Nada es para siempre

Artículo publicado en Libertad Digital el 29 de enero de 2012

Rajoy se cansó de repetir durante la última legislatura que, frente a las ocurrencias con que el imprevisible gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero nos sorprendía cada semana, un gobierno del PP presidido por él aportaría la certidumbre indispensable para devolver a nuestra economía el lustre perdido. Dejó al ya ahora su antecesor en la estacada en todas y cada una de las delicadas situaciones en que aquél se vio obligado a tomar decisiones difíciles (subir impuestos, reducir salarios y congelar pensiones), anteponiendo los intereses partidistas al interés general. Y no dudó en poner en entredicho la credibilidad del gobierno español incluso en los momentos en que la prima de riesgo de la deuda -merced a la pasividad del BCE exigida por Alemania- alcanzaba niveles muy elevados. Su instinto y las encuestas le decían que cada nueva mala noticia económica le acercaba un poco más al Palacio de La Moncloa.

Durante la campaña electoral, Rajoy se mantuvo flotando ingrávido y gentil en la estratosfera. Convencido de que le bastaba con recordar una y otra vez las cifras de paro y déficit público para avivar la frustración que sentían la mayoría de los ciudadanos, Rajoy se limitó a prometerles que su gobierno cuadraría las cuentas públicas sin subir impuestos y emprendería las reformas necesarias para hacer fluir de nuevo el crédito y crear empleo, dos palabras que les sonaban a gloria. Cuando algún entrometido osaba preguntarle cómo pensaba obrar tales maravillas, se le remitía al manual de campaña: “nosotros ya lo hicimos en 1996 y volveremos a hacerlo ahora”, una afirmación que revelaba tanto su  desconocimiento de la situación económica como la inexistencia de un plan de gobierno. Con este discurso etéreo, logró Rajoy sin despeinarse una victoria histórica para su partido.

Lo que ha ocurrido en las últimas semanas es harina de otro costal. La victoria electoral del PP y la formación del nuevo gobierno no tuvieron, claro está, ningún efecto milagroso y la prima de riesgo se mantuvo elevada hasta que el BCE y los principales bancos centrales intervinieron coordinadamente, y el BCE decidió inyectar 500.000 millones de liquidez a los bancos a medio plazo. Aunque algún ministro tardó en comprender que la campaña electoral había terminado, el gobierno de Rajoy cambió ciento ochenta grados su discurso en muy pocos días. Quienes   criticaron con ferocidad en 2009, 2010 y 2011 las subidas de impuestos, los recortes de salarios y la congelación de pensiones decretadas por Rodríguez Zapatero, consideran ahora imprescindibles sus propios recortes y subidas de impuestos y afirman sin rubor que “no quedaba otra opción”. Quienes exigían cumplir al pie de la letra el calendario de ajuste fiscal pactado con la UE porque era bueno para España, ven ya conveniente posponerlo más allá de 2013 para no agravar la recesión económica. Quienes achacaban la desconfianza en la deuda española al desgobierno de Rodríguez Zapatero, han caído de repente en la cuenta de que “la única  salida a la crisis del euro es política”, y proponen incluso crear un estado federal en la eurozona.

Basta con repasar la hemeroteca para saber qué habrían dicho Rajoy y Montoro desde los bancos de la oposición sobre las medidas que su gobierno ha adoptado estas semanas: “Señorías, simple y llanamente: no”. Resulta irónico que hoy presenten desde el banco azul como inevitables y dignas de apoyo las mismas políticas de ajuste que ayer criticaban y ridiculizaban sin contemplaciones. Nada ejemplifica mejor el cambio de actitud del PP tras llegar al gobierno que escuchar al “previsible” Rajoy sentenciar que “en la vida nada es para siempre”.

Otra vuelta de tuerca

Artículo publicado en el diario Expansión el 28 de enero de 2012

En esta ocasión no fue un error informático del INE sino el vaticinio del propio Gobierno lo que nos permitió “conocer” la cifra de paro a finales de 2011 antes de que se publicaran los resultados de la EPA. Fue el propio Rajoy quien anticipó en un acto de su partido el pasado día 15 que el número de parados alcanzaría los 5,4 millones, y Montoro, ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, quien confirmó el “avance” en su comparecencia en el Congreso el día 26. Y aunque el número de parados estimado por la EPA, 5.273.600, es afortunadamente bastante más bajo, lo cierto es que tanto los registros de paro como de empleo del último trimestre de 2011 confirman el agravamiento del estado del enfermo, algo que ya apuntaban los resultados del trimestre anterior. Si bien las tasas de destrucción de empleo y crecimiento del paro no son comparables con las de los peores momentos de 2009, sí que nos retrotraen a una situación de intenso deterioro que parecía haberse ralentizado (aunque no detenido) durante el segundo semestre de 2010 y el primer semestre de 2011.
Evolución de la ocupación y el paro
En los tres últimos meses de 2011, se perdieron 348.800 empleos y el número de parados aumentó en 295.300, cifras muy elevadas.  Las caídas del empleo, 600.700, y el aumento del paro, 577.000, durante los últimos doce meses son también muy altas y disparan las tasas interanuales de variación  (-3,26% y 12,28%, respectivamente) hasta niveles que superan tanto los registros del trimestre anterior (-2,11% y 8,82%, respectivamente) como del cuarto trimestre de 2010 (-1,28% y 8,55%, respectivamente). La tasa de paro alcanza ya el 23,35% de la población activa, 1,33 puntos más que en el trimestre anterior y 2,52 puntos por encima de la del cuarto trimestre de 2010. Se confirma, por tanto, el empeoramiento que ya se detectaba en la EPA del trimestre anterior.
La destrucción de puestos de trabajo en Industria (50.000), Construcción (93.800) y Servicios (305.600) en los tres últimos meses ha sido también más intensa que en el cuarto trimestre de 2010. Lo mismo puede decirse de las variaciones interanuales que son negativas en los tres sectores. Especialmente llamativa resulta la caída del empleo en el sector Servicios este trimestre (305.600) –muy superior a la registrada en el cuarto trimestre de 2010 (115.800) –, causa del importante saldo negativo (-212.400) que arroja la ocupación en Servicios en los doce últimos meses.
La reducción del empleo ha sido más intensa en el colectivo de hombres que en el de mujeres, tanto en términos absolutos como porcentuales. Más de la mitad de los 606.600 empleos perdidos en los últimos 12 meses se debe a la caída de los ocupados menores de 29 años (356.600) y el porcentaje supera el 90% cuando el grupo  incluye a los menores de 34 años. Si bien la mayor parte de los puestos de trabajo asalariados destruidos (350.200) en los últimos tres meses corresponden a trabajadores con contratos temporales (246.000), el balance de los doce últimos meses indica que han sido los contratados indefinidos (389.100) quienes han soportado el grueso del ajuste de los asalariados (485.000). Los trabajadores por cuenta propia no han registrado apenas variación en el último trimestre aunque se han perdido 115.500 empleos en los doce últimos meses y su tasa de caída (3,74%) resulta incluso superior a la de los asalariados (3,17%).
En los últimos doce meses, el número de parados con empleo anterior aumentó en todos los sectores, especialmente en Servicios (13,57%), y en los colectivos que buscan su primer empleo (24,22%) o lo perdieron hace más de un año (13,18%). Las tasas de paro de los menores de 19 años (69,34%) y los  trabajadores entre 20 y 24 años (44,44%) condenan a la mitad de nuestros jóvenes a vivir sin posibilidades de encontrar trabajo y desarrollar una carrera laboral. Esta penosa circunstancia, se agrava en aquellas CCAA donde la tasa de paro supera el 30% (Andalucía y Canarias), o se acerca a esta indecente cota (Extremadura, Murcia y Baleares).
Desaceleración económica y pronósticos
El Banco de España (BE) estima que el PIB cayó el 0,3% el último trimestre de 2011, cifra en el 0,7% el crecimiento medio del año pasado, y pronostica una importante caída (1,5%) para 2012. Y es que la consolidación fiscal en los países de la Eurozona no sólo está reduciendo la demanda interna (pública y privada) sino también la externa. En el caso español, la intensidad del ajuste requerido para reducir el déficit 3 ó 4 puntos del PIB asegura que la economía entrará en recesión, aunque el BCE mantenga su política monetaria, los salarios reales caigan y el Gobierno reforme el mercado laboral. En este escenario, sólo cabe esperar que la destrucción de empleo y el aumento del paro se intensifiquen en 2012. ¿Hasta dónde aguantarán los ciudadanos? ¡Esperemos que algún sabio alemán haga recapacitar a Merkel antes que el invento salte por los aires!
Hace unos meses  (Expansión, 2 de mayo) escribí que “la pérdida de 242.500 puestos de trabajo y el aumento en 297.400 personas del número de parados desde el primer trimestre de 2010 constituyen una pésima noticia que sitúa el número de parados (4.910.200) muy cerca de la simbólica cifra de 5 millones, una marca que me atrevo a pronosticar se superará en 2011 incluso si se cumplen las muy optimistas previsiones de crecimiento (1,3%) del Gobierno”. Un colega que desempeñó un alto cargo en el gobierno de Rodríguez Zapatero, me respondió: “He leído tu artículo de Expansión pero creo que la tasa de paro, como he dicho tantas veces, ha tocado el máximo en el primer trimestre. En el segundo y en el tercero se va a crear empleo neto por lo que es casi imposible alcanzar los 5 millones de parados excepto en el escenario de riesgo”. Desconozco a qué se refería con la expresión “escenario de riesgo”, pero era fácil prever que las medidas adoptadas para reducir el déficit ralentizarían la actividad, destruirían empleo y elevarían el paro por encima de los 5 millones. Y así ha sido.

Víctimas, verdugos y el final de ETA

Artículo publicado en el diario Expansión el 27 de enero de 2012

Las terribles e irreparables consecuencias del terrorismo de ETA son las innumerables víctimas cuyas vidas quedaron truncadas o marcadas para siempre por los zarpazos de los asesinos a sueldo que han integrado la organización terrorista desde 1968, año en que cometió el primer atentado mortal reconocido por la banda, hasta hoy mismo. Un terrorismo que hay que reconocer ha sobrevivido durante cuatro décadas merced a la falta de decisión con que abordaron el problema los distintos gobiernos españoles democráticos hasta 2001, a la comprensión y colaboración que encontraron los terroristas en amplios segmentos de la sociedad vasca –algunos partidos políticos, algunas organizaciones sindicales y hasta una parte de la iglesia católica– y al amparo que recibieron al otro lado de los Pirineos en los años 70 y 80. La muerte y las secuelas de los atentados cambiaron en un instante y para siempre el curso de la vida de las víctimas de ETA y sólo el paso del tiempo podrá ir adormeciendo (que no curando) los destrozos físicos y emocionales causados a los supervivientes.
Ahora que el fin de ETA parece estar más cerca que nunca –como confirman la apuesta del entorno de la banda de alcanzar la independencia renunciando a la violencia y el posterior comunicado de la banda anunciando “el cese definitivo de su actividad armada”, tras constatar el fracaso de su estrategia militar–, he escuchado a algunas voces “autorizadas” exigir a los verdugos que pidan perdón a las víctimas como condición necesaria para avanzar en el proceso de reconciliación. Necio empeño: la mayoría de los miembros de ETA y su entorno incivil ni se han arrepentido de las atrocidades cometidas ni sienten la menor simpatía por sus víctimas. A casi todos los miembros de la banda apresados los hemos visto desfilar desafiantes ante los tribunales que los juzgaban (y siguen juzgándolos), sin mostrar el menor signo de arrepentimiento por los estragos causados, mofándose abiertamente incluso de las víctimas en algunos casos. ¡Ni siquiera los monstruos nazis mostraron tal osadía y falta de escrúpulos en los juicios de Nuremberg! Por eso, si algún día la banda y su entorno incivil llegara a pedir perdón a las víctimas, podemos estar seguros de que no lo harían movidos por el arrepentimiento sino por mero oportunismo político, para favorecer las expectativas electorales del conglomerado “batasuno” al que se han incorporado sin rubor algunos partidos y organizaciones que minimizaron (si no comprendieron) las atrocidades de ETA.
Ante la perspectiva que ha abierto un próximo final de ETA, dos asuntos deben preocuparnos a los españoles que aspiramos a vivir en una sociedad democrática y abierta. En primer lugar, el gobierno español que ha salido de las elecciones 20 de noviembre deberá ignorar los cantos de sirena que interpreta la “refundada coral batasuna” y continuar con las acciones policiales y judiciales que han permitido acorralar a los cada vez más escasos efectivos con que cuenta la banda hasta que ésta decida disolverse y entregar incondicionalmente las armas. Rajoy ya tuvo que parar los pies al Sr. Antigüedad, portavoz de Amaiur en el Congreso, que le reclamaba sin pudor en el debate de investidura dar nuevos pasos para alcanzar “una resolución integral de un conflicto… que es de naturaleza política” y “la desactivación de las medidas restrictivas de los derechos de las personas [eufemismo para referirse a los terroristas condenados] que están en la cárcel”. “No le debo a Vd. absolutamente nada. Ni yo, ni la sociedad española”, le espetó Rajoy al representante de quienes sí han contraído una deuda infinita con las víctimas al haber justificado, ensalzado y patrocinado el terrorismo de ETA durante décadas. Podemos estar seguros de que cuanto mayor sea la firmeza del gobierno español en los próximos meses antes llegará el esperado momento.
En segundo lugar, el nuevo gobierno español, los fiscales y los jueces tienen ante sí un reto mucho más difícil que derrotar militarmente a ETA: asegurar el ejercicio de las libertades constitucionales de expresión, asociación y participación política en El País Vasco, coartadas por la presencia de ETA y su entorno incivil desde 1978. No se puede olvidar que el conglomerado “batasuno” está presente no sólo en el Congreso sino también en las Diputaciones forales y numerosos Ayuntamientos vascos y navarros. Por incomprensible que nos resulte, hay varios cientos de miles de ciudadanos dispuestos a votar a estos facinerosos, y el Estado tendrá que vigilar de cerca sus movimientos para asegurarse de que acatan la Constitución y las leyes vigentes, y no utilizan las instituciones por ellos controladas para canalizar dinero público a organizaciones dedicadas a enaltecer a los terroristas y demandar su amnistía, así como a intimidar y amenazar, empleando quizás métodos más sutiles que en el pasado, a quienes rechazan sus objetivos xenófobos y totalitarios para El País Vasco. Así ha de ser, al menos hasta que ETA anuncie su disolución y entregue las armas.

Menos con Mas y Mas

Artículo publicado en Libertad Digital el 22 de diciembre de 2011

Advertía ya hace unas semanas que el gobierno catalán no expondría sus cartas antes del 20N y que, pese a las protestas de la oposición en el Parlament, retrasaría la presentación de los presupuestos de 2012 hasta pasadas las elecciones generales celebradas el 20N. Lo había hecho ya hace unos meses, cuando retrasó la presentación de los presupuestos de 2011 hasta pasadas las elecciones municipales del 22M, y no era difícil adivinar que el gobierno de los “mejores” repetiría en esta ocasión la jugada. No sé si las nuevas medidas del taimado gobierno catalán habrán sorprendido a los votantes de CiU o si éstos las habrán recibido con alborozo a modo de anticipo del sorteo de Navidad. De lo que tengo pocas dudas es del escaso entusiasmo que han suscitado las nuevas medidas en la inmensa mayoría de los ciudadanos (y muy especialmente en los pensionistas) que, a partir de ahora, tendrán que pagar un euro por cada receta médica y abonar 2,4 céntimos por litro de combustible cuando llenen los depósitos de sus vehículos, así como en los funcionarios que van a ver de nuevo recortados sus salarios.

Me parece legítimo que CiU se presente a las elecciones con un programa que contemple la eliminación del impuesto de sucesiones para los más ricos, el recorte de los salarios de los funcionarios, el desmembramiento del Institut Catalá de la Salut y los servicios sanitarios que presta –despidiendo personal y cerrando centros de atención primaria y quirófanos–, la reducción el gasto educativo y el aumento de las tasas (escolares o sobre el consumo ) o la creación de nuevas tasas (sobre las recetas médicas). Me parece legítimo, digo, si quien lo hace utiliza como eslogan de campaña “Menos con Mas” y como logo un rostro muy enfadado. Pero resulta inmoral hacerlo ocultando las medidas que se planean adoptar, retrasando con grave irresponsabilidad y falsas excusas la presentación de los presupuestos de 2011 y 2012 hasta pasadas las elecciones, y presentándolos finalmente con nocturnidad en vísperas de vacaciones.

¿Pero no iba el gobierno de los “mejores” a hacer “Mas con menos” como rezaba su engañosa propaganda electoral? ¿Qué queda de la sonrisa de su logo de campaña más allá de la incongruente cara de satisfacción del consejero Mas-Colell al hacer entrega del lapicero con los presupuestos de 2012 a la presidenta del Parlament? Se pueden diseñar reformas para mejorar el funcionamiento de los servicios públicos y hacer un uso más eficiente de los mismos; para controlar con rigor los gastos de los organismos dependientes de la Generalitat y los sobrecostes en la adjudicación y ejecución de obras públicas, incluidas las consiguientes “mordidas” recibidas por los partidos; para reducir las disparatadas comisiones pagadas a los patrióticos bancos y cajas por colocar la deuda de la Generalitat; para recortar el dinero público inyectado en instituciones, empresas y organismos superfluos creados con el fin de equiparar la Generalitat con el Estado español y alimentar a los adeptos al régimen nacionalista con subvenciones y prebendas; etc. Lo que no puede hacerse es engañar a los ciudadanos como ha hecho CiU antes de las elecciones (28N en 2010, y 22M y 20N en 2011) ocultando los recortes que tenía intención de realizar en servicios esenciales para los grupos más desfavorecidos y hasta para la clase media catalana y sobre cuyas espaldas el gobierno nacionalista de Mas y Mas pretende hacer recaer el peso del ajuste.

Fin de la primera etapa

Artículo publicado en Expansión el 21 de diciembre de 2011 

Cuando hacia las 13:10 del 20 de diciembre de 2011 se iniciaba en el Congreso la votación que había de otorgarle la confianza de la Cámara, Mariano Rajoy Brey debió por fin, como buen ciclista, respirar tranquilo al verse ya cruzando la ansiada línea de meta. Ha necesitado casi ocho años para ver colmada su aspiración de presidir el gobierno de España y durante ese tiempo Rajoy ha tenido que sobreponerse al fiasco del 11M, a varias derrotas en las urnas y a las luchas intestinas y los diversos escándalos que han sacudido a su partido durante ese tiempo. Todo podía haberse ido al traste en cualquier momento, pero Rajoy supo aguardar con sangre fría a que la mala gestión de la recesión económica y la crisis financiera desgastaran al gobierno de Rodríguez Zapatero. Del cúmulo de experiencias, parece haber sacado Rajoy provechosas enseñanzas, o al menos esa es la impresión que transmitió la actitud serena y dialogante con que abordó un debate de investidura que tenía de antemano ganado.

No sé si alguien esperaba escuchar grandes novedades del candidato en materia económica, pero de haberlas habido hubieran constituido una verdadera sorpresa en alguien que tiene a gala ser una persona previsible. Tras presentar un resumen de la difícil situación económica que hereda, Rajoy reiteró que su objetivo principal es crear empleo y pasó a desgranar las acciones que piensa acometer su gobierno para conseguirlo: medidas de consolidación fiscal, saneamiento del sistema financiero y reformas estructurales. En cuanto a la estabilidad presupuestaria, Rajoy avanzó que recortará el déficit público en al menos 16.500 millones para cumplir el compromiso adquirido por Rodríguez Zapatero de situarlo en el 4.4% del PIB a finales de 2012. Aparte de reiterar su compromiso de actualizar las pensiones con el IPC y manifestar –cuando fue preguntado al respecto– que de momento no contempla aumentos impositivos, Rajoy se limitó a indicar que el techo de gasto se fijará cuando disponga de previsiones fiables de crecimiento de la UE en enero, y las concreciones de las reducciones de gasto se presentarán en los presupuestos de2012 afinales de marzo.

Incluso menos explícito fue Rajoy sobre las medidas que piensa adoptar para sanear los balances de las entidades financieras lastrados por la presencia de activos “tóxicos” –o, dicho más llanamente, por créditos dudosos otorgados principalmente a empresas inmobiliarias y constructoras que, en bastantes casos, han obligado a las entidades financieras a adquirir los inmuebles en pago– en los próximos seis meses. Mencionó Rajoy la venta de los inmuebles terminados y la valoración prudente de otros activos. El problema es que incluso si se aceptara vender esos inmuebles con pérdidas, harían falta compradores y eso es precisamente una de las especies más escasas en estos momentos. Por otra parte, la valoración de esos activos ajustada a los precios de mercado, obligaría probablemente a intervenir a algunas entidades más y no está claro cómo pueden financiarse esas operaciones en este momento.

Rajoy enumeró un buen número de reformas estructurales en diversos ámbitos: mercado laboral, reforma fiscal, administración pública, internacionalización de las empresas, sanidad, educación, justicia, energía, etc., todas ellas, en mi opinión, muy importantes. Aquí, por razones de espacio, me centraré en la primera, objeto de un vivo debate entre Rajoy y Rubalcaba. Para el primero, la elevada tasa de paro alcanzada demuestra el mal funcionamiento de nuestro mercado laboral y la urgencia de reformarlo. Rajoy recordó que las sindicales y la CEOE disponen de plazo hasta el 15 de enero para alcanzar acuerdos y enunció algunos de sus objetivos: flexibilizar la negociación colectiva, agilizar la resolución de conflictos, racionalizar el calendario laboral, compatibilizar la vida laboral y familiar, facilitar la reinserción de las madres, impulsar la contratación de jóvenes, etc. ¿Medidas concretas? A la ya anunciada subvención de 3.000 euros por la primera contratación, añadió la completa bonificación de las cotizaciones a la SS durante dos años por contratación de jóvenes menores de 30 años. Rubalcaba recordó a Rajoy que con este mismo mercado laboral, se crearon 8 millones de puestos de trabajo hasta 2007 y le advirtió contra el contrato único,  y  los “miniempleos” de 400 euros que propugna la CEOE. Habrá que esperar a conocer los detalles de la reforma antes de valorar su impacto en el mercado laboral.

La situación económica es qué duda cabe hoy delicada, pero para nada peor que la vivida en 2009 o mayo de 2010. Rajoy y su equipo van a tener que trabajar y celebro que lleguen al gobierno cargados con una larga lista de reformas que los gobiernos de Aznar y Rodríguez Zapatero (en su primera legislatura) soslayaron durante los años de bonanza. Ahora bien, creo que el nuevo Presidente se equivocará si carga todo el peso del ajuste sobre el gasto público en 2012 –¡y luego en 2013 y 2014!–, al mismo tiempo que bonifica la contratación, reduce los ingresos del IRPF recuperando la desgravación por compra de primera vivienda, e introduce nuevas deducciones en el impuesto de sociedades. Hay que recuperar también la recaudación que se desplomó entre 2007 y 2009 si se quiere repartir con equidad las cargas del ajuste en las próximas etapas de la carrera.

¿”Rubalcabalgará?”

Artículo publicado en Libertad Digital el 16 de diciembre de 2011

Tras el descalabro electoral, el PSOE ha nombrado a su candidato, Pérez Rubalcaba, presidente del grupo parlamentario y será, por tanto el encargado de replicar a Rajoy en la sesión de investidura y liderar la oposición hasta que se elija al nuevo secretario general en febrero. Si difícil resultó no caer en el desánimo durante una campaña lastrada por tres años de malas noticias económicas –¡incluso la intervención coordinada de la Fed, el BCE y otros bancos centrales no llegó hasta algunos días después de las elecciones!–, tampoco va a resultarle nada fácil su labor de oposición en el Congreso. ¿Podrá sobreponerse a la severa derrota y concitar los apoyos suficientes para hilvanar un proyecto con pies y cabeza? O, ¿será su interinidad aprovechada por segundones sin mando en plaza que, aunque han sufrido también severas derrotas en las urnas, ambicionan descabalgarle para ponerse ellos al frente del partido?

Si Rubalcaba aspira a articular un proyecto ilusionante –Rajoy nunca lo tuvo: se limitó a soplar a favor del viento hasta que la manzana cayó del árbol– tiene ante sí un reto formidable porque el PSOE ha quedado seriamente tocado por obra y gracia de Rodríguez Zapatero (ZP). Aunque muchas son las vías de agua a reparar, por razones de espacio me ocuparé de dos aspectos que me parecen esenciales para restablecer puentes con los electores desencantados que el 20N votaron a IU, UPyD y hasta al PP.

La primera y más urgente tarea estriba en recuperar las señas de identidad del partido desvirtuadas por la mala gestión de la recesión económica y la crisis financiera que realizaron los gobiernos de RZ. Ya desde la sesión de investidura, Rubalcaba está obligado a contraponer al programa que presente Rajoy un proyecto socialdemócrata coherente que defienda sin complejos los servicios públicos que el PP y los nacionalistas catalanes (con el apoyo del PP) han empezado a desmantelar con excavadoras en varias CCAA y que para los grupos más desfavorecidos de la sociedad española resultan esenciales. La situación económica actual es bastante mejor que la de 2009, y el PSOE se equivocará si, por sentido de la responsabilidad, apoya los recortes que Rajoy va a impulsar desde el gobierno de España para cuadrar las cuentas públicas.

Tiene el PSOE, en segundo lugar, que recuperar su estatus de partido de ámbito nacional que ha quedado también maltrecho tras la torpe reforma de los estatutos de autonomía que impulsó RZ en su primera legislatura. El PSOE ha de estar presente en todas las CCAA para evitar que los intereses locales primen sobre los intereses del conjunto. Ni puede tolerar la ausencia de un presidente autonómico (López) en las celebraciones del día de la Constitución ni apoyar un modelo educativo que impide a los españoles educarse en la lengua oficial del Estado, contraviniendo derechos fundamentales y sentencias judiciales firmes. Sobre todo, sus políticas no pueden estar mediatizadas por el PSC que, además de alardear de ser un partido independiente, gobernó siete años en coalición con dos partidos (ERC e ICV-EUiA) cuyo objetivo declarado era alcanzar la independencia de Cataluña. A estas alturas los líderes del PSOE debería ya tener claro que tanto el Estatut aprobado cuando Maragall presidía el gobierno de la Generalitat como el nuevo modelo de financiación impuesto por el President Montilla no sólo no han servido para alcanzar una entente cordial con los nacionalistas catalanes sino que los ha alentado a plantear nuevas exigencias (pacto fiscal) como paso previo al derecho a decidir.

El contador de CDC

La victoria electoral de CiU en Cataluña el pasado 20 de noviembre pone de manifiesto que un amplio segmento de los ciudadanos catalanes, los votantes de CiU, están ya completamente anestesiados y apoyan sin reparos a los líderes de los dos partidos que han protagonizado los casos más importantes de corrupción continuada en Cataluña: CDC, el partido de Jordi Pujol y Artur Mas, y CDC, el partido de Duran i Lleida. El éxito de la coalición confirma que a pesar de haber desviado dinero de los presupuestos públicos hacia sus partidos y militantes, y haber exigido mordidas a las empresas a las que habían adjudicado obras millonarias –una operativa similar a las de las organizaciones mafiosas–, la mayoría de los ciudadanos los han premiado otorgándoles su confianza, y, lo que resulta incluso más grave, los diarios parroquiales se han sumado sin rubor –¡por qué será!– a magnificar la victoria de partidos sobre los que gravita la sombra de la corrupción.

Estamos ante un descubrimiento sociológico fundamental para la supervivencia de la clase política catalana que ahora ya puede dormir tranquila sabiendo que aunque corrompa el funcionamiento de las instituciones democráticas, sus fechorías no tendrán serias consecuencias ni para sus líderes ni partidos. Caerá quizás el bueno del tesorero del partido, tal vez algún ex consejero del gobierno de la Generalitat, y ocasionalmente el eficaz y corrupto intermediario, pero mientras resulte en el interés de imputados y condenados mantener el pico cerrado y los  jueces y fiscales estén más atentos a salvaguardar su carrera que a investigar los hechos, los cerebros de la trama se irán de rositas. ¡Si ni siquiera cuando los pillan con la manos en la masa los medios de comunicación les exigen abandonar la política y los ciudadanos les reprueban en las urnas, ya me dirán qué lecciones pueden sacar los jóvenes cachorros que al final de su adolescencia cambiaron los pañales, la vivienda y el cobijo familiar por las banderas esteladas, las sedes de CDC y UDC y el fraternal compañerismo propio de organizaciones mafiosas!

Ha sido, sin duda, una victoria histórica pero no por la razón que daba el independentista solapado Duran i Lleida, sino porque confirma que un amplio segmento de la sociedad catalana ha sucumbido al encanto de la corrupción de CiU, adobada con ondeantes banderas, insidiosas mentiras –¡vótenos que los españoles nos están robando la cartera!– y dosis crecientes de hipócrita intolerancia, rayana en la xenofobia, hacia todo lo español, incluido el uso y la enseñanza de la lengua castellana en Cataluña. Tiene CDC en su página de Internet un infame contador que actualiza cada segundo el “déficit fiscal” de Cataluña. No importa cuántas trampas burdas han hecho para calcular el número que aparece en pantalla, lo importante para CDC es su efectividad para movilizar a “sus” catalanes contra España, como para los nazis lo fue presentar a los judíos como insaciables sanguijuelas adheridas a las espaldas de los sufridos trabajadores alemanes. Resulta, además, esta campaña de intoxicación muy útil para ocultar tras una cortina de humo el contador de la corrupción de CDC y los recortes de servicios públicos esenciales que está impulsando Mas. Todo apunta a que el gobierno catalán intensificará la campaña de amenazas en los próximos meses para intentar extraer nuevas concesiones del próximo gobierno español. Esperemos que Rajoy demuestre mayor sagacidad y firmeza que su antecesor.

Una propuesta para mejorar la operatividad del Fondo Europeo de Estabilización Finnaciera

Artículo publicado en el diario Expansión el 5 de diciembre de 2011

Acababa mi artículo “Lo que ha fallado en la UEM” (Expansión, 24 de noviembre de 2011) demandando un plan realista para salir del actual atolladero en que está sumida la eurozona y “crear las condiciones para que los gobiernos puedan financiarse a tipos de interés razonables mientras se ajustan y las empresas puedan seguir exportando bienes y servicios sin realizar recortes salariales imposibles”. La primera cuestión hay que abordarla con máxima urgencia puesto que la situación de países como Italia y España es cada día más delicada y Alemania empieza a tener también dificultades para colocar su deuda a tipos bajos. Los líderes europeos han perdido demasiado tiempo y Merkel puede acabar alcanzando el dudoso honor de pasar a la historia con el sobrenombre de “la canciller que dinamitó el euro”.

La única manera de contener la crisis de la deuda soberana en la eurozona es despejar las dudas de los inversores sobre el cobro de los intereses y la recuperación del principal de los títulos denominados en euros. Mientras los inversores institucionales (fondos de pensiones e inversión, entidades financieras, compañías de seguros, etc.) e individuales tengan la percepción de que hay una probabilidad significativa de registrar pérdidas seguirán desinvirtiendo, elevando la rentabilidad de los títulos e impulsando al alza los tipos de interés que los gobiernos han de ofrecer para colocar nuevas emisiones de deuda. Es lo que viene ocurriendo desde hace meses y lo que continuará ocurriendo en tanto los estados se vean en la necesidad de recurrir a los mercados para financiarse. Inicialmente, el proceso sólo afectó a estados pequeños (Irlanda, Grecia y Portugal) cuyas cuentas públicas presentaban enormes agujeros, pero en los últimos meses la desconfianza se ha extendido a países medianos como Italia, con un volumen de deuda superior al PIB, y a España cuyo ratio de deuda sobre el PIB está por debajo de la media de la eurozona.

¿Están en condiciones los estados individualmente o la eurozona en su conjunto de disipar las dudas de los inversores? Como en toda transacción financiera, la respuesta depende de la percepción del inversor de las garantías ofrecidas. De momento ya se ha constatado que las medidas de consolidación fiscal adoptadas hasta el momento por España e Italia y las intervenciones medidas del BCE son insuficientes para frenar su desconfianza y la consiguiente escalada de tipos. La apertura de líneas de crédito condicionadas del FMI, que en el caso español asciende a 46.000 millones de euros en dos años, abre una nueva válvula de escape, pero su escasa cuantía tampoco disipará las dudas por las elevadas necesidades de financiación de ambos países en 2012 y 2013. Tampoco parece que las operaciones del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (EFSF) realizadas hasta el momento ni las decisiones adoptadas por el Consejo el 21 de octubre de elevar a 726.000 millones de euros los compromisos de garantía y ampliar su ámbito de actuación para intervenir en los mercados primarios y secundarios de deuda hayan calmado las aguas. Quizás porque los inversores consideran el acuerdo papel mojado: el EFSF ni ha realizado todavía compras masivas de títulos de deuda de los países acosados ni parece tener la capacidad de hacerlo a corto plazo.

Si se quiere convertir el EFSF en un instrumento eficaz, los países de la eurozona deberían dar nuevos pasos a fin de dotar al fondo con recursos suficientes para intervenir de inmediato en los mercados de deuda de los países que lo soliciten, asegurándose que sus actuaciones no debilitan el compromiso de los estados de reducir el déficit y la deuda. Lo que resulta evidente es que el Fondo no puede depender exclusivamente de los recursos captados en los mercados de capitales como hasta ahora. El Fondo tendría que nutrirse de aportaciones de los países miembros de la eurozona, la UE y el G20. Alemania o los Estados Unidos, por ejemplo, podrían financiar sus aportaciones emitiendo deuda alemana o estadounidense a tipos bajos que el fondo invertiría en títulos de deuda española o italiana con rentabilidad más elevada. Ambos, prestamistas y prestatarios resultarían beneficiados con la operación, y los contribuyentes alemanes o estadounidenses no saldrían perjudicados. En el segundo caso, el BCE concedería créditos al fondo contra títulos de deuda del propio fondo para financiar sus intervenciones en los mercados de deuda.

¿Cómo asegurar que los países prestatarios tienen incentivos para continuar reduciendo el déficit y la deuda, una cuestión que con razón preocupa a Merkel? Penalizando con tipos de interés más elevados las desviaciones de los techos del 3% y 60% fijados por la UEM para los ratios de déficit y deuda pública sobre el PIB. A título ilustrativo, si el diferencial de tipos  que el país C tiene que pagar para financiarse respecto al tipo de un título alemán de igual plazo se obtiene penalizando con 0,25 las desviaciones del ratio de déficit y con 0,05 las desviaciones del ratio de deuda, un país con ratios de deuda del 9% y déficit del 65% tendría que pagar un diferencial máximo de 175 puntos básicos, mientras que si esos ratios son del 12% y 120%, el diferencial ascendería a 525 puntos. Para impedir que los inversores privados conozcan con exactitud antes de las subastas el diferencial fijado por el Fondo, los valores de  penalización se elegirían aleatoriamente dentro de un intervalo prefijado.

Llegados a este punto resulta inevitable hacerse dos preguntas más. ¿Podrá el fondo movilizar recursos suficientes para intervenir con rapidez si, como es previsible, Merkel se opone a que el BCE lo financie? Pienso que no y que, si no se da este paso, las tensiones continuarán en los mercados de deuda. La segunda es si estamos todavía a tiempo de convencer a los inversores privados de que el euro es un activo seguro, o si la inacción del BCE ante la apreciación del euro a partir de 2001 que ha dañado las perspectivas económicas de la mayoría de los países de la eurozona y la inconsciencia de Merkel y demás líderes de la eurozona durante los tres últimos años han contagiado ya al propio euro.

Lo que ha fallado en la UEM

Artículo publicado en el diario Expansión el 24 de noviembre de 2011

Desde hace varios meses casi no se habla de otra cosa que de la crisis de la deuda soberana que se ha ido extendiendo como una mancha de aceite por la eurozona y puesto en la picota a países tan importantes como Italia y España, obligados a pagar diferenciales con el bono alemán superiores a los 450 puntos en los últimos días. Durante este tiempo se han sucedido las reuniones de ministros y presidentes de gobierno de la eurozona, de la UE y del G20 sin que los acuerdos alcanzados se hayan materializado y devuelto la calma a los mercados. El BCE ha intervenido marginalmente comprando deuda de los países afectados, pero el alivio que han producido sus intervenciones duró primero semanas, luego días y últimamente horas. Hay problemas de fondo, generales del conjunto y específicos de cada país, que explican la situación, pero también un vacío institucional y una mala gestión de las economías de la eurozona.

Dicen que los economistas sólo explicamos el pasado –¡algo nada desdeñable para quién sabe algo de historia!–, aunque lo cierto es que en bastantes ocasiones nuestras explicaciones y advertencias se ignoran. Hace casi dos años y medio escribí con motivo de la celebración del décimo aniversario del lanzamiento del euro dos artículos (“¿Sobrevivirá la Unión Económica y Monetaria”, Expansión 22 de julio y 1de agosto de 2009)  en los que recordaba como advertí al presidente Gonzáles de los riesgos de crear un área monetaria sin contar con instituciones para coordinar la política económica más allá de la obligada centralización de las decisiones monetarias en el BCE, y preguntaba “si pueden  los estados… limitarse a asistir como meros espectadores y asumir como inevitables la parsimonia y los errores del BCE o la fuerte apreciación del euro”. A mediados de 2009 no sólo era ya evidente que el conjunto de países de la eurozona habían obtenido unos resultados económicos muy mediocres desde el lanzamiento del euro, sino que eran incapaces de adoptar decisiones con agilidad y ponerlas en práctica para hacer frente a la recesión más severa desde la segunda guerra mundial y a una crisis financiera global sin precedentes.

 ¿Se imaginan lo que podría haber ocurrido el 15 de septiembre de 2008 cuando Lehman Brothers se declaró en quiebra si los Estados Unidos no hubieran contado con el Gobierno y la Reserva Federal para adoptar decisiones contundentes en cuestión de horas y ponerlas inmediatamente en práctica? En ausencia de un gobierno federal y un banco central actuando coordinadamente, los principales líderes de la eurozona han propiciado con su falta de discreción y contradictorias iniciativas que los gestores de los grandes fondos de pensiones e inversión, los bancos, etc., acabaran perdiendo la confianza en los activos denominados en euros.  ¿Qué cabe esperar que hagan sus gestores cuando escuchan a Merkel exigir a los bancos tenedores de deuda griega que acepten una quita? ¿Qué cuando se obliga a los bancos a reducir el valor de la deuda soberana en sus balances dando a entender que el cobro del principal es incierto? ¿Qué cuando Merkel regaña en público a los líderes de otros países y los conmina a adoptar nuevas medidas de ajuste? ¿Qué cuando Barroso propone en público crear eurobonos y Merkel le contesta que naranjas de la China?

Desconcierto, incertidumbre, sálvese quién pueda y mayores dificultades para financiar los déficits y refinanciar la deuda. No cabe ninguna duda de que las cosas habrían ido mejor si todos esos “líderes” europeos que no han sabido estar a la altura de las circunstancias hubieran permanecido al menos calladitos. Faltos de visión de conjunto, los dirigentes de la eurozona siguen debatiendo tres años después, tras mil y una reuniones, cómo dotar el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera, y entretanto casi todos los países de la eurozona se han visto abocados a pagar tipos de interés cada día más elevados para financiarse. Posponer las decisiones difíciles con la falsa esperanza de que los problemas desaparezcan por sí solos no sólo ha agravado la crisis financiera sino que ha resucitado el fantasma de una nueva recesión en la eurozona.

Naturalmente, nada de esto habría ocurrido si los estados hubieran aprovechado los años de relativa bonanza (1999-2008) para llenar el vacío institucional con que echó a andar la UEM. Tampoco si los gobiernos de los estados hoy bajo sospecha –casi todos en los últimos días– hubieran aprovechado ese período de gracia para sanear y poner en orden sus finanzas. Ni, por último, si el BCE, además de velar por la estabilidad de precios, hubiera apoyado “las políticas económicas generales de la Unión para contribuir a alcanzar los objetivos de la Unión que establece el articulo 3 del Tratado de la Unión Europea”. Pero ni los líderes actuaron con responsabilidad, ni los gobiernos aprovecharon la buena coyuntura para sanear las cuentas públicas, ni el BCE pareció inquietarse ante la fortísima apreciación del euro (86 %) entre el primer semestre de 2001 y 2008.

Sería muy deseable que los estados miembros de la eurozona se decidieran a dar pasos decididos para llenar el actual vacío institucional y equiparar el estatus del BCE al de la Reserva Federal, aunque visto lo acontecido en los últimos tres años eso es pedir peras al olmo. Por ello, cualquier plan realista para sacar a la eurozona del actual atolladero tendrá por el momento que conformarse con convencer al gobierno alemán –¡ni los consejos de sus cinco sabios han hecho mella en la canciller!– de que la mayoría de las economías que forman parte del euro son sencillamente inviables si sus gobiernos tienen que pagar tipos de interés tan elevados para financiarse y sus empresas competir con un euro tan apreciado. Hay que seguir adelante con el proceso de consolidación fiscal como Merkel exige, pero también hay que crear las condiciones para que los gobiernos acosados puedan financiarse a tipos de interés razonables durante el proceso de ajuste y sus empresas puedan seguir exportando bienes y servicios sin realizar recortes salariales imposibles.

Dar la talla

Artículo publicado en Libertad Digital el 22 de noviembre de 2011

Las elecciones del 20N confirmaron por la parte alta de la tabla lo que todas las encuestas habían pronosticado en las últimas semanas: el PP aplasta al PSOE y eleva a Rajoy al santoral monclovita, o lo que quizás sea un titular más exacto de lo ocurrido, un socavón se traga al PSOE y arrastra a Rubalcaba al averno. Mientras 550.000 personas más que en 2008 decidieron votar al PP encabezado por Rajoy, 4.200.000 electores abandonaron al PSOE a su suerte y dieron la espalda a Rubalcaba. El PSOE ha cosechado el peor resultado desde la reinstauración de la democracia en España y Rodríguez Zapatero deja al partido en la UCI con respiración asistida. No pretendo quitar ningún mérito a Rajoy, pero estoy convencido de que el resultado no habría diferido mucho si Gallardón, Aguirre o hasta García Escudero –por citar a tres líderes que acompañaron a Rajoy en el balcón de Génova– hubieran encabezado el cartel electoral del PP.

Los votantes que han abandonado al partido socialista no han podido olvidar lo ocurrido en los últimos tres años y medio, y aunque Rodríguez Zapatero se apartara al final de la carrera y cediera el testigo al mejor velocista a mano, Rubalcaba, la desventaja de partida era tan grande y las circunstancias exteriores tan adversas que lo más que se podía esperar de él era que frenara la sangría desbocada. No sabemos si Rubalcaba lo ha logrado porque la derrota del PSOE es de tal magnitud que sólo un necio pregonado puede salir el día después de las elecciones para anunciar la convocatoria de un congreso ordinario del partido dentro de tres meses. Cualquier responsable político con un mínimo de sentido de la realidad y responsabilidad habría anunciado hoy mismo su dimisión irrevocable como secretario general y dejado en manos de una gestora la convocatoria inmediata de un congreso extraordinario para intentar recuperar las señas de identidad perdidas en dos legislaturas cuyo balance es sencillamente incoherente y demoledor.

Rajoy va a ocupar el banco del Gobierno y vamos a tener ocasión de verle, por fin, exponer el plan que tan celosamente ha guardado para devolver a la economía española el lustre perdido. Atrás quedó el tiempo de entretenerse en recriminar al Presidente desde el banco de la oposición cada nueva mala noticia económica y ridiculizar las “ocurrencias del Gobierno” para combatir la crisis. Es hora de dar la talla y presentar en el debate de investidura ese plan económico, coherente y previsible, que una y otra vez él exigía a Rodríguez Zapatero. Por eso me sorprendió escucharle afirmar minutos después de ganar las elecciones, que “vamos a gobernar en la más delicada coyuntura en que se haya encontrado España en los últimos treinta años”. Desconocía que la situación sea hoy más delicada que, digamos, en el primer semestre de 2009 cuando los mercados financieros estaban completamente cerrados, el PIB retrocedía a tasas nunca vistas, el empleo se desplomaba, la tasa de paro se disparaba, el déficit público alcanzaba cotas históricas y el ajuste en el sector de la construcción apenas había dado sus primeros pasos. Estamos hoy mucho mejor que en 2009 y 2010, y no debería resultar muy difícil a Rajoy, que cuenta con mayoría absoluta, desplegar las velas de su plan maestro para impulsar el crecimiento y el empleo.