Ni causa ni remedio

Artículo publicado en el diario Expansión el 24 de febrero de 2012

Terminaba mi último artículo (Expansión, 14 de febrero) afirmando que las medidas incluidas en el Real Decreto 3/2012 no son las que necesita el mercado laboral español para empezar a corregir las graves disfunciones que lo aquejan desde hace décadas. Esta convicción, no el hecho evidente de que la reforma altera significativamente las relaciones entre empresarios y trabajadores a favor de los primeros, era lo que me indujo a calificarla como “una reforma laboral más”. De los tres grandes bloques de cambios legislativos, las medidas dirigidas a reducir el coste de despido y facilitar los despidos colectivos, por una parte, y flexibilizar la interpretación de los convenios y el descuelgue de los mismos, por otra, han sido las que han suscitado el rechazo frontal de las organizaciones sindicales, exteriorizado en las manifestaciones celebradas el domingo pasado. Las medidas orientadas a proporcionar subvenciones o beneficios fiscales a ciertos empresarios por contratar a determinados colectivos de trabajadores no han levantado, sin embargo, ningún rechazo por parte de CCOO y UGT, a pesar de la ineficiencia y dudosa justicia que supone primar a unos colectivos sobre otros y el elevado coste que tienen para los contribuyentes.

Para cubrirse en salud, Rajoy se apresuró a reconocer -¡casi antes de aprobarlas!– que las medidas adoptadas no evitarán que el paro siga aumentando en los próximos meses. Una perfecta coartada para quienes como el propio Rajoy, Sáenz de Santamaría y Montoro jamás dieron un día de tregua a las reformas emprendidas por Rodríguez Zapatero y las descalificaron sin contemplaciones tan pronto los resultados de la EPA confirmaban que se seguía destruyendo empleo y aumentando el paro en España. Ahora piden un acto de fe, confianza ilimitada en unas medidas que crearán más paro en los próximos meses pero servirán –nos dicen– para sentar las bases de un crecimiento sólido, dando a entender que el elevado coste del despido y la inflexibilidad originada por la negociación colectiva han sido los obstáculos que han frenado la creación de puestos de trabajo en las épocas de bonanza y provocado aumentos muy fuertes del paro durante las etapas recesivas. ¿Se les puede conceder algún crédito a semejantes afirmaciones?

La evolución de la economía española desde la aprobación de la Constitución en 1978 pone de manifiesto que se han generado abundantes puestos de trabajo durante las épocas de crecimiento (1986-92 y 1995-2008) y destruido empleo con gran intensidad durante las recesiones (1992-93 y 2008-10) y los períodos de crecimiento anémico (1978-85, 1994 y 2010-11). Tras el ingreso en la CEE en 1986, el número de asalariados temporales aumentó casi en 2,0 millones entre el segundo trimestre de 1987 y el tercer trimestre de 1992, mientras que el de indefinidos lo hizo en 419.000 entre el segundo trimestre de 1987 y el cuarto trimestre de 1991. La recesión de 1992-93 puso fin al proceso de creación de empleo y el número de asalariados temporales cayó en 287.000 desde el tercer trimestre de 1992 al cuarto trimestre de 1993, y el de indefinidos en 540.000 desde el cuarto trimestre de 1991 al cuarto trimestre de 1994. Durante la prolongada expansión 1994-2008, se incrementó en 2,4 millones el número de asalariados temporales y en 6 millones el de indefinidos. Por último, la desaceleración económica y la recesión de 2008-10 han recortado 1,6 millones de empleos temporales entre el tercer trimestre de 2007 y el cuarto trimestre de 2011 y 755.800 asalariados con contrato indefinido entre el segundo trimestre de 2008 y el cuarto de 2011.

Las cifras anteriores ponen de manifiesto que ni los costes de despido ni las rigideces impuestas por los convenios sectoriales han impedido crear millones de empleos durante las fases de expansión o constituido un serio obstáculo para recortar drásticamente plantillas durante las épocas de vacas flacas. Si centramos la atención en la última recesión, se constata que el ajuste de las empresas españolas ha sido incluso más intenso que en otros países desarrollados donde los costes de despido y las rigideces se supone que son muy inferiores a las del nuestro. En los ocho trimestres comprendidos entre el cuarto  trimestre de 2008 y el tercer trimestre de 2010, la caída media del PIB fue del 2.09%, la del empleo del 4,74% y la tasa de paro se elevó 8.4 puntos en España. Las cifras de los EE.UU. en ese mismo período indican que aunque el PIB se redujo en una cuantía similar, 1,9%, el empleo sólo se redujo el 2,43% y la tasa de paro aumentó en 2.3 puntos. ¿Cómo a la vista de estas cifras alguien puede sostener con seriedad que el coste del despido o las rigideces impuestas por los convenios sectoriales impiden ajustar con rapidez las plantillas en España?

Al margen de la ideología, lo que las cifras de Contabilidad Nacional y la EPA de las últimas décadas sugieren es que los empresarios españoles son los más rápidos del condado global desenfundando y enviando al paro a sus trabajadores. En ausencia de penalizaciones, lo más rentable resulta recortar plantillas para reducir los costes salariales, aunque ello incremente la factura en prestaciones a los desempleados del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). No es mera casualidad que la participación del Excedente de explotación bruto en el PIB haya pasado del 41,67% en 2007 al 44,76% en 2011, un incremento de las rentas no salariales privadas de 33.167 millones de euros sólo en 2011 que supera la cuantía de las prestaciones a los desempleados del SEPE el año pasado. El Gobierno tiene mayoría absoluta y todo el derecho a llevar a cabo las reformas que considere convenientes, incluso aquéllas que como ésta los empresarios reciben con alborozo apenas disimulado. Pero lo que intelectualmente no es de recibo es apuntar al elevado coste de despido o la supuesta inflexibilidad impuesta por los convenios como las causas de los males pasados y el remedio de los futuros. Porque sencillamente no es verdad.

Una reforma laboral más

Artículo publicado en el diario Expansión el 14 de febrero de 2012

La reforma laboral aprobada por el Gobierno el viernes vino precedida por una campaña de lanzamiento que, como ocurrió también antes de la publicación de la última EPA, buscaba preparar el terreno para suavizar su impacto. Guindos alertaba en voz baja sobre su  “agresividad extrema” a sus homólogos europeos, y Rajoy reconocía ante sus pares que la reforma iba a costarle una huelga general. Más allá de si la reforma contradice la promesa de Rajoy de no abaratar el despido, la entusiasta acogida de un empresario que ve en ella “la primera reforma profunda de la democracia” y el previsible rechazo de las sindicales, a los ciudadanos les interesa saber si las medidas recogidas en el Real Decreto 3/2012 servirán o no para crear empleo y corregir las graves disfunciones del mercado laboral.

Abaratamiento del despido y flexibilización de los ERE

Entre las medidas que han suscitado reacciones más encontradas se encuentran las que abaratan o facilitan el despido. La reforma reduce la indemnización por despido improcedente de 45 a 33 días por año trabajado hasta un máximo de 24 mensualidades a partir de su publicación, sin efecto retroactivo. Por otra parte, precisa las condiciones que permitirán a los empresarios despedir procedentemente a los trabajadores con una indemnización de 20 días por año trabajado. Por último, la reforma facilita la ejecución de los ERE al eximir a los empresarios de obtener la preceptiva autorización administrativa y abre la puerta a su aplicación en el sector público.

Ni son tan novedosas las medidas como se ha dicho ni cabe esperar que tengan efectos significativos sobre el coste del despido. La indemnización por despido improcedente de 33 días ya se aplicaba a los contratos indefinidos de fomento tras la última reforma laboral de Rodríguez Zapatero. Además, al mantener los trabajadores los derechos hasta la entrada en vigor de la reforma, su impacto será marginal para la mayoría de los trabajadores con contratos indefinidos. No hay que olvidar que la evolución del empleo y el paro en los últimos trimestres demuestra que el abaratamiento del despido ni ha creado puestos de trabajo ni detenido la escalada del paro. En cuanto a la objetivación de las causas que justifican el despido procedente, sorprende su ambigüedad al no especificarse cómo se calcula la caída de las ventas (intermensual o interanual) ni aclarar a quién compete contrastar su veracidad. En un país donde la mayoría de los empresarios no declaran sus ingresos –¡son mileuristas!– u la economía sumergida está muy extendida, comprobar la caída de los ingresos se me antoja una tarea casi imposible.

Fomento de la contratación indefinida

El Real Decreto también contempla diversas ayudas para favorecer la contratación indefinida y a tiempo parcial. Se crea un nuevo contrato indefinido (con un año de prueba) para empresas y autónomos con plantillas inferiores a 50 trabajadores subvencionado con 3.000 € por el primer trabajador contratado. Cuando el trabajador esté además en paro, el empresario podrá también deducirse el 50% de la prestación por desempleo y el trabajador complementar su salario con el 25% de la misma. En segundo lugar, la contratación indefinida durante tres años de parados de larga duración menores de 30 (mayores de 45) años conllevará una bonificación de hasta 3.600 € (4.500 €) en las cotizaciones. También la contratación de mujeres en sectores donde están poco representadas se bonificará con 1.500 €. Por último, la contratación indefinida se fomenta indirectamente proponiendo por enésima vez limitar, en este caso a dos años, el encadenamiento de contratos temporales.

Tampoco en este campo ofrece la reforma grandes novedades. Las subvenciones a la contratación las han utilizado la mayoría de los gobiernos desde 1978. Nadie duda que una vez tomada la decisión de contratar a un nuevo trabajador, el empresario se inclinará, en igualdad de condiciones, por un trabajador cuya contratación esté subvencionada o bonificada. Otra cosa muy distinta es que tales ayudas lleven a los empresarios a realizar ofertas que no habrían hecho en su ausencia. Lo que sí es seguro es que las ayudas para contratar a ciertos colectivos (jóvenes, parados de larga duración, mujeres, etc.) dificultarán la contratación de los trabajadores que los incumplen. Sobre la limitación a 2 años del encadenamiento de contratos temporales, cabe recordar que son bien conocidos los subterfugios que han empleado los empresarios para eludir iniciativas similares hasta ahora.

Flexibilización de los convenios y otras medidas

Quizás lo más novedoso de la reforma impulsada por el gobierno de Rajoy sean los cambios que introduce en la negociación colectiva, al primar los convenios de empresa sobre los sectoriales y facilitar a las empresas la posibilidad de descolgarse del convenio cuando atraviesen dificultades económicas. Además, para agilizar la firma de los convenios, su vigencia se prorrogará durante dos años pero expirará agotado dicho plazo. En sectores minifundistas (comercio al por menor, hostelería a pequeña escala, reparación de automóviles, servicios profesionales, etc.) donde el tamaño de las empresas es muy reducido, la pregunta natural es cómo se determinarán los salarios y las condiciones de trabajo. ¿Están los trabajadores abocados a aceptar reducciones en los salarios o en las horas percibidas para evitar el despido cada vez que los empresarios aleguen atravesar una mala situación económica? ¿Pretende el gobierno extender a estos sectores las condiciones laborales de los bazares chinos?

El Real Decreto incluye también otras medidas entre las que cabe destacar las siguientes: la extensión del contrato de formación hasta los 30 años mientra la tasa de paro supere el 15%; la potenciación del contrato a tiempo parcial indefinido en hostelería para compatibilizar el trabajo con los estudios y la vida familiar; la ampliación del ámbito de actuación de las ETT que ahora podrán actuar como agentes de colocación junto al Servicio Público de Empleo (SPE); el derecho de los trabajadores a recibir 20 horas de formación anuales a cargo de las empresa; la obligación de los parados que perciban prestaciones sociales de realizar trabajos comunitarios; y potenciar la lucha contra el fraude en la percepción de la prestación por desempleo. Algunas de estas medidas son anecdóticas, como potenciar el contrato a tiempo parcial en hostelería, obligar a quienes reciben prestaciones sociales a realizar trabajos para la comunidad o proporcionar 20 horas de formación a los ocupados; hay alguna, como la extensión de los contratos de formación hasta los 30 años, que resulta sencillamente impúdica; otra, la ampliación de funciones de las ETT, que reconoce implícitamente el fracaso del SPE como oficina de empleo pero no aborda su reforma; y, por último, la persecución del fraude en la percepción de prestaciones por desempleo, merecedora de mayor atención y desarrollo.

Comentario final

La reforma laboral aprobada por el gobierno de Rajoy ni me parece “histórica” ni de “gran calado”, sino continuista e improvisada: abarata y flexibiliza el despido siguiendo las líneas apuntadas en la última reforma laboral de Rodríguez Zapatero, vuelve a apostar, como tantas otras reformas, por subvencionar y bonificar la contratación de algunos colectivos y elude abordar reformas capitales para acabar con la dualidad indefinido-temporal, potenciar la movilidad espacial, reformar el SPE, perseguir el fraude en la percepción de las prestaciones sociales y combatir la economía sumergida. Abaratar el despido, aumentar las ayudas la contratación y crear inseguridad en las condiciones laborales ni creará empleo indefinido ni resolverá los graves problemas de nuestro mercado laboral.

Golpe de mano frustrado

Artçiculo publicado en Libertad Digital el 13 de febrero de 2012

El intento de Chacón de tomar las riendas del PSOE fracasó por los pelos. La jugada la había planificado Rodríguez Zapatero que aconsejó a Chacón dejar vía libre a Rubalcaba para que éste se enfrentara en desigual combate a Rajoy en las elecciones generales del 20N. Tras consumarse la debacle, Chacón quedaría muy bien colocada para disputarle con ventaja la secretaría general a Rubalcaba. Contaría con  el apoyo de los “zapateristas” genuinos –Caamaño, Fernández de la Vega, López Aguilar, Moratinos, Pajín y Cia–, los delegados del PSC agazapados en su particular caballo de Troya, Gómez, el secretario general de Madrid, y sus seguidores que ni olvidan ni perdonan el apoyo de Rubalcaba a Lissavetzsky en las primarias de esa Comunidad hace unos meses, y otros delegados a los que Chacón habría prometido cierta notoriedad en caso de alzarse victoriosa. Felizmente, su pobre discurso y peor oratoria evitaron que se consumara el desastre.

Hubiera sido harto curioso que alguien que está afiliada a otro partido, el PSC, hubiera pasado por arte de birlibirloque a ser el secretario general del centenario partido que fundara Iglesias en una casa de comidas madrileña.¿Qué hacían por cierto en el cónclave del PSOE los representantes del partido NACIONAL-socialista de Cataluña, con Chacón a la cabeza, las mismas personas que muy pocos días antes respaldaron por abrumadora mayoría en su último congreso una enmienda reclamando tener “voz propia” en Las Cortes? Hasta tal punto han interiorizado los “socialistas” catalanes las formulaciones nacionalistas y asumido su subordinación al “pujolismo” que incluso para reclamar la independencia del PSOE utilizan una expresión calcada a la que emplean los nacionalista para camuflar sus imposiciones como defensa de su “lengua propia”. La asociación entre ambas expresiones guarda más relación de lo que pudiera parecer a primera vista.

Del mismo modo que nadie cuestiona o impide a los nacionalistas catalanes utilizar su “lengua propia” en todos los ámbitos públicos y privados en Cataluña –lo inaceptable es que la impongan a quienes por nacimiento o elección tienen otra lengua propia–, pero ellos siguen invocando su defensa para distraer la atención de las tropelías que cometen en su nombre, los militantes del PSC exigen también tener “voz propia” dentro del PSOE, como si alguien les obligara a acudir a sus comités y congresos federales, o a postularse para dirigir la secretaría general del partido. ¡Háganse mayores de edad de una vez y abandonen el cobijo del PSOE, si eso es lo que realmente desean! Dejen de engatusar a los ciudadanos que todavía les votan en Cataluña –por fortuna, cada vez menos–, trayendo a los líderes del PSOE para animar sus mítines electorales y fiestas rosadas. ¿Acaso alguien se lo impide? ¿Que quieren seguir empleando su “voz propia” para defender los intereses de Cataluña por encima de todo? ¿Que desean volver a representar el papel de lacayos de Pujol y su prolífica prole como ya hicieron durante veintitrés años de vergonzosa oposición? ¿Que aspiran a reponer algún día el sainete nacionalista con el que nos obsequiaron compartiendo cartel con los aparceros de ERC durante siete años? Pues,… ánimo: nadie obliga al Barça a jugar en la Liga de Fútbol Española, ni a ustedes en la del PSOE. Y créanme, si se deciden a dar ese “histórico” paso, algunos catalanes les estaremos muy agradecidos.

Alivio por partida doble

Artículo publicado en el diario Expansión el 6 de febrero de 2011

Fiel al guión, Rodríguez Zapatero acudió al 38 Congreso del PSOE en Sevilla para justificar ante los suyos la gestión desarrollada al frente de la secretaría general del partido y del gobierno de España. En su reivindicación del “zapaterismo”, destacó las nuevas leyes que regulan la interrupción del embarazo y los matrimonios homosexuales, la lucha contra ETA, la defensa de la cohesión social, y volvió a escudarse en las adversas circunstancias externas para justificar las decisiones que adoptó el 9 de mayo de 2010 a fin de evitar “el colapso financiero” y “que España fuera intervenida”. A duras penas reconoció Zapatero su tardanza en calibrar la gravedad de la recesión y pasó por alto su incapacidad para anticipar las consecuencias financieras de la burbuja inmobiliaria y prever los riesgos de incurrir en enormes déficits públicos.

Al escucharle defender sus contados logros, los delegados probablemente se acordaron del hombre pagado de sí mismo y convencido de la bondad de sus políticas, que se atrevió a comienzos de 2008 a dibujarles un brillante futuro que llevaría a España a alcanzar el PIB per capita de Alemania en 2010 y el pleno empleo al final de la legislatura. Más de alguno debió preguntarse si debía aprobar una gestión de la recesión económica y la crisis financiera que ha minado la base electoral del partido y puesto contra las cuerdas el estado del bienestar que pusieran en pie los socialistas en la década de los 80. Al final el 90,8% de los delegados aprobaron su informe, convencidos de que no era el momento de escarbar en las heridas sino de pasar cuanto antes el penoso cáliz y elegir al equipo que dirigirá el partido en su nueva travesía del desierto que promete ser no dura, sino durísima.

El congreso se decantó al final por Rubalcaba que logró imponerse a Chacón por una diferencia mínima de 22 votos. Hace unos meses, Rodríguez Zapatero, anticipando la debacle electoral que se avecinaba, aconsejó a Chacón retirarse de la pugna para elegir al candidato socialista que habría  de enfrentarse a Rajoy en las elecciones generales, y su diligente delfín acató entre aspavientos y sollozos el consejo. En realidad, Zapatero la reservaba para que, una vez consumada la derrota electoral de Rubalcaba el 20N, Chacón pudiera disputarle con ventaja la secretaría general y mantener viva la llama del “zapaterismo” en el PSOE, esa peligrosa combinación de ignorancia atrevida y fe en la buena estrella que alimentaba optimistas vaticinios –“estamos mejor que hace un año, pero dentro de un año estaremos mejor”, pronunciada en el 29 de diciembre de 2006–, asumir irresponsables compromisos en vísperas electorales –“apoyaré la reforma del Estatut que apruebe el Parlamento de Cataluña” en noviembre de 2003– y frases hueras –“bajar los impuestos es de izquierdas”– que tanto daño han hecho al PSOE, a la socialdemocracia y a España. Incumplió, además, Zapatero la exquisita neutralidad que prometió mantener durante la contienda, y mantuvo reuniones estratégicas con Chacón y sus asesores durante las semanas previas al congreso para ayudarle en su campaña. El discurso de Chacón ante los delegados en Sevilla puede considerarse un buen ejemplo de “zapaterismo” en estado puro: una arenga en clave mitinera, deslavazada y vacía de propuestas que llamaba a los delegados a levantarse y movilizarse contra una derecha que acaba de aplastarlos en las urnas.

Constituye un gran alivio  para el futuro de la socialdemocracia en España que haya fracasado la extraña alianza que se fraguó durante estas semanas entre los “zapateristas” convencidos, los delegados madrileños afines a Gómez –que no ha perdonado a Rubalcaba su apoyo a Litssavetzky en las primarias madrileñas–, una parte de la delegación andaluza a la que Chacón había cortejado con insistencia y los compañeros de Chacón del PSC a los que no les gustó nada que Rubalcaba insistiera durante la campaña en que el PSOE tiene que tener una sola voz en toda España. Tras perder el gobierno de la mayoría de CCAA y capitales de provincia, el reto que tienen ahora por delante el nuevo secretario general y su ejecutiva es formidable: el partido necesita, desde luego, tener una sola voz y presencia en toda España –¡en Cataluña los ciudadanos no pueden votar al PSOE!–, pero sobre todo recuperar sus señas de identidad para volver a ganarse la confianza de los ciudadanos que el 20N le dieron la espalda y votaron al PP, a UPyD o a IU. Las propuestas que hasta el momento han trascendido del cónclave –reafirmación del laicismo y reivindicación del derecho a una muerte digna– no parecen estar entre las que hoy más preocupan a los ciudadanos, y el PSOE deberá ponerse a trabajar rápido y abrirse de veras a la sociedad si quiere volver a recuperar la iniciativa política.

Tocado y a la deriva

Artículo publicado en el diario Expansión el 3 de febrero de 2012

A quienes tenemos ya una cierta edad, la pugna que mantienen Chacón y Rubalcaba por hacerse con la secretaría general en el 38 Congreso del PSOE nos trae a la memoria las refriegas en que anduvieron enzarzados los llamados “acostistas” y “renovadores” para controlar la Federación Socialista Madrileña hace un par de décadas. Por mucho que uno afinara el oído aquellos días, jamás les escuchaba a ninguno de sus representantes propuestas meditadas y coherentes para desarrollar un socialismo democrático como el que existe en algunos países del norte de Europa, el único que ha demostrado su viabilidad hasta ahora. Todo el mundo tenía la impresión de estar presenciando una lucha encarnizada entre dos bandas que se disputaban el control del aparato del partido o, mejor dicho, su despojo. Basta con recordar quiénes han liderado al PSOE en la Comunidad y Ayuntamiento de Madrid, y los resultados que han cosechado en todas las elecciones desde entonces, para comprender la esterilidad de aquellas reyertas de barrio y el escaso entusiasmo que suscitaron entre los electores.

Por mucho que Chacón y Rubalcaba se empeñen en presentar su particular pugna como un ejemplar ejercicio democrático, como un debate de ideas en libertad, me temo que muchas de las personas que seguimos con interés el proceso estamos sorprendidas por la ausencia de propuestas meditadas y de cierto alcance por ambas partes. Rubalcaba sigue “explicando” que hay dos maneras de salir de la crisis, recortando sanidad y educación, como hace el PP (e hizo antes su gobierno), o aumentando los impuestos a los ricos (como no hizo su gobierno), repitiendo argumentos que ya expuso durante la campaña electoral. Y Chacón, fan incondicional de Rodríguez Zapatero hasta ayer mismo, parece no haber reparado que las elecciones se celebraron ya el 20N –en las que, por cierto, cosechó ella una derrota sin precedentes al frente de la lista del PSC (no del PSOE) en Barcelona–, y continúa en tono mitinero arengando a los “suyos” con voz impostada para que se opongan a la derecha e impidan “que el capitalismo financiero actúe a su antojo”. (Se nota que Sevilla no llegó a darle su curso acelerado de Economía en dos tardes.)

En el terreno puramente político, Rubalcaba parece haber caído al fin en la cuenta de que el PSOE ha dejado de ser un partido nacional, mientras él formaba parte de los gobiernos de Rodríguez Zapatero que aprobaron el Estatut de Cataluña y el nuevo modelo de financiación autonómica, mientras celebraba con sus “compañeros” del PSC –sí, los mismos que gobernaron durante siete años con los independentistas de ERC e ICV-EUiA– las bondades de la inmersión lingüística. Ahora quiere Rubalcaba que el PSOE vuelva a tener una sola voz en toda España, pero lo que no sabemos es si estamos ante un cambio de posición genuino, surgido del convencimiento de que esa unidad constituye un ingrediente esencial en un proyecto socialdemócrata, o si Rubalcaba pretende únicamente contrarrestar el éxito de UPyD que logró atraer a un gran número de votantes socialistas con ese reclamo electoral. Chacón también se fue hasta el pueblo natal de su padre en Almería para presentar su candidatura. A quienes recuerden que Chacón apoyó en el último congreso del PSC una enmienda que reclamaba para su partido tener “voz propia” dentro del PSOE, pude haberles sorprendido el repentino ataque de “andalucismo” de la espluguense, sólo hasta que reparen en que la federación andaluza aporta casi un cuarto de los delegados que elegirán al secretario general el próximo fin de semana.

Que los delegados del PSOE tengan que elegir entre Rubalcaba y Chacón, a la postre dos ministros de Rodríguez Zapatero –responsable principal de la pérdida de identidad del PSOE durante la última década–, es una mala noticia para los socialistas. Ninguno de los dos tuvo el coraje de dimitir o forzar su salida del gobierno –siguiendo el ejemplo de Solbes–, si es que acaso mantuvieron discrepancias serias con el Presidente sobre la gestión de la economía o la estructura territorial del Estado, como Rubalcaba y Chacón ahora insinúan. Tampoco parece haber entre los barones –Barreda, Gómez, Griñan, Fernández-Vara, Iglesias, etc.– y ex-ministros – Aído, Álvarez, Blanco, Caamaño, Caldera, Chaves, Fernández de la Vega, Gómez, López Aguilar, Moratinos, Pajín, Salgado, Sebastián, Sevilla, Solbes, etc.– nadie capaz de articular una alternativa socialdemócrata seria y atractiva para los electores en estos momentos.

El partido que renovaron González y Guerra en los años 70 está seriamente tocado tras la debacle electoral del 20N, un castigo más que merecido tras la errática e inepta gestión de Rodríguez Zapatero. Recuperar las señas de identidad y articular un proyecto socialdemócrata creíble para toda España, llevará tiempo y requerirá casi con toda seguridad acabar con la endogamia de la que tan orgulloso se sentía Blanco. De momento, forzados a escoger entre Chacón y Rubalcaba, los delegados socialistas deberían votar, sin dudarlo un segundo, por Rubalcaba, y no porque Chacón sea más joven, mujer y catalana, sino porque su elección empujaría al PSOE a la marginalidad en poco tiempo.

No hace falta remontarse al tiempo en que Chacón y el PSC se solidarizaban con el impresentable Rubianes para poner en evidencia su inmadurez y falta de criterio. Hace pocas semanas, la líder del PSC dejaba bien claro que si fuera necesario votaría con el PSC en contra del PSOE. Esta es la concepción del federalismo que defienden Chacón y el PSC, la fórmula más segura para convertir al PSOE, en muy poco tiempo y de forma irreversible, en reinos de taifas. Pero sobre todo, los delegados socialistas deberían tener muy en cuenta que Chacón, no Rubalcaba, es la heredera señalada por Rodríguez Zapatero para continuar el “zapaterismo”, esa suerte de tercera vía a la española que entronizó a ignorantes atrevidos, dio alas a los independentistas, arruinó el estado de bienestar y dejó al propio PSOE tocado y a la deriva.

Nada es para siempre

Artículo publicado en Libertad Digital el 29 de enero de 2012

Rajoy se cansó de repetir durante la última legislatura que, frente a las ocurrencias con que el imprevisible gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero nos sorprendía cada semana, un gobierno del PP presidido por él aportaría la certidumbre indispensable para devolver a nuestra economía el lustre perdido. Dejó al ya ahora su antecesor en la estacada en todas y cada una de las delicadas situaciones en que aquél se vio obligado a tomar decisiones difíciles (subir impuestos, reducir salarios y congelar pensiones), anteponiendo los intereses partidistas al interés general. Y no dudó en poner en entredicho la credibilidad del gobierno español incluso en los momentos en que la prima de riesgo de la deuda -merced a la pasividad del BCE exigida por Alemania- alcanzaba niveles muy elevados. Su instinto y las encuestas le decían que cada nueva mala noticia económica le acercaba un poco más al Palacio de La Moncloa.

Durante la campaña electoral, Rajoy se mantuvo flotando ingrávido y gentil en la estratosfera. Convencido de que le bastaba con recordar una y otra vez las cifras de paro y déficit público para avivar la frustración que sentían la mayoría de los ciudadanos, Rajoy se limitó a prometerles que su gobierno cuadraría las cuentas públicas sin subir impuestos y emprendería las reformas necesarias para hacer fluir de nuevo el crédito y crear empleo, dos palabras que les sonaban a gloria. Cuando algún entrometido osaba preguntarle cómo pensaba obrar tales maravillas, se le remitía al manual de campaña: “nosotros ya lo hicimos en 1996 y volveremos a hacerlo ahora”, una afirmación que revelaba tanto su  desconocimiento de la situación económica como la inexistencia de un plan de gobierno. Con este discurso etéreo, logró Rajoy sin despeinarse una victoria histórica para su partido.

Lo que ha ocurrido en las últimas semanas es harina de otro costal. La victoria electoral del PP y la formación del nuevo gobierno no tuvieron, claro está, ningún efecto milagroso y la prima de riesgo se mantuvo elevada hasta que el BCE y los principales bancos centrales intervinieron coordinadamente, y el BCE decidió inyectar 500.000 millones de liquidez a los bancos a medio plazo. Aunque algún ministro tardó en comprender que la campaña electoral había terminado, el gobierno de Rajoy cambió ciento ochenta grados su discurso en muy pocos días. Quienes   criticaron con ferocidad en 2009, 2010 y 2011 las subidas de impuestos, los recortes de salarios y la congelación de pensiones decretadas por Rodríguez Zapatero, consideran ahora imprescindibles sus propios recortes y subidas de impuestos y afirman sin rubor que “no quedaba otra opción”. Quienes exigían cumplir al pie de la letra el calendario de ajuste fiscal pactado con la UE porque era bueno para España, ven ya conveniente posponerlo más allá de 2013 para no agravar la recesión económica. Quienes achacaban la desconfianza en la deuda española al desgobierno de Rodríguez Zapatero, han caído de repente en la cuenta de que “la única  salida a la crisis del euro es política”, y proponen incluso crear un estado federal en la eurozona.

Basta con repasar la hemeroteca para saber qué habrían dicho Rajoy y Montoro desde los bancos de la oposición sobre las medidas que su gobierno ha adoptado estas semanas: “Señorías, simple y llanamente: no”. Resulta irónico que hoy presenten desde el banco azul como inevitables y dignas de apoyo las mismas políticas de ajuste que ayer criticaban y ridiculizaban sin contemplaciones. Nada ejemplifica mejor el cambio de actitud del PP tras llegar al gobierno que escuchar al “previsible” Rajoy sentenciar que “en la vida nada es para siempre”.

Otra vuelta de tuerca

Artículo publicado en el diario Expansión el 28 de enero de 2012

En esta ocasión no fue un error informático del INE sino el vaticinio del propio Gobierno lo que nos permitió “conocer” la cifra de paro a finales de 2011 antes de que se publicaran los resultados de la EPA. Fue el propio Rajoy quien anticipó en un acto de su partido el pasado día 15 que el número de parados alcanzaría los 5,4 millones, y Montoro, ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, quien confirmó el “avance” en su comparecencia en el Congreso el día 26. Y aunque el número de parados estimado por la EPA, 5.273.600, es afortunadamente bastante más bajo, lo cierto es que tanto los registros de paro como de empleo del último trimestre de 2011 confirman el agravamiento del estado del enfermo, algo que ya apuntaban los resultados del trimestre anterior. Si bien las tasas de destrucción de empleo y crecimiento del paro no son comparables con las de los peores momentos de 2009, sí que nos retrotraen a una situación de intenso deterioro que parecía haberse ralentizado (aunque no detenido) durante el segundo semestre de 2010 y el primer semestre de 2011.
Evolución de la ocupación y el paro
En los tres últimos meses de 2011, se perdieron 348.800 empleos y el número de parados aumentó en 295.300, cifras muy elevadas.  Las caídas del empleo, 600.700, y el aumento del paro, 577.000, durante los últimos doce meses son también muy altas y disparan las tasas interanuales de variación  (-3,26% y 12,28%, respectivamente) hasta niveles que superan tanto los registros del trimestre anterior (-2,11% y 8,82%, respectivamente) como del cuarto trimestre de 2010 (-1,28% y 8,55%, respectivamente). La tasa de paro alcanza ya el 23,35% de la población activa, 1,33 puntos más que en el trimestre anterior y 2,52 puntos por encima de la del cuarto trimestre de 2010. Se confirma, por tanto, el empeoramiento que ya se detectaba en la EPA del trimestre anterior.
La destrucción de puestos de trabajo en Industria (50.000), Construcción (93.800) y Servicios (305.600) en los tres últimos meses ha sido también más intensa que en el cuarto trimestre de 2010. Lo mismo puede decirse de las variaciones interanuales que son negativas en los tres sectores. Especialmente llamativa resulta la caída del empleo en el sector Servicios este trimestre (305.600) –muy superior a la registrada en el cuarto trimestre de 2010 (115.800) –, causa del importante saldo negativo (-212.400) que arroja la ocupación en Servicios en los doce últimos meses.

 

 

La reducción del empleo ha sido más intensa en el colectivo de hombres que en el de mujeres, tanto en términos absolutos como porcentuales. Más de la mitad de los 606.600 empleos perdidos en los últimos 12 meses se debe a la caída de los ocupados menores de 29 años (356.600) y el porcentaje supera el 90% cuando el grupo  incluye a los menores de 34 años. Si bien la mayor parte de los puestos de trabajo asalariados destruidos (350.200) en los últimos tres meses corresponden a trabajadores con contratos temporales (246.000), el balance de los doce últimos meses indica que han sido los contratados indefinidos (389.100) quienes han soportado el grueso del ajuste de los asalariados (485.000). Los trabajadores por cuenta propia no han registrado apenas variación en el último trimestre aunque se han perdido 115.500 empleos en los doce últimos meses y su tasa de caída (3,74%) resulta incluso superior a la de los asalariados (3,17%).
En los últimos doce meses, el número de parados con empleo anterior aumentó en todos los sectores, especialmente en Servicios (13,57%), y en los colectivos que buscan su primer empleo (24,22%) o lo perdieron hace más de un año (13,18%). Las tasas de paro de los menores de 19 años (69,34%) y los  trabajadores entre 20 y 24 años (44,44%) condenan a la mitad de nuestros jóvenes a vivir sin posibilidades de encontrar trabajo y desarrollar una carrera laboral. Esta penosa circunstancia, se agrava en aquellas CCAA donde la tasa de paro supera el 30% (Andalucía y Canarias), o se acerca a esta indecente cota (Extremadura, Murcia y Baleares).

Desaceleración económica y pronósticos
El Banco de España (BE) estima que el PIB cayó el 0,3% el último trimestre de 2011, cifra en el 0,7% el crecimiento medio del año pasado, y pronostica una importante caída (1,5%) para 2012. Y es que la consolidación fiscal en los países de la Eurozona no sólo está reduciendo la demanda interna (pública y privada) sino también la externa. En el caso español, la intensidad del ajuste requerido para reducir el déficit 3 ó 4 puntos del PIB asegura que la economía entrará en recesión, aunque el BCE mantenga su política monetaria, los salarios reales caigan y el Gobierno reforme el mercado laboral. En este escenario, sólo cabe esperar que la destrucción de empleo y el aumento del paro se intensifiquen en 2012. ¿Hasta dónde aguantarán los ciudadanos? ¡Esperemos que algún sabio alemán haga recapacitar a Merkel antes que el invento salte por los aires!
Hace unos meses  (Expansión, 2 de mayo) escribí que “la pérdida de 242.500 puestos de trabajo y el aumento en 297.400 personas del número de parados desde el primer trimestre de 2010 constituyen una pésima noticia que sitúa el número de parados (4.910.200) muy cerca de la simbólica cifra de 5 millones, una marca que me atrevo a pronosticar se superará en 2011 incluso si se cumplen las muy optimistas previsiones de crecimiento (1,3%) del Gobierno”. Un colega que desempeñó un alto cargo en el gobierno de Rodríguez Zapatero, me respondió: “He leído tu artículo de Expansión pero creo que la tasa de paro, como he dicho tantas veces, ha tocado el máximo en el primer trimestre. En el segundo y en el tercero se va a crear empleo neto por lo que es casi imposible alcanzar los 5 millones de parados excepto en el escenario de riesgo”. Desconozco a qué se refería con la expresión “escenario de riesgo”, pero era fácil prever que las medidas adoptadas para reducir el déficit ralentizarían la actividad, destruirían empleo y elevarían el paro por encima de los 5 millones. Y así ha sido.

Víctimas, verdugos y el final de ETA

Artículo publicado en el diario Expansión el 27 de enero de 2012

Las terribles e irreparables consecuencias del terrorismo de ETA son las innumerables víctimas cuyas vidas quedaron truncadas o marcadas para siempre por los zarpazos de los asesinos a sueldo que han integrado la organización terrorista desde 1968, año en que cometió el primer atentado mortal reconocido por la banda, hasta hoy mismo. Un terrorismo que hay que reconocer ha sobrevivido durante cuatro décadas merced a la falta de decisión con que abordaron el problema los distintos gobiernos españoles democráticos hasta 2001, a la comprensión y colaboración que encontraron los terroristas en amplios segmentos de la sociedad vasca –algunos partidos políticos, algunas organizaciones sindicales y hasta una parte de la iglesia católica– y al amparo que recibieron al otro lado de los Pirineos en los años 70 y 80. La muerte y las secuelas de los atentados cambiaron en un instante y para siempre el curso de la vida de las víctimas de ETA y sólo el paso del tiempo podrá ir adormeciendo (que no curando) los destrozos físicos y emocionales causados a los supervivientes.

Ahora que el fin de ETA parece estar más cerca que nunca –como confirman la apuesta del entorno de la banda de alcanzar la independencia renunciando a la violencia y el posterior comunicado de la banda anunciando “el cese definitivo de su actividad armada”, tras constatar el fracaso de su estrategia militar–, he escuchado a algunas voces “autorizadas” exigir a los verdugos que pidan perdón a las víctimas como condición necesaria para avanzar en el proceso de reconciliación. Necio empeño: la mayoría de los miembros de ETA y su entorno incivil ni se han arrepentido de las atrocidades cometidas ni sienten la menor simpatía por sus víctimas. A casi todos los miembros de la banda apresados los hemos visto desfilar desafiantes ante los tribunales que los juzgaban (y siguen juzgándolos), sin mostrar el menor signo de arrepentimiento por los estragos causados, mofándose abiertamente incluso de las víctimas en algunos casos. ¡Ni siquiera los monstruos nazis mostraron tal osadía y falta de escrúpulos en los juicios de Nuremberg! Por eso, si algún día la banda y su entorno incivil llegara a pedir perdón a las víctimas, podemos estar seguros de que no lo harían movidos por el arrepentimiento sino por mero oportunismo político, para favorecer las expectativas electorales del conglomerado “batasuno” al que se han incorporado sin rubor algunos partidos y organizaciones que minimizaron (si no comprendieron) las atrocidades de ETA.

Ante la perspectiva que ha abierto un próximo final de ETA, dos asuntos deben preocuparnos a los españoles que aspiramos a vivir en una sociedad democrática y abierta. En primer lugar, el gobierno español que ha salido de las elecciones 20 de noviembre deberá ignorar los cantos de sirena que interpreta la “refundada coral batasuna” y continuar con las acciones policiales y judiciales que han permitido acorralar a los cada vez más escasos efectivos con que cuenta la banda hasta que ésta decida disolverse y entregar incondicionalmente las armas. Rajoy ya tuvo que parar los pies al Sr. Antigüedad, portavoz de Amaiur en el Congreso, que le reclamaba sin pudor en el debate de investidura dar nuevos pasos para alcanzar “una resolución integral de un conflicto… que es de naturaleza política” y “la desactivación de las medidas restrictivas de los derechos de las personas [eufemismo para referirse a los terroristas condenados] que están en la cárcel”. “No le debo a Vd. absolutamente nada. Ni yo, ni la sociedad española”, le espetó Rajoy al representante de quienes sí han contraído una deuda infinita con las víctimas al haber justificado, ensalzado y patrocinado el terrorismo de ETA durante décadas. Podemos estar seguros de que cuanto mayor sea la firmeza del gobierno español en los próximos meses antes llegará el esperado momento.
En segundo lugar, el nuevo gobierno español, los fiscales y los jueces tienen ante sí un reto mucho más difícil que derrotar militarmente a ETA: asegurar el ejercicio de las libertades constitucionales de expresión, asociación y participación política en El País Vasco, coartadas por la presencia de ETA y su entorno incivil desde 1978. No se puede olvidar que el conglomerado “batasuno” está presente no sólo en el Congreso sino también en las Diputaciones forales y numerosos Ayuntamientos vascos y navarros. Por incomprensible que nos resulte, hay varios cientos de miles de ciudadanos dispuestos a votar a estos facinerosos, y el Estado tendrá que vigilar de cerca sus movimientos para asegurarse de que acatan la Constitución y las leyes vigentes, y no utilizan las instituciones por ellos controladas para canalizar dinero público a organizaciones dedicadas a enaltecer a los terroristas y demandar su amnistía, así como a intimidar y amenazar, empleando quizás métodos más sutiles que en el pasado, a quienes rechazan sus objetivos xenófobos y totalitarios para El País Vasco. Así ha de ser, al menos hasta que ETA anuncie su disolución y entregue las armas.

Menos con Mas y Mas

Artículo publicado en Libertad Digital el 22 de diciembre de 2011

Advertía ya hace unas semanas que el gobierno catalán no expondría sus cartas antes del 20N y que, pese a las protestas de la oposición en el Parlament, retrasaría la presentación de los presupuestos de 2012 hasta pasadas las elecciones generales celebradas el 20N. Lo había hecho ya hace unos meses, cuando retrasó la presentación de los presupuestos de 2011 hasta pasadas las elecciones municipales del 22M, y no era difícil adivinar que el gobierno de los “mejores” repetiría en esta ocasión la jugada. No sé si las nuevas medidas del taimado gobierno catalán habrán sorprendido a los votantes de CiU o si éstos las habrán recibido con alborozo a modo de anticipo del sorteo de Navidad. De lo que tengo pocas dudas es del escaso entusiasmo que han suscitado las nuevas medidas en la inmensa mayoría de los ciudadanos (y muy especialmente en los pensionistas) que, a partir de ahora, tendrán que pagar un euro por cada receta médica y abonar 2,4 céntimos por litro de combustible cuando llenen los depósitos de sus vehículos, así como en los funcionarios que van a ver de nuevo recortados sus salarios.

Me parece legítimo que CiU se presente a las elecciones con un programa que contemple la eliminación del impuesto de sucesiones para los más ricos, el recorte de los salarios de los funcionarios, el desmembramiento del Institut Catalá de la Salut y los servicios sanitarios que presta –despidiendo personal y cerrando centros de atención primaria y quirófanos–, la reducción el gasto educativo y el aumento de las tasas (escolares o sobre el consumo ) o la creación de nuevas tasas (sobre las recetas médicas). Me parece legítimo, digo, si quien lo hace utiliza como eslogan de campaña “Menos con Mas” y como logo un rostro muy enfadado. Pero resulta inmoral hacerlo ocultando las medidas que se planean adoptar, retrasando con grave irresponsabilidad y falsas excusas la presentación de los presupuestos de 2011 y 2012 hasta pasadas las elecciones, y presentándolos finalmente con nocturnidad en vísperas de vacaciones.

¿Pero no iba el gobierno de los “mejores” a hacer “Mas con menos” como rezaba su engañosa propaganda electoral? ¿Qué queda de la sonrisa de su logo de campaña más allá de la incongruente cara de satisfacción del consejero Mas-Colell al hacer entrega del lapicero con los presupuestos de 2012 a la presidenta del Parlament? Se pueden diseñar reformas para mejorar el funcionamiento de los servicios públicos y hacer un uso más eficiente de los mismos; para controlar con rigor los gastos de los organismos dependientes de la Generalitat y los sobrecostes en la adjudicación y ejecución de obras públicas, incluidas las consiguientes “mordidas” recibidas por los partidos; para reducir las disparatadas comisiones pagadas a los patrióticos bancos y cajas por colocar la deuda de la Generalitat; para recortar el dinero público inyectado en instituciones, empresas y organismos superfluos creados con el fin de equiparar la Generalitat con el Estado español y alimentar a los adeptos al régimen nacionalista con subvenciones y prebendas; etc. Lo que no puede hacerse es engañar a los ciudadanos como ha hecho CiU antes de las elecciones (28N en 2010, y 22M y 20N en 2011) ocultando los recortes que tenía intención de realizar en servicios esenciales para los grupos más desfavorecidos y hasta para la clase media catalana y sobre cuyas espaldas el gobierno nacionalista de Mas y Mas pretende hacer recaer el peso del ajuste.

Fin de la primera etapa

Artículo publicado en Expansión el 21 de diciembre de 2011 

Cuando hacia las 13:10 del 20 de diciembre de 2011 se iniciaba en el Congreso la votación que había de otorgarle la confianza de la Cámara, Mariano Rajoy Brey debió por fin, como buen ciclista, respirar tranquilo al verse ya cruzando la ansiada línea de meta. Ha necesitado casi ocho años para ver colmada su aspiración de presidir el gobierno de España y durante ese tiempo Rajoy ha tenido que sobreponerse al fiasco del 11M, a varias derrotas en las urnas y a las luchas intestinas y los diversos escándalos que han sacudido a su partido durante ese tiempo. Todo podía haberse ido al traste en cualquier momento, pero Rajoy supo aguardar con sangre fría a que la mala gestión de la recesión económica y la crisis financiera desgastaran al gobierno de Rodríguez Zapatero. Del cúmulo de experiencias, parece haber sacado Rajoy provechosas enseñanzas, o al menos esa es la impresión que transmitió la actitud serena y dialogante con que abordó un debate de investidura que tenía de antemano ganado.

No sé si alguien esperaba escuchar grandes novedades del candidato en materia económica, pero de haberlas habido hubieran constituido una verdadera sorpresa en alguien que tiene a gala ser una persona previsible. Tras presentar un resumen de la difícil situación económica que hereda, Rajoy reiteró que su objetivo principal es crear empleo y pasó a desgranar las acciones que piensa acometer su gobierno para conseguirlo: medidas de consolidación fiscal, saneamiento del sistema financiero y reformas estructurales. En cuanto a la estabilidad presupuestaria, Rajoy avanzó que recortará el déficit público en al menos 16.500 millones para cumplir el compromiso adquirido por Rodríguez Zapatero de situarlo en el 4.4% del PIB a finales de 2012. Aparte de reiterar su compromiso de actualizar las pensiones con el IPC y manifestar –cuando fue preguntado al respecto– que de momento no contempla aumentos impositivos, Rajoy se limitó a indicar que el techo de gasto se fijará cuando disponga de previsiones fiables de crecimiento de la UE en enero, y las concreciones de las reducciones de gasto se presentarán en los presupuestos de2012 afinales de marzo.

Incluso menos explícito fue Rajoy sobre las medidas que piensa adoptar para sanear los balances de las entidades financieras lastrados por la presencia de activos “tóxicos” –o, dicho más llanamente, por créditos dudosos otorgados principalmente a empresas inmobiliarias y constructoras que, en bastantes casos, han obligado a las entidades financieras a adquirir los inmuebles en pago– en los próximos seis meses. Mencionó Rajoy la venta de los inmuebles terminados y la valoración prudente de otros activos. El problema es que incluso si se aceptara vender esos inmuebles con pérdidas, harían falta compradores y eso es precisamente una de las especies más escasas en estos momentos. Por otra parte, la valoración de esos activos ajustada a los precios de mercado, obligaría probablemente a intervenir a algunas entidades más y no está claro cómo pueden financiarse esas operaciones en este momento.

Rajoy enumeró un buen número de reformas estructurales en diversos ámbitos: mercado laboral, reforma fiscal, administración pública, internacionalización de las empresas, sanidad, educación, justicia, energía, etc., todas ellas, en mi opinión, muy importantes. Aquí, por razones de espacio, me centraré en la primera, objeto de un vivo debate entre Rajoy y Rubalcaba. Para el primero, la elevada tasa de paro alcanzada demuestra el mal funcionamiento de nuestro mercado laboral y la urgencia de reformarlo. Rajoy recordó que las sindicales y la CEOE disponen de plazo hasta el 15 de enero para alcanzar acuerdos y enunció algunos de sus objetivos: flexibilizar la negociación colectiva, agilizar la resolución de conflictos, racionalizar el calendario laboral, compatibilizar la vida laboral y familiar, facilitar la reinserción de las madres, impulsar la contratación de jóvenes, etc. ¿Medidas concretas? A la ya anunciada subvención de 3.000 euros por la primera contratación, añadió la completa bonificación de las cotizaciones a la SS durante dos años por contratación de jóvenes menores de 30 años. Rubalcaba recordó a Rajoy que con este mismo mercado laboral, se crearon 8 millones de puestos de trabajo hasta 2007 y le advirtió contra el contrato único,  y  los “miniempleos” de 400 euros que propugna la CEOE. Habrá que esperar a conocer los detalles de la reforma antes de valorar su impacto en el mercado laboral.

La situación económica es qué duda cabe hoy delicada, pero para nada peor que la vivida en 2009 o mayo de 2010. Rajoy y su equipo van a tener que trabajar y celebro que lleguen al gobierno cargados con una larga lista de reformas que los gobiernos de Aznar y Rodríguez Zapatero (en su primera legislatura) soslayaron durante los años de bonanza. Ahora bien, creo que el nuevo Presidente se equivocará si carga todo el peso del ajuste sobre el gasto público en 2012 –¡y luego en 2013 y 2014!–, al mismo tiempo que bonifica la contratación, reduce los ingresos del IRPF recuperando la desgravación por compra de primera vivienda, e introduce nuevas deducciones en el impuesto de sociedades. Hay que recuperar también la recaudación que se desplomó entre 2007 y 2009 si se quiere repartir con equidad las cargas del ajuste en las próximas etapas de la carrera.