Artículo publicado desde el Observatorio Económico y Social de España y Cataluña (OBESCAT) en el diario El Liberal el 15 de junio de 2024. Agradezco de antemano su ayuda para difundirlo entre sus amigos y conocidos.
La elección de los miembros de la mesa del Parlamento en Cataluña el pasado 10 de junio puede considerarse el aperitivo del plato principal de una comida que bien podría atragantársele a Illa, convidado de piedra por decisión propia al convite secesionista. Y digo por decisión propia porque el líder del PSC se negó a negociar la composición de la mesa con el PP y Vox e impidió con su negativa que la mesa del Parlamento tuviera un presidente de la formación socialista, algo que no ocurría desde que lo fuera Joan Raventós entre 1995 y 1999. Recordemos que el PSC obtuvo el 12-M 42 escaños, el PP 15 y Vox 11 de modo que con esos 68 diputados disponían de mayoría absoluta y podían haber conformado una mesa, respetuosa con la representación obtenida por cada partido, del siguiente tenor: presidente del PSC, un vicepresidente del PSC y otro de Junts, y cuatro secretarías distribuidas entre Junts, ERC, PP y Vox hasta completar los siete integrantes de la mesa. Los partidos secesionistas habrían estado con tres representantes habrían quedado en minoría.
Tapa de la casa
La consecuencia de la negativa del PSC a negociar con los dos partidos constitucionalistas, PP y Vox, ha resultado nefasta al dejar la mesa del Parlamento una vez más en manos de los partidos secesionistas. Pero vayamos paso a paso. La tapa de cortesía con que arrancó la XV Legislatura la protagonizó el presidente de edad, Colomines (Junts), quien aprovechó la oportunidad para arremeter contra los tribunales y denostar la democracia española. Invocando en vano a Kelsen, el bueno de Colomines se cubrió de gloria con peroratas como ésta;
En cambio, Hans Kelsen, seguramente el filósofo del derecho más importante del siglo XX, argumentaba que los jueces sí que pueden provocar un golpe de estado judicial, sobre todo cuando, en lugar de limitarse a aplicar la ley, asumen un papel más activo en la creación o modificación de les normas jurídicas. Cuando los jueces superan el límite de su mandato, interfieren en las funciones propias del poder legislativo y ejecutivo, y, en consecuencia, violentan el procedimiento democrático de toma de decisiones políticas. Kelsen creía que solamente los representantes elegidos directamente por los ciudadanos tienen la legitimidad para hacer cambios significativos en el orden jurídico y político. La función de los jueces es otra. En España, todo esto hace tiempo que se ha olvidado y los jueces tienen un protagonismo exagerado.
Nada que objetar al argumento atribuido a Kelsen. En efecto, cuando los jueces interfieren en las funciones propias del poder legislativo y ejecutivo superan los límites de su mandato, porque son obviamente éstos dos poderes los que tienen encomendado cambiar el orden jurídico y político. El problema es que la conclusión de Colomines de que los jueces en España se han olvidado de todo esto carece de fundamento alguno. Precisamente, los jueces intervinieron en el proceso secesionista porque el gobierno de la Generalidad y el Parlamento catalán se saltaron el ordenamiento jurídico y político y el gobierno de España y el Senado tuvieron que actuar para restaurarlo y los tribunales de justicia tuvieron que intervenir para juzgar los delitos cometidos. En otras palabras, no fueron los jueces quienes violentaron el procedimiento democrático sino el gobierno de la Generalidad y el Parlamento de Cataluña. El golpe de estado se produjo, pero no fue judicial, como insinúa Colomines, sino obra del ejecutivo y legislativo de la CA de Cataluña.
Por si todas las tergiversaciones en que incurrió el presidente de edad al invocar a pensadores ilustres como, por ejemplo, a Bertrand Russell, internacionalista convencido y alérgico al nacionalismo, para cubrir con una pátina pseudo académica su defensa del golpe de estado perpetrado en 2016-2017, aquí les dejo su brillante conclusión: “En Cataluña estamos viviendo todavía los efectos de la represión y de la aplicación del 155 que va a destituir al Gobierno de la Generalidad, presidido por el muy honorable señor Carles Puigdemont. Agrade o no las cosas son así”. Pues no, Sr. Colomines, las cosas no son así. El personaje al que usted se refiere como muy honorable no deja de ser un golpista prófugo de la justicia. No hubo represión en Cataluña sino aplicación de la ley para restaurar el orden constitucional que, quienes acabaron siendo juzgados o permanecen huidos, intentaron derrocar con un grotesco golpe de estado.
El plato principal
En fin, la mesa de edad controlada por los dos representantes de Junts (Colomines) y ERC (Besses) decidió, para empezar con buen pie la XV Legislatura, contravenir la sentencia del Tribunal Constitucional y aceptar los votos de dos diputados electos fugados de la justicia y ausentes en la cámara, pese a la intervención inicial de Fernández (PP) en la que avanzó la intención de su formación de pedir el amparo del TC en caso de consumarse esta primera violación de la legalidad. Rull, exconsejero del prófugo de Waterloo condenado a diez años y medio por el Tribunal Supremo por sedición, fue elegido presidente de la mesa en segunda votación con los 59 votos de Junts (35), ERC (20) y la CUP (4), frente Paneque (PSC) que sólo obtuvo los 42 votos de los diputados del PSC. La mesa la completaron dos vicepresidentes, uno de ERC (Raquel Sans) y otro del PSC (David Pérez), y cuatro secretarios: uno de Junts (Gloria Freixa), otro de ERC (Juli Fernández) y dos del PSC (Rosa María Ibarra y Judith Alcalá). En total, Junts y ERC cuentan con cuatro representantes y dominan las decisiones de la mesa. Mal negocio ha hecho el PSC al que su sectarismo crónico le ha inclinado una vez más a dejar las manos libres a los secesionistas.
Tras su elección, Rull intervino para dejarnos varias perlas que demuestran hasta qué punto la aprobación de la Ley Orgánica de amnistía en el Congreso el 30 de mayo ha servido para apaciguar las aguas y mejorar la convivencia en Cataluña. Comenzó recalcando que cuando tuvo lugar la elección de presidente del Parlamento el 12 de marzo de 2021, él y otros golpistas estaban en prisión “y hoy esta constitución, nuevamente, de la quincena legislatura, representa justamente eso, que la esperanza siempre es más poderosa que el miedo”, si bien, se apresuró a apuntar a los escaños vacíos para reiterar que “esta presidencia y esta mesa, seremos extraordinariamente sensibles a ello”.
Después de un somero repaso ahistórico, una mezcla desordenada de ensoñaciones e inexactitudes sobre la milenaria historia de Cataluña y la naturaleza democrática y pacífica de sus instituciones de autogobierno (predecesoras incluso de las británicas), Rull pasó a avanzar algo de lo que cabe esperar de su presidencia. En primer lugar, destacó el carácter inviolable de los votos y opiniones emitidas por los diputados, dando a entender que éstas se encuentran por encima de la ley y nadie puede ser juzgado cuando esos votos desborden la legalidad vigente. Y fue incluso más lejos al afirmar que “el pueblo elige a sus representantes… y es evidente que eso se ha alterado desde el año 17”. No, no es cierto, Sr. Rull, y la mejor prueba de ellos es que usted ha sido elegido diputado y presidente del Parlamento. La única alteración se produjo el 27 octubre del año 17 y ocurrió, precisamente, porque el gobierno del que usted formaba parte y el Parlamento de Cataluña organizaron y financiaron un golpe de Estado al que las instituciones que representan al conjunto de los ciudadanos españoles, incluidos los catalanes, respondieron aplicando el artículo 155 de la Constitución.
En segundo lugar, Rull, colocó en el centro de sus prioridades políticas más trascendentes “revertir la emergencia lingüística del catalán y también del aranés… y por eso espero que esta legislatura sea la legislatura del catalán”. El objetivo es imponer el catalán y el aranés como sea e ignorar las demandas de los ciudadanos catalanes cuya lengua materna es el castellano y aspiran a que las dos lenguas reciban un tratamiento paritario en tanto que ambas son lenguas oficiales de Cataluña. El gran demócrata Rull sólo está dispuesto a escuchar la voz de la mitad de la población de Cataluña, la catalanohablante, y a seguir violando algunos de derechos fundamentales de la otra mitad, la castellanohablante. ¿A esto se reduce su compromiso de tener la “mente abierta y escuchar la pluralidad de voces, la pluralidad que representa este Parlamento”? ¿Así entiende el nuevo presidente del Parlamento que “la defensa de la dignidad de les personas, de la dignidad de les instituciones, de la dignidad de la nación ha de ser la nuestra máxima prioridad”?
Más allá de la palabrería y las citas para la galería, la constitución del Parlamento nos deja a gran parte de los catalanes tan desamparados como siempre. En el apartado II del preámbulo de la Ley Orgánica de amnistía se justifica la norma “como un paso necesario para superar las tensiones referidas y eliminar algunas de las circunstancias que provocan la desafección que mantiene alejada de las instituciones estatales a una parte de la población”. Pues bien, a la vista de lo escuchado en la sesión constitutiva del Parlamento de Cataluña se puede afirmar que ni las tensiones han desaparecido ni se han eliminado las circunstancias que provocaban la desafección de los partidos secesionistas. Las concesiones hechas por el gobierno de Sánchez sólo han servido para animarlos a volver a la carga. Próximo paso del esperpento, la designación de un candidato a la investidura por la mesa del Parlamento. Estaremos atentos a la jugada.
Clemente Polo 