Artículo publicado desde el Observatorio Económico y Social de España y Cataluña (OBESCAT) en el diario Expansión el 25 de mayo de 2024. Agradezco de antemano su ayuda para difundirlo entre sus amigos y conocidos.
La victoria de Illa y el PSC en las elecciones del 12-M en Cataluña nos sitúa en un escenario político cargado de incertidumbre. El PSC con 872.959 votos ganó holgadamente las elecciones y obtuvo 42 escaños, pero se quedó muy lejos de la mayoría absoluta (68) y está obligado a encontrar compañeros de viaje para ser investido presidente, en primer lugar, y para gobernar en caso de salir investido. Aunque Illa se mostró durante la campaña abierto a pactar un gobierno trasversal, la única posibilidad realista de lograrlo sería alcanzar un acuerdo con la ERC de Junqueras, lo que nos devolvería a reeditar los gobiernos tripartitos presididos por Maragall y Montilla entre 2003 y 2010. Porque hacerlo con Junts se antoja una tarea casi imposible: el prófugo ha dejado muy claro que él es el presidente legítimo de la Generalidad y debe ser restituido en el puesto del que fue arbitrariamente destituido el 27 de octubre de 2017. ¿Acaso no lo reconoce así la ley de amnistía impulsada por el PSOE y el PSC?
Lo cierto es que el secesionismo en su conjunto sufrió un notable correctivo el 12-M. La debacle de ERC que se quedó en 20 escaños, 13 menos que en 2021, y la CUP que perdió 5 de sus 9 diputados, no fue ni de lejos compensada por el aumento de 3 diputados de Junts que pasó de 32 a 35. Entre los tres suman 59 escaños, e incluso contando los 2 diputados de Aliança Catalana sobre la que han establecido un ‘cordón sanitario’, se quedan en 61, muy lejos de los 74 logrados en 2021 por ERC, Junts y la CUP, e insuficientes para devolvernos al 10 de enero de 2016, día en que el prófugo fue investido presidente. El prófugo, reforzado por su modesto avance en votos y escaños, reclamó de inmediato su derecho a presidir el gobierno de la Generalidad con el respaldo de una minoría suficiente “para culminar el proceso de independencia”, aunque Aragonès ya se le había adelantado en la noche electoral al asumir los “muy malos resultados” y avanzar que ERC se iba a la oposición y dejaba en manos del PSC y Junts alcanzar acuerdos de gobierno.
El dilema socialista
Vivimos en tiempos en que la palabra de algunos políticos vale menos que la peseta y son capaces de disfrazar cualquier incumplimiento apelando a los beneficiosos efectos que tendrá en la convivencia y fortalecimiento de nuestras instituciones democráticas, aunque en realidad su efecto sea exactamente el contrario. En este caso, basta con recordar las palabras de Illa cuando repetía sin titubear “ni amnistía, ni nada de eso, lo repito, ni amnistía ni nada de eso”. De todos modos, si Illa decidiera ahora desdecirse del compromiso asumido la noche electoral de presentarse a la investidura, y dejara el terreno expedito al prófugo, unos cuantos cientos de miles de votantes del PSC se sentirían a buen seguro defraudados, como les ocurrió a tantos votantes de Ciudadanos (aunque existan diferencias importantes entre las dos situaciones) cuando Arrimadas escurrió el bulto tras ganar en votos (1.109.722 votos) y escaños (36) las elecciones autonómicas en 2017.
No vamos a descubrir ahora el importante papel desempeñado por el PSC en el proceso secesionista, desde su apoyo férreo a la inmersión lingüística a la primera manifestación unitaria convocada por el presidente Montilla contra el Tribunal Constitucional en julio de 2010, auténtico pistoletazo de salida del proceso secesionista, pasando por la aprobación de un Estatuto de Autonomía el 30 de septiembre de 2005, un texto tan palmariamente inconstitucional que dejó abonado el terreno a los líderes ‘procesistas’ que sucedieron a Montilla al frente del gobierno de la Generalidad hasta el 27-O (los tándem Mas-Junqueras y Puigdemont-Junqueras) e incluso después (Torra y Aragonès). No echen tampoco en saco roto la inclusión del derecho a decidir que figuraba en los programas electorales del PSC entre 2010 y 2012, una exigencia que ahora tienen todos los partidos secesionistas en su agenda: celebrar un referéndum de autodeterminación en Cataluña durante esta legislatura.
Son pues muchas las razones que invitan a la cautela y a poner en cuarentena la promesa de Illa de “abrir una nueva etapa… sin bandos ni bloques”. ¿De veras está dispuesto a gobernar para todos los catalanes? Porque recordemos que el PSC presenta también un historial sectario tan acusado que muchos votantes socialdemócratas decidieron darle la espalda tras constatar atónitos lo que fueron capaces de hacer Maragall y Montilla al frente del gobierno de la Generalidad entre 2003 y 2010. Los pactos del Tinell comprometían a PSC, ERC e ICV-EUiA “a no establecer ningún acuerdo de gobernabilidad (acuerdo de investidura y acuerdo parlamentario estable) con el PP en el Govern de la Generalitat. Igualmente, estas fuerzas se comprometen a impedir la presencia del PP en el gobierno del Estado, y renuncian a establecer pactos de gobierno y pactos parlamentarios estables en las Cámaras estatales”. Por cierto, quiero recordar que PSC, ERC y Comunes celebraron el pasado 23 de diciembre el vigésimo aniversario de tan ignominioso pacto. Y allí estuvo el indignado Montilla celebrando no sabemos qué.
Elecciones europeas a la vista
Los plazos parlamentarios y la inminencia de las elecciones europeas van a hacer muy difícil que se concreten pactos postelectorales antes del 9 de junio (9-N). Hasta que los diputados celebren la sesión constitutiva un día después, las conversaciones entre los partidos tendrán lugar fuera de los focos y se centrarán en alcanzar acuerdos para elegir al presidente, a los dos vicepresidentes y a los cuatro secretarios de la Mesa de la Cámara. Esta primera elección nos dará una primera pista sobre la seriedad del compromiso de Illa de abrir una nueva etapa “sin bandos ni bloques”. La aplicación de un criterio de proporcionalidad a los votos recibidos y la asignación de los puestos sobrantes a los restos ordenados de mayor a menor otorgaría al PSC (872.959 votos) la presidencia y una vicepresidencia, a Junts (674.896 votos) una vicepresidencia y una secretaría, y a ERC (427.135 votos), PP (342.584 votos) y Vox (248.554 votos) una secretaría cada uno de ellos. En manos del PSC, PP y Vox que cuentan con 68 diputados está hacerlo realidad.
Romper con la doble tradición de tener al frente del Parlamento a secesionistas confesos, una larga lista que incluye a Benach, De Gispert, Forcadell, Torrente, Borràs y Erra, y la Mesa de la cámara bajo control de los partidos secesionistas, rebajaría la tensión institucional y abriría la posibilidad de articular mayorías variables capaces de impedir la utilización de una institución clave de autogobierno para dar cobertura al proceso de secesión, como ha ocurrido en tantas ocasiones al crear comisiones de estudio para impulsar el proceso constituyente, aprobar leyes abiertamente inconstitucionales, como las del referéndum y transitoriedad jurídica y fundacional de la república, y resoluciones de independencia. A Illa no va a resultarle fácil nadar entre el bloque secesionista (Junts, ERC y CUP) y el bloque constitucionalista (PP y Vox), pero la credibilidad de su proyecto quedará seriamente tocada si no apuesta por conformar una Mesa congruente con lo que los catalanes votamos el 12-M. Estaremos atentos.
Clemente Polo 