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Vuelta a la realidad tras la victoria del 9-J

Los resultados de las elecciones europeas el 9 de junio han venido a confirmar que el PP sigue una senda ascendente y los dos partidos socialistas que conforman la columna vertebral del gobierno de Sánchez, PSOE y PSC, logran resistir pese a la pérdida de respaldo en las urnas. El error de la última encuesta del CIS de Tezanos ha resultado (una vez más) clamoroso puesto que en lugar de la holgada mayoría de 3,0 puntos porcentuales que pronosticaba (32,4-29,4, empleando el valor medio de las horquillas de ambas formaciones) a favor del PSOE-PSC frente al PP, las urnas han otorgado una victoria de 4,09 puntos (34,38-30,29) a los populares.  Ni mucho menos se trata del único error de bulto de la encuesta preelectoral -igualmente clamorosa resulta la sobrestimación a favor de Sumar en la encuesta del CIS, 6,35%, frente a 4,65% en las urnas-, pero sí el más relevante si lo que pretendía Tezanos era insuflar ánimos a los votantes potenciales de los dos partidos socialistas.

Acotando el triunfo del PP

Al comparar los resultados del 9-J con los de 2019, los resultados del PP frente a sus rivales socialistas cobran incluso mayor dimensión: el PP con 5.963.074 suma 1.443.869 votos y obtiene 9 escaños más, en tanto el PSOE-PSC pierde 2.108.496 votos y se deja 1 escaño. Resulta interesante observar que el PSC en Cataluña sólo ha perdido 24.869 votos por lo que la caída conjunta, 2.108.496, cabe atribuirla casi exclusivamente a los malos resultados del PSOE de Sánchez en el resto de España. Ahora bien, aunque estos resultados confirman la recuperación notable del PP y permiten dar por superada la situación de desconcierto y debilidad extrema en que la moción de censura a Rajoy el 1 de junio de 2018 sumió al partido, no son tampoco para tirar las campanas al vuelo ni mucho menos.

Con relación a las elecciones europeas de 2019, la caída en el número de votos contabilizados 5.963.074, ha sido espectacular, al igual que el aumento registrado en la cifra de ciudadanos que decidieron abstenerse, 3.482.166. La conclusión no partidista que puede extraerse de estas cifras no invita precisamente a la euforia, puesto que, si bien el PP ha obtenido una nueva victoria electoral, puede afirmarse que no ha logrado atraer a buena parte del electorado que, pese a la aprobación de la Ley Orgánica de amnistía aprobada finalmente el 30 de mayo y los presuntos casos de corrupción que sobrevuelan sobre el PSOE de Sánchez (Tito Berni, Koldo-Ábalos-Armengol, Gómez-Sánchez y Sánchez-Castejón), 5.261.293 (732.366 en Cataluña) se mantuvieron fieles y muchos otros optaron por abstenerse o votar a partidos que no han obtenido representación en la Eurocámara. Para hacernos una idea más precisa de lo sucedido, basta con apuntar que el PP no ha logrado siquiera atraer a una parte de los 2.731.825 votantes que respaldaron a Ciudadanos en las elecciones europeas en 2019 y no lo han hecho en 2023.

Comprendo que los líderes del PP, por razones de imagen, hayan celebrado los buenos resultados como si realmente hubiera sido una victoria aplastante, un éxito histórico, y hayan exigido la convocatoria de elecciones generales, pese a que la diferencia en votos y escaños nada tiene que ver con el éxito aplastante, este sí, alcanzado por Regroupement National, el partido de Le Pen, con 30 escaños, frente a Besoin d’Europe, el partido de Macron, que obtuvo sólo 13, menos de la mitad.  Sánchez no va a convocar elecciones generales en España mientras cuente con el respaldo de Sumar-Podemos y los partidos secesionistas (Junts y ERC, EH Bildu y PNV, y BNG) que lo auparon a La Moncloa y, por ello, los líderes del PP harían bien en ponerse a trabajar en serio para seguir erosionando al PSOE de Sánchez: en Cataluña y resto de España, así como en la UE.

El secesionismo está de vuelta en Cataluña

La desobediencia del Parlamento de Cataluña al Tribunal Constitucional al permitir votar a diputados ausentes, la elección como presidente de la cámara de Rull,  exconsejero del prófugo condenado por sedición por el Tribunal Supremo, y la composición de la Mesa del Parlamento con mayoría de Junts y ERC vienen a demostrar que las concesiones políticas hechas por Sánchez a los secesionistas en la pasada legislatura para asegurarse su respaldo en el Congreso y la investidura el 15 de noviembre de 2023, indultos y amnistía, sólo han servido para insuflarles vida y devolverles el protagonismo político perdido desde 2017, y no augura nada bueno para la estabilidad política de Cataluña y España.

En las elecciones europeas, la abstención alcanzó en Cataluña la impresionante cifra 3.115.771, superando ampliamente la de votos contabilizados, 2.402.001, con un aumento notable de las abstenciones (910.259) y disminución (1.037.957) de votos contabilizados sobre las correspondientes cifras en 2019. Se trata de un dato que, además de poner en duda el europeísmo de la sociedad catalana, demuestra el elevado grado de desencanto entre los votantes de formaciones secesionistas, desde luego, pero también la escasa capacidad de los partidos constitucionalistas para ilusionar a los tres millones largos de abstencionistas. El ascenso del PP y Vox ha sido notable en Cataluña, sumando 153.707 y 79.760 votantes más, respectivamente, pero ni siquiera la suma de ambos (233.467) iguala los votos perdidos por Ciudadanos (281.125) entre 2019 y 2024. El secesionismo, por otra parte, está muy vivo pese a su fuerte caída en las urnas, y se dispone a aprovechar todas las cesiones extraídas a Sánchez para volver a tomar la iniciativa con el retorno del prófugo. La complicada tarea que tiene por delante el PP en Cataluña es recuperar el electorado constitucionalista que llevó a Ciudadanos a convertirse, con el respaldo de más de 1,1 millones de catalanes, en el partido más votado en diciembre de 2017.

¿Cuánto pesan la corrupción y la amnistía?

Los casos de corrupción del PSOE actualmente investigados por los tribunales de España y la UE van a seguir su curso y continuarán a buen seguro erosionando la imagen pública y el respaldo electoral de Sánchez. Pero no se puede ser ingenuo: 5.261.293 españoles respaldaron al PSOE-PSC el 9-J, sin importarles en exceso el incumplimiento flagrante de promesas electorales como la de que no gobernaría en coalición con Podemos, los cambios injustificados de opinión sobre la calificación jurídica de los delitos cometidos por los líderes secesionistas catalanes o sobre la imposibilidad de encajar la amnistía en nuestro ordenamiento constitucional, la  desvergüenza de Sánchez de sentarse a negociar con el prófugo de Waterloo su propia amnistía en Bruselas para ser investido presidente, y, en fin, la negativa a dar explicación alguna sobre los graves casos de corrupción que están siendo investigados por los tribunales.

Comprendo el respaldo al PSOE de Sánchez de los militantes que cobran un sueldo por su condición de leales, de los directores de medios de comunicación afines que reciben subvenciones y primicias, y hasta de quienes creen que votarle les asegura seguir cobrando prestaciones y ayudas, pero me sorprende el apoyo que recibe también de ciudadanos de a pie que se rasgarían las vestiduras en caso de que fueran los líderes del PP quienes hubieran incurrido en semejantes incoherencias políticas, llevado a término vergonzosas negociaciones con prófugos de la justicia para asegurarse la investidura, o pesaran sobre ellos casos de presunta corrupción tan graves como los que afectan al PSOE de Sánchez. Por ello, no puedo dejar de preguntarme a quién habrán votado el 9-J algunos líderes históricos del PSOE, algunos intelectuales y ciudadanos progresistas que incluso han llegado a manifestar públicamente su rechazo a los acuerdos cerrados con fuerzas políticas como Podemos y no se han cortado la lengua al posicionarse en contra de la amnistía. Debo ser de otra pasta porque su comportamiento me causa vergüenza ajena, como me la producía quienes defendían a Franco en la dictadura.

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9-J: hay que dar también la batalla en la UE

Los catalanes constitucionalistas hemos vivido con asombro como el presidente Sánchez pasó en un plis plas de prometer traernos al prófugo de Waterloo para sentarlo en el banquillo a amnistiarlo, y como los dos últimos primeros secretarios del PSC siguieron su estela y pasaron de rechazar con rotundidad la amnistía a aplaudirla y defenderla para que el secretario general del PSOE pudiera ser investido presidente el pasado 15 de noviembre. Iceta, primer secretario entre 2014 y 2021 había manifestado en septiembre de 2019 que “la amnistía no corresponde con lo que ha pasado, es el olvido, es decir que no ha pasado nada porque consideramos que las leyes que había en esos momentos no eran justas”. E Illa, primer secretario del PSC desde 2021 nos regaló los oídos con aquella perla de “y ni amnistía ni nada de eso. Lo repito para que quede claro: ni amnistía ni nada de nada”.

La amnistía supone, como bien apuntaba el tibio Iceta, que no pasó nada y que las “leyes que había en esos momentos [en España en 2017] no eran justas”. En otras palabras, la amnistía supone que todas las acciones emprendidas entre el 1 de noviembre de 2011 y el 13 de noviembre de 2013 para organizar, financiar y hacer efectiva la secesión de Cataluña eran legítimas, como han sostenido siempre los ‘procesistas’ y que, por el contrario, todas las acciones desplegadas por el Ejecutivo de Rajoy, el Senado y los tribunales de justicia para juzgarlos carecían de fundamento jurídico. Preguntaba al final de mi artículo de la semana pasada si “me gustaría que me representen en la Eurocámara dos partidos [PSOE-PSC] que han negociado la amnistía en Bruselas y Ginebra con un prófugo de la justicia española y que, si los tribunales no lo impiden, resultará ser uno de los principales beneficiados de la norma finalmente aprobada el 30 de mayo”, pendiente todavía de la sanción del Jefe del Estado y su publicación en el BOE para no hacerla visible antes de las elecciones europeas. Hoy, víspera de esas elecciones, la respondo con un NO rotundo.

Pero la amnistía no es la única razón para no votar a pseudo socialistas, militen en el PSOE de Sánchez, como Ribera, que encabeza la papeleta del “Partit dels Socialistas de Catalunya (PSC-PSOE) (PSC)” (por extraño que les parezca la nomenclatura, así aparece en mis papeletas) que me remitió la Junta Electoral, o López Fernández, militante del PSC, que aparece en tercera posición.  Porque la igualdad ante la ley y la separación de poderes no son meras elucubraciones sino circunstancias que afectan a la vida personal y profesional, y quien tenga alguna duda que pregunte a los catalanes castellanohablantes que hemos visto mermado durante décadas el ejercicio de derechos fundamentales tales como utilizar la lengua oficial del Estado en nuestras actividades profesionales, educar a nuestros hijos en su lengua materna, ejercer la libertad de cátedra en los centros de enseñanza, especialmente notorio en el área de historia, o acceder a las Administraciones públicas en igualdad de condiciones con los catalanohablantes. El PSC ha defendido siempre el modelo de inmersión lingüística implantado por los gobiernos de Pujol, y los tripartitos presididos por el PSC de Maragall y Montilla (2003-2010) incumplieron los Decretos de enseñanzas mínimas en Educación infantil y primaria impulsados en 2006-07 por Cabrera, ministra de Educación de Zapatero, porque exigían, en adición a las tres horas dedicadas a aprender la lengua y literatura castellanas, impartir una hora lectiva en castellano.

Ningún constitucionalista catalán con un mínimo de discernimiento puede votar el 9-J a quienes se han desdicho sobre la amnistía a los golpistas y prófugos de la justicia y a quienes han impuesto sin contemplaciones la inmersión lingüística en catalán como un modelo de éxito con la excusa de normalizar su utilización en todos los ámbitos públicos, incluidas las relaciones personales de los alumnos en los recintos escolares y las reuniones de los profesores con los padres de los alumnos, para facilitar, según dicen, la integración a los recién llegados a Cataluña. Para desmentirlo, ahí están los resultados del último informe Pisa 2022 elaborado por la OCDE que sitúa a Cataluña “en la cola de España y Europa”. Poco podemos esperar de los representantes del PSOE y PSC en la Eurocámara más allá de que la todavía vicepresidenta Ribera podrá reunirse en persona con el prófugo y ahorrar algunos viajes a Cerdán para continuar negociando qué nuevas concesiones ha de hacer el PSOE de Sánchez para mantener a su secretario general en la Moncloa.

La previsible desaparición de Ciudadanos del Parlamento de la UE el 9-J, como apuntan los pésimos resultados cosechados el 12-M y los de todas las encuestas publicadas, va a resultar para muchos votantes catalanes un hueco difícil de llenar. Y es que Ciudadanos y UPyD han sido los dos únicos partidos que, desde su fundación, han hecho frente al nacional-secesionismo sin dobleces en Cataluña, el País Vasco, España y la UE, y sus representantes han desarrollado una gran labor en Bruselas para lograr que, a instancias de la comisión de Asuntos Jurídicos presidida por Vázquez (Ciudadanos), el Parlamento Europeo retirara la inmunidad parlamentaria al prófugo, y a Ponsatí y Comín, igualmente huidos de la justicia española. Desde luego, su hueco no lo va a llenar Vox, un partido cuya voz se deja oír, aunque con frecuencia uno tiene que bajar el volumen para no escuchar sus casi siempre simplones diagnósticos de los problemas y sus ilusorias recetas para resolverlos.

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Esperemos que la consolidación de Fernández al frente del Partido Popular en Cataluña, tras el éxito alcanzado el 12-M en las elecciones autonómicas en Cataluña, ponga punto final a la ambigüedad (mal) calculada en que se instaló el PP en 1996, cuando el presidente Aznar entregó la cabeza de Vidal-Cuadras a Pujol para cerrar el pacto del Majestic, y que tan malos resultados le dio a medio plazo. Y esperemos que Montserrat, cabeza de lista del PP a las europeas, a la que hemos visto bastante más combativa en Bruselas en los últimos años, siga defendiendo en la Eurocámara la igualdad y el imperio de la ley frente a la amnistías. Porque Bruselas, está llamado a jugar un papel importante en algunas cuestiones de carácter interno en los próximos meses y años.

A este respecto, conviene tener presente que los tribunales españoles podrán plantear cuestiones prejudiciales en los tribunales de la UE cuya tramitación será necesario seguir con suma atención. Asimismo, la requisitoria de Bruselas al ministerio de Hacienda para determinar si se utilizaron fondos europeos (17,7 millones) para comprar de mascarillas inservibles en el caso Koldo-Ábalos-Armengol, y el registro ordenado por la Fiscalía de la UE en el caso Gómez-Sánchez para recabar información sobre la financiación de la cátedra codirigida por la esposa del presidente en la Universidad Complutense de Madrid, demuestran la importancia de elegir con tino el 9-M a quienes van a representarnos en Bruselas. Mañana lo sabremos.

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Contra la amnistía y por la separación de poderes

El próximo 9 de junio (9-J) los ciudadanos podemos dejar claro en la urnas nuestro rechazo a los múltiples engaños y las políticas sectarias desplegadas por los diversos gobiernos de Sánchez desde que llegó a la Moncloa el 1 de junio de 2018, partiendo de una situación de extrema debilidad parlamentaria, y siendo aupado al poder por diversa fuerzas políticas cuyo único punto de coincidencia era debilitar las instituciones centrales del Estado. Unos, como los partidos nacional-secesionistas en Cataluña (ERC, PdECat-JuntsxCat) y el País Vasco (PNV y EH Bildu), para afianzar su poder y sus privilegios en las dos Comunidades donde ya gobernaban; otros como Podemos y Sumar (y todas sus derivadas regionales) decididos a erosionar la Corona y socavar la separación de poderes consagrada en nuestra Constitución.

Como pronosticaba apenas dos meses después en mi artículo “¿Cuánto tiempo aguantarán a Sánchez sus avalistas?” (Expansión, 27/07/2018), el PSOE de Sánchez iba a tener que hacer infinidad de concesiones para mantenerse el poder. Y a buena fe que las ha hecho. No habían pasado ni dos meses, cuando Aragonès, entonces vicepresidente del xenófobo Torra, pasaba la bandeja a Montero, la flamenca ministra de Hacienda, y ésta anunciaba que elevaba el techo del déficit a las CC. AA. Desde entonces han sido muchas las concesiones realizadas por Sánchez para aprobar los PGE y otras leyes tras formar gobierno de coalición con Podemos (2019-2023). Pero a las exigencias económicas de menor o mayor calado, siguieron las políticas que se sustanciaron con la aprobación de los indultos a los golpistas en junio de 2021 y la revisión del Código Penal para eliminar el delito de sedición y rebajar las penas de los delitos de malversación que entró en vigor en junio de 2023.

Pero ni siquiera los buenos resultados obtenidos por el PSC en Cataluña el 23-J (19 diputados) pudieron ocultar los malos resultados del PSOE de Sánchez en el resto de España (102 diputados). Con la investidura de Sánchez a expensas del voto de los siete diputados con que cuenta el prófugo de Waterloo en el Congreso, el grupo socialista se aprestó a negociar en Bruselas y Ginebra una ley de amnistía para borrar todos los delitos cometidos por los secesionistas catalanes entre el 1 de noviembre de 2011 y el 13 de noviembre de 2023, fecha en que el grupo socialista (PSOE-PSC) registró en el Congreso la proposición de Ley Orgánica de amnistía, dos días ante de la investidura de Sánchez. Y tras muchas idas y venidas, el Congreso aprobó finalmente la Ley el pasado 30 de mayo, quedando su aplicación pendiente de los tribunales de justicia a los que los secesionistas, ‘sumaristas’ e incluso algunos líderes del PSOE de Sánchez acusan de formar parte de la ‘fachosfera’. No se podía llegar más lejos en el socavamiento de las instituciones centrales del Estado, deslegitimando de un solo plumazo a los tres poderes que destituyeron el gobierno presidido por el prófugo y disolvieron el Parlamento de Cataluña el 27 de octubre de 2017, y juzgaron y condenaron a los principales cabecillas del golpe no huidos.

El daño hecho resulta ya muy grave, pero puede seguir acrecentándose mientras la debilidad parlamentaria del gobierno de Sánchez lo tenga a merced de sus avalistas. Las nuevas exigencias planteadas por ERC y Junts tras aprobar la amnistía son otorgar a Cataluña una financiación singular que profundice la desigualdad entre los españoles y celebrar un referéndum de autodeterminación, exigencia esta última a la que se suman también PNV y EH Bildu en el País Vasco. Junts exige además que el PSC respalde la investidura del prófugo en Cataluña en reciprocidad por el apoyo de Junts a la investidura de Sánchez. No hay duda de que estamos ante una encrucijada política en la que, según la vía que sigamos en los próximos meses, la igualdad de los ciudadanos y la separación de poderes podrían quedar seriamente tocadas. Y aunque las elecciones europeas no van a resolver nuestros problemas internos, no cabe duda de que un mal resultado del PSOE de Sánchez el 9-J erosionaría su imagen personal dentro y fuera de España y constituiría un paso importante para desalojarlo de la Moncloa.

El peligro que entraña la permanencia de Sánchez al frente del gobierno es un asunto que nos concierne a todos los ciudadanos que defendemos. frente a los populismos de izquierdas (Sumar, En Comú, ERC, EH Bildu, BNG, etc.) y de derechas (CDC-PdECat-Junts y PNV), la democracia representativa y la separación de poderes, y la igualdad de los ciudadanos ante la ley, rechazando, por ende, otorgarles privilegios políticos o económicos en función de la Comunidad donde residan. Durante la dictadura, muchos españoles apoyamos huelgas y acciones de protesta convocadas por el PCE, por muy ridículas que nos parecieran sus simplificaciones teleológicas de la Historia, por mucha desconfianza que nos inspirara su respaldo a regímenes dictatoriales comunistas en Europa, y por muy disparatadas que encontráramos sus pretensiones de estatalizar la economía. Y lo hacíamos por considerar que esos actos testimoniales, pese a su inefectividad para derrocar el régimen franquista, alimentaban un estado de opinión en la sociedad española a favor del tránsito hacia un régimen democrático.

Ahora el reto al que nos enfrentamos es precisamente reforzar nuestro régimen democrático, acosado por los populismos de izquierdas y derechas, y acabar con un gobierno en fase avanzada de descomposición e incapaz de pararles los pies a unos y otros. Para enviar mi voto por correo, he recibido un voluminoso taco con 34 papeletas y me ha resultado hasta entretenido repasar los pintorescos nombres y siglas de la mayoría de las formaciones. Comprendo la tentación de añadir una hojita más al taco por quienes se sienten mal representados y hasta despechados por las formaciones llamadas a obtener escaño y cada uno de nosotros es libre de votar a cualquiera de ellas. El único consejo que me atrevo a formular en esta columna es que no desperdicien su voto, bien respaldando a quienes tan mal nos han gobernado desde el 1 de junio de 2018, bien votando a formaciones que no obtendrán representación ni podrán, por tanto, defender sus propuestas en la Eurocámara.

Permítanme el atrevimiento de dejarles aquí las tres preguntas que me he hecho antes de acudir a la oficina de Correos con mi sobre cerrado, por si pudieran ayudarles a resolver sus dudas Primera: ¿me gustaría que me representen en la Eurocámara dos partidos, PSOE y PSC, que han negociado la amnistía en Bruselas y Ginebra con un prófugo de la justicia española y que, si los tribunales no lo impiden, resultará ser uno de los principales beneficiados de la norma finalmente aprobada el pasado 30 de mayo? Segunda, ¿encuentro aceptable que una ministra como Ribera que votó a favor de la amnistía en el Congreso y ha aplaudido las polémicas decisiones de Sánchez de reconocer a Palestina hace unos días y la soberanía de Marruecos sobre el Sahara Occidental en marzo de 2021, sin consensuarlas en el Consejo de ministros, ni contar con la oposición en España ni el resto de miembros en la UE, sea quien nos represente en la Eurocámara? Y, tercera, ¿puedo en conciencia votar a un partido, el PSOE de Sánchez, sobre el que sobrevuelan las sombras de tres casos de corrupción (Tito Berni, Koldo-Ábalos y Begoña-Sánchez) muy graves? Ustedes tienen la palabra.

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9-J: elecciones europeas en clave nacional

La pirueta circense de comunicarnos en una misiva pública su decisión de retirarse durante cinco días al rincón de pensar en La Moncloa, nada más conocer (y ocultarnos a los lectores) que su esposa estaba siendo investigada judicialmente por sus actividades profesionales de carácter privado, ha convertido las elecciones europeas del próximo 9 de junio (9-J) en una suerte de plebiscito sobre la continuidad del presidente que con más reiteración ha engañado a los ciudadanos desde la instauración de la democracia. Perseguido, allá donde va, por las sombras alargadas de la amnistía concedida al prófugo de Waterloo (el mismo que nos prometió traer a España para sentarlo en el banquillo), y varios escándalos que afectan de lleno a su partido (casos Tito Berni y Koldo-Ábalos) y hasta a su entorno familiar más próximo (caso Begoña Gómez), muchos ciudadanos sentimos que, con independencia del resultado de las investigaciones judiciales en curso, la figura y su crédito político están ya muy mermados para seguir al frente del gobierno, máxime cuando el propio Sánchez ha hecho tantas veces bandera de la honradez centenaria de su partido y apelado a la falta de decencia para exigir la cabeza de sus contrincantes políticos.

Las andanadas de las vicepresidentas, la portavoz del gobierno y algunos ministros contra los medios de comunicación que han publicado noticias referentes a las actividades de Begoña Gómez y las maniobras de la fiscalía para archivar el caso no pueden ocultar lo que son hechos incontestables, a saber, que la esposa del presidente escribió varias cartas recomendando la concesión de ayudas públicas a empresas que a su vez financiaban sus actividades profesionales. Miriam González, abogada y esposa de Clegg explicaba en una entrevista reciente (El Mundo, 5 de mayo) su experiencia mientras su marido fue viceprimer ministro del Reino Unido entre 2010 y 2015. Desde el primer momento, tuvo como interlocutora a Sue Gray, actual jefa de gabinete del líder laborista, en la Oficina de Ética de la Administración a la que “informaba todas las semanas. Yo les tuve que decir a todos mis clientes que no podían ser completamente confidenciales y que tenía que dar sus nombres a otras personas”. Y concluye con esta afirmación clara y rotunda: “si yo llego a actuar como Begoña Gómez y hubiese recomendado que se diesen fondos públicos a unas empresas, aunque esa carta no hubiese sido determinante, se me hubiese echado todo el país encima. Todo el Reino Unido y con razón, claro”.

Cuando al exvicepresidente Guerra se le ha preguntado sobre la constitucionalidad de la amnistía a los golpistas catalanes, siempre ha respondido que antes de hablar sobre si la amnistía cabe o no en la Constitución (que no cabe), “hay que preguntarse si el acto es justo o no lo es, si es puro o impuro”. Del mismo modo, antes  de arrojar toneladas de lodo sobre los medios de comunicación que han revelado las actividades de la Sra. Gómez y tratar de interferir a través de la fiscalía en el curso de la investigación judicial, hay que plantearse si resulta admisible que la esposa del presidente escriba cartas de recomendación a organismos públicos (incluido el Consejo de ministros presidido por su propio marido) para que se otorguen subvenciones a empresas privadas que a su vez patrocinan sus actividades igualmente privadas en la cátedra que codirige en la Universidad Complutense de Madrid. No, no lo es, bajo ningún concepto, ni siquiera si esas cartas no resultaron determinantes en la concesión de las ayudas.

La conclusión que cabe extraer de este bochornoso espectáculo es que la capacidad de discernimiento de Sánchez, tras varios años en la Moncloa y algunos más al frente de la secretaría general del PSOE, se ha debilitado hasta el punto de dar por descontado que ni él ni ningún miembro de su familia han de rendir cuentas de sus actos ante los ciudadanos. Basta con una cartita simulando una posible despedida. Las últimas decisiones de Sánchez, el reconocimiento unilateral del estado palestino o el envío de armas a Ucrania por valor de 1.100 millones para prolongar la guerra, no sólo no han sido consensuadas con la oposición, sino que ni siquiera en el último caso han contado con el respaldo de sus propios socios de gobierno (Sumar) que las han calificado de opacas y antidemocráticas.

Estas nuevas decisiones del presidente exhalan el mismo aroma autocrático que desprende el contenido de la misiva que Sánchez le dirigió al Rey de Marruecos el 14 de marzo de 2021, y de la que los ciudadanos y nuestros representantes en el Congreso tuvimos noticia unos días después, cuando el presidente decidió filtrarla a un medio de comunicación afín. En esa carta, Sánchez reconocía la soberanía marroquí sobre el Sahara Occidental, rompiendo con la política exterior seguida hasta ese momento y contraviniendo todas las resoluciones de la Asamblea General de la ONU sobre el asunto, instando a celebrar un referéndum para que el pueblo saharaui decida el futuro de la antigua colonia española.

Por todo ello, a la hora de elegir a nuestros representantes el 9-J, cada uno de los ciudadanos deberíamos hacernos al menos tres preguntas antes de votar al PSC en Cataluña y al PSOE en el resto de España:

  • Primera: ¿me gustaría que me representen en la Eurocámara dos partidos que han negociado la amnistía en Bruselas y Ginebra con un prófugo de la justicia española y que, si los tribunales no lo impiden, resultará ser uno de los principales beneficiados de la norma finalmente aprobada el 30 de mayo?
  • Segunda, ¿encuentro aceptable que una ministra como Ribera que ha votado a favor de la amnistía en el Congreso y ha aplaudido las polémicas decisiones de Sánchez de reconocer el estado de Palestina y la soberanía de Marruecos sobre el Sahara Occidental, sin consensuarlas siquiera con la UE, sea quien nos represente en la Eurocámara?
  • Y, tercera, ¿puedo votar a un partido, el PSOE de Sánchez, sobre el que sobrevuelan las sombras de tres casos de corrupción (Tito Berni, Koldo-Ábalos y Begoña-Sánchez) muy graves?

A cada uno de nosotros nos corresponde contestarlas en conciencia y acudir a las urnas el 9-J, venciendo la tentación de quedarnos en casa por tratarse de unas elecciones europeas, porque el resultado va a tener también una lectura en clave nacional e importa mucho que deje en evidencia a quien tanto daño está haciendo a nuestras instituciones democráticas.

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