Cuando el Estado se desvanece

Artículo publicado en el diario Expansión el 9 de julio de 2013

Celebró Sant Cugat del Vallés sus fiestas populares en honor a San Pablo y San Pedro y para festejarlas su alcaldesa, militante de CDC, ordenó arriar las banderas española y europea que ondean habitualmente en el moderno edificio que alberga al consistorio. Que sepa, ni la policía nacional en Sant Cugat ni la delegada del Gobierno en Cataluña hicieron nada para impedir omisión tan significativa. ¿Acaso puede esperarse un comportamiento distinto de los subalternos cuando Mas comparece día sí y día también ante los medios de comunicación sólo con la bandera catalana (a veces también con la europea), como si Cataluña ya no formara parte de España? Nada nuevo bajo el sol. Hace unos años, Montilla, presidente entonces del gobierno de la Generalitat, presenció la ‘diada castellera’ de San Félix en Vilafranca del Penedés, desde el balcón del ayuntamiento engalanado para tan señalada ocasión con una colgadura de terciopelo donde lucía prendida, junto al escudo bordado de la villa, la bandera estelada.

¡Ojalá la dejación de responsabilidades de quienes han gobernado, aprobado leyes y administrado la justicia en España se hubiera circunscrito a estos casos estrafalarios! Hace ya muchos años que las instituciones del Estado y los partidos políticos de ámbito estatal han dejado de estar presentes en la arena política catalana y ese lugar lo ha ocupado una casta de políticos locales empecinados en imponer a la sociedad su visión tribal y uniformizadora. Para alcanzar sus objetivos, los nacionalistas no han dudado en saltarse a la torera la Constitución, las leyes estatales y las sentencias judiciales y utilizar las Generalitat y los medios de comunicación bajo su control para avivar agravios (reales o imaginarios) e inventarse otros nuevos. La política de apaciguamiento adoptada por todos los gobiernos españoles sin excepción sólo ha servido para darles nuevas alas y elevar el tono de sus acusaciones y reivindicaciones.

 Falacias nacionalistas

Llevan años los gobiernos catalanes y los partidos que los sustentan difundiendo la insidia de que el resto de los españoles está robando a los catalanes. Hasta hace poco, en la página de Internet de CDC podía verse un contador que actualizaba la cifra del expolio estimado en torno a 16.000 millones de euros en 2009. El contador ha desaparecido pero ahora se nos ‘informa’ de que “no tenemos recursos, porque 4 de cada 10 € que pagamos en impuestos no vuelven”. La afirmación se acompaña con un diagrama que cifra el expolio perpetrado por el Estado español en 45 millones al día o 2.251 € al año por catalán. La propaganda concluye remachando  que “no tenemos capacidad de decisión porque el Estado español nos la niega vetando todo lo que hacemos”. Hace unos días, Mas-Colell achacaba al “centralismo del Estado español” la imposibilidad “de mantener nuestro estado del bienestar.” Pues bien, ¿qué ha hecho el Estado español para combatir tal cúmulo de patrañas que no resisten un análisis serio y cuyo principal objetivo es azuzar el odio de los ciudadanos catalanes (supuestos expoliados) hacia el resto de los españoles (supuestos expoliadores)? Nada, absolutamente nada. Nunca he escuchado al presidente Rajoy o a Pérez Rubalcaba, líder de la oposición, encararse con Duran i Lleida, portavoz de CiU, para rechazar acusaciones tan graves en el Congreso, ni tampoco desmentirlas con contundencia en sus visitas a Cataluña.

Una de las últimas falacias puestas en circulación por el ejecutivo catalán es que nada de lo que está ocurriendo ahora se habría producido si el Tribunal Constitucional (TC) hubiera avalado en su integridad el Estatut de 2006. Tal afirmación, no resiste tampoco un análisis riguroso. Como expliqué en mi artículo “Pacto en la Moncloa” (Temas para el debate, nº 138, mayo 2006), pocos días después de la famosa cena entre Rodríguez Zapatero y Mas que desencalló la tramitación del proyecto de Estatut  en el Congreso, Mas advirtió que el Estatut bueno era el aprobado por el Parlament en septiembre de 2005 y que para alcanzarlo habría que dar “dos o tres saltos como el que ahora hemos dado” (La Vanguardia, 29-01-2006). Y Pujol sentenció que “no será texto para muchos años ni será para la generación que ahora accede a la política” (La Vanguardia, 30-01-2006). Queda, pues, probado que más de tres años antes de que se produjera la sentencia del TC sobre el Estatut, Pujol y Mas ya habían dado por muerto el Estatut antes de aprobarlo siquiera el Congreso. Asimismo, hay documentos gráficos donde aparecen carteles en las sedes de CDC con el lema “Queremos un estado propio” un año antes de redactarse la sentencia. No fue, por tanto, la sentencia la causante de la radicalización de CDC sino más bien la excusa para dar por amortizado el Estatut de 2006.

Otra de las grandes mentiras repetidas por el formidable aparato de propaganda del gobierno catalán es que está en marcha una operación recentralizadora que pretende acabar, entre otras cosas, con el modelo educativo catalán. Ya dediqué un artículo hace unos meses en Expansión a examinar las supuestas ‘excelencias’ del sistema. Lo que me importa subrayar ahora no es el carácter autoritario y empobrecedor de la inmersión lingüística en catalán, un modelo antipedagógico y reaccionario que nos retrotrae al franquismo, sino que la propuesta de utilizar también el castellano como lengua vehicular se presente como una amenaza al sistema educativo catalán. Una vez más, los hechos ponen en evidencia lo falaz del argumento. En diciembre de 2006, siendo Cabrera ministra de Educación se aprobó un decreto de enseñanzas mínimas que requería aproximadamente dedicar tres horas semanales a la lengua castellana y la literatura en los ciclos de primaria. Pues bien, la reacción tanto del gobierno catalán con Maragall, consejero de Educación, a la cabeza, como de Mas y CDC, entonces en la oposición, fue ignorar los decretos en los dos cursos siguientes y conjurarse para elaborar la Ley de Educación de Cataluña y no aplicarlos nunca. Cabrera y Rodríguez Zapatero miraron hacia otro lado y las sentencias del TSJC y el Tribunal Supremo contra del gobierno catalán han sido asimismo ignoradas. La radical oposición a una iniciativa tan moderada como la de Cabrera deja a todas luces claro que es el gobierno catalán, no el español, quien recentraliza y desprecia la pluralidad de una sociedad donde el 52 por ciento de los ciudadanos considera el castellano su lengua materna.

Dejación grave de responsabilidades

La indefensión ante la imposibilidad de ejercitar algunos derechos constitucionales en Cataluña hay que achacarla en última instancia, no a los nacionalistas catalanes, sino a la incomprensible dejación de sus responsabilidades por parte del Gobierno español y el resto de instituciones del Estado que han preferido tantas veces mirar hacia otro lado. Ni la Administración Central ni los partidos políticos de ámbito nacional (PP y PSOE) han ejercido el contrapeso institucional y político necesario para contrarrestar las imposiciones políticas del nacionalismo catalán. Craso error porque así se ha llegado a que el español, la lengua oficial del Estado, esté excluida como lengua vehicular en la enseñanza en Cataluña, y a que desde las instituciones de autogobierno de Cataluña se propague el infundio de que los catalanes están siendo expoliados por el resto de los españoles. Un análisis desapasionado nos lleva a conclusiones bien distintas: primera, es el gobierno catalán, no el español, el que se empecina en no reconocer la pluralidad de la sociedad catalana; y, segunda, la riqueza material y humana acumulada en Cataluña desde al menos 1850 se explica en gran medida por la existencia del mercado español, protegido de la competencia exterior por aranceles y otras barreras hasta 1992, donde las empresas catalanas han colocado sus productos.