gasto total en pensiones contributivas creció el 55,5%. A la vista de la diferencia abismal que existe entre estas tasas y las del crecimiento del PIB, produce estupor escuchar a Ramón Espinar, portavoz de Podemos en el Senado, afirmar en TVE que “los pensionistas han perdido poder de compra año tras año”. Anda algo mal informado.

Espinar portavoz de Podemos en el Senado.

Incluso reconociendo que la pensión media actual no garantiza una vida confortable a aquellos pensionistas que no disponen de otros recursos, lo que nadie puede negar es el enorme esfuerzo que ha hecho la sociedad española para aumentar las pensiones mientras otros ciudadanos veían erosionarse sus rentas al perder sus empresas o empleos. En cuanto a la sostenibilidad del sistema, conviene recordar que la factura mensual asciende a 8.500 millones, 17.000 millones cuando se abona paga extraordinaria, y que el Gobierno se ha visto obligado a echar mano del Fondo de Reserva de la Seguridad Social (SS) para hacer frente a obligaciones que exceden los recursos del sistema. Aunque el proceso de creación de empleo podría aliviar algo la situación en los próximos trimestres, el previsible aumento del número de pensionistas impide ser optimista. En pocas palabras: el sistema tendrá dificultades para abonar las pensiones si el Fondo de Reserva está exhausto cuando llegue la próxima recesión.

 Autónomos, asalariados y parados

Líderes sindicales encabezando la manifestación del 1 de mayo.

El balance para los asalariados ha resultado también positivo, aunque menos satisfactorio que para los pensionistas. El salario mínimo interprofesional creció el 14,83% desde 2007 (570,6€) hasta 2016 (655,2€) y el 24,02 % hasta 2017 (707,7). Otros indicadores salariales, como el coste salarial total por trabajador que proporciona la Encuesta Trimestral de Coste Laboral del INE cifra el aumento en el 5,4% entre 2008 y 2016, y el salario medio a tiempo completo en empresas con más de 10 trabajadores aumentó, según Datosmacro.com, el 21,5% desde 2007 (21.989€) a 2016 (26.710 €), y el 11,94% entre 2008 (23.252€) y 2013 (26.027€). La Encuesta de Estructura Salarial del INE indica que los empleados en las AA. PP., cuyos salarios exceden en un 35% a los del sector privado, descendieron el 1,2% entre 2010-2014. En conjunto, se puede afirmar que los asalariados que lograron mantener su puesto de trabajo mejoraron o mantuvieron su poder adquisitivo.

5.965.400 paradosQuienes de veras empeoraron su posición son los trabajadores que perdieron sus empresas o puestos de trabajo. El número de ocupados, según la EPA, cayó algo más de 3,7 millones entre 2008 y 2014 y la recuperación sólo ha creado 1,5 millones en los tres últimos años. Hay 550.000 empleados menos por cuenta propia y 1,7 millones menos trabajadores asalariados. En el mejor de los casos, las prestaciones y los subsidios a los desempleados han podido paliar transitoriamente el desplome de sus rentas pero no evitarlo. Además, la recuperación no ha supuesto, para los afortunados que han encontrado trabajo, volver a sus antiguos puestos sino aceptar empleos en actividades con salarios inferiores. En el primer trimestre de 2017, sólo el sector Servicios presenta un balance positivo con 220.000 ocupados más que en el primer trimestre de 2008, mientras que Industria arroja la pérdida de casi 800.000 empleos y Construcción de cerca de 1,6 millones. No hay razones para pensar que el empleo en estos sectores volverá a los niveles de 2007-2008.

Protesta contra el paro en la Plaza del Sol.

Dentro de los asalariados, los parados más jóvenes sufrieron el mayor castigo y su situación continúa siendo penosa, a pesar de la recuperación económica. Basta con comparar el número de asalariados en el cuarto trimestre de 2016 con las del cuarto trimestre de 2007 para hacernos una idea de la magnitud de la debacle que produjeron las dos recesiones en los trabajadores entre 16-19 años, -257.400; 20-24 años, -799.200; 25-29 años, -1.120.800; y 30-34 años, -973.500. En total, hay 3.140.000 asalariados menos en estos cuatro grupos de edad donde se concentra el 37% de los 4,3 millones de parados, aunque sólo representan al 27% de los activos, y presentan tasas de paro muy superiores a la media. La conclusión a que apuntan estas cifras es que los jóvenes que se incorporan ahora al mercado con edades entre 16 y 24 años tienen muchas menos oportunidades de encontrar empleo que hace una década; y que quienes se incorporaron hace una década tienen mayores dificultades para desarrollar una carrera profesional, por modesta que ésta sea.

 Algunas propuestas

Rivera con Garicano.

No existe una fórmula maestra para acabar con el paro, especialmente el juvenil, y mejorar los salarios. Los empleos de calidad por los que claman las sindicales y algunos partidos ‘nuevos’ no llegarán si no los crean empresas y alguna dificultad habrá para que no hayan surgido ya. Resulta ilusorio creer que bastaría con que las Administraciones patrocinaran un ‘plan de choque’ o impulsaran el cambio del ‘modelo productivo’, para que brotaran como champiñones “empleos con salarios dignos”. De momento, parece más sensato apostar por apuntalar el crecimiento, promoviendo las exportaciones, reforzando el mercado interior y facilitando la creación de empresas, aunque permanezca inalterada la estructura productiva y salarial.

Bañez, ministra de Empleo y Seguridad Social.

Uno de los problemas que dificulta el desarrollo de una carrera profesional es la temporalidad que afecta con mayor intensidad a los trabajadores más jóvenes, y las reformas laborales de Zapatero y Rajoy no han resuelto. La caída del porcentaje de contratados temporales fue fruto de las recesiones, no de esas reformas, y ha vuelto a aumentar al recuperarse la economía. En lugar de subvencionar la conversión de contratos temporales en indefinidos, resultaría más efectivo y menos costoso permitir que los contratos indefinidos incluyan cláusulas que contemplen su extinción en caso de finalizar la obra o actividad estacional objeto del contrato, y la indemnización por despido dependa únicamente del tiempo trabajado.

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Mercado Único y Seguridad Jurídica

Artículo publicado en el diario Expansión el 6-7 de mayo de 2017

Trump recibe a Farage, líder del UKIP, en la Trump Tower tras su elección como presidente de Estados Unidos.

La emergencia de movimientos populistas contrarios a la globalización, y el ascenso de dirigentes y partidos ultranacionalistas en varios Estados desarrollados pueden hacernos perder de vista los grandes logros que ha producido la libertad de movimiento de bienes, personas, servicios y capitales, y la seria amenaza que suponen para el futuro del Mercado Único Europeo (MUE) y el bienestar de los ciudadanos de la UE. Este articulo resume la ponencia que presenté en  la conferencia que con el título “Seguridad Jurídica y Estado de Derecho” organizaron el eurodiputado Enrique Calvet Chambon y el grupo Alde en el Parlamento Europeo el pasado 24 de abril.

Acta Única e integración

El Acta Única Europea (AUE) desempeñó un papel importante en el proceso de integración, al fijar como objetivo de las Comunidades Europeas “contribuir juntas al progreso concreto hacia la unidad Europea”, y promover la constitución de una comunidad de Derecho que configura las competencias de cada una de las instituciones, Consejo, Comisión, Parlamento, Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) y Sistema de Bancos Centrales Europeos (SBCE), y articula las relaciones entre éstas y los Estados miembros. En concreto, el art. 13 del AUE establecía que “el mercado interior comprenderá un área sin fronteras interiores dentro de la cuál se asegurará el libre movimiento de bienes, personas, servicios y capital, de acuerdo con las provisiones de este Tratado”. Su aprobación supuso, sin duda, un hito en el proceso de constitución de una UE más integrada económicamente, e incluso más solidaria socialmente, que su precedente, la CEE.

González firmando el acuerdo de adhesión del Reino de España a la CEE, en presencia del Rey Juan Carlos I, en 1986.

A veces resulta difícil hacernos una idea de cómo eran las relaciones económicas entre los Estados miembros de la CEE en 1986 y el impresionante cambio que han registrado en sólo tres décadas. Decisiones y transacciones que hoy pasan desapercibidas por haberse convertido en rutinarias, resultaban inconcebibles cuando España ingresó en la CEE. Aunque se está lejos todavía de haber logrado la homogeneización fiscal contemplada en el Libro Blanco sobre el Mercado Único, se han hecho notables progresos en el ámbito de la fiscalidad indirecta y la Comisión está estudiando homogeneizar el impuesto de sociedades para evitar la competición jurisdiccional y la evasión fiscal ocasionada por la globalización y la ingeniería contable. Por otra parte, la puesta en marcha de la Unión Económica y Monetaria (EMU) el 31 de diciembre de 1998 constituyó un paso irreversible en el proceso de integración monetaria y financiera, al asumir el SBCE las funciones de controlar la cantidad de dinero, actuar como prestamista en última instancia y dirigir la política cambiaria de la eurozona. La crisis financiera de 2007-2008 puso de manifiesto la conveniencia de que el SBCE asumiera también la supervisión de las entidades financieras sistémicas y que, siguiendo la estela de la Reserva Federal, comprara activos para facilitar la financiación de Estados y empresas a tipos razonables.

Sede del BCE en Frankfurt.

Seguridad jurídica y mercado único

L

Comisión Europea, sede en Bruselas.

as instituciones europeas son conscientes de que la seguridad jurídica constituye una pieza esencial para el desarrollo del MUE. En el comunicado EU (2014/0158) remitido al Parlamento y al Consejo para establecer un marco que reforzara el Estado de Derecho, la Comisión dejó meridianamente clara su importancia:

“El Estado de Derecho es la columna vertebral de toda democracia constitucional moderna… uno de los principales valores en que se basa la Unión… [y ] esta es también la razón por la que, de conformidad con el artículo 49 del TUE, el respeto del Estado de Derecho es un requisito imprescindible para la adhesión a la UE”.

La Comisión deja incluso abierta la posibilidad de que la propia UE intervenga cuando “los mecanismos establecidos a nivel nacional para proteger el Estado de Derecho dejen de funcionar de forma eficaz”.

Corte de Justicia de las Comunidades Europeas.

El buen funcionamiento de los mercados, en general, y, con mayor razón, el de los mercados internacionales, donde las transacciones son normalmente más complejas e involucran sistemas legales diferenciados, depende en gran medida de que los partícipes tengan seguridad jurídica y puedan anticipar las consecuencias de sus actos. Aunque parezca una obviedad, conviene recordar que la inseguridad jurídica reduce la movilidad de bienes y servicios, personas y capitales, como la incertidumbre originada por el Brexit ilustra perfectamente. Pues bien, los dos pilares que aportan seguridad jurídica al MUE son, primero, las normas comunes a las que deben ajustarse las leyes de cada Estado, y, segundo, el TJUE, que vela porque se interpreten de manera homogénea y se apliquen en todos los Estados miembros.

Juncker advierte a los europeos a tiempo parcial.

Hay varias iniciativas estrictamente económicas que podría adoptar la UE para profundizar el Mercado Único y reforzar la seguridad jurídica. Primera, convendría sustituir el actual régimen ‘transitorio’ del IVA por un régimen basado en el principio de origen y reformar el impuesto de sociedades para reforzar la competitividad de la UE frente a otros bloques económicos. Segunda, la UE debería desempeñar un papel más activo en la lucha contra el fraude en el impuesto sobre la renta de las personas y poner cerco a los paraísos fiscales siguiendo el ejemplo de Estados Unidos.

Enrique Calvet y Clemente Polo en el Parlamento Europeo el 24 de abril de 2017.

Frente a riesgos y amenazas, más federalismo

Foto de familia del Consejo de la UE de febrero de 2016.

Los principales retos a que se enfrenta el MUE son el malestar causado por las disfunciones de las propias instituciones europeas y el renovado ímpetu del nacionalismo. En cuanto a las primeras, es un hecho constatado de que la UE resulta casi invisible para la mayoría de los ciudadanos que ni conocen a sus líderes ni se sienten concernidos por lo que acontece en las instituciones europeas, percibidas como un  derroche innecesario cuando no responsables de intromisiones indeseables. A ello coadyuva que las instituciones europeas reaccionen con excesiva parsimonia ante las crisis y su funcionamiento se vea lastrado por una excesiva burocratización y falta de transparencia. En concreto, me referí a las francamente mejorables respuestas del Consejo, la Comisión y el BCE a la última crisis financiera y a las dos recesiones que ha padecido la UE desde 2007.

Junqueras, vicepresidente del gobierno autónomo de Cataluña, con Gabriel, dirigente de la CUP con la bandera estrellada, símbolo de los nuevos movimientos independentistas en Cataluña.

Clemente Polo durante su exposición de su ponencia sobre “Mercado Único y Seguridad Jurídica” en el Parlamento Europeo el 24 de abril de 2017.

En relación al auge del nacionalismo, hay que reconocer que el eslogan ‘América primero’ ha encontrado notable eco en varios Estados europeos donde han crecido partidos que cuestionan abiertamente el proceso de integración política, económica y monetaria y prometen seguir los pasos del RU. Existen, además, variantes regionales del nacionalismo identitario que anteponen el ‘derecho a decidir’ y la democracia ‘refrendaria’ al Estado de Derecho, rechazan la legitimidad de cualquier norma que no emane de sus instituciones de autogobierno, abogan por la libre confederación de los ‘pueblos’, y plantean reivindicaciones territoriales que afectan incluso a la integridad de Estados miembros. Las instituciones de la UE deberían dejar muy claro que tales aspiraciones resultan incompatibles con la pertenencia a la UE e incluso “actuar para proteger el Estado de Derecho como valor común de la Unión”.

El gran dilema político al que nos enfrentamos los europeos a comienzos del siglo XXI es decidir si nos conformamos con mantener la inestable confederación de naciones-estado actual, o si damos un paso más en el proceso de integración y nos dotamos de instituciones federales, como hicieron los representantes de trece Estados americanos reunidos en Filadelfia en 1787. Los actuales problemas de ‘gobernanza’ de la UE sólo se resolverán si disponemos de instituciones federales fuertes, capaces de responder con rapidez y contundencia a las crisis y dispuestas a defender nuestros valores e intereses en un mundo globalizado.

Trump y Xi Jimping en Florida.

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