Artículo publicado desde el Observatorio Económico y Social de España y Cataluña (OBESCAT) en el diario Expansión el 6 de junio de 2024. Agradezco de antemano su ayuda para difundirlo entre sus amigos y conocidos.
El próximo 9 de junio (9-J) los ciudadanos podemos dejar claro en la urnas nuestro rechazo a los múltiples engaños y las políticas sectarias desplegadas por los diversos gobiernos de Sánchez desde que llegó a la Moncloa el 1 de junio de 2018, partiendo de una situación de extrema debilidad parlamentaria, y siendo aupado al poder por diversa fuerzas políticas cuyo único punto de coincidencia era debilitar las instituciones centrales del Estado. Unos, como los partidos nacional-secesionistas en Cataluña (ERC, PdECat-JuntsxCat) y el País Vasco (PNV y EH Bildu), para afianzar su poder y sus privilegios en las dos Comunidades donde ya gobernaban; otros como Podemos y Sumar (y todas sus derivadas regionales) decididos a erosionar la Corona y socavar la separación de poderes consagrada en nuestra Constitución.
Como pronosticaba apenas dos meses después en mi artículo “¿Cuánto tiempo aguantarán a Sánchez sus avalistas?” (Expansión, 27/07/2018), el PSOE de Sánchez iba a tener que hacer infinidad de concesiones para mantenerse el poder. Y a buena fe que las ha hecho. No habían pasado ni dos meses, cuando Aragonès, entonces vicepresidente del xenófobo Torra, pasaba la bandeja a Montero, la flamenca ministra de Hacienda, y ésta anunciaba que elevaba el techo del déficit a las CC. AA. Desde entonces han sido muchas las concesiones realizadas por Sánchez para aprobar los PGE y otras leyes tras formar gobierno de coalición con Podemos (2019-2023). Pero a las exigencias económicas de menor o mayor calado, siguieron las políticas que se sustanciaron con la aprobación de los indultos a los golpistas en junio de 2021 y la revisión del Código Penal para eliminar el delito de sedición y rebajar las penas de los delitos de malversación que entró en vigor en junio de 2023.
Pero ni siquiera los buenos resultados obtenidos por el PSC en Cataluña el 23-J (19 diputados) pudieron ocultar los malos resultados del PSOE de Sánchez en el resto de España (102 diputados). Con la investidura de Sánchez a expensas del voto de los siete diputados con que cuenta el prófugo de Waterloo en el Congreso, el grupo socialista se aprestó a negociar en Bruselas y Ginebra una ley de amnistía para borrar todos los delitos cometidos por los secesionistas catalanes entre el 1 de noviembre de 2011 y el 13 de noviembre de 2023, fecha en que el grupo socialista (PSOE-PSC) registró en el Congreso la proposición de Ley Orgánica de amnistía, dos días ante de la investidura de Sánchez. Y tras muchas idas y venidas, el Congreso aprobó finalmente la Ley el pasado 30 de mayo, quedando su aplicación pendiente de los tribunales de justicia a los que los secesionistas, ‘sumaristas’ e incluso algunos líderes del PSOE de Sánchez acusan de formar parte de la ‘fachosfera’. No se podía llegar más lejos en el socavamiento de las instituciones centrales del Estado, deslegitimando de un solo plumazo a los tres poderes que destituyeron el gobierno presidido por el prófugo y disolvieron el Parlamento de Cataluña el 27 de octubre de 2017, y juzgaron y condenaron a los principales cabecillas del golpe no huidos.
El daño hecho resulta ya muy grave, pero puede seguir acrecentándose mientras la debilidad parlamentaria del gobierno de Sánchez lo tenga a merced de sus avalistas. Las nuevas exigencias planteadas por ERC y Junts tras aprobar la amnistía son otorgar a Cataluña una financiación singular que profundice la desigualdad entre los españoles y celebrar un referéndum de autodeterminación, exigencia esta última a la que se suman también PNV y EH Bildu en el País Vasco. Junts exige además que el PSC respalde la investidura del prófugo en Cataluña en reciprocidad por el apoyo de Junts a la investidura de Sánchez. No hay duda de que estamos ante una encrucijada política en la que, según la vía que sigamos en los próximos meses, la igualdad de los ciudadanos y la separación de poderes podrían quedar seriamente tocadas. Y aunque las elecciones europeas no van a resolver nuestros problemas internos, no cabe duda de que un mal resultado del PSOE de Sánchez el 9-J erosionaría su imagen personal dentro y fuera de España y constituiría un paso importante para desalojarlo de la Moncloa.
El peligro que entraña la permanencia de Sánchez al frente del gobierno es un asunto que nos concierne a todos los ciudadanos que defendemos. frente a los populismos de izquierdas (Sumar, En Comú, ERC, EH Bildu, BNG, etc.) y de derechas (CDC-PdECat-Junts y PNV), la democracia representativa y la separación de poderes, y la igualdad de los ciudadanos ante la ley, rechazando, por ende, otorgarles privilegios políticos o económicos en función de la Comunidad donde residan. Durante la dictadura, muchos españoles apoyamos huelgas y acciones de protesta convocadas por el PCE, por muy ridículas que nos parecieran sus simplificaciones teleológicas de la Historia, por mucha desconfianza que nos inspirara su respaldo a regímenes dictatoriales comunistas en Europa, y por muy disparatadas que encontráramos sus pretensiones de estatalizar la economía. Y lo hacíamos por considerar que esos actos testimoniales, pese a su inefectividad para derrocar el régimen franquista, alimentaban un estado de opinión en la sociedad española a favor del tránsito hacia un régimen democrático.
Ahora el reto al que nos enfrentamos es precisamente reforzar nuestro régimen democrático, acosado por los populismos de izquierdas y derechas, y acabar con un gobierno en fase avanzada de descomposición e incapaz de pararles los pies a unos y otros. Para enviar mi voto por correo, he recibido un voluminoso taco con 34 papeletas y me ha resultado hasta entretenido repasar los pintorescos nombres y siglas de la mayoría de las formaciones. Comprendo la tentación de añadir una hojita más al taco por quienes se sienten mal representados y hasta despechados por las formaciones llamadas a obtener escaño y cada uno de nosotros es libre de votar a cualquiera de ellas. El único consejo que me atrevo a formular en esta columna es que no desperdicien su voto, bien respaldando a quienes tan mal nos han gobernado desde el 1 de junio de 2018, bien votando a formaciones que no obtendrán representación ni podrán, por tanto, defender sus propuestas en la Eurocámara.
Permítanme el atrevimiento de dejarles aquí las tres preguntas que me he hecho antes de acudir a la oficina de Correos con mi sobre cerrado, por si pudieran ayudarles a resolver sus dudas Primera: ¿me gustaría que me representen en la Eurocámara dos partidos, PSOE y PSC, que han negociado la amnistía en Bruselas y Ginebra con un prófugo de la justicia española y que, si los tribunales no lo impiden, resultará ser uno de los principales beneficiados de la norma finalmente aprobada el pasado 30 de mayo? Segunda, ¿encuentro aceptable que una ministra como Ribera que votó a favor de la amnistía en el Congreso y ha aplaudido las polémicas decisiones de Sánchez de reconocer a Palestina hace unos días y la soberanía de Marruecos sobre el Sahara Occidental en marzo de 2021, sin consensuarlas en el Consejo de ministros, ni contar con la oposición en España ni el resto de miembros en la UE, sea quien nos represente en la Eurocámara? Y, tercera, ¿puedo en conciencia votar a un partido, el PSOE de Sánchez, sobre el que sobrevuelan las sombras de tres casos de corrupción (Tito Berni, Koldo-Ábalos y Begoña-Sánchez) muy graves? Ustedes tienen la palabra.
La conclusión que cabe extraer de este bochornoso espectáculo es que la capacidad de discernimiento de Sánchez, tras varios años en la Moncloa y algunos más al frente de la secretaría general del PSOE, se ha debilitado hasta el punto de dar por descontado que ni él ni ningún miembro de su familia han de rendir cuentas de sus actos ante los ciudadanos. Basta con una cartita simulando una posible despedida. Las últimas decisiones de Sánchez, el reconocimiento unilateral del estado palestino o el envío de armas a Ucrania por valor de 1.100 millones para prolongar la guerra, no sólo no han sido consensuadas con la oposición, sino que ni siquiera en el último caso han contado con el respaldo de sus propios socios de gobierno (Sumar) que las han 
A cada uno de nosotros nos corresponde contestarlas en conciencia y acudir a las urnas el 9-J, venciendo la tentación de quedarnos en casa por tratarse de unas elecciones europeas, porque el resultado va a tener también una lectura en clave nacional e importa mucho que deje en evidencia a quien tanto daño está haciendo a nuestras instituciones democráticas.
Terminada la farsa del retiro en familia, el consumado actor regresó al mundo cruzando los jardines del palacio la Moncloa al filo de las 11 de la mañana (“Buenas tardes”) para convertirse otra vez en el centro de atención de todos los medios de comunicación, esta vez no mediante una misiva sino en cuerpo presente, y reconfortar a los sobrecogidos ciudadanos que, con el alma en vilo, sobrellevaron como pudieron el doloroso trance durante estos cinco días inacabables. Me quedo con vosotros, vino a decirnos, no para aferrarme al poder con malas artes, sino para trabajar con firmeza en pro de la regeneración de la vida política, para revertir su imparable deterioro, y para movilizar “a la mayoría social por la dignidad y el sentido común, poniendo freno a la política de la vergüenza”. Ustedes conocen perfectamente a estas alturas de la película (van para seis años en sesión continua) cuáles son las artes y las recetas políticas de Sánchez para regenerar la vida política y recuperar la dignidad y el sentido común de la sociedad española. Sólo que ahora va a hacerlo fortalecido y si cabe con más fuerza.
Mano extendida hacia sus adversarios políticos para apuntarles con el dedo índice acusador y descalificarlos sin paliativos por representar a esa derecha y ultraderecha que enloda la vida política, y mano tendida a sus aliados circunstanciales que lo auparon a la Moncloa el 1 de junio de 2018, en una operación de acoso y derribo, cómo no, dignísima. Regenerar la vida política hubiera sido mantener que lo ocurrido en Cataluña en 2017 fue más rebelión que sedición y haber traído a España al prófugo de Waterloo para sentarlo en el banquillo, como prometió hacer Sánchez en la tribuna del Congreso, no indultar a los líderes del proceso condenados por el Tribunal Supremo y mucho menos acordar con el prófugo en el ‘exilio’ una ley de amnistía que el propio Sánchez, sus ministros y los líderes del PSOE nos habían dicho no tenía cabida en la Constitución, porque, como nos expuso la vicepresidenta Calvo en el Senado, laminaría la independencia del poder judicial. Una infamia para asegurarse los siete votos de Junts que lo hicieron presidente del gobierno el 15 de noviembre pasado. No puede regenerar la vida política quien descalifica una y otra vez a los líderes de la oposición acusándoles de corruptos, indecentes y machistas, pretende erigir un muro frente a las derechas retrógradas, pero no tiene inconveniente en sentarse a negociar pactos de gobierno y leyes con EH Bildu, los herederos políticos de la banda terrorista ETA, la misma que hasta 2011 mataba y extorsionaba a los ciudadanos en el País Vasco. Otra infamia para asegurarse los seis votos de EH Bildu que lo hicieron presidente del gobierno.
Pero más allá de la retórica impostada, resulta de extrema gravedad que haya aprovechado su comparecencia en la sede de Presidencia para acusar a las derechas de enlodar la vida política inculcando odio hacia personas inocentes, difundiendo mentiras groseras y acusaciones insidiosas carentes de cualquier fundamento. ¿A qué viene toda esta sobreactuación? Si Begoña Gómez, la esposa del presidente, escribió cartas a organismos públicos respaldando la concesión de ayudas públicas a determinadas empresas que luego aportaron recursos al sostenimiento de sus actividades profesionales, y esos organismos, incluido el Consejo de ministros, proporcionaron ayudas públicas, a veces multimillonarias, a algunas de las empresas recomendadas por Gómez, lo menos que debería haber hecho el presidente es publicar un dossier detallando todas las operaciones en que intervino su esposa y compareciendo ante los medios para esclarecer los hechos.
Sánchez, haciendo gala de una inaudita dejación de responsabilidad como presidente, se ha negado a dar explicaciones hasta ahora, y preferido subirse al escenario monclovita para tratar de conmovernos con una actuación tramposa en extremo. Ningún español que conozco desea que las mujeres estén en su casa esperando la vuelta del trabajo del maridito, pero todos los ciudadanos, hombres y mujeres, tenemos derecho a saber cómo se utiliza el dinero público que sale de nuestros impuestos, incluidas las subvenciones públicas a empresas privadas, y muy especialmente cuando esas empresas apoyan las actividades profesionales de familiares de políticos en ejercicio, sean la mujer del presidente del gobierno o el marido de la concejal de Villanueva de Abajo. No hay ninguna operación de acoso y derribo en marcha contra el presidente y su familia, como pretende hacernos creer Sánchez, sino el legítimo deseo de regenerar nuestra vida política, una tarea a lo que, por cierto, va a ayudar muy poco que su gobierno acordara amnistiar a malversadores de fondos públicos y reducir las penas por malversación en el Código Penal.
Quiero, por último, llamar la atención sobre la apelación de Sánchez “a la conciencia colectiva de la sociedad española, una sociedad que, desde el acuerdo generoso, supo sobreponerse a las terribles y profundas heridas del peor de sus pasados”. La verdad es que produce rubor escuchar esta invocación al espíritu de la Transición en labios de quien ha convertido la acción política en un ejercicio permanente de sectarismo y enfrentamiento que recuerda precisamente lo peor de nuestro pasado y llevado la politización de todas las instituciones, organismos y empresas públicas a niveles “inimaginables hasta hace unos pocos años”. No cuela, no resulta creíble. En lugar de comprometerse a encontrar puntos de entendimiento con quienes obtuvieron el respaldo del 45,95 % de los ciudadanos españoles el 23-J, Sánchez prefiere atizar mandobles a las derechas retrógradas y entenderse con las minorías separatistas que representan al 5,97 % de votantes, a los que para no ofenderlos evito llamar españoles.
Permítanme decirles en dos palabras lo que pienso sobre este asunto: la decisión de seguir estaba tomada antes incluso de que Sánchez escribiera la doliente cartita. Deseo y espero que los efectos de la puesta en escena del melodrama “Begoña en la hoguera” resulten efímeros y los ciudadanos realmente deseosos de preservar la convivencia se mantengan alertas porque el daño causado a nuestras instituciones políticas aumenta con cada día que pasa en la Moncloa, y el presidente parece estar más dispuesto que nunca a resistir y hasta a llevar a los suyos a la guerra con la excusa de defender la honorabilidad de los negocios de la familia.
La falta de decoro en este cada día más desangelado corral soleado parece no tener límite. Las reacciones a la sentencia del Tribunal Supremo que 
No importa que Griñán y algunos de los condenados no se llevaran un solo euro al bolsillo, como sí ocurrió en la trama mafiosa organizada por el clan Pujol en Cataluña, un asunto, por cierto, pendiente todavía de juicio. Lo relevante en este caso es que dinero proveniente de los contribuyentes para el sostenimiento de la Junta de Andalucía se gastó eludiendo los procedimientos y controles debidos, y Griñán y la mayoría de los condenados facilitaron o participaron activamente en la trama de malversación de recursos públicos. Conocer o no al imputado, que tenga un talante afable o desabrido, que nos caiga simpático o antipático son cuestiones completamente irrelevantes al caso juzgado, que uno querría pensar no deberían afectar a la valoración de sus propios compañeros de partido, ni de los periodistas y opinadores profesionales, ni de los ciudadanos en general, sean o no votantes del PSOE. Quienes hoy muestran su apoyo a Griñán tras haber sido condenado lo que nos están diciendo en realidad es que prevaricar y malversar es un modelo aceptable y comprensible de administración de los recursos públicos y no debería estar penalmente castigado.
El escenario más plausible es que Griñán ingrese en prisión y el gobierno Sánchez lo indulte a renglón seguido, para distanciar lo más posible el traumático episodio de ver ingresar en prisión a quien fuera ministro de Trabajo (1993-1995), consejero de Economía (2003-2009), presidente de la Junta de Andalucía (2009-2013), y presidente del PSOE (2012-2014), de las elecciones locales y autonómicas y de las elecciones generales. Unas elecciones que no pintan nada bien para Sánchez y las interesadas conjunciones planetarias que lo 
Patxi ya nos ha adelantado que lo único que 
Clemente Polo 