¿Hay que ilegalizar la AMI?

Artículo publicado en el diario Expansión el 29 de junio de 2017

AMI: asamblea general en Palamós, 3 de marzo de 2017.

La Associació de Municipis per l’Independencia (AMI) se constituyó en el año 2011 al  calor de las “consultes per l’independencia” que se iniciaron en Arenys de Munt el 14 de septiembre de 2009 y culminaron en Barcelona el 10 de abril de 2011. La AMI “está formada por instituciones que representan el mundo local y tiene como principal objetivo sumar esfuerzos para conseguir, en un futuro cercano, la creación de un Estado propio para Cataluña en el marco de la Unión Europea”. En un recuadro de su página de Internet se subraya “que se trata de un movimiento que aglutina todas las sensibilidades políticas y trabaja única y exclusivamente por la independencia de Cataluña”, un objetivo a todas luces imposible de encajar en nuestro ordenamiento constitucional.

Una asociación anticonstitucional

Según el último informe de gestión de 2015 (presentado el 8 de abril de 2016), la AMI está integrada por 785 Ayuntamientos catalanes, las 4 Diputaciones Provinciales, 35 Consejos comarcales, 9 Entidades Municipales Descentralizadas y 1 consorcio. La mayoría de alcaldes en municipios adheridos a la AMI pertenecen a CDC (381) y ERC (239), aunque hay también 15 con alcaldes del PSC y la población de sus municipios alcanza el 43,65% de Cataluña. Este informe (como los anteriores) proporciona una información exhaustiva de las reuniones, resoluciones y campañas desarrolladas para promover la secesión de Cataluña. Veamos algunos de sus hitos recientes más significativos.

Vila d’Abadal, primer presidente de la AMI en el acto de firma de la hoja de ruta acordada por Mas y Junqueras el 30 de marzo de 2015. Junto a ellos, Forcadell, presidenta de la ANC, y Casals, presidenta de Omnium Cultural.

En una reunión celebrada en el Palau de la Generalitat el 30 de marzo de 2015, Vila d’Abadal, alcalde de Vic y primer presidente de la AMI, firmó, junto al presidente Mas (CDC), Junqueras (ERC), Forcadell (ANC) y Casals (Omnium Cultural) el documento “Hoja de ruta” del proceso unitario soberanista catalán, donde se detallaban los pasos a dar para alcanzar la independencia en 18 meses contados a partir de las elecciones del 27 de septiembre. Unos meses después, ya con Carles Puigdemont como presidente, la AMI aprobó una moción de apoyo a la resolución I/XI de inicio del proceso constituyente que había sido aprobada en el Parlament el 9 de noviembre de 2015 y el TC declaró nula el 2 de diciembre.

Puigdemont, segundo presidente de la Asociación de Municipios Indepedencia.

 

Los diputados de C’s y el PP abandonan el pleno del pleno del Parlament antes de votarse las conclusiones finales de la comisión de estudio del proceso constituyente el 27 de julio de 2016.

El 27 de julio de 2016, se votaron en el Parlament las “Conclusiones finales” de la “comissió d’estudi del process constituent”. La presidenta Forcadell y cuatro vocales de la mesa de portavoces (Barrufet, Corominas, Nuet y Simó) están siendo investigados por llevarlas al Pleno, ignorando la opinión contraria de los letrados del Parlament y las reiteradas advertencias del TC. Lloveras, tercera presidenta de la AMI, asistió a esa ‘histórica’ sesión y “celebraba, al final de la votación, que el proceso de construcción de una nueva república dé un paso «cumpliendo los pasos que se habían fijado»”.

Lluis LLach, el hombre de la estaca: antaño cantautor, hoy ‘bienpagao’ inquisidor.

Lloveras, presidenta de la AMI, con Sánchez, presidente de la ANC, y Cuixart, presidente de Omnium Cultural, el 26 de julio de 2016 en el Parlament.

En varias ocasiones, la AMI ha movilizado a sus alcaldes y concejales ante la sede del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para arropar a los encausados por la consulta del 9-N (Mas, Ortega y Rigau) y a los diputados que desobedecieron al TC. A principios de mayo, Lloveras declaró tras una reunión de la Comisión ejecutiva “estar preparados para tener «una implicación activa» en cuanto «se apriete el botón del play» del referéndum en las próximas semanas”.

Mas acude a declarar ante el TSJC el 15 de octubre de 2015, arropado por los alcaldes de la AMI.

Reunión de la comisión ejecutiva de la AMI, presidida por Lloveras, en Tàrrega el 4 mayo 2016: estamos listos para cuando se apriete el «play».

Tras el anuncio hecho por Puigdemont de la fecha y la pregunta del referéndum, la AMI ha anunciado que “como agentes locales, nos ponemos a la disposición del gobierno catalán y el Parlament para todo que pueda requerir para esta cita con las urnas… El mundo local asumirá aquellas responsabilidades que le sean requeridas”. De momento, la AMI y la Asociación catalana de Municipios (ACM) han convocado el 1 de julio de 2017 a los representantes de los municipios adheridos para escenificar, en el Paraninfo de la Universidad de Barcelona, su apoyo al proceso secesionista: “queremos que los alcaldes vengan a mostrar su compromiso con la celebración del referéndum y el derecho a decidir del pueblo catalán. No queremos continuar con las imposiciones del gobierno español”.

Desmantelar la AMI

Lloveras, tercera presidenta de la AMI, junto al presidente de la Asociación Catalana de Municipios, presentando el acto que se celebrará en el Paraninfo de la Universidad de Barcelona el 1 de julio de 2017 .

No nos dejemos engañar por estas apelaciones vacías al ‘pueblo’ de Cataluña y a la democracia refrendaria. No estamos ante imposiciones arbitrarias del “gobierno español”, como la AMI da a entender, sino ante una Constitución refrendada por todos los ciudadanos, unas normas democráticamente aprobadas a las que los poderes públicos están sujetos, y unas sentencias que todos hemos de acatar. Lo que resulta profundamente antidemocrático es que el gobierno de la Generalitat y dos grupos parlamentarios, Junts pel Sí y CUP-CC que cuentan con una exigua mayoría –insuficiente incluso para reformar el Estatut de Autonomía de Cataluña–, pretendan realizar un referéndum inconstitucional que el Congreso rechazó por una mayoría abrumadora el 8 de abril de 2014, y ratificó el pasado 17 de mayo.

Puigdemont, segundo presidente de la Associació de Municipis per l’Independencia, dirigiéndose ya como presidente del gobierno de la Generalitat a la asamblea de la AMI en 2017.

Como ciudadano español y europeo que vivo y trabajo en Cataluña me pregunto cómo es posible que la AMI desarrollado su actividad y extendiendo sus redes impunemente. ¿Acaso los miembros de la Comisión Ejecutiva de la AMI, con sus tres presidentes a la cabeza –Vila d’Abadal, Puigdemont y Lloveras– no han incurrido en los mismos delitos que han producido la inhabilitación del ex-presidente Mas y los exconsejeros Homs, Ortega y Rigau?  Y, ¿qué decir de los concejales que al tomar posesión de sus actas y jurar sus cargos añadieron, a instancias de la AMI, “estoy a disposición del gobierno de la Generalitat de Cataluña que surja de las elecciones del 27 de septiembre de 2015, para ejercer la autodeterminación de nuestro pueblo y proclamar, juntamente con todas nuestras instituciones, EL ESTADO CATALÁN LIBRE Y SOBERANO”?

Los Ayuntamientos por la independencia.

Informes de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local por la Independencia.

Hay también otro asunto de capital importancia cuya legalidad convendría examinar. Según los Estatutos de la AMI, los municipios asociados “han de contribuir al sostenimiento económico de la asociación satisfaciendo al menos la cuota [ordinaria] establecida” que fija el Consejo Directivo  “teniendo en cuenta la población de cada entidad asociada”. En otras palabras, sus actividades anticonstitucionales las financiamos los ciudadanos con los impuestos y tasas que ingresan los Ayuntamientos. ¿No estamos ante un caso flagrante de malversación de caudales públicos? Cabe incluso preguntarse si Ayuntamientos y Diputaciones, en tanto que entidades de derecho, pueden adherirse a una asociación cuyo objetivo central –lograr la independencia de Cataluña– y los medios que propugna para alcanzarlo –celebrar un referéndum de autodeterminación ilegal– han sido declarados inconstitucionales.

Congreso de los Diputados: histórica sesión plenaria del 8 de abril 2014 en la que se rechazó la pretensión de algunos partidos catalanes de que se transfiriese al gobierno de la Generalitat  la potestad de celebrar un referéndum de autodeterminación.

Cataluña vive una situación insurreccional, similar a la que había en El País Vasco en 2003 antes de la ilegalización del partido Herri Batasuna y otras organizaciones afines a ETA. El argumento que entonces se dio para ilegalizarlas fue precisamente “la utilización por la banda terrorista ETA del apoyo de partidos políticos, cuyo amparo se encuentra precisamente en el funcionamiento del propio Estado de Derecho y los postulados de la Constitución, cuyo sustento y bases pretende destruir”. En Cataluña no existe ETA pero sí partidos políticos y asociaciones, como la AMI, que amparadas en el funcionamiento del Estado de Derecho pretenden destruir sus bases. El mantenimiento del orden constitucional exige actuar con firmeza frente a ellos y descartar cualquier tentación de hacer hoy concesiones que lamentaremos mañana. Queda poco tiempo.

Cartel anunciador del acto del 1 de julio de 2017.

Forcadell arropada por Puigdemont y Junqueras y el Orfeó Secesionista, ante la sede del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.