Contra la amnistía y por la separación de poderes

Artículo publicado desde el Observatorio Económico y Social de España y Cataluña (OBESCAT) en el diario Expansión el 6 de junio de 2024. Agradezco de antemano su ayuda para difundirlo entre sus amigos y conocidos.

El próximo 9 de junio (9-J) los ciudadanos podemos dejar claro en la urnas nuestro rechazo a los múltiples engaños y las políticas sectarias desplegadas por los diversos gobiernos de Sánchez desde que llegó a la Moncloa el 1 de junio de 2018, partiendo de una situación de extrema debilidad parlamentaria, y siendo aupado al poder por diversa fuerzas políticas cuyo único punto de coincidencia era debilitar las instituciones centrales del Estado. Unos, como los partidos nacional-secesionistas en Cataluña (ERC, PdECat-JuntsxCat) y el País Vasco (PNV y EH Bildu), para afianzar su poder y sus privilegios en las dos Comunidades donde ya gobernaban; otros como Podemos y Sumar (y todas sus derivadas regionales) decididos a erosionar la Corona y socavar la separación de poderes consagrada en nuestra Constitución.

Como pronosticaba apenas dos meses después en mi artículo “¿Cuánto tiempo aguantarán a Sánchez sus avalistas?” (Expansión, 27/07/2018), el PSOE de Sánchez iba a tener que hacer infinidad de concesiones para mantenerse el poder. Y a buena fe que las ha hecho. No habían pasado ni dos meses, cuando Aragonès, entonces vicepresidente del xenófobo Torra, pasaba la bandeja a Montero, la flamenca ministra de Hacienda, y ésta anunciaba que elevaba el techo del déficit a las CC. AA. Desde entonces han sido muchas las concesiones realizadas por Sánchez para aprobar los PGE y otras leyes tras formar gobierno de coalición con Podemos (2019-2023). Pero a las exigencias económicas de menor o mayor calado, siguieron las políticas que se sustanciaron con la aprobación de los indultos a los golpistas en junio de 2021 y la revisión del Código Penal para eliminar el delito de sedición y rebajar las penas de los delitos de malversación que entró en vigor en junio de 2023.

Pero ni siquiera los buenos resultados obtenidos por el PSC en Cataluña el 23-J (19 diputados) pudieron ocultar los malos resultados del PSOE de Sánchez en el resto de España (102 diputados). Con la investidura de Sánchez a expensas del voto de los siete diputados con que cuenta el prófugo de Waterloo en el Congreso, el grupo socialista se aprestó a negociar en Bruselas y Ginebra una ley de amnistía para borrar todos los delitos cometidos por los secesionistas catalanes entre el 1 de noviembre de 2011 y el 13 de noviembre de 2023, fecha en que el grupo socialista (PSOE-PSC) registró en el Congreso la proposición de Ley Orgánica de amnistía, dos días ante de la investidura de Sánchez. Y tras muchas idas y venidas, el Congreso aprobó finalmente la Ley el pasado 30 de mayo, quedando su aplicación pendiente de los tribunales de justicia a los que los secesionistas, ‘sumaristas’ e incluso algunos líderes del PSOE de Sánchez acusan de formar parte de la ‘fachosfera’. No se podía llegar más lejos en el socavamiento de las instituciones centrales del Estado, deslegitimando de un solo plumazo a los tres poderes que destituyeron el gobierno presidido por el prófugo y disolvieron el Parlamento de Cataluña el 27 de octubre de 2017, y juzgaron y condenaron a los principales cabecillas del golpe no huidos.

El daño hecho resulta ya muy grave, pero puede seguir acrecentándose mientras la debilidad parlamentaria del gobierno de Sánchez lo tenga a merced de sus avalistas. Las nuevas exigencias planteadas por ERC y Junts tras aprobar la amnistía son otorgar a Cataluña una financiación singular que profundice la desigualdad entre los españoles y celebrar un referéndum de autodeterminación, exigencia esta última a la que se suman también PNV y EH Bildu en el País Vasco. Junts exige además que el PSC respalde la investidura del prófugo en Cataluña en reciprocidad por el apoyo de Junts a la investidura de Sánchez. No hay duda de que estamos ante una encrucijada política en la que, según la vía que sigamos en los próximos meses, la igualdad de los ciudadanos y la separación de poderes podrían quedar seriamente tocadas. Y aunque las elecciones europeas no van a resolver nuestros problemas internos, no cabe duda de que un mal resultado del PSOE de Sánchez el 9-J erosionaría su imagen personal dentro y fuera de España y constituiría un paso importante para desalojarlo de la Moncloa.

El peligro que entraña la permanencia de Sánchez al frente del gobierno es un asunto que nos concierne a todos los ciudadanos que defendemos. frente a los populismos de izquierdas (Sumar, En Comú, ERC, EH Bildu, BNG, etc.) y de derechas (CDC-PdECat-Junts y PNV), la democracia representativa y la separación de poderes, y la igualdad de los ciudadanos ante la ley, rechazando, por ende, otorgarles privilegios políticos o económicos en función de la Comunidad donde residan. Durante la dictadura, muchos españoles apoyamos huelgas y acciones de protesta convocadas por el PCE, por muy ridículas que nos parecieran sus simplificaciones teleológicas de la Historia, por mucha desconfianza que nos inspirara su respaldo a regímenes dictatoriales comunistas en Europa, y por muy disparatadas que encontráramos sus pretensiones de estatalizar la economía. Y lo hacíamos por considerar que esos actos testimoniales, pese a su inefectividad para derrocar el régimen franquista, alimentaban un estado de opinión en la sociedad española a favor del tránsito hacia un régimen democrático.

Ahora el reto al que nos enfrentamos es precisamente reforzar nuestro régimen democrático, acosado por los populismos de izquierdas y derechas, y acabar con un gobierno en fase avanzada de descomposición e incapaz de pararles los pies a unos y otros. Para enviar mi voto por correo, he recibido un voluminoso taco con 34 papeletas y me ha resultado hasta entretenido repasar los pintorescos nombres y siglas de la mayoría de las formaciones. Comprendo la tentación de añadir una hojita más al taco por quienes se sienten mal representados y hasta despechados por las formaciones llamadas a obtener escaño y cada uno de nosotros es libre de votar a cualquiera de ellas. El único consejo que me atrevo a formular en esta columna es que no desperdicien su voto, bien respaldando a quienes tan mal nos han gobernado desde el 1 de junio de 2018, bien votando a formaciones que no obtendrán representación ni podrán, por tanto, defender sus propuestas en la Eurocámara.

Permítanme el atrevimiento de dejarles aquí las tres preguntas que me he hecho antes de acudir a la oficina de Correos con mi sobre cerrado, por si pudieran ayudarles a resolver sus dudas Primera: ¿me gustaría que me representen en la Eurocámara dos partidos, PSOE y PSC, que han negociado la amnistía en Bruselas y Ginebra con un prófugo de la justicia española y que, si los tribunales no lo impiden, resultará ser uno de los principales beneficiados de la norma finalmente aprobada el pasado 30 de mayo? Segunda, ¿encuentro aceptable que una ministra como Ribera que votó a favor de la amnistía en el Congreso y ha aplaudido las polémicas decisiones de Sánchez de reconocer a Palestina hace unos días y la soberanía de Marruecos sobre el Sahara Occidental en marzo de 2021, sin consensuarlas en el Consejo de ministros, ni contar con la oposición en España ni el resto de miembros en la UE, sea quien nos represente en la Eurocámara? Y, tercera, ¿puedo en conciencia votar a un partido, el PSOE de Sánchez, sobre el que sobrevuelan las sombras de tres casos de corrupción (Tito Berni, Koldo-Ábalos y Begoña-Sánchez) muy graves? Ustedes tienen la palabra.

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12-M: amnistía, financiación e inmigración

Artículo publicado desde el Observatorio Económico y Social de España y Cataluña (OBESCAT) en el diario El Liberal el 27 de abril de 2024. Agradezco de antemano su ayuda para difundirlo entre sus amigos y contactos.

Hay pocas dudas de que la suerte de los catalanes en las elecciones del próximo 12 de mayo (12-M) penden de los resultados que obtengan Junts, el partido que lidera el prófugo de Waterloo y el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) con Illa, exministro de Sanidad de Sánchez durante la pandemia, y secretario general del partido, a la cabeza. ERC tiene en esta película un papel claramente secundario y más complejo de valorar por el electorado, ya que si bien muchos de sus posicionamientos políticos se encuentran más próximos al PSC que a Junts, los republicanos están obligados a mostrarse muy firmes en el tema de la autodeterminación para restar protagonismo al prófugo y a sus siete diputados que han sabido apretar al máximo a Sánchez en el Congreso desde las elecciones del 23-J, jugando una y otra vez la baza de dejarlo caer si no accede a sus exigencias de máximos.

Tampoco hay muchas dudas sobre cuáles son las cuestiones que van a agitar los dos principales partidos secesionistas durante las dos semanas de campaña que nos esperan. En primer lugar, ERC y Junts van a intentar atribuirse el mérito de haber arrancado al grupo socialista en el Congreso, formado por el PSOE y PSC, la presentación de la proposición de Ley Orgánica de Amnistía que borra todos los actos delictivos (incluidos la malversación de fondos públicos y los actos terroristas) relacionados con el proceso de secesión vivido en Cataluña entre 2012 y 2023, y lo que resulta incluso más grave, desde mi punto de vista, deslegitima todas las acciones desplegadas por los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado para atajar el proceso de secesión culminado el 27 de octubre de 2017 con la constitución de la república catalana como estado independiente.

Para el electorado constitucionalista, la ley de amnistía constituye un golpe tremendo a nuestro “Estado social y democrático de derecho” del que el PSC de Illa es tan responsable como el PSC de Montilla lo fue cuando declaró en una comparecencia oficial que “el tribunal Constitucional está lamentablemente desacreditado y moralmente deslegitimado” y convocó a los catalanes a manifestarse el 10 de julio de 2010 para mostrar su indignación contra la sentencia del alto tribunal sobre el Estatuto y prender la mecha del proceso secesionista en Cataluña. Para el electorado independentista, se trata, por el contrario, de un gran éxito, pese a que la implementación de la ley, caso de que acabe siendo aprobada en el Congreso tras su previsible rechazo en el Senado, pueda quedar atascada en los tribunales españoles y europeos. Las emociones, que no los programas, son las que acaban decidiendo los votos de los ciudadanos y la gran pregunta es cómo va a influir la elevada carga emocional de la amnistía en el voto de los catalanes.

El cambio de 180 grados en la posición de Illa sobre la amnistía, desde su afirmación tajante de “ni amnistía ni nada de eso, lo repito, ni amnistía ni nada de eso” a defender sin rubor alguno que “esos mismos valores nos llevan hoy a defender una amnistía”, no debería en buena lógica ayudarle a ganar votos en el electorado constitucionalista, especialmente entre quienes votaron a Ciudadanos en elecciones anteriores, siempre despreciados por los líderes del PSC desde la irrupción del partido naranja en el Parlamento en noviembre de 2006. Los constitucionalistas no pueden respaldar a un partido de miras tan estrechas que ni siquiera contempló la posibilidad de entablar conversaciones con Ciudadanos para investir a Arrimadas tras su histórica victoria electoral en diciembre de 2017, y se prestó en cambio a ser la muleta de ERC desde que Aragonés excluyó de su gobierno a los consejeros de Junts en septiembre de 2022. Los únicos votantes que el PSC podría atraer son los de los independentistas desencantados.

En cuanto a la pugna que mantienen los dos principales partidos independentistas, podría pensarse que el partido del prófugo saca claramente ventaja a ERC, porque supo jugar sus bazas con bastante más pericia que Aragonès y Junqueras tras el 23-J, y se negó a aprobar la proposición de ley de amnistía en una primera votación en el Congreso para ganar protagonismo, pese a haberla acordado y redactado en las reuniones mantenidas con Cerdán, número tres del PSOE, en Bruselas y Ginebra. El prófugo apretó a Sánchez al máximo y promete a los suyos seguir haciéndolo en el futuro, pero lo cierto es que la sobreactuación de Junts en el Congreso no se ha dejado apenas notar en los sondeos electorales realizados desde de mediados de marzo, ni parece que vaya a alterar sustancialmente el reparto del voto entre las dos formaciones que compiten por un espacio electoral que, a pesar de la amnistía, continúa contrayéndose.

Hay otros dos asuntos de calado que van también a hacerse un hueco en esta campaña: obtener una financiación singular para Cataluña y la transferencia al gobierno de la Generalidad de las competencias del Estado en materia de control de fronteras e inmigración. Más, consejera de Economía, presentó el pasado 19 de marzo al resto del gobierno de la Generalidad la propuesta formal del gobierno de Aragonès para recaudar todos “los impuestos generados en territorio catalán… dejar atrás décadas de injusticia” y acabar con un déficit fiscal que cuantificó en 20.000 millones anuales. Se trata de un planteamiento que no excluye realizar una aportación al Estado, similar al cupo vasco, en concepto de cuota de solidaridad interterritorial. Aunque el propio Aragonès defendió la propuesta en Madrid un día después, los ciudadanos catalanes harán bien en desconfiar de un planteamiento hecho a última hora y acogido con suma frialdad por el gobierno de España que reiteró su prioridad de reformar el sistema de financiación de las Comunidades de régimen común. Junts, para no quedarse atrás, exige también recaudar todos los impuestos y cifra en 450.00 millones la deuda histórica de España con Cataluña. Ahí es nada. Cualquier ciudadano con dos dedos de frente, incluso la ministra Montero, sabe muy bien que el pastor no debe poner al lobo a guardar el rebaño y eso es exactamente lo que supondría cederle al gobierno de la Generalidad el control de la caja. Porque, digámoslo claro, no esperen solidaridad alguna de quienes denigran a los españoles y su cultura una vez logren hacerse con la caja.

Otra cuestión que puede pesar al depositar el voto en las urnas el 12-M es la reclamación de transferir a la Generalidad todas las competencias sobre el control de las fronteras, inmigración incluida. Más allá del aumento de recursos que supondría, la cuestión tiene gran importancia simbólica puesto que el control de las fronteras constituye una de las funciones definitorias de cualquier Estado soberano. Las posiciones xenófobas del abuelo (Pujol) y el padrino (Torra) del prófugo sobre los inmigrantes están bien documentadas, pero no creo que asociar inmigración con delincuencia, como ha hecho Junts, ni alardear de haber pactado con Sánchez una nueva ley orgánica que nadie ha visto, vayan a reportarle a Junts demasiado rédito electoral. Y es que al hijastro de Torra le ha salido un competidor muy duro que puede llevarse el gato al agua y restarle varios diputados: Aliança Catalana. El partido de Orriols es un rabioso defensor de la declaración unilateral de independencia y se opone a aceptar inmigrantes que no beneficien a la sociedad y cultura catalanas.

Cabe pensar que los votantes independentistas tendrán en cuenta al decidir su voto quién desprecia más a los españoles y está más decidido a utilizar todos los resortes para conducirlos a la tierra prometida tras un peregrinaje de varios siglos: la ansiada e inasible independencia de Cataluña. El prófugo se postula como el único candidato fiable para ser el Moisés en esta película truculenta. Sin embargo, resulta igualmente plausible pensar que el baño de realismo que supuso el fracaso del 27-O y la huida vergonzante del conductor en el maletero de un vehículo hayan servido para darles un baño de realismo y desconfiar de las bravuconadas del prófugo y su pequeña corte de aduladores irredentos. Los barómetros del CEO apuntan a que el respaldo a la independencia de Cataluña ha perdido bastante terreno desde 2017 y sugiere que los partidos independentistas compiten por atraer a un electorado menguante, una indicación de que cada vez son más los catalanes que ven inalcanzable alcanzar la independencia en el futuro previsible. El panorama, no obstante, continúa siendo muy preocupante porque no podemos olvidar que los gobiernos tripartitos liderados por el PSC fueron la fábrica de independentistas y su repetición podría reavivar el proceso secesionista en pocos años.

ANÁLISIS / 12-M: amnistía, financiación e inmigración