Artículo publicado desde el Observatorio Económico y Social de España y Cataluña (OBESCAT) en el diario Expansión el 30 de abril de 2024. Agradezco de antemano su ayuda para difundirlo entre sus amigos y contactos.
Concluidos los actos de adhesión fervorosa protagonizados por sus fieles aduladores en la calle Ferraz el pasado fin de semana, el presidente disipaba con estas palabras las dudas abiertas por él mismo sobre su inmediato futuro político. Lo asombroso es que tanta gente haya dado pábulo al interrogante que abrió la carta publicada el pasado miércoles en la que anunciaba su decisión de parar para reflexionar ante la operación de acoso y derribo que estaban sufriendo él y su familia por los partidos de la derecha y ultraderecha, y sus medios afines, incapaces de digerir los resultados de las elecciones generales celebradas el 23-J que le posibilitaron ser investido presidente del gobierno. “¿Merece la pena todo esto? Sinceramente no lo sé”, confesaba un atribulado Sánchez en su doliente misiva.
Terminada la farsa del retiro en familia, el consumado actor regresó al mundo cruzando los jardines del palacio la Moncloa al filo de las 11 de la mañana (“Buenas tardes”) para convertirse otra vez en el centro de atención de todos los medios de comunicación, esta vez no mediante una misiva sino en cuerpo presente, y reconfortar a los sobrecogidos ciudadanos que, con el alma en vilo, sobrellevaron como pudieron el doloroso trance durante estos cinco días inacabables. Me quedo con vosotros, vino a decirnos, no para aferrarme al poder con malas artes, sino para trabajar con firmeza en pro de la regeneración de la vida política, para revertir su imparable deterioro, y para movilizar “a la mayoría social por la dignidad y el sentido común, poniendo freno a la política de la vergüenza”. Ustedes conocen perfectamente a estas alturas de la película (van para seis años en sesión continua) cuáles son las artes y las recetas políticas de Sánchez para regenerar la vida política y recuperar la dignidad y el sentido común de la sociedad española. Sólo que ahora va a hacerlo fortalecido y si cabe con más fuerza.
Mano extendida hacia sus adversarios políticos para apuntarles con el dedo índice acusador y descalificarlos sin paliativos por representar a esa derecha y ultraderecha que enloda la vida política, y mano tendida a sus aliados circunstanciales que lo auparon a la Moncloa el 1 de junio de 2018, en una operación de acoso y derribo, cómo no, dignísima. Regenerar la vida política hubiera sido mantener que lo ocurrido en Cataluña en 2017 fue más rebelión que sedición y haber traído a España al prófugo de Waterloo para sentarlo en el banquillo, como prometió hacer Sánchez en la tribuna del Congreso, no indultar a los líderes del proceso condenados por el Tribunal Supremo y mucho menos acordar con el prófugo en el ‘exilio’ una ley de amnistía que el propio Sánchez, sus ministros y los líderes del PSOE nos habían dicho no tenía cabida en la Constitución, porque, como nos expuso la vicepresidenta Calvo en el Senado, laminaría la independencia del poder judicial. Una infamia para asegurarse los siete votos de Junts que lo hicieron presidente del gobierno el 15 de noviembre pasado. No puede regenerar la vida política quien descalifica una y otra vez a los líderes de la oposición acusándoles de corruptos, indecentes y machistas, pretende erigir un muro frente a las derechas retrógradas, pero no tiene inconveniente en sentarse a negociar pactos de gobierno y leyes con EH Bildu, los herederos políticos de la banda terrorista ETA, la misma que hasta 2011 mataba y extorsionaba a los ciudadanos en el País Vasco. Otra infamia para asegurarse los seis votos de EH Bildu que lo hicieron presidente del gobierno.
Pero más allá de la retórica impostada, resulta de extrema gravedad que haya aprovechado su comparecencia en la sede de Presidencia para acusar a las derechas de enlodar la vida política inculcando odio hacia personas inocentes, difundiendo mentiras groseras y acusaciones insidiosas carentes de cualquier fundamento. ¿A qué viene toda esta sobreactuación? Si Begoña Gómez, la esposa del presidente, escribió cartas a organismos públicos respaldando la concesión de ayudas públicas a determinadas empresas que luego aportaron recursos al sostenimiento de sus actividades profesionales, y esos organismos, incluido el Consejo de ministros, proporcionaron ayudas públicas, a veces multimillonarias, a algunas de las empresas recomendadas por Gómez, lo menos que debería haber hecho el presidente es publicar un dossier detallando todas las operaciones en que intervino su esposa y compareciendo ante los medios para esclarecer los hechos.
Sánchez, haciendo gala de una inaudita dejación de responsabilidad como presidente, se ha negado a dar explicaciones hasta ahora, y preferido subirse al escenario monclovita para tratar de conmovernos con una actuación tramposa en extremo. Ningún español que conozco desea que las mujeres estén en su casa esperando la vuelta del trabajo del maridito, pero todos los ciudadanos, hombres y mujeres, tenemos derecho a saber cómo se utiliza el dinero público que sale de nuestros impuestos, incluidas las subvenciones públicas a empresas privadas, y muy especialmente cuando esas empresas apoyan las actividades profesionales de familiares de políticos en ejercicio, sean la mujer del presidente del gobierno o el marido de la concejal de Villanueva de Abajo. No hay ninguna operación de acoso y derribo en marcha contra el presidente y su familia, como pretende hacernos creer Sánchez, sino el legítimo deseo de regenerar nuestra vida política, una tarea a lo que, por cierto, va a ayudar muy poco que su gobierno acordara amnistiar a malversadores de fondos públicos y reducir las penas por malversación en el Código Penal.
Quiero, por último, llamar la atención sobre la apelación de Sánchez “a la conciencia colectiva de la sociedad española, una sociedad que, desde el acuerdo generoso, supo sobreponerse a las terribles y profundas heridas del peor de sus pasados”. La verdad es que produce rubor escuchar esta invocación al espíritu de la Transición en labios de quien ha convertido la acción política en un ejercicio permanente de sectarismo y enfrentamiento que recuerda precisamente lo peor de nuestro pasado y llevado la politización de todas las instituciones, organismos y empresas públicas a niveles “inimaginables hasta hace unos pocos años”. No cuela, no resulta creíble. En lugar de comprometerse a encontrar puntos de entendimiento con quienes obtuvieron el respaldo del 45,95 % de los ciudadanos españoles el 23-J, Sánchez prefiere atizar mandobles a las derechas retrógradas y entenderse con las minorías separatistas que representan al 5,97 % de votantes, a los que para no ofenderlos evito llamar españoles.
Permítanme decirles en dos palabras lo que pienso sobre este asunto: la decisión de seguir estaba tomada antes incluso de que Sánchez escribiera la doliente cartita. Deseo y espero que los efectos de la puesta en escena del melodrama “Begoña en la hoguera” resulten efímeros y los ciudadanos realmente deseosos de preservar la convivencia se mantengan alertas porque el daño causado a nuestras instituciones políticas aumenta con cada día que pasa en la Moncloa, y el presidente parece estar más dispuesto que nunca a resistir y hasta a llevar a los suyos a la guerra con la excusa de defender la honorabilidad de los negocios de la familia.
Como tampoco me pareció edificante que el cardenal Omella, arzobispo de Barcelona y presidente de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), asumiera la nota publicada por la Conferencia Episcopal Tarraconense a favor de los indultos, y unos días más tarde dejara a Monseñor Argüello, secretario general y portavoz de la CEE, la ingrata tarea de salir ante los medios de comunicación e intentar, haciendo gala de su habilidad retórica, quitar hierro al apoyo de los miembros de la Comisión al posicionamiento de los obispos catalanes y ocultar las suspicacias y disensiones que ese respaldo había suscitado entre algunos obispos españoles.
Dar la bienvenida a los indultos y defender el Estado de Derecho al mismo tiempo son dos posicionamientos más difíciles de conciliar de lo que sugieren las quizá poco meditadas declaraciones de Garamendi. No hace falta insistir, porque todo el mundo lo sabe, que los indultados por Sánchez se saltaron la Constitución Española y el Código Penal a sabiendas, fueron juzgados con todas las garantías procesales por el Tribunal Supremo, y acabaron siendo condenados por delitos de sedición y malversación de caudales públicos a penas de entre 9 y 13 años. Resulta indisputable, por tanto, que las condenas se dictaron de acuerdo con el Estado de Derecho y el imperio de la ley, y Garamendi, licenciado en Derecho por la Universidad de Deusto debe saberlo. Y si esto es así, resulta difícil evitar la conclusión de que los indultos van en contra del Estado de Derecho, a menos, claro está, que los indultados reconozcan expresamente haber cometido los delitos por los que fueron condenados y se comprometan a cumplir la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico en el futuro.
Pero si no he entendido mal la posición de los procesados y condenados ahora indultados, así como la de los prófugos de la justicia que se autoexiliaron para eludir ser procesados, es que ninguno de ellos cometió delito alguno, al limitarse a ejecutar el mandato recibido del ‘pueblo’ catalán de constituir una república independiente en Cataluña en las elecciones autonómicas celebradas el 25 de septiembre de 2015. Consideran todos ellos, sin excepción, que han sido injustamente encarcelados, procesados y condenados por los tribunales, y exigen consecuentemente ser amnistiados, no indultados. La negativa de los protagonistas del proceso insurreccional a reconocer los delitos cometidos prueba que, contrariamente a lo que el gobierno Sánchez viene sosteniendo para justificar los indultos, éstos no van a servir para normalizar la situación en Cataluña, como sugería Garamendi, ni tampoco para abrir un nuevo tiempo de acuerdo y concordia, anunciado unilateralmente por Sánchez en el Liceo barcelonés, en ausencia de los líderes del movimiento nacional-secesionista.
Mucho más probable es que los indultados, como ellos mismos no tardaron en manifestar nada más abandonar las cárceles donde cumplían sus condenas, continúen desarrollando las mismas actividades que los llevaron a sentarse ante los tribunales y a la cárcel tras ser condenados: violentando la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico para alcanzar la independencia, quebrantando los derechos fundamentales de aquellos catalanes que no comparten la ideología nacional-secesionista, chantajeando al gobierno de España para extraer más recursos y la condonación de la deuda contraída con el Estado, y cronificando el conflicto entre las instituciones de autogobierno de Cataluña y el resto de las instituciones del Estado, especialmente con los tribunales encargados de ver las causas que puedan abrirse en el futuro contra ellos.
A Monseñor Argüello le correspondió la ardua tarea de salir a explicar a los españoles que la CEE apoyaba la nota de la Comisión Episcopal Tarraconense publicada el 17 de junio, en la que los obispos de las diez diócesis catalanas se mostraban a favor del diálogo y las medidas de gracia para resolver todas las situaciones de conflicto. Como en el caso de Garamendi, el respaldo de Argüelles a la posición de los obispos catalanes en favor de “romper con actitudes inamovibles”, levantaron también numerosas reacciones en contra dentro de la sociedad española e incluso dentro de la propia Comisión. Tantas, que el Obispo auxiliar de Valladolid se vio también obligado, como Garamendi, a rectificar parcialmente sus palabras en una entrevista publicada el 26 de junio en El Norte de Castilla, en la que aclaraba que los indultos a los presos del proceso podían ser un punto de partida para el diálogo y subrayaba que “los que han sido indultados también deben indultar”.
Las piruetas verbales de Argüello, lejos de aclarar la posición de la Iglesia española a favor del diálogo y la concordia, han añadido más confusión a la ya creada por la decisión del gobierno de Sánchez, y han puesto de manifiesto que la Iglesia está también infectada por la semilla de la discordia, sembrada con tanto celo por los ahora indultados y por casi todos quienes les precedieron al frente de las instituciones de autogobierno de Cataluña desde al menos 2010. Como Garamendi, el portavoz de la CEE ha reafirmado el compromiso de la Iglesia “con la aplicación de la ley, [con] que se respete la justicia” y con la defensa de la Constitución, pero no como un dogma, porque esta cuestión “divide a la sociedad catalana” y puede “causar tensiones fuertes en la sociedad española”. 
Sorprende, en primer lugar, que el portavoz de la CEE acabe de descubrirnos que la Constitución Española no es un dogma, cuando la inmensa mayoría de los ciudadanos españoles sabemos que el propio texto constitucional contempla cómo los representantes elegidos por los ciudadanos españoles al Congreso y el Senado pueden proceder para enmendarla. Claro que la Constitución no es un dogma, monseñor Argüello: los dogmas, como usted sabe muy bien, son patrimonio de las religiones, y la religión católica tiene, según me enseñaron de niño en clases de Religión, unos cuantos inamovibles. En segundo lugar, la petición de Monseñor Argüello de que los indultados deben también indultar, produce perplejidad a quien la escucha y asombra por igual a creyentes y descreídos. Se me escapa a quien deben indultar los indultados, porque la mayoría de los catalanes y españoles, ni siquiera Rajoy ni Felip VI, hemos cometido delito alguno del que debamos ser indultados.
Y, en tercer lugar, una vez aceptado que la Constitución Española puede enmendarse, quizás convendría, como piden los obispos catalanes y apoya la CEE, iniciar un dialogo para enmendarla de forma y manera que se recupere el espíritu de conciliación y lealtad institucional que animó a quienes redactaron la Carta Magna y posibilitaron la transición de la dictadura a la democracia entre 1975 y 1978. La dificultad práctica con que choca ese hipotético diálogo es que ninguno de los actuales dirigentes de las instituciones de autogobierno de Cataluña, ni ninguno de los indultados por el gobierno Sánchez, tienen interés alguno en ponerse manos a la obra. Mas bien parece, a tenor de sus continuas declaraciones, que su único propósito es realizar un referéndum de autodeterminación, y están dispuestos a continuar dividiendo a la sociedad catalana y tensionando la sociedad española hasta lograr su objetivo.
Pobres de aquellos catalanes que defienden el orden constitucional y rechazan la ideología nacional-secesionista imperante en todas las instituciones de autogobierno de Cataluña, medios de comunicación públicos y subvencionados por el gobierno de la Generalidad, y organizaciones paragubernamentales al servicio del régimen, porque ellos están llamados a padecer mayores coacciones y persecución en los próximos meses y años. Hasta ahora estos ciudadanos habían padecido el 
Ahora han sido la CEOE y la CEE las que han dejado también abandonados a su suerte a varios millones de catalanes. A la patronal española parece preocuparle más que se arregle la ‘cosa’ para contentar a Fomento, la patronal catalana integrada en la CEOE, que quiere seguir contando con el beneplácito y apoyo del gobierno de Aragonés, y poner fin a la inestabilidad social vivida en Cataluña desde 2014 que ha lastrado los beneficios y las inversiones empresariales. Y tampoco parece importarle demasiado a la CEE la suerte de esa parte de la sociedad catalana que no comparte la ideología nacional-secesionista, al inclinarse los obispos españoles, como la CEOE, por anteponer el apoyo a los obispos catalanes y el mantenimiento de una relación fluida de la Iglesia con el gobierno de la Generalidad y el gobierno de Sánchez a la defensa del orden constitucional. No tardaremos en ver con qué moneda les pagan los desleales socios que se han buscado
Un gobierno que permite a líderes políticos salir prácticamente indemnes, después de haber impulsado una hoja de ruta y financiado con dinero de todos los contribuyentes un proceso de sedición desde las instituciones de autogobierno de Cataluña, queda muy debilitado, y da fuerzas y hace crecerse a quienes lo protagonizaron y se han conjurado públicamente para intentarlo de nuevo en cuanto se presente una ocasión propicia. Así lo reconoció Junqueras, exvicepresidente del gobierno de la Generalidad, 
La pérdida de credibilidad afecta desafortunadamente no sólo al gobierno de Sánchez, una situación a la que los ciudadanos españoles podemos poner remedio votando a otros partidos en las próximas elecciones generales, sino a instituciones que, como el sistema judicial, desempeñan un papel esencial en los Estados democráticos. Conviene tener muy presente que, frente a las normas contrarias al ordenamiento constitucional aprobadas por los gobiernos de la Generalidad y el Parlamento de Cataluña y los actos delictivos perpetrados por los principales responsables de ambas instituciones, sólo las sentencias del TS, el TC y el TSJC han proporcionado cierto amparo, bien que no muy efectivo en la práctica, a los ciudadanos catalanes. La decisión de Sánchez de indultar a los sediciosos y malversadores, pese al 
Resulta, por otra parte, incomprensible la pasividad del gobierno de Sánchez en las instituciones europeas ante la dolosa falta de cooperación de algunos tribunales para dar curso a las euroórdenes del magistrado Llarena contra varios prófugos de la justicia y ante las incomprensibles resoluciones del Consejo de Europa que ponen en tela de juicio la legitimidad democrática de nuestro ordenamiento jurídico y las actuaciones del Tribunal Supremo contra los cabecillas del proceso. Lo que es peor, los indultos otorgados por Sánchez a quienes vulneraron reiteradamente el ordenamiento constitucional y pusieron en peligro la paz social en Cataluña y el normal funcionamiento del Estado español, vienen a dar la razón a aquellos tribunales e instituciones de la UE que, en lugar de reafirmar la vigencia del imperio de la ley, se mostraron comprensivos con los sediciosos y malversadores y pusieron en tela de juicio la legitimidad de nuestros tribunales y la proporcionalidad de sus decisiones.
No cabe duda cabe que urge restablecer lo antes posible la normalidad democrática y la convivencia cordial entre catalanes, y entre éstos y el conjunto de los españoles. Pero la solución no pasa por aprobar nuevas normas que refuercen la autonomía y aumenten los recursos con que ya cuentan quienes aspiran a quebrar ambas, sino por adoptar reformas legales que garanticen la lealtad de todos los cargos electos al ordenamiento constitucional y el cumplimiento de las sentencias de los tribunales. La cuestión es si los líderes de los partidos constitucionalistas serán capaces de apreciar lo que los españoles nos jugamos en el envite, y podrán anteponer los intereses generales a los meramente partidistas para impedir el deterioro, tal vez irreversible, que puede sufrir nuestra anhelada y joven democracia en los próximos meses.
Clemente Polo 