Resaca electoral y vuelta a las andadas

Artículo publicado desde el Observatorio Económico y Social de España y Cataluña (OBESCAT) en el diario El Liberal el 15 de junio de 2024. Agradezco de antemano su ayuda para difundirlo entre sus amigos y conocidos.

La elección de los miembros de la mesa del Parlamento en Cataluña el pasado 10 de junio puede considerarse el aperitivo del plato principal de una comida que bien podría atragantársele a Illa, convidado de piedra por decisión propia al convite secesionista. Y digo por decisión propia porque el líder del PSC se negó a negociar la composición de la mesa con el PP y Vox e impidió con su negativa que la mesa del Parlamento tuviera un presidente de la formación socialista, algo que no ocurría desde que lo fuera Joan Raventós entre 1995 y 1999. Recordemos que el PSC obtuvo el 12-M 42 escaños, el PP 15 y Vox 11 de modo que con esos 68 diputados disponían de mayoría absoluta y podían haber conformado una mesa, respetuosa con la representación obtenida por cada partido, del siguiente tenor: presidente del PSC, un vicepresidente del PSC y otro de Junts, y cuatro secretarías distribuidas entre Junts, ERC, PP y Vox hasta completar los siete integrantes de la mesa. Los partidos secesionistas habrían estado con tres representantes habrían quedado en minoría.

Tapa de la casa

La consecuencia de la negativa del PSC a negociar con los dos partidos constitucionalistas, PP y Vox, ha resultado nefasta al dejar la mesa del Parlamento una vez más en manos de los partidos secesionistas. Pero vayamos paso a paso. La tapa de cortesía con que arrancó la XV Legislatura la protagonizó el presidente de edad, Colomines (Junts), quien aprovechó la oportunidad para arremeter contra los tribunales y denostar la democracia española. Invocando en vano a Kelsen, el bueno de Colomines se cubrió de gloria con peroratas como ésta;

En cambio, Hans Kelsen, seguramente el filósofo del derecho más importante del siglo XX, argumentaba que los jueces sí que pueden provocar un golpe de estado judicial, sobre todo cuando, en lugar de limitarse a aplicar la ley, asumen un papel más activo en la creación o modificación de les normas jurídicas. Cuando los jueces superan el límite de su mandato, interfieren en las funciones propias del poder legislativo y ejecutivo, y, en consecuencia, violentan el procedimiento democrático de toma de decisiones políticas. Kelsen creía que solamente los representantes elegidos directamente por los ciudadanos tienen la legitimidad para hacer cambios significativos en el orden jurídico y político. La función de los jueces es otra. En España, todo esto hace tiempo que se ha olvidado y los jueces tienen un protagonismo exagerado.

Nada que objetar al argumento atribuido a Kelsen. En efecto, cuando los jueces interfieren en las funciones propias del poder legislativo y ejecutivo superan los límites de su mandato, porque son obviamente éstos dos poderes los que tienen encomendado cambiar el orden jurídico y político. El problema es que la conclusión de Colomines de que los jueces en España se han olvidado de todo esto carece de fundamento alguno. Precisamente, los jueces intervinieron en el proceso secesionista porque el gobierno de la Generalidad y el Parlamento catalán se saltaron el ordenamiento jurídico y político y el gobierno de España y el Senado tuvieron que actuar para restaurarlo y los tribunales de justicia tuvieron que intervenir para juzgar los delitos cometidos. En otras palabras, no fueron los jueces quienes violentaron el procedimiento democrático sino el gobierno de la Generalidad y el Parlamento de Cataluña. El golpe de estado se produjo, pero no fue judicial, como insinúa Colomines, sino obra del ejecutivo y legislativo de la CA de Cataluña.

Por si todas las tergiversaciones en que incurrió el presidente de edad al invocar a pensadores ilustres como, por ejemplo, a Bertrand Russell, internacionalista convencido y alérgico al nacionalismo, para cubrir con una pátina pseudo académica su defensa del golpe de estado perpetrado en 2016-2017, aquí les dejo su brillante conclusión: “En Cataluña estamos viviendo todavía los efectos de la represión y de la aplicación del 155 que va a destituir al  Gobierno de la Generalidad, presidido por el muy honorable señor Carles Puigdemont. Agrade o no las cosas son así”. Pues no, Sr. Colomines, las cosas no son así. El personaje al que usted se refiere como muy honorable no deja de ser un golpista prófugo de la justicia. No hubo represión en Cataluña sino aplicación de la ley para restaurar el orden constitucional que, quienes acabaron siendo juzgados o permanecen huidos, intentaron derrocar con un grotesco golpe de estado.

El plato principal

En fin, la mesa de edad controlada por los dos representantes de Junts (Colomines) y ERC (Besses) decidió, para empezar con buen pie la XV Legislatura, contravenir la sentencia del Tribunal Constitucional y aceptar los votos de dos diputados electos fugados de la justicia y ausentes en la cámara, pese a la intervención inicial de Fernández (PP) en la que avanzó la intención de su formación de pedir el amparo del TC en caso de consumarse esta primera violación de la legalidad.  Rull, exconsejero del prófugo de Waterloo condenado a diez años y medio por el Tribunal Supremo por sedición, fue elegido presidente de la mesa en segunda votación con los 59 votos de Junts (35), ERC (20) y la CUP (4), frente Paneque (PSC) que sólo obtuvo los 42 votos de los diputados del PSC. La mesa la completaron dos vicepresidentes, uno de ERC (Raquel Sans) y otro del PSC (David Pérez), y cuatro secretarios: uno de Junts (Gloria Freixa), otro de ERC (Juli Fernández) y dos del PSC (Rosa María Ibarra y Judith Alcalá). En total, Junts y ERC cuentan con cuatro representantes y dominan las decisiones de la mesa. Mal negocio ha hecho el PSC al que su sectarismo crónico le ha inclinado una vez más a dejar las manos libres a los secesionistas.

Tras su elección, Rull intervino para dejarnos varias perlas que demuestran hasta qué punto la aprobación de la Ley Orgánica de amnistía en el Congreso el 30 de mayo ha servido para apaciguar las aguas y mejorar la convivencia en Cataluña. Comenzó recalcando que cuando tuvo lugar la elección de presidente del Parlamento el 12 de marzo de 2021, él y otros golpistas estaban en prisión “y hoy esta constitución, nuevamente, de la quincena legislatura, representa justamente eso, que la esperanza siempre es más poderosa que el miedo”, si bien, se apresuró a apuntar a los escaños vacíos para reiterar que “esta presidencia y esta mesa, seremos extraordinariamente sensibles a ello”.

Después de un somero repaso ahistórico, una mezcla desordenada de ensoñaciones e inexactitudes sobre la milenaria historia de Cataluña y la naturaleza democrática y pacífica de sus instituciones de autogobierno (predecesoras incluso de las británicas), Rull pasó a avanzar algo de lo que cabe esperar de su presidencia. En primer lugar, destacó el carácter inviolable de los votos y opiniones emitidas por los diputados, dando a entender que éstas se encuentran por encima de la ley y nadie puede ser juzgado cuando esos votos desborden la legalidad vigente. Y fue incluso más lejos al afirmar que “el pueblo elige a sus representantes… y es evidente que eso se ha alterado desde el año 17”. No, no es cierto, Sr. Rull, y la mejor prueba de ellos es que usted ha sido elegido diputado y presidente del Parlamento. La única alteración se produjo el 27 octubre del año 17 y ocurrió, precisamente, porque el gobierno del que usted formaba parte y el Parlamento de Cataluña organizaron y financiaron un golpe de Estado al que las instituciones que representan al conjunto de los ciudadanos españoles, incluidos los catalanes, respondieron aplicando el artículo 155 de la Constitución.

En segundo lugar, Rull, colocó en el centro de sus prioridades políticas más trascendentes “revertir la emergencia lingüística del catalán y también del aranés… y por eso espero que esta legislatura sea la legislatura del catalán”. El objetivo es imponer el catalán y el aranés como sea e ignorar las demandas de los ciudadanos catalanes cuya lengua materna es el castellano y aspiran a que las dos lenguas reciban un tratamiento paritario en tanto que ambas son lenguas oficiales de Cataluña. El gran demócrata Rull sólo está dispuesto a escuchar la voz de la mitad de la población de Cataluña, la catalanohablante, y a seguir violando algunos de derechos fundamentales de la otra mitad, la castellanohablante. ¿A esto se reduce su compromiso de tener la “mente abierta y escuchar la pluralidad de voces, la pluralidad que representa este Parlamento”? ¿Así entiende el nuevo presidente del Parlamento que “la defensa de la dignidad de les personas, de la dignidad de les instituciones, de la dignidad de la nación ha de ser la nuestra máxima prioridad”?

Más allá de la palabrería y las citas para la galería, la constitución del Parlamento nos deja a gran parte de los catalanes tan desamparados como siempre. En el apartado II del preámbulo de la Ley Orgánica de amnistía se justifica la norma “como un paso necesario para superar las tensiones referidas y eliminar algunas de las circunstancias que provocan la desafección que mantiene alejada de las instituciones estatales a una parte de la población”. Pues bien, a la vista de lo escuchado en la sesión constitutiva del Parlamento de Cataluña se puede afirmar que ni las tensiones han desaparecido ni se han eliminado las circunstancias que provocaban la desafección de los partidos secesionistas. Las concesiones hechas por el gobierno de Sánchez sólo han servido para animarlos a volver a la carga. Próximo paso del esperpento, la designación de un candidato a la investidura por la mesa del Parlamento. Estaremos atentos a la jugada.

ANÁLISIS / Resaca electoral y vuelta a las andadas

9-J: hay que dar también la batalla en la UE

Artículo publicado desde el Observatorio Económico y Social de España y Cataluña (OBESCAT) en el diario El Liberal el 8 de junio de 2024. Agradezco de antemano su ayuda para difundirlo entre sus amigos y conocidos.

Los catalanes constitucionalistas hemos vivido con asombro como el presidente Sánchez pasó en un plis plas de prometer traernos al prófugo de Waterloo para sentarlo en el banquillo a amnistiarlo, y como los dos últimos primeros secretarios del PSC siguieron su estela y pasaron de rechazar con rotundidad la amnistía a aplaudirla y defenderla para que el secretario general del PSOE pudiera ser investido presidente el pasado 15 de noviembre. Iceta, primer secretario entre 2014 y 2021 había manifestado en septiembre de 2019 que “la amnistía no corresponde con lo que ha pasado, es el olvido, es decir que no ha pasado nada porque consideramos que las leyes que había en esos momentos no eran justas”. E Illa, primer secretario del PSC desde 2021 nos regaló los oídos con aquella perla de “y ni amnistía ni nada de eso. Lo repito para que quede claro: ni amnistía ni nada de nada”.

La amnistía supone, como bien apuntaba el tibio Iceta, que no pasó nada y que las “leyes que había en esos momentos [en España en 2017] no eran justas”. En otras palabras, la amnistía supone que todas las acciones emprendidas entre el 1 de noviembre de 2011 y el 13 de noviembre de 2013 para organizar, financiar y hacer efectiva la secesión de Cataluña eran legítimas, como han sostenido siempre los ‘procesistas’ y que, por el contrario, todas las acciones desplegadas por el Ejecutivo de Rajoy, el Senado y los tribunales de justicia para juzgarlos carecían de fundamento jurídico. Preguntaba al final de mi artículo de la semana pasada si “me gustaría que me representen en la Eurocámara dos partidos [PSOE-PSC] que han negociado la amnistía en Bruselas y Ginebra con un prófugo de la justicia española y que, si los tribunales no lo impiden, resultará ser uno de los principales beneficiados de la norma finalmente aprobada el 30 de mayo”, pendiente todavía de la sanción del Jefe del Estado y su publicación en el BOE para no hacerla visible antes de las elecciones europeas. Hoy, víspera de esas elecciones, la respondo con un NO rotundo.

Pero la amnistía no es la única razón para no votar a pseudo socialistas, militen en el PSOE de Sánchez, como Ribera, que encabeza la papeleta del “Partit dels Socialistas de Catalunya (PSC-PSOE) (PSC)” (por extraño que les parezca la nomenclatura, así aparece en mis papeletas) que me remitió la Junta Electoral, o López Fernández, militante del PSC, que aparece en tercera posición.  Porque la igualdad ante la ley y la separación de poderes no son meras elucubraciones sino circunstancias que afectan a la vida personal y profesional, y quien tenga alguna duda que pregunte a los catalanes castellanohablantes que hemos visto mermado durante décadas el ejercicio de derechos fundamentales tales como utilizar la lengua oficial del Estado en nuestras actividades profesionales, educar a nuestros hijos en su lengua materna, ejercer la libertad de cátedra en los centros de enseñanza, especialmente notorio en el área de historia, o acceder a las Administraciones públicas en igualdad de condiciones con los catalanohablantes. El PSC ha defendido siempre el modelo de inmersión lingüística implantado por los gobiernos de Pujol, y los tripartitos presididos por el PSC de Maragall y Montilla (2003-2010) incumplieron los Decretos de enseñanzas mínimas en Educación infantil y primaria impulsados en 2006-07 por Cabrera, ministra de Educación de Zapatero, porque exigían, en adición a las tres horas dedicadas a aprender la lengua y literatura castellanas, impartir una hora lectiva en castellano.

Ningún constitucionalista catalán con un mínimo de discernimiento puede votar el 9-J a quienes se han desdicho sobre la amnistía a los golpistas y prófugos de la justicia y a quienes han impuesto sin contemplaciones la inmersión lingüística en catalán como un modelo de éxito con la excusa de normalizar su utilización en todos los ámbitos públicos, incluidas las relaciones personales de los alumnos en los recintos escolares y las reuniones de los profesores con los padres de los alumnos, para facilitar, según dicen, la integración a los recién llegados a Cataluña. Para desmentirlo, ahí están los resultados del último informe Pisa 2022 elaborado por la OCDE que sitúa a Cataluña “en la cola de España y Europa”. Poco podemos esperar de los representantes del PSOE y PSC en la Eurocámara más allá de que la todavía vicepresidenta Ribera podrá reunirse en persona con el prófugo y ahorrar algunos viajes a Cerdán para continuar negociando qué nuevas concesiones ha de hacer el PSOE de Sánchez para mantener a su secretario general en la Moncloa.

La previsible desaparición de Ciudadanos del Parlamento de la UE el 9-J, como apuntan los pésimos resultados cosechados el 12-M y los de todas las encuestas publicadas, va a resultar para muchos votantes catalanes un hueco difícil de llenar. Y es que Ciudadanos y UPyD han sido los dos únicos partidos que, desde su fundación, han hecho frente al nacional-secesionismo sin dobleces en Cataluña, el País Vasco, España y la UE, y sus representantes han desarrollado una gran labor en Bruselas para lograr que, a instancias de la comisión de Asuntos Jurídicos presidida por Vázquez (Ciudadanos), el Parlamento Europeo retirara la inmunidad parlamentaria al prófugo, y a Ponsatí y Comín, igualmente huidos de la justicia española. Desde luego, su hueco no lo va a llenar Vox, un partido cuya voz se deja oír, aunque con frecuencia uno tiene que bajar el volumen para no escuchar sus casi siempre simplones diagnósticos de los problemas y sus ilusorias recetas para resolverlos.

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Esperemos que la consolidación de Fernández al frente del Partido Popular en Cataluña, tras el éxito alcanzado el 12-M en las elecciones autonómicas en Cataluña, ponga punto final a la ambigüedad (mal) calculada en que se instaló el PP en 1996, cuando el presidente Aznar entregó la cabeza de Vidal-Cuadras a Pujol para cerrar el pacto del Majestic, y que tan malos resultados le dio a medio plazo. Y esperemos que Montserrat, cabeza de lista del PP a las europeas, a la que hemos visto bastante más combativa en Bruselas en los últimos años, siga defendiendo en la Eurocámara la igualdad y el imperio de la ley frente a la amnistías. Porque Bruselas, está llamado a jugar un papel importante en algunas cuestiones de carácter interno en los próximos meses y años.

A este respecto, conviene tener presente que los tribunales españoles podrán plantear cuestiones prejudiciales en los tribunales de la UE cuya tramitación será necesario seguir con suma atención. Asimismo, la requisitoria de Bruselas al ministerio de Hacienda para determinar si se utilizaron fondos europeos (17,7 millones) para comprar de mascarillas inservibles en el caso Koldo-Ábalos-Armengol, y el registro ordenado por la Fiscalía de la UE en el caso Gómez-Sánchez para recabar información sobre la financiación de la cátedra codirigida por la esposa del presidente en la Universidad Complutense de Madrid, demuestran la importancia de elegir con tino el 9-M a quienes van a representarnos en Bruselas. Mañana lo sabremos.

ANÁLISIS / 9-J: hay que dar la batalla también en la UE

12-M: pactos postelectorales y elecciones europeas

Artículo publicado desde el Observatorio Económico y Social de España y Cataluña (OBESCAT) en el diario Expansión el 25 de mayo de 2024. Agradezco de antemano su ayuda para difundirlo entre sus amigos y conocidos.

La victoria de Illa y el PSC en las elecciones del 12-M en Cataluña nos sitúa en un escenario político cargado de incertidumbre. El PSC con 872.959 votos ganó holgadamente las elecciones y obtuvo 42 escaños, pero se quedó muy lejos de la mayoría absoluta (68) y está obligado a encontrar compañeros de viaje para ser investido presidente, en primer lugar, y para gobernar en caso de salir investido. Aunque Illa se mostró durante la campaña abierto a pactar un gobierno trasversal, la única posibilidad realista de lograrlo sería alcanzar un acuerdo con la ERC de Junqueras, lo que nos devolvería a reeditar los gobiernos tripartitos presididos por Maragall y Montilla entre 2003 y 2010. Porque hacerlo con Junts se antoja una tarea casi imposible: el prófugo ha dejado muy claro que él es el presidente legítimo de la Generalidad y debe ser restituido en el puesto del que fue arbitrariamente destituido el 27 de octubre de 2017. ¿Acaso no lo reconoce así la ley de amnistía impulsada por el PSOE y el PSC?

Lo cierto es que el secesionismo en su conjunto sufrió un notable correctivo el 12-M. La debacle de ERC que se quedó en 20 escaños, 13 menos que en 2021, y la CUP que perdió 5 de sus 9 diputados, no fue ni de lejos compensada por el aumento de 3 diputados de Junts que pasó de 32 a 35. Entre los tres suman 59 escaños, e incluso contando los 2 diputados de Aliança Catalana sobre la que han establecido un ‘cordón sanitario’, se quedan en 61, muy lejos de los 74 logrados en 2021 por ERC, Junts y la CUP, e insuficientes para devolvernos al 10 de enero de 2016, día en que el prófugo fue investido presidente. El prófugo, reforzado por su modesto avance en votos y escaños, reclamó de inmediato su derecho a presidir el gobierno de la Generalidad con el respaldo de una minoría suficiente “para culminar el proceso de independencia”, aunque Aragonès ya se le había adelantado en la noche electoral al asumir los “muy malos resultados” y avanzar que ERC se iba a la oposición y dejaba en manos del PSC y Junts alcanzar acuerdos de gobierno.

El dilema socialista

Vivimos en tiempos en que la palabra de algunos políticos vale menos que la peseta y son capaces de disfrazar cualquier incumplimiento apelando a los beneficiosos efectos que tendrá en la convivencia y fortalecimiento de nuestras instituciones democráticas, aunque en realidad su efecto sea exactamente el contrario. En este caso, basta con recordar las palabras de Illa cuando repetía sin titubear “ni amnistía, ni nada de eso, lo repito, ni amnistía ni nada de eso”. De todos modos, si Illa decidiera ahora desdecirse del compromiso asumido la noche electoral de presentarse a la investidura, y dejara el terreno expedito al prófugo, unos cuantos cientos de miles de votantes del PSC se sentirían a buen seguro defraudados, como les ocurrió a tantos votantes de Ciudadanos (aunque existan diferencias importantes entre las dos situaciones) cuando Arrimadas escurrió el bulto tras ganar en votos (1.109.722 votos) y escaños (36) las elecciones autonómicas en 2017.

No vamos a descubrir ahora el importante papel desempeñado por el PSC en el proceso secesionista, desde su apoyo férreo a la inmersión lingüística a la primera manifestación unitaria convocada por el presidente Montilla contra el Tribunal Constitucional en julio de 2010, auténtico pistoletazo de salida del proceso secesionista, pasando por la aprobación de un Estatuto de Autonomía el 30 de septiembre de 2005, un texto tan palmariamente inconstitucional que dejó abonado el terreno a los líderes ‘procesistas’ que sucedieron a Montilla al frente del gobierno de la Generalidad hasta el 27-O  (los tándem Mas-Junqueras y Puigdemont-Junqueras) e incluso después (Torra y Aragonès). No echen tampoco en saco roto la inclusión del derecho a decidir que figuraba en los programas electorales del PSC entre 2010 y 2012, una exigencia que ahora tienen todos los partidos secesionistas en su agenda: celebrar un referéndum de autodeterminación en Cataluña durante esta legislatura.

Son pues muchas las razones que invitan a la cautela y a poner en cuarentena la promesa de Illa de “abrir una nueva etapa… sin bandos ni bloques”. ¿De veras está dispuesto a gobernar para todos los catalanes? Porque recordemos que el PSC presenta también un historial sectario tan acusado que muchos votantes socialdemócratas decidieron darle la espalda tras constatar atónitos lo que fueron capaces de hacer Maragall y Montilla al frente del gobierno de la Generalidad entre 2003 y 2010. Los pactos del Tinell comprometían a PSC, ERC e ICV-EUiA “a no establecer ningún acuerdo de gobernabilidad (acuerdo de investidura y acuerdo parlamentario estable) con el PP en el Govern de la Generalitat. Igualmente, estas fuerzas se comprometen a impedir la presencia del PP en el gobierno del Estado, y renuncian a establecer pactos de gobierno y pactos parlamentarios estables en las Cámaras estatales”. Por cierto, quiero recordar que PSC, ERC y Comunes celebraron el pasado 23 de diciembre el vigésimo aniversario de tan ignominioso pacto. Y allí estuvo el indignado Montilla celebrando no sabemos qué.

Elecciones europeas a la vista

Los plazos parlamentarios y la inminencia de las elecciones europeas van a hacer muy difícil que se concreten pactos postelectorales antes del 9 de junio (9-N). Hasta que los diputados celebren la sesión constitutiva un día después, las conversaciones entre los partidos tendrán lugar fuera de los focos y se centrarán en alcanzar acuerdos para elegir al presidente, a los dos vicepresidentes y a los cuatro secretarios de la Mesa de la Cámara. Esta primera elección nos dará una primera pista sobre la seriedad del compromiso de Illa de abrir una nueva etapa “sin bandos ni bloques”. La aplicación de un criterio de proporcionalidad a los votos recibidos y la asignación de los puestos sobrantes a los restos ordenados de mayor a menor otorgaría al PSC (872.959 votos) la presidencia y una vicepresidencia, a Junts (674.896 votos) una vicepresidencia y una secretaría, y a ERC (427.135 votos), PP (342.584 votos) y Vox (248.554 votos) una secretaría cada uno de ellos. En manos del PSC, PP y Vox que cuentan con 68 diputados está hacerlo realidad.

Romper con la doble tradición de tener al frente del Parlamento a secesionistas confesos,  una larga lista que incluye a Benach, De Gispert, Forcadell, Torrente, Borràs y Erra, y la Mesa de la cámara bajo control de los partidos secesionistas, rebajaría la tensión institucional y abriría la posibilidad de articular mayorías variables capaces de impedir la utilización de una institución clave de autogobierno para dar cobertura al proceso de secesión, como ha ocurrido en tantas ocasiones al crear comisiones de estudio para impulsar el proceso constituyente, aprobar leyes abiertamente inconstitucionales, como las del  referéndum y transitoriedad jurídica y fundacional de la república, y resoluciones de independencia. A Illa no va a resultarle fácil nadar entre el bloque secesionista (Junts, ERC y CUP) y el bloque constitucionalista (PP y Vox), pero la credibilidad de su proyecto quedará seriamente tocada si no apuesta por conformar una Mesa congruente con lo que los catalanes votamos el 12-M. Estaremos atentos.

12-M: el proceso está muy vivo, no enterrado

Adjunto enlace a mi artículo publicado desde el Observatorio Económico y Social de España y Cataluña (OBESCAT) en el diario Expansión el 18 de mayo de 2024. Agradezco de antemano su ayuda para difundirlo entre sus amigos y contactos.

Los titulares de los principales medios de comunicación escritos sobre los resultados electorales en Cataluña el 12 de mayo (12-M) resultan muy reveladores de las afinidades políticas de quienes los dirigen, así como del origen de las ayudas recibidas por cada uno de ellos de los gobiernos autonómico (subvenciones e ingresos por publicidad institucional) y central. En los periódicos de ámbito nacional podemos leer: “El triunfo de Illa entierra el ‘procés’” (El País); “Illa gana con claridad pero necesitará pactar con el independentismo” (La Vanguardia); “Illa logra una gran victoria pero Puigdemont exige a Sánchez gobernar” (El Mundo); “El PSC cederá la presidencia del Parlamento para alcanzar un pacto” (El Periódico); “Cataluña castiga al independentismo” (ABC); y “Derrota del independentismo” (La Razón).

Menos grandilocuentes y quizá más realistas y sinceros han sido los diarios de ámbito estrictamente regional, por mucho que algunos de ellos quieran darse ínfulas e intenten proyectar su ámbito de influencia a los inexistentes ‘països catalans’. Todos reconocen la victoria del PSC y con dosis variables de duelo el desmoronamiento del respaldo ciudadano al proceso nacional-secesionista: “Illa se impone y el independentismo se hunde” (ARA); “El PSC lo gana todo” (Diari de Tarragona); “El PSC se impone y el independentismo no suma” (Diari de Girona); “Los socialistas ganan y Esquerra se hunde” (Segre); y “El PSC gana y la mayoría independentista se esfuma” (Regió7). Más alentador para la causa es el editorial del subvencionado diario digital Vilaweb, integrante del núcleo duro del ‘procesismo’, cuyo titular editorial necesita pocas explicaciones: “La hora de hacer política: no es inevitable que gobierne el PSC”.

¿Titulares sesgados?

Comparemos, por ejemplo, los titulares de El País, La Vanguardia y El Mundo. El primero, abandonado su papel de diario independiente hace muchos años y convertido en baluarte principal del sanchismo, estaba obligado a poner el foco en el entierro del proceso para que cualquier lector inteligente lo atribuyera inmediatamente al efecto benéfico que ha tenido sobre la sociedad catalana la aprobación de la ley de amnistía, impulsada por el PSOE de Sánchez y el PSC de Illa. Ni por asomo se le ha ocurrido al “periódico global” insinuar siquiera a sus lectores que las consecuencias principales de la ley de amnistía han sido precisamente las opuestas: ha resucitado al prófugo, aislado en Waterloo y a la espera de perder su inmunidad parlamentaria, y ha reavivado el proceso secesionista. La Vanguardia, por su parte, está más interesada en subrayar que Illa sólo podrá gobernar pactando con los partidos independentistas, sin entrar en más detalles ni mojarse en exceso, porque si bien Junts, tras el descalabro de ERC, lleva la voz cantante de momento, la vida política da muchas vueltas y nadie puede descartar que Illa acabe entendiéndose con Junqueras y Colau. Mejor no descartar ninguna posibilidad y decantarse abiertamente por uno u otro cuando las habichuelas están en juego. El Mundo, por último, prefiere destacar que, pese a la victoria de Illa, el prófugo ha presentado sus credenciales y podría acabar siendo investido y formar un gobierno en minoría.

¿Y si miramos a los resultados?

Después de este sumario repaso a los posicionamientos de los diarios nacionales y regionales tras conocerse los resultados del 12-M, a uno se le acumulan las preguntas. ¿De veras ha obtenido Illa una gran victoria y el proceso está enterrado como da a entender El País y el independentismo ha quedado derrotado como afirma La Razón? ¿Tendrá Illa que pactar con el independentismo para gobernar en Cataluña, como da por hecho La Vanguardia, o acabará por ceder la presidencia al prófugo para mantener a Sánchez en la Moncloa, como insinúa El Mundo?  Quizá una mirada más cuidadosa a los números nos ayude a ver con mayor claridad la dimensión real de los resultados electorales, sin confundirla con los deseos de cada uno, y vislumbrar qué podría ocurrir en los próximos meses en Cataluña y en España.

El PSC con 872.959 votos y 27,96% del voto contabilizado no nulo (VCNN) ha sumado 220.101 votos y 4,96 puntos porcentuales a los resultados de 2021 y logrado su mejor registro desde 2015 en que con 523.283 votos y tan sólo 12,72% de los VCNN tocó fondo. llla tiene motivos para estar satisfecho por haber logrado atraer a votantes que se abstuvieron o votaron a ERC y Ciudadanos en 2021. Dicho esto, hay que reconocer también que la propuesta de Illa y el PSC de abrir un nuevo tiempo en Cataluña no ha resultado excesivamente convincente y buena  parte de los ciudadanos, 42,05%, prefirió quedarse en casa. Si miramos más allá de 2010, el año en que el PSC sufrió un auténtico batacazo y el indignado Montilla fue desalojado por Mas del gobierno de la Generalidad, tenemos que concluir que los registros del PSC en 2024 están todavía muy lejos de los obtenidos en 2003 y 1999, años en los que los socialistas catalanes superaron holgadamente el millón de votos (1.031.299 y 1.183.299, respectivamente) a pesar de que los niveles de participación (62,51 y 59,20, respectivamente) no fueron muy superiores al de 2024 (57,94%).

En cuanto a los resultados de los partidos que aspiran a instaurar una república independiente en Cataluña, ERC, Junts y Cup obtuvieron 1.360.696 votos en 2021, 48,02 de los votos VCNN y 74 diputados, en tanto que esos tres partidos más Aliança Catalana lograron 1.348.183 votos, 45,35% de los VCNN y 61 diputados en 2024. Resulta evidente que el respaldo al secesionismo ha registrado un muy ligero retroceso en votos (-12.513) y algo más abultado en porcentaje (-2,67 puntos porcentuales) y escaños (-12), pero de ahí a decir que el proceso está enterrado o derrotado hay un abismo.  Basta con recordar que Junts ha ganado en 726 de los 927 municipios catalanes para devolvernos a la dura realidad. El respaldo social a los partidos secesionistas resultaba testimonial en 1999 cuando ERC, el único partido que defendía abiertamente la independencia, logró 271.173 votos, 8,67% de los VCNN y 12 diputados en el Parlamento,

Vivo y muy vivo

No podemos decir lo mismo ahora. El proceso nacional-secesionista sigue muy vivo en 2024 y sólo algún cínico o inconsciente puede sostener lo contrario. Como mucho, podría decirse que algunos osos han preferido prolongar su temporada de hibernación en las cavernas a la espera de una más asentada primavera. Pero la inestabilidad política sigue muy presente en Cataluña. Los malos resultados de ERC han permitido constatar que la gestión sosegada y negociadora de los republicanos desmoviliza a su electorado y se paga en las urnas, mientras que la gesticulación exagerada y los órdagos han permitido al prófugo arrancar concesiones tan inauditas de Sánchez como la ley de amnistía, negociada y acordada en el ‘exilio’, y sobre cuya pretendida constitucionalidad me limito a recordar lo que nos decían el propio Sánchez, sus ministros, y algunos barones como Illa, hasta que los siete votos de Junts en el Congreso resultaron decisivos para investir presidente a Sánchez el pasado 15 de noviembre: no cabía en la Constitución.

Si el prófugo acabara siendo amnistiado y regresara a Cataluña en las próximas semanas, mucho más si llegara a ser investido presidente y pudiera contar con  todos los recursos del gobierno de la Generalidad de Cataluña para “culminar la independencia”, como adelantó al presentar la lista de Junts en Elna (Cataluña Norte) a las elecciones del 12-M el pasado 6 de abril, no resulta aventurado pronosticar que más pronto que tarde la llamada a salir de las cuevas será escuchada, la Asamblea Nacional Catalana y Ómnium Cultural se pondrán de nuevo manos a la obra para desentumecer los músculos de los aletargados, los grupos más radicales se volverán a dejar sentir en las calles de Cataluña, y la inestabilidad política volverá a ser el pan de cada día. En las manos de Illa está articular una mayoría para dejar al prófugo fuera de juego y mantener el incendio contenido que no apagado.

12-M: el proceso está muy vivo, no enterrado

Sánchez hunde a Aragonès y resucita al prófugo

Adjunto enlace a mi artículo publicado desde el Observatorio Económico y Social de España y Cataluña (OBESCAT) en el diario Expansión el 13 de mayo de 2024. Agradezco de antemano su ayuda para difundirlo entre sus amigos y contactos.

Quizá ustedes recuerden las palabras que pronunció Sánchez en el Congreso el 4 de noviembre de 2019: “a ustedes, Sr. Casado, se les escapó [el prófugo] y yo me comprometo, hoy y aquí, a traerlo de vuelta a España y que rinda cuentas ante la justicia”. De poco le sirvió a Casado recordarle su promesa desde Valladolid el 21 de noviembre de 2021, y, hoy y aquí, podemos decir que el presidente Sánchez ha hecho todo lo posible para traerlo de vuelta a España, no para sentarlo ante los jueces como prometió, sino para ponerle una alfombra roja y recibirlo con todos los honores a su regreso del ‘exilio’. Y tal vez recuerden también las palabras igualmente proféticas pronunciadas por el ministro Illa: “de amnistía y todo eso, nada. Lo repito: de amnistía y todo eso nada”. Pues bien, con una ley de amnistía ya aprobada en el Congreso llegamos los catalanes a estas elecciones en las que Illa pretende convencernos de que el engendro urdido por Bolaños, Cerdán y Sánchez es  “un signo de fortaleza y solidez de la democracia española”.

La decisión del PSOE de sentarse a negociar con el prófugo de Waterloo en el ‘exilio’ su propia amnistía y presentarla como Proposición de Ley Orgánica de Amnistía en el Congreso el 13 de noviembre de 2023, sólo prueba que sin los siete votos de Junts Sánchez no habría sido investido presidente del gobierno dos días después. Pero la apuesta de Sánchez para asegurarse su permanencia en la Moncloa persiguió como una sombra alargada al candidato del PSC durante toda la campaña y ha dado alas al prófugo de Waterloo. Aunque las dos encuestas realizadas por el CIS de Tezanos otorgaban una holgada mayoría al PSC (29,8%-33,2%) y un empate técnico entre Junts (15,4%-18,1%) y ERC (15,2%-17,9%), casi todos los sondeos (incluidos los ‘prohibidos’) coincidían en que si bien el PSC obtendría el mayor porcentaje de votos, Junts iba a ganar con claridad la partida a ERC y se estaba acercando al PSC.

El prófugo se encontraba en una situación política desesperada en julio de 2023,, pendiente de que el Tribunal de Justicia de la UE ratificara la pérdida de su inmunidad acordada ya por la Eurocámara y ratificada por el Tribunal General de la UE, pero le ha bastado negociar la amnistía en solitario para convencer a los independentistas irredentos que es el único candidato que tiene a Sánchez cogido por la pernera alta y sabe apretarle a fondo. Quizá, por ello, muchos de quienes flaquearon en la fe tras su vergonzosa huida a Waterloo han vuelto a ver en él al líder capaz de conducirlos a la tierra prometida.

Con el 98,0% del voto escrutado, los resultados vienen a confirmar a) la clara victoria de Illa con 42 escaños, 9 más que en 2021; b) la hegemonía de Junts en el bloque nacional-secesionista que suma 3 diputados a los 32 obtenidos en 2021, pese a la irrupción de Aliança Catalana que entra en el Parlamento con 2 diputados; c) el desfondamiento de ERC que obtiene 20 escaños y pierde 13; d) la erosión de Comuns-Sumar y la CUP-DT que pierden también 2 y 5 escaños, respectivamente; e) el ascenso del PP que sale de la UCI muy reforzado: suma 12 escaños a los 3 obtenidos en 2021, vuelve a ser la cuarta fuerza política en Cataluña y puede jugar un papel decisivo en el Parlamento; y f) Vox mantiene sus 11 diputados y parece haberse topado con su techo electoral. Con estos resultados, Illa aparece como el único candidato con respaldo suficiente para aspirar a ser investido presidente, aunque tendrá que contar con otros partidos para lograrlo.

Habrá tiempo para analizar con más detenimiento los resultados, incluida la preocupante baja participación, pero cabe de momento extraer algunas conclusiones con implicaciones sobre la gobernabilidad de Cataluña y España. En clave autonómica, se puede concluir que el trato especial dispensado por Sánchez al prófugo perjudicó las candidaturas de Illa y Aragonés. Illa solicitó incluso que los ministros de Sánchez no participaran en su campaña, aunque no pudo evitar la presencia de Sánchez, ansioso de rentabilizar la victoria del PSC con la mirada puesta en las elecciones europeas. A Aragonès le ha perjudicado el apoyo prestado a Sánchez durante la pasada legislatura a cambio de casi nada, y el gravísimo error que cometió al dar luz verde a la ley de amnistía en diciembre, dejando al prófugo protagonizar la negociación hasta la aprobación definitiva de la ley en el Congreso el 17 de marzo. Los líderes de ERC se habrán preguntado más de una vez durante la campaña en qué malhadada hora decidieron anticipar las elecciones creyendo que podían coger al prófugo con el pie cambiado.

La victoria del PSC abre a Illa la puerta para convertirse en presidente cerrando acuerdos de gobierno con ERC y Comuns-Sumar, incluso contando con la abstención del PP en la segunda sesión de investidura si resultara necesario. A la vista de lo ocurrido entre 2003 y 2010, un gobierno de esta guisa no asegurará la estabilidad política en Cataluña, pero puede considerarse un mal menor comparado con la situación que podría haberse presentado con un gobierno presidido por el prófugo y respaldo de los restantes partidos nacional-secesionistas, un escenario que nos habría devuelto al 10 de enero de 2016. Ahora bien, la formación de un gobierno presidido por Illa podría llevar al prófugo a retirarle a Sánchez su apoyo en Madrid para provocar la convocatoria de elecciones generales en las que, si bien Junts podría mejorar sensiblemente su representación en el Congreso a costa de ERC, los españoles tendríamos oportunidad de ratificar o no la amnistía en las urnas.

El daño ya está hecho, pero el futuro no está escrito

Adjunto enlace a mi ultimo artículo publicado desde el Observatorio Económico y Social de España y Cataluña (OBESCAT) en el diario El Liberal el 12 de mayo de 2024. Agradezco de antemano su ayuda para difundirlo entre sus amigos y contactos.

A la espera de la encuesta definitiva la noche del próximo domingo, todas las encuestas electorales publicadas (sondeos prohibidos incluidos) coinciden en dar como virtual ganador de las elecciones al PSC, si bien la mayoría de ellos apuntan a que Junts, desbancaría a ERC como primera fuerza secesionista y el prófugo de Waterloo recuperaría el liderazgo perdido tras su vergonzosa huida a Bélgica, pocas horas después de haber proclamado la independencia el 27-O y ordenado a sus consejeros ignorar su destitución e incorporarse a sus despachos oficiales el lunes. Salvo el CIS de Tezanos que confirma una tendencia ascendente del PSC entre las encuestas publicadas el 25 de marzo y el 6 de abril, y otorga todavía un empate técnico a Junts y ERC en la segunda, la mayoría de los sondeos coinciden en que el PSC no ha registrado avances apreciables en las últimas semanas mientras que Junts se le ha ido acercando en número de escaños y ha puesto tierra de por medio con ERC.

El rescate del prófugo

La remontada de Junts constituye una de las peores noticias que podíamos recibir los ciudadanos catalanes que manteníamos todavía viva la esperanza de que el Tribunal de Justicia de la UE ratificara la pérdida de su inmunidad como europarlamentario y pudiera ser extraditado y juzgado como cabecilla principal del golpe de estado perpetrado desde el mismo momento en que fue investido presidente del gobierno de la Generalidad el 10 de enero de 2016 hasta su destitución el viernes 27 de octubre de 2017 (27-O). Que el prófugo de Waterloo pueda regresar a España libre constituye, sin duda, el mayor atentado perpetrado a nuestro Estado de Derecho, puesto que deslegitima a todos los poderes que actuaron para detener el golpe de estado: al gobierno de España y al Senado que lo destituyeron el 27-O, y a los tribunales que instruyeron, juzgaron y sentenciaron a los cabecillas no fugados. Resulta difícil concebir un golpe más grave a nuestras instituciones democráticas que amnistiar y facilitar la vuelta a España de quien lideró, jaleó y financió el proceso de secesión, y no oculta su intención de volver a intentarlo de nuevo,  ahora con menos riesgo personal al haber eliminado el gobierno de Sánchez el delito de sedición y suavizado las penas por malversación en el Código Penal.

La amnistía y el escándalo de las mascarillas (caso Ábalos-Koldo) han lastrado la campaña del exministro de Sanidad de Sánchez y relanzado la campaña del prófugo. Illa se ha visto perseguido por el eco de sus palabras, cuando nos decía a los ciudadanos que “de amnistía y todo eso, nada. Lo repito: de amnistía y todo eso nada”. Tanto los partidos constitucionalistas, Ciudadanos, Vox y PP, como los partidos más beneficiados por la amnistía, ERC y Junts, se han encargado de recordárselo una y otra vez durante la campaña: los primeros, para reprocharle su falta de palabra, y los segundos para desacreditarle cuando afirma que no habrá referéndum de autodeterminación en Cataluña, porque, le recuerdan, acabará por aceptarlo como acabó por aceptar la amnistía. Al candidato del PSC, la presencia de Sánchez en campaña, como les ocurrió a otros barones socialistas, no le habrá ayudado a sacudirse las moscas cojoneras, porque el presidente fue incluso más lejos cuando se comprometió en el Congreso el 4 de noviembre de 2019 “a traerlo [¡al prófugo!] de vuelta a España y que rinda cuentas ante la justicia”. Ahora se confirma que Sánchez pretende traerlo de vuelta a España, no para sentarlo en el banquillo, como prometió, sino para ponerle una alfombra roja.

El bote enviado por Sánchez a Bélgica para salvar al naufrago brindó al prófugo la posibilidad de subirse a bordo, hacerse con el timón de las negociaciones sobre la amnistía y presentarse ante los suyos como el único candidato capaz de tener agarrado a Sánchez por la pernera alta y conducirlos a la tierra prometida. Aragonès y ERC han demostrado su falta de perspicacia política al dar luz verde a la Proposición de Ley Orgánica de amnistía muy pronto, dejando en manos del prófugo todo el protagonismo hasta su aprobación final el 17 de marzo. ¿Qué pueden exhibir ellos para contrarrestar este éxito? Casi nada. ¿El compromiso de Sánchez de condonar 15.000 millones de deuda? ¿Amenazar a Sánchez con no aprobar los PGE si no negocia un sistema de financiación singular para Cataluña? ¿Qué exigirán la celebración de un referéndum pactado si gobiernan? Aragonès y los suyos han perdido unos años preciosos al frente del gobierno de la Generalidad para desacreditar al prófugo y no me extrañaría que se estén preguntado en qué mala hora decidieron adelantar las elecciones autonómicas.

No pierdan la esperanza

Para los catalanes constitucionalistas, el panorama político resulta poco alentador. Si atendemos a lo que pronostican las encuestas, el PP podría sobrepasar la decena de diputados, recuperando parte del terreno perdido tras haber respaldado a Mas entre 2010 y 2012, y Vox mantendría los 11 diputados que obtuvo en 2021. Magro consuelo puesto que la suma de ambos queda muy lejos del total obtenido por Ciudadanos (36) y PP (4) en 2017. Mientras el PSC continúe empecinado en alcanzar acuerdos con partidos abiertamente no constitucionalistas como ERC, Junts y CUP, y una fracción importante de la sociedad catalana siga respaldando al partido que dio el pistoletazo de salida al proceso secesionista entre 2003 y 2010, prestándose a elaborar un Estatuto tan marcadamente inconstitucional que, incluso tras las enmiendas aprobadas en el Congreso, el presidente Maragall llegó a jactarse de que Cataluña “puede hacer lo que quiera, en este momento… y lo haremos”. Y vaya si lo hicieron. Pregunten a Mas, Puigdemont, Junqueras, Torra y Aragonès. No les extrañe, por ello, que decenas de miles de ciudadanos con distintas ideologías hayan firmado un manifiesto pidiendo expresamente no votar a Illa por haber abandonado su partido la senda constitucionalista.

Más allá de los resultados y pactos postelectorales que puedan fraguarse tras el 12-M para controlar el gobierno de la Generalidad, la certeza incontestable es que el constitucionalismo en Cataluña está ingresado en la unidad de cuidados intensivos. El PP, el único partido de centro presente en toda España que nos queda a los catalanes, debería otorgar una alta prioridad y destinar más recursos a reforzar su presencia en Cataluña. Una vez superada la peligrosa situación en que quedó en 2021, con tan solo 3 diputados en un Parlamento de 135, urge diseñar una estrategia a medio plazo para asentarse en Cataluña, porque sin una mayor representación en la tercera CA por población y la segunda por importancia económica resulta muy difícil gobernar España y presentar una alternativa al proceso secesionista que, como acertadamente apuntó Fernández en el debate en TVE, ha traído a Cataluña decadencia en lugar de independencia.

El daño ya está hecho, pero el futuro no está escrito

«He decidido seguir» (Ya lo sabíamos)

Artículo publicado desde el Observatorio Económico y Social de España y Cataluña (OBESCAT) en el diario Expansión el 30 de abril de 2024. Agradezco de antemano su ayuda para difundirlo entre sus amigos y contactos.

Concluidos los actos de adhesión fervorosa protagonizados por sus fieles aduladores en la calle Ferraz el pasado fin de semana, el presidente disipaba con estas palabras las dudas abiertas por él mismo sobre su inmediato futuro político. Lo asombroso es que tanta gente haya dado pábulo al interrogante que abrió la carta publicada el pasado miércoles en la que anunciaba su decisión de parar para reflexionar ante la operación de acoso y derribo que estaban sufriendo él y su familia por los partidos de la derecha y ultraderecha, y sus medios afines, incapaces de digerir los resultados de las elecciones generales celebradas el 23-J que le posibilitaron ser investido presidente del gobierno. “¿Merece la pena todo esto? Sinceramente no lo sé”, confesaba un atribulado Sánchez en su doliente misiva.

Terminada la farsa del retiro en familia, el consumado actor regresó al mundo cruzando los jardines del palacio la Moncloa al filo de las 11 de la mañana (“Buenas tardes”) para convertirse otra vez en el centro de atención de todos los medios de comunicación, esta vez no mediante una misiva sino en cuerpo presente, y reconfortar a los sobrecogidos ciudadanos que, con el alma en vilo, sobrellevaron como pudieron el doloroso trance durante estos cinco días inacabables. Me quedo con vosotros, vino a decirnos, no para aferrarme al poder con malas artes, sino para trabajar con firmeza en pro de la regeneración de la vida política, para revertir su imparable deterioro, y para movilizar “a la mayoría social por la dignidad y el sentido común, poniendo freno a la política de la vergüenza”. Ustedes conocen perfectamente a estas alturas de la película (van para seis años en sesión continua) cuáles son las artes y las recetas políticas de Sánchez para regenerar la vida política y recuperar la dignidad y el sentido común de la sociedad española. Sólo que ahora va a hacerlo fortalecido y si cabe con más fuerza.

Mano extendida hacia sus adversarios políticos para apuntarles con el dedo índice acusador y descalificarlos sin paliativos por representar a esa derecha y ultraderecha que enloda la vida política, y mano tendida a sus aliados circunstanciales que lo auparon a la Moncloa el 1 de junio de 2018, en una operación de acoso y derribo, cómo no, dignísima. Regenerar la vida política hubiera sido mantener que lo ocurrido en Cataluña en 2017 fue más rebelión que sedición y haber traído a España al prófugo de Waterloo para sentarlo en el banquillo, como prometió hacer Sánchez en  la tribuna del Congreso, no indultar a los líderes del proceso condenados por el Tribunal Supremo y mucho menos acordar con el prófugo en el ‘exilio’ una ley de amnistía que el propio Sánchez, sus ministros y los líderes del PSOE nos habían dicho no tenía cabida en la Constitución, porque, como nos expuso la vicepresidenta Calvo en el Senado, laminaría la independencia del poder judicial. Una infamia para asegurarse los siete votos de Junts que lo hicieron presidente del gobierno el 15 de noviembre pasado. No puede regenerar la vida política quien descalifica una y otra vez a los líderes de la oposición acusándoles de corruptos, indecentes y machistas, pretende erigir un muro frente a las derechas retrógradas, pero no tiene inconveniente en sentarse a negociar pactos de gobierno y leyes con EH Bildu, los herederos políticos de la banda terrorista ETA, la misma que hasta 2011 mataba y extorsionaba a los ciudadanos en el País Vasco. Otra infamia para asegurarse los seis votos de EH Bildu que lo hicieron presidente del gobierno.

Pero más allá de la retórica impostada, resulta de extrema gravedad que haya aprovechado su comparecencia en la sede de Presidencia para acusar a las derechas de enlodar la vida política inculcando odio hacia personas inocentes, difundiendo mentiras groseras y acusaciones insidiosas carentes de cualquier fundamento. ¿A qué viene toda esta sobreactuación? Si Begoña Gómez, la esposa del presidente, escribió cartas a organismos públicos respaldando la concesión de ayudas públicas a determinadas empresas que luego aportaron recursos al sostenimiento de sus actividades profesionales, y esos organismos, incluido el Consejo de ministros, proporcionaron ayudas públicas, a veces multimillonarias, a algunas de las empresas recomendadas por Gómez, lo menos que debería haber hecho el presidente es publicar un dossier detallando todas las operaciones en que intervino su esposa y compareciendo ante los medios para esclarecer los hechos.

Sánchez, haciendo gala de una inaudita dejación de responsabilidad como presidente, se ha negado a dar explicaciones hasta ahora, y preferido subirse al escenario monclovita para tratar de conmovernos con una actuación tramposa en extremo. Ningún español que conozco desea que las mujeres estén en su casa esperando la vuelta del trabajo del maridito, pero todos los ciudadanos, hombres y mujeres, tenemos derecho a saber cómo se utiliza el dinero público que sale de nuestros impuestos, incluidas las subvenciones públicas a empresas privadas, y muy especialmente cuando esas empresas apoyan las actividades profesionales de familiares de políticos en ejercicio, sean la mujer del presidente del gobierno o el marido de la concejal de Villanueva de Abajo. No hay ninguna operación de acoso y derribo en marcha contra el presidente y su familia, como pretende hacernos creer Sánchez, sino el legítimo deseo de regenerar nuestra vida política, una tarea a lo que, por cierto, va a ayudar muy poco que su gobierno acordara amnistiar a malversadores de fondos públicos y reducir las penas por malversación en el Código Penal.

Quiero, por último, llamar la atención sobre la apelación de Sánchez “a la conciencia colectiva de la sociedad española, una sociedad que, desde el acuerdo generoso, supo sobreponerse a las terribles y profundas heridas del peor de sus pasados”. La verdad es que produce rubor escuchar esta invocación al espíritu de la Transición en labios de quien ha convertido la acción política en un ejercicio permanente de sectarismo y enfrentamiento que recuerda precisamente lo peor de nuestro pasado y llevado la politización de todas las instituciones, organismos y empresas públicas a niveles “inimaginables hasta hace unos pocos años”. No cuela, no resulta creíble. En lugar de comprometerse a encontrar puntos de entendimiento con quienes obtuvieron el respaldo del 45,95 % de los ciudadanos españoles el 23-J, Sánchez prefiere atizar mandobles a las derechas retrógradas y entenderse con las minorías separatistas que representan al 5,97 % de votantes, a los que para no ofenderlos evito llamar españoles.

Permítanme decirles en dos palabras lo que pienso sobre este asunto: la decisión de seguir estaba tomada antes incluso de que Sánchez escribiera la doliente cartita. Deseo y espero que los efectos de la puesta en escena del melodrama “Begoña en la hoguera” resulten efímeros y los ciudadanos realmente deseosos de preservar la convivencia se mantengan alertas porque el daño causado a nuestras instituciones políticas aumenta con cada día que pasa en la Moncloa, y el presidente parece estar más dispuesto que nunca a resistir y hasta a llevar a los suyos a la guerra con la excusa de defender la honorabilidad de los negocios de la familia.

12-M: amnistía, financiación e inmigración

Artículo publicado desde el Observatorio Económico y Social de España y Cataluña (OBESCAT) en el diario El Liberal el 27 de abril de 2024. Agradezco de antemano su ayuda para difundirlo entre sus amigos y contactos.

Hay pocas dudas de que la suerte de los catalanes en las elecciones del próximo 12 de mayo (12-M) penden de los resultados que obtengan Junts, el partido que lidera el prófugo de Waterloo y el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) con Illa, exministro de Sanidad de Sánchez durante la pandemia, y secretario general del partido, a la cabeza. ERC tiene en esta película un papel claramente secundario y más complejo de valorar por el electorado, ya que si bien muchos de sus posicionamientos políticos se encuentran más próximos al PSC que a Junts, los republicanos están obligados a mostrarse muy firmes en el tema de la autodeterminación para restar protagonismo al prófugo y a sus siete diputados que han sabido apretar al máximo a Sánchez en el Congreso desde las elecciones del 23-J, jugando una y otra vez la baza de dejarlo caer si no accede a sus exigencias de máximos.

Tampoco hay muchas dudas sobre cuáles son las cuestiones que van a agitar los dos principales partidos secesionistas durante las dos semanas de campaña que nos esperan. En primer lugar, ERC y Junts van a intentar atribuirse el mérito de haber arrancado al grupo socialista en el Congreso, formado por el PSOE y PSC, la presentación de la proposición de Ley Orgánica de Amnistía que borra todos los actos delictivos (incluidos la malversación de fondos públicos y los actos terroristas) relacionados con el proceso de secesión vivido en Cataluña entre 2012 y 2023, y lo que resulta incluso más grave, desde mi punto de vista, deslegitima todas las acciones desplegadas por los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado para atajar el proceso de secesión culminado el 27 de octubre de 2017 con la constitución de la república catalana como estado independiente.

Para el electorado constitucionalista, la ley de amnistía constituye un golpe tremendo a nuestro “Estado social y democrático de derecho” del que el PSC de Illa es tan responsable como el PSC de Montilla lo fue cuando declaró en una comparecencia oficial que “el tribunal Constitucional está lamentablemente desacreditado y moralmente deslegitimado” y convocó a los catalanes a manifestarse el 10 de julio de 2010 para mostrar su indignación contra la sentencia del alto tribunal sobre el Estatuto y prender la mecha del proceso secesionista en Cataluña. Para el electorado independentista, se trata, por el contrario, de un gran éxito, pese a que la implementación de la ley, caso de que acabe siendo aprobada en el Congreso tras su previsible rechazo en el Senado, pueda quedar atascada en los tribunales españoles y europeos. Las emociones, que no los programas, son las que acaban decidiendo los votos de los ciudadanos y la gran pregunta es cómo va a influir la elevada carga emocional de la amnistía en el voto de los catalanes.

El cambio de 180 grados en la posición de Illa sobre la amnistía, desde su afirmación tajante de “ni amnistía ni nada de eso, lo repito, ni amnistía ni nada de eso” a defender sin rubor alguno que “esos mismos valores nos llevan hoy a defender una amnistía”, no debería en buena lógica ayudarle a ganar votos en el electorado constitucionalista, especialmente entre quienes votaron a Ciudadanos en elecciones anteriores, siempre despreciados por los líderes del PSC desde la irrupción del partido naranja en el Parlamento en noviembre de 2006. Los constitucionalistas no pueden respaldar a un partido de miras tan estrechas que ni siquiera contempló la posibilidad de entablar conversaciones con Ciudadanos para investir a Arrimadas tras su histórica victoria electoral en diciembre de 2017, y se prestó en cambio a ser la muleta de ERC desde que Aragonés excluyó de su gobierno a los consejeros de Junts en septiembre de 2022. Los únicos votantes que el PSC podría atraer son los de los independentistas desencantados.

En cuanto a la pugna que mantienen los dos principales partidos independentistas, podría pensarse que el partido del prófugo saca claramente ventaja a ERC, porque supo jugar sus bazas con bastante más pericia que Aragonès y Junqueras tras el 23-J, y se negó a aprobar la proposición de ley de amnistía en una primera votación en el Congreso para ganar protagonismo, pese a haberla acordado y redactado en las reuniones mantenidas con Cerdán, número tres del PSOE, en Bruselas y Ginebra. El prófugo apretó a Sánchez al máximo y promete a los suyos seguir haciéndolo en el futuro, pero lo cierto es que la sobreactuación de Junts en el Congreso no se ha dejado apenas notar en los sondeos electorales realizados desde de mediados de marzo, ni parece que vaya a alterar sustancialmente el reparto del voto entre las dos formaciones que compiten por un espacio electoral que, a pesar de la amnistía, continúa contrayéndose.

Hay otros dos asuntos de calado que van también a hacerse un hueco en esta campaña: obtener una financiación singular para Cataluña y la transferencia al gobierno de la Generalidad de las competencias del Estado en materia de control de fronteras e inmigración. Más, consejera de Economía, presentó el pasado 19 de marzo al resto del gobierno de la Generalidad la propuesta formal del gobierno de Aragonès para recaudar todos “los impuestos generados en territorio catalán… dejar atrás décadas de injusticia” y acabar con un déficit fiscal que cuantificó en 20.000 millones anuales. Se trata de un planteamiento que no excluye realizar una aportación al Estado, similar al cupo vasco, en concepto de cuota de solidaridad interterritorial. Aunque el propio Aragonès defendió la propuesta en Madrid un día después, los ciudadanos catalanes harán bien en desconfiar de un planteamiento hecho a última hora y acogido con suma frialdad por el gobierno de España que reiteró su prioridad de reformar el sistema de financiación de las Comunidades de régimen común. Junts, para no quedarse atrás, exige también recaudar todos los impuestos y cifra en 450.00 millones la deuda histórica de España con Cataluña. Ahí es nada. Cualquier ciudadano con dos dedos de frente, incluso la ministra Montero, sabe muy bien que el pastor no debe poner al lobo a guardar el rebaño y eso es exactamente lo que supondría cederle al gobierno de la Generalidad el control de la caja. Porque, digámoslo claro, no esperen solidaridad alguna de quienes denigran a los españoles y su cultura una vez logren hacerse con la caja.

Otra cuestión que puede pesar al depositar el voto en las urnas el 12-M es la reclamación de transferir a la Generalidad todas las competencias sobre el control de las fronteras, inmigración incluida. Más allá del aumento de recursos que supondría, la cuestión tiene gran importancia simbólica puesto que el control de las fronteras constituye una de las funciones definitorias de cualquier Estado soberano. Las posiciones xenófobas del abuelo (Pujol) y el padrino (Torra) del prófugo sobre los inmigrantes están bien documentadas, pero no creo que asociar inmigración con delincuencia, como ha hecho Junts, ni alardear de haber pactado con Sánchez una nueva ley orgánica que nadie ha visto, vayan a reportarle a Junts demasiado rédito electoral. Y es que al hijastro de Torra le ha salido un competidor muy duro que puede llevarse el gato al agua y restarle varios diputados: Aliança Catalana. El partido de Orriols es un rabioso defensor de la declaración unilateral de independencia y se opone a aceptar inmigrantes que no beneficien a la sociedad y cultura catalanas.

Cabe pensar que los votantes independentistas tendrán en cuenta al decidir su voto quién desprecia más a los españoles y está más decidido a utilizar todos los resortes para conducirlos a la tierra prometida tras un peregrinaje de varios siglos: la ansiada e inasible independencia de Cataluña. El prófugo se postula como el único candidato fiable para ser el Moisés en esta película truculenta. Sin embargo, resulta igualmente plausible pensar que el baño de realismo que supuso el fracaso del 27-O y la huida vergonzante del conductor en el maletero de un vehículo hayan servido para darles un baño de realismo y desconfiar de las bravuconadas del prófugo y su pequeña corte de aduladores irredentos. Los barómetros del CEO apuntan a que el respaldo a la independencia de Cataluña ha perdido bastante terreno desde 2017 y sugiere que los partidos independentistas compiten por atraer a un electorado menguante, una indicación de que cada vez son más los catalanes que ven inalcanzable alcanzar la independencia en el futuro previsible. El panorama, no obstante, continúa siendo muy preocupante porque no podemos olvidar que los gobiernos tripartitos liderados por el PSC fueron la fábrica de independentistas y su repetición podría reavivar el proceso secesionista en pocos años.

ANÁLISIS / 12-M: amnistía, financiación e inmigración

La legislatura no está blindada (bis)

Adjunto enlace a mi artículo publicado desde el Observatorio Económico y Social de España y Cataluña (OBESCAT) en el diario El Liberal el 6 de abril de 2024. Agradezco de antemano su ayuda para difundirlo entre sus amigos y contactos.

Así se titulaba mi artículo publicado en este diario el pasado 11 de noviembre y cada día que pasa mi augurio cobra mayor fuerza a pesar de los torvos esfuerzos del ‘doctor’ Sánchez por ignorar su derrota en las urnas, a pesar de las humillantes idas y venidas de sus emisarios a Bruselas y Barcelona para acordar una Ley Orgánica de Amnistía (LOA) a medida del prófugo y demás golpistas para ser investido presidente, a pesar de su utilización vicaria del Congreso para poner en marcha una comisión de investigación cuyo único objetivo es evadir las responsabilidades políticas de su gobierno en la funesta gestión de la pandemia y confundir a un electorado anestesiado con sus continuos engaños. No deja de ser sorprendente que algunos ciudadanos, cada vez menos es cierto, sigan respaldando en las urnas a un hombre al que ni un solo líder socialista histórico respalda en su locuaz huida hacia adelante.

Había pocas dudas de que Sánchez podía atar su investidura haciendo concesiones a Junts, a ERC, a EH Bildu y al PNV, concesiones que avergüenzan a cualquier demócrata consciente de que la política va más allá de retener el poder a cualquier precio haciendo saltar las costuras del orden constitucional, una tarea a la que el esforzado letrado del Banco de España y ahora experto en exhumaciones aplicó su torpe pluma para tratar de convencernos de que la amnistía es completamente constitucional después de haber sostenido con igual rotundidad lo contrario. Pero han bastado apenas tres meses desde aquel patético 16 de noviembre en que Sánchez salió investido para comprobar que los apaños alcanzados con quienes se jactaron de no respetar el orden constitucional mientras ostentaban la máxima representación del Estado en Cataluña -y nunca han expresado intención alguna de hacerlo en el futuro- iban a resultar muy difíciles de implementar.

Exhumar físicamente a Franco enterrado en noviembre de 1975 ha resultado más sencillo que exhumar políticamente al prófugo huido de España tras declarar la independencia de Cataluña el 27 de octubre  Y la razón es muy simple: la amnistía al prófugo y demás golpistas y terroristas al frente del proceso de secesión choca frontalmente con la Constitución Española y deslegitima las actuaciones de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de España para poner fin a la situación creada cuando el Parlamento de Cataluña aprobó la resolución de declaración de independencia y la puesta en marcha de la Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República. Resulta simplemente grotesco pensar que el gobierno de España y el Senado se inventaron una situación para justificar la destitución del gobierno de la Generalidad y disolver un Parlamento de Cataluña -controlado por ERC y CDC,  madrastra del PdECat y abuelita de Junts- y que el Tribunal Supremo se inventó unos delitos al margen del Código Penal y condenó arbitrariamente a los líderes secesionistas. No, no fue así y hasta el propio Sánchez recordó que él traería a España al prófugo y lo sentaría en el banquillo. Ahora no vale decir que no hubo delitos. Los hubo, sin ninguna duda, y lo que sí puede hacer el gobierno fue lo que hizo Sánchez en 2022: indultar (pese a los reparos del Tribunal Supremo) a quienes fueron juzgados con todas las garantías y condenados. A nadie puede extrañar que sean tan pocas las personas y los juristas, siempre en el entorno de Sánchez, que defiendan lo indefendible: borrar los delitos y acusar a quienes los detectaron, examinaron y juzgaron.

Las dificultades crecen por doquier para el prófugo y para Sánchez, su rehén cautivo en La Moncloa. La Eurocámara le retiró la inmunidad parlamentaria el 8 de marzo de 2021 y el Tribunal General de la UE ratificó la decisión el 5 de julio de 2023, y su situación está pendiente de que el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) confirme esa decisión. El dictamen elaborado por la Comisión de Venecia sobre la amnistía deja muy claro que si bien “las amnistías están motivadas por razones de reconciliación social y política” deben salvaguardar el imperio de la ley y la seguridad jurídica. La Comisión considera inapropiado recurrir a los procedimientos legislativos acelerados “para adoptar leyes de amnistía, dadas sus consecuencias de largo alcance”, aconseja establecer criterios generales y “acotar y definir de manera más precisa el ámbito material y temporal de aplicación de la amnistía para hacer más previsibles sus efectos”, y recomienda sean aprobadas por “una mayoría cualificada superior a la mayoría absoluta (la mitad más uno)”, como, por cierto, ocurrió con la Ley de Amnistía de 1977. Y subraya, por último, que “se debe confiar al poder judicial la decisión de si personas específicas cumplen los criterios generales”.

Pues bien, la  amnistía aprobada por Sánchez a instancias de los golpistas obtuvo una mayoría exigua, 178 votos a favor y 172 en contra, en el Congreso e incumple el resto de condiciones al haber sido tramitada por el procedimiento de urgencia y no respetar el  imperio de la ley ni proporcionar seguridad jurídica al amnistiar actos (como la malversación de fondos públicos y realización de actos terroristas) genéricos durante un período de tiempo prolongado calificados como delitos en los ordenamientos jurídicos español y europeo. Reynders, no sólo pidió información adicional al gobierno español sobre “el ámbito de aplicación personal, material y temporal de esta ley [de amnistía] prevista”, una acción calificada como insólita por el subdirector de un diario afecto al régimen ‘sanchista’, sino que confirmó hace unos días en respuesta a una pregunta formulada por los eurodiputados de Ciudadanos, que la aplicación de la amnistía quedaría en suspenso hasta que el TJUE “resuelva las cuestiones prejudiciales que le planteen los tribunales nacionales”. Así que si un tribunal español plantea una cuestión prejudicial, como ocurrirá con toda seguridad en el caso de la LOA, la normativa comunitaria “exige suspender el procedimiento pendiente ante el órgano jurisdiccional remitente a la espera de la respuesta del Tribunal de Justicia”, concluye Reynders.

El prófugo puede dar ya por descontado que incluso si el Congreso aprueba la LOA tras su previsible rechazo en el Senado, le quedan bastantes meses por delante en el ‘exilio’, con independencia de los resultados que obtenga su partido en las elecciones autonómicas del 12 de mayo y en las elecciones europeas en junio. Pero lo más interesante es que ese compás de espera abre la puerta a que el TJUE confirme la retirada de su inmunidad como europarlamentario y pueda ser reclamado por la justicia española. Sánchez prometió en el Congreso traerlo a España para juzgarlo y pese a todos los esfuerzos que ha hecho desde entonces para incumplir su promesa, todo apunta a que va a fracasar en su intento de amnistiarlo y propiciar su regreso triunfal a Cataluña para recuperar lo que le fue ilegítimamente arrebatado: la presidencia del gobierno de la Generalidad de Cataluña. Ni las argucias de Sánchez y Bolaños van a permitirle regresar del exilio como un héroe capaz de doblegar al Estado.  

Buena prueba del escaso alcance político y jurídico de los acuerdos alcanzados por el PSOE-PSC con Junts y ERC y el largo y tortuoso recorrido que aguarda a la implementación de la LOA en los tribunales es que el gobierno de Sánchez ha renunciado ya a presentar los Presupuestos Generales del Estado, una iniciativa imprescindible para dar la sensación de que la XV Legislatura tiene recorrido y el gobierno de Sánchez se encuentra en condiciones de abordar los problemas sociales y económicos de los ciudadanos. Y como no se va a implementar la amnistía a corto y medio plazo y se puede dar por agotada antes de iniciarse. La caída de Sánchez es inminente y la mayoría de ciudadanos, bien tengan inclinación socialdemócrata bien de centroderecha, contemplamos con alivio el fracaso del mayor ataque al orden constitucional perpetrado por dos partidos, PSOE y PSC, que han rebajado la política a una lucha descarnada por controlar todas las instancias del Estado con el único propósito de mantenerse en el poder.

La legislatura no está blindada (bis)

12-M: elecciones en Cataluña

Adjunto enlace a mi último artículo publicado desde el Observatorio Económico y Social de España y Cataluña (OBESCAT) en el diario El Liberal el 23 de marzo de 2024. Agradezco de antemano su ayuda para difundirlo entre sus amigos y contactos.

La celebración de los diputados de ERC y Junts en la puerta del Congreso el 14 de marzo tras aprobarse la ley ‘integral’ de amnistía por una ajustada mayoría (178-172) no fue sino una breve pausa en la pelea de ambas formaciones por conquistar el menguado espacio electoral que respaldó el proceso secesionista liderado por la coalición de ambos partidos (Junts pel Sí) en 2016 y 2017. El panorama actual poco tiene que ver con el del otoño de 2015 y buena prueba de ello es que Aragonès anunciara un día antes la aprobación de la ley de amnistía la celebración de elecciones anticipadas el próximo 12 de mayo (12.M). La razón esgrimida fue el rechazo de los presupuestos de la Generalidad para 2024 en una votación en la que los  31 diputados de Junts, votaron junto a los 11 de Vox, los 9 de la CUP, los 8 de ECP 8, los 6 de C’s 6 y los 3 del PP. A los 33 de ERC y a los 33 diputados del PSC sólo se sumó una diputada de Junts que abandonó la disciplina del partido hace unos meses.

ERC y Junts enfrentados

Las discrepancias personales y tácticas de los líderes de ambos partidos sobre el camino a seguir, una vez consumada la destitución del gobierno de la Generalidad y la disolución del Parlamento el 27-O de 2017, se agravaron tras la fuga del expresidente a Bélgica pocas horas después Ni el gobierno presidido por Torra, el hombre elegido a dedo por el prófugo para representarle en Cataluña, tras las elecciones celebradas dos meses después, ni el gobierno presidido en funciones por Aragonés tras la inhabilitación de Torra, ni el gobierno de coalición formado tras las elecciones de 2021 permitieron recomponer la entente entre ambas formaciones y acordar un programa común para alcanzar el objetivo prioritario compartido por ambas: la independencia. Prueba cabal de la falta de entendimiento entre ambas formaciones es que Aragonés, tras muchos tiras y aflojas, acabó por destituir a todos los consejeros de Junts y se lanzó a gobernar en solitario en septiembre de 2022. Funcionó durante algunos meses hasta el pasado 12 de marzo.

Se ha especulado si Aragonés se ha decidido a dar este paso para pillar con el pie cambiado a Junts que esperaba que las elecciones catalanas se convocarían una vez aplicada la amnistía de modo que el prófugo podría regresar a Cataluña sin riesgo de ser detenido para ser de nuevo el candidato de Junts a presidir el gobierno de la Generalidad, un honor que a su juicio le corresponde por derecho propio al considerar ilegítima su destitución en 2017. Más plausible encuentro achacar la decisión de Aragonés a que una vez tumbados los presupuestos considerara improductivo prorrogar unos meses más su gobierno habida cuenta que la inestabilidad del gobierno de Sánchez hace inviable alcanzar acuerdos de calado sobre el principal asunto que ERC considera prioritario ahora: establecer un sistema de financiación singular para Cataluña que permita al gobierno de la Generalidad recaudar todos los impuestos generados en su territorio. Sin visos de poder exhibir el premio gordo antes de las elecciones de poco iba a servirle prorrogar unos meses la legislatura.

Recuperar lo que me fue ilegítimamente arrebatado

El proceso de negociación y la aprobación de la ley de amnistía han dado alas al prófugo que ha tardado apenas una semana en comparecer ante los medios para anunciar exultante su candidatura a presidir el gobierno de la Generalitat y recuperar el honor que le fue arrebatado ilegítimamente el 27-O. El prófugo dejó también muy claro que vuelve no para seguir hablando de pactos de financiación con el Estado represor. ni para normalizar la vida institucional, política y social Cataluña, como reza el título de la Ley Orgánica de Amnistía, sino para retomar el proceso secesionista en el punto donde quedó abortado por la aplicación del artículo 155 y llevarlo a su lógica conclusión: la realización de un referéndum de autodeterminación puro y duro, sin subterfugios. Esta posición me recuerda las palabras que pronunció el expresidente Pujol durante el coloquio celebrado tras presentar el informe “La cuestión catalana, hoy” en el Circle de Economía de Barcelona en 2014: el tiempo de mejorar la financiación ha expirado, nos dijo.

Más allá de una llamada a la unidad de todos los independentistas (bajo su liderazgo, claro está) de cara a la galería, las andanadas que ha mandado a ERC son auténticas cargas de profundidad. El pecado que descalifica a los republicanos para continuar liderando el movimiento secesionista es haber aceptado ser detenidos, juzgados y encarcelados, una vergonzante sumisión a las instituciones del Estado opresor que los descalifica para conducir al pueblo catalán a la independencia. La tibia actitud de ERC contrasta con su rechazo frontal a someterse a semejante humillación y tomar el duro pero ‘digno’ camino del exilio, hasta doblegar al Estado y obligar al gobierno de Sánchez a negociar directamente con Junts la ley de amnistía en el extranjero, una ley que, como se encargó de recordar en su comparecencia, los líderes del PSOE de Sánchez consideraban rotundamente inconstitucional hasta hace pocos meses. No cabe duda de que puede sentirse orgulloso de haber doblegado a Sánchez, a Illa, a tantos ministros (Calviño, Calvo, Marlaska, Campos, etc.) y líderes del partido (Lastra, Patxi, etc.) a tragarse sus palabras y hacer concesiones que ningún gobernante respetuoso con el Estado de derecho habría hecho.

¿Habrá vuelco electoral?

¿Volverá a ser presidente el prófugo? Tendremos que esperar hasta el 12-M para contestar la pregunta. De momento, sólo cabe hacer algunas conjeturas a partir de los resultados del último barómetro publicado por el Centre d’Estudis de Opinió (CEO). El barómetro fue completado entre el 9 de febrero y el 7 de marzo de 2024 por lo que se puede afirmar con bastante seguridad que el efecto de la aprobación de la LOA estaba ya más que descontado, como suelen decir los analistas financieros cuando se concreta un hecho anticipado. A falta de conocer el efecto que puedan tener la confirmación de la candidatura del prófugo y la dura campaña electoral que se avecina, los resultados en el Gráfico 1 indican que no habrá vuelco electoral el 12-M.

Gráfico 1. Estimación de escaños y horquillas de los principales partidos

Mucho tendrían que cambiar las cosas para que se produzca un vuelco que permita al prófugo recuperar la presidencia sin contar con ERC. Y de ser así, la probabilidad de reeditar el gobierno de coalición con ERC, como ocurriera ya en 2016, resulta casi despreciable, si como los resultados del barómetro apuntan ERC y PSC podrían rondar la mayoría absoluta el 12-M. Ahora bien, la posibilidad de que se constituya un gobierno de coalición entre ERC y PSC, o incluso un gobierno tripartito que incluyera también a ECP, dejaría a Junts fuera de juego y podría llevar al prófugo a no respaldar los PGE de Sánchez en el Congreso el próximo otoño, y quién sabe si incluso a dejar caer el gobierno absteniéndose en una hipotética moción de censura. Así podría dejar claro a sus electores que él lidera la única fuerza política que sabe a dónde quiere llevar a su ‘pueblo’ y no pacta a cambio de más recursos y más autonomía. Migajas, al fin y al cabo.

La única conclusión que cabe extraer de la Operación Exhumación II pilotada por Sánchez, Bolaños y Cerdán es que le han hecho un flaco servicio a Illa al devolver a la vida política a quien era ya prácticamente un cadáver viviente en Bruselas, máxime después de que la Eurocámara y el Tribunal General de la UE acordaran retirarle la inmunidad parlamentaria. Al candidato del PSC, acorralado entre las demandas de los secesionistas con los que tendría que pactar para gobernar en caso de ganar las elecciones el 12-M, como ocurriera ya en 2003 y 2007, y las dudas que planean sobre los millonarios contratos concedidos cuando era ministro de Sanidad durante la pandemia, la campaña electoral se le va a hacer muy, muy larga. La presencia de Sánchez en Cataluña sólo servirá para recordar al electorado el decisivo papel que ha jugado el PSOE en la resurrección política del prófugo de la justicia.

Ahí tiene el PP una buena oportunidad para comenzar a rehacer el partido en Cataluña, tras la debacle sufrida a partir del momento en que Sánchez-Camacho decidió convertirlo en la muleta de Más entre 2010 y 2012. Si sus líderes nacionales y autonómicos no titubean y son capaces de trasladar a los catalanes que rechazan la independencia, 51 % según el barómetro del CEO, un proyecto atractivo y realista, libre de los peligros que entraña una reedición de los gobiernos tripartitos (PSC, ERC,r ICV-EUiA, 2003-2010) que fueron la antesala del auge del secesionismo, el PP podría atraer a votantes desencantados con el PSC y Ciudadanos, un partido al que el barómetro deja fuera del Parlamento de Cataluña. Por ello, resulta harto llamativa la escasa atención que Feijóo ha prestado a reforzar su partido en Cataluña hasta el momento y la parálisis en que está sumido por las dudas sobre quién será el candidato el 12-M. La situación del constitucionalismo en Cataluña (con tan sólo 20 diputados en la pasada legislatura) es tan preocupante que  PP y C’s deberían ser capaces de acordar un programa común y sumar fuerzas en lugar de concurrir separados, algo que las últimas noticias publicadas indican no va a suceder.

ANÁLISIS / 12M: elecciones en Cataluña