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9-J: elecciones europeas en clave nacional

La pirueta circense de comunicarnos en una misiva pública su decisión de retirarse durante cinco días al rincón de pensar en La Moncloa, nada más conocer (y ocultarnos a los lectores) que su esposa estaba siendo investigada judicialmente por sus actividades profesionales de carácter privado, ha convertido las elecciones europeas del próximo 9 de junio (9-J) en una suerte de plebiscito sobre la continuidad del presidente que con más reiteración ha engañado a los ciudadanos desde la instauración de la democracia. Perseguido, allá donde va, por las sombras alargadas de la amnistía concedida al prófugo de Waterloo (el mismo que nos prometió traer a España para sentarlo en el banquillo), y varios escándalos que afectan de lleno a su partido (casos Tito Berni y Koldo-Ábalos) y hasta a su entorno familiar más próximo (caso Begoña Gómez), muchos ciudadanos sentimos que, con independencia del resultado de las investigaciones judiciales en curso, la figura y su crédito político están ya muy mermados para seguir al frente del gobierno, máxime cuando el propio Sánchez ha hecho tantas veces bandera de la honradez centenaria de su partido y apelado a la falta de decencia para exigir la cabeza de sus contrincantes políticos.

Las andanadas de las vicepresidentas, la portavoz del gobierno y algunos ministros contra los medios de comunicación que han publicado noticias referentes a las actividades de Begoña Gómez y las maniobras de la fiscalía para archivar el caso no pueden ocultar lo que son hechos incontestables, a saber, que la esposa del presidente escribió varias cartas recomendando la concesión de ayudas públicas a empresas que a su vez financiaban sus actividades profesionales. Miriam González, abogada y esposa de Clegg explicaba en una entrevista reciente (El Mundo, 5 de mayo) su experiencia mientras su marido fue viceprimer ministro del Reino Unido entre 2010 y 2015. Desde el primer momento, tuvo como interlocutora a Sue Gray, actual jefa de gabinete del líder laborista, en la Oficina de Ética de la Administración a la que “informaba todas las semanas. Yo les tuve que decir a todos mis clientes que no podían ser completamente confidenciales y que tenía que dar sus nombres a otras personas”. Y concluye con esta afirmación clara y rotunda: “si yo llego a actuar como Begoña Gómez y hubiese recomendado que se diesen fondos públicos a unas empresas, aunque esa carta no hubiese sido determinante, se me hubiese echado todo el país encima. Todo el Reino Unido y con razón, claro”.

Cuando al exvicepresidente Guerra se le ha preguntado sobre la constitucionalidad de la amnistía a los golpistas catalanes, siempre ha respondido que antes de hablar sobre si la amnistía cabe o no en la Constitución (que no cabe), “hay que preguntarse si el acto es justo o no lo es, si es puro o impuro”. Del mismo modo, antes  de arrojar toneladas de lodo sobre los medios de comunicación que han revelado las actividades de la Sra. Gómez y tratar de interferir a través de la fiscalía en el curso de la investigación judicial, hay que plantearse si resulta admisible que la esposa del presidente escriba cartas de recomendación a organismos públicos (incluido el Consejo de ministros presidido por su propio marido) para que se otorguen subvenciones a empresas privadas que a su vez patrocinan sus actividades igualmente privadas en la cátedra que codirige en la Universidad Complutense de Madrid. No, no lo es, bajo ningún concepto, ni siquiera si esas cartas no resultaron determinantes en la concesión de las ayudas.

La conclusión que cabe extraer de este bochornoso espectáculo es que la capacidad de discernimiento de Sánchez, tras varios años en la Moncloa y algunos más al frente de la secretaría general del PSOE, se ha debilitado hasta el punto de dar por descontado que ni él ni ningún miembro de su familia han de rendir cuentas de sus actos ante los ciudadanos. Basta con una cartita simulando una posible despedida. Las últimas decisiones de Sánchez, el reconocimiento unilateral del estado palestino o el envío de armas a Ucrania por valor de 1.100 millones para prolongar la guerra, no sólo no han sido consensuadas con la oposición, sino que ni siquiera en el último caso han contado con el respaldo de sus propios socios de gobierno (Sumar) que las han calificado de opacas y antidemocráticas.

Estas nuevas decisiones del presidente exhalan el mismo aroma autocrático que desprende el contenido de la misiva que Sánchez le dirigió al Rey de Marruecos el 14 de marzo de 2021, y de la que los ciudadanos y nuestros representantes en el Congreso tuvimos noticia unos días después, cuando el presidente decidió filtrarla a un medio de comunicación afín. En esa carta, Sánchez reconocía la soberanía marroquí sobre el Sahara Occidental, rompiendo con la política exterior seguida hasta ese momento y contraviniendo todas las resoluciones de la Asamblea General de la ONU sobre el asunto, instando a celebrar un referéndum para que el pueblo saharaui decida el futuro de la antigua colonia española.

Por todo ello, a la hora de elegir a nuestros representantes el 9-J, cada uno de los ciudadanos deberíamos hacernos al menos tres preguntas antes de votar al PSC en Cataluña y al PSOE en el resto de España:

  • Primera: ¿me gustaría que me representen en la Eurocámara dos partidos que han negociado la amnistía en Bruselas y Ginebra con un prófugo de la justicia española y que, si los tribunales no lo impiden, resultará ser uno de los principales beneficiados de la norma finalmente aprobada el 30 de mayo?
  • Segunda, ¿encuentro aceptable que una ministra como Ribera que ha votado a favor de la amnistía en el Congreso y ha aplaudido las polémicas decisiones de Sánchez de reconocer el estado de Palestina y la soberanía de Marruecos sobre el Sahara Occidental, sin consensuarlas siquiera con la UE, sea quien nos represente en la Eurocámara?
  • Y, tercera, ¿puedo votar a un partido, el PSOE de Sánchez, sobre el que sobrevuelan las sombras de tres casos de corrupción (Tito Berni, Koldo-Ábalos y Begoña-Sánchez) muy graves?

A cada uno de nosotros nos corresponde contestarlas en conciencia y acudir a las urnas el 9-J, venciendo la tentación de quedarnos en casa por tratarse de unas elecciones europeas, porque el resultado va a tener también una lectura en clave nacional e importa mucho que deje en evidencia a quien tanto daño está haciendo a nuestras instituciones democráticas.

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