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Auge y decadencia del nacional-secesionismo

Artículo publicado en el diario Expansión el 23 de diciembre de 2017

La ajustada mayoría absoluta obtenida por Junts per Catalunya (34 diputados), ERC (32 diputados) y CUP (4 diputadas), los tres partidos secesionistas que propiciaron la declaración de independencia (DUI) el pasado 27 de octubre, ha empañado en cierto modo la rotunda victoria de Ciudadanos que, con 37 diputados y 1,1 millón de votos, se convierte en el primer partido en el Parlament de Cataluña. Sin embargo, si miramos el asunto con cierta perspectiva, los constitucionalistas que residimos en Cataluña podemos encontrar razones sobradas para estar orgullosos de la victoria de la formación naranja, y hasta para dejarnos llevar por la euforia y celebrarlo con un buen cava catalán (y por tanto español) estos días.

No me cabe duda de que el 21-D ha sido un día histórico, como también lo fue aquél lejano 1 de noviembre de 2006 en que Ciudadanos irrumpió en el Parlament con tres diputados y fue objeto de mofas y chirigotas por parte de los partidos nacionalistas y catalanistas. Si los partidos y asociaciones cívicas que han mantenido viva la llama de la multiculturalidad en Cataluña durante estos años tan difíciles, mantienen cierta unidad de acción y propósito, las elecciones del 2017 podrían ser vistas en una o dos legislaturas como el punto de inflexión que marca el inició del declive del movimiento nacional-secesionista. Queda mucho trabajo por delante y no hay que echar las campanas al vuelo. Pero la tarea es factible siempre que las instituciones centrales del Estado (Gobierno, Congreso, Senado y Tribunales) sepan estar a la altura de sus responsabilidades, algo que no siempre han hecho.

Rivera con Domingo y Robles, los tres diputados de Ciudadanos en el Parlament en noviembre de 2006.

Perro ladrador

El deslenguado y fullero Puigdemont sigue huido en Bruselas haciendo cábalas sobre cómo sacar el mayor provecho a los 34 diputados que ha obtenido con su lista de cortesanos convergentes, reforzada con el presuntamente rebelde presidente de la ANC. Ayer vimos a Puigdemont sobreactuar, como es habitual en él, y declarar enfáticamente en su comparecencia que la ‘república’ ha ganado a la ‘monarquía’. Patético pero efectivo por lo que hemos podido constatar en estas elecciones. Su mensaje ‘soy el presidente legítimo’, avalado por la bobalicona cúpula de ERC que se prestó a rendirle incluso algunos  inmerecidos homenajes en Bruselas mientras su líder criaba malvas en Entremeras, le ha dado unos réditos impensables hace sólo unos meses. El pobre Junqueras ha visto desde su celda como el pájaro que tantas veces lo engañó durante estos dos años susurrándole al oído ‘me voy’, ‘no repetiré’, volvía a dejarlo con un palmo de narices meditando sobre su injusto de su destino. Y es que Junqueras, por impericia y docilidad, ha visto como se le escapaba de las manos la (¿única?) oportunidad de ser investido presidente del gobierno de la Generalitat.

Puigdemont en su comparecencia con cuatro exconsejeros prófugos la noche electoral en Bruselas.

¿Vendrá no vendrá? No sé qué tal marchan las finanzas en la corte belga –todo un misterio que algún día conoceremos– pero si algo está claro es que en caso de que regrese a España será con toda probabilidad detenido, interrogado, encarcelado y juzgado con todas las garantías que concede nuestro Estado de Derecho. Los delitos que se les imputan a él, a los consejeros de su gobierno cesado y a los líderes de la ANC y Òmnium, rebelión, sedición, malversación de caudales públicos y desacato al poder judicial, son los más graves que se pueden imputar a un político en democracia.

Carles Puigdemont en una conferencia de prensa el 22 de diciembre de 2017.

Desconozco si nuestro sistema judicial y penitenciario lo permiten, pero sería un auténtico dislate que a un golpista irredento, que sigue denigrando nuestras instituciones democráticas en Bélgica, se le permitiera acudir a recoger su acta de diputado sin acatar la Constitución y mucho menos ser investido presidente del gobierno de la Generalitat. Lo malo sobre este asunto, como sobre muchos otros que debilitan nuestra democracia –estoy pensando en la ausencia de la bandera nacional en edificios públicos y en comparecencias institucionales, la ocupación de espacios públicos con banderas estrelladas por acuerdos municipales, los insultos y silbidos a Felipe VI,  la celebración del 9-N, las sesiones parlamentarias del 6-7 de septiembre, la consulta ilegal del 1-O, etc. – es que el Gobierno de España ha demostrado, pese a las afirmaciones en sentido contrario, que no tenía una estrategia efectiva para hacer frente a los secesionistas.

Optimismo constitucionalista      

Puigdemont firmando la declaración de independencia en el auditorio del Parlament el 10 de octubre de 2017.

Pero pese a la euforia del mal perdedor, lo cierto es que el movimiento nacional-soberanista transformado en nacional-secesionista desde 2012, no sólo no avanza sino que retrocede. Desde las elecciones del año 2010, el porcentaje de voto de los partidos que defendían estas posiciones alcanzó su máximo, 49,1%, en 2012 y ha caído desde entonces hasta situarse en el 47,5% en 2017. En escaños, alcanzó su máximo, 76, en 2010 y en estas elecciones se ha quedado en 70. La caída es lenta pero quien pensara que podía acabarse en cuatro días con un movimiento tan bien alimentado desde las instituciones, confundía el deseo con la realidad. El dominio casi absoluto de la Generalitat sobre los medios de comunicación, el sistema educativo, las asociaciones culturales, etc., aseguran su pervivencia mientras no se consiga restablecer la neutralidad del gobierno de la Generalitat, el Parlament, las Diputaciones y los Ayuntamientos. Ningún adicto puede dejarlo en un día, mucho menos si sigue recibiendo abundantes dosis.

Manifestación del 30-S en Barcelona organizada por EiC, Somatemps y Regeneración Democrática.

La evolución del movimiento constitucionalista resulta asimismo esperanzadora. Para empezar, ahí están las movilizaciones que este otoño sacudieron Cataluña el 30 de septiembre, el 8, 12 y 29 de octubre y de nuevo el 6 de diciembre. Cientos de miles de catalanes silenciosos (o silenciados) perdieron el temor a expresar su deseo, nada facha, sino profundamente progresista, de seguir compartiendo nuestro destino con nuestros primos, hermanos y amigos en el resto de España. Frutos, el viejo líder del PCE, lo expuso maravillosamente el 29 de octubre en Paseo de Gracia. Las movilizaciones lideradas por Espanya i Catalans y Sociedad Civil Catalana, pero en las que han participado otras asociaciones como Convivencia Cívica Catalana, Regeneración Democrática, Asociación por la Tolerancia, Somatemps, etc., han de mantenerse y servir para movilizar a todos los catalanes que compartimos los ideales de libertad, igualdad y fraternidad.

Manifestación del 😯 en Barcelona organizada por Societat Civil Catalana, Espanya i Catalans y otras asociaciones cívicas.

Además, el peso de los partidos constitucionalistas no ha cesado de crecer, especialmente a partir de 2012. En escaños, estos partidos han pasado de 47 en 2010 a los 57 conseguidos en 2017, un número todavía alejado de los 68 que otorgan la mayoría absoluta. En porcentaje de votos, hemos pasado del 37,1% en 2010 al 43,5% en 2017. Todavía queda un buen trecho pero estamos cada vez más cerca y, si perseveramos en la línea seguida en los últimos años, la victoria puede llegar en una o dos legislaturas. Aunque es cierto que la aritmética electoral favorece a los secesionistas por su predominio en las zonas rurales, la solución no pasa necesariamente por cambiar la ley electoral, sino por reconquistar estas zonas dominadas por el secesionismo. Para ello, conviene mantener el nivel de movilización social de los últimos meses, requisito indispensable para lograr mayores cotas de participación, y hay que responder con inteligencia a las provocaciones de un republicanismo trasnochado y victimista que ha provocado una fractura social gravísima, espantado a las empresas y a los inversores y amenaza con provocar una recesión en Cataluña.

Clemente Polo, 12 de octubre de 2016 en Plaza de Cataluña.

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El negocio de la secesión

Artículo publicado en el diario Expansión el 28 de noviembre de 2017

Rajoy anuncia la destitución de Puigdemont y su gobierno.

En la entrevista que Rajoy concedió a la COPE el 15 de noviembre, el presidente estaba que no cabía en su pecho. Natural. Con el gobierno de la Generalitat cesado y a medias encarcelado; con Forcadell y los miembros de la Mesa del Parlament que aprobaron llevar a pleno las leyes de desconexión en libertad condicional, tras pagar las fianzas impuestas por el Tribunal Supremo; con los ‘jordis’ enviando mensajes a los manifestantes desde la cárcel de Soto del Real, recomendándoles no subirse a los jeeps de la policía judicial para no acabar como ellos; y, en fin, con los líderes de todos los partidos secesionistas admitiendo que no tenían el respaldo social suficiente para poner en marcha la república, Rajoy se mostraba plenamente satisfecho con los resultados de la aplicación del artículo 155. Ahora toca –dijo – dejar hablar a las urnas el 21-D.

Forcadell a su salida de la prisión de Alcalá-Meco.

Repliegue de rufianes

Rajoy puede darse por satisfecho al constatar que el intento de secesión se ha atajado prácticamente sin aplicar otra fuerza que los instrumentos del Estado de Derecho –el Tribunal Constitucional, el Senado, el Ministerio Fiscal, etc.– para restablecer, si no la legalidad –hay ciudadanos e instituciones que incumplen el ordenamiento constitucional en Cataluña–, si al menos cierta apariencia de normalidad democrática. Abandonen o no los encarcelados la prisión antes del 21-D, los Tribunales van a seguir investigándolos para determinar si efectivamente incurrieron en los delitos de rebelión, sedición y malversación de caudales públicos que se les imputan. Más allá de sus responsabilidades jurídicas, Puigdemont y Junqueras son los únicos culpables de la marcha de más de 2.600 sociedades, la ralentización económica y la fractura de la sociedad catalana.

Puigdemont y su gobierno legítimo en la página oficial de la Generalitat abierta desde Bégica. Es la foto oficial del gobierno, antes de su cese, de la que se ha eliminado al consejero Santi Vila, que dimitió el 26 de octubre, un día antes de la votación para constituir el estado independiente en forma de república.

En cuanto a los secesionistas, reconozco que tiene su morbo ver a Tardà, el indómito diputado que hace pocos meses se mostraba dispuesto a ir a la cárcel por la causa y todavía el 27 de agosto retaba al Estado desde la tribuna del Congreso con su “adios corrupción, bienvenida república”, recoger velas a toda prisa y disponerse a continuar con su bien remunerada rutina de pernoctar en Madrid tres veces por semana sin que nadie le detenga por sus ideas. ¡Qué suplicio para un republicano tan honesto y cabal estar en Madrid en lugar de en la Itaca soñada! Claro que más insufrible debe resultarle compartir manteles de vez en cuando con Rufián, su ingenioso grumete, al que las personas de cierta edad nos hubiera gustado verle representar el intrépido numerito de las esposas en la dictadura.

Puigdemont en Bruselas con un Mozo de Escuadra en funciones de guardaespaldas.

La desbandada republicana se asemeja cada vez más a un sálvese quien pueda del temporal que ellos mismos provocaron. Nadie habla ya del mandato democrático que el ‘pueblo’ de Cataluña les había otorgado el 27-S y confirmado el 1-O, y los hasta ayer insobornables defensores del estado propio en forma de república reconocen que no estaban preparados para hacer efectiva la declaración de independencia. Puigdemont admite que erró al creer que el Gobierno de España se avendría a negociar con él la independencia. Junqueras ha escrito, desde su retiro en la cárcel de Estremeras, una carta a la militancia de ERC en la que revela su gran descubrimiento político: la república tiene cara de mujer y se apellida Rovira. Y el incombustible Tardà farfulla entre dientes que “Cataluña no es independiente porque no ha existido una mayoría de catalanes que así lo hubiera querido”. No era eso precisamente lo que afirmaban hace sólo unos días, y sólo por mentir a millones de catalanes, con tanto descaro y durante tanto tiempo, merecen un severo correctivo el 21-D.

Mantener el control de la caja

Sánchez y Cuixart arengando a los comités de defensa del referéndum subidos a un vehículo de la policía judicial de la Guardia Civil.

Resulta harto sospechoso este repentino conformismo que parece haberse adueñado de los fogosos alborotadores republicanos que hasta ayer mismo estaban dispuestos a cortar calles y autovías, a tomar estaciones, a obedecer a su gobierno ‘legítimo’ en el exilio, y, en fin, a iniciar la larga travesía que habría de culminar con el  reconocimiento internacional de la república de Catalunya. ¿Cómo explicar que después del empeño puesto en realizar la consulta del 1-O –referéndum de autodeterminación, en su jerga– y haber constituido la república catalana en el Parlament el 27 de octubre, los líderes republicanos se hayan dedicado a confeccionar las listas para concurrir a unas elecciones autonómicas que consideran ‘ilegítimas’, al haberlas convocado el Gobierno de España? ¿Por qué ERC ha rechazado la nada inocente exigencia de Puigdemont  de concurrir con una lista unitaria, pese a reconocer “que es y seguirá siendo” el presidente del país?

La imagen del gobierno legítimo en la que aparece todavía el rostro de Santi Vila en segunda fila, entre Junqueras y Puigdemont.

Estamos asistiendo al repliegue desordenado de la flotilla secesionista. Ahora, cada cabecilla de la fallida revuelta busca minimizar las pérdidas sufridas tras embarrancar sus naves en las rocas del Estado, poco importa ya si por precipitación en los plazos o por errores de cálculo del alto almirantazgo. El objetivo principal es desencallarlas, poner a salvo cuantos marineros y mercancía puedan, y prepararse para el próximo (y definitivo) asalto al fortín del Estado. Los líderes del fracasado asalto, conscientes de que ya no podrán escapar a la acción de la Justicia, se muestran dispuestos a conceder de boquilla que acatan el 155 para no agravar su situación procesal, siguiendo el ejemplo de Forcadell a quien no le importó  hacerlo con tal de recuperar la presidencia del Parlament. Ninguno de ellos, sin embargo, ha mostrado el menor arrepentimiento por los presuntos delitos investigados y todos, sin excepción, continúan denigrando nuestra democracia, a la que califican de Estado autoritario y represivo, y manifestando sin ningún pudor su intención, en palabras de Junqueras, de “culminar la faena”.

Mas acude a declarar ante el TSJC el 15 de octubre de 2015.

Ya me he referido al error de cálculo de Puigdemont. Artur Mas que pronosticaba en 2013 que “el siglo XXI será el siglo en que Cataluña recuperará su plena libertad, reiteraba hace unos días en el Club Siglo XXI que “el proceso sigue perfectamente vigente”. Y Junqueras insiste en su carta los militantes de ERC en esta misma línea victimista, presentándose como “ingenuos, que van creer que el Estado nunca se atrevería a aplicar estos niveles de represión. O que la Unión Europea permitiría que el Gobierno del PP, en nombre de la unidad de España, tolerase tantos golpes a la ciudadanía y a las instituciones catalanas”. Si algo no puede predicarse de Puigdemont y Junqueras es que son ingenuos. Y si algo puede decirse del Estado español es ha sido permisivo con los insurrectos hasta límites inconcebibles.

El exjuez Vidal junto al terrorista convicto Carles Sastre, con elu rostro enmarcado en un círculo, en la foto de familia del Pacto Nacional por el Derecho a Decidir. En primera fila, Colau, Forcadell, Puigdemont, Gibert y Junqueras.

Fue la salida de centenares de sociedades de Cataluña y el apoyo inequívoco de los líderes de las instituciones de la UE a la democracia española, no la imaginaria represión del Estado, lo que frenó los planes de los golpistas. Su objetivo primordial ahora es retener el gobierno de la Generalitat el 21-D. Quieren hacerlo para evitar que se descubran todos los mecanismos ilegales que el gobierno de la Generalitat empleó para canalizar recursos públicos a la creación de estructuras de estado y hacia el entramado mediático y asociativo por el que circula la propaganda secesionista e implementa las campañas de movilización. Camuflados como el locuaz exjuez Vidal afirmaba o no, hay indicios sólidos de que cientos de millones se han destinado a poner en marcha estructuras de estado. Y quieren hacerlo porque la independencia es un negocio que mueve miles y miles de millones y decenas de miles de empleos, y hay grupos económicos interesados en controlar los presupuestos del sector público de Cataluña, no para mejorar los servicios prestados a los catalanes, sino para beneficio de los partidos, sus líderes, sus familiares y patronos.

 

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Y Barcelona perdió la EMA

Actual sede de la EMA en Londres.

La decisión del Consejo de Ministros de la UE de localizar la Agencia Europea del Medicamento (European Medicines Agency, EMA) en Ámsterdam, tras una reñida competición con Milán, deja muy claro el hartazgo de las instituciones europeas con el proceso secesionista en Cataluña. Barcelona, a la que muchos situaban como la localización más atractiva hasta hace unos meses, quedó eliminada en la primera votación al quedar por detrás de Ámsterdam, Milán, Copenhague y Bratislava. Al menos la espera no fue demasiado larga y la previsible decepción se produjo a las primeras de cambio. Perdido el envite, quizá el mayor interés del caso resida en examinar las razones que han podido influir en el descarte de Barcelona –siempre puede aprenderse de los reveses– y las reacciones políticas que ha suscitado en Cataluña.

Desenlace previsible

Montserrat, Comín y Collboni en Bruselas el 1 de agosto de 2017,

El desenlace fatídico era más que previsible, casi una certeza pese a los esfuerzos del Gobierno de España por convencernos para llegar hasta al final con el banderín bien alto. Aunque los partidos nunca acaban hasta que el árbitro pita el final del encuentro y el marcador queda inamovible, existían buenas razones ya en el descanso para dar el encuentro por perdido. Cataluña vive desde hace dos años una situación de inestabilidad política e inseguridad jurídica creciente que culminó con la aprobación de las leyes del referéndum de autodeterminación a principios de septiembre, la celebración de una ilegal consulta de autodeterminación el 1 de octubre, dos huelgas generales de carácter político, y la aprobación de una resolución en el Parlament el pasado 27 de octubre por la que Cataluña se constituía en estado independiente en forma de república.

Parlament semivacio al finalizar la votación para constituir la república catalana el 27 de octubre de 2017.

Pese a que las dos leyes de desconexión y la resolución de independencia fueron suspendidas por el Tribunal Constitucional y el Gobierno regional fue cesado inmediatamente en aplicación del artículo 155 de la Constitución, la inestabilidad política y la inseguridad jurídica continúan muy presentes en Cataluña. Con el expresidente y algunos consejeros huidos en Bélgica, denigrando la democracia española, y el resto del gobierno ‘legítimo’ encarcelado en varias prisiones, el clima político no es precisamente el más propicio para acoger a una agencia de la UE que, no olvidemos, deja Londres por la decisión de los británicos de abandonar la UE. ¡Lagarto, lagarto!, debieron pensar los líderes de la UE, no vamos a salir de guatemala para ir a guatepeor. No nos engañemos: la imagen difundida por el expresident Puigdemont en las redes sociales, donde aparece mofándose de las cinco requerimientos enviados por el Tribunal Constitucional para hacerle desistir del plan de proclamar la independencia, no es la mejor tarjeta de presentación ante la UE.

Puigdemont posa mofándose de los 5 requerimientos del Tribunal Constitucional para que abandonase el plan de realizar un referéndum como paso para constituir una respública independiente.

Sede central de "la Caixa" en Barcelona.

Sede central de “la Caixa” en Barcelona.

Podemos dar también por seguro que la desbandada de cerca de 2.600 sociedades que han trasladado sus sedes fuera de Cataluña desde el 4 de octubre, incluidas las principales entidades financieras y empresas no financieras, ha tenido también una influencia decisiva en la decisión adoptada por los Ministros de Sanidad en Bruselas. ¿Cómo iban a establecer la sede de la EMA en Barcelona cuando las sociedades españolas están marchándose a otras Comunidades? Aunque una decisión favorable habría servido para reafirmar la confianza de las instituciones europeas en la capacidad del Gobierno de España para controlar la situación, la jugada era demasiado arriesgada como para tentar la suerte. Téngase en cuenta que a las elecciones autonómicas, convocadas por el Gobierno de España el próximo 21-D, concurren los mismos líderes secesionistas –Puigdemont y Junqueras– que provocaron la intervención de Cataluña hace unas semanas, y no hay ninguna garantía de que Cataluña recobre la estabilidad política y la seguridad jurídica tras los comicios.

Colau, la imagen antitética de una Barcelona abierta y dinámica.

Conviene recordar también la escasa simpatía del equipo que gobierna la ciudad de Barcelona hacia el mundo empresarial, en contrate con la actitud comprensiva de Barcelona en Comú hacia el movimiento okupa. El notorio desinterés de la propia alcaldesa por acoger la EMA quedó patente a comienzos de agosto, cuando la alcaldesa declinó acompañar a la ministra Montserrat y al consejero Comín a presentar oficialmente la  candidatura de Barcelona en Bruselas, porque, según manifestó ella misma, las bases de su partido no veían con buenos ojos la llegada de la AME a Barcelona.  Pese al auge del turismo internacional en los últimos años, la ciudad está cada vez más alineada con el movimiento secesionista. Colau se ha manifestado a favor del ‘derecho a decidir’ en numerosas ocasiones, y aunque defiende la realización de un referéndum legal, se sumó a la consulta ilegal del 1-O. Hace unos días, rompió el pacto de gobierno con el PSC, precisamente porque los socialistas catalanes no rechazaron la aplicación del artículo 155, y como sólo cuenta con sólo 11 concejales de 41, dependerá  a partir de ahora de los partidos secesionistas (ERC, PDeCAT y CUP) para seguir gobernando.

Colau en la manifestación a favor de los ‘jordis’ el 21 de octubre.

Oportunidad irrepetible

Además de la ocupación de un espacio de oficinas considerable en la emblemática Torre Glorias (Agbar), el aterrizaje de la EMA en Barcelona habría supuesto la creación de 900 puestos de trabajo directos, muchos de ellos altamente cualificados, y de algunos miles (en torno a 4.500) de empleos indirectos en un sector tecnológico puntero y con enorme futuro en la UE. Además, la localización en Barcelona habría supuesto asegurar la visita a la ciudad de varias docenas de miles de profesionales del mundo de la investigación y la farmacología cada año. Basta echar una ojeada a la página de Internet de la EMA en Londres para hacerse una idea del imponente volumen de actividad investigadora y dinamizadora de la industria farmacéutica que genera la agencia encargada de examinar la seguridad de los medicamentos y autorizar su comercialización en el espacio europeo.

Delante de la Torre de las Glorias: Montserrat,ministra de Sanidad, con Collboni, teniente alcalde de Barcelona, y Serra, secretario general de la consejería de Sanidad.

La ministra Montserrat no ha querido hacer fuego del tronco caído pero ha apuntado claramente a la irresponsabilidad de la deriva independentista del gobierno de la Generalitat y del Parlament de Cataluña. Sánchez, secretario general del PSOE, ha vuelto a errar al afirmar que “los barceloneses han estado a la altura”. No señor: ni los barceloneses ni los catalanes ni sobre todo sus gobernantes han estado a la altura de las circunstancias. Puigdemont, inmaduro y cínico incurable, culpa de lo ocurrido al Gobierno que, tras aplicar el artículo 155 y encarcelar a los líderes sociales y al gobierno ‘legítimo’ de la Generalitat, pretende ahora empobrecer Cataluña. Rivera ha vuelto a ser el más certero al apuntar al independentismo y a Colau sin morderse la lengua. Barcelona tuvo a su alcance la EMA hasta comienzos del verano pero todo se truncó definitivamente en septiembre y octubre, y el 155 llegó ya demasiado tarde para deshacer el entuerto. Por cierto, Sr. Puigdemont, usted dejó de ser el presidente legítimo de Cataluña cuando se situó fuera de la Constitución y el Estaut, y ahora no es más que un presunto delincuente, prófugo de la justicia.

Puigdemont y su gobierno ‘legítimo’ en la nueva página ‘oficial’ de la Generalitat abierta tras el cese de su gobierno. Es la foto oficial del gobierno antes de su cese de la que se ha excluido al consejero Santi Vila (salvo la pierna visible entre Junqueras y Puigdemont) que dimitió el 26 de octubre, un día antes de la votación en el Parlament en que se constituyó Cataluña como estado independiente en forma de república.

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Empresarios en el diván

Artículo publicado en El Economista el 23 de octubre de 2017

(http://www.eleconomista.es/economia/noticias/8692690/10/17/Empresarios-en-el-divan.html)

Comités de Defensa del Referéndum  en un centro de votación el 1-O.

Desde el simulacro de referéndum que se celebró el 1 de octubre, se ha producido un éxodo imparable de empresas desde Cataluña al resto de España. El pistoletazo de salida lo dieron el Banc de Sabadell, la cuarta entidad financiera española, y CaixaBank, la emblemática caja surgida de la fusión de la Caja de Pensiones y Caja de Barcelona en 1990 que, tras su fulgurante expansión por toda España, se encaramó al tercer puesto del ranking bancario. En tres semanas, son 1.185 las sociedades (incluidas casi todas en el Ibex 35) que han trasladado su sede social (y la fiscal en bastantes casos) sin que ningún sector productivo (agricultura, industria, construcción y actividades inmobiliarias, finanzas, seguros, comercio, ocio, etc.) se haya librado de la desbandada. Al éxodo societario, hay que sumar la legión de catalanes que, preocupados ante la perspectiva de un futuro muy incierto, prefieren llevarse sus depósitos bancarios, fondos de inversión, carteras de valores, planes de pensiones, etc., a sucursales de sus entidades en otras Comunidades. Salir de la UE y la Eurozona no es una broma.

Relaciones de poder

Aquello que los independentistas afirmaban que nunca sucedería en Cataluña ha irrumpido en la escena, antes incluso de que el Parlament proclame la independencia, con la violencia de un ciclón, y amenaza con dejar en los huesos a la economía catalana. Desde luego quienes han quedado mal parados son los economistas que mayoritariamente consideraban la opción más deseable constituir un estado propio. También les resultará difícil explicar lo acaecido a los ‘podemitas’ porque si los políticos fueran, como ellos sostienen, meros administradores del gran capital, resultaría inconcebible que tres políticos de tan corto alcance como Puigdemont (CDC-PDR-Cat), Junqueras (ERC) y Gabriel (CUP), faltos de cualquier apoyo internacional, sigan al frente del gobierno de la Generalitat y del Parlament de Cataluña, mientras los empresarios abandonan el barco remando en botes salvavidas. ¿Qué ha ocurrido en la sociedad catalana, cuyos habitantes disfrutan de una renta per cápita el 23% superior a la del resto de españoles y el 6% mayor que la media de la UE, para que se desencadene una crisis política y social de esta envergadura?

Félix Millet recibiendo de Pujol la orden de Sant Jordi.

La relación entre los poderes político y económico resulta mucho más compleja y fluida de lo que reconocen los postmarxistas indignados. Durante 23 años, el gobierno de la Generalitat utilizó todos los instrumentos a su alcance, desde la capacidad normativa e inspectora a los crecientes presupuestos de la Generalitat y sus empresas públicas, para establecer un entramado de intereses y redes clientelares donde la cercanía al poder y la sintonía con el partido de Pujol resultaban decisivas para ganar adjudicaciones de obras públicas, obtener contratos de servicios y concesiones administrativas, recibir subvenciones públicas, etc. La actuación de Ferrovial en el caso Palau constituye un ejemplo paradigmático de cómo empresas privadas se veían presionadas, para obtener adjudicaciones de obras, a realizar donaciones al consorcio del Palau de la Música presidido por Millet, quien a su vez financiaba ilegalmente a CDC, el partido de Pujol, Mas y Puigdemont. Este complejo entramado ha condicionado notablemente la actitud de los principales actores económicos en Cataluña.

Turull con Homs, y (Oriol) Pujol, arropando a Daniel Osàcar, secretario personal de Mas (2000-2005) y tesorero de CDC (2005-2011) en el Parlament. Osàcar fue imputado por cobrar comisiones a empresarios que se destinaban a financiar a CDC y a sus fundaciones. ¡La nueva Cataluña!

Sinfonía de empresarios

Bonet, presidente de Freixenet y de la Cámara de Comercio de España-

Con las notables excepciones de Bonet, presidente de Freixenet y de la Cámara de Comercio de España, y de Lara, patriarca presidente del Grupo Planeta, la mayoría de líderes empresariales optaron por mantener un prudente silencio o una calculada equidistancia, incluso cuando Mas y Junqueras alcanzaron, después de la consulta del 9-N en noviembre de 2014, un acuerdo para proclamar la independencia en 18 meses. Pese a que la independencia había dejado de ser una ensoñación romántica a comienzos de 2015, sólo contados empresarios y ejecutivos (como Gallardo de Almirall, Palatchi de Pronovias y Piqué, ex–presidente de Vueling) se han atrevido a salir del armario mientras la mayoría encontraba refugio en la esperanza de que la racionalidad económica y el diálogo acabarían imponiéndose al desvarío político. Entre las asociaciones empresariales, sólo Empresaris de Catalunya ha ido más allá de llamar el diálogo (Foment, Circle d’Economía) y ha subrayado una y otra vez los enormes riesgos y graves perjuicios económicos que la independencia ocasionaría a los catalanes.

En los últimos años, hemos visto también a numerosos empresarios y altos directivos (Grifols de Grifols; Carulla y Tomás de Agrolimen y Ara; Alemany de Abertis; Daurella de Coca-Cola European Partners; Sumarroca de Teyco; Cornadó de Copisa; Massot de Vertix; Raventós de Unipost, etc.), y dirigentes de algunas patronales (González de Pimec y Abad de Cecot) y sindicales (Gallego de CC.OO. y Álvarez UGT) coquetear con el ‘derecho a decidir’ –un eufemismo tras el que los dirigentes de CDC y su fundación FemCat camuflaron durante algún tiempo sus aspiraciones secesionistas–, y hasta mostrarse comprensivos con las resoluciones y leyes, contrarias a la Constitución y al Estatut, aprobadas en el Parlament de Cataluña. Algunos rectificaron y han ido tomando distancia con el gobierno de la Generalitat, a medida que se radicalizaba de la mano de ERC y la CUP, pero otros han mantenido su respaldo pese a la ilegalidad flagrante en que se adentró a partir del 6 de septiembre de 2017.

Álvarez (UGT Catalunya), Casals (Omnium Cultural) y Gallego (CCOO Catalunya) haciendo campaña a favor del derecho a decidir y la consulta.

Empresarios a fin de cuentas

Puigdemont y Gabriel celebrando su acuerdo para constituir una república independiente.

No conviene pedir peras al olmo. A la postre, la mayoría de los empresarios se ha comportado como cabría esperar de su condición: hicieron lo posible por mantener la rentabilidad de sus empresas mientras crecía la inestabilidad política y la inseguridad jurídica en Cataluña, y han hecho las maletas para salvaguardar los intereses de directivos y accionistas en cuanto se materializó la posibilidad de que la Generalitat declare la independencia. Quizá lo único que pueda reprochárseles es no haber explicado a los boquiabiertos catalanes, testigos incrédulos de la salida en tromba de sus empresas, que les engañaban miserablemente quienes les prometían una mejora sustancial de su nivel de vida tras consumarse la independencia. La ‘cuestión catalana’ se ha ido agravando progresivamente y la mayoría de empresarios y ciudadanos sólo aguardan ya a que el Gobierno de España restablezca la estabilidad política y la seguridad jurídica en la Comunidad Autónoma. Esperemos que lo haga con prontitud y evitando en lo posible futuras recaídas.

Los candidatos de Junts pel SÍ han engañado miserablemente a los catalanes mientras los empresarios guardaban silencio.

 

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El secesionismo amenaza la recuperación

Artículo publicado en el diario Expansión el 21 de septiembre de 2017

Forcadell arropada por Hagrid El guardabosques, Flequillo Airado y el Orfeó secesionista, ante la sede del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

El hecho más destacable de la Diada del sí a la desobediencia y a la división es que fuera la menos masiva de las organizadas en los últimos años, a pesar de contar con la participación estelar de Puigdemont, Junqueras y la mayoría de sus consejeros, y haberla anunciado como el preludio del ‘referéndum de autodeterminación’ del próximo 1 de octubre (1-O). Dentro de lo malo, constituye una buena noticia que la primera Diada promovida abiertamente por el gobierno de la Generalitat y los diputados de Junts pel Sí (JxS) y CUP, declarados en rebeldía contra el Estado de Derecho desde que aprobaron la ‘ley del referéndum de autodeterminación” en el Parlament el pasado 6 de septiembre, haya sido un relativo fracaso.

Menor apoyo

Puigdemont y Junqueras celebrando la aprobación de la ‘ley’ del referéndum de autodeteriminación.

Diada 2017.

Las cifras de asistencia publicadas oscilan entre 225.000 y algo más de un millón, ambas muy inferiores a las estimaciones hechas por esas mismas fuentes en citas anteriores. La realidad constatable por todo el mundo a través de las imágenes ofrecidas por televisión es que la inmensa mayoría de los catalanes se marcharon de fin de semana o se quedaron en sus casas. Si la intención de los organizadores era mostrar a los dirigentes de la UE el clamor unánime de la sociedad catalana en pro de la independencia, se puede afirmar que fracasaron estrepitosamente en el intento. Pero aunque el proceso, cada vez más radicalizado, se haya ido desinflando en los últimos meses, hay que reconocer la capacidad del movimiento nacional-secesionista para movilizar a sus bases una vez al año.

Puigdemont, Forcadell y Sánchez (ANC) en la Diada 2017.

Nadie puede sorprenderse de que la llamada a rebato de la Asamblea Nacional de Cataluña (ANC), Omnium Cultural y la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI) consiguiera movilizar a una fracción (360.000 inscritos y 1.800 autobuses fletados según la ANC) de los votantes de JxS (1,62 millones) y CUP (336.000) en las elecciones autonómicas de 2015. Hay detrás una labor tenaz de propaganda y agitación en todos los rincones de Cataluña que cuenta con el apoyo, casi unánime, de los medios de comunicación públicos y privados, que la Generalitat financia generosamente para influir y deformar la opinión pública. A diferencia de la mayoría de asociaciones constitucionalistas que no tienen un duro, los tres tenores del orfeón secesionista nadan en la abundancia.

Riesgos del 1-O

Diada 2017.

Pasada la artificiosa celebración de la caída de Barcelona en 1714, la cuestión más perentoria ahora es afrontar el reto del referéndum de autodeterminación que el gobierno de la Generalitat planea celebrar el 1-O y cuya campaña está en marcha. 712 alcaldes respondieron afirmativamente a la petición de Puigdemont de ceder locales municipales para albergar las urnas, mientras, Trapero, mayor de los ‘mossos’, ordenaba a petición de la Fiscalía investigar los preparativos del referéndum sin resultado práctico hasta ahora. Algunas agencias de calificación han advertido del riesgo que entraña la secesión de Cataluña para la calificación de la deuda pública, y varios bancos de inversión han apuntado que podría elevarse la prima de riesgo e incluso recomendado vender deuda española. Aunque estamos muy lejos de la dramática situación vivida en 2012, conviene recordar que pocas cosas espantan más a los inversores que la inestabilidad política y la inseguridad jurídica.

Puigdemont comprador de urnas.

Al gobierno de la Generalitat parece importarle un bledo que se hunda un poco más la calificación de su deuda –desde hace años no tiene acceso al mercado– y se eleve la prima de riesgo de la deuda española, creyendo erróneamente que el Gobierno de España se avendrá a negociar el referéndum si empeora la situación. Craso error porque lo único que pueden lograr apostando al “cuanto peor para ellos, mejor para nosotros” es que a todos nos vaya peor. Cataluña no va a alcanzar la independencia mediante un referéndum pactado porque el gobierno de la Generalitat y los diputados secesionistas no cuentan con el apoyo mayoritario de los catalanes, ni con el aval de los partidos (PP, PSOE y Ciudadanos) que representan a la mayoría de españoles, ni con el respaldo de ninguna institución internacional, como la ONU o la UE, dispuesta a dar pábulo a sus cínicas apelaciones al derecho de autodeterminación. Hasta el momento, Puigdemont y Romeva sólo han conseguido tras infinidad de costosos viajes promocionales concitar el apoyo de algún diputado estonio y un desinformado premio Nobel de la Paz.

Puigdemont con Juncker, Merkel y Hollande en su última visita al Parlament Europeo.

Firmeza democrática

Rajoy con Sánchez en La Moncloa el 7 de septiembre de 2017.

España se juega en las próximas semanas la credibilidad política, desde luego, pero también la estabilidad económica. La estrategia de mano tendida seguida por el Gobierno hasta pocas semanas y la calculada ambigüedad del PSOE-PSC sobre el encaje de Cataluña, lejos de tener efectos balsámicos, nos ha llevado a una situación cada vez más enconada. El Estado de Derecho tiene que afrontar esta situación sin complejos, con la misma determinación con que condenó a los militares amotinados en 1981, ilegalizó (aunque tardara demasiado en hacerlo) al entorno político de la banda terrorista ETA, y dio la puntilla al plan Ibarretxe. La inestabilidad política ocasionada por el golpe de estado que patrocinan las secuestradas instituciones de autogobierno de Cataluña no desaparecerá de un plumazo, pero urge dar pasos decididos para desmantelar el entramado político-asociativo que alimenta el proceso nacional-secesionista y amenaza ahora la recuperación económica.

Sáenz de Santamaría en sua vanos intentos de negociar con Junqueras.

Sáenz de Santamaría, vicepresidenta, De Guindos, ministro de Economía y Competitividad, y Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.

Además de las acertadas medidas aprobadas en la Comisión Delegada para Asuntos Económicos para controlar los pagos de nóminas y las facturas de proveedores de la Generalitat, el Gobierno tiene que exigir responsabilidades a interventores y a responsables de ordenar pagos en el sector público catalán y recuperar los recursos públicos destinados a actos ilícitos, como al 9-N y el 1-O, o a financiar actividades del Departamento de relaciones exteriores, el consorcio Diplocat, el Consell Assesor per la Transició Nacional, la ampliada Agencia Tributaria de Catalunya, la Agencia Catalana de Protección Social, etc., que invaden competencias del Estado. Hay que poner cerco a todo el entorno político-asociativo (AMI, Consejo de Cargos Electos, etc.) que se alimenta de fondos de la Generalitat, y escudriñar al céntimo las cuentas de Omnium, ANC, Cercle Català de Negocis, etc. En pocas palabras, el Estado tiene que impedir que los cargos de la Generalitat, los partidos secesionistas y sus grupos parlamentarios, las Diputaciones, los Ayuntamientos, etc., desvíen recursos públicos a asociaciones y actividades cuyos fines son contrarios al ordenamiento constitucional. ¡Lo menos que podemos exigir a quienes pretenden dar un golpe de estado es que corran con los gastos!

Puigdemont con Sánchez, presidente de la ANC, y Cuixart, presidente de Omnium Cultural, preparando del 11 de septiembre de 2016.

Rajoy tras el no de Sánchez en el debate de investidura.

Es hora de que los responsables de las instituciones del Estado tomen la iniciativa y expliquen a los españoles y a la comunidad internacional que no van a tolerar el chantaje de políticos desleales que no respetan siquiera el ordenamiento jurídico del que emana su propia legitimidad, y se jactan de incumplir las sentencias de los Tribunales. El presidente del Gobierno tiene que comparecer ante los españoles, como hizo anoche, para aclarar que las ‘leyes’ aprobadas en el Parlament el 6 y 7 de septiembre instauran el estado de excepción en Cataluña mientras que las medidas adoptadas por el Gobierno sólo pretenden restablecer la normalidad democrática. Los miles de carteles y cartas aprehendidos en imprentas y empresas de mensajería y el resto de material incautado en los registros realizados en organismos dependientes de la Generalitat para impedir el referéndum ponen de manifiesto la imposibilidad de dialogar con los golpistas Puigdemont y Junqueras. Esperemos verlos pronto sentados ante los Tribunales cuya autoridad dicen no reconocer. Con la democracia no se juega.

Rajoy con Tajani, presidente del Parlamento Europeo, 10 de febrero de 2017.

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En manos de ‘arranitas’ y ‘cuperas’

Artículo publicado en el diario Expansión el 15 de septiembre de 2017

Noche de las antorchas y buen rollito: CUP, Arran, Endavant, el Sindicat d’estudiants del ‘països catalans’, y otras ‘famiglias’ antisistema quemando ejemplares de la Constitución e imágenes del Rey a las puertas del Born el 16 de septiembre de 2016.

Los ciudadanos hemos asistido perplejos este verano a los actos vandálicos y autopropagandísticos que perpetraron y reivindicaron las hordas de Arran, la organización juvenil de la Coordinadora d’Unitat Popular (CUP), contra intereses turísticos en Barcelona y Mallorca, sin que el gobierno de la Generalitat en Cataluña ni el Balear hayan interpusieran denuncias contra la organización donde militan las autoras de los hechos, calificados benévolamente por la CUP como ‘actos simbólicos’ contra un modelo de turismo al que culpan de la destrucción del territorio y la precarización del empleo.

Reacción de la CUP al atentado yihadista  en Barcelona: “las guerras vuestras, los muertos nuestros”. Todo un ejemplo de de empatía y solidaridad internacionalista.

La tibia reacción del  gobierno Puigdemont-Junqueras en Cataluña, el único territorio donde la CUP cuenta con cierta implantación, tiene una explicación muy sencilla: los 10 diputados antisistema resultaban imprescindibles para aprobar la “ley del referéndum de autodeterminación” y la denominadaley de transitoriedad jurídica y fundacional de la república”, registradas en el Parlament el 31 de julio y 27 de agosto, respectivamente.

Votando la ley del referéndum de autodeterminación con el Parlament semivacío.

Ambas leyes fueron aprobadas co los votos de los 71 diputados secesionistas, tras forzar su inclusión en el orden del día del pleno celebrado los días 6-7 de septiembre, pese a no contar con los preceptivos informes jurídicos solicitados por los diputados de la oposición que abandonaron el hemiciclo antes de la votación. Estas dos ‘leyes’, anuladas ya por el Tribunal Constitucional, pretenden suspender la Constitución, el Estatut y el resto del ordenamiento jurídico e instaurar un estado de “excepción en Cataluña” para realizar el anunciado referéndum de autodeterminación el 1-O e iniciar inmediatamente el proceso constituyente de la república con todos los poderes detentados por los dirigentes de ERC-CUP y la cabellera de Puigdemont flotando entre los restos del naufragio de Convergencia.

Violencia totalitaria

Miembros de Arran y Cup quemando las banderas de España, Francia y la UE el 11 de septiembre de 2017. y Junqueras va diciendo a los catalanes que su república catalana estaría en la UE. No con estos socios… y no tiene otros. Bueno, sí el flequillos.

Arran, como la CUP, su matriarcal placenta, son organizaciones cuya acción revolucionaria se articula en torno a tres objetivos. Primero, lograr “la independencia de los “Países Catalanes” para defendernos de los ataques de los Estados español y francés que desde hace más de trescientos años pretenden borrar la identidad del pueblo trabajador catalán”. Segundo, “acabar con el sistema capitalista” y apostar “por la construcción del socialismo, el cual nos ha de conducir a una sociedad sin clases ni opresiones de ningún tipo”. Y, tercero, “la lucha personal y colectiva que supone para todas las personas el sistema patriarcal basado en el dominio del hombre sobre la mujer y de los valores preconcebidos como masculinos por encima de todos los demás”.

Territorio de los inexistentes ‘països catalans’ donde la CUP y ERC desarrollan su actividad política.

No busquen apreciaciones analíticas más finas ni coherencia lógica en los argumentos de las hechiceras que establecen la agenda de sus procaces guerreras porque sus matriarcales afirmaciones, como las verdades reveladas, son indiscutibles. Nada les importa que no exista rastro alguno en los atlas históricos de sus “países catalanes” cuya independencia propugnan ni evidencia alguna de que sus cambiantes habitantes –hoy descendientes mayoritariamente de ciudadanos llegados de otras partes de España–, hayan padecido la opresión de los Estados español y francés durante centurias, más allá de las propias de cada época y sus circunstancias. Sus otras dos prioridades son igualmente paradójicas: pretenden acabar con el detestable sistema capitalista gracias al cual la CUP ingresa varios millones anuales con los disparatados sueldos de sus diputadas y concejalas que pueden dedicarse a tiempo completo a elaborar ‘leyes’ inconstitucionales y a intimidar con amenazas a quienes no comparten su credo.

La brigada de la muerte cuyo cabecilla fue Pascual Fresquet.

En línea con la tradición anarquista revolucionaria de tan funesto recuerdo en Cataluña, la CUP se define como una organización asamblearia y socialista que propugna la “democracia participativa” y menosprecia la democracia constitucional y el Estado de Derecho, la seguridad jurídica, la empresa privada, la religión, el matrimonio, la escuela concertada, etc., considerados instrumentos de explotación social y ejercicio de la violencia patriarcal. Aunque prefieren presentarse como meras defensoras del sector público y el cooperativismo, rechazan frontalmente la propiedad privada de los medios de producción. Su “papel histórico… es tomar el poder” para construir “un Estado Socialista y Feminista en los Países Catalanes que podrá conducir al conjunto de la humanidad hacia la libertad”, y responsabilizan de sus actos violentos a la violencia del sistema capitalista.

Anarquistas de la brigada Ferrer-Carod en pleno acto de heroísmo en el Bajo Aragón.

Gabriel y Fernández celebrando los asesinatos de ETA con sus amigos batasunos en Bilbao.

Dar pocas pistas sobre cómo se desarrollaría el proceso de transición hacia su futurible Arcadia socialista-feminista resulta esencial para enmascarar su indigencia intelectual y vocación totalitaria. Pero como botones de muestra, ahí están su exigencia de imponer “la socialización forzosa y urgente” de la catedral de Barcelona para convertirla en economato y centro musical; su aparatosa campaña “¡Parir es un derecho, no una imposición! Derecho al aborto libre y gratuito”, que presentan como una “vindicación de clase, una declaración de guerra contra la derecha ultracatólica y la ofensiva conservadora”; su radical propuesta de convertir “los centros de trabajo en espacios de intervención política” donde los trabajadores decidirían en asamblea qué y cómo producen; y, en fin, su patrocinio de las ocupaciones de viviendas y la realización de escraches contra sus enemigos políticos a quienes amenazan con barrerlos de Cataluña.

Gabriel con la portavoz de Arran presentando los carteles del Sí barrámoslos.

Gabriel y Fernández dirigiendo el escrache de Arran contra la sede del PP en Barcelona en marzo 2017.

 

Trabajar menos, cobrar más

Gabriel en el escrache a la Guardia Civil 31 julio 2017.

Todo un programa político y social cuya mezcla de ingenuidad, ignorancia y vaciedad producirían sonrojo si no fuera por el ánimo guerrero que alienta a las jóvenes ‘arranitas’ y a sus más maduritas mentoras ‘cuperas’, y la determinación totalitaria con que pretenden imponerlo. Lo cierto es que cuando se separa la hojarasca de su tupida verborrea, entretejida con apelaciones vacías a la conciencia de clase y la solidaridad de los pueblos, el discurso que emerge resulta decepcionante, no ya para cualquier socialdemócrata, sino incluso para los ciudadanos comprometidos con los ideales ilustrados de libertad e igualdad.

Diputadas de la CUP quemando fotos del Rey. Menudas socias que se han echado los representantes de la sociedad catalana.

‘Arranitas’ y ‘cuperas’ sostienen que “en un contexto donde ya disponemos prácticamente de todos los bienes materiales necesarios para desarrollar nuestras vidas”, todo lo que queda por hacer es “repartir el trabajo y la riqueza. Trabajar menos horas y aumentar nuestros salarios para que los ricos paguen su estafa”. Ésta es, en esencia, la fórmula maestra que las diputadas Boya, Gabriel, Reguant, Vohí, y Cia proponen para mejorar el nivel de vida de los trabajadores. Pero quizá el aspecto más contradictorio de su programa ‘revolucionario’ sea la asunción por sus lideresas de la ideología nacionalista, pequeño-burguesa, que les lleva a anteponer la independencia de los ‘países catalanes’ a la emancipación de los trabajadores. Levantar muros y crear nuevos estados para dividir a los “estafados” resulta incongruente con su objetivo de “conducir al conjunto de la humanidad hacia la libertad”.

Cúpula de la CUP en la campaña de las elecciones autonómicas del 27-S.

Inseguridad jurídica: deslocalización y fuga de capitales

Mas con Junqueras y Romeva al final del debate de investidura el 9 de noviembre de 2015 con cara de circunstancias.

Que todas las decisiones importantes adoptadas por el gobierno de la Generalitat y el Parlament de Cataluña en los últimos años –la caída del president Mas, el inicio del proceso constituyente, las purgas de consejeros, la pugna mantenida para aprobar la ‘ley’ de transitoriedad jurídica antes del 1-O– hayan sido dictadas por una pandilla de activistas contrarios a los ideales ilustrados y al proceso de integración europea, da una idea de la irresponsabilidad de los líderes políticos al frente de la Generalitat. Cuando el ex-presidente Mas llama a “desprecintar colegios electorales” y el hombre fuerte del gobierno, Junqueras, declara socio “prioritario” y “absolutamente fiable” a la CUP, nadie debería sorprenderse que algunas empresas hayan trasladado sus sedes y algunos ciudadanos se hayan llevado sus activos fuera de Cataluña. Se trata todavía de movimientos tímidos que anticipan la avalancha de deslocalizaciones empresariales y salida masiva de capitales que se producirían si el gobierno de la Generalitat y los diputados de JxS lograran, como pretende la CUP, sacar a Cataluña de España, de la UE y del euro, un escenario que el Gobierno español ni puede permitirse ni espero permita.

Gabriel con Junqueras y Dante Fanchín (Podem) en Sant Boi de Llobregat el 9 de septiembre de 2016.

Puigdemont con Gabriel y Boya, dirigentes de la CUP en el Palau de la Generalitat.

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Agencia Tributaria de Catalunya: ¿exhibicionismo o amenaza?

Artículo publicado en el diario Expansión el 6 de septiembre de 2017

Junqueras con Gabriel, dirigente de la CUP, eufóricos con la estrellada.

La expansión territorial de la Agencia Tributaria de Catalunya (ATC)  anunciada el 4 de septiembre es la pieza clave que complementa en el plano tributario los preparativos del anunciado referéndum de autodeterminación que el gobierno de la Generalitat planea realizar el 1 de octubre (1-O). Es casi una perogrullada recordar que mientras la Generalitat no controle la totalidad de los ingresos impositivos devengados en Cataluña, la independencia política constituye una quimera imposible de implementar, porque sin las arcas repletas el gobierno de la futurible república no podría pagar las nóminas de los empleados públicos, ni las facturas de los proveedores, ni tampoco abonar las pensione y las prestaciones a los desempleados ni realizar otras transferencias sociales.

Junqueras, Puigdemont y Salvadó, secretario de Hacienda, en la presentación de la Agencia Tributaria Catalana el 5 de septiembre.

En la escenificación de ayer, protagonizada al alimón por el presidente Puigdemont y el vicepresidente Junqueras, conviene distinguir entre la gesticulación política y la realidad fiscal pura y dura.  El gobierno de la Generalitat estaba obligado a realizar antes del 1-O un gesto de esta naturaleza para dar a entender a las huestes secesionistas su firme determinación de seguir adelante hasta el final, y convencer a los posibles votantes de que, con la ampliación de la ATC anunciada, todo está a punto, como rezaba el lema de la Diada de 2016, y la Generalitat puede gestionar la totalidad de los impuestos a partir del 1-O, en caso de que el sí ganara el ilegal referéndum.

En esta ocasión, la realidad no está a la altura de los deseos. Lo que en realidad hicieron Puigdemont y Junqueras fue oficializar la puesta en marcha de 13 nuevas oficinas territoriales que, como puede comprobarse en la página de internet, empezaron a funcionar ese mismo 4 de septiembre. Estas nuevas oficinas, junto con la oficina territorial del Barcelonés Norte, ya existente, la delegación central, las cuatro delegaciones provinciales y las 13 oficinas de que ya recaudan los impuestos municipales completan el organigrama de 32 centros desplegados a lo largo de las cuatro provincias que cuentan con entre 700 y 800 empleados, 200 de ellos provenientes de las oficinas de Registradores.

Diga lo que diga Junqueras, la actual configuración de la ATC no permite gestionar 42.000 millones de recaudación por dos razones elementales: ni puede legalmente hacerlo ni dispone de los medios materiales para ello. Para empezar, la ATC, como otras agencias tributarias, sólo puede recaudar los impuestos cedidos en su totalidad a las CCAA –patrimonio,  transmisiones y actos jurídicos documentados, sucesiones y donaciones, juego y el impuesto especial sobre medios de transporte–, además de los impuestos propios. Está por ver si la ATC, como pretende el gobierno de la Generalitat, recauda los 2.500 millones de impuestos estatales devengados en el sector público catalán. Por último, conviene recordar a los olvidadizos que la ATC tampoco dispondría de las cotizaciones sociales que ingresa la Tesorería General de la Seguridad Social y que, en consecuencia, el gobierno de la Generalitat tampoco podría hacer frente al pago de las pensiones contributivas, las prestaciones por desempleo y otras transferencias sociales gestionadas por la Administración de la Seguridad Social y el SEPE.

Aclaración

Pocas horas después de oficializar la inauguración de las treces nuevas sedes territoriales, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas hacía público un comunicado en el que, tras reconocer la competencia de la ATC sobre los impuestos propios y cedidos, aclaraba “que para el resto de los tributos la normativa establece que los deberes de presentar las declaraciones y de pagar las deudas tributarias sólo se tienen por cumplidos si se realizan en la Administración competente”, de modo que “si se presentan ante otra Administración se tendrán por no presentados y las deudas por no cumplidas”.

La nota del MINHAP dejaba meridianamente claro que ni siquiera los empleados del sector público de la Generalitat podrán presentar sus declaraciones de los impuestos estatales no cedidos en la ATC ni saldar por esta vía sus deudas tributarias con Hacienda. Insistía, además, en que “el Tribunal Constitucional ha anulado todas aquellas previsiones que excedían el marco constitucional y estatutario” con las que el gobierno de la Generalitat pretendía convertir la ATC en la ‘Hacienda propia’ de Cataluña. Por otra parte, Gestha, la asociación de Técnicos del Ministerio de Hacienda, estima que la ATC necesitaría incorporar más de 4.200 empleados  adicionales a su recientemente ampliada plantilla para poder gestionar los impuestos estatales.

Puigdemont en la insólita inauguración de la embajada de la república de PuigCupqueras en Copenaghe el 30 de agosto de 2017 en la más estricta intimidad.

De momento, la realidad contradice las afirmaciones de Puigdemont y Junqueras: la ATC ni está legalmente capacitada para gestionar los impuestos estatales ni puede con sus 700-800 empleados actuales gestionar 42.000 millones. La expansión territorial de la ATC recuerda la políticas de inauguración de ‘embajadas’ del gobierno de la Generalitat en los últimos años, la última de ellas en Copenhague con presencia de Puigdemont y la hermana Guardiola, ex–jugador del CF Barcelona y de la selección española, convertida en ‘secreta ambasciatrice’. ¿Está en condiciones el gobierno de la Generalitat de sustituir al Ministerio de Asuntos Exteriores? No, naturalmente, pero la creación de ‘embajadas’ ayuda a trasladar la sensación de que la futurible república catalana cuenta ya con una eficaz policía, capaz de mantener el orden público y hacer frente al terrorismo, un ‘ministerio de asuntos exteriores’ capaz de promover los intereses de las empresas catalanas, y ahora una agencia tributaria moderna, transparente y eficaz.

Puigdemont, Romeva y Guardiola, la secreta “embasciatrice”.

La tozuda realidad indica que el gobierno de la Generalitat dilapida varias decenas de millones cada año creando entidades superfluas e innecesarias para alimentar el proceso secesionista. Aunque no conviene minimizar la amenaza que supone para la igualdad de los españoles las pretensiones del gobierno de la Generalitat de gestionar 46.000 millones, la noticia quizá más preocupante de las aparecidas sobre la expansión territorial de la ATC sea que su finalidad podría ser la de gestionar una “hipotética mejora del sistema de financiación en el caso de que haya una negociación entre los gobiernos de la Generalitat y del Estado después del 1-O”. Esperemos que después del 1-O, el Estado no cometa el error de ampliar las competencias tributarias de una Administración que ha demostrado durante los últimos años todo menos lealtad al proyecto de Estado social y democrático de Derecho vigente en España desde 1978.

Puigdemont departiendo con dos lideresas de la CUP en el Palau del gobierno de la Generalitat.

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