¿Hasta dónde tensarán Aragonés y Borràs la cuerda?

Artículo publicado desde el Observatorio Económico y Social de Cataluña (OBESCAT) en el diario El Liberal el 29 de mayo de 2021. Agradezco de antemano su ayuda para difundirlo entre sus amigos y conocidos:

Escribir acerca de la situación política en Cataluña es una suerte de ejercicio melancólico. La noria sigue girando y girando, pero los sucesivos capataces al frente de la empresa siguen sin dar con las ansiadas pepitas de oro y la trayectoria política de todos ellos ha acabado como el rosario de la aurora: Mas acosado por la sombra de la corrupción fue expulsado por las aguerridas ‘cuperas’ y su partido PDeCat, heredero de la todopoderosa CiU, ha quedado reducido a cenizas; Puigdemont y todos sus consejeros fueron destituidos tras culminar el golpe de estado el 27 de octubre de 2017, unos acabaron siendo juzgados por el Tribunal Supremo y condenados a diversas penas de cárcel, y el resto permanecen prófugos de la Justicia; y Torra acabó su sincopado mandato como correveidile de Puigdemont siendo inhabilitado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, una sentencia ratificada posteriormente por el Tribunal Supremo.

Desde que Mas decidió en septiembre de 2012 ponerse al frente del movimiento independentista, Cataluña permanece sumida en el desgobierno, como así lo atestiguan que se hayan celebrado 5 elecciones autonómicas desde noviembre de 2010, que dos de los tres presidentes del gobierno de la Generalidad hayan sido inhabilitados, y que el tercero continúe en Waterloo presidiendo el Consejo de la inexistente República Catalana. En lugar de gestionar el ‘país’ como a ellos les gusta denominar a la CA de Cataluña, los tres se dedicaron en cuerpo y alma a organizar consultas ilegales (9-N 2014 y 1-O 2017), a crear estructuras de estado y a aprobar normas inconstitucionales, desafiar a Tribunales y Juntas Electorales, etc. A incumplir, en suma, la Constitución, el Estatuto de Cataluña y el resto del ordenamiento jurídico, aduciendo para ello haber recibido un supuesto mandato del ‘pueblo’ de Cataluña para culminar la secesión de España.

Tambores de guerra

La XIII Legislatura tampoco ha comenzado con buen pie. El 12 de marzo, Maragall, exconsejero de Educación de Montilla y de Acción Exterior de Torra, dirigió, en calidad de presidente de la mesa de edad, la sesión constitutiva en que Borràs, la candidata de Puigdemont, fue elegida en segunda votación presidenta del Parlamento de Cataluña con el respaldo de tan sólo 64 de los 135 diputados de la Cámara. Sus primeras palabras de salutación fueron para los dos expresidentes ausentes del gobierno de la Generalidad, Puigdemont y Torra, el primero represaliado y el segundo inhabilitado arbitrariamente, según Borràs. Pasó a renglón seguido a denunciar los intentos de laminar, controlar e incluso abolir “la tozuda voluntad de ser y persistir de un pueblo” que no se somete a ninguno, siendo el más reciente ejemplo de esas prácticas la aplicación del artículo 155 de la Constitución española que supuso “el cese de nuestro gobierno y la disolución de esta cámara”.

Tras reivindicar el papel jugado por Forcadell al frente del Parlamento de Cataluña, Borràs se comprometió “a trabajar para devolver a esta cámara la dignidad y para concederle la relevancia política que le corresponde como sede de la soberanía del pueblo y protegerla para que sea una institución soberana”. Lo más chocante de su intervención es que Borràs reivindicara la separación de poderes en nombre de la libertad, cuando en su intervención ella no había cesado de cuestionar la labor de otros poderes ejecutivos y legislativos del Estado, así como de los tribunales de justicia. ¡Extravagante y disparatada concepción de la separación de poderes la de la nueva presidenta del Parlamento que, como su admirada antecesora, niega al resto de poderes del Estado ejercer sus funciones sin interferencias!

La investidura de Aragonés García como nuevo presiente del gobierno de la Generalidad también nos ha dejado algunas perlas que anticipan una tensa legislatura. El candidato inició su  discurso de investidura manifestando que presentaba “su candidatura a la presidencia de la Generalidad para hacer posible culminar la independencia de Cataluña, para hacer inevitable la amnistía y el ejercicio del derecho a la autodeterminación, gobernando para toda la ciudadanía, gobernando para el país entero”. Empezamos bien pidiendo peras al olmo en un calculado ejercicio de cinismo propagandístico. Aragonés García sabe muy bien que la amnistía y el ejercicio del derecho de autodeterminación son dos objetivos que ningún gobierno de España puede satisfacer, pero estos son, sin embargo, los dos objetivos centrales de su gobierno.

Al igual que Borrás, Aragonés García incurre en una contradicción cuando establece el ejercicio del derecho de autodeterminación como uno de los objetivos de su gobierno y afirma inmediatamente su compromiso de gobernar para toda la ciudadanía, para el país entero. Pues bien, el mejor resultado que han obtenido hasta ahora los partidos que abanderan la independencia de Cataluña se produjo en las elecciones autonómicas celebradas el 21 de diciembre de 2017: 2.079.340. En las elecciones celebradas el pasado 14 de febrero, ERC, JxC y CUP obtuvieron únicamente 1.408.006 votos. Resulta inaceptable con estas cifras en la mano justificar que el objetivo principal del nuevo gobierno sea ejercer el derecho de autodeterminación y mantener la fractura social que ya ha provocado. Está claro que Aragonés, como sus nada honorables antecesores en el cargo desde Mas, no va a ser el presidente de todos los catalanes sino el líder más visible del movimiento independentista cuyos representantes en el Parlamento apoyaron su investidura. Dicho lisa y llanamente: usted no quiere ser el presidente de todos los catalanes.

Sánchez ofrece la pipa

Pese al demoledor informe del Tribunal Supremo (TS) con relación a la solicitud de indulto para los líderes independentistas, juzgados y condenados por sedición y malversación de fondos, el presidente Sánchez y varios miembros de su gabinete han reiterado la intención del gobierno de España –apuntada ya por la vicepresidenta Calvo cuando se conocieron los informes contrarios al indulto de la Fiscalía de la Sala Segunda del TS a finales de diciembre de 2020- de indultar a los condenados “en conciencia a favor de la convivencia entre todos los españoles”. Tampoco Sánchez anda muy listo en su fraseo porque ni los condenados han pedido la gracia del gobierno de España ni hay ninguna razón para suponer que el indulto mejore la convivencia “entre todos los españoles”, porque entre otras cosas, ni Aragonés ni Borràs se sienten parte del colectivo -españoles- invocado por Sánchez.

Quienes sí nos sentimos preocupados por su intención de indultar a los golpistas de 2017 somos la mayoría de los españoles, especialmente quienes residimos en Cataluña. ¿Pero cómo se le ocurre a usted plantearse siquiera el indultar a quienes han incumplido la Constitución, el Estatuto de Cataluña y el resto del ordenamiento jurídico? ¿De veras se puede indultar a quienes han convertido las prisiones de Cataluña en un anexo del Palacio de la Generalidad, durante el poco tiempo que allí han pernoctado, y se han jactado de que volverán a intentarlo en cuanto puedan? ¿No le parece ya suficiente el daño que han hecho enfrentando a la mitad de los catalanes contra la otra mitad y a esa primera mitad contra la inmensa mayoría de los españoles? El presidente González del que tuve el honor de ser asesor económico entre 1990 y 1993, lo dejó muy claro en su reciente entrevista en Antena 3: “en estas condiciones, yo no haría el indulto”. Ninguna persona consciente del valor que tiene preservar el entramado institucional del Estado y el imperio de la ley lo haría.

Quizá su omnisciente jefe de gabinete y de la oficina de prospectiva está convencido de que la cuadratura del círculo es posible. Pues bien, me atrevo a hacer un pronóstico en contra: si los indulta, ni los 69.578 millones solicitados a Bruselas para el Plan de Recuperación, Modernización y Resiliencia, ni la Agenda 2030 ni el Plan 2050 van a salvarle en las próximas elecciones. Comprendo la tentación de ceder ante dos de sus avalistas en el Congreso (ERC y JXC) que están tensando la cuerda desde Cataluña, pero no se preocupe por ellos porque no van a disparar la flecha: usted es, hoy por hoy, el mejor aliado al que pueden aspirar en La Moncloa. Siga el consejo de González si quiere conservar el apoyo de muchos votantes del PSOE, y expóngase a sufrir una auténtica sangría de votos, si opta por indultarlos, incluso, fíjese bien lo que le digo, en Cataluña.

Proceso insurreccional y desgobierno en Cataluña (III)

Adjunto enlace a mi último artículo publicado desde el Observatorio Económico y Social de Cataluña (OBESCAT) en el diario El Liberal. Agradezco de antemano su ayuda para difundirlo entre sus amigos y conocidos:

Proceso insurreccional y desgobierno en Cataluña (III)

Proceso insurreccional y desgobierno en Cataluña (I)

Adjunto enlace a mi último artículo publicado desde el Observatorio Económico y Social de Cataluña (OBESCAT) en el diario El Liberal. Agradezco de antemano su ayuda para difundirlo entre sus amigos y conocidos:

Proceso insurreccional y desgobierno en Cataluña (I)

Estertores amarillos en la Diada 2020

Artículo publicado desde el Observatorio Económico y Social de Cataluña (OBESCAT) en el diario El Liberal el 19 de septiembre de 2020. Agradezco de antemano su ayuda para difundirlo entre sus amigos y conocidos:

Estertores amarillos en la Diada 2020

GenCat: una Administración sobredimensionada y cara

Artículo publicado en el Observatorio Económico y Social de Cataluña (OBESCAT) en el diario El Liberal (Vozpópuli) el 7 de junio de 2020.

‘A més a més’… queremos más. Sí más recursos hasta que proclamemos la independencia. Así podría resumirse las últimas exigencias del presidente del gobierno de la Generalidad al presidente del Gobierno del opresor Estado español. La desvergüenza del político mejor pagado de España, 153.235,50 €, con permiso de Torrent, presidente del Parlamento de Cataluña (137.762,46 € más indemnización de 25.848,48 € por gastos alojamiento y manutención), no tiene límites. Los medios cifraban entre 9.000 y 13.000 millones el coste de las exigencias que el presidente Torra hizo llegar a Sánchez en una de las últimas reuniones de presidentes Autonómicos a finales de mayo. A la hora de terminar de escribir este artículo, algunos medios cifran en 15.000 millones la cantidad que Torra reclamará a Sánchez en la reunión de presidentes de mañana, sólo para cubrir los gastos extraordinarios ocasionados por la crisis del Covid-19.

Pero no se llamen a engaño, el asunto va mucho más allá de hacer frente a las necesidades ocasionadas por la crisis actual. Mas ya presentó un memorándum con 23 reclamaciones a Rajoy en julio de 2014, pocos meses antes de realizar la primera consulta de autodeterminación el 9-N. Y Puigdemont, ni corto ni perezoso, las amplió a 46 nada más ponerse al frente del gobierno de la Generalidad. La intención ahora de Torra-Puigdemont, Aragonés-Junqueras y Cía. es continuar financiando el ‘prusés’, no con los notables recursos con que ya cuenta la Generalidad de Cataluña, sino con dinerito nuevo como el que el Estado opresor ha venido inyectando, a través de los mecanismos extraordinarios de financiación, desde 2012. Tienen prisa por cobrar antes de que el ‘pueblo catalán’ -un eufemismo empleado por los políticos independentistas para referirse a la fracción de ciudadanos que los apoyan- ejerza su inalienable derecho a la autodeterminación y proclame la independencia de Cataluña.

La realidad pura y dura es que el mini estado en que Pujol, Maragall, Montilla, Mas, Puigdemont y Torra han convertido a la Generalidad de Cataluña es ya una boca insaciable, cuyos gobernantes no tienen inconveniente en disfrazarla con harapos para aparentar maltrato económico por parte del Estado y justificar la necesidad imperiosa de obtener más recursos para Cataluña que ayuden a transitar más confortablemente el arduo camino hacia la independencia. Recursos que van acumulando una deuda ingente que, no les quepa ninguna duda, pretenden dejar en herencia al resto de los españoles. Lo peor del caso es que desde 1993 no han faltado gobernantes en España dispuestos, por unas docenas de votos, a encajar sin inmutarse estas ‘pujoladas’ traperas. De todos ellos, Sánchez es el caso más patético, puesto que ha dependido de sus votos desde el mismo día de su truculenta investidura.

Las 40 principales

Las 40 principales razones esgrimidas en esta ocasión son, como ocurría con los memorándums de agravios presentados por sus antecesores, un batiburrillo de reclamaciones, algunas cuantificadas, incluso por duplicado, otras todavía por cuantificar. Entre las primeras se incluyen las siguientes: el cambio en la gestión del IVA (217 millones); supuestos impagos varios acumulados (1.509,3 millones), creación inmediata del fondo Covid-19 (con 4.000 millones para Cataluña) más los costes ya asumidos por la crisis del Covid-19 (2.300 millones); ayudas al transporte público (500 millones); fondo de políticas activas de empleo (250 millones); plan nacional de vivienda (400 millones para Cataluña); y fondo para pago de alquileres por Covid-19 (29 millones para Cataluña).

Entre las reclamaciones sin cuantificar, encontramos varias que afectan a competencias transferidas, otras muy vagas y algunas sencillamente disparatadas cuando no absurdas. Entre las primeras, por ejemplo, sorprende que Torra y Aragonés exijan más recursos al Estado para poner a punto el sistema educativo el próximo curso o reclamen activar una prestación económica para resarcir a las familias por el cuidado prestado a los niños. El celo con que defienden sus competencias transferidas en Educación y denuncian las interferencias ‘recentralizadoras’ del Estado, queda momentáneamente aparcado en cuanto ven dinero por medio. Entre las peticiones inicialmente difusas, se encontrarían las exigencias de relanzar la economía catalana y proporcionar ayudas a PYME, para las que Torra reclama ahora 5.000 millones procedentes del Mecanismo Europeo de Estabilidad que naturalmente quiere administrar el Gobierno de la Generalidad. Y entre las más absurdas, la suspensión de recaudación de los tributos estatales mientras dure el estado de alarma y la reducción al 10% del IVA a empresas de servicios deportivos, cuando el gobierno de la Generalitat y los municipios de Cataluña no han eximido a los catalanes de pagar sus propios impuestos durante estos meses. Por cierto, si los Ayuntamientos de Cataluña presentan un superávit de 2.500 millones que Torra reclama poder movilizar, ¿no sería un buen momento para bajarnos los elevados impuestos y tasas que pagamos los catalanes?

Una administración sobredimensionada

No hay duda de que la Generalitat cuenta con un imponente plantel de recursos humanos que en un plis plas redactan cuantos memorándums hagan falta, repletos de decenas de agravios insoslayables, una suerte de carta a los ‘reyes’ tontos, que no magos, instalados desde hace ya demasiados años en el palacio de La Moncloa. En 2018, la última fecha disponible, el sector público en Cataluña contaba con 212.956 empleados estructurales y 40.608 trabajadores coyunturales, 253.564 en total. De ellos, 144.846 estaban encuadrados en los departamentos de la Generalitat y 108.718 en Entidades autónomas (2.885), Otros entes públicos (1.264), el Instituto Catalán de la Salud (45.837), Sociedades mercantiles (4.540), Entidades de derecho público (13.664), Consorcios (31.679), Fundaciones (8.541) y otros Entes del Sector Público (308).

Para hacernos una idea cabal de si estas cifras son altas o bajas, nada mejor que compararlas con una Comunidad de tamaño similar en términos de población. Según las últimas estimaciones del INE, Cataluña tenía una población de 7.609.409 el 1 de julio de 2019, 16,16% de la población de España. Podíamos, por tanto, haber elegido Andalucía, con una población de 8.446.561, 17,93% de la población de España, o la Comunidad de Madrid con 6.685.471 habitantes y 14,19% de la población total. Finalmente, opté por Madrid para que la comparación no resultara incluso más favorable para Cataluña. En el caso de Madrid, las cifras disponibles para 2018 indican que la Comunidad contaba con 172,501 empleados (plantilla, laborales y temporales) en el Sector Público, distribuidos entre todas las Consejerías y OO. AA. (156.027) y Entes públicos (16.474). Esta cifra, como es evidente, es considerablemente inferior a los 253.564 empleados (estructurales y coyunturales) en el Sector Público en Cataluña.

Cuadro 1. Empleados del Sector Público por 1.000 habitantes en Cataluña y Madrid

Fuentes: INE, Presupuestos de la Generalitat de Cataluña y Comunidad de Madrid, Empleados en el Sector Público en Cataluña y Madrid.

Para evitar el sesgo poblacional, el Cuadro 1 presenta los empleados en el Sector Público de ambas Comunidades por 1.000 habitantes. Como el lector puede comprobar en las dos primeras filas, la cifra de empleados en Cataluña, 33,32, supera holgadamente las de Madrid, 25,80. Conviene destacar que esa diferencia no puede achacarse al hecho de que Cataluña cuenta con una policía autonómica, los Mozos de Escuadra, porque incluso si eliminamos completamente los 22.016 empleados en la Consejería de Interior el número de empleados en el sector público de Cataluña por 1.000 habitantes, 30,43, continúa siendo bastante superior al de Madrid, 25,80.

 Resulta instructivo examinar también las diferencias de dimensión entre ambas Comunidades en tres servicios públicos esenciales, Sanidad, Educación y Justicia, que aparecen desglosados en las tres últimas filas del Cuadro 1. El lector puede constatar en la tercera columna que esa diferencia es favorable a Cataluña en los tres casos, especialmente en Educación y Justicia, donde las diferencias expresadas en términos porcentuales alcanzan 51,7% y 80,2%, respectivamente. Con los datos en la mano que acabo de presentarles sólo un cínico puede concluir, y un necio admitir, que la Generalidad de Cataluña está peor financiada que otras Comunidades Autónomas.

El Cuadro 1 nos permite también extraer una segunda conclusión muy interesante sobre el sobredimensionamiento del aparato administrativo de la Generalitat. En el cruce de la tercera fila con la segunda columna, aparece el número de empleados públicos por 1.000 habitantes, 3,23, en todas las Consejerías y OO. AA. de la Comunidad de Madrid.  Esta cifra se obtiene dividiendo el número de empleados en todas las Consejerías y OO. AA., 21.699, por la población en miles. Aunque no disponemos de una cifra similar para Cataluña, podemos aproximarla sin incurrir en sesgos en contra de Cataluña.  Para ello, he deducido del total de empleados de la Generalitat sin Sector Público (212.956), la totalidad de los trabajadores de la Generalitat en Educación (83.091), Interior (21.834), Justicia (13,867) y Sanidad (67,748), aun a sabiendas de que un porcentaje significativo de dichos trabajadores desempeñan tareas administrativas. A la cifra obtenida, 26.416, le he sumado los 2.885 trabajadores en OO. AA. de la Generalitat. La cifra final, 29.331, supera en 7.632 los empleados en la Comunidad de Madrid (21.699). Para corregir este exceso de empleados por la mayor población de Cataluña, el Cuadro 1 presenta el número de empleados por 1.000 habitantes, 3,85, que supera también holgadamente al de Madrid, 3.23. La diferencia a favor de Cataluña es de 0,62 puntos porcentuales y en porcentaje de 19,2%. Los resultados son contundentes: incluso haciendo un cálculo sesgado favorable a la Generalidad, resulta imposible no llegar a la conclusión de que la Administración de Cataluña está sobredimensionada respecto a la de la Comunidad de Madrid.

 Y además muy cara

En los Presupuestos de la Generalitat aprobados para 2020, las partidas de gasto de personal ascienden a 6.573,5 millones para la Generalitat y 11.909,3 millones (consolidados) para el conjunto del Sector Público, por lo que podemos deducir que la diferencia 5.335,8 =11.909,3 – 6.573,5 es el gasto en personal presupuestado para el resto del sector público. Aunque el número de empleados estén referidos a 2018 en ambas Comunidades, y las partidas de gasto en personal a los presupuestos de 2020 en el caso de Cataluña y 2019 en el caso de Madrid, las cifras proporcionan una idea bastante precisa de la diferencia salarial de los empleados públicos en las Comunidades de Cataluña y Madrid.

 Cuadro 2. Población, Ocupados Sector Público y Gasto en personal

Fuentes: INE, Presupuestos de la Generalitat de Cataluña y Comunidad de Madrid, Empleo en el Sector Público en Cataluña y Madrid.

 El salario medio de los empleados en el conjunto del Sector Público de la Generalitat de Cataluña es 46.968€ y en la Comunidad de Madrid 42.090€. La diferencia es sustancial 4.818 € por empleado y 11,16% en porcentaje. Multipliquen ustedes el número de empleados del Sector Público en Cataluña (253.564) por 4.818 y obtendrán la nada despreciable cifra de 1.221,7 millones de exceso de gasto en personal en Cataluña. Sobre un PIB de Cataluña, estimado por el INE en 228.682,1 millones en 2018, el exceso de gasto en personal es 0,53% del PIB, aunque el impacto del sobredimensionamiento de la Administración de la Generalidad es seguramente bastante superior, puesto que el mayor número de empleados en Cataluña conlleva también más compras de bienes y servicios e inversiones.

 Que siga la fiesta

Son bien conocidas las abultadas diferencias que existen entre los sueldos del presidente Torra (153.235,50 €) y del presidente Sánchez (83.080,02), entre las retribuciones de los consejeros de la Generalitat (115.117,04 €) y de los Ministros de España (entre 73.300,80 € el Ministro de Fomento y 86.912,70 la Ministra de Defensa), y entre las del presidente del Parlamento de Cataluña (163.610,94 €)  y de la presidenta del Congreso. (118.160 €). Ahora tenemos la certeza de que estos abultados diferenciales, incomprensibles a tenor de las responsabilidades desempeñadas por unos y otros, permean toda la escala salarial de los empleados públicos de la Generalidad de Cataluña.

Se mire como se mire, la Generalidad de Cataluña ha puesto en pie una administración sobredimensionada respecto al resto de Comunidades Autónomas. Además, lo ha hecho a lo grande, fijando sueldos a gobernantes, políticos y empleados públicos muy superiores a los percibidos por sus homólogos en las restantes Administraciones Públicas españolas. La contrapartida a estos excesos de la Generalitat de Cataluña son los altos impuestos y tasas que soportamos los catalanes, cargas que restan vigor al consumo y a su cada día más debilitado tejido empresarial, y elevan la enorme deuda pública que la Generalitat ha venido acumulando desde 2008. Una deuda contraída casi exclusivamente con el Tesoro del Reino de España que, como les decía al principio del artículo, los líderes independentistas confían dejar en herencia al resto de españoles en caso de lograr la independencia.

Lo asombroso del caso es que todos los gobiernos españoles desde 1993 hayan permitido estos derroches y los hayan seguido financiando hasta hoy, incluso después de que los gobiernos de la Generalidad y el Parlamento de Cataluña decidieran en 2012 apostar abiertamente por la independencia y realizaran varias oleadas de consultas municipales, dos consultas a nivel Cataluña el 9-N en 2014 y el 1-O de 2017, promovidas y financiadas por la Generalidad de Cataluña. Quiero recordar que sólo el despliegue de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en Cataluña por la última consulta le costó al Estado 87 millones que no se han reclamado a la Generalidad. Una tragicomedia carísima a la que no se le ve fin cercano, porque Sánchez, desde que llegó a La Moncloa, aupado por partidos separatistas y populistas el 1 de junio de 2018, está en sus manos y todo indica que predispuesto a seguir pagándoles la fiesta.

No, los independentistas no lo habrían hecho mejor en Cataluña

Artículo publicado en el Observatorio Económico y Social de Cataluña (OBESCAT) del diario elliberal.cat (Vozpopuli) el 10 de mayo de 2020.

https://www.vozpopuli.com/elliberal/economia/independentistas-hecho-mejor-Cataluna_0_1353764740.html

Cualquier persona medianamente sensible y dispuesta a reconocer y aceptar a otra, no importa si próxima o lejana, como su prójimo, se habrá sentido conmovido por la tragedia humanitaria que están viviendo tantas y tantas personas en todos los rincones del planeta. Pero lo quieras o no, los nuestros, los más cercanos, conocidos o anónimos, nos tocan un poco más la fibra sensible, aunque sólo sea porque a algunos de ellos son amigos, compartimos el ascensor con ellos, o porque sencillamente forman parte del imaginario compartido. Por respeto a las víctimas, durante todas estas semanas críticas, he procurado centrar mi atención en examinar con rigor la crisis sanitaria y económica ocasionada por la irrupción del Covid-19 en España, sin preocuparme si las víctimas eran madrileñas, barcelonesas o ponferradinas. Ante la magnitud de la catástrofe, lo relevante como ciudadano era seguir atentamente la evolución de la epidemia y como profesional de las ciencias sociales valorar la gestión del gobierno y el impacto de la crisis en el PIB, la ocupación y el paro.

Pero la mala catadura forma parte de la condición humana y asoma su fea cabezota incluso en situaciones dramáticas, cuando casi todos intentamos sacar lo mejor de nosotros mismos y dejar a un lado fobias y miserias. Durante esta crisis humanitaria, los ‘indepes’ en Cataluña han vuelto a asombrarnos y a abochornarnos con tuits en que se regocijaban de ver a los madrileños ascender al cielo llevados en volandas por el coronavirus (Ponsatí twixit, retuiteado por expresidente Puigdemont desde Waterloo), y aprovechaban la penosa situación para asimilar a España con paro y muerte y a Cataluña con vida y futuro (Canadell twixit, 24 de abril). Detestable espectáculo el ofrecido por los cachorros en su intento de emular a sus mentores cuando se referían al hombre andaluz como “un hombre destruido y anárquico” (Pujol), y a los españoles sin distinción de origen como “carroñeros, víboras, hienas. Bestias con forma humana, sin embargo, que destilan odio” (Torra).

Pero más allá de los prejuicios xenófobos y racistas expresados por varios presidentes (nada honorables) del gobierno de la Generalitat, y las más recientes deposiciones miserables de sus cachorros, lo más grave, sin duda, ha sido de la actitud del gobierno de la Generalitat y los partidos que lo apoyan al impedir la puesta en marcha de dos hospitales de campaña levantados por la Unidad Militar de Emergencia en Badalona y Sabadell, cuando los centros hospitalarios de ambas ciudades se encontraban totalmente desbordados y muchos catalanes esperaban ser atendidos en los pasillos de sus dependencias en condiciones muy precarias. El escritor Javier Marías refería con cierto detalle la dramática situación en su último artículo (La Zona Fantasma, 3 de mayo) y concluía “si todavía hay catalanes que votan a estos políticos en el futuro, no sé qué más necesitarían para volverles la espalda”.

Hace unos días, Budó, consejera de la presidencia y portavoz del gobierno de Torra, declaraba enfáticamente que los catalanes habríamos salido mejor parados de haber sido independiente Cataluña. Nada más lejos de la realidad. De entrada, Cataluña no ha destacado en las últimas décadas por ser una Comunidad con gobiernos modélicos y vive, de hecho, instalada en el más completo desgobierno desde al menos 2012. Pese a lo que pueda decir la ‘portavoza’ del gobierno de la Generalidad a toro pasado, la gestión de la crisis sanitaria realizada por Mitjà, asesor sanitario del gobierno de la Generalitat, y Vergés, consejera de Sanidad del gobierno de Torra, ha sido tan penosa que casi dejan en buen lugar la improvisación e inoperancia desplegada por sus homónimos en el gobierno de España: Simón, director del Centro de Coordinación de Emergencias y Alarmas Sanitarias, e Illa, ministro de Sanidad del gobierno de España.

Corrupción y desgobierno

La Cataluña autonómica sobresale entre todas las Comunidades Autónomas de España no sólo por la bien probada deslealtad de sus dirigentes al orden constitucional que legitima la autoridad que ejercen, sino por el nepotismo y la corrupción de quienes han estado al frente de la Generalitat durante 33 años: Pujol (1980-2003), Mas (2010-2016), Puigdemont (2016-2018) y ahora Torra (2018-2020). Desafortunadamente para quienes residimos en Cataluña, ni el gobierno de la Generalitat ni su aparato administrativo sobresalen en profesionalidad y eficacia sobre los de España y otras Comunidades Autónomas. Todo lo contrario. Las élites que han gobernado Cataluña desde 1980 han empleado su posición privilegiada para alimentar con contratos de suministro de servicios y concesiones de obras públicas a empresarios dispuestos a pagar el ya famoso ‘canon’ del 3%, mordidas que destinaban a financiar el partido o a engrosar sus cuentas particulares en paraísos fiscales. Algunos participaron activamente en la organización de la trama de extorsión (Pujol y Mas), otros se sirvieron de ella para medrar y llegar incluso a la presidencia del gobierno de la Generalitat (Puigdemont y Torra).

Los retazos del retablo de la corrupción de CDC que han salido a la luz dejan en muy mal lugar a los presidentes de la Generalitat de Cataluña. Pujol tiene el dudoso honor de ser el único presidente autonómico que se ha declarado defraudador confeso y todo apunta a que el gran prócer de la patria catalana en el siglo XX organizó una trama criminal de extorsión en la que participaba su familia al completo. La instrucción de este caso continúa a ritmo de sardana, pero no se trata ni mucho menos la única trama de corrupción en que se han visto implicados sus dirigentes. Hace unos días, el Tribunal Supremo ratificó las sentencias impuestas a los condenados en el caso Palau-Convergencia Democrática de Catalunya (CDC). Entre los condenados, ocupa un lugar destacado Daniel Osàcar, quien fuera secretario personal del expresidente Artur Mas entre 2000 y 2005, y tesorero de CDC y de las diversas fundaciones del partido entre 2005 y 2011, unos años en los que Mas fue consejero, primer consejero y presidente del gobierno de la Generalitat. Entre los dos nada honorables presidentes suman 29 años al frente del ejecutivo de Cataluña. El sucesor de Mas, Puigdemont, es un prófugo de la justicia desde 2017, y el sucesor elegido por aquél para guardarle la silla, Torra, su monstruoso correveidile.

Como en los regímenes autoritarios, los gobiernos de la Generalitat desde 1980 se han empleado a fondo para excluir del sistema educativo el castellano, la lengua hablada por la mayoría de los catalanes, como lengua vehicular, y para trasladar a través de los libros de texto y lecturas obligatorias una visión sesgada y torticera de la historia moderna y contemporánea de Cataluña. Además, los gobiernos autonómicos han utilizado sistemáticamente los presupuestos de la Generalitat para crear potentes medios comunicación públicos (TV3, Corporación Catalana de Medios Audiovisuales y Agencia Catalana de Noticias) en los que se ha excluido también el castellano, con el propósito declarado de moldear a la opinión pública y crear un estado de opinión favorable a la independencia de Cataluña. Y para que nada escapara a su control, los gobiernos de la Generalitat han regado con abundantes subvenciones y publicidad institucional a los medios de comunicación privados a fin de asegurarse su lealtad al régimen nacionalsecesionista.

Vamos a contar mentiras

Hubiera sido un milagro que desde el desgobierno en que está instalada la Generalitat desde al menos 2012, la respuesta ante una emergencia sanitaria como el Covid-19 hubiera sido un ejemplo de buena gobernanza, como pretende ahora hacernos creer Budó. Hubiera hecho falta un auténtico milagro, porque en asuntos de estado, como en cualquier faceta de la vida, las buenas respuestas sólo se encuentran cuando se ha realizado un trabajo previo. Mejor que la inspiración nos pille trabajando, suelen decir los artistas. En realidad, estamos ante una nueva puesta en escena del esperpento ‘pujolesco’ estrenado con ocasión de la quiebra de Banca Catalana, que culpa a Madrid de todos los males de la pobrecita Cataluña. Una vieja estratagema empleada con reiteración desde 1980  para exculpar a los dirigentes catalanes de los gobiernos de la Generalitat de responsabilidad por su deficiente gestión y prácticas corruptas.

Empecemos por el infalible epidemiólogo Mitjá, crítico feroz de la gestión de la crisis realizada por el gobierno de España. Mitjà, como Simón, no son epidemiólogos normales, sino de cabecera, esto es, empleados del gobierno de la Generalitat, el primero, y del Ministerio de Sanidad, el segundo. Mucho antes de que Torra lo convirtiera en su asesor y le encargara elaborar el plan de desescalada en Cataluña, presentado el 4 de abril sin el aval de ningún profesional o institución sanitaria, Mitjà había dejado unas cuantas perlas que ya no podrá borrar de su Currículum pese a sus esfuerzos por restarles importancia. El 11 de febrero, Mitjà declaraba en RAC1 que “no creía que hubiera una decisión correcta sobre cancelar o no el Mobile World Congress. Se ha de basar en el nivel de riesgo que quieres asumir”.  Balones fuera. Y afirmaba a renglón seguido, “la infección es muy leve. La tasa de mortalidad fuera de China es sólo de 0,2%. Es muy parecida a la gripe epidémica que padecemos todos los inviernos. Para despejar cualquier duda, remachó con esta afirmación tranquilizadora: “la enfermedad no es grave. Como es nueva ha creado alarma social y hay que rebajarla”. Juzguen ustedes la presciencia y fiabilidad de sus palabras y compárenlas con los tranquilizadores mensajes con que nos obsequiaba el incombustible Simón en TVE. El pez muere por la boca.

Pasemos ahora a repasar la gestión política del gobierno de la Generalitat. En el artículo mencionado, Budó sostiene que Cataluña habría declarado el estado de alarma 15 días antes, si hubiera sido un estado independiente, con lo que se habrían evitado bastantes muertes. No tengo ninguna duda que se habrían evitado muertes de haberse declarado el estado de alarma 15 días antes, pero no hay ninguna razón para pensar que el gobierno de la Generalitat lo consideraba deseable. Como apuntaba muy acertadamente un artículo en este diario, Budó se encontraba quince días antes de la declaración del estado de alarma, el 29 de febrero, junto con Torra en Perpiñan, parar participar en la reunión del Consejo de la República, y en la manifestación multitudinaria organizada por su partido para arropar al fugado Puigdemont. Flagrante contradicción, ¿verdad? Pues no es la única.

Veamos que decía Vergès, igualadina de pro y consejera de Sanidad del gobierno de la Generalitat, y su equipo. Desde que el 1 de febrero Guix, director de Salud en la consejería de Vergés, manifestara un día después de que la OMS declarara la emergencia mundial, que “difícilmente, dada la situación de nuestro sistema sanitario, podría convertirse en un problema”, las pifias de los máximos responsables de la consejería de Sanidad y sus asesores epidemiológicos se sucedieron sin solución de continuidad. El 10 de febrero afirmaba en una entrevista en televisión que «nosotros ponemos todas las medidas y tenemos toda la capacidad para poder detectar y para poder tratar cualquier caso que pueda salir y que en ningún caso debe haber una alarma y ningún problema de salud pública». Y reiteraba, el 14 de febrero, que «en ningún caso estamos en ninguna alarma sanitaria, y menos aquí» (subrayados míos). La propia Vergés insistió en que no había motivo de alarma social el

El 24 de febrero, Guix manifestó en declaraciones a Rac-1 que «nosotros hemos dicho que tenemos muchas probabilidades de que identificamos dos, tres, cuatro casos» y concluyó «en estos momentos este nuestro problema es la gripe». El 25 de febrero, en una entrevista en Catalunya Ràdio, Vergés descartó hacer un seguimiento de la comunidad italiana en Cataluña y afirmó que “tampoco hay ningún problema con las personas que han estado en Italia”. Asimismo, rechazó adoptar ninguna medida de precaución porque “las mascarillas ni son requeridas, no son recomendables y no nos aportan nada de seguridad”. Y el día 26 reafirmaba en TV3 que en Cataluña “no hay transmisión local. No hay transmisión comunitaria en nuestro país”.

El 29 de febrero, cuando se celebró el acto de arropamiento al prófugo Puigdemont en Perpiñán, el centro hospitalario de la ciudad ya había detectado en la ciudad francesa varios casos de infección por coronavirus en personas llegadas de Wuhan. Vergés no faltó a la cita. Unos días después, El Homrani, consejero de Trabajo y responsable de las residencias de mayores, declaraba en una entrevista en Catalunya Ràdio el 6 de marzo que se están “cumpliendo con los consejos preventivos que da Salud y, a partir de ahí, no ha habido ningún caso”. El 9 de marzo, Guix insistía en una nueva entrevista en Cataluña Noche que en absoluto había que cerrar guarderías, escuelas y Universidades porque “nos sigue preocupando más la gripe que el coronavirus”.  Y la consejera Vergés declaraba el 10 de marzo que “no hay una razón objetiva que nos diga que el Salón de la Enseñanza debe cerrarse,” y el 11 de marzo nos tranquilizaba diciendo que “si yo en Semana Santa me muevo de Igualada y voy a dar una vuelta por Vilanova y la Geltrú no estoy comportando riesgo”, porque “aquí en Cataluña todavía no estamos en zona de riesgo”.  (Perdonen la penosa expresión.)

El martes 12 de marzo, un día después de las anteriores declaraciones y dos días antes de que el gobierno de España decretara el estado de alarma, la valoración del Govern cambió repentinamente. Algo muy similar a lo que había ocurrido a Illa después de las celebraciones multitudinarias del 8-M. En esa comparecencia, la consejera de Sanidad anunciaba el confinamiento del municipio de Igualada y dejaba escapar algunas lágrimas ante las cámaras al recordar a su familia atrapada en la ciudad confinada. Fin del paseo de la consejera por Vilanova i la Geltrú en Semana Santa. Al parecer, el contagio masivo en Igualada se produjo en una fiesta popular en la que participaron algunas personas que se habían desplazado a Italia, no como se había dicho por una empleada del Hospital de la ciudad. Ese mismo día 12 de marzo, impartía mis últimas clases presenciales en la Universidad Autónoma de Barcelona y se echaba la llave sine die a todos los centros escolares en Cataluña. Recuerden las palabras de Guix 3 días antes oponiéndose al cierre de guarderías, escuelas y Universidades.

La cruda realidad

Veamos qué nos dice la evolución de la epidemia en Cataluña y en el conjunto de España. El Cuadro 1 y los Gráficos 1 y 2 y el Cuadro 1 muestran las cifras de fallecidos observadas y estimadas y el exceso de muertes estimadas en España y Cataluña. A partir de esta información, podemos extraer algunas conclusiones interesantes sobre la duración e intensidad de la epidemia.

Cuadro 1. Muertes observadas y estimadas y exceso de muertes en España y Cataluña

Fuente: Informe Momo. Situación a 5 de mayo de 2020. Vigilancia de la mortalidad diaria. Centro Nacional de Epidemiología (ISCIII).

https://www.isciii.es/QueHacemos/Servicios/VigilanciaSaludPublicaRENAVE/EnfermedadesTransmisibles/MoMo/Documents/informesMoMo2020/MoMo_Situacion%20a%206%20de%20mayo_CNE.pdf

El Gráfico 1 muestra que las muertes observadas (línea negra) inició su escalada en España en la primera semana de marzo, superó la de muertes estimadas (línea azul) en la segunda semana de marzo y alcanzó su punto álgido en los últimos días de marzo y primeros días de abril. Aunque el exceso se ha reducido considerablemente desde entonces, las muertes observadas continuaban superando las estimadas hasta el 5 de mayo, el último día incluido en el Informe MoMo de 7 de mayo.

Gráfico 1. Mortalidad observada y esperada por todas las causas en España hasta 5 de mayo 2020

Fuente: Informe Momo. Situación a 5 de mayo de 2020. Vigilancia de la mortalidad diaria. Centro Nacional de Epidemiología (ISCIII).

El Gráfico 2, por su parte, muestra que la escalada muertes observadas (línea negra) en Cataluña se inició con una semana de retraso aproximadamente respecto al conjunto de España. Cruzó la línea de muertes estimadas (línea azul) el 18 de marzo aproximadamente, y salió del intervalo de confianza de muertes estimadas (zona azulada en el gráfico) el 23 de marzo y alcanzó su apogeo en la última semana de marzo. Desde entonces, las muertes observadas han decrecido y el Instituto de Salud Carlos III fija en el 24 de abril el final del episodio de exceso de muertes observadas sobre estimadas, algo prematuramente, en mi opinión, porque la línea de muertes observadas continuaba por encima de la línea de muertes estimadas e incluso se observa un repunte en los últimos días.

Pues bien, a pesar de que el episodio de exceso de muertes ha sido bastante más breve que en el conjunto de España, el Cuadro 1 muestra que el exceso de fallecidos en Cataluña entre el 23 de marzo y el 24 de abril, 4.176, supone un incremento sobre la cifra de muertes estimadas, 5.830, de 71,63%, muy superior al del conjunto de España, 56,42%.  Especialmente elevado es el exceso de mortalidad en Cataluña en los grupos de edad 65-74 años, 65,84%, y mayores de 74 años, 85,69%. Menos mal que el consejero de Trabajo El Homrani siguió “las medidas preventivas de Sanidad y, a partir de ahí, no ha habido ningún caso”. No, no ha habido un caso sino 4.172 (518+3.654) fallecidos.

Gráfico 2. Mortalidad observada y esperada por todas las causas en España hasta 5 de mayo 2020

 

Fuente: Informe Momo. Situación a 5 de mayo de 2020. Vigilancia de la mortalidad diaria. Centro Nacional de Epidemiología (ISCIII).

Otro ‘relato’ falso

Rehacer los hechos para presentar una imagen más amable o heroica de quienes han protagonizado la Historia ha sido un recurso habitualmente empleado por reyes, dictadores modernos y hasta demócratas de tres al cuarto. Hoy, esa misión la desempeñan infinidad de escribanos a sueldo -periodistas, comunicadores, historiadores, economistas, entretenedores, epidemiólogos de cabecera, doblegadores de curvas, etc.- a quienes los gobiernos encargan exaltarnos o tranquilizarnos, según les interesa. La presente crisis epidémica no ha sido una excepción a la regla, de ahí la importancia de recuperar los hechos y no retorcerlos hasta obligarlos a que digan aquello que interesa a nuestros gobiernos.

La gestión de la crisis del Covid-19 ha sido desastrosa en España y en Cataluña. Ambos gobiernos están en manos de personajes sin escrúpulos, dispuestos a retorcer los hechos para acomodarlos a sus miserables intereses partidistas, y a emplear los abundantes recursos públicos, no en interés de los ciudadanos, sino para reforzar sus bases electorales. En lo tocante a previsión, eficacia y transparencia, no hay diferencias significativas en la gestión de Sánchez y Torra, ni en la de Illa y Vergés, ni en la de Simón y Mitjá. Reconozco el papel de adormideras que todos ustedes han desempeñado durante estos meses trágicos, pero no me pidan que los excuse por no haber caído en la cuenta de que el Covid-19 no era la gripe de todos los años, ni por su imprevisión al no haber preparado nuestro sistema hospitalario para afrontar la emergencia sanitaria, ni por haber desplegado medidas para detectar los focos de infección y evitar la transmisión del virus persona a persona.

Las cifras hablan por sí solas: 26.478 muertos oficialmente reconocidos en España, 5.471 de ellos en Cataluña. El porcentaje de fallecidos en Cataluña 20,66% del total es superior al porcentaje de población de Cataluña. Y no digan que nadie sabía lo que podía ocurrir, al menos desde que se publicó el informe conjunto de la Organización Mundial de la Salud y el gobierno de China, completado el 24 de febrero y publicado el 28 de febrero. Su falta de olfato, su imprevisión y su locuacidad verbal quedarán como ejemplos de mal gobierno, digan lo que digan sus escribas y mercenarios. Por todo ello, considero que ustedes no merecen seguir gobernando un día más. En democracia, los ciudadanos no podemos sustituir a los gobernantes incompetentes, mentirosos y falseadores de los hechos. Nuestro único consuelo es darles de vez en cuando un puntapié, aun a sabiendas de que quizá quienes les suceden no vayan a hacerlo mejor, algo poco improbable por lo bajo que han dejado el listón esta vez.

 

 

Tensión y represión amarillas en Cataluña

Artículo publicado en el diario Expansión el 30 de agosto en el diario Expansión.

Barcelona desde el Tibidabo.

Dentro de un mes se cumplirán 34 años desde que di una charla en el Departamento de Economía e Historia Económica de la UAB, donde he desarrollado casi toda mi vida profesional desde entonces. En la cena posterior al seminario, recibí una inesperada oferta de su director para incorporarme como profesor al curso siguiente. Regresé a Madrid, sopesé los pros y contras de abandonar la Facultad en la que me había licenciado e impartido mis primeras clases, y me incliné finalmente por trasladarme a Barcelona. Llegué unos días antes de las fiestas de la Merçé en septiembre de 1984, y me encontré con una ciudad luminosa, viva

8-N: un piquete corta la Ronda de Dalt en Barcelona.

y acogedora. Durante algunos años, nadie me preguntó de dónde venía ni que idioma hablaba. Hoy, constato con tristeza cómo la tenaz labor de unos políticos irresponsables y sectarios ha enrarecido la atmósfera en Cataluña hasta hacerla irrespirable y peligrosa.

Tensión y represión

Me referiré a dos sucesos ocurridos hace unos días que ejemplifican la creciente tensión social y la politización de las administraciones públicas. Escena

Manifestación en Barcelona en favor de la democracia y la Constitución Española el 29 de octubre de 2017.

primera: un individuo increpa y agrede a una mujer (rusa nacionalizada española) que en compañía de su esposo (militante de Ciudadanos) y sus tres hijos retiraba lazos amarillos o los recogía del suelo para depositarlos en papeleras. Paradójicamente, el hecho se produjo en los aledaños del parque de la Ciudadela donde se encuentra la sede del Parlament. Tras un intercambio de reproches, el sujeto acabó propinando a la mujer varios golpes que le provocaron hinchazón en un ojo, daños en el tabique nasal y su ingreso en el Hospital del Mar de Barcelona. “¡Cállate la boca, extranjera de mierda!”, fue el delicado mensaje que este héroe republicano dedicó a la víctima mientras la golpeaba con saña. Al parecer, los diligentes Mozos de Escuadra localizaron al agresor que huyó a la carrera y le aconsejaron declarar que había golpeado a la víctima por ‘civismo’.

Escena segunda: Espada (periodista de El Mundo e impulsor de Ciudadanos, al que envío todo mi apoyo) y un grupo de amigos son apresados tras pintar una banda roja en un lazo amarillo de metal colocado en una rotonda en Atmella de Mar (Tarragona, España) el pasado domingo. Después de multarlos por aparcar indebidamente, los Mozos y la policía local procedieron a identificarlos y a inspeccionar sus vehículos. Gaseni (ERC), el alcalde de la localidad que ejerció de presidente en

Arcadi Espada y siete ‘bichos’ más detenidos por los Mozos en L’Atmella de Mar. Convendría hacer una concentración en el lugar el 1-O.

funciones de la Asociación de Municipios por la Independencia durante unos meses, describía con regocijo así la hazaña: “enganchados y denunciados ensuciando el mobiliario público Espada y 7 bichos más”. Las palabras del alcalde y la actuación policial revelan con toda crudeza el carácter sectario que se ha adueñado de todas las instituciones públicas y las fuerzas de seguridad. Cataluña está plagada de objetos amarillos colocados en farolas, rotondas, puentes, playas y mares, y hasta en las fachadas de Ayuntamientos y del palacio de la Generalitat, y aunque su colocación ha exigido necesariamente contar con el beneplácito de los concejos y la colaboración de las grúas municipales, a ningún Mozo o policía local se le ocurrido multar, retener o identificar a sus autores.

Dos varas de medir

Puigdemont y Junqueras celebrando el golpe de estado en el Parlament el 27 de octubre. El segndo está en la cárcel pero el primero se fugó unos días después engañando incluso a sus más cercanos a los que pidió acudieran a sus centrols de trabajo el lunes.

Las dos escenas que acabo de describir permiten constatar que para los secesionistas que protagonizaron el fallido golpe de Estado en Cataluña el pasado otoño y sus sucesores, no todos los ciudadanos somos iguales: hay catalanes de primera (ellos) que gozan de todos los ‘derechos’, incluida la apropiación de edificios y espacios públicos con total impunidad sin ser molestados, y hay ‘bichos extranjeros de mierda’ (el resto) a los que se nos amedrenta y amenaza cuando osamos oponer la menor resistencia a sus imposiciones. ¿Cómo explican si no que la Generalitat y sus politizadas policías amparen y hasta financien la colocación de caquitas amarillas a lo largo y ancho de Cataluña, pero identifiquen y multen a quienes se atreven a retirarlas o adornarlas con una banda roja? No se trata de casos aislados como los tertulianos afines al régimen intentan dar a entender para minimizar su alcance. Todo lo contrario: los ciudadanos que expresamos nuestra oposición al proyecto de secesión somos habitualmente increpados e insultados, y nuestras demandas para que se preserve la neutralidad de los espacios públicos, centros escolares y sanitarios incluidos, son ignoradas.

Aspecto del CAP de Vilobí del Penedés en la comarca del Alt Penedés en febrero de 2018.

Les relataré uno de tantos incidentes en que me he visto involucrado en los últimos meses. Tras registrar una instancia en un Ayuntamiento del Alto Penedés solicitando la retirada del centenar largo de lazos amarillos que adornaban las verjas del Centro de Atención Primaria (CAP) de la localidad, recibí una misiva certificada en mi domicilio (pese a haberlo omitido para evitar represalias vandálicas) firmada por Don Joan Puigdollers i Fargas, Gerente de la Región Sanitaria de Barcelona. El político convergente, fundador de Joventut Nacionalista de Catalunya, me hacía saber que “se entiende que no es un tema de nuestra competencia determinar cuál es el significado del lazo amarillo, y mucho menos determinar si se trata de un instrumento que fomente la segregación de la sociedad por razones ideológicas o por el contrario, tal y como defienden los promotores de la petición del uso del lazo, una muestra de reivindicación ciudadana”.

Sr. Puigdollers: no solicitaba que determinara el significado de los lazos sino que preservara la debida neutralidad administrativa en la provisión de los servicios de los que usted es responsable y yo financio con mis impuestos. La espesa respuesta del Gerente de la sanidad pública en el área de Barcelona deja muy claro que las instituciones de la Generalitat permiten y hasta animan a los catalanes secesionistas a apropiarse de edificios y espacios públicos, so pretexto de ejercitar “el derecho a manifestarse a través de los lazos amarillos u otros símbolos”, aunque para la otra mitad de los catalanes tales expresiones sectarias constituyan una afrenta a nuestra democracia. Y ay de aquellos infelices que se atrevan a retirarlos o a alterar siquiera ligeramente su enfermiza coloración, porque serán aprehendidos e identificados por la policía política, y sus nombres incorporados al directorio de ‘bichos extranjeros de mierda’.

Puigdemont posa mofándose de los 5 requerimientos enviados por el Tribunal Constitucional.

La incontinencia sectaria de quienes como Mas, Puigdemont y Torra han puesto las instituciones autonómicas al servicio de la secesión, ante la pasividad incomprensible del Gobierno de España, ha convertido Cataluña en un solar cubierto de defecaciones amarillas donde se exhiben fotos de golpistas, como se hacía con los terroristas de ETA en El País Vasco. En esta idílica república nadie sabe bien si ya constituida o todavía en proceso de constitución de la que escapan las empresas como de la peste, el único recurso que nos queda a los ‘bichos’ es caminar dando saltitos para no pisar las excreciones amarillentas, so pena de que algún ciudadano torrado nos hinche un ojo, un alcalde obtuso nos demande por daños al mobiliario urbano, o un guardia bilioso nos enchirone por desacato a la ictericia. Como subrayaba recientemente Alfonso Guerra, mientras en Cataluña y en El País Vasco va ganando terreno la España de la infamia, “los  impostores de la izquierda de salón” se olvidan de defender “la igualdad entre españoles”, el ingrediente esencial de cualquier proyecto democrático de izquierda. Lo progresista, hoy, Sr. Sánchez no es exhumar los restos de Franco, muerto en la cama de un hospital va para 43 años, sino defender la igualdad entre españoles amenazada por el movimiento nacional-secesionista en Cataluña y en El País Vasco.

Otro jarro de agua fría (Sánchez se reúne con el «Le Pen español»)

Artículo publicado en el diario Expansión el 10 de julio de 2018

Sánchez estrechando la mano de Torra, alias el ‘laci’, en las escaleras de La Moncloa el 9 julio de 2018.

La fotografía del Presidente de España saludando en la escalinata del palacio de La Moncloa al presidente del gobierno de la Generalitat de Cataluña quien, para evitar cualquier malentendido lucía su lazo amarillo en la solapa –me pregunto si también lo llevara prendido en el pijama cuando duerme– habla por sí sola. Para los catalanes que llevamos años dando la cara en defensa de la libertad y la igualdad de todos los españoles, la imagen del apretón de manos ha supuesto un nuevo jarro (otro más) de agua fría. ¿No había sido el propio Sánchez quién pocos días antes de la moción de censura que lo aupó a la Presidencia –con los votos, no lo olvidemos, de los partidos golpistas de Puigdemont y Junqueras– había calificado a Torra de xenófobo y racista? Que la palabra de Sánchez tenga escaso valor resulta magro consuelo para quienes día a día tenemos que vivir bajo la opresión y el desprecio de un ‘president’ que ni nos representa ni siquiera pretende aparentarlo.

¿Dónde estaba Sánchez?

Calvo ministra de Igualdad durante su patética rueda de prensa.

Tras una entrevista tan trascendental y esperada la sorpresa fue que Sánchez no compareciera ante la prensa, ni siquiera vía plasma. En su lugar, apareció la omnipresente Calvo cuya cháchara vale tanto para recoser un roto (golpe de Estado en Cataluña) como un descosido (fiesta del ‘orgullo’). Lo cierto es que con más torpeza que acierto, la vicepresidenta se excusaba una y otra vez por no poder dar más detalles sobre el contenido de los temas tratados en la reunión, achacando su ignorancia al deseo de no demorar más su comparecencia. Tras repetir varias  veces la buena nueva de que la reunión había sido “muy larga, casi dos horas y media”, “eficaz” e “institucional”, Calvo dejó algunas frases antológicas: “lo ocurrido hoy es una buena imagen con contenido para la democracia de nuestro país y para lo que ha ocurrido en Cataluña”; o “podemos darnos una oportunidad a otras cosas tras haber venido el president a reunirse con el presidente Sánchez”.

Rajoy con Mas en La Moncloa.

Alguien debería explicarle a esta profesora que los españoles nos merecemos explicaciones más claras, precisas y rigurosas sobre un asunto tan serio. La vicepresidenta sacó tristemente pecho en dos ocasiones que merecen comentarse. En primer lugar, afirmó que “no cabe [en la Constitución] la articulación de un referéndum pero a otro gobierno le han hecho dos y nosotros hemos tenido en Moncloa al presidente Torra”. ¿Hay que recordarle a la ministra que el president Puigdemont también fue recibido en La Moncloa por el presidente Rajoy, dispuesto a negociar casi todo menos el referéndum de autodeterminación? Un Gobierno responsable lo primero que habría hecho, Sra. Calvo, sería no recibir al presidente que alardea todos los días de haber ganado el referéndum de autodeterminación el 1-O y haber proclamado la independencia el 27-O. Volvió a hacerlo pocos minutos después de que usted terminara su rueda de prensa.

Rajoy recibiendo a Puigdemont en La Moncloa.

En segundo lugar, la ministra Calvo anunció que Sánchez está dispuesto a “levantar el veto de las leyes sociales” aprobadas en el Parlament de Cataluña, dando a entender que la razón por la que el Gobierno de España las vetó en su momento es porque no sintonizaba con las causas sociales. No tengo un ‘simpatizómetro’ pero las razones que impulsaron al Gobierno a llevarlas ante el Constitucional  no fue su pretendido carácter social sino la circunstancia de que invadían competencias del Estado y quebraban la igualdad entre los españoles, máxime cuando la extensión de derechos sociales sólo podía materializarse si Hacienda proporcionaba recursos adicionales al deficitario gobierno de la Generalitat.

En Bavia

Sánchez y Torra intercambiando cromos y ratafría en La Moncloa.

La impresión sintética que saqué tras escuchar la rueda de prensa de la Vicepresidenta es que el Gobierno de España respiró aliviado cuando vio que Torra no abandonaba La Moncloa a los cinco minutos, después de haberle comunicado a Sánchez que sólo estaba allí, usurpando el puesto del legítimo presidente Puigdemont, para exigirle la liberación de los presos políticos, el fin de la persecución judicial de los independentistas y la fecha de celebración del referéndum de autodeterminación. Para evitarlo, el Gobierno había diseñado un menú completo que

Rajoy y Puigdemont en La Moncloa en abril de 2016.

incluía a modo de entrante un libro sobre el palacio de La Moncloa, como platos fuertes nuevas transferencias de competencias y más inversiones, adobadas con ‘flaflafla’, y para postre un tour guiado por los jardines del Palacio. Sólo le faltó a Sánchez regalarle un lacito de repuesto y colocar en la sala la bandera estrellada junto a la de España y la UE.

Torra posando satisfecho con varios lazos amarillos, dispuesto a cazar a Sánchez.

Ambos políticos han acordado volverse a reunir en Barcelona en el futuro inmediato, y me pregunto si Sánchez acudirá al Palau sin exigir antes que se retire la pancarta que reclama en la fachada la libertad de los golpistas. De momento, la reunión con Sánchez le ha servido a Torra para demostrar a los suyos que se puede aprobar una resolución inconstitucional en el Parlament y vetar la presencia del Jefe del Estado en cualquier acto del gobierno de la Generalitat con total impunidad. Flaco favor ha hecho Sánchez a los constitucionalistas dando pábulo a una pretendida relación bilateral entre los gobiernos de España y Cataluña que fortalece al ‘Le Pen español’ y cuyo fin último es celebrar un referéndum de autodeterminación en Cataluña.

Pancarta que se exhibe en la fachada principal del Palau de la Generalitat.

No me esperen el 1 de mayo

Artículo publicado en el diario Expansión el 1 de mayo de 2018

Unai Sordo, líder de CCOO.

En una entrevista publicada por un diario nacional hace unos días, Unai Sordo, secretario general de CCOO, expresaba su opinión personal de que en España “no hay presos políticos ni exiliados”. Aunque el líder sindical matizó su afirmación sugiriendo que algunos jueces han podido abusar de la prisión preventiva, lo cierto es que leer estas palabras resultó un alivio para quienes vivimos en Cataluña, habida cuenta de las posiciones que han mantenido los líderes de CCOO y UGT en estos lares desde hace unos años. Las dos organizaciones sindicales

Álvarez, secretario general de UGT, y Pacheco, secretario general de CCOO, con Casals, presidenta de Òmnium, dos organizaciones integradas en el conglomerado secesionista ‘som escola’.

se sumaron enseguida al ‘pacto nacional por el derecho a decidir’ de Mas en 2013, luego denominado por  Puigdemot ‘pacto nacional por el referéndum’, y forman parte de conglomerados asociativos, como ‘som escola, cuyo objetivo paradójicamente es imponer la inmersión lingüística en catalán, sustrayendo a los ciudadanos el ‘derecho a decidir’ en el ámbito educativo.

Dime con quién vas…

Dicen que una imagen vale por mil palabras. Pues bien la fotografía de Joan Carles Gallego, secretario general de CCOO, y Josep Maria Álvarez, entonces

La cosa viene de lejos: Álvarez (UGT Catalunya), Casals (Òmnium Cultural) y Gallego (CCOO Catalunya) a favor del derecho a decidir y la consulta que convocó Mas el 9 de noviembre de 2014.

secretario general de UGT en Cataluña, reclamando junto a Casals, presidenta de la asociación secesionista Òmnium Cultural, el “derecho a decidir” del ‘pueblo’ catalán, nos puso sobre aviso de la transmutación que habían sufrido los sindicatos de clase, alineados ya sin ningún pudor con quienes pretenden extraer privilegios económicos para una parte de los ciudadanos españoles. Aquella foto nos dejó muy claro que los profesionales del sindicalismo en Cataluña habían trocado la vieja proclama solidaria de Marx en el Manifiesto Comunista, ‘¡proletarios del mundo, uníos!” por otra vergonzante: ¡‘proletarios de España, dividíos’! Por cierto, una mutación –transustanciación, sería quizá la palabra apropiada en este ámbito– similar a la que se ha producido en las diócesis en Cataluña, donde sus obispos, abdicando de la vocación de universalidad de la Iglesia, animan a sus feligreses a sumarse al republicanismo secesionista.

Permítanme ilustrar la situación, examinando la actuación de CCOO y UGT en la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) desde que se inició el proceso de insurrección en septiembre que, como todo el mundo sabe, culminó en el golpe de estado del 27 de octubre. Como podrán comprobar enseguida los lectores, las dos organizaciones sindicales han tomado partido y los trabajadores de la Universidad hemos tenido soportar estoicamente los comunicados que regularmente nos envían CCOO y UGT cuestionando las instituciones democráticas de España. Ni uno solo de la infinidad de actos ilegales y antidemocráticos perpetrados por Puigdemont, Forcadell y las organizaciones secesionistas ha merecido el más mínimo reproche de las dos sindicales, mientras que todas las actuaciones del Gobierno de España, del Tribunal Constitucional, o de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en defensa del orden constitucional han sido calificadas de acciones represivas y antidemocráticas. Les dejo aquí unas cuantas perlas sacadas de las notas que los sindicatos de Unai y Álvarez remiten a los trabajadores de la UAB.

Sánchez y Cuixart arengando a los comités de defensa del referéndum sobre un vehículo de la policía judicial de la Guardia Civil.

El 21 de septiembre, después de los desórdenes y actos vandálicos protagonizados por los manifestantes convocados por la ANC y Òmnium Cultural frente a la Consejería de Economía, UGT y CCOO enviaron una nota a todo el personal de la Universidad en la que nos animaban “a luchar, contra la represión, por la democracia, por la libertad de expresión, por la defensa de nuestras instituciones y por el derecho a decidir”. El 2 de octubre, un día después de la ilegal consulta organizada y financiada

Coches destrozados de la policía judicial de la Guardia Civil frente a la Consejería de Economía en la Rambla de Cataluña. ¿Dónde estaban los Mozos? «Estaban tomando cañas…»

por el gobierno de la Generalitat, las sindicales nos enviaron un mensaje pidiéndonos participar en convocatorias “frente a nuestros centros de trabajo”  para denunciar “los episodios gravísimos de represión y violencia vividos ayer en pueblos y ciudades de Cataluña”.

El 26 de octubre, un día antes de que se proclamara la república independiente en el Parlament de Cataluña, las sindicales nos enviaron, en nombre de la ‘mesa por la democracia’, una nota llamando “a la movilización de la ciudadanía en rechazo a la aplicación del artículo 155 y en defensa de las

CCOO se une al ‘pacto nacional por el referéndum’.

instituciones de autogobierno”. Además, manifestaban su apoyo “a los trabajadores y trabajadoras de TVC, Catalunya Ràdio y Agencia Catalana de noticias contra la posible intervención de estos medios de comunicación públicos, y a las movilizaciones de la comunidad educativa a favor del modelo de escuela catalana, y exigimos de nuevo la libertad de Jordi Cuixart y Jordi Sánchez”, los dos golpistas encarcelados por su papel protagonista en los actos del 20-21 de septiembre frente a la Consejería de Economía.

Y te diré quién eres

Pacheco, líder de CCOO, y Ros, líder de UGT, junto a los golpistas Sánchez y Cuixart en la constitución de la ‘mesa por la democracia’. Un nombre más apropiado: ‘mesa para el golpe de estado’.

El pasado 5 de abril, las dos sindicales nos enviaron una nueva comunicación para preparar la macro-manifestación del día15 convocada por todos los partidos y asociaciones secesionistas para reclamar la retirada del artículo 155, la libertad de los golpistas encarcelados y de los cargos contra el resto de encausados, incluido Puigdemont ‘El Prófugo’. La nota empezaba afirmando que “en los últimos años nuestra sociedad ha padecido un enorme retroceso en el respeto a las libertades políticas, sindicales y de expresión. Frente al encarcelamiento de miembros de diversas formaciones políticas, algunos de ellos miembros y exmiembros de nuestra comunidad universitaria, queremos expresar nuestro posicionamiento a la imposición de una medidas de prisión cautelar del todo injustificadas y

Pacheco y Ros conversando amigablemente con Torrent, el presidente del Parlament que pretende investir presidente a Puigdemont ‘El Prófugo’.

desproporcionadas”. La pregunta que como miembro de esa comunidad me hago es con qué derecho pueden enviarme una nota plagada de afirmaciones falsas sobre la supuesta falta de libertad de expresión que su propia comunicación contradice. Nuestra democracia se está deteriorando, cierto, pero no por meter en prisión y someter a juicio a golpistas confesos, sino por exceso de permisividad de un Estado que les ha permitido saltarse las leyes y mofarse de las decisiones de los tribunales durante años.

 

Los CDR en acción el 1-O para impedir la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a los que se encomendó mantener el orden constitucional.

Los sindicalistas de CCOO y UGT en Cataluña, no contentos con alinearse con quienes han cuestionado  nuestro Estado social y democrático de Derecho, pretenden justificar su actitud aduciendo que “en una sociedad libre, el derecho y los poderes públicos han de ser una herramienta que nos permita alcanzar una sociedad más abierta, plural y justa y no para encarcelar a políticos, artistas y sindicalistas que lo que hacen es expresar sus opiniones, defender los derechos de todos y hacer una sociedad más rica”. No puedo estar más de acuerdo con su deseo de alcanzar una sociedad más abierta y justa, pero da la casualidad de que a veces para que mis derechos

Puigdemont posa mofándose de los 5 requiremientos enviados por el Tribunal Constitucional.

constitucionales sean respetados hay que encarcelar a quienes, haciendo caso omiso del Estado de Derecho, aprueban normas inconstitucionales, eufemísticamente denominadas ‘leyes de desconexión’,  promueven consultar ilegales que cercenan los derechos de la mayoría de los ciudadanos, y acaban proclamando una república independiente.

A los demócratas y partidarios sinceros de una sociedad abierta, debería resultarles indiferente si quienes organizan un golpe de Estado son militares amotinados, políticos profesionales, artistas reputados, o sindicalistas desclasados. Todos merecen ser juzgados por atentar contra la libertad del resto de ciudadanos, respetando, naturalmente, la presunción de inocencia. Recuerdo con cierta nostalgia aquellos 1 de mayo a finales de los años 60, Franco todavía en El Pardo, cuando estudiantes y sindicalistas convocaban conatos de manifestación en Atocha para exteriorizar el rechazo a la dictadura.

Pacheco y Ros llamando a la movilización el pasado 15 de abril para respaldar a los golpistas.

Ahora siento desconsuelo al constatar que lo que nos piden es que les acompañemos en “la gran manifestación que hemos convocado para el domingo 15 de abril, dentro del ‘espacio democracia y convivencia’, junto con un gran número de entidades, entre ellas Ómnium Cultural y la Asamblea Nacional Catalana”. Como demócrata de toda la vida, sólo puedo sentir vergüenza ante su claudicación al secesionismo, y sólo por ello, ningún demócrata debería acompañarlos este 1 de mayo.

Pacheco y Ros encabezando la manifestación a favor de los golpistas el 15 de abril de 2018. Los quiero donde los pongan los jueces. De momento, en Soto del Real y Estremera.

Menos fla, fla, fla

Artículo publicado en el diario Expansión el 24 de abril de 2018

La afirmación del ministro Montoro de que no le consta que se haya producido malversación de caudales públicos y se haya destinado dinero público a financiar el proceso insurreccional que culminó con la proclamación de la república catalana el 27 de octubre de 2017, aunque llamativa, no debería sorprendernos. Resulta llamativa porque cualquier persona que haya organizado una modesta conferencia, no digamos ya un acto público o una manifestación, sabe perfectamente que nada es gratis. Cuando, como es el caso, estamos hablando de centenares de conferencias y actos y decenas de manifestaciones multitudinarias durante varios años, la pregunta que surge inmediatamente es de dónde sale tanta pasta. La única respuesta creíble es de los presupuestos de la Generalitat. Pero hay dos buenas razones para que Montoro, que no tiene un pelo de tonto, no se haya enterado todavía pese a llevar tantos años manejando los hilos de Hacienda.

Hubo malversación

Lluis Salvadó, segundo de Junqueras, en la Consejería de Economía, presentando la Agencia Tributaria Catalana.

La primera resulta tan evidente que produce sonrojo sólo mencionarla. Al igual que los defraudadores no comunican a los inspectores sus actividades sumergidas por mucho que la AT insista en  que “Hacienda somos todos”, no hace falta ser muy perspicaz para comprender que los líderes secesionistas catalanes tampoco le iban a pedir a Montoro que aprobara partidas presupuestarias destinadas a comprar urnas, imprimir papeletas, publicitar la consulta, etc. Quizá si Montoro y De Guindos se hubieran dignado a venir a Barcelona tras cesar al gobierno de la Generalitat y hubieran levantado las alfombras de la Consejería de Hacienda, hoy conoceríamos con más exactitud la cuantía de la presunta malversación de caudales públicos que el juez Llarena imputa a los golpistas (1,9 millones) tras analizar algunos documentos incautados por la Guardia Civil en sus registros.

El expresidente catalán Artur Mas junto a las exconsejeras Ortega y Rigau sentados en el banquillo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que los condenó a inhabilitación por desobediencia grave al Tribunal Constitucional.

La segunda es incluso más grave porque sugiere que ni Montoro ni el Gobierno de Rajoy quieren que los golpistas sean juzgados por malversar caudales públicos, como si la comisión de ese delito los dejara a ellos en evidencia. El precedente son los casos del expresidente Mas, el exconsejero Homs y las exconsejeras Ortega y Rigau. Aunque inicialmente fueron acusados de malversación, un delito que lleva aparejada penas de cárcel, por organizar la la ilegal consulta participativa el 9-N de 2014, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y el Tribunal Supremo los condenaron únicamente a penas de inhabilitación por desobediencia al Tribunal Constitucional. Sin embargo, a instancias de una denuncia presentada por la asociación Abogados Catalanes por la Constitución, el Tribunal de Cuentas sí observó un delito de “malversación contable” y exigió a Mas, Homs, Ortega y Rigau devolver los 5,25 millones que el gobierno de la Generalitat había destinado a la consulta.

Coste de la insurrección

Los diputados de C’s y PP abandonan el pleno del pleno del Parlament antes de votarse las conclusiones finales de la Comisión de estudio para el inicio del proceso constituyente el 27 de julio de 2016, desoyendo las advertencias del Tribunal Constitucional (TC).

Si nos atenemos a las cifras fijadas en las dos causas, 5,25 millones por la consulta del 9-N y 1,9 millones por el 1-O, estaríamos ante operaciones que, con independencia de su calificación jurídica, resultarían ridículas por su insignificancia económica. Cualquier persona que haya seguido de cerca el proceso insurreccional en Cataluña tiene la certeza de que los fondos públicos que se han destinado a ello son infinitamente mayores, aunque probablemente nunca llegaremos a conocer la cuantía total. A la dificultad intrínseca de cuantificar la malversación que supone el que miles de cargos electos (diputados y concejales) y empleados públicos de todo rango (desde secretarios en las Consejerías a secretarios de Ayuntamiento, desde el president del Parlament al conserje más humilde) hayan dedicado su tiempo y recursos institucionales a subvertir el orden constitucional, una tarea completamente ajena a sus funciones, hay que añadir el desinterés manifiesto de los Gobiernos de España en aflorar esas conductas y perseguirlas judicialmente.

El ministro Montoro saludando al vicepresidente Junqueras que le pidió más dinero para financiar el proceso hacia la independencia de Cataluña.

Cataluña ha recibido 78.362,3 millones del Ministerio de Hacienda entre 2012-2018 y 24.653,3 millones desde que Puigdemont fue investido presidente el 10 de enero de 2016. Incluso si concedemos que ni uno solo de los euros que han llegado a través de los mecanismos extraordinarios de financiación se ha destinado a financiar el proceso insurreccional, resulta innegable que el dinero aportado por Hacienda permitió a la Generalitat destinar a ese menester lo que en su ausencia habría tenido que dedicar a pagar a proveedores y asumir deuda. En mi artículo “Recaudación y financiación de la independencia” (Expansión, 19 de marzo de 2016) advertí que la Generalitat estaba destinando centenares de miles de euros a cumplir la resolución aprobada en el Parlament el 9 de noviembre de 2015 que declaraba “solemnemente el inicio del proceso de creación de un estado catalán independiente”.  Y en  “FLA nuestro de cada día” (Expansión, 26 de marzo de 2016) expliqué cómo el dinero que Montoro proporcionaba a la Generalitat permitía dedicar recursos a promover actividades dentro de Cataluña y fuera de España cuyo propósito casi exclusivo era promover la independencia.

Mas y Trias en la inauguración del mueseo del Born.

Durante los últimos años, cientos de millones de euros se han destinado a poner en marcha desde el gobierno y el Parlament el ‘pacto nacional por el derecho a decidir’ y el ‘pacto nacional por el referéndum’, a diseñar desde la Presidencia y el Consell Asesor de Transició Nacional las leyes desconexión de Cataluña luego tramitadas y aprobadas en el Parlament, a inyectar fondos incluso de manera fraudulenta en la agencia tributaria catalana para convertirla en una “estructura de Estado fundamental”, a promover la independencia desde los medios de comunicación públicos y subvencionados, a financiar propaganda institucional y a subvencionar las actividades de las principales asociaciones independentistas, y a internacionalizar el conflicto a través de las embajadas, Diplocat, y viajes al extranjero sin otra finalidad que trasladar una imagen negativa de nuestra democracia.

Reunión del pacto nacional por el derecho a decidir en el salón de actos del Parlament. Puigdemont flanqueado por Forcadell, a su derecha, y Colau a su izquierda. Mas aparece en el extremo izquierda de la foto, desplazado del centro.

Como botón de muestra del despilfarro vivido, sirvan los 84 millones que, según el historiador británico Henry Kamen, la Generalitat destinó a instalar una exposición permanente en el Born con el propósito expreso de mostrar a los catalanes las supuestas “fechorías de Felipe V” y “excitar la imaginación con una serie de ficciones”. O los 121 millones que la Generalitat sepultó en su vano intento de convertir Spanair en una aerolínea de ‘país’. En rigor, la mera utilización del salón de actos del Parlament de Cataluña para acoger una reunión de los miembros del “pacto nacional por el referéndum”, o la retransmisión por TV3 de la firma de la declaración de independencia, constituyen actos de malversación de dinero público. Lo mismo podría decirse de las sesiones que celebraron los Ayuntamientos para apoyar las ‘consultas por la independencia’ o adherirse a la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI), una asociación cuyo exclusivo objetivo es “compartir ideas e iniciativas (cívicas o legales)… que puedan resultar útiles para llevar al pueblo de Cataluña hacia la independencia”.

Reunión de la comisión ejecutiva de la AMI, presidida por Lloveras, en Tàrrega el 4 mayo 2016: estamos listos para cuando se apriete el «play», dijo entonces la presidenta de la asociación secesionista.

Un Estado democrático de Derecho no puede mirar hacia otro lado ni seguir pagando el sueldo a golpistas (Mas, Junqueras, Forcadell y Puigdemont y muchos otros están en nómina del Estado), ni financiando las actividades de quienes como Torrent, parapetados en las instituciones de autogobierno, continúan maquinando cómo subvertir el orden constitucional. Rajoy ni siquiera se ha planteado deducir de las transferencias destinadas a los Mozos los 87 millones que costó al Estado desplazar a efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad  a Cataluña (Operación Copérnico) para mantener el orden ante la pasividad y connivencia de la policía autonómica. Ante la gravísima crisis todavía abierta, el Gobierno no puede conformarse con urgir a los golpistas a formar gobierno lo antes posible para recuperar la ‘normalidad’ en Cataluña, y dejar intacto en sus manos el entramado administrativo-mediático-asociativo que patrocinó el golpe de estado desde la Generalitat. Un poco más de seriedad y menos fla, fla, fla.

Trapero, mayor de los Mozos, y Forn, consejero de Interior fueron dos piezas claves en el fallido golpe de estado del pasado otoño.

Artadi y Pujol, diputados de JxC, con Torrent (ERC), presidente del Parlamnt, preparando una de las cuatro investiduras fallidas. Ahora pretenden cambiar la ley de presidencia para investir a Puigdemont en el ‘exilio’.