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Resultados electorales y la tragedia del País Vasco

El cansancio político se deja sentir entre los ciudadanos cuya capacidad de aguante se encuentra ya al límite. Como los acalambrados futbolistas miran ansiosos el cronómetro en las prórrogas de los partidos, así miramos el calendario los ciudadanos ansiosos por llegar la final de un ciclo electoral que se inició con las elecciones municipales y autonómicas celebradas el 27 de mayo (27-M) de 2023 y no tiene visos de acabar nunca. Los malos resultados cosechados por el PSOE-PSC el 27-M indujeron al presidente Sánchez a anticipar las elecciones generales para frenar el deterioro, recomponer sus alianzas con los partidos que lo auparon a La Moncloa el 1 de junio de 2018, y prolongar su estancia en La Moncloa.

Pendiente de sus avalistas

Pero los resultados electorales del pasado 23 de julio (23-J) vinieron a confirmar la derrota del 27-M y nos abocaron a soportar dos sesiones de investidura al término del tórrido verano. La primera, protagonizada por Feijóo ganador de las elecciones del 23-J, tuvo lugar los días 26-27 de septiembre y resultó, como era previsible, fallida, al contar únicamente con el respaldo de VOX, UPN y CC. No ocurrió así con la de Sánchez quien, tras negociar con el prófugo de Waterloo una ley de amnistía para borrar todos los delitos relacionados con el proceso secesionista cometidos entre 2012 y el 13 de noviembre de 2023, logró salir investido el 16 de noviembre tras registrar tres días antes en el Congreso la vergonzante Proposición de Ley Orgánica de Amnistía, rechazada casi unánimemente por jueces y fiscales y vista con mucho recelo en la UE. Investidura a cambio de amnistía se ha dicho con razón y comparto la opinión de quienes consideran que esta norma, flagrantemente contraria al imperio de la ley, no llegará a aplicarse nunca.

Con el gobierno de Sánchez pendiente de los movimientos de cada uno de sus múltiples avalistas afrontamos las dos nuevas citas electorales, el 21 de abril (21-A) en el País Vasco y 12 de mayo (12-M) en Cataluña. Más allá de las consecuencias que puedan tener sobre la conformación de los próximos gobiernos autonómicos, la competencia entre EH Bildu y PNV, en el primer caso, y ERC y Junts, en el segundo, nadie duda que pueden resultar también cruciales para el devenir del gobierno de Sánchez en los próximos meses, cuya suerte pende de demasiados hilos controlados por fuerzas políticas que compiten entre sí por ser hegemónicas en sus Comunidades y han dejado siempre muy claro que su apoyo a Sánchez es circunstancial e interesado. Todas ellas comparten el principio de que España y su gobierno son asuntos ajenos a vascos y catalanes y sólo les conciernen en la medida en que pueden extraer ventajas para establecer, en el mejor de los casos, un estado confederal.

Encuestas electorales en el País Vasco

El 10 de abril, el CIS publicaba los resultados de una encuesta electoral (realizada entre el 18 y 22 de marzo) que otorgaba a EH Bildu una ligera ventaja (34,2 % -35,1 %) de los votos sobre el PNV (32,6 % – 33,5 %), situaba al PSE-PSOE en tercera posición (13,3 % -14,1 %) y al PP (6,7 % – 7,0 %) en cuarta. A la vista de lo ocurrido en Galicia, resultaría aventurado otorgar demasiada confianza a las estimaciones de un CIS atenazado desde hace años, si bien hay alguna otra encuesta que apunta la posibilidad de que se produzca el temido zarpazo de EH Bildu (véase, Gráfico 1). En todo caso, a los más racionalistas quizá les llame la atención que una ligera mayoría de los encuestados prefiera que el PNV sea el partido que gane las elecciones (29,9 % frente a 29,0 % EH Bildu), que Pradales, candidato del PNV, sea el preferido para ser investido Lendakari (28,2 %) frente a Otxandiano (26,8 %), pero que el candidato de EH Bildu supere ligeramente en valoración (5,51) a Pradales (5,47). La pugna está desde luego entre las dos formaciones nacional-secesionistas, muy igualadas, y quien acabe al frente del gobierno va a depender, casi con toda seguridad, de cuál sea el partido al que PSE-PSOE preste su apoyo.

La disputa mediática entre los líderes del PNV y EH Bildu por hacerse con el gobierno de Vitoria ha sido especialmente cínica y cobarde durante la campaña electoral. El PNV, firmante del pacto de Estella en 1998 con Herri Batasuna y algunas otras organizaciones sindicales afines a la banda terrorista ETA, reconocía en ese documento “la naturaleza política” del conflicto y sostenía “consecuentemente, que también su resolución ha de ser política”. Ahí, si no antes, comenzó el proceso de blanqueamiento de la banda terrorista por parte de los líderes del PNV que ahora se enfrentan a la posibilidad de que los herederos políticos de ETA le quiten algo que ellos entienden les corresponde por derecho natural: el liderazgo del auténtico pueblo vasco. Quiero recordar que el partido político Herri Batasuna, firmante del pacto de Estella junto al PNV, fue ilegalizado por el Tribunal Supremo el 27 de marzo de 2003 por su vinculación con la banda terrorista ETA. ¿Cómo pueden achacar a los líderes de Bildu que no condenen a ETA quienes no tuvieron ningún inconveniente en firmar un pacto con Batasuna que enmarcaba el terrorismo de ETA dentro de un supuesto conflicto político y demandaba que su resolución fuera igualmente política?

Gráfico 1. Resultados de las encuestas electorales en el País Vasco

Fuente: laSexta.

Bildu, blanqueador de ETA

Para EH Bildu, todas las actividades de ETA incluida la lucha armada en todas sus variantes y los centenares de crímenes colectivos e individuales perpetrados por la banda durante décadas, forman parte de ese conflicto político secular entre España y Euskadi. Así lo entendieron los brazos políticos de la banda terrorista hasta la disolución definitiva de ésta en 2018, incluidos sus herederos políticos, la coalición EH Bildu, desde que la banda anunció el abandono definitivo de la lucha armada el 20 de octubre de 2011. ¡Cómo puede Pradales reprocharle a Otxandiano que califique a ETA de “grupo armado” y tener el cuajo de recordarnos que él cabeza de lista de Bildu tiene una «asignatura ética pendiente desde hace años», a saber, condenar a toro pasado a la banda! Sres. del PNV: el terrorismo de ETA había que condenarlo cuando ETA mataba y extorsionaba, cuando ustedes firmaron el Pacto de Estella con Herri Batasuna en 1998. ¡Han tardado mucho tiempo en echárselo en cara!

Nadie debiera escandalizarse porque EH Bildu homenajee a los etarras condenados por terrorismo cuando abandonan las cárceles españolas ni rasgarse las vestiduras cuando incluyen a antiguos miembros de la banda en sus listas electorales. Para los militantes de Herri Batasuna y Batasuna en los años de plomo, como para los líderes de EH Bildu ahora, ETA fue una organización históricamente necesaria para desatascar el secular conflicto político y avanzar hacia la recuperación de la soberanía originaria del pueblo vasco. Lo que para las fuerzas de ocupación y los partidos españolistas fueron asesinatos y secuestros execrables, para ETA y su entorno no dejan de ser víctimas de la lucha armada librada por los heroicos gudaris vascos contra las fuerzas de ocupación españolas.

Responsabilidad de Sánchez

La tragedia del pueblo vasco no radica en que estas elecciones acaben ganándolas el PNV o EH Bildu -aunque que lo haga uno u otro no deja de tener su importancia-, sino que uno de los dos vaya a ganarlas. Que EH Bildu tenga posibilidades de convertirse en la primera fuerza política da una idea de la degradación moral en que el terrorismo y la extorsión de ETA, por una parte, y la acción de gobierno del PNV, por otra, han sumido a la sociedad vasca. Y que acabe en segundo lugar, pisándole los talones al PNV, sólo puede servir de consuelo a quienes, como Sánchez, consideran algo más presentable para los suyos apoyar a Pradales que a Otxandiano en Vitoria. Una actitud, todo sea dicho, cínica en extremo. El PSOE de Sánchez no puede echarle en cara a Bildu su desprecio a las víctimas en esta campaña electoral y considerarlos al mismo tiempo socios prioritarios en el Congreso para seguir en La Moncloa.

Que quienes han rechazado inequívocamente el orden constitucional que refrendamos los españoles el 6 de diciembre de 1978 y se han valido durante décadas de todos los medios a su alcance, terrorismo incluido, para derribarlo hayan sido, sean y vayan a seguir siendo, si así lo consideran conveniente ellos, socios prioritarios de los gobiernos de Sánchez, dice también mucho sobre la degradación moral en que este personaje ha sumido al PSOE, al gobierno de España y al Congreso. A las víctimas, Sr. Sánchez, ETA y su entorno no las despreciaban, las asesinaban, y considerar a Bildu una fuerza progresista es una infamia que inhabilita como político a quien lo hace. A usted, Sr. Sánchez.

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Último aquelarre de ETA en Iparralde

Artículo publicado en el diario Expansión el 9 de mayo de 2018.

Llegó ETA exhausta a su fin tras seis décadas en las que sus arrogantes pistoleros dedicaron sus vidas a quitársela a todos aquellos que se opusieron a sus designios o la fatalidad los llevo a cruzarse en su camino. Eso sí, nunca expusieron en vano su pellejo: mejor ir a la cárcel, ya saldremos y seremos homenajeados, se decían, que acompañar a sus víctimas al otro barrio. Un día antes de la escenificación del aquelarre en Cambo-les-Bains (Francia), dos reputados matones, Urruticoechea máximo dirigente de la banda desde los años 80, en situación de busca y captura desde hace 15 años, e Iparraguirre miembro de los comandos Araba y Madrid y jefa de comandos legales, actualmente encarcelada en Francia, pusieron voz al comunicado final de la banda. Dieron por concluido el “ciclo caracterizado por la violencia política” y anunciaron el inicio de una nueva fase de “lucha por una Euskal Herria reunificada, independiente, socialista, euskaldún y no patriarcal en otros ámbitos” para “materializar el derecho a decidir”.

Urruticoechea, Josu ‘Ternera’ máximo dirigente de ETA en su sillón de parlamentario en El País Vasco. Lleva 15 años huido de la justicia. ¿Tan difícil resulta dar con él?

Sólo algún ingenuo se habrá sorprendido ante esta nueva exhibición de hipocresía por parte de los desalmados que justificaron una y otra vez en nombre del pueblo vasco sus crueles atentados y ejecuciones y se burlaron sin compasión de los familiares de las víctimas. Al margen de la extorsión generalizada a familias y a empresas y la salida forzosa de más de cien mil personas de El País Vasco, el macabro balance de las casi seis décadas de actividad de la banda arroja cifras espeluznantes: miles de actos terroristas y decenas de secuestros que causaron la muerte a más de ochocientas personas y dejaron varios miles de víctimas en las cunetas de la historia. Hay algunas dudas sobre las cifras exactas de la barbarie pero ninguna sobre la crueldad de los ejecutores y la magnitud de las irreparables tragedias infligidas.

Funeral de una de los cientos y cientos de víctimas de la barbarie terrorista de ETA.

Del bochornoso espectáculo en Cambo-les-Bains, hay varias cosas que como ciudadano de un Estado democráticos me llamaron poderosamente la atención. La primera sorpresa fue la presencia de algunos señores con traje y corbata que se sumaron sin pudor alguno a los valedores y cachorros de ETA, vivos y en cuerpo presente, para respaldar la pantomima. No podía faltar a la cita Gerry Adams, líder del Sinn Fein, el brazo político de la organización terrorista irlandesa IRA hermandad con ETA. Pero encontré de todo punto inapropiado la presencia de Jean René Etchegaray, presidente de la

La retaguradia de ETA: Currin, Etchegaray y Adams.

mancomunidad de Iparralde (Euskadi Norte) y alcalde de Bayona, una ciudad enclavada en el departamento de los los Pirineos Atlánticos que ha sido refugio de infinidad de comandos terroristas y desde donde las cúpulas de ETA planearon tranquilamente sus asesinatos y extorsiones. Aunque sólo fuera por haber servido de escondrijo a tantos criminales durante tantos años, Etchegaray debería haber excusado su asistencia a tan vergonzoso encuentro.

Etchegaray, alcalde de Bayona y presidente mancomunidad de Iparralde (El País Vasco francés.

Fuera de lugar encontré también la presencia de Michel Camdessus, exdirector general del FMI, quefue el encargado de leer en francés la llamada declaración de Arnaga. El documento, leído en primer lugar en vascuence por  Irati Agorria, una guerniquesa del partido de Otegui, lamenta que el Gobierno de España no abriera negociaciones con ETA tras la ‘conferencia internacional’ de Aiete en octubre de 2011 e invita a las partes a iniciar un proceso de reconciliación. El abogado sudafricano Brian Currin, director del International Contact Group y coordinador del acto, abrió la jornada con unas palabras francamente desafortunadas: «hoy es

Ortuzar, presidente del PNV, conversando animandamente con Otegui, terrorista de ETA y líder actual de EH Bildu, su organización política.

un  día de celebración», dijo, digno incluso de convertirse en fiesta nacional. ¿Para quién Sr. Currin? Desconozco si se habrá formulado usted esta pregunta pero puedo asegurarle que a muy pocos españoles se nos ha pasado por la cabeza celebrar la escenificación que ha organizado con tan selectos y numerosos invitados para dar el último adiós a la banda que sembró el horror en un estado democrático de la UE. Desconozco qué papel desempeñó usted en Sudáfrica durante el apartheid y más tarde en Irlanda del Norte, pero puedo asegurarle que haberse prestado a otorgar cierta solemnidad al funeral de ETA empaña su curriculum.

Otegui con Arzalluz (PNV) y el lehendakari Goicoechea (Eusko Alkartasuna) tras firmar el pacto de 1999. Sonrientes y cogiditos de la mano mientras ETA masacraba a los españoles.

Pero el colmo de la desvergüenza fue ver a los líderes del PNV, Elkarrekin Podemos y de las organizaciones sindicales ELA, LAB y UGT compartir con Otegui las butacas de platea y conversar animadamente con el terrorista que tras salir de la cárcel vuelve a ser lacabeza visible de EH Bildu, el brazo político de ETA. Ordóñez, Múgica, Casado, Buesa, Becerril, Tomás y Valiente, Lluch, Blanco, Broseta, Pagazaurtundúa, y tantos otros asesinados por la banda llevan demasiado tiempo muertos como para levantarse de sus tumbas y gritar ¡Basta ya! La guinda del aquelarre la pusieron Urkullu y Barko, los presidentes de los gobiernos de El País Vasco y la Comunidad Foral de Navarra, respectivamente, que permanecieron

Urkullu y Barkos en rueda de prensa el 4 de mayo de 2018, nada más finalizar la ‘conferencia’ en Cambo-des-Baines.

agazapados en el Señorío de Bertiz tomando el aperitivo a la espera de que terminara la función en Cambo-les-Baines. Luego, comparecieron juntos ante los medios para reclamar el acercamiento al País Vasco de los terroristas encarcelados. Dios los cría y ellos se juntan. Sólo eché en falta en el ágape al obispo Setién siempre tan comprensivo  con “el mundo de los verdugos”.

Setién dedicando la mejor de sus sonrisas a familiares de terroristas presos.

 

 

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¿Nos hemos tomado los españoles en serio a ETA?

Nota explicativa: este es el texto sin modificación alguna del artículo que escribí en enero de 2007, hace más de 11 años, sobre ETA. Intenté publicarlo sin éxito en algunos diarios que hoy condenan el terrorismo sin paliativos pero que habían mantenido y todavía mantenían entonces posiciones mucho más ambiguas.

Las últimas encuestas vuelven a situar la actividad terrorista de ETA a la cabeza de los problemas más importantes de nuestra sociedad. No es extraño que así sea. Cada nuevo acto de violencia contra la propiedad, cada nueva acción de intimidación contra las personas y cada nuevo asesinato renueva la sensación de impotencia entre los ciudadanos desarmados ante la barbarie terrorista, cuidadosamente organizada y ejecutada. Día a día, muerto a muerto, entre quehaceres rutinarios y sobresaltos violentos, van pasando los años, hasta que un día caemos en la cuenta de que la mayoría de nosotros -y muy especialmente los ciudadanos del País Vasco- hemos vivido gran parte de nuestras vidas con el lastre de terror asido a nuestras espaldas.

Los numerosos éxitos policiales -desarticulación de comandos informativos y operativos, legales e ilegales; extradiciones y detenciones de activistas, dirigentes de la organización, etc.- nos han familiarizado con la terminología del terror, pero no han bastado para acabar la barbarie terrorista. Lo que es peor, este fracaso de la política democrática frente a la descarnada práctica terrorista ha impedido a los ciudadanos del País Vasco, la gente que vive allí con apellidos y Rh de variada etimología y signo, y también, aunque en menor medida, al resto de ciudadanos españoles, manifestar sus opiniones y vivir plenamente la democracia por temor a las amenazas, agresiones y posibles atentados. ¡Basta ya! claman los ciudadanos indefensos y atemorizados por 40 años de extorsión y asesinatos.

¿Han estado y están nuestros representantes políticos a la altura de las circunstancias? Por pensar lo mejor, diría que han pecado de exceso de confianza. Quizás creyeron ingenuamente que la consolidación de la democracia en España, la aprobación del Estatuto de Autonomía del País Vasco, la unidad formal de los partidos democráticos frente a ETA y los éxitos policiales conducirían inexorablemente a una solución negociada. No ha sido así: han pasado cerca de 30 años desde la instauración de la democracia en España y ETA continúa dispuesta a seguir eliminando a los adversarios políticos de un tiro en la nuca, a hacer saltar por los aíres a cualquier miembro de los cuerpos de seguridad y a matar a cualquier pobre ciudadano que tenga la mala suerte de cruzarse en su camino de destrucción.

Otegui, Arzallus y Garaicoechea.

En la supervivencia de ETA seguramente ha jugado un papel importante la asunción por algunos dirigentes y parte de las bases de los partidos nacionalistas vascos (Partido Nacionalista Vasco y Eusko Alkartasuna) las tesis de alcanzar la independencia y reunificación de unos territorios que nunca fueron independientes, ni nunca formaron una unidad política. Igualmente saludable para la organización terrorista ha sido que un grupo mucho más reducido de ciudadanos vascos, los votantes de Batasuna, hayan llegado a aceptar la amenaza y la extorsión cotidiana como un precio inevitable para lograr esos objetivos y hasta a justificar la muerte de quienes no piensan como ellos. Pero, en última instancia, la supervivencia de ETA requiere, además de ese caldo social e ideológico favorable, contar con una organización eficaz que acoge, financia, pertrecha y defiende a los muy pocos ciudadanos vascos que están dispuestos a amenazar, extorsionar y matar a todo aquel que no comparte sus objetivos políticos.

A pesar de estos factores que favorecen su permanencia, considero que ETA continúa siendo tan eficaz porque los responsables políticos españoles nunca se han tomado suficientemente en serio a la organización terrorista. No querría que se me malinterpretara. Descontando a los familiares de las víctimas, quizás sean el Ministro de Interior y el Presidente de Gobierno de turno quienes más directamente sufren cada zarpazo terrorista. Mi solidaridad para con ellos. Pero dicho esto, quiero añadir a renglón seguido que los sucesivos Gobiernos democráticos han puesto menos empeño en acabar con ETA que en construir autovías, aeropuertos y trenes de alta velocidad, en adquirir nuevos equipamientos para las fuerzas armadas, en extender y mejorar la cobertura sanitaria o el sistema de pensiones, etc. Como economista, bien sé que los recursos disponibles para atender las múltiples necesidades sociales son escasos. Lo que mantengo es que nuestros políticos no han dedicado a la lucha contra ETA unos recursos acordes con la importancia que los ciudadanos españoles conceden a este problema y los recursos de que disponen las Administraciones Públicas en nuestro país

¿Qué entiendo por tomarse en serio la lucha contra ETA? En primer lugar, contar con unos cuerpos de seguridad equipados con la mejor tecnología para desarrollar su cometido y con instrucción apropiada para atender a los dos aspectos esenciales de la lucha antiterrorista: la defensa efectiva de los potenciales ciudadanos y organizaciones amenazados y la ejecución de las acciones propiamente antiterroristas. Para cumplir estas misiones con eficacia, las  fuerzas deberían estar dirigidas por profesionales altamente cualificados, dedicados exclusivamente a diseñar, planificar y monitorizar acciones contra la banda terrorista en coordinación con las fuerzas de seguridad francesas y los órganos judiciales competentes. Naturalmente, una organización de tan alto nivel no se improvisa en un día, pero casi 30 años de democracia debería haber bastado para hacer grandes avances en esa materia. Sin embargo, cuando se repasa la galería de personajes con responsabilidades en la lucha antiterrorista que han desfilado por los tribunales de justicia, llegamos a la triste conclusión de que los responsables políticos de nuestra democracia han fallado estrepitosamente en esta materia.

En segundo lugar, la lucha eficaz contra ETA requiere contar con un presupuesto suficiente para desarrollar todas las actividades que el mando antiterrorista considere necesarias y debilitar a la organización en todos los frentes, interior y exterior, siempre eso sí dentro del más escrupuloso respeto a la legalidad constitucional. ETA declaró la guerra al Estado español y no ha dudado en servirse de todos los medios legales e ilegales a su alcance para alcanzar sus fines. Ante esta cruel realidad, los responsables políticos de nuestra democracia deberían haber antepuesto la lucha antiterrorista a la realización de otros proyectos, juzgados menos importantes por los ciudadanos españoles. Unas dotaciones presupuestarias más generosas habrían permitido remunerar de forma acorde con la importancia y riesgo de su misión a los cuerpos de seguridad encargados de ejecutar las políticas contra el terrorismo y de mejorar la seguridad pasiva, individual y colectiva, de esas fuerzas de seguridad, de los políticos de los partidos no nacionalistas y de los familiares de unos y otros. Un presupuesto más elevado habría permitido también desarrollar un mayor número de operativos preventivos de contravigilancia, de seguimiento de presuntos miembros y simpatizantes de ETA, dentro y fuera del País Vasco, de infiltración en la organización, etc. Siempre quedará flotando en el aire la duda de cuántos asesinatos y actos terroristas podrían haberse evitado si los Gobiernos de España hubieran dedicado más recursos a combatir a ETA y su entorno civil. En todo caso, el Gobierno de la octava potencia económica mundial -con un PIB cercano al billón de euros- debería plantearse de forma inmediata la necesidad de asignar un presupuesto más acorde a la importancia que los ciudadanos conceden a la lucha contra la organización terrorista.

Finalmente, tomarse en serio a ETA exige realizar un esfuerzo sostenido para desmantelar la red habitual de extorsión de la organización que permite financiar sus  actividades delictivas y las de las organizaciones políticas afines. Y en este terreno lo que hemos leído y oído durante décadas produce

Registrando una Herriko taberna.

estupor. ¿Cómo es posible que se haya hablado y escrito tanto sobre el llamado impuesto revolucionario que pagan los empresarios vascos y navarros a ETA casi con la  misma naturalidad con que la que se habla y escribe sobre el impuesto de sociedades? ¿Qué ha hecho el estado democrático para desmantelar las redes de extorsión de la organización terrorista que siguen incluso hoy operativas? ¿Qué ha hecho para impedir que los empresarios paguen? La detención ocasional de los responsables de administrar el botín de la organización apenas tiene consecuencias prácticas para la organización, en tanto los recaudadores de ETA continúen actuando y la organización cuente con recursos suficientes para seguir financiando sus actividades delictivas y propagandísticas.

Para la inmensa mayoría de los ciudadanos, ETA ha sido y continúa siendo el principal problema de nuestra joven democracia, una organización totalitaria cuya sola presencia deja inconcluso el proceso de transición a la democracia iniciado en 1975. Tras décadas de sufrir sus criminales zarpazos, a nadie puede extrañar que surjan voces, incluso algunas bien intencionadas, pidiendo que se dialogue con la banda y su entorno civil para acabar con esta lacra. Pero no hace falta ser un lince para prever que para que una negociación con la banda acabe definitivamente con el terror hace falta que ETA esté económicamente exhausta, militarmente muy debilitada y sus dirigentes tengan la certeza de  que nunca lograrán extraer concesiones políticas del Gobierno español.

Para llegar a esa situación y alcanzar los objetivos intermedios descritos, el Gobierno debería, en primer lugar, aumentar sustancialmente los recursos humanos y materiales que destina a la lucha antiterrorista, y, en segundo lugar, impulsar un pacto con el primer partido de la oposición que asegure a las dos fuerzas políticas que previsiblemente gobernarán España en los próximos diez años, PSOE  y  PP, una participación paritaria en un eventual proceso de negociación con ETA para acordar el cese definitivo de sus actividades delictivas, cuando quiera que ese momento llegue y con independencia de qué partido ejerza las responsabilidades de Gobierno en ese momento. Estoy convencido de que la inmensa mayoría de los españoles acogería con entusiasmo un pacto de esta naturaleza que apartara definitivamente el terrorismo de la contienda partidista y aceptaría de buen grado la diversión de recursos necesaria para financiar la intensificación de la lucha contra ETA. El tiempo y las vidas perdidas ya no se podrán recuperar, pero más vale rectificar el rumbo tarde que nunca.

Bellaterra, 31 enero 2007.

 

 

 

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EiC denuncia una nueva irresponsabilidad de Puigdemont

¿Dónde estaban Otegui, Carod-Rovira,Forcadell, Barrufet, Fernández y Tardà?

El 19 de junio de 1987 la banda terrorista ETA perpetró uno de sus atentados más sangrientos en el aparcamiento del supermercado Hipercor, situado en la Avda. Meridiana de Barcelona. Fallecieron 21 ciudadanos españoles, otros 45 sufrieron heridas de diversa consideración y se truncó para siempre la vida de decenas de familias. Dos de los terroristas que formaban el comando Barcelona, Domingo Trotino y Josefa Ernaga salieron de prisión tras cumplir 26 y 27 años de condena, respectivamente; Rafael Caride, arrepentido, abandonará la prisión en breve tras cumplir 30 años; y Santiago Arróspide, jefe del comando, continúa preso. Las víctimas que sobrevivieron y todos los familiares siguen sufriendo (y sufrirán de por vida) las consecuencias irreparables de los crímenes de estos cuatro sicarios.

Otegui con Barufet y Fernández (CUP), Tardà (ERC) y Lluis Llach.

Puigdemont durante su intervención en el acto de homenaje a las víctimas de Hipercor.

Con motivo del XXX aniversario del atentado, el gobierno de España, el gobierno de la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona han querido honrar a las víctimas organizando y sumándose a diversos actos conmemorativos que se han celebrado en Barcelona estos días. En uno de ellos, Puigdemont, el Nada Honorable (N. H.) presidente de los secesionistas catalanes, llamó al ‘pueblo catalán’ a resistir a quienes se oponen a la secesión de Cataluña como la misma determinación que la sociedad resistió los embates criminales de ETA. El movimiento cívico EiC condena esta irresponsable y ofensiva comparación que ha suscitado, lógicamente, el rechazo unánime de los partidos de la oposición, del gobierno de España y de casi todos los ciudadanos decentes y con sentido común.

Otegui con Forcadell (ERC), presidenta del Parlament de Cataluña.

Maragall (PSC) y Carod-Rovira (ERC) haciendo turismo en Israel durante el primer tripartito-

A los catalanes que venimos denunciando desde hace años las políticas sectarias y anticonstitucionales del gobierno de la Generalitat, la ‘salida de tono’ de Puigdemont no nos ha pillado por sorpresa. El N.H. vicepresidente de la Generalitat Carod-Rovira (ERC) ya tuvo la desfachatez de reunirse con terroristas de ETA en Francia para pedirles que mataran fuera de Cataluña. Hace un par de meses vimos a un terrorista de Terra Lliure, Carles Sastre i Benlliure, condenado por el asesinato del industrial José María Moltó Marqués, junto a Puigdemont, Junqueras y Colau –y al lado del ex-juez Vidal – en la foto de familia que reunió a los integrantes del llamado pacto por el derecho a decidir’ en el Parlament de Cataluña. Y la CUP-CC, apoyo indispensable del gobierno de Puigdemont-Junqueras, mantiene excelentes relaciones con Otegui, condenado por pertenecer a ETA. Los mismos perros con distintos collares.

Puigdemont y Gabriel celebrando alguno de sus pactos golpistas.

Fernández (CUP) con Otegui: «que grandes somos».

 

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