Más allá del manual de Economía

Artículo publicado en el diario Expansión el 9 de mayo de 2013

En los días previos a la comparecencia del presidente Rajoy en el Congreso para explicar la actualización del Plan de Estabilidad y el Programa Nacional de Reformas aprobada el pasado 26 de abril, la oferta de diálogo avanzada por Pérez Rubalcaba había suscitado cierta expectación, aunque casi nadie creyera que el debate iba a permitir avanzar hacia la consecución de un acuerdo político y social de gran alcance ‘para sacar a España de la crisis’. Aunque el gobierno y el PP han sufrido el enorme desgaste que reflejan hoy las encuestas, Rajoy es plenamente consciente de que la situación económica, pese a las dificultades e incógnitas que todavía planean sobre nuestra economía, ha mejorado considerablemente –casi todo el mundo daba por hecho que España solicitaría el rescate y sería intervenida hace unos meses– y el Gobierno puede ahora encarar el proceso de consolidación fiscal con relativa tranquilidad. Además, la erosión del gobierno no ha beneficiado a Pérez Rubalcaba y sus colaboradores, cuya labor de oposición no concita ni el aplauso de los ciudadanos ni el apoyo unánime dentro de sus compañeros de partido.

 

Reducir los desequilibrios

Tanto en su intervención inicial como en las réplicas a los portavoces de los partidos de la oposición, Rajoy ha insistido una y otra vez en que para crear empleo hay que corregir primero los importantes desequilibrios que atenazaban a la economía española: un elevado déficit público (11,2 % del PIB en 2009), un alto déficit por cuenta corriente (10,05 % del PIB en 2007), una impresionante deuda externa (1,7 billones en 2007), una delicada posición de inversión internacional (-971.000 millones en 2011), una tasa de inflación superior a la media de la UE y un sistema financiero donde algunas entidades requerían fuertes inyecciones para recapitalizarse y evitar su quiebra.

El gobierno ha tenido que emplearse a fondo para evitar una intervención de la economía española que a punto estuvo de producirse en el primer semestre del año. Para evitarlo, Rajoy no dudó en incumplir su programa electoral (algo que algunos líderes de la oposición le han reprochado) recortando gastos, elevando los tipos de varios impuestos (IRPF, IVA, sociedades, etc.) e imponiendo disciplina presupuestaria a unos gobiernos autonómicos acostumbrados a campar por sus respetos y ocultar sus deudas al gobierno central. No ha sido fácil, pero los frutos de esas políticas, señaló Rajoy, son ya visibles en algunos frentes: el déficit público se ha reducido del 9 al 7 por ciento en 2012 (sin contar los 3,6 puntos inyectados para recapitalizar entidades financieras) y la UE nos ha concedido dos años más para reducirlo al 3 % del PIB, las operaciones corrientes con el resto del mundo han arrojado saldos positivos en los últimos trimestres y se ha completado una reestructuración sin precedentes del sistema financiero. España ha evitado la intervención, la prima de riesgo se ha reducido desde un máximo de 6,5 hasta 2,8 puntos porcentuales y ello ha permitido a algunas empresas españolas financiarse de nuevo en los mercados.

Gráfico con la evolución del número de parados

Rajoy ha reconocido que algunas de las medidas adoptadas por el gobierno han empeorado la situación a corto plazo. La recesión iniciada en el segundo semestre de 2011 se ha agravado y el número de parados, 6,2 millones, y la tasa de paro, 27,16 %, han alcanzado sus máximos históricos. No obstante, el Presidente ha defendido la necesidad de anteponer el proceso de consolidación fiscal y reestructuración financiera a la adopción de medidas de estímulo que, como las que puso en marcha Rodríguez Zapatero, acabaron siendo pan para hoy y hambre para mañana. Se creará empleo, ha venido a decir Rajoy, cuando se hayan corregido los desequilibrios y la economía crezca, un escenario que el gobierno sitúa en 2015-16. Otro de los efectos colaterales de las políticas de Rajoy, ha sido el aumento en 14,6 puntos del PIB de la deuda pública en 2012, una cifra que me preocupa porque supera holgadamente la cifra de déficit, y obliga a preguntarnos si esta extraña circunstancia volverá a repetirse en los próximos años.

 

Atención al cómo

A estas alturas, la mayoría de los responsables políticos parece haber aprendido que el gasto no puede sostenerse recurriendo al endeudamiento (ni siquiera durante unos pocos años) cuando el Estado no cuenta con una moneda y un banco central propios, ni demanda suficiente para financiar los déficits (y refinanciar la deuda) a tipos de interés razonables. Desde luego, esa política no tiene cabida en la Eurozona con las reglas actuales de funcionamiento del BCE y Rajoy se lo ha recordado en el debate a quienes siguen pidiendo peras al olmo (Eurobonos, un BCE a imagen de la FED, compras de deuda, etc.). Ahora bien, como Pérez Rubalcaba también ha recordado a Rajoy, el problema presupuestario de España (cuando se compara con otros países de la UE) no es de gasto excesivo sino de ingresos menguados. El líder del PSOE ha reclamado una reforma en profundidad de “un sistema fiscal anticuado”. En la misma línea, Lara (IU) ha insistido también en la necesidad de aumentar la recaudación controlando el fraude fiscal para reducir el paro al ¡12 %! en tres años. Menos afortunados estuvieron, en mi opinión, el portavoz del PSOE al insistir en utilizar los fondos del MEDE para evitar preventivamente el aumento de la morosidad y la posterior recapitalización de las empresas, y el portavoz de IU cuando reclamó que la banca nacionalizada proporcione crédito a las empresas, porque uno de los problemas que nos ha conducido a la situación actual ha sido, precisamente, la falta de rigor crediticio de las entidades financieras.

Conclusión

Como se anticipaba, el debate ha servido únicamente para escenificar que todos los partidos comparten los mismos objetivos (crecer más, aumentar el crédito y generar empleo) pero difieren en los instrumentos. El PP quiere mantener sus políticas (retoques impositivos, recortes del gasto y disciplina presupuestaria) para seguir reduciendo el déficit y estabilizar la deuda. El PSOE e IU consideran que ese proceso resultaría más justo y menos gravoso para los segmentos sociales más golpeados por la recesión si el gobierno llevara a cabo una reforma fiscal que erradicara el fraude fiscal y aumentara los ingresos públicos hasta niveles comparables con los de otros países europeos. En mi opinión, este es un terreno donde cabe la posibilidad de alcanzar acuerdos (además de los ya propuestos por Rajoy sobre pensiones, unidad de mercado, reforma de la administración, etc.) e incluso reorientar el sistema fiscal para reducir, como pidió Duran en nombre de CiU, “los costes no salariales”. El Presidente sale reforzado del debate pero su estatura política aumentaría considerablemente si lograra cerrar un acuerdo con las principales fuerzas parlamentarias sobre estas cuestiones. Vale la pena intentarlo porque al gobierno le queda un largo camino hasta alcanzar el equilibrio presupuestario.

 

Una oportunidad a las reformas

Artículo publicado en el diario Expansión el 29 de abril de 2013

De Guindos, Soraya Saénz de Santamaria y Montoro en La Moncloa

Desde que Rajoy avanzó a finales de febrero que el cociente del déficit público sobre el PIB sería del 6,7 % en 2012, se esperaba que la UE acabaría concediendo a España más tiempo para completar el proceso de consolidación fiscal. Tras contabilizar las devoluciones impositivas que el ministro Montoro quería transferir a 2013, la UE fijó el déficit en 2012 en el el 10,6 % del PIB, o en el 7 % del PIB si no se suman los 40.000 millones que el Mecanismo Europeo de Estabilidad transfirió al FROB para recapitalizar varias entidades financieras. Para lograr el visto bueno de Bruselas faltaba únicamente actualizar el programa de estabilidad y presentarlo aderezado con algunas reformas complementarias, y eso es lo que el Gobierno hizo el pasado 26 de abril.

 El nuevo escenario

Cuadro macroeconómico 26 abril 2013

El cuadro macroeconómico que se incluye en el “Programa Nacional de Reformas  y actualización del Programa de Estabilidad 2013-2016” prevé una caída del PIB del 1,3 % en 2013, tres décimas menos de la prevista por el FMI (-1,6 %), y su evolución en forma de U apunta a una suave recuperación (0,5, 0,9 y 1,3 por ciento en 2014, 2015 y 2016, respectivamente), más débil que la prevista por el FMI (0,7, 1,4 y 1,5 por ciento, respectivamente). El empleo caería el 3,4 y 0,4 por ciento en 2014 y 2015, respectivamente, pero crecería (¡al fin!) el 0,3 y 0,7 por ciento en 2015 y 2016, respectivamente. Según mis cálculos, este escenario implica la pérdida de 1.400.000 puestos de trabajo, y como ya se han perdido 1.172.000 en los cinco primeros trimestres de la legislatura, la reducción neta en los 11 trimestres restantes sería de 230.000, una cifra que, en mi opinión, peca de optimista.

Gráfico con la evolución del número de parados

En cuanto a la evolución de la tasa de paro, el gobierno estima que alcanzará el 27,1 % en 2013 y se reducirá hasta el 26,7 en 2014, 25,8 en 2015 y 24,8 en 2016, cifras casi idénticas a las del FMI. Ambas me parecen también muy optimistas. Con la caída del 1,3 ó 1,6 por ciento del PIB en 2013, parece más probable que la tasa de paro se sitúe en el entorno del 28 que del 27 por ciento. Asimismo, la reducción de 2,3 puntos porcentuales de la tasa de paro entre 2013 y 2016 resulta excesiva ya que presupone que en torno al 57 % de las personas que pierdan su trabajo saldrán de la población activa. Incluso aceptando estas previsiones optimistas sobre la tasa de paro, el número de desocupados se situaría en torno a 5,8 millones en 2015.

Finalmente, el gobierno prevé que el cociente de la deuda sobre el PIB que alcanzó el 84,2 % en  2012 continúe su escalada impulsado por el déficit hasta igualar la cifra del PIB en 2016. Mi impresión es que el gobierno se ha quedado algo corto y el déficit puede alcanzar el PIB en 2015. En todo caso, puesto que el déficit previsto es 2,7 % del PIB en 2016, todo indica que la deuda pública podría estabilizarse algo por encima del 100 % del PIB al final de la década. Esta circunstancia va a constituir un lastre importante para las cuentas públicas en el futuro, especialmente cuando las políticas monetarias aquí y al otro lado del Atlántico adopten una orientación más restrictiva.

Las reformas anunciadas

Sáenz de Santarmaría recogiendo sus notas

Quienes abrigaban –pese a los anuncios en sentido contrario durante las últimas semanas- que el Gobierno iba a desvelar alguna reforma de calado se habrán sentido quizás algo decepcionados. El documento incluye bastantes declaraciones de intenciones y principios generales pero escasa concreción y desarrollo de las propuestas. En el ámbito de las AA. PP., el gobierno manifiesta su propósito de mejorar la transparencia y el buen gobierno, modernizar y racionalizar la función pública y, lo más novedoso, desindiciar los ingresos y gastos. También se compromete a examinar la sostenibilidad de la Seguridad Social y valorar los resultados de la reforma laboral. Finalmente, el gobierno quiere garantizar la unidad de mercado, facilitar la creación de empresas y su internacionalización,  mejorar la eficacia y transparencia en la gestión de las sociedades y eliminar obstáculos al acceso y ejercicio de actividades profesionales. Se han hecho tantas veces proclamas parecidas que nadie puede escamarse de que se reciban con escepticismo.

Tampoco se presentan grandes novedades en el terreno fiscal. Se extienden hasta 2014 las subidas ‘transitorias’ del  IRPF, impuesto sobre Sociedades e IVA implementadas en 2012, y se anuncian nuevos aumentos de la presión fiscal en Sociedades e impuestos especiales, así como la introducción de impuestos medioambientales y un impuesto sobre los depósitos en las entidades financieras del 0,2 por mil. En contraposición, se contempla retrasar el pago del IVA hasta el cobro de las facturas para las pequeñas empresas y establecer nuevas deducciones y exenciones a los emprendedores para favorecer la inversión, la  reinversión de beneficios y gastos en I+D. Montoro también dejó abierta la puerta a revertir las subidas en el IRPF en 2015, coincidiendo con las elecciones generales, una temeridad si como prevé el Gobierno el déficit ese año ronda el 4,1 % del PIB.

 

De los recortes y aumentos impositivos a las reformas

Rajoy criticando con dureza los recortes anunciados por Rofríguez Xapaero el 12 de mayo de 2010

Desde que llegó a La Moncloa a finales de 2011, el gobierno de Rajoy ha comprobado en carne propia lo complicado que resulta recortar el déficit en un escenario de recesión económica, inestabilidad financiera y elevadas primas de riesgo. En un artículo que publiqué en abril de 2010, expuse el abismo que mediaba entre1996 y 2010, y advertí a los dirigentes del PP (entonces en la oposición) que se equivocaban si creían que los importantes desequilibrios reales (construcción) y financieros (elevado endeudamiento) acumulados entre 1995 y 2007 desaparecerían tras ganar las elecciones. En otro artículo, publicado en enero de 2009, ya había expuesto por qué la recesión sería severa y larga y vaticiné que el período en que nos adentrábamos se asemejaría más a la década negra (1976-1985) que a la recesión de 1992-93.

Recortar no es reformar

Al gobierno de Rajoy nadie puede quitarle el mérito de haber impulsado varias reformas  (laboral, financiera y pensiones), soslayadas o aplazadas por los gobiernos de Rodríguez Zapatero, y tener ahora otras muy importantes en la agenda (racionalizar y modernizar la gestión de las administraciones, abaratar los costes de crear empresas, garantizar la unidad de mercado, asegurar la sostenibilidad de las prestaciones, etc.). En cuanto a las primeras, lo que corresponde es evaluarlas con objetividad para saber si han cumplido sus objetivos. La reforma laboral, por ejemplo, ha abaratado el despido y otorgado al empresario mayores márgenes de maniobra, pero no ha servido para reducir la rotación e hiperactividad contractual, acabar con la dualidad o amortiguar el impacto de la recesión sobre el empleo. Respecto a las que están todavía en la agenda, convendría desarrollarlas con más ambición y rigor para conseguir los objetivos pretendidos. Subir los tipos efectivos o crear un nuevo impuesto medioambiental es una tarea sencilla, lo complicado es reformar la administración tributaria para aumentar su eficacia recaudatoria y reorientarla para promover la competitividad de las empresas. Ahora que Bruselas y la prima de riesgo parecen habernos otorgado una tregua, el Gobierno tiene la oportunidad de diseñar e implementar reformas de calado en los próximos dos años.

De Guindos en la conferencia de prensa del 26 de abril

Continúa el descenso al averno laboral

Artículo publicado en el diario Expansión el 26 de abril de 2013

Ministra de Empleo y Seguridad Social

Las cifras de la EPA del primer trimestre de 2013 confirman que se mantienen las tendencias negativas que están socavando las bases de la sociedad española desde hace ya bastantes trimestres. Se destruyeron 322.300 empleos netos en los tres primeros meses y la ocupación cayó a una tasa interanual del 4,6 %, 2,3 tres veces superior a la tasa interanual de contracción del PIB (2,0 %). El número de parados se incrementó en 237.400 personas durante el trimestre, alcanzando ya 6.202.700 personas, y la tasa interanual de crecimiento aunque sigue ralentizándose es todavía del 10 %. La tasa de paro alcanzó el 27,3 % de la población activa y superará el 28 % a lo largo del año si se confirma el pronóstico del FMI que prevé una caída del PIB del 1,6 %.

Banco de España en Madrid

Por lo pronto, el Banco de España (BdE) ya adelantó hace unos días en su “Informe trimestral de la economía española” (ITEE) que el PIB cayó el 0,5 % en el primer trimestre de 2013, la cuantía prevista por el gobierno para todo el año que tendrá ahora que revisar, impulsado por la debilidad de la demanda interna que se contrajo el 0,8 %, algo menos que en trimestres anteriores, y un debilitamiento de la demanda externa neta que aportó 0,3 puntos porcentuales (pp), también algo menos que en trimestres anteriores. Ya veremos si, como ocurrió hace tres meses, el INE no revisa a la baja la estimación del BdE, porque resulta un tanto sorprendente la ralentización de la caída del consumo privado cuando la tasa interanual del índice de ventas al por menos sigue disminuyendo a tasas de 2 dígitos (ITEE, pp. 33-4).

 

El cuadro clínico

Parados ante una oficina de empleo

La situación del mercado laboral recuerda la de algunos enfermos en la UCI: los familiares acuden puntualmente a las horas de visita establecidas y el personal  médico les responde que la situación continúa siendo estable dentro de la gravedad. La ocupación sigue registrando caídas en todos los sectores de la economía, tanto si la comparación se hace con el trimestre anterior como con el primer trimestre de 2012, pese al benéfico efecto estacional que ha podido tener la Semana Santa este año. El único colectivo que ve aumentar el empleo son los trabajadores por cuenta propia sin asalariados (22.100 en el primer trimestre y 80.600 en los últimos doce meses), una salida que quizás han seguido bastantes trabajadores parados que han aprovechado las ayudas disponibles para establecerse por su cuenta. La cuestión es si esas iniciativas individualistas llegarán a buen puerto. En contraste, 384.500 asalariados con contrato indefinido perdieron su trabajo en los últimos 12 meses y la cifra alcanzó los 414.000 en el caso de los contratados temporales, cuya tasa interanual de caída triplica (12,09 %) la de los contratados indefinidos (3,5 %). En el último año, la tasa interaanual de contracción del empleo en el sector público (8,32) ha duplicado la del sector privado (3,77 %).

Gráfico con la evolución del número de parados

Continúa incrementándose el número de parados de larga duración (perdieron su empleo hace más de un año), 111.200 más en el primer trimestre que sitúan ya la cifra total en 2,9 millones, el 46,8 % del total de parados. No hace falta insistir en las graves consecuencias económicas y humanas que conlleva permanecer fuera del mercado laboral durante períodos tan prolongados. Tampoco hay novedades significativas en lo que atañe al paro juvenil que continúa aumentando y cuyas tasas de paro superan ampliamente el 50 % desde hace bastantes trimestres. El número de hogares cuyos miembros están todos ellos en paro se ha engrosado en 72.400 durante el primer trimestre (177.700 en los últimos doce meses) y alcanza ya a 1,91 millones de hogares. Los datos de movilidad entre los grupos de parados y ocupados sugieren que la tasa de paro apunta hacia el 30 %. A la vista de estas cifras escalofriantes, la segunda acepción de averno en el diccionario de la RAE  podría remedarse como ‘lugar donde habitan los espíritus de los parados’.

 

Una década espeluznante para el empleo y el paro

Quizás alguien encuentre cierto consuelo al constatar que la tasa interanual de destrucción de empleo este trimestre se ha reducido 2 décimas respecto al anterior. Pero lo cierto es que estamos ante una tragedia colectiva cuya verdadera dimensión se muestra con toda su crudeza al comparar los 6,2 millones de parados de nuestra economía con los 11,7 millones de parados en los Estados Unidos, una economía cuyo PIB es diez veces mayor, y los 2,5 millones de parados en Alemania, una economía cuyo PIB es tres veces mayor. Cuando se levanta la vista hacia el borde de la sima por la que continuamos descendiendo y nos preguntamos cuánto tiempo se tardará en crear 4 millones de puestos de trabajo netos para alcanzar una tasa de paro aceptable, la respuesta no puede ser más desoladora: al menos unos 10 años creciendo el PIB a una tasa media en el entorno del 3,0 %, un horizonte que habida cuenta que el FMI prevé que el PIB crezca el 0,7 % en 2014 nos sitúa, siendo optimistas, en 2025. Como, además, las circunstancias actuales resultan bastante menos favorables que las existentes a mediados de los años 90 –los efectos de la deflación salarial no pueden compararse con el agua milagrosa de las devaluaciones; los tipos de interés no van a caer tanto como lo hicieron en la década de los 90, incluso si se dan pasos decididos hacia la unión bancaria en la Eurozona; y el elevado ratio de endeudamiento de los sectores residentes constituye un lastre inexistente en los noventa–, la tasa media de crecimiento del PIB en la próxima década será bastante menor que el 3,7 % que registró entre 1995 y 2007. “Ni varita mágica ni estímulos exteriores, sólo reformas” es el título del artículo que publiqué en Expansión hace tres meses comentando los resultados de la EPA del cuarto trimestre de 2012.

¿La medicina, doctor?

En ese mismo artículo, manifesté la deseabilidad de mantener la contención salarial y sugerí la conveniencia de introducir sistemas de retribución salarial variable para evitar despidos en los períodos de contracción e implicar a los trabajadores en la consecución de objetivos empresariales. También propuse cambios legislativos serios a fin de facilitar y abaratar los trámites para crear empresas y cumplir las obligaciones tributarias de los pequeños empresarios, y obligar a todas las AA. PP. al pronto reconocimiento y pago de las deudas contraídas con sus proveedores. Al mismo tiempo, expresé mis dudas sobre la eficacia de las políticas ‘subvencionistas’ que gobiernos de todos los signos han puesto en marcha en España –para contratar parados, para transformar contratos temporales en indefinidos, para formar a los parados y ocupados, para acumular prestaciones de desempleo, subvencionar a los emprendedores, etc.- para fomentar el empleo y reducir el paro. Un despilfarro de recursos muy escasos. E insistí, una vez más, en la necesidad de reformar el sistema fiscal cuya capacidad recaudatoria se vio seriamente mermada entre 2007 y 2009, mejorando la eficacia recaudatoria, evitando fraudes y abusos, y reorientando las cargas para favorecer la competitividad de las empresas y la responsabilidad individual en la percepción de prestaciones. Como el magro incremento de los recursos no financieros en 2012 (0,69 pp) indica, hace falta algo más que subir los tipos para aumentar los recursos y recortar el déficit público.

La economía catalana: pasado, presente y futurible

Artículo publicado en el diario Expansión el 14 de marzo de 2013

Uno de los aspectos más sorprendentes del creciente auge del independentismo entre la mayoría de los políticos catalanes en activo son los endebles pilares económicos sobre los que se asienta. Dan por sentado que si Cataluña hubiera sido un estado independiente los catalanes disfrutarían hoy de un nivel de bienestar más elevado y que si Cataluña accediera a la independencia en 2014 su nivel de vida mejoraría inmediatamente al eliminar el injusto déficit fiscal que atenaza su economía. “Voten con la cartera: los españoles se apropian de los impuestos que pagamos y nos obligan a recortar (en contra de nuestra voluntad) servicios públicos esenciales como la sanidad y la educación”, ha sido el argumento economicista más reiterado por los políticos nacionalistas catalanes en las últimas citas electorales.

Lo cierto es que esta visión autocomplaciente carece de cualquier respaldo histórico, y cuando se confronta a los políticos nacionalistas con los hechos sólo les queda el manido recurso a airear agravios históricos reales o imaginarios –ahí están los dispendios del gobierno catalán para celebrar el tercer centenario de la caída de Barcelona en la guerra dinástica que enfrentó a Austrias y Borbones a principios del siglo XVIII– , eludir sus responsabilidades en la gestión de los recursos públicos y la financiación ilegal de sus partidos durante las últimas décadas, y remitirnos, a falta de argumentos de mayor peso, a una futura Arcadia feliz,“un nuevo país para todos” los que piensan como ellos. Hay, además, en esta confrontación política con ‘España’ un notable trasfondo cínico que puede resumirse en esta máxima: “extraer el máximo beneficio posible del resto de España pagando a cambio el peaje más bajo posible”. Un buen ejemplo de esta actitud ‘maximizadora’ lo observamos en el ámbito deportivo donde los equipos catalanes participan voluntariamente en las ligas españolas y las copas del Rey: ¿qué les impide, siendo tan alérgicos a España y a los Borbones, jugar exclusivamente en ligas catalanas y disputar las copas de la Generalitat?

Cuando uno mira a la realidad histórica, lo primero que llama la atención es el crecimiento de las manufacturas catalanas en la segunda mitad del siglo XIX, una circunstancia que llevó a los historiadores catalanes a caracterizar Cataluña como la “fábrica de España”. La industrialización de Cataluña no puede comprenderse sin dos circunstancias que la hicieron posible y nos remiten a su relación con el resto de España. Primera, la protección arancelaria y no arancelaria (restricciones cuantitativas, procedimientos administrativos, requisitos de homologación, etc.) que desde al menos 1850 hasta la entrada en la CEE en 1986 protegió las manufacturas de la competencia exterior. Segunda, la unidad política de España que posibilitó la existencia de un mercado único por el que podían circular con bastante libertad las personas, las mercancías, los ciudadanos y el capital. Cataluña resultó, además, muy beneficiada por decisiones políticas discrecionales durante el franquismo que impulsaron sectores industriales como el automovilístico o el petroquímico que tanta importancia tienen todavía en el tejido industrial catalán y sus exportaciones. Resulta incontestable el papel que han desempeñado estas tres circunstancias –proteccionismo, libertad de circulación y apoyo del Estado– en la industrialización de Cataluña, el desarrollo de una cultura empresarial y la cualificación de su fuerza de trabajo, y el aumento del bienestar de sus ciudadanos. Sin ellas el curso de la historia de Cataluña habría sido muy distinto y negarlo es de necios.

La economía española (como todas) ha registrado cambios importantes en los últimos veintiséis años a resultas de nuestra incorporación en la CEE, la integración en la UE de algunos países del Este, y, sobre todo, la liberalización del comercio y los flujos de capital que han impulsado el desarrollo de China, India, Brasil, etc., convirtiendo el planeta en un mercado global. Naturalmente, este proceso de liberalización ha intensificado los intercambios con países con los que apenas nos relacionábamos hace pocos años, y diversificado nuestras compras (importaciones) y nuestras ventas (exportaciones). Sin embargo, el peso de tantos siglos de relaciones singulares sigue presente en los intercambios entre Cataluña y el resto de España. Como prueba de esa especial relación, basta recordar que, según el IDESCAT, las exportaciones de Cataluña a Francia y Alemania en 2012 alcanzaron 10.050 y 6.675 millones, respectivamente, cifras cuya suma no alcanza ni un tercio de las exportaciones al resto de España, un área con la que Cataluña mantiene todavía un elevado saldo comercial (11.500 millones). Resultados obtenidos con las tablas input-output de Cataluña de 2005 indican que las exportaciones de Cataluña al resto de España explican cerca del 50 por ciento del valor añadido y el empleo en la mayoría de los sectores agrícolas e industriales (en algunos casos bastante más) y el 40 por ciento en los sectores de servicios privados. Resulta obvio que la independencia de Cataluña podría reducir sustancialmente dichas exportaciones con consecuencias desastrosas para los sectores más dinámicos de la economía catalana, efectos que podrían verse reforzados por la contracción del turismo del resto de España en Cataluña, la aplicación del arancel de la UE a las exportaciones catalanas y la deslocalización de empresas.

Hay otros aspectos del futurible de una Cataluña independiente a los que quiero referirme brevemente. En caso de que el gobierno de la Generalitat y el Parlament de Catalunya declarasen unilateralmente (no podrá ser de otra manera) la independencia, el artículo 155 de la Constitución conmina al Gobierno “a adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla [Comunidad Autónoma] al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para [alcanzar] la mencionada protección del interés general”. No podemos pues descartar que el gobierno español destituya al gobierno catalán o suspenda el Estatut con consecuencias imprevisibles y poco halagüeñas. Como economista, prefiero no adentrarme en este terreno y limitarme a examinar el proceso de independencia como si pudiera desarrollarse sin generar un conflicto político dramático. A la ruptura de las privilegiadas relaciones comerciales con España y la segura exclusión de la UE ya mencionadas, hay que sumar otras dificultades sobre las que los políticos independentistas catalanes han evitado cuidadosamente hablar: el reparto de la deuda pública y el capital público acumulados tras varios siglos de historia compartida y las consecuencias de la ‘eurización’ de Cataluña.

Con frivolidad y deslealtad impropia de un gobernante, hay quien ha comparado el proceso hacia la independencia con la emancipación de su hija o la separación de una pareja. Alguien debería haberle hecho notar que el Código Civil contempla ambos supuestos y los jueces interpretan las leyes en caso de conflicto entre las partes. Dejo aquí en el aire un par de preguntas que ilustran la dificultad de alcanzar un acuerdo civilizado sobre estas materias entre los gobiernos de España y Cataluña. ¿Cómo va a hacerse cargo la Generalitat de Catalunya de la parte de la deuda pública que le corresponde –pongamos 150.000 millones– si hoy no dispone de recursos para pagar a sus proveedores ni hacer frente a los intereses de su propia deuda? ¿Cómo puede repartirse equitativamente entre dos Estados un stock capital público diseñado en forma de red que resulta indispensable para el buen funcionamiento del resto de la economía española? Mi impresión es que no hay una solución satisfactoria para estas preguntas ni deseo alguno por parte de los políticos independentistas de encontrarla. A examinar la inestabilidad financiera y los flujos de capital que ocasionará la ‘eurización’ (y posterior ‘deseurización’) de la economía catalana dedicaré un próximo artículo.

Hacen mal los políticos catalanes en presentar el futuro de una Cataluña independiente como un camino de rosas porque en el escenario más optimista –el gobierno español ignorando el mandato constitucional no adopta “las medidas necesarias” para salvaguardar el interés general– tendrá consecuencias muy negativas sobre las exportaciones, el turismo, el coste de financiación de las empresas, la inversión extranjera y la estabilidad del sistema financiero. Esperemos no llegar a comprobarlo.

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El martes 14 de mayo participaré en el programa  “Doble six” (“Seis doble”) en 25tv, una tertulia sobre temas de la actualidad política y económica que dirige y modera el periodista Emilio López Valls  . El programa se emite de 19:00  a 20:00 y se reemite al día siguiente ( miércoles) 10:00 a 11:00 horas.  Las personas que vivan fuera del área metropolitana de Barcelona pueden seguirlo a través de la página de internet:

http://www.streamingbarcelona.com/plataforma/25tv/

Gracias.

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El martes 14 de mayo a las 13:00 participaré en la tertulia que dirige y modera el periodista Toni Guerrero dentro del programa “Roda del mon” de la cadena ETV de Esplugas de Llobregat . El programa puede verse en diferido el viernes 17 a las 13:00 y el sábado 18 a las 22:30. Quienes vivan fuera del área metropolitana de Barcelona pueden seguirlo en la siguiente dirección:

http://www.lowedigital.com/players/tdip/player.htm

Gracias.

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El 14 de marzo a las 12:30 intervine en la presentación del número monográfico de la revista del Instituto de Estudios Económicos titulado “La cuestión catalana, hoy”. El acto tuvo lugar en la sede del Cercle d’Economía, c/ Provença, 298, 08008 Barecelona.