Tabarnia: entre inocentada y regalo de Reyes

Artículo publicado en el diario Expansión el 11 de enero de 2018.

Montilla, presidente de la Generalitat, junto al expresidente Pujol y Benach, presdiente del Parlament, en la manifestación organizada por el gobierno catalán contra el Tribunal Constitucional el 10 de julio de 2010.

El 4 de agosto de 2014 Expansión publicó un artículo (“El  funesto legado político de Jordi Pujol”) en el que sostenía que el mayor logro político del defraudador confeso en los 23 años en que permaneció al frente del gobierno de la Generalitat fue precisamente conseguir que los partidos de izquierda en Cataluña asumieran como algo natural y hasta progresista la ideología nacionalista, y acabaran concediendo al hecho diferencial catalán y a los intereses particulares de los ‘catalanes’ primacía sobre las nociones igualitarias de ciudadanía e interés general consagradas en la Constitución de 1978. En otras palabras, Pujol consiguió que  la izquierda catalana acabara dando prioridad en sus programas a los intereses locales o de ‘país’,  y relegara a un segundo plano las políticas en marcos territoriales más amplios, como España y la UE.

Maragall, presidente del gobierno de la Generalitat, con Zapatero haciendo de Don Tancredo en el balcón del Palau de la Generalitat, y un sonriente vicepressidente Carod-Rovira (ERC).

El desarme ideológico de la izquierda ante el nacionalismo se aceleró paradójicamente tras las elecciones de 2003, cuando el gobierno tripartito asumió como tarea propia impulsar la segregación de Cataluña del resto de España, algo que ni siquiera Pujol se había atrevido a plantear en 23 años. Aunque camuflado bajo la apariencia de avanzar políticas sociales, el planteamiento era en el mejor de los casos profundamente conservador, al pretender mejorar el bienestar de los catalanes imponiendo límites territoriales a la solidaridad interpersonal en el ámbito fiscal y levantando barreras lingüísticas para segregar el mercado laboral. Políticamente, representaba el triunfo del particularismo frente al universalismo y nos retrotraía a una concepción de España suma de compartimentos prácticamente estancos, más propia de los siglos XVII y XVIII que de los Estados modernos sustentados en la noción de ciudadanía y los ideales de libertad, igualdad y fraternidad.

Paso a paso

Maragall, presidente del gobierno de la Generalitat, y Mas, entonces jefe de la oposición, aplaudiendo tras aprobarse la Propuesta de Reforma del Estatut de Catalunya el 30 de septiembre.

No fue casualidad que todos los partidos que aglutinaron a militantes socialistas y comunistas (PSC, ICV-EUiA) en Cataluña y sucedieron a Convergencia Democràtica de Catalunya y Unió Democrática de Catalunya al frente del gobierno de la Generalitat en 2003 incluyeran también en sus siglas la letra ‘C’ de Cataluña que marcaba con toda claridad los límites territoriales de sus anhelos y aspiraciones. Tampoco que el gobierno tripartito que formaron junto a ERC aprobara la Propuesta de Reforma del Estatut de Cataluña en septiembre de 2005, un texto que proclamaba al ‘pueblo’ catalán sujeto soberano en base, no a la Constitución de 1978, sino a unos supuestos derechos históricos. Tal fue la claudicación ideológica de socialistas, comunistas y republicanos al nacionalismo endogámico y excluyente que algunos catalanes se vieron casi obligados a constituir un nuevo partido político en 2006, Ciudadanos, con el propósito de reivindicar el concepto de ciudadanía como piedra angular de una sociedad libre e igualitaria.

Pacto del Tinell, diciembre 2003. Maragall (PSC), Carod-Rovira (ERC) y Saura (ICV-EUiA).

Sin pretensión de ser exhaustivo, ahí están para ilustrar esta rendición incondicional de la izquierda al nacionalismo la virulenta reacción del gobierno de Montilla (2006-2010) a los inocentes decretos de enseñanzas mínimas –exigían dedicar tres horas a la enseñanza de la lengua y literatura castellanas en los ciclos de primaria –, aprobados por el Gobierno de Zapatero en diciembre de 2006 y nunca aplicados en Cataluña, o el indignado rechazo del President a la sentencia del Tribunal Constitucional que recortaba 14 artículos del Estatut y su llamada a los catalanes a sumarse en la primera manifestación masiva organizada por el propio gobierno de la Generalitat contra las instituciones centrales del Estado en julio de 2010. Ahí están también la tutela ejercida por los Ayuntamientos a las ‘consultas por la independencia’ que tuvieron lugar entre septiembre 2009 y abril 2011, con apoyo explícito de los concejales del PSC, ERC e ICV-EUiA, la inclusión del ‘derecho a decidir’ en los programas de estos tres partidos en las elecciones de 2012. Y ahí están la exigencia del PSC de reformar la Constitución para blindar las actuales competencias o su insistencia en que la Agencia Tributaria de Catalunya recaude todos los impuestos devengados en Cataluña y el modelo de financiación respete el principio de ordinalidad.

Montilla llama a los catalanes a manifestarse contra el Tribunal Constitucional en julio de 2010.

¡Toma del frasco!

Después de tantos años de intoxicación, la confusión creada tanto entre la ‘inteligencia’ catalana como a pie de calle es enorme. En el más puro estilo franquista, la ‘izquierda’ nacionalizada asumió la exclusión del castellano como lengua vehicular en la escuela catalana y los medios de comunicación públicos e impulso multas a quienes desatendieran la obligación de rotular en catalán sus negocios. Pretendió, asimismo, hacer pasar por federalismo lo que en realidad era en la Propuesta de Reforma del Estatut de 2005 una vaga confederación de ‘pueblos’ libremente asociados, y acabó incorporando el ‘derecho a decidir’ o incluso el ‘derecho a la autodeterminación’ en sus programas electorales. Y utilizó torticeramente los siempre discutibles saldos de las balanzas fiscales de Cataluña con la Administración Pública Central para exigir mejoras en la financiación de Cataluña y trasladar a los catalanes la falsa noción de que estaban siendo expoliados por el mismísimo Felipe V resucitado.

Rivera en el cartel electoral de las elecciones autonómicas de noviembre de 2006.

Inconsistencias que han pasado a formar parte del acervo indiscutible de una izquierda nacionalista y nacionalizadora y han propiciado, además del nacimiento de Ciudadanos, una iniciativa para segregar las zonas más populosas de las provincias de Barcelona y Tarragona y constituir la ‘comunidad autónoma’ de Tabarnia. Si Cataluña en tanto que sujeto de derechos históricos tiene ‘derecho a decidir’, lo mismo podría decirse de la mayoría de condados o marquesados que acabaron conformando su territorio. Si Cataluña tiene derecho a recaudar los impuestos aquí devengados, el mismo privilegio podrían reclamar otros ‘territorios históricos’. Si la existencia de un déficit fiscal de Cataluña con la Administración Central, faculta al gobierno de la Generalitat a exigir una mejor financiación, lo mismo podrían demandar las provincias o comarcas que aportan más de lo que reciben a la Generalitat. Y si el modelo de financiación autonómico tiene que satisfacer el principio de ordinalidad, no hay ninguna razón para no aplicar ese mismo criterio a los territorios de Cataluña.

Aplicando la lógica secesionista, cualquier subconjunto de ciudadanos residentes en un territorio histórico de Cataluña podría reclamar el ‘derecho’ a decidir y a recaudar los impuestos allí devengados, o limitar que se transfieran al resto de catalanes. Nadie puede extrañarse de que el invento haya causado perplejidad en el mundillo secesionista, acostumbrado a apelar al ‘derecho a decidir’ y a reclamar consultas sólo en aquellas circunscripciones donde anticipan pueden obtener mayoría, o a exigir la aplicación de tal o cual principio distributivo sólo cuando beneficia a Cataluña. Ahora se han visto obligados a beber su propia medicina. Tampoco ha sido ninguna sorpresa que quienes han acogido con mayor fervor la iniciativa de constituir la comunidad de Tabarnia no hayan sido los constitucionalistas, como algunos han apuntado erróneamente, sino personas y asociaciones que hasta anteayer pedían al Estado que recuperase las competencias cedidas a la Generalitat y hasta que eliminara las autonomías.

Renuión del pacto nacional por el ‘derecho a decidir’ el 23 de diciembre de 2016 en el auditario del Parlament de Cataluña.

Al margen del disparate que supone atribuir ‘derecho a decidir’ a cualquier minoría que pueda resultar mayoritaria en una parte de un Estado, Comunidad o Región Autónoma, y las casi insuperables dificultades, legales y prácticas, que entraña segregar una parte de Cataluña, la popularidad alcanzada por Tabarnia en las redes sociales brinda la oportunidad de articular una asociación constitucionalista arraigada en los municipios capaz de actuar como contrapunto de la ANC y Òmnium. Por lo demás, la tarea de los constitucionalistas es exigir al Gobierno de España y a Las Cortes que se tomen en serio el artículo 139 de la Constitución, según el cual “los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio español”. De momento, en Cataluña no es así.

Omnium Cultural Somescola frente al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña

 

¿Qué queda del PSOE que conocimos?

Urkullu (PNV) y Mendia (PSE-EE) tras acordar el pacto de gobierno en El País Vasco.

Cada día que pasa resulta más evidente que los líderes del PSOE carecen de un proyecto socialdemócrata articulado que puedan ofrecer al conjunto de los españoles para volver a ser una alternativa creíble al gobierno del PP. Y lo que resulta incluso más preocupante es que su creciente irrelevancia parece no preocupar en exceso a los miembros de la Comisión gestora que se ha hecho cargo del partido tras la dimisión de Pedro Sánchez como secretario general.

Sánchez con Iceta en la sede del PSC en Barcelona.

 

Fernández, presidente de la Comisión gestora del PSOE.

O eso es lo que a mi entender sugiere que la Comisión gestora no haya adoptado medidas contundentes después de que el PSC incumpliera el acuerdo adoptado en el Comité Federal, el máximo órgano del partido entre congresos, de abstenerse en segunda votación en la investidura de Rajoy. O lo que da a entender que la Comisión se enterara por la prensa del acuerdo que cerraron hace unos días los líderes del PSE-EE –dudo de si en lugar de considerarlo una mera federación del PSOE tendríamos que considerarlo ya, como el PSC, un partido independiente– con el PNV. Según las noticias publicadas, el acuerdo entre nacionalistas y ‘socialistas’ vascos avala el ‘derecho a decidir’ del ‘pueblo’ vasco y contempla reformar el Estatuto de Guernica en el plazo de ocho meses para blindar las competencias del gobierno vasco y aumentar su autonomía. Curiosamente, el acuerdo no dedica ni una línea a revisar al alza las insignificantes aportaciones que hace la CA más rica al conjunto de España.

Los padres del Estatuto vasco en Guernica.

González firmando el acuerdo de adhesión a la CEE en 1986.

Creo haber escuchado en una ocasión al propio González decir que un partido político es una suerte de guirigay y que lo asombroso del asunto es que de ese desbarajuste salgan algunas propuestas con pies y cabeza. Lo acontecido en el último año al PSOE parece confirmarlo. Cuando un partido carece de un director respetado y una jerarquía orgánica que permite coordinar los instrumentos, la orquesta se disuelve en una algarabía incoherente que desconcierta incluso a quienes con buena voluntad se mantienen fieles. Desde la dimisión de Pérez Rubalcaba, si no antes, los líderes del PSOE han sido incapaces de presentar un proyecto compartido por sus soberbios barones que parecen conformarse con sobrevivir en sus feudos territoriales aupados a los variopintos maderos que han quedado flotando a la deriva tras los últimos naufragios electorales.

Sánchez con cara de pocos amigos la noche del 26-J.

No parece que haya ninguna personalidad con liderazgo y capacidad suficiente para detener una deriva que conduce directamente a la marginalidad. La dirección del PSE-EE ha justificado su pacto urdido de espaldas a la Comisión gestora aduciendo que “Susana [Díaz] pactó con Ciudadanos y nadie dijo nada. Y Javier Lambán y Emiliano García-Page lo hicieron con Podemos, y nadie les dijo nada. O Ximo Puig, con Podemos y Compromís”. Olvidó añadir que el PSC pactó con ERC (2007-2010) y sigue pactando con partidos independentistas en muchos municipios catalanes. Más claro agua: cada facción territorial del PSOE se está buscando la vida  pactando con quien le viene en gana, o con quien buenamente puede, sin otro propósito que asegurar puestos de trabajo para su hambrienta prole. Hace algunos días González parecía, sin demasiado entusiasmo, dar su aval a Susana Díaz, un síntoma de lo mal que debe ver las cosas para que un político tan experimentado apoye a una militante sin otro bagaje vital y profesional que haber pasado toda su vida en Andalucía militando en el PSOE.

Díaz e Iceta saludándose en un acto en Madrid.

El señuelo del cambio

Artículo publicado en el diario Expansión el 16-17 de abril de 2016

Sánchez y Rivera firmando el Acuerdo para un gobierno reformista y de progreso en el Congreso.

El “Acuerdo para un gobierno reformista y de progreso”, firmado por Sánchez y Rivera con aparatosa solemnidad ante las cúpulas de sus grupos parlamentarios en el Congreso, se ha convertido en motivo de inquietud para los ciudadanos que seguimos tomándonos en serio la igualdad de los españoles ante la ley que proclama el artículo 14 de nuestra Constitución. Empezaré por recordar que Ciudadanos nació en julio de 2006 en respuesta a la Propuesta de Reforma del Estatut de Catalunya (PREC) que impulsó el PSC de Maragall desde el gobierno de la Generalitat, alentó el PSOE de Rodríguez Zapatero y aprobó el Parlament de Cataluña con los votos del PSC el 30 de septiembre de 2005.

Maragall y Mas aplaudiendo tras aprobarse la Propuesta de Reforma del Estatut.

Sánchez con Iceta en la sede del PSC sin la bandera constitucional española.

Que los actuales dirigentes de Ciudadanos se hayan avenido a firmar un pacto con los dirigentes del PSOE-PSC constituye un nuevo bandazo en la breve y errática historia del partido. Más allá de la inexperiencia y la puerilidad que denota incluir nada menos que 200 propuestas para reformar las instituciones y modernizar la economía, lo más preocupante es que hayan cerrado un acuerdo con dos partidos que pretenden reformar la Constitución española para reconocer la singularidad nacional de Cataluña, blindar como mínimo las competencias educativas y culturales de la Generalitat, y establecer un modelo asimétrico de financiación para favorecer a los ciudadanos de una de las Comunidades más ricas de España, privilegio más propio de las confederaciones de reinos del Antiguo Régimen que de un Estado, no ya socialdemócrata, sino sencillamente moderno.

Maragall (PSC) y Carod-Rovira (ERC) haciendo turismo en Israel durante el primer tripartito.

Extraño hermanamiento

Montilla llama ‘indignado’ a los catalanes a manifestarse contra el Tribunal Constitucional en julio de 2010.

Empezaré llamando la atención sobre la inexplicable asimetría que rige las relaciones entre PSOE y PSC. Aunque los líderes del PSC, partido ‘hermano’ pero completamente independiente, forman parte de la Comisión Ejecutiva y del Comité Federal del PSOE, ningún miembro de otras federaciones del PSOE forma parte de los órganos de gobierno del PSC que puede adoptar decisiones con completa autonomía. Si bien esta situación ha causado numerosas fricciones entre ambos partidos, ni la dirección ni los barones socialistas del resto de España se han decidido a poner remedio al asunto. Conviene también aclarar cuál ha sido la posición del PSC en relación al encaje de Cataluña en España. No conformes con haber aprobado junto a partidos independentistas el PREC que reconocía “la vocación y el derecho de los ciudadanos de Cataluña de determinar libremente su futuro como pueblo”, un ‘indignado’ president Montilla llamaba a los catalanes a manifestarse contra el Tribunal Constitucional en julio de 2010.

Montilla con el defraudador Pujol y el descamisado Maragall en la manifestación convocada por el president Montilla contra la sentencia del TC sobre el Estatut en 2010. En segundo plano Álvarez actual secretario general de UGT.

Chacón fue la única diputada del PSC que se abstuvo en la votación de las dos resoluciones a favor del derecho a decidir presentadas por CDC e IU en nombre de ICV-EUiA.

El PSC completó la faena absteniéndose cuando se votó la resolución 742/IX (27 septiembre de 2012) en la que el Parlament de Cataluña en la que, tras congratularse del éxito de la manifestación celebrada el 11 de septiembre con el lema “Cataluña nuevo estado de Europa”, manifestaba abiertamente que “Cataluña tiene que iniciar una nueva etapa basada en el derecho a decidir” para que “el pueblo catalán pueda decidir democráticamente y libremente su futuro colectivo”. Consecuentemente, el PSC incluía el ‘derecho a decidir’ en su programa de las elecciones autonómicas del 25 de noviembre de 2012. Asimismo, 13 de los 14 diputados del PSC votaron a favor de sendas resoluciones a favor del ‘derecho a decidir’ presentadas por CDC e IU (en nombre de ICV-EUiA) en el Congreso el 27 de febrero de 2013 y los diputados del PSC en Parlament se sumaban a los de CDC, ERC, ICV-EUiA y la CUP para crear la comisión del ‘derecho a decidir’ en abril de 2013.De hecho, el PSC no eliminó el supuesto ‘derecho’ de su programa electoral hasta julio de 2015, circunstancia que no le ha impedido continuar gobernando con partidos independentistas en algunos municipios catalanes y votar resoluciones a favor de sumarse a la AMI.

Pareja de conveniencia

Sánchez reconoce en la noche del 20-D que al PP le corresponde formar gobierno.

A pesar de la trayectoria del PSC, no me ha sorprendido que Ciudadanos se aviniera a cerrar un acuerdo con tanta facilidad con el PSOE-PSC. A Sánchez e Iceta, tras obtener los peores resultados del PSOE (82 diputados y 47 senadores) y PSC (8 diputados y 0 senadores) desde el inicio de la democracia, el apoyo de los 40 diputados de Ciudadanos era la única vía para llegar a la sesión de investidura con más apoyos que Rajoy en el Congreso. Y Rivera necesitaba también aprovechar la sesión de investidura para reforzar su imagen de persona dialogante y quitarse de encima el sambenito de representar a las Nuevas Generaciones del PP que Sánchez le había colgado durante la campaña. Rivera no dudó en coger al vuelo la oportunidad de presentarse como el artífice de un gran acuerdo para modernizar España y asestar de paso algunos golpes bajos a Rajoy y a su gobierno en funciones, a cuenta de la corrupción y falta de iniciativa.

Sánchez saluda a Rivera en el Congreso que, por arte de birlibirloque, ha dejado de ser el representante de las nuevas generaciones del PP.

Equipos negociadores de Ciudadanos y PSOE.

Esta nueva reencarnación de Ciudadanos, presto a gobernar con dos partidos federalistas, encaja con la ‘solución’ de la cuestión catalana que propugnaba uno de sus dirigentes actuales más destacados en el artículo que publicó El Mundo en octubre 2014: reformar la Constitución para reconocer la identidad nacional de Cataluña y considerarla una nación; blindar las competencias de la Generalitat en educación y cultura, dando por buena la inmersión lingüística que el PSC impulsó y ha defendido siempre junto a los partidos independentistas; y, en fin, establecer un nuevo modelo de financiación más favorable para Cataluña. Esto era la posición de Garicano y no hay razones para pensar que su incorporación al comité ejecutivo de Ciudadanos unos meses después haya cambiado sus sólidas convicciones.

El Parlament aprueba la ley de consultas con los votos a favor del PSC el 19 de septiembre de 2014 . La ley se utilizó para intentar dar cobertura legal a la consulta del 9N.

Una cáscara hueca

Maragall respaldado por Zapatero en la presentación de la Propuesta de Reforma de Estatut de Cataluña en el Congreso.

No tengo ninguna duda de que el acuerdo firmado por el PSOE-PSC y Ciudadanos es un mero brindis al sol. Su carácter ficticio queda claramente expuesto cuando se constata que los tres partidos cuentan para llevar a cabo reformas de calado, incluidas cambios en la Constitución que requieren mayorías cualificadas en ambas cámaras, con 130 de 350 diputados y 47 senadores de 208. A los españoles preocupados por la predisposición del PSOE-PSC a pactar con partidos independentistas –lo hicieron Zapatero, Maragall, Montilla, Navarro e Iceta entre 2003 y 2015–, la mayoría absoluta del PP en el Senado constituye la única garantía de que si Sánchez llega a La Moncloa podrán bloquearse aquellas reformas que pongan en riesgo la igualdad de los españoles ante la ley.

Maragall con Zapatero, haciendo de Don Tancredo. en el balcón del Palau de la Generalitat, y un entusiasmado Carod-Rovira (ERC).

Salgado, Sevilla y Solbes con otros pesos pesados de los gobiernos de Rodríguez Zapatero y González.

En sus aspectos económicos, el acuerdo plantea alcanzar objetivos tan deseables como “un nuevo modelo de crecimiento inclusivo, medioambientalmente sostenible y fundamentado en la productividad, la estabilidad presupuestaria y un sistema fiscal justo y suficiente” con “empleo estable y de calidad” que permita “reducir las desigualdades sociales, combatiendo la pobreza y fortaleciendo los sistemas de protección social del Estado del Bienestar” y un sistema educativo que garantice “la igualdad de oportunidades”. Nadie puede estar en contra de semejante expresión de buenos deseos pero gobernar es algo más complicado que formularlos. Al escuchar a Rivera alardear de las 200 medidas que incluye el pacto para modernizar el país, me acuerdo de las 100 que propuso Solbes para ‘dinamizar’ nuestra economía en 2005, o el plan de Salgado para cambiar el ‘modelo de crecimiento’ en 2009.

Salgado con el vicepresidente Blanco y el ministro Sebastián.

Garicano (Ciudadanos) y Sevilla y Serrano (PSOE) celebrando el acuerdo.

Me resisto a achacar a la ingenuidad el intento de presentar como novedoso un paquete de medidas elaborado por dirigentes del PSOE –Serrano, Sevilla y Hernando– con dilatada experiencia en los gobiernos de González y Zapatero. Si tan sencillo resultara transformar el modelo productivo, las relaciones laborales, acabar con la desigualdad o impulsar la ciencia, la educación y la cultura, no alcanzo a comprender por qué no lo hicieron cuando gobernaban, ni cómo la incorporación de los inexperimentados dirigentes de Ciudadanos va a obrar ahora el milagro. Si de verdad pretenden PSOE-PSC y Ciudadanos reformar la Constitución, establecer un nuevo marco de relaciones laborales o alcanzar un consenso amplio en educación, lo primero que deberían hacer es sentarse a hablar con el partido que ganó las elecciones en lugar de pretender mandarlo a la oposición. Claro que eso significaría reconocer que Sánchez y Rivera llevan mes y medio engañando a los españoles con el señuelo del cambio y frenando la recuperación económica.

Rajoy en la convención del PP en Barcelona el 9 de abril de 2016 donde reiteró por enésima vez su oferta de crear un gobierno sólido y estable con el PSOE para consolidar la recuperacion económica.

Salvar al PSOE

Artículo publicado en el diario Expansión el 27 de enero de 2016

Sánchez con la bandera constitucional en el acto de presentación de su candidatura a la presidencia del Gobierno.

El 25 julio publiqué un artículo en este diario (“Banderita, banderita, ¿crees que así llegaré antes a la Moncloa?”) en el que cuestionaba la sinceridad de Sánchez, cuando utilizó la bandera constitucional como telón de fondo para presentar su candidatura a la presidencia del Gobierno. Por mucho que busqué no encontré ningún otro momento significativo de su vida pública en el que mostrara apego hacia la enseña constitucional; más bien al contrario, encontré infinidad de imágenes donde aparecía rodeado de banderolas con el logo del PSOE, y si acaso con banderas catalanas en actos del PSC en Cataluña. Ni siquiera se les ocurrió a Sánchez y a Rubalcaba –un detalle harto significativo– exigir la presencia de la bandera constitucional cuando los líderes del PSOE se entrevistaron con Mas en la sede del gobierno de la Generalitat.

Sánchez entrevistándose con Artur Mas, presidente de los independentistas catalanes, en el Palau de la Generalitat.

 

Senadores prestados a los independentistas

Sánchez rodeado de banderolas del PSOE y la bandera cauatribarrada.

El 14 de enero conocimos la intención de Sánchez de ceder dos senadores al partido de Mas-Puigdemont (DL=CDC) y otros dos a ERC, los dos partidos que conforman la plataforma ‘Junts pel Sí’ y que, junto con los diputados de la CUP, aprobaron el 6 de noviembre una resolución instando al nuevo gobierno catalán a iniciar el proceso constituyente de la república catalana independiente en 30 días. El propósito de semejante “cortesía parlamentaria”, como la calificó López, portavoz del PSOE en el Senado, es otorgar a los dos partidos independentistas que integran el nuevo gobierno catalán –cuyos consejeros eludieron acatar la Constitución y mantenerse leales a la Corona al prometer sus cargos– más tiempo y recursos para que nos cuenten desde el Senado los realizados en la constitución de su república.

Homs, portavoz de CDC=DL, conversando con Sánchez en el Congreso.

Maragall con Zapatero haciendo de Don Tancredo en el balcón del Palau de la Generalitat.

Como antiguo votante del PSOE y como socialdemócrata que colaboré con gobiernos del presidente González entre 1990 y 1993, tengo que reconocer que me avergüenzo del deterioro progresivo que ha registrado el partido desde que Rodríguez Zapatero (RZ) se hizo con la secretaria general y Maragall accedió a la presidencia del gobierno catalán con apoyo de ERC. Si Sánchez y sus asesores no caen en la cuenta del disparate tan grave que están a punto de cometer y no rectifican inmediatamente, los socialistas con dos dedos de frente que quedan en el PSOE deberían hacerle recapacitar antes de que sea demasiado tarde. Y apelo en última instancia a la dignidad personal de los senadores del PSOE para que rechacen su adscripción forzosa a los grupos de los dos partidos independentistas que pretenden acabar con el sistema democrático en cuya consolidación su partido desempeñó un papel fundamental durante la transición.

Turull (CDC=DL), Baños (CUP) y Romeva («Junts pel Sï») presentando las enmiendas a la resolución del inicio del proceso de independencia que aprobó el Parlament el 6 de noviembre 2015.

 

Deriva confederal del PSC

Pacto del Tinell, diciembre 2003. Maragall (PSC), Carod-Rovira (ERC) y Saura (ICV-EUiA).

No creo ser el único antiguo votante y colaborador del PSOE que encuentra infumable la disposición de sus líderes actuales a echar una manita a los partidos independentistas catalanes en el Senado, como tampoco el único escandalizado por los desatinados pactos que el PSC protagonizó en algunos ayuntamientos de Cataluña tras las elecciones municipales del 14-M para impedir que el PP gobernara. Estas últimas afrentas a todos los demócratas españoles culminan una serie encadenada de despropósitos que se iniciaron con la firma del Pacto del Tinell con ERC en diciembre de 2003 y dieron paso a la Propuesta de reforma del Estatut, de marcado corte confederal, que el Parlament aprobó el 30 de septiembre de 2005, y que, ni siquiera tras ser enmendado y aprobado en Las Cortes, resultó ser plenamente constitucional.

Mas y Homs celebrando alborazados la aprobación del proyecto confederal de Estatut el 30 de septiembre de 2005.

Junqueras con Ernest Maragall, consejero de Educación cuando se aprobaron los decretos mínimos que se negaron a aplicar los gobiernos de Maragall y Montilla.

Otro hito importante en esta deriva fue la negativa del gobierno Maragall a aplicar los tímidos decretos de enseñanzas mínimas aprobados por el gobierno de RZ en 2006, y la subsiguiente aprobación de la Ley de Educación de Cataluña en 2009, ya con Montilla de presidente, con el propósito declarado de impedir que dichos decretos pudieran llegar a aplicarse en Cataluña. Tampoco puede caer en el olvido la campaña de desprestigio contra el Tribunal Constitucional que promovió el indignado president Montilla y la multitudinaria manifestación que organizó en su contra cuando se conoció la sentencia sobre el Estatut en julio de 2010. Una suma despropósitos que culminó con la inclusión del ‘derecho a decidir’ en los programas del PSC en las elecciones autonómicas de 2012 y europeas de 2014. Cuando tras la debacle electoral de 2012, la mayoría de los diputados del PSC votó en contra de la resolución ‘soberanista’ que aprobó el Parlament el 23 de enero de 2013, el daño estaba ya hecho y de poco sirvió que Iceta eliminara el ‘derecho a decidir’ del programa en las elecciones del 27-S.

Montilla llamando a los catalanes a manifestarse contra el Tribunal Constitucional en 2010.

 

Montilla con Mas y Maragall en la manifestación convocada por el president Montilla contra la sentencia del TC sobre el Estatut en 2010.

Acoso y derribo al PP

Chacón, ministra de Defensa, con Rodríguez Zapatero.

“Echemos fuera a Rajoy” fue el eslogan que empleó Chacón, cabeza de lista del PSOE-PSC por Barcelona, en la campaña del 20-D porque, como explicó la exministra de Vivienda y Defensa de RZ al Consejo Nacional del PSC, “no habrá solución para Cataluña si no echamos al PP”. Esta obsesión enfermiza con finiquitar al PP no constituye ninguna novedad como demuestran los eslóganes del PSC en otras campañas: “si tu quieres derrotaremos al PP” (generales 2004); “volvamos a derrotar al PP” (europeas 2004); “el PP utilizará tu ‘no’ contra Cataluña” (referéndum Estatut, 2006); y “si tú no vas, ellos vuelven” (generales 2008). Lo malo es que esta pulsión obsesiva ha acabado contagiando a la Ejecutiva Federal del PSOE donde la propia Chacón y Batet dirigen las secretarías de relaciones internacionales y estudios y programas, respectivamente.

Chacón asegura que hay que echar a Rajoy ante el Consejo Nacional del PSC, 24 de octubre 2015.

El PSOE es rehén del error histórico que supuso renunciar en 1978 a estar presente en Cataluña con sus siglas y ahora está pagando en las urnas las consecuencias de la deriva confederal del PSC y su irrefrenable aversión al PP. En poco más de una década, el PSOE-PSC ha pasado de obtener 1.586.748 votos (21 escaños; 12 senadores) en las generales de 2004 a los 589.021 votos (6 escaños; 0 senadores) el 20-D, convirtiéndose en la tercera fuerza política; y el PSC ha pasado de ser la fuerza más votada con 1.026.030 votos en las autonómicas de 2003 a obtener 522.029 el pasado 27-S. El hundimiento electoral del PSC no sólo ha dado al traste con la expectativa del PSOE de volver a La Moncloa con una mayoría holgada, aprovechando el lógico desgaste del gobierno tras una legislatura muy complicada, sino que la ha alejado todavía más.

Sánchez con Iceta en la sede del PSC sin la bandera constitucional española. ¿Hablando sobre el ‘derecho a decidir’?

 

Enmendar el rumbo

El problema no son los maquinistas –Sánchez y Pérez Rubalcaba en Madrid; Montilla, Navarro e Iceta en Barcelona– sino el creciente desapego de los socialdemócratas catalanes hacia un partido que se ha dejado arrastrar por el PSC al pantanoso terreno de la defensa cerrada de la inmersión lingüística (y la consiguiente exclusión del castellano como lengua vehicular); al confederalismo disfrazado de federalismo y a la confrontación permanente con las instituciones centrales del Estado; y, por último, a reclamar el ‘derecho a decidir’ para los catalanes. Ni el PP es el diablo verde con cola, responsable de todos los males políticos y económicos que padece España, ni “Rajoy es una máquina de hacer independentistas” porque, entre otras cosas, tal ingenio ya existe en Cataluña –el gobierno de la Generalitat– y está en manos de los partidos a los que el PSOE va a ceder cuatro de sus cuarenta y siete senadores.

Puigdemont con el vicepresidente Junqueras y Munté en la primea reunión ordinaria del Consejo, 19 enero 2016.

Mas saludando desde el Palau del gobierno de la Generalitat, centro de operaciones del independentismo.

Mas con Junqueras y Romeva al final del debate de investidura el 9 de noviembre de 2015.

Mas acude a declarar ante el TSJC el 15 de octubre de 2015 por los cuatro delitos que se le imputan por haber organizado la consulta el 9-N desobedeciendo al Tribunal Constitucional.

Felipe González y Alfonso Guerra en un mitin electoral.

España necesita estabilidad institucional para seguir creciendo, pagando los servicios públicos y las pensiones, y colocando 5.000 millones de deuda en los mercados semanalmente. Y lo audaz en estos momentos, Sr. Sánchez, no es echar a Rajoy sino cooperar con el PP y Ciudadanos para afrontar el mayor reto al que puede enfrentarse un Estado: la ruptura del orden constitucional. Piénselo, puede ser su última oportunidad para enmendar el rumbo del PSOE, un partido indispensable para nuestra democracia, y hacer al mismo tiempo un gran servicio al conjunto de los españoles.

Rajoy, Rivera y Sánchez.