Los últimos herederos del franquismo

Artículo publicado en Economía Digital el 31 de julio de 2017

Franco aclamado en Barcelona en 1970

Va para cuarenta y dos años que murió en la cama el general Franco, militar golpista, generalísimo victorioso de la cruenta Guerra Civil (1936-1939) y dictador implacable hasta sus últimos días. Este año hemos festejado un doble cuadragésimo aniversario: la legalización del PCE y la conversión de Carrillo en demócrata, y la celebración de las primeras elecciones auténticamente democráticas realizadas en España. Y el año próximo le tocará el turno a la hoy cuestionada Constitución de 1978 que estableció el marco jurídico donde todos los españoles, con independencia de nuestras creencias religiosas e inclinaciones políticas, hemos podido convivir en libertad, concordia y prosperidad, sobreponiéndonos a los crímenes terribles con que ETA intentó desestabilizar nuestra recién estrenada democracia.

Etarras y cuperos confraternizando.

No hace falta ser un historiador concienzudo ni un sociólogo o politólogo reputado para entender la trascendencia de estos logros. Basta con tener cierto conocimiento elemental de la historia contemporánea de España, y, como dicen con cierta rudeza en mi tierra, tener algo de cabeza. Cualquier hijo de esta tierra con un ápice de sensatez daría gracias por haber vivido cuatro décadas sin que ninguno de los españolitos venidos a este mundo haya tenido que verse en el brete de ver como una de las dos Españas, a las que se refirió Machado en un poemilla popularizado por Serrat, le helaba el corazón. Hace pocos días, traté este asunto en un artículo titulado “La culpa no es del PP”, en el que exponía y comentaba las opiniones recogidas en otro artículo, algo inexactamente titulado «Escritores y artistas catalanes rechazan el referéndum ilegal», publicado en El País el 24 de julio de 2017.

Gas una de las víctimas masacradas por el PP.

Al lado de los razonables aunque no del todo coincidentes comentarios de Marsé y Mendoza, y la nota cínica del profesor Rico que al parecer está pasándoselo en grande a costa del proceso secesionista, llamaba la atención sobre las acusaciones de Mariscal, Serrat, Gas y Herralde contra el Partido Popular (PP), al que todos ellos coinciden en calificar de “heredero del franquismo”, y al que Gas responsabilizaba  de estar al frente de “un Gobierno que masacra a España y, por tanto también a Cataluña”. Resultaría indecoroso, por mi parte, repetir aquí citas, argumentos y contraargumentos, ya publicados, así que intentaré completarlos con unas reflexiones sobre la pesada herencia del franquismo y las limitaciones de nuestra democracia.

Nadie puede negar que todos quienes vivimos bajo el régimen franquista somos en algún sentido, por acción o inacción, “herederos del franquismo”, como resulta también innegable que los rusos lo son del totalitarismo de Lenin y Stalin, los alemanes del nacionalsocialismo, los italianos del fascismo, o los rumanos del régimen del dictador Ceacescu, valedor sombrío de Carrillo. ¿Quiere esto decir que todo lo que hagan sus herederos queda invalidado o sujeto a sospecha a causa del legado recibido? ¿Que Suárez proviniera de las filas del Movimiento Nacional empequeñece acaso su logro de transformar un régimen dictatorial en una democracia representativa? ¿Puede el pasado poco edificante de Carrillo invalidar el papel constructivo que desempeñó el líder del PCE durante la transición en España? Hace  falta ser un papanatas o un mentecato, o ambas cosas a la vez, para intentar empañarlas con el sambenito de la herencia recibida.

El PP, con independencia de las diversas herencias recibidas por cada uno de sus militantes, es un partido político que ha obtenido el mayor número de escaños en tres elecciones libres y rigurosamente democráticas consecutivas, y sólo por eso, no por su “herencia fraquista”, está al frente del poder ejecutivo de un Estado de la Unión Europea donde existe una Constitución democráticamente acordada que los españoles, catalanes incluidos, refrendamos el 6 de diciembre de 1978. Ante un marco jurídico que reconoce la división de poderes y competencias y la independencia del poder  judicial, ¿cómo puede afirmarse que el Gobierno de España “masacra a España y, por tanto, a Cataluña”? ¿Acaso quien lo dice no es libre de expresar sus opiniones y votar al partido que más le gusta? Y, ¿cómo pueden acusarlo de insensibilidad “hacia la cuestión catalana” y propiciar “un deterioro tremendo, erigiendo como un todo inamovible una Constitución”, cuando Rajoy ha reiterado la disposición a tratar todos los contenciosos existentes (o inventados) salvo el plan de realizar un referéndum de autodeterminación?

Rajoy recibiendo a Mas en La Moncloa.

 

Las constituciones no son inamovibles pero todos los Estados democráticos exigen mayorías cualificadas para reformarlas, una cautela introducida no por malicia sino para librarnos precisamente a los ciudadanos de las mayorías tiránicas. Quienes hoy pretenden desde el gobierno de la Generalitat y el Parlament de Cataluña subvertir el orden constitucional, apelando paradójicamente a la democracia, cuentan con respaldo insuficiente para reformar no ya la Constitución sino incluso el Estatut de Cataluña. Seamos serios: Puigdemont, Junqueras y Gabriel no son demócratas sino golpistas que pretenden imponernos por la vía de los hechos consumados la república de PuigCupqueras. Resulta incomprensible que ante tan bochornoso espectáculo haya todavía escritores y artistas que tachen al Gobierno de España de inmovilista y coercitivo, por defender la legalidad constitucional que ampara los derechos individuales y colectivos de todos, y vean en cambio como el no va más de la democracia que el gobierno de la Generalitat incumpla leyes, legisle sobre asuntos ajenos a sus competencias y desacate las sentencias de los Tribunales.

Puigdemont arropando a Mas antes de declarar ante el TSJC.

Puigdemont y Gabriel celebrando su acuerdo para constituir una república independiente.

Si algo hoy nos recuerda el régimen franquista a quienes lo vivimos y soportamos con la mayor dignidad posible, no es precisamente la defensa de la legalidad democrática por parte del Gobierno de España sino los planes del gobierno de la Generalitat y de los 72 diputados de Junts pel Sí y CUP para acabar con los contrapesos y procedimientos garantistas esenciales en cualquier democracia. A los escritores y artistas tan quisquillosos con la herencia franquista de los demás, les propondría que contestaran esta sencilla pregunta: ¿son partidarios de que todos los ciudadanos españoles tengamos los mismos derechos y obligaciones, con independencia de la Comunidad Autónoma donde estemos empadronados, tal y como recoge nuestra Constitución? Confío en que estén a favor de la igualdad constitucional de los españoles, y no alineados, tal vez sin saberlo, con los últimos herederos del franquismo Een Cataluña.

Los diputados de la CUP en el Parlament de Cataluña.

En el centro, junto a Forcadell, Pí i Sunyer, ex-vicepresidente del Tribunal Constitucional y presidente del «consejo asesor nacional de transición a la independencia», al que se atribuye la redacción de la ‘ley de transitoriedad jurídica’.