Adjunto enlace a mi ultimo artículo publicado desde el Observatorio Económico y Social de España y Cataluña (OBESCAT) en el diario El Liberal el 12 de mayo de 2024. Agradezco de antemano su ayuda para difundirlo entre sus amigos y contactos.
A la espera de la encuesta definitiva la noche del próximo domingo, todas las encuestas electorales publicadas (sondeos prohibidos incluidos) coinciden en dar como virtual ganador de las elecciones al PSC, si bien la mayoría de ellos apuntan a que Junts, desbancaría a ERC como primera fuerza secesionista y el prófugo de Waterloo recuperaría el liderazgo perdido tras su vergonzosa huida a Bélgica, pocas horas después de haber proclamado la independencia el 27-O y ordenado a sus consejeros ignorar su destitución e incorporarse a sus despachos oficiales el lunes. Salvo el CIS de Tezanos que confirma una tendencia ascendente del PSC entre las encuestas publicadas el 25 de marzo y el 6 de abril, y otorga todavía un empate técnico a Junts y ERC en la segunda, la mayoría de los sondeos coinciden en que el PSC no ha registrado avances apreciables en las últimas semanas mientras que Junts se le ha ido acercando en número de escaños y ha puesto tierra de por medio con ERC.
El rescate del prófugo
La remontada de Junts constituye una de las peores noticias que podíamos recibir los ciudadanos catalanes que manteníamos todavía viva la esperanza de que el Tribunal de Justicia de la UE ratificara la pérdida de su inmunidad como europarlamentario y pudiera ser extraditado y juzgado como cabecilla principal del golpe de estado perpetrado desde el mismo momento en que fue investido presidente del gobierno de la Generalidad el 10 de enero de 2016 hasta su destitución el viernes 27 de octubre de 2017 (27-O). Que el prófugo de Waterloo pueda regresar a España libre constituye, sin duda, el mayor atentado perpetrado a nuestro Estado de Derecho, puesto que deslegitima a todos los poderes que actuaron para detener el golpe de estado: al gobierno de España y al Senado que lo destituyeron el 27-O, y a los tribunales que instruyeron, juzgaron y sentenciaron a los cabecillas no fugados. Resulta difícil concebir un golpe más grave a nuestras instituciones democráticas que amnistiar y facilitar la vuelta a España de quien lideró, jaleó y financió el proceso de secesión, y no oculta su intención de volver a intentarlo de nuevo, ahora con menos riesgo personal al haber eliminado el gobierno de Sánchez el delito de sedición y suavizado las penas por malversación en el Código Penal.
La amnistía y el escándalo de las mascarillas (caso Ábalos-Koldo) han lastrado la campaña del exministro de Sanidad de Sánchez y relanzado la campaña del prófugo. Illa se ha visto perseguido por el eco de sus palabras, cuando nos decía a los ciudadanos que “de amnistía y todo eso, nada. Lo repito: de amnistía y todo eso nada”. Tanto los partidos constitucionalistas, Ciudadanos, Vox y PP, como los partidos más beneficiados por la amnistía, ERC y Junts, se han encargado de recordárselo una y otra vez durante la campaña: los primeros, para reprocharle su falta de palabra, y los segundos para desacreditarle cuando afirma que no habrá referéndum de autodeterminación en Cataluña, porque, le recuerdan, acabará por aceptarlo como acabó por aceptar la amnistía. Al candidato del PSC, la presencia de Sánchez en campaña, como les ocurrió a otros barones socialistas, no le habrá ayudado a sacudirse las moscas cojoneras, porque el presidente fue incluso más lejos cuando se comprometió en el Congreso el 4 de noviembre de 2019 “a traerlo [¡al prófugo!] de vuelta a España y que rinda cuentas ante la justicia”. Ahora se confirma que Sánchez pretende traerlo de vuelta a España, no para sentarlo en el banquillo, como prometió, sino para ponerle una alfombra roja.
El bote enviado por Sánchez a Bélgica para salvar al naufrago brindó al prófugo la posibilidad de subirse a bordo, hacerse con el timón de las negociaciones sobre la amnistía y presentarse ante los suyos como el único candidato capaz de tener agarrado a Sánchez por la pernera alta y conducirlos a la tierra prometida. Aragonès y ERC han demostrado su falta de perspicacia política al dar luz verde a la Proposición de Ley Orgánica de amnistía muy pronto, dejando en manos del prófugo todo el protagonismo hasta su aprobación final el 17 de marzo. ¿Qué pueden exhibir ellos para contrarrestar este éxito? Casi nada. ¿El compromiso de Sánchez de condonar 15.000 millones de deuda? ¿Amenazar a Sánchez con no aprobar los PGE si no negocia un sistema de financiación singular para Cataluña? ¿Qué exigirán la celebración de un referéndum pactado si gobiernan? Aragonès y los suyos han perdido unos años preciosos al frente del gobierno de la Generalidad para desacreditar al prófugo y no me extrañaría que se estén preguntado en qué mala hora decidieron adelantar las elecciones autonómicas.
No pierdan la esperanza
Para los catalanes constitucionalistas, el panorama político resulta poco alentador. Si atendemos a lo que pronostican las encuestas, el PP podría sobrepasar la decena de diputados, recuperando parte del terreno perdido tras haber respaldado a Mas entre 2010 y 2012, y Vox mantendría los 11 diputados que obtuvo en 2021. Magro consuelo puesto que la suma de ambos queda muy lejos del total obtenido por Ciudadanos (36) y PP (4) en 2017. Mientras el PSC continúe empecinado en alcanzar acuerdos con partidos abiertamente no constitucionalistas como ERC, Junts y CUP, y una fracción importante de la sociedad catalana siga respaldando al partido que dio el pistoletazo de salida al proceso secesionista entre 2003 y 2010, prestándose a elaborar un Estatuto tan marcadamente inconstitucional que, incluso tras las enmiendas aprobadas en el Congreso, el presidente Maragall llegó a jactarse de que Cataluña “puede hacer lo que quiera, en este momento… y lo haremos”. Y vaya si lo hicieron. Pregunten a Mas, Puigdemont, Junqueras, Torra y Aragonès. No les extrañe, por ello, que decenas de miles de ciudadanos con distintas ideologías hayan firmado un manifiesto pidiendo expresamente no votar a Illa por haber abandonado su partido la senda constitucionalista.
Más allá de los resultados y pactos postelectorales que puedan fraguarse tras el 12-M para controlar el gobierno de la Generalidad, la certeza incontestable es que el constitucionalismo en Cataluña está ingresado en la unidad de cuidados intensivos. El PP, el único partido de centro presente en toda España que nos queda a los catalanes, debería otorgar una alta prioridad y destinar más recursos a reforzar su presencia en Cataluña. Una vez superada la peligrosa situación en que quedó en 2021, con tan solo 3 diputados en un Parlamento de 135, urge diseñar una estrategia a medio plazo para asentarse en Cataluña, porque sin una mayor representación en la tercera CA por población y la segunda por importancia económica resulta muy difícil gobernar España y presentar una alternativa al proceso secesionista que, como acertadamente apuntó Fernández en el debate en TVE, ha traído a Cataluña decadencia en lugar de independencia.
Terminada la farsa del retiro en familia, el consumado actor regresó al mundo cruzando los jardines del palacio la Moncloa al filo de las 11 de la mañana (“Buenas tardes”) para convertirse otra vez en el centro de atención de todos los medios de comunicación, esta vez no mediante una misiva sino en cuerpo presente, y reconfortar a los sobrecogidos ciudadanos que, con el alma en vilo, sobrellevaron como pudieron el doloroso trance durante estos cinco días inacabables. Me quedo con vosotros, vino a decirnos, no para aferrarme al poder con malas artes, sino para trabajar con firmeza en pro de la regeneración de la vida política, para revertir su imparable deterioro, y para movilizar “a la mayoría social por la dignidad y el sentido común, poniendo freno a la política de la vergüenza”. Ustedes conocen perfectamente a estas alturas de la película (van para seis años en sesión continua) cuáles son las artes y las recetas políticas de Sánchez para regenerar la vida política y recuperar la dignidad y el sentido común de la sociedad española. Sólo que ahora va a hacerlo fortalecido y si cabe con más fuerza.
Mano extendida hacia sus adversarios políticos para apuntarles con el dedo índice acusador y descalificarlos sin paliativos por representar a esa derecha y ultraderecha que enloda la vida política, y mano tendida a sus aliados circunstanciales que lo auparon a la Moncloa el 1 de junio de 2018, en una operación de acoso y derribo, cómo no, dignísima. Regenerar la vida política hubiera sido mantener que lo ocurrido en Cataluña en 2017 fue más rebelión que sedición y haber traído a España al prófugo de Waterloo para sentarlo en el banquillo, como prometió hacer Sánchez en la tribuna del Congreso, no indultar a los líderes del proceso condenados por el Tribunal Supremo y mucho menos acordar con el prófugo en el ‘exilio’ una ley de amnistía que el propio Sánchez, sus ministros y los líderes del PSOE nos habían dicho no tenía cabida en la Constitución, porque, como nos expuso la vicepresidenta Calvo en el Senado, laminaría la independencia del poder judicial. Una infamia para asegurarse los siete votos de Junts que lo hicieron presidente del gobierno el 15 de noviembre pasado. No puede regenerar la vida política quien descalifica una y otra vez a los líderes de la oposición acusándoles de corruptos, indecentes y machistas, pretende erigir un muro frente a las derechas retrógradas, pero no tiene inconveniente en sentarse a negociar pactos de gobierno y leyes con EH Bildu, los herederos políticos de la banda terrorista ETA, la misma que hasta 2011 mataba y extorsionaba a los ciudadanos en el País Vasco. Otra infamia para asegurarse los seis votos de EH Bildu que lo hicieron presidente del gobierno.
Pero más allá de la retórica impostada, resulta de extrema gravedad que haya aprovechado su comparecencia en la sede de Presidencia para acusar a las derechas de enlodar la vida política inculcando odio hacia personas inocentes, difundiendo mentiras groseras y acusaciones insidiosas carentes de cualquier fundamento. ¿A qué viene toda esta sobreactuación? Si Begoña Gómez, la esposa del presidente, escribió cartas a organismos públicos respaldando la concesión de ayudas públicas a determinadas empresas que luego aportaron recursos al sostenimiento de sus actividades profesionales, y esos organismos, incluido el Consejo de ministros, proporcionaron ayudas públicas, a veces multimillonarias, a algunas de las empresas recomendadas por Gómez, lo menos que debería haber hecho el presidente es publicar un dossier detallando todas las operaciones en que intervino su esposa y compareciendo ante los medios para esclarecer los hechos.
Quiero, por último, llamar la atención sobre la apelación de Sánchez “a la conciencia colectiva de la sociedad española, una sociedad que, desde el acuerdo generoso, supo sobreponerse a las terribles y profundas heridas del peor de sus pasados”. La verdad es que produce rubor escuchar esta invocación al espíritu de la Transición en labios de quien ha convertido la acción política en un ejercicio permanente de sectarismo y enfrentamiento que recuerda precisamente lo peor de nuestro pasado y llevado la politización de todas las instituciones, organismos y empresas públicas a niveles “inimaginables hasta hace unos pocos años”. No cuela, no resulta creíble. En lugar de comprometerse a encontrar puntos de entendimiento con quienes obtuvieron el respaldo del 45,95 % de los ciudadanos españoles el 23-J, Sánchez prefiere atizar mandobles a las derechas retrógradas y entenderse con las minorías separatistas que representan al 5,97 % de votantes, a los que para no ofenderlos evito llamar españoles.
Permítanme decirles en dos palabras lo que pienso sobre este asunto: la decisión de seguir estaba tomada antes incluso de que Sánchez escribiera la doliente cartita. Deseo y espero que los efectos de la puesta en escena del melodrama “Begoña en la hoguera” resulten efímeros y los ciudadanos realmente deseosos de preservar la convivencia se mantengan alertas porque el daño causado a nuestras instituciones políticas aumenta con cada día que pasa en la Moncloa, y el presidente parece estar más dispuesto que nunca a resistir y hasta a llevar a los suyos a la guerra con la excusa de defender la honorabilidad de los negocios de la familia.
Clemente Polo 