Artículo publicado desde el Observatorio Económico y Social de España y Cataluña (OBESCAT) en el diario El Liberal el 8 de junio de 2024. Agradezco de antemano su ayuda para difundirlo entre sus amigos y conocidos.
Los catalanes constitucionalistas hemos vivido con asombro como el presidente Sánchez pasó en un plis plas de prometer traernos al prófugo de Waterloo para sentarlo en el banquillo a amnistiarlo, y como los dos últimos primeros secretarios del PSC siguieron su estela y pasaron de rechazar con rotundidad la amnistía a aplaudirla y defenderla para que el secretario general del PSOE pudiera ser investido presidente el pasado 15 de noviembre. Iceta, primer secretario entre 2014 y 2021 había manifestado en septiembre de 2019 que “la amnistía no corresponde con lo que ha pasado, es el olvido, es decir que no ha pasado nada porque consideramos que las leyes que había en esos momentos no eran justas”. E Illa, primer secretario del PSC desde 2021 nos regaló los oídos con aquella perla de “y ni amnistía ni nada de eso. Lo repito para que quede claro: ni amnistía ni nada de nada”.
La amnistía supone, como bien apuntaba el tibio Iceta, que no pasó nada y que las “leyes que había en esos momentos [en España en 2017] no eran justas”. En otras palabras, la amnistía supone que todas las acciones emprendidas entre el 1 de noviembre de 2011 y el 13 de noviembre de 2013 para organizar, financiar y hacer efectiva la secesión de Cataluña eran legítimas, como han sostenido siempre los ‘procesistas’ y que, por el contrario, todas las acciones desplegadas por el Ejecutivo de Rajoy, el Senado y los tribunales de justicia para juzgarlos carecían de fundamento jurídico. Preguntaba al final de mi artículo de la semana pasada si “me gustaría que me representen en la Eurocámara dos partidos [PSOE-PSC] que han negociado la amnistía en Bruselas y Ginebra con un prófugo de la justicia española y que, si los tribunales no lo impiden, resultará ser uno de los principales beneficiados de la norma finalmente aprobada el 30 de mayo”, pendiente todavía de la sanción del Jefe del Estado y su publicación en el BOE para no hacerla visible antes de las elecciones europeas. Hoy, víspera de esas elecciones, la respondo con un NO rotundo.
Pero la amnistía no es la única razón para no votar a pseudo socialistas, militen en el PSOE de Sánchez, como Ribera, que encabeza la papeleta del “Partit dels Socialistas de Catalunya (PSC-PSOE) (PSC)” (por extraño que les parezca la nomenclatura, así aparece en mis papeletas) que me remitió la Junta Electoral, o López Fernández, militante del PSC, que aparece en tercera posición. Porque la igualdad ante la ley y la separación de poderes no son meras elucubraciones sino circunstancias que afectan a la vida personal y profesional, y quien tenga alguna duda que pregunte a los catalanes castellanohablantes que hemos visto mermado durante décadas el ejercicio de derechos fundamentales tales como utilizar la lengua oficial del Estado en nuestras actividades profesionales, educar a nuestros hijos en su lengua materna, ejercer la libertad de cátedra en los centros de enseñanza, especialmente notorio en el área de historia, o acceder a las Administraciones públicas en igualdad de condiciones con los catalanohablantes. El PSC ha defendido siempre el modelo de inmersión lingüística implantado por los gobiernos de Pujol, y los tripartitos presididos por el PSC de Maragall y Montilla (2003-2010) incumplieron los Decretos de enseñanzas mínimas en Educación infantil y primaria impulsados en 2006-07 por Cabrera, ministra de Educación de Zapatero, porque exigían, en adición a las tres horas dedicadas a aprender la lengua y literatura castellanas, impartir una hora lectiva en castellano.
Ningún constitucionalista catalán con un mínimo de discernimiento puede votar el 9-J a quienes se han desdicho sobre la amnistía a los golpistas y prófugos de la justicia y a quienes han impuesto sin contemplaciones la inmersión lingüística en catalán como un modelo de éxito con la excusa de normalizar su utilización en todos los ámbitos públicos, incluidas las relaciones personales de los alumnos en los recintos escolares y las reuniones de los profesores con los padres de los alumnos, para facilitar, según dicen, la integración a los recién llegados a Cataluña. Para desmentirlo, ahí están los resultados del último informe Pisa 2022 elaborado por la OCDE que sitúa a Cataluña “en la cola de España y Europa”. Poco podemos esperar de los representantes del PSOE y PSC en la Eurocámara más allá de que la todavía vicepresidenta Ribera podrá reunirse en persona con el prófugo y ahorrar algunos viajes a Cerdán para continuar negociando qué nuevas concesiones ha de hacer el PSOE de Sánchez para mantener a su secretario general en la Moncloa.
La previsible desaparición de Ciudadanos del Parlamento de la UE el 9-J, como apuntan los pésimos resultados cosechados el 12-M y los de todas las encuestas publicadas, va a resultar para muchos votantes catalanes un hueco difícil de llenar. Y es que Ciudadanos y UPyD han sido los dos únicos partidos que, desde su fundación, han hecho frente al nacional-secesionismo sin dobleces en Cataluña, el País Vasco, España y la UE, y sus representantes han desarrollado una gran labor en Bruselas para lograr que, a instancias de la comisión de Asuntos Jurídicos presidida por Vázquez (Ciudadanos), el Parlamento Europeo retirara la inmunidad parlamentaria al prófugo, y a Ponsatí y Comín, igualmente huidos de la justicia española. Desde luego, su hueco no lo va a llenar Vox, un partido cuya voz se deja oír, aunque con frecuencia uno tiene que bajar el volumen para no escuchar sus casi siempre simplones diagnósticos de los problemas y sus ilusorias recetas para resolverlos.
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Esperemos que la consolidación de Fernández al frente del Partido Popular en Cataluña, tras el éxito alcanzado el 12-M en las elecciones autonómicas en Cataluña, ponga punto final a la ambigüedad (mal) calculada en que se instaló el PP en 1996, cuando el presidente Aznar entregó la cabeza de Vidal-Cuadras a Pujol para cerrar el pacto del Majestic, y que tan malos resultados le dio a medio plazo. Y esperemos que Montserrat, cabeza de lista del PP a las europeas, a la que hemos visto bastante más combativa en Bruselas en los últimos años, siga defendiendo en la Eurocámara la igualdad y el imperio de la ley frente a la amnistías. Porque Bruselas, está llamado a jugar un papel importante en algunas cuestiones de carácter interno en los próximos meses y años.
A este respecto, conviene tener presente que los tribunales españoles podrán plantear cuestiones prejudiciales en los tribunales de la UE cuya tramitación será necesario seguir con suma atención. Asimismo, la requisitoria de Bruselas al ministerio de Hacienda para determinar si se utilizaron fondos europeos (17,7 millones) para comprar de mascarillas inservibles en el caso Koldo-Ábalos-Armengol, y el registro ordenado por la Fiscalía de la UE en el caso Gómez-Sánchez para recabar información sobre la financiación de la cátedra codirigida por la esposa del presidente en la Universidad Complutense de Madrid, demuestran la importancia de elegir con tino el 9-M a quienes van a representarnos en Bruselas. Mañana lo sabremos.
Clemente Polo 