Vuelta a la realidad tras la victoria del 9-J

Artículo publicado desde el Observatorio Económico y Social de España y Cataluña (OBESCAT) en el diario Expansión el 13 de junio de 2024. Agradezco de antemano su ayuda para difundirlo entre sus amigos y conocidos.

Los resultados de las elecciones europeas el 9 de junio han venido a confirmar que el PP sigue una senda ascendente y los dos partidos socialistas que conforman la columna vertebral del gobierno de Sánchez, PSOE y PSC, logran resistir pese a la pérdida de respaldo en las urnas. El error de la última encuesta del CIS de Tezanos ha resultado (una vez más) clamoroso puesto que en lugar de la holgada mayoría de 3,0 puntos porcentuales que pronosticaba (32,4-29,4, empleando el valor medio de las horquillas de ambas formaciones) a favor del PSOE-PSC frente al PP, las urnas han otorgado una victoria de 4,09 puntos (34,38-30,29) a los populares.  Ni mucho menos se trata del único error de bulto de la encuesta preelectoral -igualmente clamorosa resulta la sobrestimación a favor de Sumar en la encuesta del CIS, 6,35%, frente a 4,65% en las urnas-, pero sí el más relevante si lo que pretendía Tezanos era insuflar ánimos a los votantes potenciales de los dos partidos socialistas.

Acotando el triunfo del PP

Al comparar los resultados del 9-J con los de 2019, los resultados del PP frente a sus rivales socialistas cobran incluso mayor dimensión: el PP con 5.963.074 suma 1.443.869 votos y obtiene 9 escaños más, en tanto el PSOE-PSC pierde 2.108.496 votos y se deja 1 escaño. Resulta interesante observar que el PSC en Cataluña sólo ha perdido 24.869 votos por lo que la caída conjunta, 2.108.496, cabe atribuirla casi exclusivamente a los malos resultados del PSOE de Sánchez en el resto de España. Ahora bien, aunque estos resultados confirman la recuperación notable del PP y permiten dar por superada la situación de desconcierto y debilidad extrema en que la moción de censura a Rajoy el 1 de junio de 2018 sumió al partido, no son tampoco para tirar las campanas al vuelo ni mucho menos.

Con relación a las elecciones europeas de 2019, la caída en el número de votos contabilizados 5.963.074, ha sido espectacular, al igual que el aumento registrado en la cifra de ciudadanos que decidieron abstenerse, 3.482.166. La conclusión no partidista que puede extraerse de estas cifras no invita precisamente a la euforia, puesto que, si bien el PP ha obtenido una nueva victoria electoral, puede afirmarse que no ha logrado atraer a buena parte del electorado que, pese a la aprobación de la Ley Orgánica de amnistía aprobada finalmente el 30 de mayo y los presuntos casos de corrupción que sobrevuelan sobre el PSOE de Sánchez (Tito Berni, Koldo-Ábalos-Armengol, Gómez-Sánchez y Sánchez-Castejón), 5.261.293 (732.366 en Cataluña) se mantuvieron fieles y muchos otros optaron por abstenerse o votar a partidos que no han obtenido representación en la Eurocámara. Para hacernos una idea más precisa de lo sucedido, basta con apuntar que el PP no ha logrado siquiera atraer a una parte de los 2.731.825 votantes que respaldaron a Ciudadanos en las elecciones europeas en 2019 y no lo han hecho en 2023.

Comprendo que los líderes del PP, por razones de imagen, hayan celebrado los buenos resultados como si realmente hubiera sido una victoria aplastante, un éxito histórico, y hayan exigido la convocatoria de elecciones generales, pese a que la diferencia en votos y escaños nada tiene que ver con el éxito aplastante, este sí, alcanzado por Regroupement National, el partido de Le Pen, con 30 escaños, frente a Besoin d’Europe, el partido de Macron, que obtuvo sólo 13, menos de la mitad.  Sánchez no va a convocar elecciones generales en España mientras cuente con el respaldo de Sumar-Podemos y los partidos secesionistas (Junts y ERC, EH Bildu y PNV, y BNG) que lo auparon a La Moncloa y, por ello, los líderes del PP harían bien en ponerse a trabajar en serio para seguir erosionando al PSOE de Sánchez: en Cataluña y resto de España, así como en la UE.

El secesionismo está de vuelta en Cataluña

La desobediencia del Parlamento de Cataluña al Tribunal Constitucional al permitir votar a diputados ausentes, la elección como presidente de la cámara de Rull,  exconsejero del prófugo condenado por sedición por el Tribunal Supremo, y la composición de la Mesa del Parlamento con mayoría de Junts y ERC vienen a demostrar que las concesiones políticas hechas por Sánchez a los secesionistas en la pasada legislatura para asegurarse su respaldo en el Congreso y la investidura el 15 de noviembre de 2023, indultos y amnistía, sólo han servido para insuflarles vida y devolverles el protagonismo político perdido desde 2017, y no augura nada bueno para la estabilidad política de Cataluña y España.

En las elecciones europeas, la abstención alcanzó en Cataluña la impresionante cifra 3.115.771, superando ampliamente la de votos contabilizados, 2.402.001, con un aumento notable de las abstenciones (910.259) y disminución (1.037.957) de votos contabilizados sobre las correspondientes cifras en 2019. Se trata de un dato que, además de poner en duda el europeísmo de la sociedad catalana, demuestra el elevado grado de desencanto entre los votantes de formaciones secesionistas, desde luego, pero también la escasa capacidad de los partidos constitucionalistas para ilusionar a los tres millones largos de abstencionistas. El ascenso del PP y Vox ha sido notable en Cataluña, sumando 153.707 y 79.760 votantes más, respectivamente, pero ni siquiera la suma de ambos (233.467) iguala los votos perdidos por Ciudadanos (281.125) entre 2019 y 2024. El secesionismo, por otra parte, está muy vivo pese a su fuerte caída en las urnas, y se dispone a aprovechar todas las cesiones extraídas a Sánchez para volver a tomar la iniciativa con el retorno del prófugo. La complicada tarea que tiene por delante el PP en Cataluña es recuperar el electorado constitucionalista que llevó a Ciudadanos a convertirse, con el respaldo de más de 1,1 millones de catalanes, en el partido más votado en diciembre de 2017.

¿Cuánto pesan la corrupción y la amnistía?

Los casos de corrupción del PSOE actualmente investigados por los tribunales de España y la UE van a seguir su curso y continuarán a buen seguro erosionando la imagen pública y el respaldo electoral de Sánchez. Pero no se puede ser ingenuo: 5.261.293 españoles respaldaron al PSOE-PSC el 9-J, sin importarles en exceso el incumplimiento flagrante de promesas electorales como la de que no gobernaría en coalición con Podemos, los cambios injustificados de opinión sobre la calificación jurídica de los delitos cometidos por los líderes secesionistas catalanes o sobre la imposibilidad de encajar la amnistía en nuestro ordenamiento constitucional, la  desvergüenza de Sánchez de sentarse a negociar con el prófugo de Waterloo su propia amnistía en Bruselas para ser investido presidente, y, en fin, la negativa a dar explicación alguna sobre los graves casos de corrupción que están siendo investigados por los tribunales.

Comprendo el respaldo al PSOE de Sánchez de los militantes que cobran un sueldo por su condición de leales, de los directores de medios de comunicación afines que reciben subvenciones y primicias, y hasta de quienes creen que votarle les asegura seguir cobrando prestaciones y ayudas, pero me sorprende el apoyo que recibe también de ciudadanos de a pie que se rasgarían las vestiduras en caso de que fueran los líderes del PP quienes hubieran incurrido en semejantes incoherencias políticas, llevado a término vergonzosas negociaciones con prófugos de la justicia para asegurarse la investidura, o pesaran sobre ellos casos de presunta corrupción tan graves como los que afectan al PSOE de Sánchez. Por ello, no puedo dejar de preguntarme a quién habrán votado el 9-J algunos líderes históricos del PSOE, algunos intelectuales y ciudadanos progresistas que incluso han llegado a manifestar públicamente su rechazo a los acuerdos cerrados con fuerzas políticas como Podemos y no se han cortado la lengua al posicionarse en contra de la amnistía. Debo ser de otra pasta porque su comportamiento me causa vergüenza ajena, como me la producía quienes defendían a Franco en la dictadura.

9-J: elecciones europeas en clave nacional

Artículo publicado desde el Observatorio Económico y Social de España y Cataluña (OBESCAT) en el diario El Liberal el 2 de junio de 2024. Agradezco de antemano su ayuda para difundirlo entre sus amigos y conocidos.

La pirueta circense de comunicarnos en una misiva pública su decisión de retirarse durante cinco días al rincón de pensar en La Moncloa, nada más conocer (y ocultarnos a los lectores) que su esposa estaba siendo investigada judicialmente por sus actividades profesionales de carácter privado, ha convertido las elecciones europeas del próximo 9 de junio (9-J) en una suerte de plebiscito sobre la continuidad del presidente que con más reiteración ha engañado a los ciudadanos desde la instauración de la democracia. Perseguido, allá donde va, por las sombras alargadas de la amnistía concedida al prófugo de Waterloo (el mismo que nos prometió traer a España para sentarlo en el banquillo), y varios escándalos que afectan de lleno a su partido (casos Tito Berni y Koldo-Ábalos) y hasta a su entorno familiar más próximo (caso Begoña Gómez), muchos ciudadanos sentimos que, con independencia del resultado de las investigaciones judiciales en curso, la figura y su crédito político están ya muy mermados para seguir al frente del gobierno, máxime cuando el propio Sánchez ha hecho tantas veces bandera de la honradez centenaria de su partido y apelado a la falta de decencia para exigir la cabeza de sus contrincantes políticos.

Las andanadas de las vicepresidentas, la portavoz del gobierno y algunos ministros contra los medios de comunicación que han publicado noticias referentes a las actividades de Begoña Gómez y las maniobras de la fiscalía para archivar el caso no pueden ocultar lo que son hechos incontestables, a saber, que la esposa del presidente escribió varias cartas recomendando la concesión de ayudas públicas a empresas que a su vez financiaban sus actividades profesionales. Miriam González, abogada y esposa de Clegg explicaba en una entrevista reciente (El Mundo, 5 de mayo) su experiencia mientras su marido fue viceprimer ministro del Reino Unido entre 2010 y 2015. Desde el primer momento, tuvo como interlocutora a Sue Gray, actual jefa de gabinete del líder laborista, en la Oficina de Ética de la Administración a la que “informaba todas las semanas. Yo les tuve que decir a todos mis clientes que no podían ser completamente confidenciales y que tenía que dar sus nombres a otras personas”. Y concluye con esta afirmación clara y rotunda: “si yo llego a actuar como Begoña Gómez y hubiese recomendado que se diesen fondos públicos a unas empresas, aunque esa carta no hubiese sido determinante, se me hubiese echado todo el país encima. Todo el Reino Unido y con razón, claro”.

Cuando al exvicepresidente Guerra se le ha preguntado sobre la constitucionalidad de la amnistía a los golpistas catalanes, siempre ha respondido que antes de hablar sobre si la amnistía cabe o no en la Constitución (que no cabe), “hay que preguntarse si el acto es justo o no lo es, si es puro o impuro”. Del mismo modo, antes  de arrojar toneladas de lodo sobre los medios de comunicación que han revelado las actividades de la Sra. Gómez y tratar de interferir a través de la fiscalía en el curso de la investigación judicial, hay que plantearse si resulta admisible que la esposa del presidente escriba cartas de recomendación a organismos públicos (incluido el Consejo de ministros presidido por su propio marido) para que se otorguen subvenciones a empresas privadas que a su vez patrocinan sus actividades igualmente privadas en la cátedra que codirige en la Universidad Complutense de Madrid. No, no lo es, bajo ningún concepto, ni siquiera si esas cartas no resultaron determinantes en la concesión de las ayudas.

La conclusión que cabe extraer de este bochornoso espectáculo es que la capacidad de discernimiento de Sánchez, tras varios años en la Moncloa y algunos más al frente de la secretaría general del PSOE, se ha debilitado hasta el punto de dar por descontado que ni él ni ningún miembro de su familia han de rendir cuentas de sus actos ante los ciudadanos. Basta con una cartita simulando una posible despedida. Las últimas decisiones de Sánchez, el reconocimiento unilateral del estado palestino o el envío de armas a Ucrania por valor de 1.100 millones para prolongar la guerra, no sólo no han sido consensuadas con la oposición, sino que ni siquiera en el último caso han contado con el respaldo de sus propios socios de gobierno (Sumar) que las han calificado de opacas y antidemocráticas.

Estas nuevas decisiones del presidente exhalan el mismo aroma autocrático que desprende el contenido de la misiva que Sánchez le dirigió al Rey de Marruecos el 14 de marzo de 2021, y de la que los ciudadanos y nuestros representantes en el Congreso tuvimos noticia unos días después, cuando el presidente decidió filtrarla a un medio de comunicación afín. En esa carta, Sánchez reconocía la soberanía marroquí sobre el Sahara Occidental, rompiendo con la política exterior seguida hasta ese momento y contraviniendo todas las resoluciones de la Asamblea General de la ONU sobre el asunto, instando a celebrar un referéndum para que el pueblo saharaui decida el futuro de la antigua colonia española.

Por todo ello, a la hora de elegir a nuestros representantes el 9-J, cada uno de los ciudadanos deberíamos hacernos al menos tres preguntas antes de votar al PSC en Cataluña y al PSOE en el resto de España:

• Primera: ¿me gustaría que me representen en la Eurocámara dos partidos que han negociado la amnistía en Bruselas y Ginebra con un prófugo de la justicia española y que, si los tribunales no lo impiden, resultará ser uno de los principales beneficiados de la norma finalmente aprobada el 30 de mayo?
• Segunda, ¿encuentro aceptable que una ministra como Ribera que ha votado a favor de la amnistía en el Congreso y ha aplaudido las polémicas decisiones de Sánchez de reconocer el estado de Palestina y la soberanía de Marruecos sobre el Sahara Occidental, sin consensuarlas siquiera con la UE, sea quien nos represente en la Eurocámara?
• Y, tercera, ¿puedo votar a un partido, el PSOE de Sánchez, sobre el que sobrevuelan las sombras de tres casos de corrupción (Tito Berni, Koldo-Ábalos y Begoña-Sánchez) muy graves?

A cada uno de nosotros nos corresponde contestarlas en conciencia y acudir a las urnas el 9-J, venciendo la tentación de quedarnos en casa por tratarse de unas elecciones europeas, porque el resultado va a tener también una lectura en clave nacional e importa mucho que deje en evidencia a quien tanto daño está haciendo a nuestras instituciones democráticas.

9-J: elecciones europeas en clave nacional

Dos lecciones de las elecciones gallegas

Adjunto enlace a mi último artículo publicado desde el Observatorio Económico y Social de España y Cataluña (OBESCAT) en el diario El Liberal el 24 de febrero de 2024. Agradezco de antemano su ayuda para difundirlo entre sus amigos y contactos.

Quizá el título de mi artículo de la semana pasada “Que la bisoñez y los infundios no tapen la amnistía”, publicado un día antes de celebrarse las elecciones autonómicas gallegas, llevó a algunos lectores a preguntarse por qué atribuía a la bisoñez las declaraciones del líder del PP que habían proporcionado abundante munición a Sánchez y a los medios de comunicación afines para desacreditar a Feijóo y a su propio partido en la recta final de la campaña. Sánchez aprovechó la situación para acusar de cinismo e hipocresía a Feijóo y al PP por rechazar en público lo que aceptan en privado, a saber, los acuerdos sobre la amnistía cerrados por el PSOE de Sánchez con Junts para atar la investidura de su líder. Llegó incluso a dejar caer la acusación velada de que los líderes del PP tenían miedo a lo que pudiera contar el prófugo de Waterloo sobre los contactos mantenidos con Junts y hasta a exigirle a Feijóo que pidiera “perdón por el odio que ha derramado y las mentiras que ha dicho en estos cinco años”.

Felizmente, la marejadilla se salvó sin sufrir daños mayores y el PP obtuvo un triunfo rotundo en las elecciones al revalidar con cierta holgura la mayoría absoluta (700.540 votos y 40 escaños) por quinta vez consecutiva, pese a la irrupción de Democracia Ourensana que le restó un diputado. Al contrario, los dos partidos que conforman el gobierno de coalición en Madrid, el PSOE de Sánchez y Sumar de Díaz, obtuvieron unos resultados pésimos: Gómez Besteiro, líder del PSdG-PSOE, perdió más de 46.000 votos y 5 escaños, pese al aumento en la participación, y Sumar logró tan sólo 28.000 votos y se quedó fuera del Parlamento de Galicia. Una derrota sin paliativos para ambos partidos que ha frustrado el plan del PSOE de Sánchez y Sumar de convertirse en los lazarillos del Bloque Nacionalista Galego (BNG) que registró un ascenso importante en votos (156.000 en números redondos) y escaños (6), en parte, debido a la debacle del PSdG-PSOE y al pobre resultado de Sumar (muy alejado de la suma de los votos obtenidos por Podemos-Esquerda Unida y En Marea en 2020), y en parte por el  aumento de la participación.

El PSdG-PSOE ha dejado de ser el rival en Galicia y el PP haría bien en aplicarse en esta legislatura a desenmascarar y desactivar al BNG, una organización marxista que se declara anticapitalista, antifascista y antineoliberal, incluso más radical en sus postulados de transformación social que ERC en Cataluña, y más cercana a la línea marxista-leninista de  Sortu (uno de los tres partidos de la coalición EH Bildu) en El País Vasco, claro que esas diferencias, como la existente entre el toreo de salón y la lidia en la plaza, se explica porque el BNG nunca ha tenido responsabilidades de gobierno. Más allá de sus análisis doctrinarios del contexto político internacional, conviene subrayar que el objetivo central del ideario político del BNG es también la autodeterminación, la de Galicia en su caso. Y ahí radica una de sus principales contradicciones que comparte con otros movimientos nacional-socialistas y nacional-secesionistas, a saber, que haciendo bandera de una gran preocupación por los desfavorecidos y el futuro del Planeta exigen que sean únicamente los gallegos quienes decidan todo aquello que les afecta. Al resto que les den sopas con honda.

El incidente a cuenta de las relaciones del PP con Junts durante la campaña gallega debería ser también motivo de reflexión para Feijóo y la cúpula nacional del PP. A estas alturas de la película, Génova debería tener muy claro que el prófugo de Waterloo nunca va a respaldar al líder del PP, el partido que desde el Gobierno invocó el artículo 155 de la Constitución y destituyó a su gobierno el 27 de octubre de 2017, no sólo por razones de principio sino también por razones de oportunidad. A diferencia de los líderes del PP, los de Junts sí tienen muy claro que pueden sacar mucha más tajada con Sánchez, un presidente débil que ya aceptó indultar a los cabecillas del proceso juzgados por el Tribunal Supremo en 2021, y que depende tras los resultados del 23-J de los siete escaños de Junts para sacar adelante cualquier proyecto legislativo en el Congreso.

Ya va siendo hora de que los líderes populares en Génova se enteren de que Junts no es un partido normal de cuya tradición y legalidad no se puede dudar, como se ha escuchado a algunas voces autorizadas del PP en ocasiones, y no incurran en meteduras de pata como ocurrió en las semanas previas a la investidura fallida de Feijóo, o más recientemente en el almuerzo de Feijóo con algunos periodistas mediada la campaña de las elecciones gallegas. Junts es un partido fundado por el prófugo en 2018 con tres objetivos muy claros:

• Primero, reforzar dentro del movimiento secesionista en Cataluña el liderazgo del presidente del consejo de la república catalana sito en Waterloo.
• Segundo, desacreditar en todo el mundo y especialmente en la UE las instituciones democráticas del Reino de España, los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial a las que acusa de practicar la persecución y la represión política.
• Y, tercero, cumplir el compromiso inquebrantable “de llevar al país [Cataluña] a la independencia con la lealtad que vivimos en el otoño de 2017”.

La mera idea de sentarse a negociar con el prófugo en Bruselas o Ginebra, como ha hecho Cerdán, número tres del PSOE, o con la diputada Nogueras en Madrid, como ha hecho el propio Sánchez, resulta incompatible con la defensa del orden constitucional y el PP debe rechazarla con rotundidad en público y en privado por coherencia y respeto a sus votantes.

En cuanto a la gestión de la victoria electoral de Rueda, al PP le corresponde ponerse las pilas desde el primer día para que la creciente base electoral del BNG no siga aumentando durante esta legislatura. Rueda tiene que desmontar con hechos el discurso de Pontón que se lamentaba de la herencia envenenada que iba a recibir cuando durante la campaña se veía ya como presidenta de la Xunta y afirmaba con rotundidad que Galicia con el PP va a menos. Rueda ha de desplegar un programa de gobierno eficaz que impulse la economía gallega, mejore los servicios sanitarios y educativos, facilite el acceso a la vivienda, etc., implementando políticas realistas para dejar en evidencia el discurso vacío de Pontón en pro de “un nuevo modelo que sea un modelo sostenible, productivo, donde apostemos por la ciencia y por la innovación y también por reforzar todas las políticas que tienen que ver con darle oportunidades a la gente joven, por ejemplo, haciendo política de vivienda”. Le bastaría a la Xunta con hacer una gestión efectiva y honrada en los próximos cuatro años para frenar las ínfulas de un crecido BNG.

ANÁLISIS / Dos lecciones de las elecciones gallegas